DESDE EL VATICANO CON PEÑA NIETO
2 ene 2010
El ataque al Estado laico
Sabina Berman
MÉXICO, D.F., 31 de diciembre.- 1. El ataque viene de fuera y de lejos. Del Vaticano. De un Papa alarmado por la disminución mundial de sus fieles y por la relajación de la fidelidad de los católicos a la palabra papal. Católicos pero a un tiempo ciudadanos de democracias, la mayoría de los católicos actuales parecen escuchar al “Santo Padre”, pero no obedecerlo sin mediar su libre albedrío.
2. Otro podría haber sido el camino elegido por el Papa Benedicto XVI para volver relevante a la Iglesia en sociedades democráticas. Una cruzada contra la pobreza o una cruzada contra la enfermedad, por imaginar dos causas pertinentes.
Esta es la desgracia para la década que inicia en el 2010: Aniquilado el Diablo del comunismo, el Papa ha elegido como nuevo Satán la ascendente moral democrática, y eso con la única intención de restaurar, sin enmienda, la marchita moral autoritaria del catolicismo.
3. Ninguna desviación de una moral delgada como un filo de navaja: control de la vida desde la concepción hasta la muerte: cero libertad, por ende cero diversidad, por tanto abominación de la invención: adiós al libre albedrío, terror al cuerpo humano y al placer y espanto de las mujeres autónomas y de los “diferentes”: el triste rosario de negaciones de la vieja moral autoritaria.
4. El Satán a combatir: la nueva moral hecha de libertades civiles: haz lo que quieras y te haga feliz, con tal de que no dañes a tu prójimo: ama a quien amas; elige el número y espaciamiento de tus hijos; edúcalos en las creencias en las que crees; y muere como mejor te parezca morir. Y todo con la protección y auxilio del Estado.
Los valores: la elección individual, la diversidad, el placer, la felicidad.
5. Lanzada en Latinoamérica en el año de 2007, la cruzada vaticana indica a los obispos cooptar arriba para imponer abajo. Cooptar la voluntad de las clases dirigentes para imponer como ley civil a los ciudadanos la desprestigiada moral restrictiva.
Indica igualmente tres vertientes de acción: anular las libertades civiles vigentes en sus países, blindar la prohibición de las aún no legisladas y aumentar los poderes del clero.
6. Así, el sueño de hoy de los obispos sería una sociedad donde sean ilegales y castigados: la diversidad sexual, la anticoncepción, el aborto, los matrimonios gays, el divorcio y la eutanasia. Y donde la Iglesia tenga: injerencia en la educación pública y en el Ejército, medios de comunicación masiva propios y el derecho a recibir un impuesto recabado por el Estado.
7. La cruzada vaticana ha tenido éxito en Latinoamérica únicamente en países donde la joven moral democrática todavía es muy insegura; en Perú y República Dominicana, países de por sí rezagados en cuanto a derechos civiles; en Nicaragua y en México, países de clases políticas corrompidas por el oportunismo y el analfabetismo moral.
8. En México la cruzada arraigó primero en la presidencia del PAN, desde donde los panistas liberales fueron arrasados debido a su distracción y/o su indolencia moral. Luego arraigó, y tal vez para el asombro de los mismos obispos, en la presidencia del PRI, nunca tan mendaz y desesperada por el poder como hoy. Y en los dos partidos la táctica subsecuente ha sido idéntica.
Los presidentes de cada partido convencieron a sus gobernadores y/o caciques locales para realizar el trabajo sucio de presionar a la mayoría de sus diputados para aprobar la criminalización del aborto en sus estados.
9. Es falso que la criminalización de las libertades civiles refleje el conservadurismo de la ciudadanía, como insisten para su disculpa los presidentes del PRI y del PAN, y afirman algunos de nuestros intelectuales “liberales”, por falta de curiosidad sobre sus prójimos.
En el caso reciente de la criminalización del aborto en 18 estados, sencillamente nadie consultó a la ciudadanía. Las reformas se realizaron de espaldas a los ciudadanos, y a menudo guardando el secreto de las fechas de su votación y aun de su contenido.
Por lo demás, consultas de la sociedad civil indican lo contrario: los mexican@s no somos conservadores.
10. Estas son algunas de las cifras de la encuesta realizada entre católic@s mexican@s en 2003. Reproduzco apenas algunos resultados pero invito al lector a consultarla íntegra en la dirección de internet www.catolicasporelderechoadecidir.org.
Una persona puede usar métodos anticonceptivos y ser un buen católico: 84%. En la escuela debe informarse sobre todos los métodos de anticoncepción: 89%.
En nuestro país debe permitirse la interrupción de un embarazo en los siguientes casos: cuando la vida de la mujer está en peligro (82%); cuando la salud de la mujer está en riesgo (77%); cuando la mujer tiene sida (69%); cuando el feto presenta defectos congénitos graves, físicos o mentales (66%); cuando el embarazo es resultado de una violación (65%).
11. Lo que veremos en México en próximas fechas probablemente será a las dos morales, la vieja moral autoritaria y la nueva moral democrática, medir sus fuerzas.
Ya se prepara desde el interior del PRI el movimiento de Ciudadanos en Defensa del Estado Laico (edolaico@gmail.com). Ya se preparan desde varios flancos controversias constitucionales para revocar las reformas antiaborto en 18 estados. Ya opera el Fondo María para auxiliar a mujeres que deseen venir al DF a abortar en hospitales públicos (maria.balance@gmail.com). Ya se aprobó en la Asamblea de la Ciudad de México la despenalización del aborto, la libertad para recurrir a la eutanasia y, hace apenas unos días, el matrimonio de personas del mismo sexo.
Por el lado de la reacción, ya prepara el PAN la controversia constitucional para vetar el matrimonio de personas del mismo sexo. Ya ha colocado en la Suprema Corte de Justicia un nuevo juez catolizante. Ya se prepara el veto al aborto en otros seis estados. Ya es estridente el silencio de un presidente panista que prometió cuando candidato no interferir con las libertades individuales y respetar el Estado laico.
12. Una confesión personal, para cerrar este texto. Daría cualquier cosa por escribir sobre el futuro de mi país y no sobre la pesadilla de un pasado decimonónico que se nos ha venido encima. Corrijo: que nos han lanzado encima desde fuera a l@s mexican@s.
Pero esta es la miserable arena que hay que palear antes de volver la mirada hacia delante.
Sabina Berman
MÉXICO, D.F., 31 de diciembre.- 1. El ataque viene de fuera y de lejos. Del Vaticano. De un Papa alarmado por la disminución mundial de sus fieles y por la relajación de la fidelidad de los católicos a la palabra papal. Católicos pero a un tiempo ciudadanos de democracias, la mayoría de los católicos actuales parecen escuchar al “Santo Padre”, pero no obedecerlo sin mediar su libre albedrío.
2. Otro podría haber sido el camino elegido por el Papa Benedicto XVI para volver relevante a la Iglesia en sociedades democráticas. Una cruzada contra la pobreza o una cruzada contra la enfermedad, por imaginar dos causas pertinentes.
Esta es la desgracia para la década que inicia en el 2010: Aniquilado el Diablo del comunismo, el Papa ha elegido como nuevo Satán la ascendente moral democrática, y eso con la única intención de restaurar, sin enmienda, la marchita moral autoritaria del catolicismo.
3. Ninguna desviación de una moral delgada como un filo de navaja: control de la vida desde la concepción hasta la muerte: cero libertad, por ende cero diversidad, por tanto abominación de la invención: adiós al libre albedrío, terror al cuerpo humano y al placer y espanto de las mujeres autónomas y de los “diferentes”: el triste rosario de negaciones de la vieja moral autoritaria.
4. El Satán a combatir: la nueva moral hecha de libertades civiles: haz lo que quieras y te haga feliz, con tal de que no dañes a tu prójimo: ama a quien amas; elige el número y espaciamiento de tus hijos; edúcalos en las creencias en las que crees; y muere como mejor te parezca morir. Y todo con la protección y auxilio del Estado.
Los valores: la elección individual, la diversidad, el placer, la felicidad.
5. Lanzada en Latinoamérica en el año de 2007, la cruzada vaticana indica a los obispos cooptar arriba para imponer abajo. Cooptar la voluntad de las clases dirigentes para imponer como ley civil a los ciudadanos la desprestigiada moral restrictiva.
Indica igualmente tres vertientes de acción: anular las libertades civiles vigentes en sus países, blindar la prohibición de las aún no legisladas y aumentar los poderes del clero.
6. Así, el sueño de hoy de los obispos sería una sociedad donde sean ilegales y castigados: la diversidad sexual, la anticoncepción, el aborto, los matrimonios gays, el divorcio y la eutanasia. Y donde la Iglesia tenga: injerencia en la educación pública y en el Ejército, medios de comunicación masiva propios y el derecho a recibir un impuesto recabado por el Estado.
7. La cruzada vaticana ha tenido éxito en Latinoamérica únicamente en países donde la joven moral democrática todavía es muy insegura; en Perú y República Dominicana, países de por sí rezagados en cuanto a derechos civiles; en Nicaragua y en México, países de clases políticas corrompidas por el oportunismo y el analfabetismo moral.
8. En México la cruzada arraigó primero en la presidencia del PAN, desde donde los panistas liberales fueron arrasados debido a su distracción y/o su indolencia moral. Luego arraigó, y tal vez para el asombro de los mismos obispos, en la presidencia del PRI, nunca tan mendaz y desesperada por el poder como hoy. Y en los dos partidos la táctica subsecuente ha sido idéntica.
Los presidentes de cada partido convencieron a sus gobernadores y/o caciques locales para realizar el trabajo sucio de presionar a la mayoría de sus diputados para aprobar la criminalización del aborto en sus estados.
9. Es falso que la criminalización de las libertades civiles refleje el conservadurismo de la ciudadanía, como insisten para su disculpa los presidentes del PRI y del PAN, y afirman algunos de nuestros intelectuales “liberales”, por falta de curiosidad sobre sus prójimos.
En el caso reciente de la criminalización del aborto en 18 estados, sencillamente nadie consultó a la ciudadanía. Las reformas se realizaron de espaldas a los ciudadanos, y a menudo guardando el secreto de las fechas de su votación y aun de su contenido.
Por lo demás, consultas de la sociedad civil indican lo contrario: los mexican@s no somos conservadores.
10. Estas son algunas de las cifras de la encuesta realizada entre católic@s mexican@s en 2003. Reproduzco apenas algunos resultados pero invito al lector a consultarla íntegra en la dirección de internet www.catolicasporelderechoadecidir.org.
Una persona puede usar métodos anticonceptivos y ser un buen católico: 84%. En la escuela debe informarse sobre todos los métodos de anticoncepción: 89%.
En nuestro país debe permitirse la interrupción de un embarazo en los siguientes casos: cuando la vida de la mujer está en peligro (82%); cuando la salud de la mujer está en riesgo (77%); cuando la mujer tiene sida (69%); cuando el feto presenta defectos congénitos graves, físicos o mentales (66%); cuando el embarazo es resultado de una violación (65%).
11. Lo que veremos en México en próximas fechas probablemente será a las dos morales, la vieja moral autoritaria y la nueva moral democrática, medir sus fuerzas.
Ya se prepara desde el interior del PRI el movimiento de Ciudadanos en Defensa del Estado Laico (edolaico@gmail.com). Ya se preparan desde varios flancos controversias constitucionales para revocar las reformas antiaborto en 18 estados. Ya opera el Fondo María para auxiliar a mujeres que deseen venir al DF a abortar en hospitales públicos (maria.balance@gmail.com). Ya se aprobó en la Asamblea de la Ciudad de México la despenalización del aborto, la libertad para recurrir a la eutanasia y, hace apenas unos días, el matrimonio de personas del mismo sexo.
Por el lado de la reacción, ya prepara el PAN la controversia constitucional para vetar el matrimonio de personas del mismo sexo. Ya ha colocado en la Suprema Corte de Justicia un nuevo juez catolizante. Ya se prepara el veto al aborto en otros seis estados. Ya es estridente el silencio de un presidente panista que prometió cuando candidato no interferir con las libertades individuales y respetar el Estado laico.
12. Una confesión personal, para cerrar este texto. Daría cualquier cosa por escribir sobre el futuro de mi país y no sobre la pesadilla de un pasado decimonónico que se nos ha venido encima. Corrijo: que nos han lanzado encima desde fuera a l@s mexican@s.
Pero esta es la miserable arena que hay que palear antes de volver la mirada hacia delante.
Justicia internacional contra México
MIGUEL CONCHA
Los días 16 y 23 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencias en contra de México por los casos Campo algodonero y Rosendo Radilla. Estas sentencias deben ser implementadas en el país, toda vez que las resoluciones de esta Corte son obligatorias en los términos del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que su competencia será obligatoria de pleno derecho y sin convención especial sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. México aceptó la jurisdicción de la CIDH el año de 1998, y por lo tanto se obligó a cumplir con sus sentencias en dichos términos. Estos casos son ya el tercero y cuarto que llegan a esa instancia en contra de México, algo que al menos por decoro, y por la mala fama que está adquiriendo nuestra justicia a nivel internacional, debería ser ponderado por nuestras autoridades de procuración y administración de justicia.
El primer caso que le llegó fue el de Alfonso Martín del Campo Dodd en 2004, en el que se denunciaban la tortura y violaciones graves al debido proceso. En esa ocasión la Corte no estudió el fondo de los hechos, por tratarse de violaciones cometidas previamente a la aceptación de su jurisdicción por México. Afortunadamente un nuevo informe al respecto fue también publicado en noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en él se le recuerdan a México las violaciones en este caso, y su obligación de revisarlo. El segundo fue el de Jorge Castañeda Gutman. En esa ocasión la naturaleza de la petición y la jurisprudencia de la misma Corte exigía una tramitación más rápida, y en 2008 se emitió una sentencia, en la que determinó que se había violado el derecho de acceso a la justicia del peticionario. Estos dos casos sirven como antecedente a las resoluciones emitidas en noviembre pasado en los casos Campo algodonero y Rosendo Radilla. El primero de ellos, como se sabe, se llevó ante la Corte cuando en noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas eran en su mayoría menores de 18 años, y sus homicidios se dieron en el contexto de los asesinatos de mujeres en Juárez. La CIDH concluyó que el Estado mexicano violó derechos humanos consagrados en el Pacto de San José y en la Convención de Belem do Pará, y por primera vez usó la expresión homicidio de mujer por razones de género, conocido también como feminicidio en México, y como femicidio en Guatemala. Los derechos que se consideraron vulnerados fueron, según la Corte: violación de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal, al no haberlos garantizado ni haber adoptado disposiciones que evitaran los feminicidios. Se determinó igualmente que México no había cumplido con la obligación de investigar, y que por tanto se violaron los derechos de acceso a la justicia y a la protección judicial, así como a la no discriminación y violaciones a los derechos de las niñas y los niños. Se dispuso que las autoridades mexicanas deberán conducir eficazmente el proceso penal en curso, y, de ser el caso, identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes.
En el caso Rosendo Radilla la Corte determinó que México era culpable por su desaparición forzada, ocurrida en Guerrero el año de 1974. En este caso el Estado mexicano fue encontrado por primera vez responsable de una desaparición cometida durante la guerra sucia, y se determinaron también la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de Radilla, ordenando al gobierno federal que continúe con su búsqueda efectiva y su localización inmediata, o, en su caso, entregar los restos de la víctima. Se determinaron también violaciones al acceso a la justicia y al debido proceso, al no poder ser procesadas en México las personas acusadas de desaparición, por estar indebidamente amparadas por el Código de Justicia Militar. Por lo que se le ordena al gobierno que en un plazo razonable debe reformar el artículo 57 de ese código, ya que es incompatible con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (garantías judiciales). Le ordena igualmente reformar el artículo 215-A del Código Penal Federal, por considerarlo un obstáculo para asegurar la sanción a todos los autores, cómplices y encubridores de cualquiera de los poderes u órganos del Estado, responsables del delito de desaparición forzada de personas, o bien para castigar a un particular que actúe con la autorización, el apoyo y la aquiescencia del Estado.
Las sentencias emitidas son claras al declarar la responsabilidad del Estado y señalar fallas estructurales que propician violaciones a los derechos humanos, como la falta de investigación y leyes contrarias y deficientes. Si bien las sentencias pueden considerarse un logro, no se debe olvidar que las mismas se emitieron porque se cometieron violaciones graves y el Estado no tuvo la voluntad de aclararlas, ni en el nivel de la procuración de justicia ni en el de las instancias judiciales. Toca implementar dichas sentencias. Esperemos que sin dilación y de manera eficaz, para evitar violaciones futuras.
MIGUEL CONCHA
Los días 16 y 23 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencias en contra de México por los casos Campo algodonero y Rosendo Radilla. Estas sentencias deben ser implementadas en el país, toda vez que las resoluciones de esta Corte son obligatorias en los términos del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que su competencia será obligatoria de pleno derecho y sin convención especial sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. México aceptó la jurisdicción de la CIDH el año de 1998, y por lo tanto se obligó a cumplir con sus sentencias en dichos términos. Estos casos son ya el tercero y cuarto que llegan a esa instancia en contra de México, algo que al menos por decoro, y por la mala fama que está adquiriendo nuestra justicia a nivel internacional, debería ser ponderado por nuestras autoridades de procuración y administración de justicia.
El primer caso que le llegó fue el de Alfonso Martín del Campo Dodd en 2004, en el que se denunciaban la tortura y violaciones graves al debido proceso. En esa ocasión la Corte no estudió el fondo de los hechos, por tratarse de violaciones cometidas previamente a la aceptación de su jurisdicción por México. Afortunadamente un nuevo informe al respecto fue también publicado en noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en él se le recuerdan a México las violaciones en este caso, y su obligación de revisarlo. El segundo fue el de Jorge Castañeda Gutman. En esa ocasión la naturaleza de la petición y la jurisprudencia de la misma Corte exigía una tramitación más rápida, y en 2008 se emitió una sentencia, en la que determinó que se había violado el derecho de acceso a la justicia del peticionario. Estos dos casos sirven como antecedente a las resoluciones emitidas en noviembre pasado en los casos Campo algodonero y Rosendo Radilla. El primero de ellos, como se sabe, se llevó ante la Corte cuando en noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas eran en su mayoría menores de 18 años, y sus homicidios se dieron en el contexto de los asesinatos de mujeres en Juárez. La CIDH concluyó que el Estado mexicano violó derechos humanos consagrados en el Pacto de San José y en la Convención de Belem do Pará, y por primera vez usó la expresión homicidio de mujer por razones de género, conocido también como feminicidio en México, y como femicidio en Guatemala. Los derechos que se consideraron vulnerados fueron, según la Corte: violación de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal, al no haberlos garantizado ni haber adoptado disposiciones que evitaran los feminicidios. Se determinó igualmente que México no había cumplido con la obligación de investigar, y que por tanto se violaron los derechos de acceso a la justicia y a la protección judicial, así como a la no discriminación y violaciones a los derechos de las niñas y los niños. Se dispuso que las autoridades mexicanas deberán conducir eficazmente el proceso penal en curso, y, de ser el caso, identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes.
En el caso Rosendo Radilla la Corte determinó que México era culpable por su desaparición forzada, ocurrida en Guerrero el año de 1974. En este caso el Estado mexicano fue encontrado por primera vez responsable de una desaparición cometida durante la guerra sucia, y se determinaron también la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de Radilla, ordenando al gobierno federal que continúe con su búsqueda efectiva y su localización inmediata, o, en su caso, entregar los restos de la víctima. Se determinaron también violaciones al acceso a la justicia y al debido proceso, al no poder ser procesadas en México las personas acusadas de desaparición, por estar indebidamente amparadas por el Código de Justicia Militar. Por lo que se le ordena al gobierno que en un plazo razonable debe reformar el artículo 57 de ese código, ya que es incompatible con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (garantías judiciales). Le ordena igualmente reformar el artículo 215-A del Código Penal Federal, por considerarlo un obstáculo para asegurar la sanción a todos los autores, cómplices y encubridores de cualquiera de los poderes u órganos del Estado, responsables del delito de desaparición forzada de personas, o bien para castigar a un particular que actúe con la autorización, el apoyo y la aquiescencia del Estado.
Las sentencias emitidas son claras al declarar la responsabilidad del Estado y señalar fallas estructurales que propician violaciones a los derechos humanos, como la falta de investigación y leyes contrarias y deficientes. Si bien las sentencias pueden considerarse un logro, no se debe olvidar que las mismas se emitieron porque se cometieron violaciones graves y el Estado no tuvo la voluntad de aclararlas, ni en el nivel de la procuración de justicia ni en el de las instancias judiciales. Toca implementar dichas sentencias. Esperemos que sin dilación y de manera eficaz, para evitar violaciones futuras.
Responsabilidades en el caso de la guardería ABC
GUSTAVO LEAL F. *
En la indagatoria que la SCJN asignó a la comisión designada –agosto de 2009– para atender las diversas competencias en la tragedia de la estancia ABC, en Hermosillo, subrogada por el IMSS, se establece con toda precisión que ésta analizará los alcances y el grado de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías (punto uno).
Lo mismo indica su protocolo de investigación –aprobado el 31 de agosto– en el décimo objetivo: Estudiar los alcances y grados de responsabilidad entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes.
La principal responsabilidad reposa en la subrogación de la cuota en el contexto de un deterioro notable en el desempeño de los órganos superiores del IMSS durante los pasados 10 años. Esa degradación posibilitó la tragedia, porque los padres de las víctimas entregaron esa cuota al Estado mexicano: el IMSS, y fue ese Estado, vía el IMSS, el que la subrogó a privados. De la comisión esperamos un juicio objetivo sobre el desempeño de los órganos superiores del instituto.
Adjudicaciones directas. Primero aparece la responsabilidad directa de Santiago Levy, quien, como director del IMSS, propuso en 2003 el modelo y contrato de subrogación (junto con Antonio Scheleske, Araceli de Fernández –esposa del rector del ITAM–, Dora García Kobeh y Evelyn Rodríguez), así como la de su consejo técnico que lo autorizó y la –entonces– Secodam que lo avaló. Tampoco consta que la comisión de vigilancia del instituto, siguiendo el artículo 265 de la Ley del Seguro Social, hiciera alguna observación.
Licitación pública abierta. Inmediatamente aparece la responsabilidad, también directa, de Juan Molinar Horcasitas, quien –como director del IMSS– (junto con Sergio Salazar, Carla Rochín y la arquitecta Nora Patricia Bonilla) renovó en 2007 el contrato, conociendo las anomalías que había detectado desde el 26 de julio de 2005 la PGR (La Jornada, 13.6). Su responsabilidad es, pues, doble: primero renovó y luego siguió licitando. El sistema Molinar de asignación de contratos –que sólo aportó la licitación (2008) al fracasado diseño original de adjudicación directa de Santiago Levy (2003)– estaba basado en una cuota máxima de referencia por niño –que varía según la región–, a partir de la cual los interesados tenían que ofrecer descuentos al IMSS. De tal suerte que, buscando ganar el concurso, abatían aún más la calidad del modelo Levy de subrogación.
Licitación pública abierta con datos de los interesados. Fueron precisas 49 muertes para que, sólo entonces, el IMSS obsequiara apenas ¡una suspensión temporal! Pero Karam pretende seguir licitando el mismo modelo-contrato de subrogación Levy con el sistema Molinar Horcasitas mejorado: agregando los datos de los interesados con la fundamental ayuda (¿cobrando cuánto?) de Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles. ¡Más de lo mismo, pero mucho peor!
Pero la mayor tragedia de la seguridad social mexicana no ameritó que alguno de los tres sectores que forman el consejo técnico o la comisión de vigilancia convocara a una asamblea general.
No sólo los funcionarios del IMSS se encuentran bajo el escrutinio público. También sus órganos superiores que pueden convocar a la autoridad suprema institucional: esa asamblea general. La tragedia de Hermosillo exigía una con carácter de extraordinaria.
La ley señala: Los órganos superiores del instituto, bajo su estricta responsabilidad, podrán convocar a asamblea general o a sesión extraordinaria únicamente para tratar casos urgentes, de importancia y trascendencia para el instituto. ¿Acaso Hermosillo no es de importancia y trascendencia para éste?
¿Y qué ha comunicado el politólogo Molinar? En su primera reacción señaló que la responsabilidad está en el lugar donde se inició el incendio. Luego aseguró que sí había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours: No hay ninguna declaración. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes se otorgaban por asignación directa, método incorrecto. A cambio, estableció las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: Mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación. Finalmente reiteró estar tranquilo porque no tiene responsabilidad alguna y llamó a no minimizar la importancia del sistema de guarderías IMSS (¡!).
Pero, después de que la PGR reveló que lo investiga, curiosamente pocos días antes de la desaparición (nunca cumplida) de la Secretaría de la Función Pública (4 de septiembre), su aún responsable, Salvador Vega Casillas, lo absolvió porque –sostuvo– en el gobierno existe delegación de funciones y cada quién atiende la parte que le corresponde.
Mientras tanto, la Sedeso sigue abriendo estancias changarro.
Para evitar más tragedias, para salvaguardar a los infantes en guarderías subrogadas por el IMSS y sobre la base de la intervención del Poder Legislativo que aprobó –en agosto– un punto de acuerdo que establece –entre otros– que la Auditoría Superior de la Federación determine si los contratos de subrogación se ajustan a la legalidad, debe ordenársele a Calderón que detenga de inmediato las licitaciones de Karam y cancele definitivamente la bomba de tiempo que representan sus estancias changarro a cargo de la Sedeso.
Lo que la sociedad espera es una corrección de raíz al modelo de subrogación-contratos Levy –proseguido por Molinar– y no una escuálida cosmética de protección civil como la que hoy impone Karam.
GUSTAVO LEAL F. *
En la indagatoria que la SCJN asignó a la comisión designada –agosto de 2009– para atender las diversas competencias en la tragedia de la estancia ABC, en Hermosillo, subrogada por el IMSS, se establece con toda precisión que ésta analizará los alcances y el grado de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías (punto uno).
Lo mismo indica su protocolo de investigación –aprobado el 31 de agosto– en el décimo objetivo: Estudiar los alcances y grados de responsabilidad entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes.
La principal responsabilidad reposa en la subrogación de la cuota en el contexto de un deterioro notable en el desempeño de los órganos superiores del IMSS durante los pasados 10 años. Esa degradación posibilitó la tragedia, porque los padres de las víctimas entregaron esa cuota al Estado mexicano: el IMSS, y fue ese Estado, vía el IMSS, el que la subrogó a privados. De la comisión esperamos un juicio objetivo sobre el desempeño de los órganos superiores del instituto.
Adjudicaciones directas. Primero aparece la responsabilidad directa de Santiago Levy, quien, como director del IMSS, propuso en 2003 el modelo y contrato de subrogación (junto con Antonio Scheleske, Araceli de Fernández –esposa del rector del ITAM–, Dora García Kobeh y Evelyn Rodríguez), así como la de su consejo técnico que lo autorizó y la –entonces– Secodam que lo avaló. Tampoco consta que la comisión de vigilancia del instituto, siguiendo el artículo 265 de la Ley del Seguro Social, hiciera alguna observación.
Licitación pública abierta. Inmediatamente aparece la responsabilidad, también directa, de Juan Molinar Horcasitas, quien –como director del IMSS– (junto con Sergio Salazar, Carla Rochín y la arquitecta Nora Patricia Bonilla) renovó en 2007 el contrato, conociendo las anomalías que había detectado desde el 26 de julio de 2005 la PGR (La Jornada, 13.6). Su responsabilidad es, pues, doble: primero renovó y luego siguió licitando. El sistema Molinar de asignación de contratos –que sólo aportó la licitación (2008) al fracasado diseño original de adjudicación directa de Santiago Levy (2003)– estaba basado en una cuota máxima de referencia por niño –que varía según la región–, a partir de la cual los interesados tenían que ofrecer descuentos al IMSS. De tal suerte que, buscando ganar el concurso, abatían aún más la calidad del modelo Levy de subrogación.
Licitación pública abierta con datos de los interesados. Fueron precisas 49 muertes para que, sólo entonces, el IMSS obsequiara apenas ¡una suspensión temporal! Pero Karam pretende seguir licitando el mismo modelo-contrato de subrogación Levy con el sistema Molinar Horcasitas mejorado: agregando los datos de los interesados con la fundamental ayuda (¿cobrando cuánto?) de Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles. ¡Más de lo mismo, pero mucho peor!
Pero la mayor tragedia de la seguridad social mexicana no ameritó que alguno de los tres sectores que forman el consejo técnico o la comisión de vigilancia convocara a una asamblea general.
No sólo los funcionarios del IMSS se encuentran bajo el escrutinio público. También sus órganos superiores que pueden convocar a la autoridad suprema institucional: esa asamblea general. La tragedia de Hermosillo exigía una con carácter de extraordinaria.
La ley señala: Los órganos superiores del instituto, bajo su estricta responsabilidad, podrán convocar a asamblea general o a sesión extraordinaria únicamente para tratar casos urgentes, de importancia y trascendencia para el instituto. ¿Acaso Hermosillo no es de importancia y trascendencia para éste?
¿Y qué ha comunicado el politólogo Molinar? En su primera reacción señaló que la responsabilidad está en el lugar donde se inició el incendio. Luego aseguró que sí había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours: No hay ninguna declaración. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes se otorgaban por asignación directa, método incorrecto. A cambio, estableció las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: Mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación. Finalmente reiteró estar tranquilo porque no tiene responsabilidad alguna y llamó a no minimizar la importancia del sistema de guarderías IMSS (¡!).
Pero, después de que la PGR reveló que lo investiga, curiosamente pocos días antes de la desaparición (nunca cumplida) de la Secretaría de la Función Pública (4 de septiembre), su aún responsable, Salvador Vega Casillas, lo absolvió porque –sostuvo– en el gobierno existe delegación de funciones y cada quién atiende la parte que le corresponde.
Mientras tanto, la Sedeso sigue abriendo estancias changarro.
Para evitar más tragedias, para salvaguardar a los infantes en guarderías subrogadas por el IMSS y sobre la base de la intervención del Poder Legislativo que aprobó –en agosto– un punto de acuerdo que establece –entre otros– que la Auditoría Superior de la Federación determine si los contratos de subrogación se ajustan a la legalidad, debe ordenársele a Calderón que detenga de inmediato las licitaciones de Karam y cancele definitivamente la bomba de tiempo que representan sus estancias changarro a cargo de la Sedeso.
Lo que la sociedad espera es una corrección de raíz al modelo de subrogación-contratos Levy –proseguido por Molinar– y no una escuálida cosmética de protección civil como la que hoy impone Karam.
