SME: AMPAROS Y DESAMPAROS

Miguel Ángel Granados Chapa

El viernes pasado, 11 de diciembre, la jueza Guillermina Coutiño negó al Sindicato Mexicano de Electricistas el amparo que esa organización y 20 mil de sus agremiados solicitaron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el organismo público de que eran contraparte laboral, emitido precisamente dos meses atrás, el 11 de octubre. La noticia desconcertó a quienes supusieron que, habiendo otorgado esa misma juzgadora a los quejosos las suspensiones provisional y definitiva, dictaría sentencia en el mismo sentido favorable a los trabajadores. No tenía por qué ser así, ni tampoco es el final del camino. Compréndase que, si bien no es una aventura jurídica como desdeñosamente llamó el secretario del Trabajo el ejercicio de un legítimo derecho, que pone en valor a las instituciones, el juicio de garantías es un procedimiento que puede concluir en la restitución de derechos vulnerados o en la afirmación de que no hubo tal violación.
No sería extraño comprobar que la jueza Coutiño sufrió presiones o amenazas para emitir su sentencia. Pero técnicamente es posible que haya resuelto conforme a su conciencia y a su formación. Cuando concedió la suspensión provisional lo hizo únicamente con el punto de vista de los quejosos; recabó entonces los informes previos de las autoridades responsables, y a partir de esa información mantuvo su decisión de otorgar la suspensión y la hizo definitiva, es decir, vigente mientras durara el proceso. En este lapso se hizo entregar los informes justificados, documentación más amplia en que las autoridades contra las que se pide amparo exponen los fundamentos de su acción.
Tales informes justificados fueron hechos llegar a la juzgadora con retraso. Ella debió imponer una sanción a quienes así demoraron su participación en el juicio de amparo. Pero, tardíos y todo, en ellos –y en los alegatos que reiteran o amplían las posiciones de las partes– se basó Coutiño para emitir su sentencia. Le pareció convincente el argumento de que el Ejecutivo actuó con apego al artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales, que lo autoriza a crear o extinguir ese tipo de empresas públicas. Y no consideró vulnerado el derecho de audiencia de los quejosos porque no hay procedimiento alguno que obligue al liquidador a consultar a los servidores públicos empleados en las entidades que desaparecen. Poco le faltó para desechar la demanda de amparo por falta de interés jurídico.
Carece de razón la jueza al estimar que el Ejecutivo puede hacer y deshacer en esta materia sin intervención del Congreso. Y yerra, por lo tanto, en su intento de reforzar su argumento con la creación misma de Luz y Fuerza del Centro, que en su opinión surgió sólo de un decreto presidencial. Amén de que infringir la ley al crear un organismo no autoriza a repetir la falta al extinguirlo, precisamente la cita que hizo Coutiño es un argumento en contra de la decisión presidencial. Cuando Carlos Salinas canceló el estado de liquidación en que languidecía Luz y Fuerza del Centro y gestó el organismo público que prestó servicios al DF y zonas aledañas en los tres lustros más recientes, lo hizo en acatamiento de una instrucción expresa del Poder Legislativo. Una intervención de la misma índole faltó en la extinción, y de allí se desprende la inconstitucionalidad del acto reclamado. Por ello, por esa marginación del Congreso, sus cámaras hubieran debido iniciar una controversia constitucional contra el decreto de extinción. Pero fueron más poderosos la mezquindad, el oportunismo y la inclinación al canje de favores políticos que el respeto al órgano legislativo, y el PRI decidió que el conflicto eléctrico no le incumbe y no quiso inmiscuirse en él, con lo cual se inclinó a favor del gobierno.
Afortunadamente la sentencia del viernes 11 no es definitiva. Como en toda resolución de amparo puede ser demandada su revisión. Eso hará en estos días el SME, como continuación de la “aventura jurídica” en que se adentró en defensa de sus agremiados y del propio sindicato como persona jurídica surgida (este lunes 14 hace precisamente 95 años). Un tribunal colegiado, o eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden confirmar lo dicho por la jueza, o revocar su fallo o instruirla para que reponga el procedimiento. De modo que la vía del amparo está lejos de su conclusión. Todavía no se ha dicho la última palabra.
Tampoco se han cerrado todas las opciones jurídicas, viables algunas de ellas si se las combina con el diálogo político. A la hora de escribir estas líneas, el viernes ya avanzada la tarde, estaba pendiente la definición de cinco personas a las que el SME solicitó su mediación para que su conflicto con el gobierno se encamine a una salida negociada. El rector de la Universidad Nacional, José Narro Robles; el director del Instituto Politécnico Nacional hasta el 11 de diciembre, Enrique Villa Rivera; y los coordinadores de las tres fuerzas con mayor representación en el Senado: Gustavo. E. Madero, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, se hallaban en una fase de exploración para determinar cuán ancho o angosto es el camino del diálogo que pueden suscitar y qué tan hacedero es llegar a su meta. Es posible que con su participación las partes hablen entre sí y encuentren una solución al conflicto, que debe basarse en el mutuo respeto, que incluye la deposición del ánimo excluyente que ha caracterizado a la acción gubernamental. El gobierno está resuelto a acabar con el SME y asocia con ese propósito la liquidación de la contraparte laboral de ese sindicato. Es necesario romper esa meta dual.
De las pláticas que los mediadores pueden propiciar acaso surja una declaración de voluntad del gobierno federal que reconozca al sindicato su existencia y su derecho a existir. El propósito explícito del gobierno se ha ya conseguido, pues consiste en cerrar el drenaje de recursos públicos que a su juicio afectaban al erario y la nación. Luego entonces, manteniéndose firme en su decisión de extinguir ese organismo público, el gobierno puede quedar abierto a la aplicación de otra figura jurídica que asegure empleo a los miembros del SME que optaron por no ser liquidados y garantice también la existencia misma del sindicato.
Se trata de la sustitución de patrón. La Comisión Federal de Electricidad debe suministrar, está haciéndolo ya, el servicio eléctrico a la región central del país. Para ese efecto puede suscribir con el SME un contrato colectivo de trabajo nuevo, sin las excrecencias que a juicio de los oportunistas morales son “privilegios” que ofenden, y que simultáneamente asegure el empleo de los electricistas experimentados y conocedores de las peculiaridades de instalaciones y equipos viejos en la zona en que operaba Luz y Fuerza. Esta empresa se ha extinguido. No tiene que ser esa la suerte del SME.
Aunque mermado numéricamente, golpeado por la furia propagandística, y debilitado por las carencias padecidas por sus miembros, el sindicato perdió la primera instancia de un amparo. Pero no quedó desamparado. Todavía hay rutas que recorrer.

Maestros y nación
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Entre diciembre de 1979, fecha en que se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y diciembre de 2009 han pasado muchas cosas en el magisterio nacional. La prensa nacional ha dado cuenta de algunas transformaciones, pero sólo de unas cuantas. El profundo cambio que se ha operado en el gremio supera, con mucho, las pequeñas notas periodísticas que dan cuenta de sus paros, manifestaciones y de los dislates de Elba Esther Gordillo.
En las tres décadas recientes el peso de los trabajadores de la educación pública en la sociedad ha disminuido; la imagen del maestro en la opinión pública se ha deteriorado; la profesión magisterial se ha precarizado, al tiempo que han sido registrados más de una docena de sindicatos independientes en varias entidades el país. Irónicamente, la fuerza que ha adquirido el cacicazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quizá es mayor de la que tuvo en su mejor momento Carlos Jonguitud Barrios, quien estuvo al frente del gremio de 1972 a 1989.
En 1979 la docencia había perdido mucho del lustre que mostró durante el cardenismo, pero era aún una actividad valorada socialmente. Los profesores de primaria en zonas rurales seguían siendo los intelectuales orgánicos campesinos (o, en algunos casos, sus caciques). Una parte de los profesores urbanos habían adquirido doble plaza, con lo que sus ingresos se habían estabilizado. En muy distintos niveles, la burocracia política tenía en ellos un semillero de cuadros.
Treinta años más tarde, la imagen de los mentores y la educación pública han sido fuertemente erosionadas por una feroz campaña de la derecha empresarial. Los maestros –aseguran los think tanks conservadores y sus medios de comunicación– son flojos, privilegiados, conflictivos, burros, pendencieros, corruptos, e, incluso, violadores de niños. La educación pública, afirman, es un desastre.
La divulgación de esta imagen ha sido facilitada por el liderazgo nacional del sindicato. La información publicada sobre los cruceros de lujo con destinos exóticos en los que los dirigentes afines a Gordillo se embarcan; los cursos de capacitación sindical en Estados Unidos, a los que asisten los miles de comisionados sindicales que hacen política para la maestra, sin olvidar las rifas de camionetas Hummer –por citar sólo algunas, entre muchas cosas–, han ayudado a forjar la leyenda negra de un magisterio lleno de privilegios. Poco importa que los cientos de miles de docentes que diariamente deben esforzarse para salir adelante sean ajenos a esas prebendas.
Para sobrevivir, muchos profesores deben conseguir otros trabajos fuera de la escuela. Como hacen muchos otros mexicanos, los maestros manejan taxis, venden perfumería o se dedican al comercio informal. Quienes han estudiado otras profesiones (y no son pocos) difícilmente consiguen un empleo acorde a su preparación profesional. No son pocos los que han probado fortuna emigrando a Estados Unidos como indocumentados.
Hace tres décadas el diagnóstico oficial asociaba el bajo nivel educativo con un esquema centralizado de impartición de la instrucción pública, hasta el extremo de equiparar automáticamente descentralización educativa con mejoramiento de la educación. Asimismo, relacionaba la existencia de un sindicato nacional con los bajos niveles de aprovechamiento escolar. Treinta años después, la descentralización educativa es un hecho y sus resultados son un rotundo fracaso. Por supuesto, ninguno de los tecnócratas que la impulsó ha tenido que rendir cuentas de este descalabro. Ellos mismos, o sus herederos, son quienes ahora, con los mismos argumentos del pasado, impugnan la educación pública en nombre de la calidad.
Durante todos estos años, la Coordinadora ha desempeñado un papel fundamental en la formación de un maestro que retoma las mejores tradiciones de la escuela rural mexicana: la educación socialista y el cardenismo. Sus integrantes han promovido la democratización del país desde abajo, el impulso a una educación alternativa, la formación de organizaciones populares, la resistencia al neoliberalismo. la defensa de la educación pública y la lucha por la liberación nacional.
Muchos de esos trabajadores de la educación enseñan en condiciones muy difíciles a hijos de familias divididas por la migración, quienes sólo esperan llegar jóvenes para irse al otro lado de la frontera; a niños que no se presentan en el aula la mitad del año porque deben ayudar a sus padres en los campos de trabajo en otros estados o dedicarse a las labores agrícolas; a muchachos con el estómago invariablemente vacíos.
Una parte muy importante de los organizadores populares de base y de los promotores de la resistencia a la devastación ambiental son maestros democráticos integrantes de la CNTE. En estados como Oaxaca –y parcialmente Michoacán– sus redes asociativas se han convertido en el punto donde se concentran las contradicciones sociales, en el eje estructurador del movimiento popular, en los agentes que han ayudado a construir una trama social diferente.
Dentro de la CNTE existe, desde su nacimiento, el más amplio pluralismo. Muchas posiciones y puntos de vista coexisten en su interior. Hace 30 años se debatía si formar un sindicato independiente o democratizar al SNTE, si impulsar la lucha a partir de un amplio programa o de unas cuantas reivindicaciones centrales. Hoy se discute con intensidad si lo adecuado es nombrar direcciones paralelas a las del sindicato oficial, o si lo conducente es insistir en la combinación entre lucha estatutaria y movilización de masas.
El magisterio democrático desempeña un papel central en la lucha por un México distinto. Cumple con un papel de primer orden en la generación y divulgación de un sentido ético-político alternativo hacia las clases subalternas. Así ha sido desde hace 30 años; así seguirá siendo.

Feminicidio, violencia y corrupción
María del Pilar Barceló
Rebelión

A Marisela Ortiz, compartiendo su dolor, y en memoria de Jesús Alfredo Portillo Santos

Pietro Grasso, Fiscal Nacional Antimafia, explica que en los últimos años el creciente control sobre los puertos y aeropuertos colombianos ha forzado a los cárteles de este país a buscar nuevas áreas de almacenamiento de la pasta de coca destinada al mercado estadounidense y europeo, y que éstas se han ubicado sobre todo en México, donde los cárteles mexicanos han conseguido asegurarse el control del territorio. Para ello se han valido de las mismas estrategias que cualquier otra mafia: el terror, utilizando a grupos de sicarios que asesinan a cientos de testigos, presuntos informadores, magistrados y policías; y la connivencia –obtenida gracias a su inmensa riqueza- de amplios sectores políticos, funcionariales, empresariales y profesionales, hasta el punto de que puede afirmarse que estos grupos criminales han contaminado a la sociedad y la economía mexicana. El miedo y la corrupción son imprescindibles no sólo para actuar con eficacia, sino para asegurarse además la impunidad. Adicionalmente los grandes cárteles de la droga, que se reparten el país en áreas de influencia, en su afán de obtener el dominio de las rutas más practicables hacia Estados Unidos se enfrentan entre ellos por el control del territorio. El resultado son más de 3.000 personas asesinadas sólo en 2008.

En este contexto, durante los últimos quince años cientos de mujeres y niñas han sido sistemáticamente secuestradas, violadas, horriblemente torturadas, mutiladas y asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, lugar de paso de la droga hacia EEUU y de las armas y narcodólares que a cambio se envían desde ese país a México. Al mismo tiempo el Estado mexicano ha mantenido una actitud de permanente inhibición y se ha abstenido de promover investigaciones eficaces, enjuiciar a los culpables y procurar la reparación de las víctimas y sus familias. Ello ha generado un clima de impunidad que no hace sino multiplicar la violencia contra las mujeres.

Las víctimas no han sido elegidas al azar. En su mayoría son trabajadoras de las maquiladoras. Muchachas inmigrantes, pobres, que desafían a los estereotipos de género que en su entorno aún tienen tanta fuerza intentando obtener su independencia económica, su autonomía; son mujeres a las que hay que escarmentar y cuyo destino ha de constituir una advertencia para quienes pretendan imitarlas. La vida de una mujer joven, inmigrante y pobre en Ciudad Juárez no vale nada.

La sistemática selección de las víctimas y la reiteración de determinados patrones de actuación (secuestro, violación sexual tumultuaria, mutilación y/o tortura, asesinato, abandono del cuerpo en lugares desérticos o lotes abandonados) permiten hablar de feminicidio. Pero la cuestión de género por sí sola no lo explica todo. En otros lugares las mujeres también sufren discriminación en virtud de estereotipos de género y sin embargo no se da esa práctica sistemática, siguiendo pautas predeterminadas, de violación, tortura y muerte. Como dice Emilio Ginés, abogado integrante de la delegación para la defensa de las víctimas en el caso Campo Algodonero que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos ante una realidad poliédrica, y para entenderla no podemos atender sólo a una de sus facetas.

Aunque Marisela Ortiz (Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa) considera que la corrupción es algo profundamente arraigado en la sociedad mexicana, no cabe duda de que el creciente peso económico del narcotráfico y la necesidad de garantizar su práctica sin impedimentos y en condiciones de impunidad la agravan. A ello se une la violencia generada por dicha actividad. En los últimos tres años han muerto asesinadas de 10.000 a 15.000 personas, muchas de ellas sicarios. Esto significa que los cárteles al día de hoy y debido a la dificultad por reponer su “mano de obra cualificada” están recurriendo a las maras, que superponen al tráfico tradicional sus propias prácticas violentas (ritos de iniciación, etc).

Si a un contexto cultural de estereotipos de género discriminatorios se añaden la penetración de los intereses del narcotráfico en la sociedad mexicana y la violencia generada por dicha actividad, parece probable la conexión entre feminicidio, narcotráfico y corrupción, de tal modo que una lucha eficaz contra el feminicidio deberá abarcar estas tres facetas: la educación en la igualdad y la lucha contra la violencia, la corrupción y el narcotráfico.

Hasta que no se ponga coto a la corrupción, se mantendrá la impunidad, y continuarán siendo asesinadas las muchachas de Ciudad Juárez. Quienes allí intentan poner coto a estas violencias sufren presiones insoportables, amenazas, acoso o la muerte. Por ello es fundamental la presión internacional sobre el Estado mexicano para que cambien sustancialmente su actitud y empiece a combatir tanto la corrupción que lo corroe y que se traduce -en el caso de las mujeres de Ciudad Juárez- en facilitar interesadamente la impunidad de los culpables eludiendo la investigación, el castigo y la reparación.

Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia en el caso Campo Algodonero condenando a los Estados Unidos Mexicanos por su inactividad, se habrá dado un primer paso, pero no es suficiente. Es imprescindible que todos hagamos llegar nuestra voz contra el feminicidio, contra la violencia, contra la corrupción. A favor de las mujeres de Ciudad Juárez. A favor, en definitiva, de todo el pueblo mexicano.