¿FIRMANDO LA SANTA ALIANZA?
16 dic 2009
Peña Nieto en el Vaticano
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).- ¿Cuánto le costará al erario mexiquense la santificación del copete más popular del priismo? Todo parece indicar que el exceso en los gastos y el oportunismo telegénico no disminuirán en la aventura de Enrique Peña Nieto por convertirse no sólo en el precandidato priista con mayor rating, sino en el “adelantado” de Televisa para su transmisión especial Ángeles de Navidad, el próximo sábado 19, desde el Vaticano.
Peña Nieto utilizó de pretexto la donación de 2 mil 500 artesanías mexiquenses al aula Paulo VI de El Vaticano para trasladarse, al estilo de un jeque árabe, con una delegación de 11 familiares, más funcionarios, que iniciaron su visita a la Santa Sede el pasado lunes 14 y permanecerán hasta el sábado 19, día de la transmisión del programa especial de Televisa.
Tan sólo una muestra del dispendio: el gobernador mexiquense estará hospedado en el Hotel Columbus, una antigua mansión medieval, con más de 500 años de antigüedad, considerado uno de los más exclusivos de la llamada ciudad santa. El precio en la habitación más lujosa es de 890 euros, casi 18 mil pesos, según el portal cibernético del propio hotel. Por supuesto, Peña Nieto hospedará ahí a su señora madre, a su novia Angélica Rivera, a los seis hijos compartidos por ambos, a su cuñada y a sus dos hermanos.
El ostentoso gasto del mandatario del estado de México parece tener varios objetivos, más allá de la promoción turística y la actividad diplomática.
En primer lugar, servirá para reiterar su devoción y filiación hacia el Opus Dei, la corriente católica conservadora de donde más apoyos ha obtenido el Golden Boy. No en balde, Peña Nieto estudió en la Universidad Panamericana, de la Ciudad de México, perteneciente a “la obra”.
En segundo lugar, el proyecto de la boda con la actriz de Televisa, que se ha convertido en un auténtico guión de telenovela y de reality show, buscará la fotografía y la bendición del papa Benedicto XVI. No le vendría mal en momentos que los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre él y Rivera son parte de la chismografía política cotidiana de Toluca.
Y, el más importante, su relanzamiento como candidato predilecto de Televisa, gracias a la utilización del fervor católico y de las fiestas navideñas, que llevarán a la televisora a realizar una especie de teletón religioso. La compañía de Azcárraga Jean prepara una transmisión especial el sábado 19, con la conducción de su corresponsal Valentina Alazraki, quien hará enlaces desde El Vaticano con varias ciudades del país.
Como todos los televidentes y los ciudadanos mexicanos se han dado cuenta, nada en este paquete de promoción personal de los políticos en busca del 2012 es gratis. ¿Cuánto le costará al erario mexiquense la “feliz coincidencia” de Peña Nieto en El Vaticano con el programa de Televisa?
Este viaje también se realiza en un contexto de dispendio: El Congreso mexiquense autorizó un gasto de mil 500 millones de pesos para la difusión mediática del gobernador durante 2010. Según el diputado panista Jorge Inzunza, se trata del mayor incremento al presupuesto mediático de Peña Nieto.
La mayoría peñista en el Congreso mexiquense (formada por el PRI, Nueva Alianza, PVEM, Convergencia, PT y PSD) se impuso el pasado lunes 14 para aprobar este presupuesto, que tuvo una disminución global de 29 millones al monto original propuesto. El único rubro en el que los gastos continuarán viento en popa es en la promoción mediática de Peña Nieto. Con todo y la bendición del papa.
La minera canadiense
CARLOS MONTEMAYOR
El pasado 24 de septiembre el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia final contra Minera San Xavier, de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, que dejó sin efectos la autorización condicionada que el 10 de abril de 2006 había emitido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumpliendo una resolución previa dictada por el mismo órgano jurisdiccional el 5 de octubre de 2005.
Hace unas semanas la Semarnat notificó a la empresa la resolución definitiva, pero en tardío cumplimiento de la resolución del tribunal revocó el permiso a Minera San Xavier el día 17 de noviembre. En brutal desacato a las leyes mexicanas y con la posible connivencia de autoridades federales y locales, la compañía prosiguió sus labores de explotación.
El día 14 de diciembre la firma anunció que había obtenido un amparo del juzgado primero de distrito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, en contra de la suspensión parcial de operaciones de la minera. Esta protección legal la autoriza a continuar tanto los procesos de extracción con explosiones a cielo abierto como los más peligrosos y dañinos de lixiviación de oro y plata. En el colmo del cinismo empresarial y político de México, poco después de que el gobierno federal arrojó a la calle a más de 41 mil trabajadores directos de Luz y Fuerza del Centro, Robert Gallagher, presidente de la compañía canadiense New Gold, señaló que el juzgado primero de distrito concedió el amparo a Minera San Xavier para no afectar a más de 500 empleados directos y mil 500 indirectos en Cerro de San Pedro.
Desde el inicio de sus acciones, la minera ha ido mostrando su nulo respeto por las leyes del país y se ha valido de numerosos recursos ilegales, violentos muchos de ellos, para avanzar en sus proyectos de explotación minera y de envenenamiento de mantos acuíferos y del ecosistema del valle de San Luis. Procedió a comprar, por ejemplo, terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado en su momento, y en vano, por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.
Con este falso contrato, desde 2004 Minera San Xavier tomó posesión de las tierras y realizó trabajos sobre inmuebles antiguos con autorización del INAH, además de trabajos de reubicación de flora protegida, que causaron la destrucción y muerte, por el descuido con que se procedió, de cientos de cactáceas en peligro de extinción, representando todo ello una pérdida irreparable al ecosistema.
Además cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Río Verde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envuelve el poblado por los lados norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.
Hace tiempo comenté en las páginas de La Jornada que un regidor del cabildo de Cerro de San Pedro expuso ante el juez segundo de distrito, en el estado de San Luis Potosí, que en una sesión de cabildo, celebrada la tarde del 7 de agosto de 2004, el presidente municipal intentó pasar por encima del juicio de amparo 564/2004, con el fin de autorizar las tareas de operación de la minera. El regidor entregó al juzgado una grabación de audio de la sesión con su transcripción estenográfica; en ella el presidente municipal se declara presionado por el presidente Vicente Fox y por el gobernador del estado.
El futuro de Cerro de San Pedro y de los habitantes del valle de San Luis no es un caso aislado en México. Procesos semejantes, conflictos similares, despojos y desaparición inminente de comunidades y poblados, están teniendo lugar en otras zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. Mientras Canadá exige requisitos increíbles para el visado de mexicanos, las empresas de ese país deciden por sí mismas qué aceptar o no de las leyes mexicanas. ¿No hay una autoridad federal o estatal que, con estos antecedentes legales, ponga un alto a esa empresa rebelde y dañina?
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).- ¿Cuánto le costará al erario mexiquense la santificación del copete más popular del priismo? Todo parece indicar que el exceso en los gastos y el oportunismo telegénico no disminuirán en la aventura de Enrique Peña Nieto por convertirse no sólo en el precandidato priista con mayor rating, sino en el “adelantado” de Televisa para su transmisión especial Ángeles de Navidad, el próximo sábado 19, desde el Vaticano.
Peña Nieto utilizó de pretexto la donación de 2 mil 500 artesanías mexiquenses al aula Paulo VI de El Vaticano para trasladarse, al estilo de un jeque árabe, con una delegación de 11 familiares, más funcionarios, que iniciaron su visita a la Santa Sede el pasado lunes 14 y permanecerán hasta el sábado 19, día de la transmisión del programa especial de Televisa.
Tan sólo una muestra del dispendio: el gobernador mexiquense estará hospedado en el Hotel Columbus, una antigua mansión medieval, con más de 500 años de antigüedad, considerado uno de los más exclusivos de la llamada ciudad santa. El precio en la habitación más lujosa es de 890 euros, casi 18 mil pesos, según el portal cibernético del propio hotel. Por supuesto, Peña Nieto hospedará ahí a su señora madre, a su novia Angélica Rivera, a los seis hijos compartidos por ambos, a su cuñada y a sus dos hermanos.
El ostentoso gasto del mandatario del estado de México parece tener varios objetivos, más allá de la promoción turística y la actividad diplomática.
En primer lugar, servirá para reiterar su devoción y filiación hacia el Opus Dei, la corriente católica conservadora de donde más apoyos ha obtenido el Golden Boy. No en balde, Peña Nieto estudió en la Universidad Panamericana, de la Ciudad de México, perteneciente a “la obra”.
En segundo lugar, el proyecto de la boda con la actriz de Televisa, que se ha convertido en un auténtico guión de telenovela y de reality show, buscará la fotografía y la bendición del papa Benedicto XVI. No le vendría mal en momentos que los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre él y Rivera son parte de la chismografía política cotidiana de Toluca.
Y, el más importante, su relanzamiento como candidato predilecto de Televisa, gracias a la utilización del fervor católico y de las fiestas navideñas, que llevarán a la televisora a realizar una especie de teletón religioso. La compañía de Azcárraga Jean prepara una transmisión especial el sábado 19, con la conducción de su corresponsal Valentina Alazraki, quien hará enlaces desde El Vaticano con varias ciudades del país.
Como todos los televidentes y los ciudadanos mexicanos se han dado cuenta, nada en este paquete de promoción personal de los políticos en busca del 2012 es gratis. ¿Cuánto le costará al erario mexiquense la “feliz coincidencia” de Peña Nieto en El Vaticano con el programa de Televisa?
Este viaje también se realiza en un contexto de dispendio: El Congreso mexiquense autorizó un gasto de mil 500 millones de pesos para la difusión mediática del gobernador durante 2010. Según el diputado panista Jorge Inzunza, se trata del mayor incremento al presupuesto mediático de Peña Nieto.
La mayoría peñista en el Congreso mexiquense (formada por el PRI, Nueva Alianza, PVEM, Convergencia, PT y PSD) se impuso el pasado lunes 14 para aprobar este presupuesto, que tuvo una disminución global de 29 millones al monto original propuesto. El único rubro en el que los gastos continuarán viento en popa es en la promoción mediática de Peña Nieto. Con todo y la bendición del papa.
La minera canadiense
CARLOS MONTEMAYOR
El pasado 24 de septiembre el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia final contra Minera San Xavier, de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, que dejó sin efectos la autorización condicionada que el 10 de abril de 2006 había emitido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumpliendo una resolución previa dictada por el mismo órgano jurisdiccional el 5 de octubre de 2005.
Hace unas semanas la Semarnat notificó a la empresa la resolución definitiva, pero en tardío cumplimiento de la resolución del tribunal revocó el permiso a Minera San Xavier el día 17 de noviembre. En brutal desacato a las leyes mexicanas y con la posible connivencia de autoridades federales y locales, la compañía prosiguió sus labores de explotación.
El día 14 de diciembre la firma anunció que había obtenido un amparo del juzgado primero de distrito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, en contra de la suspensión parcial de operaciones de la minera. Esta protección legal la autoriza a continuar tanto los procesos de extracción con explosiones a cielo abierto como los más peligrosos y dañinos de lixiviación de oro y plata. En el colmo del cinismo empresarial y político de México, poco después de que el gobierno federal arrojó a la calle a más de 41 mil trabajadores directos de Luz y Fuerza del Centro, Robert Gallagher, presidente de la compañía canadiense New Gold, señaló que el juzgado primero de distrito concedió el amparo a Minera San Xavier para no afectar a más de 500 empleados directos y mil 500 indirectos en Cerro de San Pedro.
Desde el inicio de sus acciones, la minera ha ido mostrando su nulo respeto por las leyes del país y se ha valido de numerosos recursos ilegales, violentos muchos de ellos, para avanzar en sus proyectos de explotación minera y de envenenamiento de mantos acuíferos y del ecosistema del valle de San Luis. Procedió a comprar, por ejemplo, terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado en su momento, y en vano, por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.
Con este falso contrato, desde 2004 Minera San Xavier tomó posesión de las tierras y realizó trabajos sobre inmuebles antiguos con autorización del INAH, además de trabajos de reubicación de flora protegida, que causaron la destrucción y muerte, por el descuido con que se procedió, de cientos de cactáceas en peligro de extinción, representando todo ello una pérdida irreparable al ecosistema.
Además cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Río Verde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envuelve el poblado por los lados norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.
Hace tiempo comenté en las páginas de La Jornada que un regidor del cabildo de Cerro de San Pedro expuso ante el juez segundo de distrito, en el estado de San Luis Potosí, que en una sesión de cabildo, celebrada la tarde del 7 de agosto de 2004, el presidente municipal intentó pasar por encima del juicio de amparo 564/2004, con el fin de autorizar las tareas de operación de la minera. El regidor entregó al juzgado una grabación de audio de la sesión con su transcripción estenográfica; en ella el presidente municipal se declara presionado por el presidente Vicente Fox y por el gobernador del estado.
El futuro de Cerro de San Pedro y de los habitantes del valle de San Luis no es un caso aislado en México. Procesos semejantes, conflictos similares, despojos y desaparición inminente de comunidades y poblados, están teniendo lugar en otras zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. Mientras Canadá exige requisitos increíbles para el visado de mexicanos, las empresas de ese país deciden por sí mismas qué aceptar o no de las leyes mexicanas. ¿No hay una autoridad federal o estatal que, con estos antecedentes legales, ponga un alto a esa empresa rebelde y dañina?
El fulano que ensangrentó al país
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (apro).- El desastre económico y de violencia que atormenta al país, que a menudo trata de encubrirse con escándalos tipo Juanito --cuyo desenlace tiene enfurecida a la derecha que a veces usa ropaje progre--, no es nada que no se haya anticipado desde que Felipe Calderón se “parapetó” en el Ejército para justificar su adulterino triunfo.
Desde antes del 1 de diciembre, cuando Calderón se introdujo por una puerta trasera del Congreso para rendir protesta, gracias a Manlio Fabio Beltrones, aquí se escribió lo que, malamente, se ha cumplido: El desgarriate en todos los órdenes de la vida de la nación, cuya expresión más cruenta es el rotundo fracaso de la “guerra” que declaró --el 11 de diciembre de 2006-- al crimen organizado.
Hay que insistir: Salvo en el reguero de casi 17 mil cadáveres en todo el territorio nacional, en el desempleo de más de 6 millones de mexicanos y en el aumento de impuestos, la gestión de Calderón ha sido yerma y tiende a degradarse hacia una mayor represión selectiva y abierta.
En medio del desangramiento causado por esa “guerra”, que ya no es sólo contra los grupos criminales que no tienen tratos con el gobierno federal o “amarres” con los gobiernos estatales, se han comenzado a manifestar fenómenos de una degeneración que pronto pueden ser incontrolables: La operación de grupos paramilitares que ajustician extrajudicialmente a quien se les ordena.
Y más aún: A las agresiones de los criminales, que mediante la fuerza someten a pueblos y comunidades para que se alisten en el trasiego de droga o, sencillamente, se callen la boca sobre las conductas delincuenciales, se han multiplicado las arbitrariedades de los efectivos del Ejército y de las policías en sus tres niveles.
La “guerra” de Calderón es ya un fracaso completo, como lo documenta el semanario Proceso en su edición que está circulando, en la que se informa de los cruentos combates en extensas comarcas del territorio nacional, en una de cuyas entregas un prominente panista, Manuel Espino, expresidente del PAN, lo dije sin atenuantes.
“Es una estrategia fallida, pero si se sostiene será una estrategia suicida, porque se sabe de antemano que no funciona”, subraya Espino, quien revela que esa “guerra” tiene motivaciones políticas que están resultando muy costosas para el país.
“Es una estrategia que no tiene sustento en una labor de inteligencia y en una evaluación previa de las causas del problema. Más parece una prótesis política que una decisión de Estado.”
--¿Qué quiere decir con esto?
--Que con ello el gobierno se pretende justificar políticamente.
Añade: “Defiende a ultranza una estrategia que más bien parece justificación política, más bien parece tener orientación política-social y más bien parece ser el capricho del que gobierna, que la decisión de un estadista.”
En la entrevista Espino explica que el uso del Ejército Mexicano en la “guerra” contra el crimen organizado, que no les es propia, no sólo ha generado quejas --“reales y supuestas”-- de violaciones a los derechos humanos, sino que ha sometido “a un severo desgaste” a la institución.
Parafraseando al general prusiano Carl von Clausewitz, un clásico de la estrategia militar, expone: “¿Estamos ante una guerra que es la continuación de la política por otros medios? ¿Al combatir el narcotráfico se persiguen también objetivos políticos? Sería muy grave que resultara cierta esa tesis, tan frecuentemente esgrimida y que cada día cobra mayor sentido.”
Censura: “No se pueden usar las armas como herramienta política o como prótesis emocional. El riesgo es máximo. Es prudente, urgente e imperativo dar a las Fuerzas Armadas su lugar en el recto orden del Estado, para que puedan seguir contribuyendo a crear un México más seguro, con respeto a la dignidad de las personas y justicia para todos.”
Y advierte: “De cara a 2010, en el que ya muchas voces advierten la amenaza de brotes subversivos, es imperativo contar con Fuerzas Armadas respaldadas por la confianza y la aprobación de la ciudadanía. Sólo así los hombres de armas podrán cumplir cabalmente con su papel constitucional primordial. Si el Ejército no militariza la política, el gobernante no debe politizar a los militares.”
En la entrevista con Proceso, después de que difundió una carta abierta dirigida a Calderón para exigirle que “asuma su responsabilidad de la tragedia en Ciudad Juárez”, Chihuahua, porque “estamos ante una guerra fallida (y) ante un estéril derramamiento de sangre”, Espino afirma que la violación de derechos humanos por parte de elementos del Ejército es “porque los fueron a meter a un terreno que no les es propio”.
Pero además, como ocurre en Juárez, la presencia del Ejército es sólo “escenográfica” porque, en vez de inhibir, ha estimulado las conductas criminales, como la extorsión de la que ya es víctima su propia familia que, el viernes 4, fue amenazada de sufrir secuestro si no cumplía con el pago de 2 mil dólares mensuales.
“La gente lo ve como un desfile. El convoy de vehículos de soldados o de policías federales por las calles principales de la ciudad es un desfile de carros alegóricos. Eso no da un solo resultado. La presencia militar ha sido eso: escenográfica, es parte de la escenografía de Juárez ver patrullas de soldados o policías por aquí y por allá. Desfiles nada más, transitan las calles.”
–Y por las calles transitan, impunes, los criminales…
–Por supuesto.
Tal cual.
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (apro).- El desastre económico y de violencia que atormenta al país, que a menudo trata de encubrirse con escándalos tipo Juanito --cuyo desenlace tiene enfurecida a la derecha que a veces usa ropaje progre--, no es nada que no se haya anticipado desde que Felipe Calderón se “parapetó” en el Ejército para justificar su adulterino triunfo.
Desde antes del 1 de diciembre, cuando Calderón se introdujo por una puerta trasera del Congreso para rendir protesta, gracias a Manlio Fabio Beltrones, aquí se escribió lo que, malamente, se ha cumplido: El desgarriate en todos los órdenes de la vida de la nación, cuya expresión más cruenta es el rotundo fracaso de la “guerra” que declaró --el 11 de diciembre de 2006-- al crimen organizado.
Hay que insistir: Salvo en el reguero de casi 17 mil cadáveres en todo el territorio nacional, en el desempleo de más de 6 millones de mexicanos y en el aumento de impuestos, la gestión de Calderón ha sido yerma y tiende a degradarse hacia una mayor represión selectiva y abierta.
En medio del desangramiento causado por esa “guerra”, que ya no es sólo contra los grupos criminales que no tienen tratos con el gobierno federal o “amarres” con los gobiernos estatales, se han comenzado a manifestar fenómenos de una degeneración que pronto pueden ser incontrolables: La operación de grupos paramilitares que ajustician extrajudicialmente a quien se les ordena.
Y más aún: A las agresiones de los criminales, que mediante la fuerza someten a pueblos y comunidades para que se alisten en el trasiego de droga o, sencillamente, se callen la boca sobre las conductas delincuenciales, se han multiplicado las arbitrariedades de los efectivos del Ejército y de las policías en sus tres niveles.
La “guerra” de Calderón es ya un fracaso completo, como lo documenta el semanario Proceso en su edición que está circulando, en la que se informa de los cruentos combates en extensas comarcas del territorio nacional, en una de cuyas entregas un prominente panista, Manuel Espino, expresidente del PAN, lo dije sin atenuantes.
“Es una estrategia fallida, pero si se sostiene será una estrategia suicida, porque se sabe de antemano que no funciona”, subraya Espino, quien revela que esa “guerra” tiene motivaciones políticas que están resultando muy costosas para el país.
“Es una estrategia que no tiene sustento en una labor de inteligencia y en una evaluación previa de las causas del problema. Más parece una prótesis política que una decisión de Estado.”
--¿Qué quiere decir con esto?
--Que con ello el gobierno se pretende justificar políticamente.
Añade: “Defiende a ultranza una estrategia que más bien parece justificación política, más bien parece tener orientación política-social y más bien parece ser el capricho del que gobierna, que la decisión de un estadista.”
En la entrevista Espino explica que el uso del Ejército Mexicano en la “guerra” contra el crimen organizado, que no les es propia, no sólo ha generado quejas --“reales y supuestas”-- de violaciones a los derechos humanos, sino que ha sometido “a un severo desgaste” a la institución.
Parafraseando al general prusiano Carl von Clausewitz, un clásico de la estrategia militar, expone: “¿Estamos ante una guerra que es la continuación de la política por otros medios? ¿Al combatir el narcotráfico se persiguen también objetivos políticos? Sería muy grave que resultara cierta esa tesis, tan frecuentemente esgrimida y que cada día cobra mayor sentido.”
Censura: “No se pueden usar las armas como herramienta política o como prótesis emocional. El riesgo es máximo. Es prudente, urgente e imperativo dar a las Fuerzas Armadas su lugar en el recto orden del Estado, para que puedan seguir contribuyendo a crear un México más seguro, con respeto a la dignidad de las personas y justicia para todos.”
Y advierte: “De cara a 2010, en el que ya muchas voces advierten la amenaza de brotes subversivos, es imperativo contar con Fuerzas Armadas respaldadas por la confianza y la aprobación de la ciudadanía. Sólo así los hombres de armas podrán cumplir cabalmente con su papel constitucional primordial. Si el Ejército no militariza la política, el gobernante no debe politizar a los militares.”
En la entrevista con Proceso, después de que difundió una carta abierta dirigida a Calderón para exigirle que “asuma su responsabilidad de la tragedia en Ciudad Juárez”, Chihuahua, porque “estamos ante una guerra fallida (y) ante un estéril derramamiento de sangre”, Espino afirma que la violación de derechos humanos por parte de elementos del Ejército es “porque los fueron a meter a un terreno que no les es propio”.
Pero además, como ocurre en Juárez, la presencia del Ejército es sólo “escenográfica” porque, en vez de inhibir, ha estimulado las conductas criminales, como la extorsión de la que ya es víctima su propia familia que, el viernes 4, fue amenazada de sufrir secuestro si no cumplía con el pago de 2 mil dólares mensuales.
“La gente lo ve como un desfile. El convoy de vehículos de soldados o de policías federales por las calles principales de la ciudad es un desfile de carros alegóricos. Eso no da un solo resultado. La presencia militar ha sido eso: escenográfica, es parte de la escenografía de Juárez ver patrullas de soldados o policías por aquí y por allá. Desfiles nada más, transitan las calles.”
–Y por las calles transitan, impunes, los criminales…
–Por supuesto.
Tal cual.
