FUNDAMENTALISMO INTOLERANTE
29 dic 2009
Carta a Monseñor
PEDRO MIGUEL
Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera:
Usted y la mayor parte del alto clero están molestos por las reformas al Código Civil aprobadas en el Distrito Federal el 21 de diciembre, en virtud de las cuales dos personas del mismo sexo podrán unirse en matrimonio y gozar, en su condición de casados, de plena igualdad con las parejas heterosexuales constituidas ante el Registro Civil, incluido el ejercicio del derecho a la adopción de menores.
Comparto, en alguna medida, el malestar de ustedes: el matrimonio en general me parece una fórmula caduca, restrictiva y generadora de problemas en las relaciones amorosas. Encuentro, además, que la inclusión de una autoridad (sea juez o cura) en un ámbito tan íntimo como el del vínculo afectivo y erótico entre dos personas, así sea en calidad de testigo o garante, es un despropósito. Por ello, pongo distancia ante cualquier forma de promoción del matrimonio, independientemente de la raza, religión, nacionalidad, cultura, condición social, identidad de género y preferencias sexuales de los contrayentes.
Pero la vigencia y la defensa de los principios universales de la libertad y la igualdad me parecen mucho más importantes que la consideración anterior, personal y reconocidamente subjetiva, y no veo una razón por la cual el vínculo conyugal formal debiera prohibirse a gays, a lesbianas y a transexuales.
Estoy al tanto de las posturas eclesiales –formuladas por algunos padres de la iglesia, y consolidadas a lo largo de muchas centurias, hasta convertirlas en lo que el cardenal Lozano Barragán llama palabra de Dios– que pretenden reducir a los homosexuales a la condición de personas de segunda clase, a las cuales ha de privárseles de algunos derechos de los que gozan los heterosexuales. ¿Por qué? Porque, han sostenido ustedes, el amor erótico entre hombres y entre mujeres es contra natura (eso mismo me dijo un ilustre dignatario iraní al que conocí hace poco) y pone en riesgo a la sociedad en la medida en que se desentiende de la función reproductiva. Y si uno les replica que no es antinatural, y que están científicamente documentadas las prácticas homosexuales corrientes en centenares de especies de invertebrados, vertebrados y mamíferos superiores (véase, por ejemplo, Bagemihl, Bruce: Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, St. Martin’s Press, 1999), ustedes responden: ¡Ah, animalidad pura!
Qué desacuerdo, Su Eminencia. A mi juicio, un verdadero peligro para la sociedad no es el coito entre dos hombres o entre dos mujeres, sino el ayuntamiento entre el poder religioso y el secular, porque bajo ese maridaje han florecido métodos de lucha contra lo que el Santo Oficio llamaba el pecado nefando de sodomía tales como la hoguera, la castración en acto público, la confiscación de bienes, el calabozo y los azotes. En apenas cuatro siglos, la Iglesia se ha modernizado (lo admito sin cortapisas) y ha pasado de las parrilladas inquisitoriales (en tiempos más recientes, el reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, prescribía la matanza sistemática de homosexuales porque éstos, decía pueden aniquilar a Alemania) a la simple discriminación social y jurídica, pregonada por usted (La Jornada, 22/12/2009 y 28/12/09), y a la segregación celestial que estipuló Lozano Barragán (La Jornada, 3/12/2009). Toda atenuación de sadismos históricos ha de ser recibida con alivio y aplaudo, por mi parte, el patente esfuerzo de moderación.
Por lo que hace a las adopciones, Monseñor, me complace anunciarle una buena nueva: dicen los especialistas Maribel Nájera, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y Adrián Aldrete Quiñones, del Instituto de la Familia, que los niños adoptados por una pareja homosexual tiene las mismas probabilidades de verse afectados en su desarrollo integral que los menores que crecen en hogares formados por personas de sexos diferentes (Reforma, 27/12/2009). Más: “La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que agrupa a más de 50 asociaciones de educación, investigación y terapia sexual, afirmó que ‘ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad, determinan la orientación sexual de los hijos, de acuerdo con numerosas investigaciones científicas internacionales según las cuales los hijos con padres o madres del mismo sexo no tienen por esta situación un desarrollo sicosexual negativo ni sufren daños a la salud mental’” (íbid).
El peligro de que un niño o una niña experimenten agresión sexual está en todas partes: en Internet, claro, y también, acaso, en un hogar formado por dos gays o por dos lesbianas; pero esa clase de violencia la hemos visto, desde siempre, en dominios de los poderosos económicos y políticos (recuerde Ud. la red de pederastas, formada por empresarios y funcionarios, evidenciada por Lydia Cacho), en familias ortodoxas y convencionales, en escuelas públicas o privadas y también, desde luego, en casas parroquiales, nunciaturas, seminarios y conventos.
Razonemos, señor Cardenal: no hay agresión ni barbarie que broten del amor, ya sea en su vertiente mística (agape), en su manifestación familiar y de compañerismo (storge) o en su expresión erótica; la violencia y el abuso sexual, derivan, en cambio, del ejercicio indebido de un poder (el del padre, el del cónyuge, el del maestro, el del guía espiritual, el del patrón...) sobre una persona vulnerable. Permítase, pues, que las familias se formen como puedan y por los caminos que sus integrantes decidan, sin exclusiones ni discriminaciones, y establézcase un compromiso verdadero contra las agresiones sexuales a menores, ocurran en donde ocurran, y sea cual sea la condición social, económica o religiosa de los agresores.
Le expreso, por último, buenos deseos para el año que comienza.
PEDRO MIGUEL
Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera:
Usted y la mayor parte del alto clero están molestos por las reformas al Código Civil aprobadas en el Distrito Federal el 21 de diciembre, en virtud de las cuales dos personas del mismo sexo podrán unirse en matrimonio y gozar, en su condición de casados, de plena igualdad con las parejas heterosexuales constituidas ante el Registro Civil, incluido el ejercicio del derecho a la adopción de menores.
Comparto, en alguna medida, el malestar de ustedes: el matrimonio en general me parece una fórmula caduca, restrictiva y generadora de problemas en las relaciones amorosas. Encuentro, además, que la inclusión de una autoridad (sea juez o cura) en un ámbito tan íntimo como el del vínculo afectivo y erótico entre dos personas, así sea en calidad de testigo o garante, es un despropósito. Por ello, pongo distancia ante cualquier forma de promoción del matrimonio, independientemente de la raza, religión, nacionalidad, cultura, condición social, identidad de género y preferencias sexuales de los contrayentes.
Pero la vigencia y la defensa de los principios universales de la libertad y la igualdad me parecen mucho más importantes que la consideración anterior, personal y reconocidamente subjetiva, y no veo una razón por la cual el vínculo conyugal formal debiera prohibirse a gays, a lesbianas y a transexuales.
Estoy al tanto de las posturas eclesiales –formuladas por algunos padres de la iglesia, y consolidadas a lo largo de muchas centurias, hasta convertirlas en lo que el cardenal Lozano Barragán llama palabra de Dios– que pretenden reducir a los homosexuales a la condición de personas de segunda clase, a las cuales ha de privárseles de algunos derechos de los que gozan los heterosexuales. ¿Por qué? Porque, han sostenido ustedes, el amor erótico entre hombres y entre mujeres es contra natura (eso mismo me dijo un ilustre dignatario iraní al que conocí hace poco) y pone en riesgo a la sociedad en la medida en que se desentiende de la función reproductiva. Y si uno les replica que no es antinatural, y que están científicamente documentadas las prácticas homosexuales corrientes en centenares de especies de invertebrados, vertebrados y mamíferos superiores (véase, por ejemplo, Bagemihl, Bruce: Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, St. Martin’s Press, 1999), ustedes responden: ¡Ah, animalidad pura!
Qué desacuerdo, Su Eminencia. A mi juicio, un verdadero peligro para la sociedad no es el coito entre dos hombres o entre dos mujeres, sino el ayuntamiento entre el poder religioso y el secular, porque bajo ese maridaje han florecido métodos de lucha contra lo que el Santo Oficio llamaba el pecado nefando de sodomía tales como la hoguera, la castración en acto público, la confiscación de bienes, el calabozo y los azotes. En apenas cuatro siglos, la Iglesia se ha modernizado (lo admito sin cortapisas) y ha pasado de las parrilladas inquisitoriales (en tiempos más recientes, el reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, prescribía la matanza sistemática de homosexuales porque éstos, decía pueden aniquilar a Alemania) a la simple discriminación social y jurídica, pregonada por usted (La Jornada, 22/12/2009 y 28/12/09), y a la segregación celestial que estipuló Lozano Barragán (La Jornada, 3/12/2009). Toda atenuación de sadismos históricos ha de ser recibida con alivio y aplaudo, por mi parte, el patente esfuerzo de moderación.
Por lo que hace a las adopciones, Monseñor, me complace anunciarle una buena nueva: dicen los especialistas Maribel Nájera, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y Adrián Aldrete Quiñones, del Instituto de la Familia, que los niños adoptados por una pareja homosexual tiene las mismas probabilidades de verse afectados en su desarrollo integral que los menores que crecen en hogares formados por personas de sexos diferentes (Reforma, 27/12/2009). Más: “La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que agrupa a más de 50 asociaciones de educación, investigación y terapia sexual, afirmó que ‘ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad, determinan la orientación sexual de los hijos, de acuerdo con numerosas investigaciones científicas internacionales según las cuales los hijos con padres o madres del mismo sexo no tienen por esta situación un desarrollo sicosexual negativo ni sufren daños a la salud mental’” (íbid).
El peligro de que un niño o una niña experimenten agresión sexual está en todas partes: en Internet, claro, y también, acaso, en un hogar formado por dos gays o por dos lesbianas; pero esa clase de violencia la hemos visto, desde siempre, en dominios de los poderosos económicos y políticos (recuerde Ud. la red de pederastas, formada por empresarios y funcionarios, evidenciada por Lydia Cacho), en familias ortodoxas y convencionales, en escuelas públicas o privadas y también, desde luego, en casas parroquiales, nunciaturas, seminarios y conventos.
Razonemos, señor Cardenal: no hay agresión ni barbarie que broten del amor, ya sea en su vertiente mística (agape), en su manifestación familiar y de compañerismo (storge) o en su expresión erótica; la violencia y el abuso sexual, derivan, en cambio, del ejercicio indebido de un poder (el del padre, el del cónyuge, el del maestro, el del guía espiritual, el del patrón...) sobre una persona vulnerable. Permítase, pues, que las familias se formen como puedan y por los caminos que sus integrantes decidan, sin exclusiones ni discriminaciones, y establézcase un compromiso verdadero contra las agresiones sexuales a menores, ocurran en donde ocurran, y sea cual sea la condición social, económica o religiosa de los agresores.
Le expreso, por último, buenos deseos para el año que comienza.
De arrogancias y aberraciones
JOSÉ BLANCO
Las iglesias andan trepando el cerro de la arrogancia desde que la ignorancia y el oportunismo político de los congresos estatales les han dado los aparejos necesarios. Desde ese pedestal aberrante hablan hoy sobre las decisiones de la ALDF que buscan corregir una de tantas discriminaciones que pueblan la república.
El prelado Norberto Rivera fue como siempre profuso en descalificativos cuando siente que son atacados sus anacrónicos dogmas: ruina, soberbia, perversidad, aberración, fueron algunos de los que espetó para referirse a las reformas legales sobre el matrimonio, con adopción, de los homosexuales. Algo semejante dijo el obispo de la farándula Onésimo Cepeda, aunque ignoro si fue en una fiesta de sociales, en una parranda, en una corrida taurina, o jugando al golf, deporte que, seguramente, practican sus fieles de Ecatepec.
No sólo en México las iglesias andan con esas aberraciones. El cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles dijo en una entrevista a TV3 que obedecer antes la ley que a la conciencia lleva a Auschwitz. Y agregó, con toda la ignorancia y la desmesurada proclividad por la discriminación propia del ethos religioso: Porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenía que obedecer primero las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia. Vaya intento de tomadura de pelo la del cardenal catalán: debemos creer que sus dotes divinas le permitieron ver –aún post mortem– el estado de las conciencias de cada uno de los miles de militares alemanes que asesinaron judíos. O bien nos los pinta como ejemplares ciudadanos que obedecen la ley más allá de su conciencia.
No sabe el cardenal que el Estado nazi no era un estado de derecho, por cuanto había alemanes judíos, que no tenían derechos, frente a los alemanes no judíos. En un estado brutalmente inicuo como ese, por supuesto, cabría la objeción de conciencia frente a la ley, aunque el riesgo habría sido mortal. Un estado de derecho, para serlo, entre otras cosas tiene que eliminar toda forma de discriminación, y la de los judíos era una discriminación extrema.
En sociedades simples, inscritas en un estado de derecho, es posible que, para determinadas circunstancias, quepa la objeción de conciencia. Puede así establecerse la excepción. Pero para las sociedades que han devenido complejas, heterogéneas, plurales, eso no basta porque lo regular, sociológicamente hablando, es la mezcla viva y contemporánea de los distintos. La ley tiene que reconocerlo so pena de caer en formas diversas de inadmisible discriminación, como las que se viven en México.
Es claro que el mexicano es un Estado al que le faltan numerosas reformas –especialmente en el tema de la discriminación–, para ser un estado de derecho. Para nadie es un secreto que en México existen formas diversas de ese horror inadmisible que es la discriminación: contra las mujeres, contra los indígenas, contra formas de relación no heterosexual, contra quienes padecen algún tipo de incapacidad.
Las reformas aprobadas por la ALDF son un breve paso más hacia el estado de derecho sensu stricto, pero por lo visto las iglesias no pueden abandonar su índole discriminante y autoritaria. Son ciegas al mundo existente; sólo saben expedir licencias de validez celestial a quienes siguen sus arcaicos delirios morales sobre un decrépito deber ser, pero... el Estado laico está para impedir que nadie imponga su visión del mundo al conjunto de la sociedad. El Estado somos todos, y esos todos somos muy diversos.
Lean Onésimo y Norberto las tesis del ultracatólico filósofo italiano Rocco Buttiglione, nominado en 2004 a la cartera de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea. Sometido a examen por los eurodiputados de cara a ese nombramiento, mantuvo esta postura: la homosexualidad, dijo, es un pecado índice de desorden moral; argumentó recordando la diferencia establecida por Kant entre moralidad y ley. Muchas cosas pueden considerarse inmorales que no pueden prohibirse, dijo. Yo puedo pensar que la homosexualidad es un pecado, pero eso no tiene una repercusión sobre la política. De la misma forma que pueden pensar que soy un pecador pero no tiene ninguna consecuencia; y declaró categóricamente: somos una comunidad de ciudadanos en la que podemos tener opiniones distintas. El Estado no tiene ningún derecho de meterse en estos temas y nadie tiene que ser discriminado, como se recoge en el Tratado y en la Constitución europea.
Los curas Onésimo y Norberto pueden pensar y expresar lo que quieran, pero es su obligación, como la de cualquier ciudadano, someterse a la disposición de la ley.
Una enumeración rápida incluiría: la familia nuclear (una madre, un padre y unos hijos); la familia extensa; la familia estable, con o sin hijos, y sin matrimonio; la monoparental (en algunos casos resultado de hijos procreados por curas); la integrada por personas del mismo sexo; las familias alternativas colectivas que conviven bajo el mismo techo. Agregue usted que las tecnologías médicas actuales permiten arreglos para la procreación que dan lugar a numerosos tipos de familia y de parentescos distintos al de la familia nuclear.
Son, los anteriores, conceptos sociológicos referidos a otras tantas realidades. Toca al legislador entender esas realidades y legislar en consecuencia. Pero estos curas tienen la lunática creencia de que sus anacronismos morales deben convertirse en la ley.
Todos los ciudadanos deben tener el derecho a formar el tipo de familia que prefieran.
JOSÉ BLANCO
Las iglesias andan trepando el cerro de la arrogancia desde que la ignorancia y el oportunismo político de los congresos estatales les han dado los aparejos necesarios. Desde ese pedestal aberrante hablan hoy sobre las decisiones de la ALDF que buscan corregir una de tantas discriminaciones que pueblan la república.
El prelado Norberto Rivera fue como siempre profuso en descalificativos cuando siente que son atacados sus anacrónicos dogmas: ruina, soberbia, perversidad, aberración, fueron algunos de los que espetó para referirse a las reformas legales sobre el matrimonio, con adopción, de los homosexuales. Algo semejante dijo el obispo de la farándula Onésimo Cepeda, aunque ignoro si fue en una fiesta de sociales, en una parranda, en una corrida taurina, o jugando al golf, deporte que, seguramente, practican sus fieles de Ecatepec.
No sólo en México las iglesias andan con esas aberraciones. El cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles dijo en una entrevista a TV3 que obedecer antes la ley que a la conciencia lleva a Auschwitz. Y agregó, con toda la ignorancia y la desmesurada proclividad por la discriminación propia del ethos religioso: Porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenía que obedecer primero las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia. Vaya intento de tomadura de pelo la del cardenal catalán: debemos creer que sus dotes divinas le permitieron ver –aún post mortem– el estado de las conciencias de cada uno de los miles de militares alemanes que asesinaron judíos. O bien nos los pinta como ejemplares ciudadanos que obedecen la ley más allá de su conciencia.
No sabe el cardenal que el Estado nazi no era un estado de derecho, por cuanto había alemanes judíos, que no tenían derechos, frente a los alemanes no judíos. En un estado brutalmente inicuo como ese, por supuesto, cabría la objeción de conciencia frente a la ley, aunque el riesgo habría sido mortal. Un estado de derecho, para serlo, entre otras cosas tiene que eliminar toda forma de discriminación, y la de los judíos era una discriminación extrema.
En sociedades simples, inscritas en un estado de derecho, es posible que, para determinadas circunstancias, quepa la objeción de conciencia. Puede así establecerse la excepción. Pero para las sociedades que han devenido complejas, heterogéneas, plurales, eso no basta porque lo regular, sociológicamente hablando, es la mezcla viva y contemporánea de los distintos. La ley tiene que reconocerlo so pena de caer en formas diversas de inadmisible discriminación, como las que se viven en México.
Es claro que el mexicano es un Estado al que le faltan numerosas reformas –especialmente en el tema de la discriminación–, para ser un estado de derecho. Para nadie es un secreto que en México existen formas diversas de ese horror inadmisible que es la discriminación: contra las mujeres, contra los indígenas, contra formas de relación no heterosexual, contra quienes padecen algún tipo de incapacidad.
Las reformas aprobadas por la ALDF son un breve paso más hacia el estado de derecho sensu stricto, pero por lo visto las iglesias no pueden abandonar su índole discriminante y autoritaria. Son ciegas al mundo existente; sólo saben expedir licencias de validez celestial a quienes siguen sus arcaicos delirios morales sobre un decrépito deber ser, pero... el Estado laico está para impedir que nadie imponga su visión del mundo al conjunto de la sociedad. El Estado somos todos, y esos todos somos muy diversos.
Lean Onésimo y Norberto las tesis del ultracatólico filósofo italiano Rocco Buttiglione, nominado en 2004 a la cartera de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea. Sometido a examen por los eurodiputados de cara a ese nombramiento, mantuvo esta postura: la homosexualidad, dijo, es un pecado índice de desorden moral; argumentó recordando la diferencia establecida por Kant entre moralidad y ley. Muchas cosas pueden considerarse inmorales que no pueden prohibirse, dijo. Yo puedo pensar que la homosexualidad es un pecado, pero eso no tiene una repercusión sobre la política. De la misma forma que pueden pensar que soy un pecador pero no tiene ninguna consecuencia; y declaró categóricamente: somos una comunidad de ciudadanos en la que podemos tener opiniones distintas. El Estado no tiene ningún derecho de meterse en estos temas y nadie tiene que ser discriminado, como se recoge en el Tratado y en la Constitución europea.
Los curas Onésimo y Norberto pueden pensar y expresar lo que quieran, pero es su obligación, como la de cualquier ciudadano, someterse a la disposición de la ley.
Una enumeración rápida incluiría: la familia nuclear (una madre, un padre y unos hijos); la familia extensa; la familia estable, con o sin hijos, y sin matrimonio; la monoparental (en algunos casos resultado de hijos procreados por curas); la integrada por personas del mismo sexo; las familias alternativas colectivas que conviven bajo el mismo techo. Agregue usted que las tecnologías médicas actuales permiten arreglos para la procreación que dan lugar a numerosos tipos de familia y de parentescos distintos al de la familia nuclear.
Son, los anteriores, conceptos sociológicos referidos a otras tantas realidades. Toca al legislador entender esas realidades y legislar en consecuencia. Pero estos curas tienen la lunática creencia de que sus anacronismos morales deben convertirse en la ley.
Todos los ciudadanos deben tener el derecho a formar el tipo de familia que prefieran.
Caso Beltrán Leyva: antiética de Estado
Ernesto Villanueva
La sistemática violación del estado de derecho por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley tiene como su más reciente ejemplo a Arturo Beltrán Leyva, quien fue muerto por elementos de la Secretaría de Marina al “oponer resistencia”, según los dichos de las propias autoridades. Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con la lucha institucional contra el crimen organizado y en particular contra el narcotráfico. No obstante, los encargados de esta tarea tienen el deber constitucional y legal de cumplirla conforme a las reglas escritas para tal efecto. Si no fuera así, no habría diferencia alguna entre los cárteles y los servicios de seguridad pública y de procuración de justicia. En el caso de Beltrán Leyva se han violentado claramente sus derechos fundamentales a la vida privada y a la propia imagen. Veamos.
Primero. Toda persona tiene derecho a su vida privada; es decir, la prerrogativa a mantener un ámbito territorial fuera del conocimiento de los demás. De la misma forma, tiene derecho a su propia imagen, que significa el poder jurídico de reserva frente a la difusión de información gráfica que la hagan reconocible. En realidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la vida privada corren por el mismo sendero y constituyen uno de los denominados derechos de la personalidad que se basan en la dignidad de la persona. En un estado de derecho, las autoridades tienen el deber de imponer cuantas medidas sean necesarias para la adecuada tutela de los derechos de referencia. Al proteger los derechos de la personalidad, el Estado protege los derechos de la libertad humana.
Segundo. Es verdad que el derecho a la vida privada y el derecho a la propia imagen no son absolutos; reclaman una armonización con otros derechos. Pero no encuentro en este caso justificación alguna para lo que se ha hecho. En efecto, tras la muerte de Beltrán Leyva las autoridades divulgaron en los medios fotografías del presunto delincuente muerto en varias posiciones. Una en particular fue objeto de amplia polémica, la que presenta al aparente jefe del cártel sinaloense con trusa y billetes que las autoridades pusieron a lo largo de su cuerpo boca arriba. Salvo prueba en contrario, se trata de una fotografía de una escena manipulada, habida cuenta que resulta inverosímil que Beltrán Leyva haya muerto en esa posición. Está por demás decir que fue ignorada la garantía de que el titular del derecho o sus familiares pueden determinar qué imagen o rasgos fotográficos pueden hacerse públicos. Se violentó su derecho a la propia imagen porque se divulgaron sus rasgos identificables y se lesionó al mismo tiempo su derecho a la vida privada porque hubo intrusión, a través de las fotografías, en el núcleo básico de este derecho, la intimidad. No sólo fue un acto de rudeza innecesaria, sino un ejercicio abusivo de autoridad en donde el Estado no sólo no hace respetar el derecho de los gobernados, sino que es el primero en violarlos.
Tercero. La muerte está relacionada con el derecho a la vida privada y a la propia imagen. Para poder privar a Beltrán Leyva y a sus familiares de los derechos a la vida privada y a la propia imagen debieron concurrir los siguientes supuestos: a) estar establecido en la ley; b) perseguir un fin legítimo; c) que lo hiciera una autoridad competente, y d) que fuera un acto debidamente fundado y motivado. Es evidente que ninguno de los supuestos anteriores se cumplió. No faltará quien afirme que se trata de un presunto delincuente, a quien se atribuye la autoría material o intelectual de varios delitos. Incluso en ese supuesto, la autoridad no debe replicar las formas y modos de actuar de quien pervive al margen de la ley.
Cuarto. El presidente de la República, Felipe Calderón, es responsable en última instancia de hacer cumplir el estado de derecho en tanto da vida al Poder Ejecutivo; es decir, es el encargado de ejecutar la ley, de hacerla cumplir. Esta afectación de derechos fundamentales sólo pudo consumarse por órdenes del presidente o con su anuencia en tanto jefe supremo de las fuerzas armadas. ¿Alguien podría creer que los marinos o militares se mandan solos? Por el contrario, las ocurrencias personales del presidente por desdeñar la ley están teniendo efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado y su especie el narcotráfico. En esa lógica parece inscribirse el homicidio de varios familiares de uno de los miembros de la Armada de México que participó en la muerte de Beltrán Leyva. El mensaje de esos homicidios lamentables lesiona la moral de las fuerzas armadas y pone de relieve que no es lo mismo llamar “cobardes” a los delincuentes (Felipe Calderón) o advertirles “los estamos esperando” (Fernando Gómez Mont), al amparo de una amplísima escolta de seguridad, que actuar en las fuerzas armadas con magros sueldos, sin ninguna protección y donde la cabeza de marinos, militares y agentes policiacos pueden tener precio debido a la endémica corrupción del sistema; con consecuencias fatales y, como siempre, en perjuicio de los más débiles. Lo cierto es que lo que ha ganado el pueblo de México con Felipe Calderón es que se ha ido perdiendo la libertad y la seguridad con prisas y sin pausas en partes cada vez más vastas del territorio nacional. Esa actitud conduce al autoritarismo en perjuicio de todos.
Ernesto Villanueva
La sistemática violación del estado de derecho por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley tiene como su más reciente ejemplo a Arturo Beltrán Leyva, quien fue muerto por elementos de la Secretaría de Marina al “oponer resistencia”, según los dichos de las propias autoridades. Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con la lucha institucional contra el crimen organizado y en particular contra el narcotráfico. No obstante, los encargados de esta tarea tienen el deber constitucional y legal de cumplirla conforme a las reglas escritas para tal efecto. Si no fuera así, no habría diferencia alguna entre los cárteles y los servicios de seguridad pública y de procuración de justicia. En el caso de Beltrán Leyva se han violentado claramente sus derechos fundamentales a la vida privada y a la propia imagen. Veamos.
Primero. Toda persona tiene derecho a su vida privada; es decir, la prerrogativa a mantener un ámbito territorial fuera del conocimiento de los demás. De la misma forma, tiene derecho a su propia imagen, que significa el poder jurídico de reserva frente a la difusión de información gráfica que la hagan reconocible. En realidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la vida privada corren por el mismo sendero y constituyen uno de los denominados derechos de la personalidad que se basan en la dignidad de la persona. En un estado de derecho, las autoridades tienen el deber de imponer cuantas medidas sean necesarias para la adecuada tutela de los derechos de referencia. Al proteger los derechos de la personalidad, el Estado protege los derechos de la libertad humana.
Segundo. Es verdad que el derecho a la vida privada y el derecho a la propia imagen no son absolutos; reclaman una armonización con otros derechos. Pero no encuentro en este caso justificación alguna para lo que se ha hecho. En efecto, tras la muerte de Beltrán Leyva las autoridades divulgaron en los medios fotografías del presunto delincuente muerto en varias posiciones. Una en particular fue objeto de amplia polémica, la que presenta al aparente jefe del cártel sinaloense con trusa y billetes que las autoridades pusieron a lo largo de su cuerpo boca arriba. Salvo prueba en contrario, se trata de una fotografía de una escena manipulada, habida cuenta que resulta inverosímil que Beltrán Leyva haya muerto en esa posición. Está por demás decir que fue ignorada la garantía de que el titular del derecho o sus familiares pueden determinar qué imagen o rasgos fotográficos pueden hacerse públicos. Se violentó su derecho a la propia imagen porque se divulgaron sus rasgos identificables y se lesionó al mismo tiempo su derecho a la vida privada porque hubo intrusión, a través de las fotografías, en el núcleo básico de este derecho, la intimidad. No sólo fue un acto de rudeza innecesaria, sino un ejercicio abusivo de autoridad en donde el Estado no sólo no hace respetar el derecho de los gobernados, sino que es el primero en violarlos.
Tercero. La muerte está relacionada con el derecho a la vida privada y a la propia imagen. Para poder privar a Beltrán Leyva y a sus familiares de los derechos a la vida privada y a la propia imagen debieron concurrir los siguientes supuestos: a) estar establecido en la ley; b) perseguir un fin legítimo; c) que lo hiciera una autoridad competente, y d) que fuera un acto debidamente fundado y motivado. Es evidente que ninguno de los supuestos anteriores se cumplió. No faltará quien afirme que se trata de un presunto delincuente, a quien se atribuye la autoría material o intelectual de varios delitos. Incluso en ese supuesto, la autoridad no debe replicar las formas y modos de actuar de quien pervive al margen de la ley.
Cuarto. El presidente de la República, Felipe Calderón, es responsable en última instancia de hacer cumplir el estado de derecho en tanto da vida al Poder Ejecutivo; es decir, es el encargado de ejecutar la ley, de hacerla cumplir. Esta afectación de derechos fundamentales sólo pudo consumarse por órdenes del presidente o con su anuencia en tanto jefe supremo de las fuerzas armadas. ¿Alguien podría creer que los marinos o militares se mandan solos? Por el contrario, las ocurrencias personales del presidente por desdeñar la ley están teniendo efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado y su especie el narcotráfico. En esa lógica parece inscribirse el homicidio de varios familiares de uno de los miembros de la Armada de México que participó en la muerte de Beltrán Leyva. El mensaje de esos homicidios lamentables lesiona la moral de las fuerzas armadas y pone de relieve que no es lo mismo llamar “cobardes” a los delincuentes (Felipe Calderón) o advertirles “los estamos esperando” (Fernando Gómez Mont), al amparo de una amplísima escolta de seguridad, que actuar en las fuerzas armadas con magros sueldos, sin ninguna protección y donde la cabeza de marinos, militares y agentes policiacos pueden tener precio debido a la endémica corrupción del sistema; con consecuencias fatales y, como siempre, en perjuicio de los más débiles. Lo cierto es que lo que ha ganado el pueblo de México con Felipe Calderón es que se ha ido perdiendo la libertad y la seguridad con prisas y sin pausas en partes cada vez más vastas del territorio nacional. Esa actitud conduce al autoritarismo en perjuicio de todos.
