EN LA TIERRA DEL VIRREY MOREIRA
19 dic 2009
Coahuila: reducen a menos de la mitad penas de cárcel a 2 militares violadores
El TSJ aduce lagunas jurídicas en primera sentencia y que las afectadas no eran discapacitadas
LEOPOLDO RAMOS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2009, p. 23
Saltillo, Coah., 18 de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Coahuila redujo en más de la mitad la pena de cárcel a dos elementos del Ejército Mexicano acusados de violar a trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.
Los magistrados Juan Antonio Martínez Gómez, Óscar Nájera Davis, Natalio Dávila Moreira, Antonio Berchellmann Arizpe y Armín Valdés Torres, integrantes de la Sala Colegiada Penal del citado tribunal, también condenaron a 18 años de prisión a otro militar implicado en el caso, quien había sido absuelto por el juez Huerta. La audiencia elevó de 21 años tres meses a 24 años la condena de otro involucrado y redujo nueve meses la pena de un quinto militar que participó en los hechos.
En la fecha citada, 14 mujeres, entre meseras, bailarinas y prostitutas de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, ubicados en la zona de tolerancia de Castaños, región conurbada de Monclova, fueron golpeadas y violadas por miembros del 14 Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en Múzquiz,Coahuila, que tenían a su cargo el resguardo del Instituto Federal Electoral en Monclova.
El ataque ocurrió luego que policías municipales detuvieron a un militar que se encontraba de paso por la zona de tolerancia, donde participó en una riña.
El detenido quedó en libertad tras identificarse, pero horas después regresó junto con 20 compañeros del regimiento, quienes irrumpieron con camionetas, uniformados y portaban pistolas y rifles de cargo.
Los militares uniformados golpearon a siete policías municipales, obligaron a varias mujeres a bailar para ellos y a 14 las violaron varias veces. Una resultó embarazada y otra, gestante, abortó debido a los golpes. Las mujeres relataron al Ministerio Público que en algunos casos los militares les introdujeron los cañones de sus rifles en sus vaginas.
El 1º de octubre de 2007, el titular del juzgado segundo penal de Monclova, Hiradier Huerta Rodríguez, condenó a 41 años cinco meses de cárcel a Omar Alejandro Rangel Fuentes a Fernando Adrián Madrid Guardiola lo sentenció a 31 años y 8 meses de prisión. Ambos, con rango de soldado, fueron encontrados culpables de violación y violación equiparada con las agravantes de prepotencia y abuso de autoridad.
El sargento segundo Juan José Gaitán Santiago recibió una pena de 21 años tres meses por violación y el cabo Angel Antonio Hernández Niño fue condenado a tres años nueve meses por lesiones. Si bien el Ministerio Público acusó de violación al subteniente de Caballería Norberto Carlos Francisco Vargas y al cabo Norberto González, el juez Huerta los absolvió.
Tras revisar el caso a petición de la defensa de los militares, los magistrados del TSJ del estado encontraron “lagunas jurídicas” en el Código Penal y “errores cometidos por el juez de primera instancia” al dictar la sentencia, por lo que se procedió a modificar las condenas.
Una fuente del Poder Judicial de Coahuila explicó que en el Código Penal las agravantes de abuso de autoridad y prepotencia considerados por el juez Huerta sólo se aplican para casos de violación de personas con discapacidad física o mental, o cuando se trate de violación conyugal.
Ninguno de estos dos casos ocurrió en los hechos de los militares, por lo que las agravantes quedaron sin efecto, “no se pueden aplicar pues no hubo violación conyugal, ni las víctimas eran personas con discapacidad”.
Ante esto, la pena de Rangel Fuentes pasó de 41 años cinco meses a 15 años; la de Madrid Guardiola se redujo de 31 años ocho meses de prisión a 15 años ocho meses; a Hernández Niño se le disminuyó la pena de tres años nueve meses a tres años y a Gaitán Santiago se le elevó el castigo de 21 años tres meses a 24 años, pues el juez lo había absuelto de lesiones y finalmente se comprobó que también incurrió en ese delito.
“En todo esto hay un caso sobresaliente, porque se elimina la absolución de Norberto Carlos Francisco Vargas (quien era subteniente) y se le impone una pena de 18 años de prisión. En este caso la afectada se retractó de la denuncia por violación, dijo que la persona había llegado con tranquilidad al lugar y no ocurrió ningún problema, pero las declaraciones de las otras afectadas y testigos confirman lo contrario, por lo que no debió ser absuelto”, añadió.
Esta persona era el militar de mayor rango en la irrupción a la zona de tolerancia y testigos lo identifican en el expediente judicial como el principal incitador a violar a las mujeres.
Rangel, Madrid y Gaitán se encuentran presos, aunque se desconoce en qué centro penitenciario; Hernández Niño obtuvo libertad bajo fianza y ante la decisión de los magistrados para condenar a 18 años de cárcel a Francisco Vargas, quien había sido absuelto, se liberó una orden de aprehensión en su contra.
Una fuente de la Fiscalía General del Estado informó que este último estuvo preso dos años en un reclusorio del Ejército de Mazatlán, Sinaloa.
En la defensa de las violadas tuvo amplia participación el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien fue víctima de amenazas anónimas para que abandonara el caso.
El TSJ aduce lagunas jurídicas en primera sentencia y que las afectadas no eran discapacitadas
LEOPOLDO RAMOS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2009, p. 23
Saltillo, Coah., 18 de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Coahuila redujo en más de la mitad la pena de cárcel a dos elementos del Ejército Mexicano acusados de violar a trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.
Los magistrados Juan Antonio Martínez Gómez, Óscar Nájera Davis, Natalio Dávila Moreira, Antonio Berchellmann Arizpe y Armín Valdés Torres, integrantes de la Sala Colegiada Penal del citado tribunal, también condenaron a 18 años de prisión a otro militar implicado en el caso, quien había sido absuelto por el juez Huerta. La audiencia elevó de 21 años tres meses a 24 años la condena de otro involucrado y redujo nueve meses la pena de un quinto militar que participó en los hechos.
En la fecha citada, 14 mujeres, entre meseras, bailarinas y prostitutas de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, ubicados en la zona de tolerancia de Castaños, región conurbada de Monclova, fueron golpeadas y violadas por miembros del 14 Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en Múzquiz,Coahuila, que tenían a su cargo el resguardo del Instituto Federal Electoral en Monclova.
El ataque ocurrió luego que policías municipales detuvieron a un militar que se encontraba de paso por la zona de tolerancia, donde participó en una riña.
El detenido quedó en libertad tras identificarse, pero horas después regresó junto con 20 compañeros del regimiento, quienes irrumpieron con camionetas, uniformados y portaban pistolas y rifles de cargo.
Los militares uniformados golpearon a siete policías municipales, obligaron a varias mujeres a bailar para ellos y a 14 las violaron varias veces. Una resultó embarazada y otra, gestante, abortó debido a los golpes. Las mujeres relataron al Ministerio Público que en algunos casos los militares les introdujeron los cañones de sus rifles en sus vaginas.
El 1º de octubre de 2007, el titular del juzgado segundo penal de Monclova, Hiradier Huerta Rodríguez, condenó a 41 años cinco meses de cárcel a Omar Alejandro Rangel Fuentes a Fernando Adrián Madrid Guardiola lo sentenció a 31 años y 8 meses de prisión. Ambos, con rango de soldado, fueron encontrados culpables de violación y violación equiparada con las agravantes de prepotencia y abuso de autoridad.
El sargento segundo Juan José Gaitán Santiago recibió una pena de 21 años tres meses por violación y el cabo Angel Antonio Hernández Niño fue condenado a tres años nueve meses por lesiones. Si bien el Ministerio Público acusó de violación al subteniente de Caballería Norberto Carlos Francisco Vargas y al cabo Norberto González, el juez Huerta los absolvió.
Tras revisar el caso a petición de la defensa de los militares, los magistrados del TSJ del estado encontraron “lagunas jurídicas” en el Código Penal y “errores cometidos por el juez de primera instancia” al dictar la sentencia, por lo que se procedió a modificar las condenas.
Una fuente del Poder Judicial de Coahuila explicó que en el Código Penal las agravantes de abuso de autoridad y prepotencia considerados por el juez Huerta sólo se aplican para casos de violación de personas con discapacidad física o mental, o cuando se trate de violación conyugal.
Ninguno de estos dos casos ocurrió en los hechos de los militares, por lo que las agravantes quedaron sin efecto, “no se pueden aplicar pues no hubo violación conyugal, ni las víctimas eran personas con discapacidad”.
Ante esto, la pena de Rangel Fuentes pasó de 41 años cinco meses a 15 años; la de Madrid Guardiola se redujo de 31 años ocho meses de prisión a 15 años ocho meses; a Hernández Niño se le disminuyó la pena de tres años nueve meses a tres años y a Gaitán Santiago se le elevó el castigo de 21 años tres meses a 24 años, pues el juez lo había absuelto de lesiones y finalmente se comprobó que también incurrió en ese delito.
“En todo esto hay un caso sobresaliente, porque se elimina la absolución de Norberto Carlos Francisco Vargas (quien era subteniente) y se le impone una pena de 18 años de prisión. En este caso la afectada se retractó de la denuncia por violación, dijo que la persona había llegado con tranquilidad al lugar y no ocurrió ningún problema, pero las declaraciones de las otras afectadas y testigos confirman lo contrario, por lo que no debió ser absuelto”, añadió.
Esta persona era el militar de mayor rango en la irrupción a la zona de tolerancia y testigos lo identifican en el expediente judicial como el principal incitador a violar a las mujeres.
Rangel, Madrid y Gaitán se encuentran presos, aunque se desconoce en qué centro penitenciario; Hernández Niño obtuvo libertad bajo fianza y ante la decisión de los magistrados para condenar a 18 años de cárcel a Francisco Vargas, quien había sido absuelto, se liberó una orden de aprehensión en su contra.
Una fuente de la Fiscalía General del Estado informó que este último estuvo preso dos años en un reclusorio del Ejército de Mazatlán, Sinaloa.
En la defensa de las violadas tuvo amplia participación el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien fue víctima de amenazas anónimas para que abandonara el caso.
La política migratoria mexicana, esquizofrénica y limitada, acusan
La ONG Sin Fronteras presenta informe sobre deficiencias detectadas en estaciones del INM
Deplora Emilio Álvarez Icaza la falta de interés oficial por el respeto a los derechos humanos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2009, p. 3
La política mexicana hacia los migrantes es limitada y esquizofrénica, pues mientras por un lado aboga por los derechos de los connacionales en Estados Unidos, por otro criminaliza y discrimina a los extranjeros y solicitantes de asilo, a quienes las autoridades aseguran supuestamente para cuidar su integridad, pero en realidad violan sus derechos humanos, advierte el informe Situación de los derechos humanos de los migrantes en México, elaborado por la organización Sin Fronteras.
Al privar a los extranjeros de su libertad en las estaciones migratorias se vulneran sus garantías fundamentales, como el debido proceso y el acceso a la justicia, señaló Emilio Chávez, director ejecutivo de esa agrupación civil.
El argumento de cuidar la integridad del Estado no alcanza para justificar las irregularidades que se cometen contra los migrantes, centroamericanos en su mayoría, quienes padecen detenciones sistemáticas y violatorias de las garantías fijadas en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, agregó.
Ayer se celebró el Día Internacional del Migrante, con motivo del cual Sin Fronteras dio a conocer el informe con datos sobre la situación que prevalece en las estaciones dependientes del Instituto Nacional de Migración.
El documento se refiere en particular a los centros Siglo XXI, ubicado en Tapachula, Chiapas; y Las Agujas, en Iztapalapa, Distrito Federal, los cuales tienen la mayor capacidad instalada. Pueden recibir a 940 y 450 personas a la vez, respectivamente.
Aunque Chávez reconoció que hubo avances con la modernización de las instalaciones, principalmente en Tapachula, y ahora “son menos indignas que antes”, prevalecen deficiencias como falta de limpieza y cobertura de necesidades básicas de los migrantes.
Sin Fronteras consideró que más que un interés por mejorar las condiciones de estancia de los extranjeros, el objetivo de las obras es dar una mejor imagen pública de las estaciones migratorias, “tratando de ocultar la indignidad inherente a la privación de la libertad de las personas que no son culpables de delito alguno, sino que son penalizadas por el simple hecho de migrar sin cumplir con los requisitos administrativos que establece la ley”.
Para Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, la falta de interés de las autoridades por el respeto a las garantías individuales es un signo visible del cambio en la política exterior, en particular con Centroamérica.
Por ejemplo, dijo, en otro momento el presidente depuesto de Honduras Manuel Zelaya “se hubiera metido a la embajada de México, no a la de Brasil”.
El informe de Sin Fronteras resalta que en una década (1995-2005) el número de personas detenidas aumentó casi 150 por ciento, ya que pasó de 105 mil 902 –en el primer año– a 240 mil 269.
Aumento de la corrupción
En los años posteriores la cifra disminuyó a alrededor de 100 mil –en 2009 van casi 70 mil–, lo cual podría deberse a las variaciones en las condiciones socio-económicas que impulsan a los extranjeros a migrar a México o al aumento de la corrupción de las autoridades nacionales, que en vez de asegurar a los migrantes los dejan ir a cambio de algún beneficio o ceden su control a bandas del crimen organizado.
También podría haber incidido en la baja de migrantes detenidos el aumento en la violencia de la delincuencia organizada contra los extranjeros. El informe recuerda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 9 mil 758 casos de secuestro en sólo cinco meses (septiembre de 2008 a febrero de 2009).
Además de las condiciones en que se encuentran las personas en las estaciones migratorias, para Sin Fronteras esas detenciones equivalen en la práctica a, por lo menos, las sanciones de prisión, prohibición de ir a un lugar determinado, suspensión o privación de derechos y vigilancia de la autoridad.
Más de 92 por ciento de los migrantes provienen de Guatemala (45 por ciento), Honduras (32.8) y El Salvador (14.6); y 75 por ciento de las detenciones se realizan en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, afirmó.
Lo anterior se explica, apunta el informe, por el interés de México de detener a los centroamericanos lo más cerca posible de la frontera sur, con el fin de disminuir los costos de su expulsión.
A la mitad de la decadencia
Axel Didriksson.
Navegando a la deriva durante los tres años que lleva este sexenio, con un proyecto empantanado, sumido en pugnas y bajas negociaciones, con recursos escasos y mal repartidos, el sistema educativo nacional está en su ocaso.
Mientras en otros países la educación y la ciencia son consideradas vitales para alcanzar mayores tasas de desarrollo y enfrentar las crisis económicas, en México estos componentes no importan mucho, más allá de lo que se dice y se proclama en los discursos políticos. En Estados Unidos, por ejemplo, debaten en estado de alerta el declive educativo y científico, y buscan remontarlo a través de reformas legales, con incrementos importantes en el financiamiento público y privado, y con la promoción de programas sustantivos de mejoramiento de la calidad de la educación (confróntese National Center on Education and the Economy, Tough Choices, Tough Times, Washington, 2008; Discurso de Barack Obama, febrero de 2009).
En esas referencias, las cifras dan cuenta de que la capacidad de innovación y la competitividad de EU están bajando de manera ostensible, sobre todo frente a algunos de sus principales competidores –como Singapur, Corea del Sur, Japón, India, Suecia y Brasil– en áreas tan importantes como los semiconductores, las patentes farmacéuticas con sus aplicaciones (véase de dónde vienen las vacunas para la influenza que estamos comprando a costos millonarios) y las fuentes alternas de energía, pero sobre todo en lo relacionado con la calidad de su “capital intelectual” (Newsweek, 23 de noviembre de 2009).
En respuesta, el gobierno estadunidense está planteando elevar los esquemas salariales, las compensaciones y los niveles de formación universitaria de los profesores, así como mejorar las condiciones de inversión en ciencia y tecnología. En Brasil la preocupación es la misma. En un reciente artículo (Folha de Sao Paulo, del 22 de noviembre último), Fernando Haddad, actual ministro de Educación, señala algunas de las principales enmiendas constitucionales que ha impulsado el gobierno de Lula en este campo: a) la obligatoriedad de ofrecer educación al grupo de edad de cuatro a 17 años; b) la obligatoriedad de aplicar en el sector ciertos montos de recursos públicos como proporción del PIB; c) el establecimiento de un piso salarial para el magisterio que empezará a operar a escala nacional desde el 1 de enero de 2010; d) la elevación de la inversión por alumno, desde la educación infantil hasta la media, incluyendo a jóvenes y adultos; e) la inclusión educativa de todos los hijos de familias pobres hasta completar nueve años, y f) la extensión de los programas de libros didácticos, alimentación, transporte y salud escolar para todos los estudiantes de los niveles básico y medio. Lo mismo está ocurriendo en otros países donde las prioridades son la educación, la ciencia y los conocimientos, procurando incidir de forma integral en la inclusión educativa, la calidad de la investigación y la innovación.
En contraste, en nuestro país se va para atrás con la reducción de los recursos para la educación y la investigación científica, al igual que con la promoción de medidas vergonzosas que sólo conducen a la ignorancia (como las leyes contra el aborto y las expresiones de incultura nostálgica del secretario de Gobernación al referirse al ciclo reproductivo), y sin hacer nada a favor de la equidad, la inclusión y la calidad social del servicio educativo.
Así, las prioridades del actual gobierno se concentran en: favorecer política y financieramente a los gobiernos estatales proclives a su partido; no emitir opinión alguna frente a los embates contra la laicidad que de manera increíble están ocurriendo; insistir en que deben modificarse los mecanismos de otorgamiento de las plazas para reclutar a los maestros de educación básica, sólo como una manera de transmutar el control que se tenía de parte del SNTE en beneficio del mismo SNTE; y proclamar como lo máximo el enfoque de “competencias” y las evaluaciones, cuando en el mundo dejaron de ser moda hace muchos años.
Todo, en un panorama donde el secretario de Educación afirma que su único interés está en dar continuidad a las bibliotecas de aula y propiciar la participación de los padres de familia (¿se ha reunido alguna vez con ellos?), a la vez que promueve su libro sobre la historia del PAN y sigue “bailando con la más fea” (Líderes, octubre de 2009, página 46). Así andaba el titular de la SEP en tanto se discutía el presupuesto para el sector, al grado de que el mismo secretario general del SNTE le reclamó su escaso trabajo en las negociaciones que se dieron en la Cámara de Diputados, y el director de la revista az y presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro –instancias vinculadas a la cúpula del SNTE– lo increpó por su falta de liderazgo y de “quehacer político y de coordinación” en lo relacionado con el retraso que se presenta en los acuerdos de la denominada Alianza para la Educación (Reforma, 29 de noviembre).
Así se vive el estancamiento en el sistema educativo, primero sumido en las pugnas, rabietas y desplantes cotidianos entre la anterior secretaria de Educación y la dirigente del SNTE, y ahora en medio del ensimismamiento e irrelevancia del secretario de Educación, con una SEP que no sale de sus conflictos y sin que hagan mella las cifras que dan muestra del mayor empantanamiento que se haya conocido en la historia del sistema educativo nacional: en 2010 el gasto total federal para educación será, en términos reales, equivalente al 3.8% del PIB, mientras que a educación superior le corresponderá el 0.6%, y a ciencia y tecnología el 0.3%. Lo demás es demagogia o es pura vergüenza.
La ONG Sin Fronteras presenta informe sobre deficiencias detectadas en estaciones del INM
Deplora Emilio Álvarez Icaza la falta de interés oficial por el respeto a los derechos humanos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2009, p. 3
La política mexicana hacia los migrantes es limitada y esquizofrénica, pues mientras por un lado aboga por los derechos de los connacionales en Estados Unidos, por otro criminaliza y discrimina a los extranjeros y solicitantes de asilo, a quienes las autoridades aseguran supuestamente para cuidar su integridad, pero en realidad violan sus derechos humanos, advierte el informe Situación de los derechos humanos de los migrantes en México, elaborado por la organización Sin Fronteras.
Al privar a los extranjeros de su libertad en las estaciones migratorias se vulneran sus garantías fundamentales, como el debido proceso y el acceso a la justicia, señaló Emilio Chávez, director ejecutivo de esa agrupación civil.
El argumento de cuidar la integridad del Estado no alcanza para justificar las irregularidades que se cometen contra los migrantes, centroamericanos en su mayoría, quienes padecen detenciones sistemáticas y violatorias de las garantías fijadas en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, agregó.
Ayer se celebró el Día Internacional del Migrante, con motivo del cual Sin Fronteras dio a conocer el informe con datos sobre la situación que prevalece en las estaciones dependientes del Instituto Nacional de Migración.
El documento se refiere en particular a los centros Siglo XXI, ubicado en Tapachula, Chiapas; y Las Agujas, en Iztapalapa, Distrito Federal, los cuales tienen la mayor capacidad instalada. Pueden recibir a 940 y 450 personas a la vez, respectivamente.
Aunque Chávez reconoció que hubo avances con la modernización de las instalaciones, principalmente en Tapachula, y ahora “son menos indignas que antes”, prevalecen deficiencias como falta de limpieza y cobertura de necesidades básicas de los migrantes.
Sin Fronteras consideró que más que un interés por mejorar las condiciones de estancia de los extranjeros, el objetivo de las obras es dar una mejor imagen pública de las estaciones migratorias, “tratando de ocultar la indignidad inherente a la privación de la libertad de las personas que no son culpables de delito alguno, sino que son penalizadas por el simple hecho de migrar sin cumplir con los requisitos administrativos que establece la ley”.
Para Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, la falta de interés de las autoridades por el respeto a las garantías individuales es un signo visible del cambio en la política exterior, en particular con Centroamérica.
Por ejemplo, dijo, en otro momento el presidente depuesto de Honduras Manuel Zelaya “se hubiera metido a la embajada de México, no a la de Brasil”.
El informe de Sin Fronteras resalta que en una década (1995-2005) el número de personas detenidas aumentó casi 150 por ciento, ya que pasó de 105 mil 902 –en el primer año– a 240 mil 269.
Aumento de la corrupción
En los años posteriores la cifra disminuyó a alrededor de 100 mil –en 2009 van casi 70 mil–, lo cual podría deberse a las variaciones en las condiciones socio-económicas que impulsan a los extranjeros a migrar a México o al aumento de la corrupción de las autoridades nacionales, que en vez de asegurar a los migrantes los dejan ir a cambio de algún beneficio o ceden su control a bandas del crimen organizado.
También podría haber incidido en la baja de migrantes detenidos el aumento en la violencia de la delincuencia organizada contra los extranjeros. El informe recuerda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 9 mil 758 casos de secuestro en sólo cinco meses (septiembre de 2008 a febrero de 2009).
Además de las condiciones en que se encuentran las personas en las estaciones migratorias, para Sin Fronteras esas detenciones equivalen en la práctica a, por lo menos, las sanciones de prisión, prohibición de ir a un lugar determinado, suspensión o privación de derechos y vigilancia de la autoridad.
Más de 92 por ciento de los migrantes provienen de Guatemala (45 por ciento), Honduras (32.8) y El Salvador (14.6); y 75 por ciento de las detenciones se realizan en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, afirmó.
Lo anterior se explica, apunta el informe, por el interés de México de detener a los centroamericanos lo más cerca posible de la frontera sur, con el fin de disminuir los costos de su expulsión.
A la mitad de la decadencia
Axel Didriksson.
Navegando a la deriva durante los tres años que lleva este sexenio, con un proyecto empantanado, sumido en pugnas y bajas negociaciones, con recursos escasos y mal repartidos, el sistema educativo nacional está en su ocaso.
Mientras en otros países la educación y la ciencia son consideradas vitales para alcanzar mayores tasas de desarrollo y enfrentar las crisis económicas, en México estos componentes no importan mucho, más allá de lo que se dice y se proclama en los discursos políticos. En Estados Unidos, por ejemplo, debaten en estado de alerta el declive educativo y científico, y buscan remontarlo a través de reformas legales, con incrementos importantes en el financiamiento público y privado, y con la promoción de programas sustantivos de mejoramiento de la calidad de la educación (confróntese National Center on Education and the Economy, Tough Choices, Tough Times, Washington, 2008; Discurso de Barack Obama, febrero de 2009).
En esas referencias, las cifras dan cuenta de que la capacidad de innovación y la competitividad de EU están bajando de manera ostensible, sobre todo frente a algunos de sus principales competidores –como Singapur, Corea del Sur, Japón, India, Suecia y Brasil– en áreas tan importantes como los semiconductores, las patentes farmacéuticas con sus aplicaciones (véase de dónde vienen las vacunas para la influenza que estamos comprando a costos millonarios) y las fuentes alternas de energía, pero sobre todo en lo relacionado con la calidad de su “capital intelectual” (Newsweek, 23 de noviembre de 2009).
En respuesta, el gobierno estadunidense está planteando elevar los esquemas salariales, las compensaciones y los niveles de formación universitaria de los profesores, así como mejorar las condiciones de inversión en ciencia y tecnología. En Brasil la preocupación es la misma. En un reciente artículo (Folha de Sao Paulo, del 22 de noviembre último), Fernando Haddad, actual ministro de Educación, señala algunas de las principales enmiendas constitucionales que ha impulsado el gobierno de Lula en este campo: a) la obligatoriedad de ofrecer educación al grupo de edad de cuatro a 17 años; b) la obligatoriedad de aplicar en el sector ciertos montos de recursos públicos como proporción del PIB; c) el establecimiento de un piso salarial para el magisterio que empezará a operar a escala nacional desde el 1 de enero de 2010; d) la elevación de la inversión por alumno, desde la educación infantil hasta la media, incluyendo a jóvenes y adultos; e) la inclusión educativa de todos los hijos de familias pobres hasta completar nueve años, y f) la extensión de los programas de libros didácticos, alimentación, transporte y salud escolar para todos los estudiantes de los niveles básico y medio. Lo mismo está ocurriendo en otros países donde las prioridades son la educación, la ciencia y los conocimientos, procurando incidir de forma integral en la inclusión educativa, la calidad de la investigación y la innovación.
En contraste, en nuestro país se va para atrás con la reducción de los recursos para la educación y la investigación científica, al igual que con la promoción de medidas vergonzosas que sólo conducen a la ignorancia (como las leyes contra el aborto y las expresiones de incultura nostálgica del secretario de Gobernación al referirse al ciclo reproductivo), y sin hacer nada a favor de la equidad, la inclusión y la calidad social del servicio educativo.
Así, las prioridades del actual gobierno se concentran en: favorecer política y financieramente a los gobiernos estatales proclives a su partido; no emitir opinión alguna frente a los embates contra la laicidad que de manera increíble están ocurriendo; insistir en que deben modificarse los mecanismos de otorgamiento de las plazas para reclutar a los maestros de educación básica, sólo como una manera de transmutar el control que se tenía de parte del SNTE en beneficio del mismo SNTE; y proclamar como lo máximo el enfoque de “competencias” y las evaluaciones, cuando en el mundo dejaron de ser moda hace muchos años.
Todo, en un panorama donde el secretario de Educación afirma que su único interés está en dar continuidad a las bibliotecas de aula y propiciar la participación de los padres de familia (¿se ha reunido alguna vez con ellos?), a la vez que promueve su libro sobre la historia del PAN y sigue “bailando con la más fea” (Líderes, octubre de 2009, página 46). Así andaba el titular de la SEP en tanto se discutía el presupuesto para el sector, al grado de que el mismo secretario general del SNTE le reclamó su escaso trabajo en las negociaciones que se dieron en la Cámara de Diputados, y el director de la revista az y presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro –instancias vinculadas a la cúpula del SNTE– lo increpó por su falta de liderazgo y de “quehacer político y de coordinación” en lo relacionado con el retraso que se presenta en los acuerdos de la denominada Alianza para la Educación (Reforma, 29 de noviembre).
Así se vive el estancamiento en el sistema educativo, primero sumido en las pugnas, rabietas y desplantes cotidianos entre la anterior secretaria de Educación y la dirigente del SNTE, y ahora en medio del ensimismamiento e irrelevancia del secretario de Educación, con una SEP que no sale de sus conflictos y sin que hagan mella las cifras que dan muestra del mayor empantanamiento que se haya conocido en la historia del sistema educativo nacional: en 2010 el gasto total federal para educación será, en términos reales, equivalente al 3.8% del PIB, mientras que a educación superior le corresponderá el 0.6%, y a ciencia y tecnología el 0.3%. Lo demás es demagogia o es pura vergüenza.
