EL NEONAZISMO EN ACCION
28 dic 2009
La barbarie civilizada
CARLOS FAZIO.
Frente a la masificación de la barbarie y el uso mediático del horror como espectáculo, conviene rescatar el carácter central del montaje de Estado en torno a la ejecución sumaria de Arturo Beltrán Leyva y la manipulación y profanación del cuerpo del presunto delincuente, exhibido como trofeo de guerra en la posterior difusión visual propagandística del régimen. No hubo en ello ningún paso en falso.
El obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, definió el operativo del comando de elite de la infantería de marina que intervino en la acción en una zona residencial de Cuernavaca, Morelos, como una “ejecución extrajudicial”, un asesinato. Desde Copenhague, en la legalización triunfalista del hecho, Felipe Calderón lo presentó como un logro muy importante para el pueblo y el gobierno de México. El sicoanalista Alberto Sladogna se refirió al tratamiento de la muerte de Beltrán Leyva como una acción de la barbarie civilizada regida por el criterio de eficacia, como en la Alemania nazi.
Conviene dejar apuntado que en julio-agosto de 2007, 45 comandos de la Armada mexicana participaron en ejercicios bélicos de alta intensidad en la Escuela de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte, donde tiene su sede el Centro de Operaciones Sicológicas del Pentágono; el curso fue identificado con el código NMX2007NT001W.
Como antecedente cabe recordar también que a comienzos de los años 60, en Fort Bragg, de la mano de los ideólogos de la escuela francesa Roger Trinquier y Paul-Alain Léger, Estados Unidos adoptó las técnicas de la guerra moderna (la guerra sucia antisubversiva aplicada por el ejército galo en Argel), que luego pusieron en práctica tropas aerotransportadas del Pentágono (boinas verdes) en la Operación Fénix, en Vietnam. Después, desde la Escuela de las Américas y otros centros de adoctrinamiento castrense, Washington fomentaría los escuadrones de la muerte y los grupos paramilitares e introduciría la doctrina contrarrevolucionaria en las fuerzas armadas latinoamericanas.
El modelo hemisférico más acabado sería la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de Argentina, cuyo GT 3.3.2 –código dado al grupo de tarea de los marinos argentinos– se especializaría en el secuestro, la tortura y la eliminación física de los enemigos de la patria.
Incluir el terror político en una dialéctica entre la razón y la locura atañe a la humanidad entera. Dice Marcelo N. Viñar que las fronteras entre sinrazón y simbolización no son individuales ni victimológicas, sino societarias. Así como la tortura moderna no es una enfermedad del torturado, sino un mal endémico de la civilización, que crece y se expande con el progreso, como cualquier tecnología perfectible y robotizable, como cualquier industria, la teatralización del triunfo sobre Beltrán Leyva –la víctima como espectáculo mediante la divulgación de fotos con el cadáver semidesnudo, los pantalones abajo y decorado con billetes ensangrentados, amuletos y joyas– no es un barbarismo retardatario y salvaje (la semiótica bárbara o la devoción al culto paramesiánico, diría Monsiváis), sino una necesidad del poder en la sociedad mexicana actual, su reverso abyecto, pero necesario.
Desde la experiencia de la Gestapo y los campos concentracionarios nazis, la guerra sucia contra la independencia de Argelia y las escuelas de contrainsurgencia del Comando Sur del Pentágono, Washington ha producido empresas de exterminio y expertos militares de una tecnicidad temible. Así, más allá del crimen anónimo y de la escenografía y los falsos deslindes oficiales –las instituciones operaron de manera fantasmática, intangible: no se sabe quién ordenó el montaje mortuorio ni quién tomó y distribuyó las fotos de Beltrán Leyva–, los infantes de marina que intervinieron en Cuernavaca dieron un trato eficiente al delincuente y su cadáver.
En el caso de marras, haiga sido como haiga sido, la barbarie civilizada –dice Alberto Sladogna– pasó del cuerpo de la víctima al cadáver. El cuerpo provoca la erótica del duelo, mientras el cadáver es un monto biológico, una carroña. Una carroña corrompida que sirvió de alimento a los carroñeros: “En su guerra sucia, los medios de comunicación se alimentan y nos alimentan con carroña”. Ergo: los delincuentes no son humanos, son carroñas y deben ser eliminados. En la construcción del enemigo subyace el criterio de eficacia: lo que antes era calificado de bárbaro ahora es civilizado: un logro del pueblo y del gobierno de México (Calderón dixit), donde queda difuminada la frontera entre la actividad de Santiago Meza López, El Pozolero (disolver cadáveres con ácido), y la maquinaria de guerra puesta en marcha para convertir el cadáver que fuera de Beltrán Leyva en “un narcomensaje civilizado”.
En un mundo de impostura y simulación, donde el terror es un espectáculo cotidiano y trivializado –lo que remite a la banalidad del mal de la que nos hablaba Hanna Arendt–, hay que remarcar que el terror de Estado y la violencia reguladora son concebidos y ejecutados por hombres para destruir a otros hombres, y se instalan en condiciones sociopolíticas o históricas determinadas. Se trata de procesos históricos concretos que construyen el progreso o el horror. Hoy, en México, la barbarie civilizada opera por medio de personas y aparatos concretos, en pleno descampado y a la vista de toda la sociedad. La puesta en escena fue amplificada por medios amarillistas que operaron, en la coyuntura, como vehículos de propaganda de la estrategia integral de seguridad del régimen calderonista en su cruzada contra los malos. A la sazón, una guerra parcial y limitada, no sólo por la selección de los cárteles de la economía criminal a exterminar, sino por la exclusión en materia investigadora y persecutoria, de narcobanqueros, narcoempresarios, narcopolíticos, narcojueces… Ah, y lo peor: la nueva estrategia recién comienza.
CARLOS FAZIO.
Frente a la masificación de la barbarie y el uso mediático del horror como espectáculo, conviene rescatar el carácter central del montaje de Estado en torno a la ejecución sumaria de Arturo Beltrán Leyva y la manipulación y profanación del cuerpo del presunto delincuente, exhibido como trofeo de guerra en la posterior difusión visual propagandística del régimen. No hubo en ello ningún paso en falso.
El obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, definió el operativo del comando de elite de la infantería de marina que intervino en la acción en una zona residencial de Cuernavaca, Morelos, como una “ejecución extrajudicial”, un asesinato. Desde Copenhague, en la legalización triunfalista del hecho, Felipe Calderón lo presentó como un logro muy importante para el pueblo y el gobierno de México. El sicoanalista Alberto Sladogna se refirió al tratamiento de la muerte de Beltrán Leyva como una acción de la barbarie civilizada regida por el criterio de eficacia, como en la Alemania nazi.
Conviene dejar apuntado que en julio-agosto de 2007, 45 comandos de la Armada mexicana participaron en ejercicios bélicos de alta intensidad en la Escuela de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte, donde tiene su sede el Centro de Operaciones Sicológicas del Pentágono; el curso fue identificado con el código NMX2007NT001W.
Como antecedente cabe recordar también que a comienzos de los años 60, en Fort Bragg, de la mano de los ideólogos de la escuela francesa Roger Trinquier y Paul-Alain Léger, Estados Unidos adoptó las técnicas de la guerra moderna (la guerra sucia antisubversiva aplicada por el ejército galo en Argel), que luego pusieron en práctica tropas aerotransportadas del Pentágono (boinas verdes) en la Operación Fénix, en Vietnam. Después, desde la Escuela de las Américas y otros centros de adoctrinamiento castrense, Washington fomentaría los escuadrones de la muerte y los grupos paramilitares e introduciría la doctrina contrarrevolucionaria en las fuerzas armadas latinoamericanas.
El modelo hemisférico más acabado sería la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de Argentina, cuyo GT 3.3.2 –código dado al grupo de tarea de los marinos argentinos– se especializaría en el secuestro, la tortura y la eliminación física de los enemigos de la patria.
Incluir el terror político en una dialéctica entre la razón y la locura atañe a la humanidad entera. Dice Marcelo N. Viñar que las fronteras entre sinrazón y simbolización no son individuales ni victimológicas, sino societarias. Así como la tortura moderna no es una enfermedad del torturado, sino un mal endémico de la civilización, que crece y se expande con el progreso, como cualquier tecnología perfectible y robotizable, como cualquier industria, la teatralización del triunfo sobre Beltrán Leyva –la víctima como espectáculo mediante la divulgación de fotos con el cadáver semidesnudo, los pantalones abajo y decorado con billetes ensangrentados, amuletos y joyas– no es un barbarismo retardatario y salvaje (la semiótica bárbara o la devoción al culto paramesiánico, diría Monsiváis), sino una necesidad del poder en la sociedad mexicana actual, su reverso abyecto, pero necesario.
Desde la experiencia de la Gestapo y los campos concentracionarios nazis, la guerra sucia contra la independencia de Argelia y las escuelas de contrainsurgencia del Comando Sur del Pentágono, Washington ha producido empresas de exterminio y expertos militares de una tecnicidad temible. Así, más allá del crimen anónimo y de la escenografía y los falsos deslindes oficiales –las instituciones operaron de manera fantasmática, intangible: no se sabe quién ordenó el montaje mortuorio ni quién tomó y distribuyó las fotos de Beltrán Leyva–, los infantes de marina que intervinieron en Cuernavaca dieron un trato eficiente al delincuente y su cadáver.
En el caso de marras, haiga sido como haiga sido, la barbarie civilizada –dice Alberto Sladogna– pasó del cuerpo de la víctima al cadáver. El cuerpo provoca la erótica del duelo, mientras el cadáver es un monto biológico, una carroña. Una carroña corrompida que sirvió de alimento a los carroñeros: “En su guerra sucia, los medios de comunicación se alimentan y nos alimentan con carroña”. Ergo: los delincuentes no son humanos, son carroñas y deben ser eliminados. En la construcción del enemigo subyace el criterio de eficacia: lo que antes era calificado de bárbaro ahora es civilizado: un logro del pueblo y del gobierno de México (Calderón dixit), donde queda difuminada la frontera entre la actividad de Santiago Meza López, El Pozolero (disolver cadáveres con ácido), y la maquinaria de guerra puesta en marcha para convertir el cadáver que fuera de Beltrán Leyva en “un narcomensaje civilizado”.
En un mundo de impostura y simulación, donde el terror es un espectáculo cotidiano y trivializado –lo que remite a la banalidad del mal de la que nos hablaba Hanna Arendt–, hay que remarcar que el terror de Estado y la violencia reguladora son concebidos y ejecutados por hombres para destruir a otros hombres, y se instalan en condiciones sociopolíticas o históricas determinadas. Se trata de procesos históricos concretos que construyen el progreso o el horror. Hoy, en México, la barbarie civilizada opera por medio de personas y aparatos concretos, en pleno descampado y a la vista de toda la sociedad. La puesta en escena fue amplificada por medios amarillistas que operaron, en la coyuntura, como vehículos de propaganda de la estrategia integral de seguridad del régimen calderonista en su cruzada contra los malos. A la sazón, una guerra parcial y limitada, no sólo por la selección de los cárteles de la economía criminal a exterminar, sino por la exclusión en materia investigadora y persecutoria, de narcobanqueros, narcoempresarios, narcopolíticos, narcojueces… Ah, y lo peor: la nueva estrategia recién comienza.
Las lecciones del caso Beltrán Leyva
JOHN M. ACKERMAN
Es hora de deshacerse de los discursos grandilocuentes y los golpes mediáticos para iniciar con seriedad y compromiso una nueva etapa en el combate al narcotráfico. El asesinato de Arturo Beltrán Leyva no fue el primer paso en una victoria emergente contra la delincuencia organizada, sino únicamente un ejemplo más del carácter rudimentario e ilegal de la estrategia de Felipe Calderón, quien ha declarado que su objetivo supremo es hacer que la justicia legítima del estado de derecho prevalezca sobre la acción violenta, arbitraria y cobarde de los criminales. Sin embargo, en los hechos su gobierno actúa con la misma violencia, arbitrariedad y cobardía que los delincuentes que dice perseguir.
Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo.
El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en las zonas marinas mexicanas, situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley.
Consciente de la evidente ilegalidad que aqueja su estrategia de combate a la delincuencia organizada, en días pasados el gobierno de Calderón ha buscado revivir un par de iniciativas entregadas hace unos meses al Senado de la República. Una iniciativa reformaría la Ley Orgánica de la Armada para ampliar el ámbito de intervención de la infantería de marina. Otra propuesta cambiaría la Ley de Seguridad Nacional facultando al Poder Ejecutivo a declarar de manera unilateral una afectación a la seguridad nacional que permitiría suspender nuestras garantías fundamentales cuando fuera necesario. Esta iniciativa violaría de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a recibir autorización del Congreso antes de tomar este tipo de medidas.
Desde luego que el Senado debería rechazar estas iniciativas e ir más allá. Los senadores deberían considerar presentar una controversia constitucional en contra de los constantes atropellos de Calderón al estado democrático de derecho en su lucha contra la delincuencia organizada. Al utilizar a las fuerzas armadas para actividades que no le son propias, el Presidente de la República se adjudica facultades que no le corresponden y así invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
Otro elemento que demuestra la falta de seriedad de la lucha de Calderón contra el narcotráfico es la total ausencia de indicadores efectivos de desempeño. Desde hace tres años, el gobierno ha insistido en que antes de que la situación se mejore, primero tendría que empeorar. Esta historia ya la conocemos los mexicanos después de décadas de estrategias de ajuste estructural, que supuestamente también dolerían en el corto plazo pero rendirían grandes frutos a largo plazo.
Mientras tanto, Calderón presenta como logros de su guerra cada detención de un presunto narcotraficante –independientemente de que lleguen a ser sentenciados por la justicia federal– y cada decomiso de armas, aunque sea irrelevante, dado el vasto arsenal de los delincuentes. ¿Cuándo nos presentará Felipe Calderón compromisos firmes, objetivos específicos y una metodología rigurosa para medir su cumplimiento?
La semana pasada, se autoproclamó el nuevo héroe de la patria, equivalente a José María Morelos y Miguel Hidalgo: A la generación de 1810, que encabezaron Hidalgo y Morelos, les tocó conquistar con valentía y audacia los derechos de los mexicanos. A nosotros, la generación del bicentenario, nos corresponde proteger con todas nuestras fuerzas y con todo el poder del Estado este patrimonio invaluable por el cual ofrendaron su vida nuestros héroes. Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras y demuestran que hoy los derechos de los mexicanos no están a salvo, sino en grave peligro en manos de Felipe Calderón Hinojosa.
JOHN M. ACKERMAN
Es hora de deshacerse de los discursos grandilocuentes y los golpes mediáticos para iniciar con seriedad y compromiso una nueva etapa en el combate al narcotráfico. El asesinato de Arturo Beltrán Leyva no fue el primer paso en una victoria emergente contra la delincuencia organizada, sino únicamente un ejemplo más del carácter rudimentario e ilegal de la estrategia de Felipe Calderón, quien ha declarado que su objetivo supremo es hacer que la justicia legítima del estado de derecho prevalezca sobre la acción violenta, arbitraria y cobarde de los criminales. Sin embargo, en los hechos su gobierno actúa con la misma violencia, arbitrariedad y cobardía que los delincuentes que dice perseguir.
Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo.
El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en las zonas marinas mexicanas, situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley.
Consciente de la evidente ilegalidad que aqueja su estrategia de combate a la delincuencia organizada, en días pasados el gobierno de Calderón ha buscado revivir un par de iniciativas entregadas hace unos meses al Senado de la República. Una iniciativa reformaría la Ley Orgánica de la Armada para ampliar el ámbito de intervención de la infantería de marina. Otra propuesta cambiaría la Ley de Seguridad Nacional facultando al Poder Ejecutivo a declarar de manera unilateral una afectación a la seguridad nacional que permitiría suspender nuestras garantías fundamentales cuando fuera necesario. Esta iniciativa violaría de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a recibir autorización del Congreso antes de tomar este tipo de medidas.
Desde luego que el Senado debería rechazar estas iniciativas e ir más allá. Los senadores deberían considerar presentar una controversia constitucional en contra de los constantes atropellos de Calderón al estado democrático de derecho en su lucha contra la delincuencia organizada. Al utilizar a las fuerzas armadas para actividades que no le son propias, el Presidente de la República se adjudica facultades que no le corresponden y así invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
Otro elemento que demuestra la falta de seriedad de la lucha de Calderón contra el narcotráfico es la total ausencia de indicadores efectivos de desempeño. Desde hace tres años, el gobierno ha insistido en que antes de que la situación se mejore, primero tendría que empeorar. Esta historia ya la conocemos los mexicanos después de décadas de estrategias de ajuste estructural, que supuestamente también dolerían en el corto plazo pero rendirían grandes frutos a largo plazo.
Mientras tanto, Calderón presenta como logros de su guerra cada detención de un presunto narcotraficante –independientemente de que lleguen a ser sentenciados por la justicia federal– y cada decomiso de armas, aunque sea irrelevante, dado el vasto arsenal de los delincuentes. ¿Cuándo nos presentará Felipe Calderón compromisos firmes, objetivos específicos y una metodología rigurosa para medir su cumplimiento?
La semana pasada, se autoproclamó el nuevo héroe de la patria, equivalente a José María Morelos y Miguel Hidalgo: A la generación de 1810, que encabezaron Hidalgo y Morelos, les tocó conquistar con valentía y audacia los derechos de los mexicanos. A nosotros, la generación del bicentenario, nos corresponde proteger con todas nuestras fuerzas y con todo el poder del Estado este patrimonio invaluable por el cual ofrendaron su vida nuestros héroes. Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras y demuestran que hoy los derechos de los mexicanos no están a salvo, sino en grave peligro en manos de Felipe Calderón Hinojosa.
El nuevo integrismo mexicano
Diego Valadés
Además del caso más reciente en Chiapas, Veracruz se sumó a la nómina de los estados donde se atenta contra el Estado secular y se afectan los derechos fundamentales, lesionando en especial a las mujeres. Sólo que allí se puso en práctica una singular estrategia que consistió en darle por su lado a la alta jerarquía eclesiástica con la reforma constitucional “antiabortista”, y en distraer a la opinión pública con una reforma legal que en apariencia despenaliza el aborto. Dieciocho estados, a los que tal vez se sumarán otros, van configurando el nuevo integrismo mexicano como decisión de los dos partidos con mayor votación en el país.
En el caso del PAN no sorprende, porque su trayectoria es la de un partido conservador; pero el PRI construyó por décadas una imagen liberal que hoy han abandonado muchos de sus integrantes. El argumento de que se trata de una decisión tomada en cada estado por los priistas locales es desconcertante, porque denota que el PRI está dejando de ser una organización política nacional para convertirse en una federación de cacicazgos, y porque está girando hacia el clericalismo que por mucho tiempo combatió. Ambos partidos han impulsado una reforma confesional en 18 entidades cuya población asciende a más de 50 millones de habitantes; alrededor del 50% del total nacional. Debe reconocerse, empero, que esa mutación priista todavía no ha tenido costos en sus proyecciones electorales. La Consulta Mitofsky indica que en noviembre pasado las preferencias favorecían al PRI en 41.4%, frente al 19.4 del PAN y al 6.7 del PRD.
Con independencia de las variaciones demoscópicas, es indispensable ahondar en el examen de los efectos de las reformas constitucionales locales. Hasta ahora se han analizado sus dos principales consecuencias: La naturaleza del Estado está transitando de la secularidad a la confesionalidad, y se están violando la Constitución federal y diversos tratados internacionales de los que México es parte, mediante medidas discriminatorias, limitaciones a la libertad, agravios a la dignidad y penas inusitadas en perjuicio de las mujeres. La magnitud de esos ataques a los derechos fundamentales no ha permitido que advirtamos otro aspecto, comparativamente menor pero también trascendente: los partidos están poniendo en entredicho el sistema representativo.
En 1994 se adoptaron la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad como medios de defensa de la Constitución. La legitimación para promoverlas corresponde sólo a entes públicos: órganos del poder federal, estatal o municipal, partidos políticos y fracciones de los congresos. Esta situación implicó nuevos derechos para las minorías en los congresos y nuevas responsabilidades para los titulares de los órganos del poder. Todo parecía satisfactorio hasta que comenzamos a ver que, con excepción de Baja California y el Distrito Federal, las comisiones de derechos humanos, incluida la nacional, están comprometidas con el clero; también advertimos que los diputados locales discrepantes no pueden promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas confesionales porque no alcanzan el 33% en sus respectivos congresos. En otras palabras, la defensa de la Constitución quedó en manos de sus potenciales infractores.
Cuando los partidos que hacen mayoría calificada en los congresos entran en contubernio, no tenemos forma de proteger el orden constitucional. Esta realidad tiene una solución: que exijamos a los partidos una reforma al artículo 105 constitucional para que los ciudadanos, en un número que resulte razonable, estemos legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad con objeto de plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
Las reformas constitucionales en materia de aborto muestran que los partidos han optado por apoyos cruzados que les permiten intercambiar posiciones al margen de los intereses nacionales e incluso en contra de la Constitución. Es deseable que esta sea una circunstancia pasajera. Para devolvernos la confianza que nos han conculcado, los partidos podrían ofrecernos una muestra de que no han abjurado por entero de su responsabilidad democrática, confiriéndonos a los gobernados instrumentos jurídicos para que defendamos el orden constitucional, como ya sucede en Colombia, Chile y Perú, por ejemplo, donde existe la acción popular para promover acciones de inconstitucionalidad.
Hago votos por que las experiencias del pasado reciente no inhiban las esperanzas en el futuro próximo.
Diego Valadés
Además del caso más reciente en Chiapas, Veracruz se sumó a la nómina de los estados donde se atenta contra el Estado secular y se afectan los derechos fundamentales, lesionando en especial a las mujeres. Sólo que allí se puso en práctica una singular estrategia que consistió en darle por su lado a la alta jerarquía eclesiástica con la reforma constitucional “antiabortista”, y en distraer a la opinión pública con una reforma legal que en apariencia despenaliza el aborto. Dieciocho estados, a los que tal vez se sumarán otros, van configurando el nuevo integrismo mexicano como decisión de los dos partidos con mayor votación en el país.
En el caso del PAN no sorprende, porque su trayectoria es la de un partido conservador; pero el PRI construyó por décadas una imagen liberal que hoy han abandonado muchos de sus integrantes. El argumento de que se trata de una decisión tomada en cada estado por los priistas locales es desconcertante, porque denota que el PRI está dejando de ser una organización política nacional para convertirse en una federación de cacicazgos, y porque está girando hacia el clericalismo que por mucho tiempo combatió. Ambos partidos han impulsado una reforma confesional en 18 entidades cuya población asciende a más de 50 millones de habitantes; alrededor del 50% del total nacional. Debe reconocerse, empero, que esa mutación priista todavía no ha tenido costos en sus proyecciones electorales. La Consulta Mitofsky indica que en noviembre pasado las preferencias favorecían al PRI en 41.4%, frente al 19.4 del PAN y al 6.7 del PRD.
Con independencia de las variaciones demoscópicas, es indispensable ahondar en el examen de los efectos de las reformas constitucionales locales. Hasta ahora se han analizado sus dos principales consecuencias: La naturaleza del Estado está transitando de la secularidad a la confesionalidad, y se están violando la Constitución federal y diversos tratados internacionales de los que México es parte, mediante medidas discriminatorias, limitaciones a la libertad, agravios a la dignidad y penas inusitadas en perjuicio de las mujeres. La magnitud de esos ataques a los derechos fundamentales no ha permitido que advirtamos otro aspecto, comparativamente menor pero también trascendente: los partidos están poniendo en entredicho el sistema representativo.
En 1994 se adoptaron la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad como medios de defensa de la Constitución. La legitimación para promoverlas corresponde sólo a entes públicos: órganos del poder federal, estatal o municipal, partidos políticos y fracciones de los congresos. Esta situación implicó nuevos derechos para las minorías en los congresos y nuevas responsabilidades para los titulares de los órganos del poder. Todo parecía satisfactorio hasta que comenzamos a ver que, con excepción de Baja California y el Distrito Federal, las comisiones de derechos humanos, incluida la nacional, están comprometidas con el clero; también advertimos que los diputados locales discrepantes no pueden promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas confesionales porque no alcanzan el 33% en sus respectivos congresos. En otras palabras, la defensa de la Constitución quedó en manos de sus potenciales infractores.
Cuando los partidos que hacen mayoría calificada en los congresos entran en contubernio, no tenemos forma de proteger el orden constitucional. Esta realidad tiene una solución: que exijamos a los partidos una reforma al artículo 105 constitucional para que los ciudadanos, en un número que resulte razonable, estemos legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad con objeto de plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
Las reformas constitucionales en materia de aborto muestran que los partidos han optado por apoyos cruzados que les permiten intercambiar posiciones al margen de los intereses nacionales e incluso en contra de la Constitución. Es deseable que esta sea una circunstancia pasajera. Para devolvernos la confianza que nos han conculcado, los partidos podrían ofrecernos una muestra de que no han abjurado por entero de su responsabilidad democrática, confiriéndonos a los gobernados instrumentos jurídicos para que defendamos el orden constitucional, como ya sucede en Colombia, Chile y Perú, por ejemplo, donde existe la acción popular para promover acciones de inconstitucionalidad.
Hago votos por que las experiencias del pasado reciente no inhiban las esperanzas en el futuro próximo.
