¿Estado o comunidad?

ENRIQUE DUSSEL.

Pareciera que las comunidades de los pueblos originarios actuales en América Latina pudieran desarrollar un modelo democrático político más adecuado que la forma de Estado burgués moderno. Tal posición es defendida por aquellos que piensan que la disolución del Estado es condición de posibilidad de un ejercicio justo de la política.
En su última obra, Commonwealth, Antonio Negri considera nuevamente la forma Estado como una institución propia de la modernidad burguesa (lo mismo que J. Holloway y otros intelectuales) que hay que superar para iniciar lo que pudiera llamarse propiamente la política.
Esta tesis, como es sabido, fue defendida por el anarquismo (como el de Bakunin). K. Marx se opuso a este último en el sentido de que desde el campo social, por la lucha de clases en el nivel económico, había que superar a) el trabajo asalariado y b) el capital como condición de posibilidad de c) la disolución del Estado, y no por una lucha política directa (como los anarquistas) contra el Estado.
Esta triple negación es el tema que expone con gran solvencia el antiguo asistente de G. Lukacs, expulsado muy joven de Hungría, István Mészáros, en su obra reciente Más allá del capital (2006). La diferencia de Mészáros, con respecto de los otros pensadores nombrados, es que expone a partir de esa triple negación la manera como Marx llega a una importante conclusión: De aquí que él [Marx] mantuviera su definición preponderantemente negativa de la política hasta en sus últimos escritos, a pesar de su claro reconocimiento de que es necesario involucrarse en la política (Mészáros, p. 532), y por esto mismo no resulta en modo alguna sorprendente que Marx jamás haya logrado trazar aunque fuese los perfiles desnudos de su teoría del Estado (p. 564). Esto no niega que la elaboración de una teoría marxista del Estado es tanto posible como necesaria hoy en día (Ibid.). Es decir, la deficiencia del marxismo posterior a Marx en torno a la cuestión del Estado se origina en este hueco teórico del mismo Marx que debemos llenar urgentemente. Pero el hueco teórico no es sólo sobre el Estado, sino en una labor que Marx nunca pudo cumplir en el campo político; es decir, desarrollar una crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía política burguesa (crítica que realizó en el campo económico).
Hablando personalmente con Samir Amin en un Foro Social Mundial de Porto Alegre me decía: El Estado egipcio fue el primer Estado en sentido estricto de la historia mundial, hace 5 mil años. De la misma manera el incario en el Perú antes de la conquista, la organización política de las ciudades mayas o el altépetl azteca (como muestra) son estados tributarios (como los clasificaría Darcy Ribeiro en su obra El proceso civilizatorio). De manera que el Estado liberal moderno, manejado por la burguesía desde la revolución inglesa, es una forma de Estado particular, pero de ninguna manera la única. La superación de esta forma estatal no significa la disolución empírica del Estado como tal –que en sentido estricto es un postulado–. Y éste es el debate actual.
Algunos, como hemos dicho, en nombre de la organización política (o meramente social) de las comunidades originarias, tal como se encuentran hoy, las oponen a una forma de Estado liberal burgués, y se inclinan por el modelo de democracia directa de las comunidades indígenas actuales, sin Estado por lo tanto. En primer lugar, olvidan que las actuales comunidades son el resto de las naciones originarias que antes de la conquista (en las civilizaciones urbanas) tuvieron Estado, que comprendía a veces millones de miembros (como entre los incas). Allí había una organización estatal, no burguesa ni liberal, pero había Estado. En segundo lugar, pueden ser tomadas como un modelo ejemplar para ser aplicado a situaciones analógicas como las asambleas de barrios, pequeñas aldeas, fábricas, etcétera, donde la participación de democracia directa es esencial.
Pero, como hemos indicado en una colaboración anterior, esta participación en la base (y a través de mediaciones de la participación hasta el poder ciudadano en el nivel del Estado federal) no se opone, sino que debe fiscalizar las instituciones de la representación del Estado (transcapitalista, transliberal, transmoderno).
De manera que si oponer “representación versus participación” es una falsa contradicción (ya que hay que articularlas y definirlas en sus funciones distintas), de la misma manera “Estado versus comunidad democrática directa” es también una falsa contradicción, porque hay que saber articular ambas dimensiones en diversos niveles.
En un nuevo Estado (más allá del Estado moderno y burgués, que se iría acercando a la disolución del Estado por la disminución de la burocracia, la participación de las mayorías democráticamente en las decisiones, la transparencia de la representación, etcétera) la participación debe arrancar en la base de todas las instituciones (estatales) a partir de comunidades (cuya vida puede aprender muchísimo de los pueblos originarios tal como se encuentran en la actualidad en América Latina). Esto no se opone a que haya que inventar instituciones de participación a escala municipal, del Estado local o provincia, hasta llegar al Estado federal (por ejemplo, con el indicado poder ciudadano de la Constitución bolivariana). Pero esto no elimina, porque sería un idealismo voluntarista, la necesidad de la representación en los indicados niveles (municipal, del estado local o provincia, etcétera), que serían fiscalizado, mucho más estrictamente por las instituciones de participación.
Si alguien expresa: La comunidad es socialismo-comunismo, habría que tomarlo con cuidado. En el nivel de la base popular: sí. Pero esto no es lo mismo que el socialismo-comunismo en el nivel de las comunidades políticas de millones de ciudadanos como pueden ser las de Brasil, Ecuador o la India.
Intentar poner como modelo a) la organización de la comunidad en la base poco numerosa (con la participación del ciudadano por medio de una democracia directa, lo que debería implementarse) con b) la organización de millones de ciudadanos es idealismo político, moralismo anarquizante; es comprometerse sólo en el nivel social, y optar por una posición negativa ante la política (puerta que dejó abierta el mismo Marx en la interpretación de I. Mészáros), lo que hace cometer decisiones estratégico-políticas discutibles. Y la cuestión es aún políticamente más relevante en situaciones como las que se dan en Bolivia, Venezuela o Chiapas, y por ello son posiciones que deben ser debatidas explícitamente, para no caer en dogmatismos vanguardistas o utópicos (en el sentido negativo de este último término).

Del Estado católico al laico
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO/ II

Con el gobierno de Calles se hizo valer el artículo 27 según su texto original de 1917, y se cerraron conventos, iglesias, escuelas católicas que no impartían educación laica, etcétera. Los curas extranjeros fueron expulsados. La Iglesia reaccionó y el arzobispo primado de México, José Mora y del Río, declaró el 4 de febrero de 1925: La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. El episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3º, 5º, 27º y 130º de la Constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión.
El 14 de marzo de 1925 se creó la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Detrás de ella lucharían los Caballeros de Colón (sus fundadores), la Unión Nacional de Damas Católicas Mexicanas, la Asociación Nacional de Padres de Familia y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM). En junio de 1926 Calles decretó reformas al Código Penal, denominadas Ley Calles, que entrarían en vigor el 31 de julio. En respuesta, el primero de agosto el Episcopado mexicano resolvió suspender el culto público para alebrestar al pueblo católico contra el gobierno. El 16 de agosto de 1926 el Episcopado envió a Calles un Memorial, firmado por el arzobispo primado de México y el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto. Tres semanas después enviaron el mismo Memorial al Congreso de la Unión. Dicho documento pedía la reforma de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, por considerarlos contrarios al clero y a la Iglesia católica. El 18 de noviembre Pío XI proclamó la encíclica Iniquis afflictisque, la cual dictaba la conducta a seguir por los católicos mexicanos en contra del gobierno mexicano. La encíclica llamaba –elípticamente, como suelen escribirse las encíclicas– a luchar y a morir por la santísima libertad de la fe atacada por los gobernantes de la República mexicana que, por su despiadado odio contra la religión, han continuado urgiendo sus malas leyes con más acritud y fiereza. El desenlace de dichas exigencias eclesiásticas fue la cruenta guerra cristera de 1927 a 1929.
Esos episodios de enfrentamientos entre la Iglesia católica y el Estado fueron mitigados,en parte por Cárdenas y sobre todo a partir del gobierno de Ávila Camacho. Pero la Iglesia no cedió, si bien su tono fue menos beligerante. Con las reformas de Salinas el clero quedó más satisfecho, pero con el triunfo de Fox y de su esposa, que no figuraba en las boletas electorales, los jerarcas religiosos se envalentonaron y van por más. Ahora quieren que se enseñe religión en las escuelas públicas y están en contra del uso del condón, de la píldora anticonceptiva y de la del día siguiente y, por supuesto, del aborto.
So pretexto de la lucha contra el aborto, que los católicos llaman lucha por la vida, y aprovechando la derechización de la política en manos del PAN (con El Yunque o sin él) y de muchos jóvenes priístas educados en escuelas confesionales y privadas, la Iglesia católica está presionando por imponer sus valores sobre los demás tanto en las escuelas (siempre ha estado en contra de la educación laica) como en la esfera estatal y la vida familiar.
A diferencia de las izquierdas, que suelen estar ansiosas por obtener resultados en sus luchas por cambios sociales, la Iglesia católica y sus fieles más fanáticos son pacientes y saben, o intuyen, que si logran triunfos, como la penalización del aborto, avanzarán más hasta lograr un Estado que, aunque no sea católico (como en el pasado), no sea expresamente laico y acepte que la separación de la Iglesia deje de ser una realidad, como de alguna forma ocurre en Estados Unidos.
En esta lógica es que Rodolfo Echeverría Ruiz ha estado promoviendo un grupo ciudadano que ha sido llamado indistintamente República laica o Ciudadanos en defensa del Estado laico, para actuar unidos a fin de gestionar ante la Cámara de Diputados que se lleve al pleno –para ser discutido y votado– un dictamen elaborado por la anterior legislatura. Ese dictamen se refiere a una iniciativa destinada a reformar dos artículos de la Constitución: 40 y 115. “Como todos sabemos –me ha escrito Rodolfo–, el concepto de laicidad está incluido de manera inequívoca en el artículo 3º constitucional. Sin embargo, no vuelve a mencionarse ni el concepto ni la palabra laico en el resto del texto constitucional. La propuesta sería que el artículo 40 señalara que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, pluriétnica y pluricultural… Lo mismo en el artículo 115.”
Me sumo a esta lucha junto con Juan Ramón de la Fuente, Cuauhtémoc Cárdenas, David Ibarra, María de los Ángeles Moreno, Beatriz Pagés, Fernando Zertuche, Manuel Tello, Jesús Silva Herzog, José Iturriaga, José Rogelio Álvarez, José Woldenberg, Miguel González Avelar, Guillermo Tovar y de Teresa, Héctor Bonilla, Alejandro Carrillo Castro, Rolando Cordera, Alejandro Encinas, León García Soler, Ignacio López Tarso, Ifigenia Martínez, Alejandra Moreno Toscano, Humberto Musacchio, Ricardo Raphael, Diego Valadés, Héctor Vasconcelos, Miguel Ángel Granados Chapa y más que de memoria me ha citado Rodolfo.
Una cosa es que las iglesias tengan su derechos y otra que sus valores deban formar parte de las políticas públicas del Estado mexicano e imponerse a quienes no comulgan con ellos. El tema del aborto, sensible como es gracias a creencias sin justificación científica, es la cuña que la Iglesia católica ha encontrado para romper con la laicidad del Estado y de nuestras leyes.

Palabras y cifras ficticias de Calderón
Jesús Cantú

En lugar de impulsar medidas que resuelvan o aminoren los más graves problemas del país –empezando por reconocerlos–, el presidente Felipe Calderón, quien parece confundir la tarea de gobernar con la oratoria, se encuentra sobre todo preocupado por el optimismo o pesimismo, por las expectativas o el desaliento que sus palabras –y sus cifras– puedan generar.
Por ejemplo, en diciembre de 2008, durante una entrevista televisiva señaló que para enfrentar la crisis económica que se avecinaba tenía que atenderse “también la parte de expectativas, de liderazgo adaptativo que nos permita enfrentar y superar esta adversidad”.
Y en enero de 2009, al discrepar (en Davos, Suiza) del pronóstico de decrecimiento que expresó el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz (quien por cierto fue más certero en su cifra que Calderón), el presidente sentenció:
“Yo creo que tan malo es generar expectativas sobradas o infundadas, infundadamente optimistas, como también generar expectativas cada vez más negativas y deterioradas que también puedan carecer de fundamentos sólidos (…) Yo prefiero ubicarme en un escenario equilibrado, realista; es la instrucción que le he dado a mi gobierno…”
Para confirmar su convicción de que se puede vencer la adversidad generando expectativas, en sus más recientes mensajes presidenciales exhibe un sorprendente afán transformador cuando, justamente, hay una mayoría opositora en la Cámara de Diputados y, por lo mismo, sus posibilidades de concretarlo se reducen de manera notable.
El 2 de septiembre, en el mensaje que dirigió con motivo de su tercer informe de gobierno, Calderón propuso un decálogo transformador; y el pasado domingo 29 de noviembre refrendó dicho compromiso y anunció algunas de sus propuestas en el ámbito político.
Parece haber olvidado que incluso cuando su partido era la primera fuerza legislativa en ambas cámaras sus proyectos de reforma sufrieron modificaciones sustanciales. En la actualidad este fenómeno seguramente se acentuará (como acaba de suceder con su propuesta de reforma fiscal y su presupuesto de egresos para 2010). Cuando tenga en sus manos los resultados legislativos, aunque éstos se hallen muy lejos de sus propuestas, lo más probable es que, además de congratularse por lo conseguido, advierta que es necesario avanzar más a fondo en las reformas de segunda generación.
Por lo pronto, en sus actuales mensajes –infundadamente optimistas– destaca los presuntos logros de su gobierno y asegura que hubo un adecuado manejo de la crisis económica, con el que “pudo aminorarse” su impacto sobre el empleo y el ingreso de las familias. Además de que no tiene ninguna responsabilidad, pues, de acuerdo con sus palabras, “no estaba en manos de México el poder evitar una crisis internacional que no sólo no se evitó a nivel mundial –nadie podía hacerlo, quizá–, sino que ni siquiera, honestamente, nadie la previó en esa magnitud. Esa es la verdad”.
Si eso ocurre con las palabras, veamos algunos ejemplos de lo que pasa con las cifras.
En sólo tres meses de su guerra contra el narco (del 2 de septiembre al 29 de noviembre), el número de vehículos decomisados subió de “casi 22 mil vehículos” a “25 mil”, mientras que la droga incautada pasó de ser el equivalente a “80 dosis” para cada joven mexicano entre los 15 y 30 años de edad, según el primer discurso, a “casi 100 dosis”, de acuerdo con el segundo.
En el campo de la educación no ocurre nada diferente, pues si en septiembre se habían remodelado 16 mil escuelas, para noviembre el número ascendía a más de 20 mil.
Igualmente, si en el primer mensaje la pobreza extrema afectaba a “uno de cada cinco mexicanos”, es decir, a 21 millones de pobladores, en el segundo ya eran sólo 19 millones.
Y, desde luego, el lacerante problema del desempleo tuvo también, en las palabras y cifras de Calderón, una disminución tan veloz como asombrosa. En septiembre señaló que mientras en la crisis de 1995 se perdieron más de 10% de las plazas formalmente ocupadas, en 2009 sólo habían disminuido en un porcentaje “menor de 2%: 1.6% para ser exactos”, aunque para noviembre únicamente había desaparecido “…uno de cada 100 empleos formales en el país”.
Al respecto, cabe advertir que mientras en enero de este año el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, declaró que en 1995 “se perdieron 750 mil trabajos”, las cifras del IMSS establecieron que de octubre de 2008 a agosto de 2009 el número de trabajadores asegurados –por contar con un empleo formal– disminuyó en 646 mil. (La Secretaría del Trabajo calculó que los despedidos habían sido 621 mil.)
Pese a todo, los anuncios y cifras alentadores de los discursos de Calderón no le permitieron modificar la percepción de los mexicanos, pues de acuerdo con la última encuesta del periódico Reforma, más de la mitad de la población, 52% para ser exactos, considera que el país va por mal camino, y únicamente 27% (poco más de una cuarta parte) piensa que va por buen camino. Son las peores cifras para Calderón desde que él hace declaraciones y cálculos desde el gobierno.