ASESINATO DE PERIODISTAS

Balas contra la prensa
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, Coah., 18 de enero (Proceso).- Con el homicidio del reportero Valentín Valdés Espinosa, del diario Zócalo de Saltillo, cometido el jueves 7, ya son 65 los periodistas asesinados en México en la última década.
Hasta ahora, en Coahuila dos asesinatos y la desaparición no esclarecida del reportero Rafael Ortiz Martínez, del periódico Zócalo de Monclova, en julio de 2006, se han atribuido a la delincuencia organizada, pero los cuerpos de seguridad pública también han incurrido impunemente en agresiones e intimidaciones a periodistas.
La muerte de Valdés Espinosa provocó reacciones de organismos defensores de los derechos humanos, así como del obispo Raúl Vera López, quien el sábado 9 ofició la misa de cuerpo presente para el reportero y en su sermón calificó de vergonzoso que México sea el país con más asesinatos de periodistas.
“No podemos resignarnos –dijo Vera–; (los periodistas) no pueden estar viviendo y realizando su trabajo con el riesgo constante de ser agredidos.”
La primera reacción del gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés, fue calificar como fracasada “la guerra” de Felipe Calderón contra el narco, a la que atribuyó los numerosos asesinatos que padece el país, entre ellos el de Valentín Valdés. Añadió que mientras Calderón conduce esa lucha desde la comodidad de Los Pinos y protegido por mil militares, a la región lagunera, una de las más violentas del país, envió 300 soldados.
El jueves 7, alrededor de las 22:30, Valentín Valdés y otros dos reporteros salieron de la redacción de Zócalo en un auto de la empresa.
Rumbo a la casa de Valdés transitaban por el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia República, cuando se les cerraron dos camionetas con unos 10 hombres armados. Fueron bajados del carro.
El comando se llevó a Valdés, a otro reportero y el auto del periódico. El conductor fue golpeado y abandonado en la calle; una hora después pidió que lo recogieran en la carretera antigua a Arteaga.
Cerca de la 1:00 de la madrugada, el cuerpo de Valdés fue localizado en el bulevar Fundadores, a un costado del hotel Marbella, donde anteriormente se realizaron dos operativos en los que el Ejército detuvo a 15 personas.
Al llegar al sitio los policías reconocieron de inmediato al reportero, pues desde el inicio de su carrera cubrió la fuente policiaca. Sólo tenía unos meses de estar asignado a la cobertura de la fuente local y las actividades del gobernador Moreira.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cuerpo de Valentín Valdés tenía cinco balazos, cuatro de ellos calibre .38 súper y otro calibre .223. Tenía signos de tortura y un mensaje escrito en una cartulina: “Esto les va a pasar a los que no entiendan. El mensaje es para todos”.
Aunque el fiscal general del estado, Jesús Torres Charles, anunció que revisarían las publicaciones recientes de Valdés Espinosa, dio a conocer que el asesinato sería turnado a la PGR, pero hasta ahora no se ha informado qué instancia lleva la investigación.
Como la mayoría de los diarios en el norte, en Zócalo de Saltillo no se firma la información sobre la delincuencia organizada. Sin embargo, el hotel donde fue arrojado el cuerpo de Valdés fue escenario de dos operativos recientes del Ejército y la policía, que el diario difundió bajo la firma de “la redacción”.
Zócalo de Saltillo es uno de los diarios integrantes de Grupo Zócalo, propiedad de la familia Juaristi Septién, que posee otros periódicos en Piedras Negras, Ciudad Acuña y Monclova, además de emisoras de radio y operadoras de televisión por cable.
El 8 de julio de 2006, en Monclova, el reportero y conductor de noticiarios de Grupo Zócalo Rafael Ortiz Martínez desapareció con todo y su vehículo. Hasta ahora se desconoce su paradero.
Según sus compañeros de trabajo, por esos días Ortiz investigaba la trata de personas y la prostitución en el centro de la ciudad, pero las autoridades no pudieron confirmar dicha versión. Cuando se informó a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en contra de Periodistas de la PGR, se esperaba que ésta abriera una averiguación previa, pero jamás se investigó la desaparición, según dijo el fiscal estatal Jesús Torres Charles a este reportero, cuando se cumplió un año de los hechos.
El 26 de mayo de 2009, en la parte duranguense de La Laguna, fue asesinado el reportero Eliseo Barrón Hernández, quien cubría la fuente policiaca para el diario La Opinión-Milenio y para el canal de televisión que opera en Torreón el Grupo Multimedios.
El 12 de junio, fuerzas federales detuvieron a Israel Sánchez Jaimes o Israel Sánchez Jiménez, José Pedro Jáuregui Jiménez, Raúl Francisco Rodríguez Valderrama, Víctor Alfredo López Ramírez y Óscar Cárdenas Castillo, supuestos zetas a quienes la PGR responsabilizó por la muerte de Barrón.
El 22 de julio se les dictó el auto de formal prisión, pero no se ha dado a conocer si hubo más implicados, los motivos del crimen ni el estado del proceso contra los presuntos responsables.
Pinza militar y policiaca

Los reporteros de Coahuila enfrentan otros peligros: los excesos del Ejército y de los cuerpos de seguridad.
El 7 de agosto de 2007, en Monclova, un grupo de militares privó de la libertad e incomunicó durante casi 16 horas a Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, reporteros de Zócalo, así como a Jesús Arnoldo González Meza, de La Voz, y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4.
Eran las 22:30. Los reporteros de la fuente policiaca se dirigían a cubrir lo que parecía un operativo militar, pero al llegar vieron que el convoy se dirigía a su cuartel y se retiraron; sin embargo, calles adelante fueron interceptados por soldados, que los ataron e interrogaron. Posteriormente los acusaron de pertenecer a una célula del crimen organizado, pero finalmente se demostró la falsedad del cargo y quedaron en libertad bajo fianza.
El 30 de octubre de 2009, los reporteros Magda Guardiola, de Imagen, y Karina López y Víctor Ventura, de Zócalo de Saltillo, fueron encañonados por un agente del Grupo Especial de la FGE cuando cubrían un enfrentamiento verbal entre agentes de esa corporación y policías municipales de Saltillo.
Luego, el 24 de noviembre, al cubrir un robo bancario, fue encañonado por agentes de ese Grupo Especial el reportero Miguel Reyna, de la agencia Infonor, a quien dejaron ir tras despojarlo de su credencial de elector.
En Torreón, un día después del asesinato de Eliseo Barrón, aparecieron unas mantas con amenazas colgadas de las instalaciones de Televisa Laguna, del museo La Casa del Cerro y de una emisora de radio. Una de ellas decía: “Ya estamos aquí periodistas, pregúntenle a Eliseo Barrón. ‘El Chapo’ y Cártel del Poniente no perdonan”.
Otra: “Esto es para toda la prensa y sus periodistas por meterse con el ‘Chapo’ Guzmán y su patrón Felipe Calderón, autor intelectual de muchos sucesos que todos saben, sigan mandando soldaditos pa’ matarlos. No se metan con el Cártel del Poniente y a ver cuando me vuelven a ver. Atte. ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel del Poniente y Aliados”.
Sin embargo, la PGR atribuyó el asesinato de Barrón a Los Zetas.
Asimismo, el 18 de agosto fue baleado el edificio de El Siglo de Torreón, pero sólo se registraron daños materiales.
Desde 2007 las redacciones de los diarios coahuilenses reciben llamadas anónimas que prohíben publicar tal o cual nota relacionada con la delincuencia organizada, según le han confiado a este reportero directivos de varias casas editoriales.
Tras el asesinato de Valentín Valdés, el miedo paralizó a los medios. A diferencia del caso de Eliseo Barrón y otros, cuando la prensa local ha protestado, esta vez la información apenas se difundió. Fue más amplia la cobertura de medios nacionales y extranjeros, mientras que los reclamos los hicieron el obispo Raúl Vera López, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, el sindicato de La Jornada, la CIDH y la CNDH, que anunció una investigación de oficio. La televisión local ni siquiera trató el caso.
El viernes 8, el diario afectado, Zócalo de Saltillo, informó en sus ocho columnas del asesinato de su reportero, pero el sábado 9 y el domingo 10 destinó sólo pequeñas notas de seguimiento a las exequias. No asistieron directivos del diario al velorio ni al entierro.
Para el lunes 11, el asesinato había desaparecido de las páginas de los diarios locales. Proceso intentó comunicarse con la familia Juaristi, propietaria del Grupo Zócalo, pero no hubo respuesta.
Discutamos México, pero en serio.
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 18 de enero (apro).- Al grito de “es un privilegio ser mexicano”, Felipe Calderón anunció este lunes el lanzamiento para este mítico 2010 de una serie de radio y televisión denominada “Discutamos México”, que además de ser otro estandarte propagandístico de su gobierno, evoca al “Celebremos México” de Televisa, en 2005, que proclamaba “el orgullo de ser mexicano y la conciencia de lo nuestro”.
Este programa de Calderón, que está a cargo del precandidato presidencial, Alonso Lujambio, aparentemente rivalizará con el que diseñó este año Televisa para su propio negocio, “Estrellas del Bicentenario”, pero no puede haber riña si ambos están instalados en la lógica de anteponer el folclor a las ideas, que en todo caso son las del elenco compartido de “intelectuales”.
¿Se abordarán en los 150 programas que se transmitirán a lo largo del año la corrupción y la impunidad desde el poder público? ¿Será capaz la alta burocracia calderoniana de auspiciar el debate sobre la adulteración del voto popular y el tráfico de la miseria en las elecciones? ¿Podrán los televidentes y radioescuchas conocer cómo se integran, a la manera de la mafia, las instituciones del Estado? ¿Se discutirá sobre conflictos de interés, tráfico de influencias y fortunas al amparo del poder? Veremos.
Mientras tanto, es oportuno contar aquí una historia justamente de complicidades entre prominentes personajes del Partido Acción Nacional (PAN) y empresarios, bajo los auspicios del gobierno de Calderón, pero también la correspondiente lección de dignidad para echar abajo esa deleznable trama.
Es, en realidad, una doble historia: Una de contubernio y otra de vergüenza social.
Resulta que, en violación al derecho constitucional de tránsito y al propio título de concesión --otorgado de por sí con irregularidades--, el gobierno de Calderón privatizó 28 kilómetros de una autopista federal en Jalisco para beneficiar a una empresa vinculada a panistas, entre ellos el jefe delegacional Demetrio Sodi y el diputado federal Mario Alberto Becerra Pocoroba.
Se trata de la carretera Barra de Navidad-Tampico, en cuyo tramo Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó a la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO) instalar una caseta para cobrar 47 pesos a cada uno de los miles de vehículos que usan la vía.
La decisión enfureció a la población de los municipios de los Altos de Jalisco, no sólo porque viola el libre tránsito que consagra la Constitución, sino porque la propia concesión otorgada a la empresa ECO no incluye ese tramo ni la instalación de la caseta de peaje, porque además no existe una ruta alterna como lo ordena la ley.
El contubernio entre la SCT y la empresa ECO amenazaba dañar todas las actividades productivas de la región y a los más de seis millones de peregrinos que anualmente visitan San Juan de los Lagos, el segundo santuario religioso más importante de México.
“No permitiremos esta arbitrariedad”, advirtieron los afectados en un desplegado que se publicó en el diario capitalino Excelsior, el jueves 7, que unió a diez alcaldes, diputados locales y federales de todos los partidos, así como representantes de los sectores productivos y la Iglesia católica, que condenaron tal privatización por la “afectación sin precedentes en nuestras vías de comunicación, al turismo, a nuestra economía y a nuestra dignidad”.
Apenas el martes 12, una comisión de autoridades y productores alteños, que incluyó al rector del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, Roberto Castelán, se reunió en la Ciudad de México con Oscar de Buen, subsecretario de Infraestructura de la SCT, a quien le advirtieron de la irritación de los habitantes y de un conflicto que ponía en riesgo el tejido social.
Justo cuando estaba en curso la organización de acciones de resistencia civil pacífica, la SCT en Jalisco emitió la noche del jueves 15 un comunicado para dar a conocer que, “por el momento”, no se instalaría la caseta de cobro que se tenía previsto comenzaría a funcionar este 15 de enero.
Esta determinación de la SCT fue una victoria inobjetable de la sociedad alteña que, sin embargo, no depone su alerta por la latente privatización de la autopista federal que, además, ha dejado al descubierto un contubernio de la empresa con el gobierno de Calderón y figuras del PAN.
Uno de ellos es el director de la empresa constituida por la constructora mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la estadounidense Goldman Sach Infraestructure Partners, Demetrio Sodi Cortés, hijo de Demetrio Sodi de la tijera, delegado panista en Miguel Hidalgo y excandidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2006, a cuyo cargo se prevé que se postule en 2012.
Otro es el apoderado legal de RCO, Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y amigo de Calderón desde que éste era estudiante de la Escuela Libre de Derecho.
Fue justamente Sodi el que nombró representante legal a Becerra Pocoroba, el 24 de junio de 2009, menos de dos semanas antes de las elecciones del 5 de julio, y tal nombramiento se formalizó ante el Registro Público de la Propiedad el 20 de julio, ya siendo diputado plurinominal electo del PAN.
Otro dato: Uno de los principales accionistas y directivos de ICA, Diego Quintana Kawage, es militante del PAN desde el 17 de agosto de 2006.
Por supuesto, este señor es libre de militar en el partido político que le dé la gana, pero no pasa desapercibido que tal militancia concite sospecha de obtener privilegios mediante el tráfico de influencias, cuya hipótesis se actualiza en el caso de Becerra Pocoroba.
Busqué a este diputado el propio jueves 15 y a través de su secretario particular, Martín Vivanco, negó ser apoderado de la empresa RCO y que el que tenía esa condición era el despacho de su propiedad, pero al decirle que tenía en mi poder el documento que hacía constar tal condición, contenido en el Registro Público de la Propiedad, me pidió tiempo para consultar.
Vivanco me comunicó que Becerra Pocoroba era, en efecto, apoderado legal, pero aclaró: “Ese poder no ha sido utilizado por mi jefe en un asunto judicial”.
--¿Pero sigue siendo apoderado?
--Sí, sigue siendo apoderado.
Tal cual.

Ricardo Robles y la interculturalidad radical
MAGDALENA GÓMEZ
A dos semanas del fallecimiento de Ricardo Robles, nuestro querido Ronco, compartiré algunas reflexiones sobre lo que a mi juicio entraña el significado y valía de su experiencia de varias décadas de vida con los rarámuris. Es un acto de justicia visibilizarlo y no se trata de colocarse en una lógica de valoraciones subjetivas emanadas sólo del afecto.
Habría que señalar que El Ronco fue un jesuita que supo mantener su misión como tal y a la vez se mostró dispuesto a reconocer y asumir en los rarámuris una cultura y valores que habría que respetar. Para ello hubo de transformarse de evangelizador en evangelizado. Asumió con gran convicción al Dios de los rarámuris y la relación que con él tiene la cosmovisión del pueblo. En uno de sus artículos, en los cuales siempre buscaba colocar la voz rarámuri antes que la propia, relató: “Vino a saludar un amigo rarámuri que vive lejos, a ocho horas de mi pueblo cuando menos. Sus principales preocupaciones eran en torno al turismo. Llega un funcionario de Chihuahua y sin más, sin invitar, sin consultar, cita a la gente para que bailen matachines ante otros funcionarios mayores. Él, que es autoridad en su región, reclama por ello, explica que las danzas son sólo para el Dios, que no son para divertir gente, que son como rezar y que no se debe rezar a los turistas; busca dialogar y recibe una reprimenda. ‘Ustedes están atrasados porque no quieren el progreso’, le espetan para ignorarlo luego. Quisieran vernos con un bote ahí en medio, bailando para que nos echen morralla, dijo mi amigo. Para los legisladores, al parecer, los indios deberían estar agradecidos porque bailando para el dios turismo podrán recoger limosnas del suelo. Esta visión racista es tan omnipresente que denota una política de Estado” (Para que no existan, La Jornada, 29 de octubre de 2008).
Un parteaguas en la trayectoria del Ronco fueron los diálogos en San Andrés, donde el EZLN reconoció su capacidad para propiciar entendimientos y su sensibilidad para colocar en el centro las demandas de los pueblos indígenas. Este hecho siempre le generó asombro, pues su sencillez y modestia le llevaban a suponer que su experiencia era algo muy simple.
Pero, como todo en él, ésta no fue una tarea que lo llevara a capitalizar personalmente su influencia en el zapatismo, sino que le permitió comprender y asumir que era el momento de servir de puente para que los rarámuris se relacionaran con los otros pueblos, con sus luchas, con sus sueños.
Antes de 1995 varios pueblos indígenas en el país no sabían de la existencia de los otros. El rarámuri en especial ha sido un pueblo que por su ubicación territorial había permanecido más aislado. El Ronco, con su participación en el Congreso Nacional Indígena junto con otros rarámuris, empezó a nutrir su revista Kwira, misma que fundó y dirigía desde 1985, con análisis, información y demandas de los diversos movimientos.
Practicante así de una interculturalidad que entraña involucrarse con y en la cultura del otro, más allá de las retóricas oficiales que por estos años se han instaurado para sustituir con ellas el sentido profundo de la libre determinación.
Para vivir y convivir con los rarámuris y hacer suyos los agravios que históricamente han recibido, así como asumir la misión de defenderlos a toda costa, El Ronco se apoyó en su vertiente humanista. Felipe Ruiz, coordinador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, recordó una frase muy característica en él: había que luchar por la creación de un mundo nuevo donde las personas aprendieran a ser gente, gente, gente (Oserí). Con esta reiteración mostraba su oposición a la barbarie que significa la imposición y atropello de una cultura sobre otra. Se cuidó de no incurrir en el apoyo paternalista o en el reduccionismo de la cultura al folclor y ubicaba con precisión el papel activo del Estado en contra de los rarámuris.
Después de la masacre de Creel, en 2008, escribió uno de sus artículos más valientes, donde relató cómo para los rarámuris “la conquista del narco es la misma” (La Jornada, 4 de septiembre de 2008). Muy recientemente señaló: Como suele concebirse en las cosmovisiones indígenas, el bien y el mal son siempre ineludibles en la historia humana y van tejiéndose perpetuamente en una trama paradójica, injusta y admirable por lo que hay de muerte y hay de vida, por lo que hay de crueldades y cariños, de ultrajes y de amores. Sobra decir así, que en este número, descuellan las humildes e invencibles dignidades indias y destacan también los jactanciosos abusos del poder(Presentación de Kwira, No. 99).
Sobre el fallecimiento del Ronco la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús dio cuenta de una cronología de vida y anexó comentarios de otros (Circular 03-2010) sin decir nada sobre el significado para la Compañía de la labor de uno de sus más destacados integrantes. En tanto, los rarámuris despidieron al Ronco danzando, como hacen con los suyos.