LA PRESIÓN MEDIEVAL
31 dic 2009
Intolerancia y reformas
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
Resulta imposible no advertir el doble lenguaje, incluso la doble moral que se manifiesta en nuestra sociedad al juzgar determinados hechos. Por ejemplo: la aprobación de la ley que autoriza en el Distrito Federal el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo.
Lejos de admitir que se trata de un asunto de la competencia del Estado, las iglesias y, muy especialmente, la jerarquía católica capitaneada por el cardenal Norberto Rivera se han lanzado a una campaña que, en rigor, niega a la Asamblea Legislativa (y por extensión al Poder Legislativo en su conjunto) la posibilidad siquiera de promulgar normas civiles que afecten las concepciones eclesiásticas sobre la familia, la moral, las costumbres.
Igual que hicieron en el caso de la despenalización del aborto, ahora intentan imponer –como han pretendido desde siempre– su propia moral a la sociedad, sin reconocer que, mientras no se derrumbe la Constitución de 1917, vivimos en un Estado laico que garantiza la libertad de creencias y deja al individuo, al ciudadano, la capacidad de elegir en materia religiosa sin interferencias de nadie más. Ni más ni menos.
Esos principios, formulados en el siglo XIX por la generación más brillante de liberales mexicanos, pasaron –con la oposición encendida de los jerarcas impulsados por Roma– a las leyes fundamentales de la República, dictadas como resultado de ese gran movimiento que fue la Revolución Mexicana, cuyo centenario el gobierno, a partir de mañana, se apresta a conmemorar. Ya veremos.
Por lo pronto, la virulencia de las declaraciones de los obispos lanzadas a diestra y siniestra, atacando y promoviendo el desacato a la norma aprobada, dan cuenta de la fragilidad del estado de derecho que las buenas conciencias invocan cuando se trata de otros y no de ellos mismos. Sin embargo, el asunto es grave, pues estamos al comienzo de la escalada ideológica que a querer o no amenaza con dar el tono al debate público en los próximos tiempos: la jerarquía católica está decidida a jugar en el campo abierto de la política hasta conseguir crear una coalición claramente favorable a sus intereses (que son, por supuesto, los del Vaticano) moviendo las piezas en el tablero, vengan éstas del Revolucionario Institucional o de la derecha convencional agrupada bajo el arco blanquiazul, con la Presidencia a la cabeza.
El mensaje de los obispos, a los que de inmediato se asociaron los panistas, atacando el autoritarismo de la izquierda como a algunos priístas que no temen ser reconocidos como juaristas, es muy claro: se trata de castigar a los que han promovido las iniciativas que intentan salvaguardar el pluralismo, la diversidad de la sociedad, reconociendo los derechos conculcados en virtud de la intolerancia religiosa.
En este orden de cosas, la defensa del Estado laico se impone como prioridad a la hora de la reforma del Estado. La defensa del laicismo pasa a ser una cuestión central para la reforma democrática de las instituciones, la cual no debería limitarse a la miscelánea de temas aventados por el Presidente (enviadas sin tomar en cuenta otras iniciativas pertinentes, como la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México). Esto es importante, pues al parecer lo único que interesa a las fuerzas dominantes es, como en el caso de la Iglesia, asegurar la extensión de sus ya muy amplias esferas de influencia hacia la educación pública o los medios de comunicación.
Esa perspectiva es compatible con el ideal concebido en las elites de avanzar hacia un régimen presidencial bipartidista (consolidado mediante la eventual aprobación de la segunda vuelta, la relección o las candidaturas independientes), capaz de dialogar y entenderse con los poderes fácticos sin el estorbo de una tercera fuerza de izquierda que, bajo determinadas circunstancias, podría disputarle el mando.
De eso se trata, toda vez que el desasosiego por la mediocridad de los gobiernos de la alternacia para generar un orden levemente más justo se ha convertido en un franco malestar ciudadano que, sin embargo, aún no halla las vías para expresarse. Y esta vez no se trata de las ilusiones de un grupo milenarista, pues hay razones muy objetivas para explicarlo.
Los mexicanos de hoy (al menos una parte de ellos) no entienden cómo un país puede ser a la vez justo y desigual, libre y excluyente. Tal vez no logren descifrar, digamos, las cifras de Hacienda, pero saben que la tortilla sube y el desempleo abruma a las familias. Inevitablemente, por la fuerza del contraste, el discurso sobre la recuperación ensayado por el gobierno deviene la confirmación involuntaria de un hecho dramático: a la economía mexicana le sobran, por desgracia, millones de pobres, cuyas esperanzas están depositadas en las ayudas oficiales que no crean nuevas riquezas, pero sirven para reproducir clientelas dóciles, electoralmente manipulables. Los datos recientes sobre el crecimiento de la pobreza son la evidencia trágica de que ese camino, sin un verdadero plan de desarrollo, está agotado.
El gobierno sabe que las instituciones han envejecido, periclitado, no funcionan, pues hace falta una transformación radical para modernizarlas. Pero a la Presidencia, a la Iglesia y los otros grupos de presión les preocupa sobre todo la inestabilidad. Su temor verdadero, visceral, es la revuelta social que tiene como terrible telón de fondo la violencia que campea en virtud de la guerra contra el crimen organizado.
Hay un riesgo real al que los gobernantes no saben cómo enfrentarse. Procuran salvar su imagen (el pellejo) adornando la gestión del gobernante con el halo del reformismo (los decálogos de Calderón, los operativos deslumbrantes, por ejemplo), evitando ir al fondo de las cuestiones que ya están en la agenda, sin ver que ese jugar a medias con el cambio, como probó Fox, es la fuente mayor de conflictividad pues degrada la convivencia, instala el cinismo y favorece al más fuerte.
El año 2010 se inaugura con la promesa oficial de hacer las reformas que sean necesarias para contener la explosividad social, pero una vez más los jefes políticos confunden el gradualismo con las concesiones a los grupos de poder que reclaman seguridades, un régimen presidencial bipartidista, a “la americana” pero aún más cargado a la derecha. Feliz Año Nuevo.
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
Resulta imposible no advertir el doble lenguaje, incluso la doble moral que se manifiesta en nuestra sociedad al juzgar determinados hechos. Por ejemplo: la aprobación de la ley que autoriza en el Distrito Federal el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo.
Lejos de admitir que se trata de un asunto de la competencia del Estado, las iglesias y, muy especialmente, la jerarquía católica capitaneada por el cardenal Norberto Rivera se han lanzado a una campaña que, en rigor, niega a la Asamblea Legislativa (y por extensión al Poder Legislativo en su conjunto) la posibilidad siquiera de promulgar normas civiles que afecten las concepciones eclesiásticas sobre la familia, la moral, las costumbres.
Igual que hicieron en el caso de la despenalización del aborto, ahora intentan imponer –como han pretendido desde siempre– su propia moral a la sociedad, sin reconocer que, mientras no se derrumbe la Constitución de 1917, vivimos en un Estado laico que garantiza la libertad de creencias y deja al individuo, al ciudadano, la capacidad de elegir en materia religiosa sin interferencias de nadie más. Ni más ni menos.
Esos principios, formulados en el siglo XIX por la generación más brillante de liberales mexicanos, pasaron –con la oposición encendida de los jerarcas impulsados por Roma– a las leyes fundamentales de la República, dictadas como resultado de ese gran movimiento que fue la Revolución Mexicana, cuyo centenario el gobierno, a partir de mañana, se apresta a conmemorar. Ya veremos.
Por lo pronto, la virulencia de las declaraciones de los obispos lanzadas a diestra y siniestra, atacando y promoviendo el desacato a la norma aprobada, dan cuenta de la fragilidad del estado de derecho que las buenas conciencias invocan cuando se trata de otros y no de ellos mismos. Sin embargo, el asunto es grave, pues estamos al comienzo de la escalada ideológica que a querer o no amenaza con dar el tono al debate público en los próximos tiempos: la jerarquía católica está decidida a jugar en el campo abierto de la política hasta conseguir crear una coalición claramente favorable a sus intereses (que son, por supuesto, los del Vaticano) moviendo las piezas en el tablero, vengan éstas del Revolucionario Institucional o de la derecha convencional agrupada bajo el arco blanquiazul, con la Presidencia a la cabeza.
El mensaje de los obispos, a los que de inmediato se asociaron los panistas, atacando el autoritarismo de la izquierda como a algunos priístas que no temen ser reconocidos como juaristas, es muy claro: se trata de castigar a los que han promovido las iniciativas que intentan salvaguardar el pluralismo, la diversidad de la sociedad, reconociendo los derechos conculcados en virtud de la intolerancia religiosa.
En este orden de cosas, la defensa del Estado laico se impone como prioridad a la hora de la reforma del Estado. La defensa del laicismo pasa a ser una cuestión central para la reforma democrática de las instituciones, la cual no debería limitarse a la miscelánea de temas aventados por el Presidente (enviadas sin tomar en cuenta otras iniciativas pertinentes, como la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México). Esto es importante, pues al parecer lo único que interesa a las fuerzas dominantes es, como en el caso de la Iglesia, asegurar la extensión de sus ya muy amplias esferas de influencia hacia la educación pública o los medios de comunicación.
Esa perspectiva es compatible con el ideal concebido en las elites de avanzar hacia un régimen presidencial bipartidista (consolidado mediante la eventual aprobación de la segunda vuelta, la relección o las candidaturas independientes), capaz de dialogar y entenderse con los poderes fácticos sin el estorbo de una tercera fuerza de izquierda que, bajo determinadas circunstancias, podría disputarle el mando.
De eso se trata, toda vez que el desasosiego por la mediocridad de los gobiernos de la alternacia para generar un orden levemente más justo se ha convertido en un franco malestar ciudadano que, sin embargo, aún no halla las vías para expresarse. Y esta vez no se trata de las ilusiones de un grupo milenarista, pues hay razones muy objetivas para explicarlo.
Los mexicanos de hoy (al menos una parte de ellos) no entienden cómo un país puede ser a la vez justo y desigual, libre y excluyente. Tal vez no logren descifrar, digamos, las cifras de Hacienda, pero saben que la tortilla sube y el desempleo abruma a las familias. Inevitablemente, por la fuerza del contraste, el discurso sobre la recuperación ensayado por el gobierno deviene la confirmación involuntaria de un hecho dramático: a la economía mexicana le sobran, por desgracia, millones de pobres, cuyas esperanzas están depositadas en las ayudas oficiales que no crean nuevas riquezas, pero sirven para reproducir clientelas dóciles, electoralmente manipulables. Los datos recientes sobre el crecimiento de la pobreza son la evidencia trágica de que ese camino, sin un verdadero plan de desarrollo, está agotado.
El gobierno sabe que las instituciones han envejecido, periclitado, no funcionan, pues hace falta una transformación radical para modernizarlas. Pero a la Presidencia, a la Iglesia y los otros grupos de presión les preocupa sobre todo la inestabilidad. Su temor verdadero, visceral, es la revuelta social que tiene como terrible telón de fondo la violencia que campea en virtud de la guerra contra el crimen organizado.
Hay un riesgo real al que los gobernantes no saben cómo enfrentarse. Procuran salvar su imagen (el pellejo) adornando la gestión del gobernante con el halo del reformismo (los decálogos de Calderón, los operativos deslumbrantes, por ejemplo), evitando ir al fondo de las cuestiones que ya están en la agenda, sin ver que ese jugar a medias con el cambio, como probó Fox, es la fuente mayor de conflictividad pues degrada la convivencia, instala el cinismo y favorece al más fuerte.
El año 2010 se inaugura con la promesa oficial de hacer las reformas que sean necesarias para contener la explosividad social, pero una vez más los jefes políticos confunden el gradualismo con las concesiones a los grupos de poder que reclaman seguridades, un régimen presidencial bipartidista, a “la americana” pero aún más cargado a la derecha. Feliz Año Nuevo.
Los negocios de la cédula de identidad
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Considerada como una de las empresas telefónicas consentidas del gobierno de Felipe Calderón, la compañía Axtel, propiedad de Tomás Milmo Santos, ganó –el pasado lunes 14– la licitación para construir la infraestructura informática que integrará a los 105 millones de mexicanos al Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), mismo que servirá de base para la creación de la cédula de identidad ciudadana, criticada por los partidos de oposición y consejeros del Instituto Federal Electoral.
El contrato por 664.5 millones de pesos que obtuvo Axtel, en sociedad con el consorcio Unisys de México, se suma a una serie de jugosos contratos que ha recibido la compañía del empresario regiomontano, hijo de Tomás Milmo Zambrano y sobrino de Lorenzo Zambrano, el principal accionista de Cementos Mexicanos (Cemex).
Informes bursátiles indican que tan sólo en 2009, Axtel obtuvo contratos por 1 mil 77 millones de pesos en diversos “productos y servicios” ofrecidos al gobierno federal. En plena crisis recesiva, sus ganancias durante el primer semestre de 2009 duplicaron a las registradas en 2008, al ascender a 486 millones de pesos.
El crecimiento de la compañía ha sido espectacular durante el presente sexenio. Al adquirir Avantel, hace dos años, Axtel se convirtió en la segunda compañía de telecomunicaciones, sólo por debajo de Telmex, empresa con la que mantiene una agria disputa por el sistema “el que llama paga”, instaurado por la Cofetel desde 1999.
El 15 de septiembre de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Axtel una concesión por 30 años para instalar, operar y explotar una red de televisión satelital, con lo cual se convirtió en el tercer jugador de este segmento, por debajo del sistema Sky, de Televisa, y Dish, propiedad de MVS en alianza con EchoStar y Telmex.
Informes de consultorías como Signals Telecom, Consulting o Banamex Accival pronostican que Axtel podría asociarse con Sky, de Televisa, o con el holding de empresas cableras conocido como Yoo (formado por Cablevisión, Cablemás y TVI, las tres de Televisa, más Megacable) para ofrecer servicios de telefonía móvil convergente con el triple play.
Ahora, Axtel, asociada con Unysis, superó a otros consorcios que licitaron ante la Secretaría de Gobernación y ganó el contrato para configurar todo el sistema de almacenamiento y adquisición de los datos biométricos de los mexicanos, que incluyen la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas dactilares de ambas manos.
Después de postergar en cuatro ocasiones el resultado del concurso, la Secretaría de Gobernación informó que la oferta de 664 millones 594 mil pesos de Axtel y Unysis fue mejor que la de otros 20 consorcios, entre los que se encontraban Telmex, Dies asociada con Hildebrando, propiedad del cuñado presidencial Diego Zavala, la chilena Sonda Pisa, la india Tata y la japonesa Nec.
Datos personales en riesgo
En un comunicado, Gobernación precisó que “la adjudicación de la infraestructura informática contempla la contratación del equipamiento y mantenimiento del centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos de las personas, que corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris y las huellas de los dedos de ambas manos”.
Ante las dudas expresadas por legisladores del PRI y del PRD, así como por comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por presuntas violaciones a los datos personales y a la privacidad, la dependencia dirigida por Fernando Gómez Mont aclaró que “la empresa ganadora en ningún momento podrá vincular la identidad física de las personas con la identidad jurídica de las mismas, compuesta por los datos asentados en el acta de nacimiento”.
Esta adjudicación incluye la contratación y mantenimiento del equipo del centro de datos de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el almacenamiento y adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos y el resguardo de la misma información por parte de las autoridades federales.
Antes de esta segunda licitación, que forma parte del paquete para la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana, Gobernación adjudicó a la empresa holandesa Smartmatic la adquisición de 2 mil equipos necesarios para la captura de información. Empresas perdedoras en esta primera licitación, como Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawaghi, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública por el resultado.
En el caso de Axtel y Unysis, hasta el momento no se inconformaron las otras compañías perdedoras, pero existen serias dudas, ya que Axtel no tiene experiencia previa en el manejo de este tipo de información y Unisys es un corporativo creado en 1986 en Estados Unidos, que ha sido señalado por la prensa norteamericana por fallas de seguridad en el manejo de datos cibernéticos.
En 2003 y 2004, la compañía fue vinculada con el escándalo del lobbysta Jack Abramoff, acusado por varios delitos relacionados con sus actividades de gestor en el Congreso norteamericano. Unisys le pagó 640 mil dólares por sus servicios.
En 2007, The Washington Post publicó que el FBI investigó a Unisys por incidentes en el manejo de la base de datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La compañía negó las acusaciones.
Unisys Corporation fue identificada como el proveedor oficial de servicios de tecnología de información para la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos, en el que se presentaron oficialmente los entonces candidatos de 2008 a la presidencia y vicepresidencia, John McCain y Sarah Palin.
El litigio con Cofetel y Telmex
Axtel protagoniza desde hace dos años un agrio litigio en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de los demás consorcios telefónicos, especialmente contra Telmex, por el sistema “el que llama paga”.
Axtel ha litigado ante diversos tribunales en contra de la resolución de la Cofetel que en 2006 asignó una tarifa de interconexión de 2.50 para que los usuarios de telefonía celular no pagaran las llamadas que surgieran desde un teléfono fijo.
Este litigio ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, ha colocado en el banquillo de los acusados al presidente de Cofetel, Héctor Osuna, y ha generado un enfrentamiento entre Axtel y Telcel.
La primera compañía alega que el sistema“el que llama paga” es un mecanismo de subsidio para las grandes empresas de telefonía, y reclama de Telcel el pago de 2 mil 300 millones de pesos por tarifas de interconexión que no pagó la empresa sino sus usuarios.
A su vez, el director jurídico de Telcel, Alejandro Cantú, ha revirado señalando que Axtel le debe a su compañía 2 mil 400 millones de pesos, ya que la telefónica de Tomás Milmo sólo paga 50 centavos por minuto por tarifa de interconexión en el sistema “el que llama paga local”, en lugar de la tarifa de 1.90 pesos el minuto.
La disputa está aún en tribunales y ha agudizado las diferencias entre Cofetel y SCT. Un oficio enviado el 29 de octubre pasado por Héctor Osuna al titular de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, advierte que desde el 22 de abril de 2009 la Séptima Sala dejó “insubsistente” la multa decretada en contra del presidente de Cofetel, y niega que exista una violación a la suspensión provisional del sistema “el que llama paga” a favor de Axtel.
Para la Cofetel, el sistema “el que llama paga” permitió que el servicio de telefonía móvil tuviera un impulso significativo, a tal grado que el número de usuarios de servicio pasó de 3.3 millones en diciembre de 1998 a 47.1 millones en 2005.
“Este comportamiento se debió tanto a la introducción de la modalidad ‘El que Llama Paga’ en el servicio local, que le permite al usuario del servicio local móvil recibir llamadas locales sin cargo alguno, como al esquema de prepago, al hacer posible que el servicio local móvil esté al alcance de un sector más amplio de la población”, advierte un análisis de Cofetel entregado a Proceso.
Ante el litigio de Axtel, la Cofetel alega que el esquema conocido como “El que Llama Paga Nacional” para llamadas de larga distancia nacional e internacional, además de ser una alternativa más para el usuario del teléfono móvil, “genera importantes beneficios a los usuarios al incrementar las posibilidades de comunicarse y reforzar el derecho que tiene el usuario que origina la comunicación sobre su decisión para realizar la misma, al ser él quien cuenta con todos los elementos para valorar la conveniencia de la llamada y el costo que le representa su decisión”.
Sin embargo, Axtel ha acusado a la Cofetel de desacato a las órdenes judiciales, y sus representantes jurídicos rechazan que tengan algún adeudo con Telcel.
Conocedores de su bonanza durante el presente sexenio, prevén que Axtel contará con un fuerte apoyo en Los Pinos para continuar su expansión.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Considerada como una de las empresas telefónicas consentidas del gobierno de Felipe Calderón, la compañía Axtel, propiedad de Tomás Milmo Santos, ganó –el pasado lunes 14– la licitación para construir la infraestructura informática que integrará a los 105 millones de mexicanos al Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), mismo que servirá de base para la creación de la cédula de identidad ciudadana, criticada por los partidos de oposición y consejeros del Instituto Federal Electoral.
El contrato por 664.5 millones de pesos que obtuvo Axtel, en sociedad con el consorcio Unisys de México, se suma a una serie de jugosos contratos que ha recibido la compañía del empresario regiomontano, hijo de Tomás Milmo Zambrano y sobrino de Lorenzo Zambrano, el principal accionista de Cementos Mexicanos (Cemex).
Informes bursátiles indican que tan sólo en 2009, Axtel obtuvo contratos por 1 mil 77 millones de pesos en diversos “productos y servicios” ofrecidos al gobierno federal. En plena crisis recesiva, sus ganancias durante el primer semestre de 2009 duplicaron a las registradas en 2008, al ascender a 486 millones de pesos.
El crecimiento de la compañía ha sido espectacular durante el presente sexenio. Al adquirir Avantel, hace dos años, Axtel se convirtió en la segunda compañía de telecomunicaciones, sólo por debajo de Telmex, empresa con la que mantiene una agria disputa por el sistema “el que llama paga”, instaurado por la Cofetel desde 1999.
El 15 de septiembre de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Axtel una concesión por 30 años para instalar, operar y explotar una red de televisión satelital, con lo cual se convirtió en el tercer jugador de este segmento, por debajo del sistema Sky, de Televisa, y Dish, propiedad de MVS en alianza con EchoStar y Telmex.
Informes de consultorías como Signals Telecom, Consulting o Banamex Accival pronostican que Axtel podría asociarse con Sky, de Televisa, o con el holding de empresas cableras conocido como Yoo (formado por Cablevisión, Cablemás y TVI, las tres de Televisa, más Megacable) para ofrecer servicios de telefonía móvil convergente con el triple play.
Ahora, Axtel, asociada con Unysis, superó a otros consorcios que licitaron ante la Secretaría de Gobernación y ganó el contrato para configurar todo el sistema de almacenamiento y adquisición de los datos biométricos de los mexicanos, que incluyen la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas dactilares de ambas manos.
Después de postergar en cuatro ocasiones el resultado del concurso, la Secretaría de Gobernación informó que la oferta de 664 millones 594 mil pesos de Axtel y Unysis fue mejor que la de otros 20 consorcios, entre los que se encontraban Telmex, Dies asociada con Hildebrando, propiedad del cuñado presidencial Diego Zavala, la chilena Sonda Pisa, la india Tata y la japonesa Nec.
Datos personales en riesgo
En un comunicado, Gobernación precisó que “la adjudicación de la infraestructura informática contempla la contratación del equipamiento y mantenimiento del centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos de las personas, que corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris y las huellas de los dedos de ambas manos”.
Ante las dudas expresadas por legisladores del PRI y del PRD, así como por comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por presuntas violaciones a los datos personales y a la privacidad, la dependencia dirigida por Fernando Gómez Mont aclaró que “la empresa ganadora en ningún momento podrá vincular la identidad física de las personas con la identidad jurídica de las mismas, compuesta por los datos asentados en el acta de nacimiento”.
Esta adjudicación incluye la contratación y mantenimiento del equipo del centro de datos de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el almacenamiento y adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos y el resguardo de la misma información por parte de las autoridades federales.
Antes de esta segunda licitación, que forma parte del paquete para la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana, Gobernación adjudicó a la empresa holandesa Smartmatic la adquisición de 2 mil equipos necesarios para la captura de información. Empresas perdedoras en esta primera licitación, como Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawaghi, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública por el resultado.
En el caso de Axtel y Unysis, hasta el momento no se inconformaron las otras compañías perdedoras, pero existen serias dudas, ya que Axtel no tiene experiencia previa en el manejo de este tipo de información y Unisys es un corporativo creado en 1986 en Estados Unidos, que ha sido señalado por la prensa norteamericana por fallas de seguridad en el manejo de datos cibernéticos.
En 2003 y 2004, la compañía fue vinculada con el escándalo del lobbysta Jack Abramoff, acusado por varios delitos relacionados con sus actividades de gestor en el Congreso norteamericano. Unisys le pagó 640 mil dólares por sus servicios.
En 2007, The Washington Post publicó que el FBI investigó a Unisys por incidentes en el manejo de la base de datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La compañía negó las acusaciones.
Unisys Corporation fue identificada como el proveedor oficial de servicios de tecnología de información para la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos, en el que se presentaron oficialmente los entonces candidatos de 2008 a la presidencia y vicepresidencia, John McCain y Sarah Palin.
El litigio con Cofetel y Telmex
Axtel protagoniza desde hace dos años un agrio litigio en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de los demás consorcios telefónicos, especialmente contra Telmex, por el sistema “el que llama paga”.
Axtel ha litigado ante diversos tribunales en contra de la resolución de la Cofetel que en 2006 asignó una tarifa de interconexión de 2.50 para que los usuarios de telefonía celular no pagaran las llamadas que surgieran desde un teléfono fijo.
Este litigio ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, ha colocado en el banquillo de los acusados al presidente de Cofetel, Héctor Osuna, y ha generado un enfrentamiento entre Axtel y Telcel.
La primera compañía alega que el sistema“el que llama paga” es un mecanismo de subsidio para las grandes empresas de telefonía, y reclama de Telcel el pago de 2 mil 300 millones de pesos por tarifas de interconexión que no pagó la empresa sino sus usuarios.
A su vez, el director jurídico de Telcel, Alejandro Cantú, ha revirado señalando que Axtel le debe a su compañía 2 mil 400 millones de pesos, ya que la telefónica de Tomás Milmo sólo paga 50 centavos por minuto por tarifa de interconexión en el sistema “el que llama paga local”, en lugar de la tarifa de 1.90 pesos el minuto.
La disputa está aún en tribunales y ha agudizado las diferencias entre Cofetel y SCT. Un oficio enviado el 29 de octubre pasado por Héctor Osuna al titular de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, advierte que desde el 22 de abril de 2009 la Séptima Sala dejó “insubsistente” la multa decretada en contra del presidente de Cofetel, y niega que exista una violación a la suspensión provisional del sistema “el que llama paga” a favor de Axtel.
Para la Cofetel, el sistema “el que llama paga” permitió que el servicio de telefonía móvil tuviera un impulso significativo, a tal grado que el número de usuarios de servicio pasó de 3.3 millones en diciembre de 1998 a 47.1 millones en 2005.
“Este comportamiento se debió tanto a la introducción de la modalidad ‘El que Llama Paga’ en el servicio local, que le permite al usuario del servicio local móvil recibir llamadas locales sin cargo alguno, como al esquema de prepago, al hacer posible que el servicio local móvil esté al alcance de un sector más amplio de la población”, advierte un análisis de Cofetel entregado a Proceso.
Ante el litigio de Axtel, la Cofetel alega que el esquema conocido como “El que Llama Paga Nacional” para llamadas de larga distancia nacional e internacional, además de ser una alternativa más para el usuario del teléfono móvil, “genera importantes beneficios a los usuarios al incrementar las posibilidades de comunicarse y reforzar el derecho que tiene el usuario que origina la comunicación sobre su decisión para realizar la misma, al ser él quien cuenta con todos los elementos para valorar la conveniencia de la llamada y el costo que le representa su decisión”.
Sin embargo, Axtel ha acusado a la Cofetel de desacato a las órdenes judiciales, y sus representantes jurídicos rechazan que tengan algún adeudo con Telcel.
Conocedores de su bonanza durante el presente sexenio, prevén que Axtel contará con un fuerte apoyo en Los Pinos para continuar su expansión.
Estado y guerra
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ
Ya son más de 16 mil bajas. El sexenio termina su tercer año empapado en sangre por la hipertrofia militar de la guerra al narcotráfico y el crimen organizado y aplicando, en medio de la matanza y la peor crisis económica de los últimos 80 años, el recetario pro cíclico/extractivista del FMI-Banco Mundial-BID: lo último que se hace en estas circunstancias, según un premio Nobel. De ahí el creciente mar de pobreza, desempleados y su ocupados; la ruina del mercado interno y el aparato productivo (¡ya ni la informalidad económica crece!): se ataca con igual saña a la sociedad civil y a la demanda agregada, cortejando más desastres. El país se desestabiliza a ritmo preocupante.
Sin noción de la razón de Estado ni presencia de la gesta de Independencia; del despojo formalizado en 1848; de la centralidad del 27 constitucional; de la nacionalización petrolera y eléctrica; sin piso electoral, Calderón abrazó la Iniciativa Mérida, hija del Plan Colombia.
Por el diseño imperial de guerra al narcotráfico que se centra en la fuerza militar, en la oferta de drogas y desatiende aspectos cruciales de corte fiscal, socioeconómico y de salud y transforma el territorio nacional (y no el de Estados Unidos), en campo de batalla, Calderón abandonó la soberanía nacional afectando la esencia y función del Estado-nación mexicano: esa guerra y su estado de excepción, donde la violación a los derechos humanos y específicamente a las convenciones de Ginebra, con sus ejecuciones extrajudiciales, matanzas y los ataques indiscriminados a la población civil son la norma, es la cubierta bajo la que opera un diseño contrainsurgente, imperial-empresarial de ocupación territorial-jurisdiccional.
Su primera manifestación fue en Colombia (1999), traduciéndose hoy en la entrega de bases y del espacio aéreo, marítimo y terrestre al Pentágono y en la apoplejía constitucional de esa nación: Uribe, al mando del Poder Ejecutivo, en los hechos capitula desnacionalizando el monopolio de la violencia física legítima sobre territorio colombiano, a decir de Max Weber (et. al.), elemento esencial del Estado.
En México, Carlos Pascual, el embajador estadunidense y especialista en estados fallidos, dijo que a partir de 2010 operará una instancia binacional, una suerte de estado mayor de la mencionada guerra para la que Estados Unidos cuenta con mil 400 agentes en territorio nacional. Es la guerra que Calderón adoptó como suya y no es otra cosa que un equivalente, al lado sur de la frontera imperial, del diseño elaborado por el país vecino para el control y usufructo en Colombia, Irak y Afganistán/Pakistán de los recursos naturales bajo jurisdicción ajena a la suya.
La binacionalización del uso de la violencia legítima sobre territorio mexicano se realiza en paralelo a la desnacionalización y extranjerización del estratégico sector petroeléctrico del país en cuya operación diaria se involucra a enormes complejos económico-territoriales que se despliegan por todo el espacio nacional: culmina así el tercer año de un gobierno de cuestionada legitimidad de origen sin que la embajada de Estados Unidos y Los Pinos den a conocer la puesta en marcha de otra instancia binacional en territorio estadunidense para que nuestros oficiales y especialistas les ayuden en esa guerra.
Después de todo, como se reconoce en investigaciones realizadas por el Colegio de Guerra de esa nación, allá está la gran masa de consumidores; ahí se realiza el negocio en grande gracias a su sistema bancario, empresas y nexos oficiales que dan sustento operativo al narcotráfico. Es ahí donde están las fábricas y miles de distribuidoras, a lo largo de la frontera, de las armas de todo calibre que, como río de plomo, transitan a México sin mayor dificultad (como el Colorado sobre el Gran Cañón): son armas imprescindibles para la masacre de mexicanos y mexicanas que abarrotan las morgues del país. ¿O es que sólo Estados Unidos reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima en su territorio?
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ
Ya son más de 16 mil bajas. El sexenio termina su tercer año empapado en sangre por la hipertrofia militar de la guerra al narcotráfico y el crimen organizado y aplicando, en medio de la matanza y la peor crisis económica de los últimos 80 años, el recetario pro cíclico/extractivista del FMI-Banco Mundial-BID: lo último que se hace en estas circunstancias, según un premio Nobel. De ahí el creciente mar de pobreza, desempleados y su ocupados; la ruina del mercado interno y el aparato productivo (¡ya ni la informalidad económica crece!): se ataca con igual saña a la sociedad civil y a la demanda agregada, cortejando más desastres. El país se desestabiliza a ritmo preocupante.
Sin noción de la razón de Estado ni presencia de la gesta de Independencia; del despojo formalizado en 1848; de la centralidad del 27 constitucional; de la nacionalización petrolera y eléctrica; sin piso electoral, Calderón abrazó la Iniciativa Mérida, hija del Plan Colombia.
Por el diseño imperial de guerra al narcotráfico que se centra en la fuerza militar, en la oferta de drogas y desatiende aspectos cruciales de corte fiscal, socioeconómico y de salud y transforma el territorio nacional (y no el de Estados Unidos), en campo de batalla, Calderón abandonó la soberanía nacional afectando la esencia y función del Estado-nación mexicano: esa guerra y su estado de excepción, donde la violación a los derechos humanos y específicamente a las convenciones de Ginebra, con sus ejecuciones extrajudiciales, matanzas y los ataques indiscriminados a la población civil son la norma, es la cubierta bajo la que opera un diseño contrainsurgente, imperial-empresarial de ocupación territorial-jurisdiccional.
Su primera manifestación fue en Colombia (1999), traduciéndose hoy en la entrega de bases y del espacio aéreo, marítimo y terrestre al Pentágono y en la apoplejía constitucional de esa nación: Uribe, al mando del Poder Ejecutivo, en los hechos capitula desnacionalizando el monopolio de la violencia física legítima sobre territorio colombiano, a decir de Max Weber (et. al.), elemento esencial del Estado.
En México, Carlos Pascual, el embajador estadunidense y especialista en estados fallidos, dijo que a partir de 2010 operará una instancia binacional, una suerte de estado mayor de la mencionada guerra para la que Estados Unidos cuenta con mil 400 agentes en territorio nacional. Es la guerra que Calderón adoptó como suya y no es otra cosa que un equivalente, al lado sur de la frontera imperial, del diseño elaborado por el país vecino para el control y usufructo en Colombia, Irak y Afganistán/Pakistán de los recursos naturales bajo jurisdicción ajena a la suya.
La binacionalización del uso de la violencia legítima sobre territorio mexicano se realiza en paralelo a la desnacionalización y extranjerización del estratégico sector petroeléctrico del país en cuya operación diaria se involucra a enormes complejos económico-territoriales que se despliegan por todo el espacio nacional: culmina así el tercer año de un gobierno de cuestionada legitimidad de origen sin que la embajada de Estados Unidos y Los Pinos den a conocer la puesta en marcha de otra instancia binacional en territorio estadunidense para que nuestros oficiales y especialistas les ayuden en esa guerra.
Después de todo, como se reconoce en investigaciones realizadas por el Colegio de Guerra de esa nación, allá está la gran masa de consumidores; ahí se realiza el negocio en grande gracias a su sistema bancario, empresas y nexos oficiales que dan sustento operativo al narcotráfico. Es ahí donde están las fábricas y miles de distribuidoras, a lo largo de la frontera, de las armas de todo calibre que, como río de plomo, transitan a México sin mayor dificultad (como el Colorado sobre el Gran Cañón): son armas imprescindibles para la masacre de mexicanos y mexicanas que abarrotan las morgues del país. ¿O es que sólo Estados Unidos reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima en su territorio?
