¿Y el estado de derecho?

OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

El secretario de Gobernación declaró el viernes pasado que la Marina-Armada de México se enfrentó a “presuntos delincuentes del llamado cártel del Pacífico” (las primeras cursivas son mías). En el párrafo siguiente de su declaración, registrada por este diario el sábado 19 de diciembre, dijo que “resultaron muertos siete integrantes del cártel del Pacífico”. ¿Antes eran presuntos y luego integrantes del cártel del Pacífico? Si eran presuntos, ¿quién giró las órdenes de cateo? ¿Hubo órdenes de aprehensión o simplemente la orden de mátenlos en caliente? Gómez Mont señaló también que las operaciones de los últimos días en Cuernavaca realizadas por la Marina son resultado de tres años de labores de inteligencia; sin embargo, la misma noche de los sucesos el vocero de la Secretaría de Marina dijo, ante los medios, que la narcoposada del viernes 11 de diciembre fue en Limones (sic) en Tepoztlán (sic) en lugar de decir Los Limoneros, en Ahuatepec, Cuernavaca. ¿Así funcionan los órganos de inteligencia de la Marina? ¿Qué otras imprecisiones habrá a pesar de tres años de labores de inteligencia? El vocero dijo también que habían muerto civiles no identificados, y varios periódicos ya habían señalado que la señora Patricia Terroba de Pintado, quien salía de su casa en la madrugada para atender una emergencia familiar, fue asesinada de un balazo. Se presume, por el lugar de su domicilio y los agujeros en su carro, que las balas tuvieron su origen en las filas de los marinos y no de los narcotraficantes pachangueros. ¿Ya se investigó este asesinato, o simplemente se trata de un lástima Margarito, la señora estaba en el lugar y el momento equivocados? ¿Su esposo y sus hijos se conformarán con eso? ¿A quién recurren para demandar justicia y contra quién?
¿Se trata de verdad de una guerra? Si es el caso, ¿se cumplen los requisitos estipulados internacionalmente para las guerras? Aun aceptando que realmente es una guerra, ¿el trato dado al cadáver de Arturo Beltrán Leyva (semidesnudarlo y cubrirlo de billetes y un rosario ensangrentados) es propio de militares con sus víctimas? ¿La golpiza que recibieron los presentados en la televisión, uno de ellos detenido por el cuello por un soldado o marino, para que no se derrumbara, es parte del protocolo de guerra? El secretario de Gobernación, en su declaración del viernes pasado, sugiere que lo del cuerpo cubierto con billetes fue responsabilidad de los servicios forenses de Morelos. Puede ser, ¿y dónde estaban los marinos encargados de la operación? Según las fotografías publicadas, ahí estaban mientras unos individuos vestidos de civil manipulaban los cadáveres como para enviarles un mensaje a otros narcotraficantes, igual que hacen éstos con sus víctimas, sean civiles, policiacas o militares. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de los derechos humanos?
Según entiendo de leyes, la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado no es legal, por muy justificada que pueda ser desde el punto de vista de seguridad nacional o de protección de la salud de los mexicanos (que por cierto no ha funcionado pues ha aumentado el número de consumidores de drogas). Pero, además, si se trata de presuntos delincuentes tendría que ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que actuara, un juez el que dictara las órdenes de cateo y, desde luego, un juicio para establecer si son culpables y, en caso de serlo, meterlos en la cárcel y no dispararles como si las fuerzas del orden fueran otro cártel de drogas o sicarios contratados por la CIA para actuar en un país del cuarto mundo.
Los narcotraficantes son indefendibles desde cualquier punto de vista, pero lo que está haciendo el gobierno de Calderón no tiene justificación. Se está violando el estado de derecho, se está militarizando el país, la Policía Federal Ministerial, dependiente de la PGR, se le da al almirante Wilfrido Robledo, encargado en el estado de México de la operación contra los de Atenco en mayo de 2006, y lo que han logrado es que veamos como casi normal (y con miedo) que los soldados, del Ejército o de la Marina, patrullen nuestras calles, detengan nuestros automóviles y que puedan acribillarnos si, gracias a las labores de inteligencia, descubren o suponen que enfrente hay presuntos delincuentes que serán tratados como soldados enemigos, es decir, dispararles a matar en lugar de detenerlos y entregarlos a la PGR, como debería de ser, es decir si actuaran como coadyuvantes de esta dependencia. Ni las formas se respetan.
Cuando el secretario de Gobernación señaló que con el personal de la Armada de México se preservó el secreto y evitó la filtración de información, lo que está diciendo, entre líneas, es que las otras fuerzas militares o policiacas no son confiables, pues si hay riesgo de que se filtre información esto significa que hay infiltrados de los cárteles o personal comprado por éstos en los ámbitos de gobierno. Proceso (número 1729), en nota de Ricardo Ravelo, reseñó que “el día del ataque el llamado Jefe de jefes esperaba a comer en su departamento nada menos que al comandante de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca”. La pregunta que me brinca de inmediato es ¿por qué el gobierno no comenzó su guerra depurando sus filas y luego, ya limpias y con personal de confianza, perseguir a los delincuentes?
La primera plana de La Jornada Morelos del sábado pasado señalaba con letras grandes: Psicosis en Morelos y tenía razón. Lo primero que se encontraban los paseantes de fin de semana que entraban a Cuernavaca eran retenes militares, y la gente teme balaceras, más operativos, retenciones arbitrarias (no apegadas a derecho), violación de varios artículos constitucionales, comenzando con el 16 y el 20, y sustitución de la policía por la milicia, como si estuviéramos viviendo bajo una dictadura o en un Estado de excepción (no aprobado por el Congreso de la Unión, por cierto).
Sería conveniente que Calderón entienda que, gracias a él y su guerra, ahora da miedo salir a la calle y ya no sabemos en quién confiar como supuestos protectores de la sociedad.
PD: ¿Por qué mataron a la familia del marino Angulo Córdova? Porque dieron su nombre y subestimaron la capacidad de reacción de los narcos. Otro efecto de una guerra sin planeación.

La foto
José Gil Olmos. Proceso.
MÉXICO, D.F., 23 de diciembre (apro).- En una guerra, el manejo de las imágenes y los símbolos es fundamental, por eso no se puede tomar a la ligera la difusión de la fotografía del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva, La Muerte, con los pantalones abajo y cubierto de billetes ensangrentados.
En medio de una guerra entre dos bandos, la presentación de la imagen del cuerpo sin vida de uno de los cabecillas del crimen organizado, totalmente socavado, denigrado y humillado, representa un mensaje claro de provocación, y como tal se tienen que asumir las consecuencias.
Entre mafiosos, policías y militares, la virilidad (o el machismo) es un aspecto fundamental de respeto y hasta de autoridad.
No es gratuito que en las filas castrenses y policiales se niegue la entrada a elementos homosexuales, y a quien es descubierto con esa tendencia se le margina de inmediato. Y si bien entre los narcotraficantes esta ley no está escrita, también se aplica para todos sus integrantes.
Por eso, bajarle los pantalones al Jefe de jefes y permitir que el fotógrafo Valente Rosas, del diario El Universal, tomara (en el mismo lugar donde fue ultimado) las imágenes del cuerpo ensangrentado y deshecho, primero cubierto de joyas y luego de billetes mexicanos de alta denominación y dólares, fue una decisión de las más altas autoridades, que tomaron una actitud similar a la de su contraparte, el narcotráfico. Parecería un mensaje del narco contra el narco.
Un civil encapuchado, al frente del operativo de la Marina, fue quien permitió la entrada del fotógrafo para que tomara las imágenes en exclusiva. Nadie más que el fotógrafo de El Universal entró al lugar para registrar las imágenes del cuerpo del narcotraficante, porque a los demás fotógrafos se les impidió el paso.
Al comparar las primeras imágenes con las últimas, se nota que el cuerpo de Beltrán Leyva fue manipulado, ya que lo posicionaron sobre una sábana blanca, para hacerlo lucir de forma más grotesca, con el brazo derecho desmembrado y el otro roto en la muñeca, las piernas abiertas y los pantalones aún más abajo.
Ya muerto, le quisieron quitar la virilidad sagrada entre los narcos, policías y militares. Ya muerto, lo expusieron con dinero y joyas en el estómago, que le quitaron como si fuera un símbolo de poder arrebatado a sangre y fuego.
La distribución de la imagen a nivel internacional por parte del diario El Universal, con la firma del autor, es otra historia.
A raíz del asesinato de la familia del marino Melquisedet Angulo Córdova y de los ataques del crimen organizado en varias entidades, como reacción al asesinato de Beltrán Leyva, lo que orgullosamente mostró el diario capitalino ahora es tomado con preocupación.
La directiva y los editores nunca tomaron en cuenta los riesgos que corrían con la venta de esta imagen a todos los medios del país y el extranjero, así como a dos agencias internacionales. El fotógrafo tampoco advirtió el riesgo de firmar una fotografía que le dieron o que tomó, pensando tal vez en la fama y en los reconocimientos.
Días después del hecho, en el portal del diario apareció una serie de fotografías del operativo en Cuernavaca, Morelos, donde mataron a Beltrán Leyva, pero en lugar del nombre del fotógrafo pusieron la leyenda: “especial”, como una medida de protección. Decisión tardía, pues ya todos saben quién es el autor.
Más que informar, la difusión de la imagen del Jefe de jefes se convirtió en un acto de propaganda de uno de los bandos en guerra y busca acabar con su adversario exhibiéndolo en sus peores condiciones.
La propaganda fue gratis, pero generó ganancias al periódico El Universal. La pregunta aquí sería si vale la pena publicar esa imagen con todo y crédito, a cambio de poner en riesgo la vida de uno de sus trabajadores.
No hace mucho, el gobierno de Felipe Calderón ordenó al Ejército destruir las imágenes de la Santa Muerte que hay en todo el norte del país, en un intento por horadar la moral y la religiosidad de los narcotraficantes.
En una guerra, esta es una estrategia que se usa para vulnerar el estado de ánimo de un ejército sobre otro. Pero en el caso de México ha resultado todo lo contrario. A la Santa Muerte ahora le acompaña San Judas Tadeo y Jesús Malverde, en una especie de refortalecimiento de las imágenes santas de los narcotraficantes.
La idea de mostrar a un Beltrán Leyva socavado ha tenido una reacción contraria. La violencia se ha recrudecido, rompiendo los viejos esquemas de la mafia de no atentar contra las familias.
La publicación de la fotografía del cadáver del narcotraficante ha generado una discusión en los medios sobre la ética y el derecho a la información. Ambas cosas tienen que ver con la política que aún falta por definir en los medios, sobre todo entre los dueños, en el sentido de cómo debe cubrirse la guerra contra el narcotráfico.
Si hay que publicar o cómo hacerlo en lo que respecta a las narcomantas, los mensajes clavados en cuerpos torturados, las decapitaciones, los rostros de los niños que han sido víctimas, etc., es una discusión que apenas empieza a darse en México.
Sin embargo, la famosa foto del Jefe de jefes ha puesto en la mesa de discusión la corresponsabilidad del gobierno federal, que no puede comportarse como otro grupo del crimen organizado que utiliza los cuerpos de los narcos caídos para mandar un mensaje de terror.
Violencia genera violencia. Pero esto, al parecer, le tiene sin cuidado a Felipe Calderón, obsesionado por acabar con un problema –el narcotráfico– que llegó para quedarse, pues no es un asunto nacional, sino internacional, con intereses que rebasan todas las fronteras.

Reforma política y engaño ciudadano
John M. Ackerman. Proceso.
MÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político.
Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.
El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del PRI y del PRD y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.
El presidente sabe muy bien que el establecimiento de la reelección legislativa y las candidaturas ciudadanas favorecerían a su partido y a los poderes fácticos que lo respaldan. Con una perspectiva de 12 años en el poder para los legisladores, y ante la desidia del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de fiscalización, las televisoras y los grandes empresarios del país podrían cobrar mucho más caro su apoyo a las campañas electorales.
Es falso que la reelección funcione como una especie de llave mágica obligando a los legisladores a acercarse a la ciudadanía. Al contrario, la experiencia en Estados Unidos demuestra que con la reelección los legisladores se convierten en rehenes de sus patrocinadores y otros grupos de presión. En lugar de comunicarse con sus bases, buscan aprovechar sus mandatos extendidos para consolidar los pactos cupulares.
Por su parte, con la aprobación de las candidaturas ciudadanas cualquier empresario o medio de comunicación lanzará a su actor o cuñado favorito para representar sus intereses en el Congreso de la Unión. Gracias a Calderón, por fin tendríamos una gran diversidad de personajes como el doctor Simi, Ross Perot y Jorge Castañeda, entre los cuales podremos elegir a nuestro nuevo “líder máximo de la revolución ciudadana”.
Esta figura aparentemente “progresista” también podría convertirse fácilmente en el pretexto perfecto para desmantelar el sistema de financiamiento público que nos hemos dado en México. La iniciativa de Calderón dice que cualquier persona con el respaldo de 1% del electorado correspondiente podrá registrarse como candidato a algún cargo de elección popular. Pero surgen algunas preguntas obligadas: ¿Qué controles habría sobre el financiamiento de la “precampaña” necesaria para conseguir estas firmas? ¿Una vez inscrito, el candidato tendrá derecho a financiamiento público o podrá financiar su campaña de su propio bolsillo o con patrocinadores externos? De manera irresponsable y sospechosa, la iniciativa del presidente no dice nada con respecto a estos puntos centrales.
Llama la atención que mientras el presidente busca abrir el espacio para las “candidaturas ciudadanas”, simultáneamente intenta eliminar la pluralidad que ofrecen los partidos chicos al elevar el umbral para mantener el registro de 2% a 4%. Esta propuesta tiene una evidente dedicatoria hacia los partidos obradoristas, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, cuya presencia legislativa ha implicado una constante piedra en el zapato para Calderón. Antes, bajo el régimen del partido del Estado, se hacían reformas políticas para fomentar la creación de los “partidos satélite” que terminarían por respaldar al partido del gobierno. Ahora que estos partidos ya no le son útiles al régimen en el poder, la gran “reforma política” se propone su desaparición.
Con respecto a la iniciativa ciudadana de leyes, esto tampoco implicaría un acercamiento real de la ciudadanía a la población, ya que las propuestas que resultaran se quedarían en meros llamados a misa. Si realmente se quiere fortalecer el poder ciudadano, habría que contemplar otras figuras de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.
Otro elemento sumamente problemático de la propuesta de Calderón es la drástica expansión de poderes legislativos que se busca adjudicar al presidente. Las “iniciativas preferentes” con su “positiva ficta” que automáticamente convertirían en ley una iniciativa presidencial, la facultad de veto presidencial tanto al presupuesto como a la ley de ingresos, y la posibilidad de vetar parcialmente desde frases y cláusulas específicas de cualquier ley (el famoso “veto de bolsillo” o line-item veto) convertirían al presidente de la República en el “Gran Legislador de la Federación”.
No hay duda de que urge cambiar radicalmente el sistema político, pero lo que propone Calderón no es una ambiciosa agenda de reformas estructurales que necesita nuestro país, sino una serie de propuestas parciales diseñadas más para distraer la atención mediática y beneficiar a los poderes fácticos que para articular un debate profundo.
Algunas reformas de mayor calado serían, por ejemplo, someter a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a un estricto régimen de transparencia, establecer una nueva Ley de Partidos, dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría General de la República, facultar al Congreso de la Unión para aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar los nombramientos del gabinete legal, entre otras numerosas propuestas que han sido desarrollados por académicos, políticos y líderes de la sociedad civil en las últimas dos décadas. La buena noticia es que el debate apenas se inicia.