ESTE 2010.
27 ene 2010
México 2010, escenario de choque social
Yael Anahí López Torres
Rebelión
“La salvación del Estado es la ley suprema para los gobernantes, pero por derivación también para los gobernados”.
Norberto Bobbio.
1. Líneas introductorias:
Empezamos el año 2010 en México, año lleno de expectativas pero también de pesimismo dados los estragos del año anterior en todos los ámbitos [2] , asimismo mucho se ha hablado de un posible estallido social como parte de una historia trágica mexicana [3] .
En este escrito no se rechaza tal posibilidad dadas las condiciones que ha dejado un gobierno cuyo propósito se ha centrado en la seguridad bajo una equivocada estrategia que ha traído como consecuencia el debilitamiento de la legitimidad en el uso de la fuerza estatal y violación al Estado de derecho. En un análisis de prospectiva, se hace una referencia a la concepción de Estado de Norberto Bobbio; y al concepto de represión gubernamental estudiado por Isaiah Berlin.
2. Marco Teórico:
En el tema de la acción coercitiva del Estado es necesario retomar las ideas de Norberto Bobbio. Para entender al Estado, Bobbio distingue al Estado como ente racional (teoría de la razón de estado), o al Estado como reino de la fuerza (concepción marxista del Estado). La primera es la concepción positiva del Estado, mientras que la segunda es la concepción negativa. Para efectos de este análisis, y con el objeto de tratar la vulnerabilidad de la legitimidad y la violación del Estado de derecho, se hará referencia a la segunda concepción.
Se le llama concepción negativa del Estado en el sentido de que el momento de la fuerza es esencial para el Estado en el desempeño de su función. En la concepción tradicional negativa del Estado de inspiración religiosa, exige la maldad de los súbditos, mientras que en la concepción de Marx, es por necesidad un aparato coactivo porque sólo mediante la fuerza la clase dominante puede conservar perpetuar su dominio.
Se podría decir que en la doctrina tradicional el Estado es un mal necesario; mientras que en la doctrina marxista es un mal no necesario para los gobernados, sino para el interés de los gobernantes. [4]
En cuanto a la concepción negativa clásica del Estado, la historia del pensamiento político clásico occidental reina la interpretación agustiniana, tomada después por Martín Lutero, según la cual “el Estado es un mal necesario para reprimir la maldad de la gran mayoría de los hombres, los que no podrían vivir en comunidad sin constricción”. A esta concepción se le llama Teoría terrorista del Estado. [5]
En la justificación de las acciones del Estado en el uso de la “fuerza legítima”, Bobbio retoma el problema de la relación entre moral y política, con base en el pensamiento de Hegel al decir que la moral individual es inferior a la del Estado por lo que se refiere a su validez, y debe cederle el paso a ésta cuando la misión histórica del Estado así lo requiera.
¿Y qué pasa cuando la utilización de esa fuerza legítima es causa de un juicio político negativo? Aquí habría una discusión entre la moral y ética de la acción política. El problema de la idoneidad de los medios se plantea cuando se quiere emitir un juicio sobre la eficacia del gobierno, que a fin de cuentas, es un juicio no moral.
Isaiah Berlin también estudia el juicio político, él argumenta que la paz es el fin mínimo del derecho, y para establecerla es preciso usar la fuerza para hacer entrar en razón a los que no respetan las reglas; en el plano de las relaciones internacionales, esa fuerza sería la guerra. [6] Pero también arguye que la ineficiencia del aparato gubernamental puede provocar el paso de un orden a otro en un choque violento entre facciones opuestas, ya que “mucha represión evita que demasiadas personas digan lo que quieran y paulatinamente atrofia su capacidad de comprensión y expresión… si evitas que la gente piense, y les embotas la imaginación, se quedarán asustados, estúpidos o infantiles..” [7]
El juicio político, es decir, “el juicio sobre las acciones que se localizan en la esfera de la política” también puede verse desde el punto de vista jurídico, o sea de la conformidad o la disconformidad con las normas fundamentales de la Constitución, a la que el ejercicio de la acción política por parte de los órganos superiores del Estado también es sometido. El juicio se centra en el mayor o menor apego de los órganos del Estado de esa parte integrante del poder soberano que son los partidos, a sus normas y a sus principios que da el Estado de derecho que con frecuencia se oye de “incorrección constitucional y práctica antidemocrática”. [8]
2. México en el 2010: Escenario de choque social ante la pérdida de legitimidad en el uso de la fuerza y violación al estado de derecho.
México se encamina hacia un año controversial, no por el hecho o “tradición” de llevar una vida llena de truculentos estallidos sociales cada cien años, sino por el contexto que actualmente se vive durante el régimen de Felipe Calderón. Prácticamente desde el inicio de su periodo en el 2006, Calderón ha desatado un profundo descontento social debido a las acciones políticas que se han realizado, tomando como principal objetivo: la “guerra” [9] contra el crimen organizado, especialmente, contra el narcotráfico.
Para este gobierno, el tema de la seguridad ha tenido la importancia fundamental en medio de una crisis internacional tanto económica como financiera. Ante esto hay que decir que la cuestión de la seguridad no carece de importancia sobre todo cuando los niveles de violencia se han incrementado en cifras históricas, el problema es cuando la estrategia no es la adecuada. Desde que los militares salieron a las calles, especialistas y analistas vieron con preocupación esta decisión, cuya prospectiva se encaminaba, lejos de una recuperación de legitimidad, a un descontento aún mayor de los diferentes sectores sociales y a una vulneración de las instituciones estatales. [10]
El resultado no estuvo alejado de estas perspectivas. Esta estrategia de seguridad vino a combinarse con la represión gubernamental, característica en la historia del Estado mexicano; si bien el objeto del control es preservar el status quo, la “estabilidad, la paz y el bienestar”, esta represión ha avivado un creciente recelo de la sociedad mexicana. Por un lado, se ha visto un incremento de los movimientos sociales, y por otra se ha llevado a un plano de criminalizar la protesta social. A parte, tendríamos que ponernos a pensar al menos cuántos presos políticos actualmente existen en las cárceles, un caso muy particular es el de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas, exguerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), liberados en noviembre del 2009, después de diez años de prisión. Tampoco olvidemos las controversiales declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la detención de Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí acusada de secuestrar a seis ex-AFIs. También libre después de estar tres años en prisión, gracias a las presiones de organizaciones nacionales e internacionales. Sus otras dos compañeras indígenas, Alberta y Teresa, siguen aún presas.
La paramilitarización se ha mantenido en posiciones estratégicas donde existe incidencia de grupos “subversivos” o incluso “terroristas”, como lo califica el gobierno mexicano. Se ha tenido evidencia en la zona del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guerrero o incluso aún en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). [11] Por supuesto que no son los únicos. La estrategia de infundar terror genera una permanente tensión y miedo en la población, lo que se decía en la primera parte: la excesiva represión provoca dejar a la población en un estado infantil, pero también da pauta para un nuevo orden ante un choque social.
En el combate al crimen organizado México parece tomar la concepción de insurgencia que aplica Estados Unidos, ya que la guerrilla y el narcotráfico son considerados enemigos que se erradican con las mismas medidas. Es por ello que también se ha criticado esta guerra disfrazada para poner en acción la contrainsurgencia. Y con ello, los casos de culpas fabricadas han ido en aumento, muchas veces con el adjetivo de “presunto” responsable de X.., bastaría recordar los dos casos de Juan Manuel Martínez Moreno y de Mario Romero Tinoco. El primero detenido hace un año en Oaxaca, por el asesinato del periodista norteamericano Brad Will en el 2006; el segundo, está preso desde hace cuatro meses culpado por supuesta complicidad con el narco. A ambos se les ha declarado como culpables por la misma PGR, a pesar de irregularidades en sus respectivos casos. [12]
Deberíamos tomar en cuenta que el Estado de derecho no se hizo para limitar al individuo sino para limitar al poder. [13] Sin embargo en la práctica vemos lo contrario. Somos testigos que en el círculo de la impunidad no solo se ven implicados civiles en la violación a los derechos humanos, también los propios servidores públicos se ven enmarañados en la gran facultad del fuero castrense. Al menos 25 policías municipales, han sido víctimas de tortura por militares, los casos aun quedan impunes y se ha recurrido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) . Más aún, resulta difícil creer en un Estado que no puede velar por la protección de sus testigos protegidos como lo fue Édgar Enrique Bayardo, ex integrante de la Policía Federal (PF), testigo protegido de la PGR, asesinado en un Starbucks del D.F. [14] O bien, hasta policías desaparecidos durante su envió a una misión contra el crimen organizado en Michoacán. [15]
Se ha aplaudido la acción del operativo en Cuernavaca, Morelos, realizada por la Armada de México, donde resultó muerto Marcos Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de jefes, líder del Cártel que lleva sus mismo apellidos. Pero parece ser que entre mayores golpes al narcotráfico, mayor resulta la tensión entre el gobierno y no se diga entre los civiles inocentes, que esta no fue la excepción en decesos. [16] El caso del asesinato de la familia en Tabasco del marino Mequisedet Angulo, recae en preocupación tanto nacional como internacional por la fuerza del crimen y la constante violencia en México.
En la legitimación de la guerra, según Bobbio, es un valor positivo, pero en la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón, el concepto negativo ha englobado prácticamente todos los aspectos con los que el Estado mexicano está respondiendo a la creciente violencia que vive el país, peor aún, por la pérdida de confianza en el aparato jurídico al dejar inconclusas las violaciones a los derechos humanos por parte de militares. [17] Hay que tomar en cuenta que en México los militares tienen su propio tribunal de justicia, cuando en otros países americanos como Brasil y Chile son Tribunales civiles quienes juzgan al aparato castrense.
Todo ello ha causado decepción en opinión pública de manera evidente al gobierno de Calderón, como lo explican Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro: “Narcotráfico: La Guerra Fallida”. [18]
La pérdida de legitimidad en el uso de la fuerza, se ha dado no solamente por las consecuencias que ha traído el mal manejo de los medios, sino también por los fines que se buscan. El acto fascista de la toma de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y con ello después la privatización de la energía, es un golpe directo contra las organizaciones sindicales del país que no congenien con el gobierno. Asimismo, la tendencia ha llevado a criminalizar la pobreza, es decir, orillarla al crimen organizado ante la falta de empleo. He ahí otro punto medular para el uso de la fuerza ilegítima de México.
Para estos tiempos, prácticamente todos los sectores sociales, incluso la red empresarial, no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente Calderón en el alza de precios para este nuevo año. La falta de oportunidades en el ámbito económico, la situación de inestabilidad y tensión ante la violencia en las calles, la represión gubernamental, la violación del estado de derecho y la falta de legitimidad, son algunos de nuestros elementos para poder argumentar que en el año 2010, si aun no se replantea la estrategia de seguridad, México tendrá un escenario de constantes conflictos y muy probable, un choque social como prueba de descontento y hartazgo de la población.
3. A manera de conclusión.
Bobbio argumentó que “la seguridad del Estado como ente colectivo debe servir en última instancia para garantizar la seguridad de los propios ciudadanos”. Respecto a esto, los medios utilizados (en este caso la fuerza) para conseguir este fin (el status quo), corresponderán al gobierno que se encuentre en el poder. Pero no olvidemos que en el uso de la fuerza del Estado es vital estar apoyado no solo por las instituciones, sino por el consenso legítimo, ya que la población avala las acciones del gobierno para salvaguardar la estabilidad del pueblo. Empero, la desviación de las medidas de coerción por parte del Estado recaen en consecuencias que pueden causar el colapso social.
Utilizando la concepción negativa del Estado, los marxistas consideran que el “Estado es el reino de la fuerza”, el cual utiliza este medio coercitivo como un instrumento de dominación. Ante ello se crea el juicio político, el cual avala las acciones gubernamentales. Indiscutiblemente, al emitir un juicio político es común ser dominados por el aspecto moral. El problema comienza cuando el juicio político sea constante en el aspecto negativo. He ahí la señal de modificar las prácticas seguidas hasta ahora por el gobierno en turno. Ya que si bien la represión y el estado de derecho pueden someter a los ciudadanos en la práctica, su mal empleo puede provocar descontento y vulnerabilidad de la estabilidad de los aparatos que sostienen a la entidad jurídica.
En el caso de México, ante el intento de recuperar la legitimidad de Calderón luego de una contienda sospechosa en el 2006, soltando la “guerra” contra el crimen organizado, se ha obtenido un resultado contraproducente, desatando con ello una ola de violencia que lejos de dar seguridad a la población, recitando la concepción marxista: provoca un mal innecesario.
Ante el debilitamiento de las instituciones por la corrupción entre los gobernadores, su involucramiento con el crimen, ante la impunidad que se tiene, ante el crecimiento de la pobreza y de la carencias necesarias, y ante la represión de todos los sectores sociales, muy difícilmente México será visto como un país donde se mantenga un eficaz Estado de derecho y, más aun, un pueblo que legitime esa hazaña fallida del gobierno de Calderón.
Yael Anahí López Torres
Rebelión
“La salvación del Estado es la ley suprema para los gobernantes, pero por derivación también para los gobernados”.
Norberto Bobbio.
1. Líneas introductorias:
Empezamos el año 2010 en México, año lleno de expectativas pero también de pesimismo dados los estragos del año anterior en todos los ámbitos [2] , asimismo mucho se ha hablado de un posible estallido social como parte de una historia trágica mexicana [3] .
En este escrito no se rechaza tal posibilidad dadas las condiciones que ha dejado un gobierno cuyo propósito se ha centrado en la seguridad bajo una equivocada estrategia que ha traído como consecuencia el debilitamiento de la legitimidad en el uso de la fuerza estatal y violación al Estado de derecho. En un análisis de prospectiva, se hace una referencia a la concepción de Estado de Norberto Bobbio; y al concepto de represión gubernamental estudiado por Isaiah Berlin.
2. Marco Teórico:
En el tema de la acción coercitiva del Estado es necesario retomar las ideas de Norberto Bobbio. Para entender al Estado, Bobbio distingue al Estado como ente racional (teoría de la razón de estado), o al Estado como reino de la fuerza (concepción marxista del Estado). La primera es la concepción positiva del Estado, mientras que la segunda es la concepción negativa. Para efectos de este análisis, y con el objeto de tratar la vulnerabilidad de la legitimidad y la violación del Estado de derecho, se hará referencia a la segunda concepción.
Se le llama concepción negativa del Estado en el sentido de que el momento de la fuerza es esencial para el Estado en el desempeño de su función. En la concepción tradicional negativa del Estado de inspiración religiosa, exige la maldad de los súbditos, mientras que en la concepción de Marx, es por necesidad un aparato coactivo porque sólo mediante la fuerza la clase dominante puede conservar perpetuar su dominio.
Se podría decir que en la doctrina tradicional el Estado es un mal necesario; mientras que en la doctrina marxista es un mal no necesario para los gobernados, sino para el interés de los gobernantes. [4]
En cuanto a la concepción negativa clásica del Estado, la historia del pensamiento político clásico occidental reina la interpretación agustiniana, tomada después por Martín Lutero, según la cual “el Estado es un mal necesario para reprimir la maldad de la gran mayoría de los hombres, los que no podrían vivir en comunidad sin constricción”. A esta concepción se le llama Teoría terrorista del Estado. [5]
En la justificación de las acciones del Estado en el uso de la “fuerza legítima”, Bobbio retoma el problema de la relación entre moral y política, con base en el pensamiento de Hegel al decir que la moral individual es inferior a la del Estado por lo que se refiere a su validez, y debe cederle el paso a ésta cuando la misión histórica del Estado así lo requiera.
¿Y qué pasa cuando la utilización de esa fuerza legítima es causa de un juicio político negativo? Aquí habría una discusión entre la moral y ética de la acción política. El problema de la idoneidad de los medios se plantea cuando se quiere emitir un juicio sobre la eficacia del gobierno, que a fin de cuentas, es un juicio no moral.
Isaiah Berlin también estudia el juicio político, él argumenta que la paz es el fin mínimo del derecho, y para establecerla es preciso usar la fuerza para hacer entrar en razón a los que no respetan las reglas; en el plano de las relaciones internacionales, esa fuerza sería la guerra. [6] Pero también arguye que la ineficiencia del aparato gubernamental puede provocar el paso de un orden a otro en un choque violento entre facciones opuestas, ya que “mucha represión evita que demasiadas personas digan lo que quieran y paulatinamente atrofia su capacidad de comprensión y expresión… si evitas que la gente piense, y les embotas la imaginación, se quedarán asustados, estúpidos o infantiles..” [7]
El juicio político, es decir, “el juicio sobre las acciones que se localizan en la esfera de la política” también puede verse desde el punto de vista jurídico, o sea de la conformidad o la disconformidad con las normas fundamentales de la Constitución, a la que el ejercicio de la acción política por parte de los órganos superiores del Estado también es sometido. El juicio se centra en el mayor o menor apego de los órganos del Estado de esa parte integrante del poder soberano que son los partidos, a sus normas y a sus principios que da el Estado de derecho que con frecuencia se oye de “incorrección constitucional y práctica antidemocrática”. [8]
2. México en el 2010: Escenario de choque social ante la pérdida de legitimidad en el uso de la fuerza y violación al estado de derecho.
México se encamina hacia un año controversial, no por el hecho o “tradición” de llevar una vida llena de truculentos estallidos sociales cada cien años, sino por el contexto que actualmente se vive durante el régimen de Felipe Calderón. Prácticamente desde el inicio de su periodo en el 2006, Calderón ha desatado un profundo descontento social debido a las acciones políticas que se han realizado, tomando como principal objetivo: la “guerra” [9] contra el crimen organizado, especialmente, contra el narcotráfico.
Para este gobierno, el tema de la seguridad ha tenido la importancia fundamental en medio de una crisis internacional tanto económica como financiera. Ante esto hay que decir que la cuestión de la seguridad no carece de importancia sobre todo cuando los niveles de violencia se han incrementado en cifras históricas, el problema es cuando la estrategia no es la adecuada. Desde que los militares salieron a las calles, especialistas y analistas vieron con preocupación esta decisión, cuya prospectiva se encaminaba, lejos de una recuperación de legitimidad, a un descontento aún mayor de los diferentes sectores sociales y a una vulneración de las instituciones estatales. [10]
El resultado no estuvo alejado de estas perspectivas. Esta estrategia de seguridad vino a combinarse con la represión gubernamental, característica en la historia del Estado mexicano; si bien el objeto del control es preservar el status quo, la “estabilidad, la paz y el bienestar”, esta represión ha avivado un creciente recelo de la sociedad mexicana. Por un lado, se ha visto un incremento de los movimientos sociales, y por otra se ha llevado a un plano de criminalizar la protesta social. A parte, tendríamos que ponernos a pensar al menos cuántos presos políticos actualmente existen en las cárceles, un caso muy particular es el de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas, exguerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), liberados en noviembre del 2009, después de diez años de prisión. Tampoco olvidemos las controversiales declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la detención de Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí acusada de secuestrar a seis ex-AFIs. También libre después de estar tres años en prisión, gracias a las presiones de organizaciones nacionales e internacionales. Sus otras dos compañeras indígenas, Alberta y Teresa, siguen aún presas.
La paramilitarización se ha mantenido en posiciones estratégicas donde existe incidencia de grupos “subversivos” o incluso “terroristas”, como lo califica el gobierno mexicano. Se ha tenido evidencia en la zona del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guerrero o incluso aún en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). [11] Por supuesto que no son los únicos. La estrategia de infundar terror genera una permanente tensión y miedo en la población, lo que se decía en la primera parte: la excesiva represión provoca dejar a la población en un estado infantil, pero también da pauta para un nuevo orden ante un choque social.
En el combate al crimen organizado México parece tomar la concepción de insurgencia que aplica Estados Unidos, ya que la guerrilla y el narcotráfico son considerados enemigos que se erradican con las mismas medidas. Es por ello que también se ha criticado esta guerra disfrazada para poner en acción la contrainsurgencia. Y con ello, los casos de culpas fabricadas han ido en aumento, muchas veces con el adjetivo de “presunto” responsable de X.., bastaría recordar los dos casos de Juan Manuel Martínez Moreno y de Mario Romero Tinoco. El primero detenido hace un año en Oaxaca, por el asesinato del periodista norteamericano Brad Will en el 2006; el segundo, está preso desde hace cuatro meses culpado por supuesta complicidad con el narco. A ambos se les ha declarado como culpables por la misma PGR, a pesar de irregularidades en sus respectivos casos. [12]
Deberíamos tomar en cuenta que el Estado de derecho no se hizo para limitar al individuo sino para limitar al poder. [13] Sin embargo en la práctica vemos lo contrario. Somos testigos que en el círculo de la impunidad no solo se ven implicados civiles en la violación a los derechos humanos, también los propios servidores públicos se ven enmarañados en la gran facultad del fuero castrense. Al menos 25 policías municipales, han sido víctimas de tortura por militares, los casos aun quedan impunes y se ha recurrido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) . Más aún, resulta difícil creer en un Estado que no puede velar por la protección de sus testigos protegidos como lo fue Édgar Enrique Bayardo, ex integrante de la Policía Federal (PF), testigo protegido de la PGR, asesinado en un Starbucks del D.F. [14] O bien, hasta policías desaparecidos durante su envió a una misión contra el crimen organizado en Michoacán. [15]
Se ha aplaudido la acción del operativo en Cuernavaca, Morelos, realizada por la Armada de México, donde resultó muerto Marcos Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de jefes, líder del Cártel que lleva sus mismo apellidos. Pero parece ser que entre mayores golpes al narcotráfico, mayor resulta la tensión entre el gobierno y no se diga entre los civiles inocentes, que esta no fue la excepción en decesos. [16] El caso del asesinato de la familia en Tabasco del marino Mequisedet Angulo, recae en preocupación tanto nacional como internacional por la fuerza del crimen y la constante violencia en México.
En la legitimación de la guerra, según Bobbio, es un valor positivo, pero en la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón, el concepto negativo ha englobado prácticamente todos los aspectos con los que el Estado mexicano está respondiendo a la creciente violencia que vive el país, peor aún, por la pérdida de confianza en el aparato jurídico al dejar inconclusas las violaciones a los derechos humanos por parte de militares. [17] Hay que tomar en cuenta que en México los militares tienen su propio tribunal de justicia, cuando en otros países americanos como Brasil y Chile son Tribunales civiles quienes juzgan al aparato castrense.
Todo ello ha causado decepción en opinión pública de manera evidente al gobierno de Calderón, como lo explican Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro: “Narcotráfico: La Guerra Fallida”. [18]
La pérdida de legitimidad en el uso de la fuerza, se ha dado no solamente por las consecuencias que ha traído el mal manejo de los medios, sino también por los fines que se buscan. El acto fascista de la toma de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y con ello después la privatización de la energía, es un golpe directo contra las organizaciones sindicales del país que no congenien con el gobierno. Asimismo, la tendencia ha llevado a criminalizar la pobreza, es decir, orillarla al crimen organizado ante la falta de empleo. He ahí otro punto medular para el uso de la fuerza ilegítima de México.
Para estos tiempos, prácticamente todos los sectores sociales, incluso la red empresarial, no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente Calderón en el alza de precios para este nuevo año. La falta de oportunidades en el ámbito económico, la situación de inestabilidad y tensión ante la violencia en las calles, la represión gubernamental, la violación del estado de derecho y la falta de legitimidad, son algunos de nuestros elementos para poder argumentar que en el año 2010, si aun no se replantea la estrategia de seguridad, México tendrá un escenario de constantes conflictos y muy probable, un choque social como prueba de descontento y hartazgo de la población.
3. A manera de conclusión.
Bobbio argumentó que “la seguridad del Estado como ente colectivo debe servir en última instancia para garantizar la seguridad de los propios ciudadanos”. Respecto a esto, los medios utilizados (en este caso la fuerza) para conseguir este fin (el status quo), corresponderán al gobierno que se encuentre en el poder. Pero no olvidemos que en el uso de la fuerza del Estado es vital estar apoyado no solo por las instituciones, sino por el consenso legítimo, ya que la población avala las acciones del gobierno para salvaguardar la estabilidad del pueblo. Empero, la desviación de las medidas de coerción por parte del Estado recaen en consecuencias que pueden causar el colapso social.
Utilizando la concepción negativa del Estado, los marxistas consideran que el “Estado es el reino de la fuerza”, el cual utiliza este medio coercitivo como un instrumento de dominación. Ante ello se crea el juicio político, el cual avala las acciones gubernamentales. Indiscutiblemente, al emitir un juicio político es común ser dominados por el aspecto moral. El problema comienza cuando el juicio político sea constante en el aspecto negativo. He ahí la señal de modificar las prácticas seguidas hasta ahora por el gobierno en turno. Ya que si bien la represión y el estado de derecho pueden someter a los ciudadanos en la práctica, su mal empleo puede provocar descontento y vulnerabilidad de la estabilidad de los aparatos que sostienen a la entidad jurídica.
En el caso de México, ante el intento de recuperar la legitimidad de Calderón luego de una contienda sospechosa en el 2006, soltando la “guerra” contra el crimen organizado, se ha obtenido un resultado contraproducente, desatando con ello una ola de violencia que lejos de dar seguridad a la población, recitando la concepción marxista: provoca un mal innecesario.
Ante el debilitamiento de las instituciones por la corrupción entre los gobernadores, su involucramiento con el crimen, ante la impunidad que se tiene, ante el crecimiento de la pobreza y de la carencias necesarias, y ante la represión de todos los sectores sociales, muy difícilmente México será visto como un país donde se mantenga un eficaz Estado de derecho y, más aun, un pueblo que legitime esa hazaña fallida del gobierno de Calderón.
Los cachorros del Yunque
Álvaro Delgado
MEXICO, D.F., 26 de enero (Proceso).- Nacidos en la década de los setenta, educados en colegios privados, adiestrados políticamente desde la adolescencia y con experiencia en la alta burocracia gubernamental, un grupo de políticos noveles, encabezados por César Nava Vázquez, controla la dirigencia y la estructura del Partido Acción Nacional (PAN).
Pero no se trata de una camada de jóvenes ordinarios y heterogéneos, sino de hijos de los jerarcas de El Yunque, la organización ultraderechista que tiene en Nava Vázquez al tercer presidente del PAN después de Luis Felipe Bravo Mena, actual secretario particular de Felipe Calderón, y de Manuel Espino, hoy presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
Adoctrinados en el catolicismo más conservador, son egresados de instituciones educativas fundadas por El Yunque: la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); de las universidades confesionales Panamericana y La Salle, y de centros educativos de tipo empresarial, como el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El caso de César Nava Vázquez es ilustrativo: es hijo del fallecido César Nava Miranda, jefe de El Yunque en Michoacán, quien presidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en ese estado, fundó la Universidad Vasco de Quiroga y encabezó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Otro es el de Guillermo Bustamante Ruisánchez, actual director jurídico del CEN del PAN y representante de dicho partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE), quien es hijo de Guillermo Bustamante Manilla, sucesor de Nava Miranda en la presidencia nacional de la UNPF. Este organismo sigue siendo presidido por Bustamante Manilla y es controlado por El Yunque desde 1976, cuando el actual presidente del PAN tenía apenas dos años de edad.
Pues bien, César Nava Vázquez y Guillermo Bustamante Ruisánchez, nacidos en 1974 y 1971, respectivamente, estudiaron derecho en la Universidad Panamericana, la institución educativa del Opus Dei, y juntos han sido funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Vicente Fox y en la Presidencia de la República con Felipe Calderón.
A su vez, el director de Comunicación Social del CEN del PAN, Abel Hernández López, es hijo de Abel Hernández Rosete, quien fungió como jefe de El Yunque en Jalisco después de que, en 1980, fue asesinado Jorge Kalfópoulos, y lideró la UNPF junto con Nava Miranda, con quien cofundó la Universidad Vasco de Quiroga.
Egresado de la carrera de periodismo en la UPAEP, Hernández López se desempeñó como secretario general del PAN de Puebla entre 2001 y 2002, durante la presidencia partidista local de Juan Carlos Espina von Roerich, quien es hermano de José, actual presidente de la Comisión Nacional de Elecciones. También ellos han sido identificados como militantes de la organización clandestina.
Abel Hernández López, quien nació en 1979, trabajó en la Presidencia de la República con Marta Sahagún, mujer de Fox, a las órdenes de Guillermo Velasco Barrera, hijo de Guillermo Velasco Arzac, jefe nacional operativo de El Yunque.
Por su parte, el hoy secretario particular de César Nava, Roberto Eduardo Aguilar Pirez, quien tiene 35 años de edad y ha sido asistente del primero desde hace al menos una década, egresó igualmente de la UPAEP.
A esta camada de “cachorros” de El Yunque pertenecen asimismo los hijos del actual jefe general de esa organización secreta –Bernardo Ardavín Migoni, expresidente de la Coparmex–, dos de los cuales, José Antonio y Santiago, militan en el PAN desde 1996.
José Antonio, nacido en 1977, es economista por el ITAM y trabajó en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México durante el sexenio de Fox, y Santiago, actualmente de 38 años, estudió administración en el ITESM y, después de trabajar para Lorenzo Servitje en Bimbo, es consultor en ESEM, Estrategia Empresarial, el negocio de su padre, que ha recibido jugosos contratos del gobierno federal.
José Ramón, otro hijo del jefe de El Yunque y presidente de la flamante Fundación Carlos Abascal, aunque no milita en el PAN, funge como subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyo titular en el gobierno de Calderón es José Luis Luege, otro prominente militante de esa organización extremista.
Integrante de esta casta es igualmente Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, hijo del diputado federal Francisco Xavier Salazar Sáenz, quien fue jefe de El Yunque en San Luis Potosí, secretario del Trabajo con Vicente Fox y vicepresidente de la UNPF con Nava Miranda.
Salazar Díez de Sollano, quien estudió química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, preside la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y ha sido dos veces diputado federal, en una de las cuales, la LIX Legislatura, presidió la Comisión de Energía.
Un caso peculiar es el de Juan Carlos Plata Ibarra, hijo del fundador de El Yunque Ramón Plata Moreno: militante activo del PAN desde el 1 de junio de 1988, con registro en Puebla –donde se fundó esa organización en 1955–, hizo una carrera política de la que muy pronto desistió.
Después de haber sido director de la Coparmex en la entidad, coordinó la campaña de Jorge Ocejo Moreno a la presidencia municipal de Puebla en 1992, y luego fue regidor de Turismo en el ayuntamiento presidido por Gabriel Hinojosa Rivero, primo hermano de Calderón, entre 1997 y 2000. Desde entonces radica en Guadalajara, Jalisco, donde es directivo de la agencia Saiffe, que diseña campañas de publicidad y que ha sido contratada por el gobernador de Puebla, Mario Marín.
Los “buenos”
El ascenso de los hijos de prominentes miembros de El Yunque a la dirigencia nacional del PAN, gracias a los nombramientos que ha hecho César Nava, coincide con el 30 aniversario del asesinato de Ramón Plata Moreno, que se perpetró la noche del 24 de diciembre de 1979 y que permanece impune.
Y se da también en el marco del lanzamiento de la Fundación Carlos Abascal, cuyo propósito es convertirse en semillero de cuadros políticos, según anunció el presidente del nuevo organismo, Bernardo Ardavín Migoni.
El anuncio se hizo en un acto celebrado el pasado 2 de diciembre, a un año de la muerte de quien fue secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Un hijo de éste, Rodrigo, milita en el PAN desde 2002, y dos de sus hijas, Luz del Carmen y Rosa Martha, forman parte del equipo de Guillermo Velasco Arzac, presidente de la Coordinadora Ciudadana. Por cierto que esta agrupación política nacional obtuvo el registro del IFE gracias a la membresía de El Yunque, como consta en el padrón de afiliados que consultó el reportero.
La fundación que lleva el nombre del prototipo de político de derecha, “Carlos Abascal” –personaje al que también se pretende convertir en santo–, convocó a un nutrido grupo de miembros de El Yunque que encabeza Ardavín: además de Velasco Arzac, Salazar Sáenz, el procurador Arturo Chávez Chávez, el gobernador Marco Antonio Adame, José Luis Luege, Luis Pazos…
Entre los asistentes estaba, asimismo, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, quien se dice representante legal de la familia de Plata Moreno y ha sido señalado como el principal obstáculo para saber quién asesinó al fundador de El Yunque.
Este reacomodo se da después de la peor derrota del PAN en su periodo de ascenso, la cual se produjo en julio de 2009 y derivó en la renuncia del dirigente del partido Germán Martínez, impuesto en el cargo por Felipe Calderón, quien utilizó la estructura gubernamental para desplazar a Espino de la dirigencia panista, como se ha documentado en Proceso.
Martínez, quien asumió la presidencia del PAN en diciembre de 2007, supuestamente tenía el propósito de poner fin al predominio que tuvo El Yunque en ese partido con Bravo Mena y Espino, pero César Nava fue impuesto por Calderón a sabiendas de que es también un miembro juramentado de la organización ultraderechista, cuyo proyecto es imponer en México un régimen teocrático.
Al respecto, Luis Paredes Moctezuma, exalcalde del PAN en Puebla y quien militó tres décadas en esa organización clandestina, califica de “desatino” que Calderón haya impuesto a Nava después de que había logrado darle un golpe contundente al poder de El Yunque y sus integrantes con la remoción de Espino.
“Cuando los tenía arrinconados, (Calderón) les da oxígeno”, censura el político poblano, autor del libro Los secretos de El Yunque / Historia de una conspiración contra el Estado mexicano, y recuerda que, antes de la llegada de Nava, Martínez nombró a José Espina von Roerich como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, el “IFE” del PAN.
“La señal que manda es que (los de El Yunque) siguen teniendo la manera de nombrar candidatos. Esto les da una tregua y siguen vendiendo la idea al panismo de que son ellos los que reparten el pastel, cuando los debió haber desmantelado. La llegada de César es la culminación de aquello y es una señal absolutamente equivocada.”
–¿A qué atribuye esta decisión de Calderón?
–Él parte de una premisa absolutamente falsa: que hay dos Yunques, uno bueno y uno malo. El bueno es el de Luis Felipe Bravo Mena y el malo es el de Manuel Espino, y no considera que ambos obedecen al mismo jefe: Bernardo Ardavín y, además, a Guillermo Velasco Arzac.
El Yunque, advierte, ha tomado mucha fuerza con el arribo de Nava a la presidencia del PAN, porque es el tercer presidente partidista que proviene de esa organización, cuyos militantes “es más que obvio que están” en posiciones relevantes en el CEN.
El ala delictiva
Y en efecto, forman parte de esta escalada de El Yunque otros personajes, si bien ya no son tan jóvenes. Uno de ellos es el secretario de Formación del PAN, Gerardo Aranda Orozco, quien funge al mismo tiempo como director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, en sustitución de Abascal, a quien también relevó en la Coparmex.
Gerardo es hermano de Ana Teresa Aranda Orozco, quien fue presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), directora general del DIF, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Fox y subsecretaria de Gobernación con Felipe Calderón. Hoy, cuando busca ser candidata de su partido por la gubernatura de Puebla en los comicios que se realizarán este año, cuenta con cinco hijos que la apoyan como militantes del PAN.
Uno más es Alfredo Botello Montes, nombrado secretario de Acción de Gobierno del CEN apenas dejó la Secretaría General de Gobierno de Querétaro, el estado que junto con San Luis Potosí perdió el PAN en las elecciones de julio pasado.
Botello Montes, quien usa el seudónimo de Paul Keres en honor del genial ajedrecista estonio, es un experto en integrar grupos de choque desde que era estudiante de preparatoria. Se le identifica como el estratega de El Yunque en Querétaro, donde se le vio trabajar como promotor de campos de adiestramiento para reclutas de esa organización.
La incorporación de Botello Montes al CEN no es casual, porque forma parte del grupo que controla al PAN desde la década de los ochenta. Una de las familias hegemónicas es la de quienes comparten los apellidos Nava Bolaños, primos de César Nava Miranda y tíos de César Nava Vázquez. Eduardo Nava Bolaños es senador, en tanto que Arturo Nava Bolaños ocupó igualmente una senaduría y una diputación federal.
Alfredo Botello fue compañero en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) del exconsejero electoral Jaime Cárdenas, actual diputado del Partido del Trabajo, quien recuerda que era un estudiante mediocre y faltista, que a menudo se quedaba dormido en las clases.
La razón era que, desde entonces, Botello se hallaba muy ocupado encabezando operativos con grupos de choque. Uno de ellos fue la quema de la Aula Magna de la UAQ, que se consumó en 1976 en protesta porque consideraban “comunista” al aspirante a rector Álvaro Arreola, y otro fue el embate contra estudiantes “comunistas” de Zacatecas, al año siguiente.
Tal como se detalla en el libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, editado por Plaza y Janés en 2003, el grupo de choque de Botello irrumpió con violencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 1977, pero dos de sus integrantes –Lázaro Barrón Frías, alias Mateo Letrán, y Pedro Luis López Solorio, cuyo seudónimo era Cornelio Laurens– fueron detenidos y expusieron ante las autoridades la manera de operar de El Yunque.
Según el testimonio de López Solorio, quien entonces tenía 19 años de edad, conoció a Botello Montes en una peregrinación al Cerro del Cubilete, en Guanajuato, y fue quien lo inició en El Yunque, en una ceremonia celebrada justamente en casa de éste:
“El 22 de febrero del presente año es afiliado al grupo que sabe lleva el nombre de Organización del Yunque, por medio de una ceremonia en casa de Alfredo Botello Montes, sita en calle 5 de Mayo, en el barrio de la Cruz…”, registran los documentos judiciales.
De acuerdo con la declaración del muchacho, se identificó como uno de los jefes de El Yunque en Querétaro a Arturo Nava Bolaños –tío de César Nava–, quien fue citado el 20 de mayo de 1977 ante el Ministerio Público de Zacatecas.
Al respecto se asentó: “Nava Bolaños negó todos los cargos, por lo que el procurador de Justicia lo dejó en libertad, asegurando que si se comprobaba actuación delictuosa sería severamente castigado”.
Nada ocurrió, como tampoco nada ha ocurrido con otros miembros de El Yunque que han sido sorprendidos en conductas delincuenciales, como Gustavo Villegas Nava, hijo de Elías Villegas Torres, jefe de El Yunque en Guanajuato, cuyos gobernadores –desde Carlos Medina hasta Juan Manuel Oliva– han sido omisos ante las denuncias.
Como otros jerarcas de El Yunque, Elías Villegas ha impulsado la carrera política de sus hijos. Así, Leticia Villegas Nava es actualmente presidenta del Congreso local, luego de desempeñarse como diputada federal y como regidora de León. Con el arzobispo Guadalupe Martín Rábago desayuna casi a diario en dicha ciudad.
Elías Villegas y su hija han sido denunciados públicamente por Carlos Alberto Zepeda Orozco, quien, después de militar en El Yunque, decidió escribir un libro (Decepciona el PAN en Guanajuato…) para narrar cómo los jefes de El Yunque destruyeron su familia y su patrimonio.
Zepeda Orozco es primo hermano de Ana Teresa Aranda, quien de Guanajuato se fue a Puebla, entidad donde hijos de jerarcas de El Yunque tienen gran influencia en el PAN.
Por ejemplo, Bernardo Arrubarrena García, hijo de José Antonio Arrubarrena –fundador y rector de la UPAEP–, presidió el comité del PAN en la capital de Puebla entre 2008 y 2009, y Pablo Rodríguez Regordosa –hijo de Herberto Rodríguez Concha, fundador también de El Yunque– es diputado federal y coordinador de la precampaña del expriista Rafael Moreno Valle, aspirante a ser candidato a gobernador de Puebla.
Álvaro Delgado
MEXICO, D.F., 26 de enero (Proceso).- Nacidos en la década de los setenta, educados en colegios privados, adiestrados políticamente desde la adolescencia y con experiencia en la alta burocracia gubernamental, un grupo de políticos noveles, encabezados por César Nava Vázquez, controla la dirigencia y la estructura del Partido Acción Nacional (PAN).
Pero no se trata de una camada de jóvenes ordinarios y heterogéneos, sino de hijos de los jerarcas de El Yunque, la organización ultraderechista que tiene en Nava Vázquez al tercer presidente del PAN después de Luis Felipe Bravo Mena, actual secretario particular de Felipe Calderón, y de Manuel Espino, hoy presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
Adoctrinados en el catolicismo más conservador, son egresados de instituciones educativas fundadas por El Yunque: la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); de las universidades confesionales Panamericana y La Salle, y de centros educativos de tipo empresarial, como el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El caso de César Nava Vázquez es ilustrativo: es hijo del fallecido César Nava Miranda, jefe de El Yunque en Michoacán, quien presidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en ese estado, fundó la Universidad Vasco de Quiroga y encabezó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Otro es el de Guillermo Bustamante Ruisánchez, actual director jurídico del CEN del PAN y representante de dicho partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE), quien es hijo de Guillermo Bustamante Manilla, sucesor de Nava Miranda en la presidencia nacional de la UNPF. Este organismo sigue siendo presidido por Bustamante Manilla y es controlado por El Yunque desde 1976, cuando el actual presidente del PAN tenía apenas dos años de edad.
Pues bien, César Nava Vázquez y Guillermo Bustamante Ruisánchez, nacidos en 1974 y 1971, respectivamente, estudiaron derecho en la Universidad Panamericana, la institución educativa del Opus Dei, y juntos han sido funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Vicente Fox y en la Presidencia de la República con Felipe Calderón.
A su vez, el director de Comunicación Social del CEN del PAN, Abel Hernández López, es hijo de Abel Hernández Rosete, quien fungió como jefe de El Yunque en Jalisco después de que, en 1980, fue asesinado Jorge Kalfópoulos, y lideró la UNPF junto con Nava Miranda, con quien cofundó la Universidad Vasco de Quiroga.
Egresado de la carrera de periodismo en la UPAEP, Hernández López se desempeñó como secretario general del PAN de Puebla entre 2001 y 2002, durante la presidencia partidista local de Juan Carlos Espina von Roerich, quien es hermano de José, actual presidente de la Comisión Nacional de Elecciones. También ellos han sido identificados como militantes de la organización clandestina.
Abel Hernández López, quien nació en 1979, trabajó en la Presidencia de la República con Marta Sahagún, mujer de Fox, a las órdenes de Guillermo Velasco Barrera, hijo de Guillermo Velasco Arzac, jefe nacional operativo de El Yunque.
Por su parte, el hoy secretario particular de César Nava, Roberto Eduardo Aguilar Pirez, quien tiene 35 años de edad y ha sido asistente del primero desde hace al menos una década, egresó igualmente de la UPAEP.
A esta camada de “cachorros” de El Yunque pertenecen asimismo los hijos del actual jefe general de esa organización secreta –Bernardo Ardavín Migoni, expresidente de la Coparmex–, dos de los cuales, José Antonio y Santiago, militan en el PAN desde 1996.
José Antonio, nacido en 1977, es economista por el ITAM y trabajó en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México durante el sexenio de Fox, y Santiago, actualmente de 38 años, estudió administración en el ITESM y, después de trabajar para Lorenzo Servitje en Bimbo, es consultor en ESEM, Estrategia Empresarial, el negocio de su padre, que ha recibido jugosos contratos del gobierno federal.
José Ramón, otro hijo del jefe de El Yunque y presidente de la flamante Fundación Carlos Abascal, aunque no milita en el PAN, funge como subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyo titular en el gobierno de Calderón es José Luis Luege, otro prominente militante de esa organización extremista.
Integrante de esta casta es igualmente Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, hijo del diputado federal Francisco Xavier Salazar Sáenz, quien fue jefe de El Yunque en San Luis Potosí, secretario del Trabajo con Vicente Fox y vicepresidente de la UNPF con Nava Miranda.
Salazar Díez de Sollano, quien estudió química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, preside la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y ha sido dos veces diputado federal, en una de las cuales, la LIX Legislatura, presidió la Comisión de Energía.
Un caso peculiar es el de Juan Carlos Plata Ibarra, hijo del fundador de El Yunque Ramón Plata Moreno: militante activo del PAN desde el 1 de junio de 1988, con registro en Puebla –donde se fundó esa organización en 1955–, hizo una carrera política de la que muy pronto desistió.
Después de haber sido director de la Coparmex en la entidad, coordinó la campaña de Jorge Ocejo Moreno a la presidencia municipal de Puebla en 1992, y luego fue regidor de Turismo en el ayuntamiento presidido por Gabriel Hinojosa Rivero, primo hermano de Calderón, entre 1997 y 2000. Desde entonces radica en Guadalajara, Jalisco, donde es directivo de la agencia Saiffe, que diseña campañas de publicidad y que ha sido contratada por el gobernador de Puebla, Mario Marín.
Los “buenos”
El ascenso de los hijos de prominentes miembros de El Yunque a la dirigencia nacional del PAN, gracias a los nombramientos que ha hecho César Nava, coincide con el 30 aniversario del asesinato de Ramón Plata Moreno, que se perpetró la noche del 24 de diciembre de 1979 y que permanece impune.
Y se da también en el marco del lanzamiento de la Fundación Carlos Abascal, cuyo propósito es convertirse en semillero de cuadros políticos, según anunció el presidente del nuevo organismo, Bernardo Ardavín Migoni.
El anuncio se hizo en un acto celebrado el pasado 2 de diciembre, a un año de la muerte de quien fue secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Un hijo de éste, Rodrigo, milita en el PAN desde 2002, y dos de sus hijas, Luz del Carmen y Rosa Martha, forman parte del equipo de Guillermo Velasco Arzac, presidente de la Coordinadora Ciudadana. Por cierto que esta agrupación política nacional obtuvo el registro del IFE gracias a la membresía de El Yunque, como consta en el padrón de afiliados que consultó el reportero.
La fundación que lleva el nombre del prototipo de político de derecha, “Carlos Abascal” –personaje al que también se pretende convertir en santo–, convocó a un nutrido grupo de miembros de El Yunque que encabeza Ardavín: además de Velasco Arzac, Salazar Sáenz, el procurador Arturo Chávez Chávez, el gobernador Marco Antonio Adame, José Luis Luege, Luis Pazos…
Entre los asistentes estaba, asimismo, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, quien se dice representante legal de la familia de Plata Moreno y ha sido señalado como el principal obstáculo para saber quién asesinó al fundador de El Yunque.
Este reacomodo se da después de la peor derrota del PAN en su periodo de ascenso, la cual se produjo en julio de 2009 y derivó en la renuncia del dirigente del partido Germán Martínez, impuesto en el cargo por Felipe Calderón, quien utilizó la estructura gubernamental para desplazar a Espino de la dirigencia panista, como se ha documentado en Proceso.
Martínez, quien asumió la presidencia del PAN en diciembre de 2007, supuestamente tenía el propósito de poner fin al predominio que tuvo El Yunque en ese partido con Bravo Mena y Espino, pero César Nava fue impuesto por Calderón a sabiendas de que es también un miembro juramentado de la organización ultraderechista, cuyo proyecto es imponer en México un régimen teocrático.
Al respecto, Luis Paredes Moctezuma, exalcalde del PAN en Puebla y quien militó tres décadas en esa organización clandestina, califica de “desatino” que Calderón haya impuesto a Nava después de que había logrado darle un golpe contundente al poder de El Yunque y sus integrantes con la remoción de Espino.
“Cuando los tenía arrinconados, (Calderón) les da oxígeno”, censura el político poblano, autor del libro Los secretos de El Yunque / Historia de una conspiración contra el Estado mexicano, y recuerda que, antes de la llegada de Nava, Martínez nombró a José Espina von Roerich como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, el “IFE” del PAN.
“La señal que manda es que (los de El Yunque) siguen teniendo la manera de nombrar candidatos. Esto les da una tregua y siguen vendiendo la idea al panismo de que son ellos los que reparten el pastel, cuando los debió haber desmantelado. La llegada de César es la culminación de aquello y es una señal absolutamente equivocada.”
–¿A qué atribuye esta decisión de Calderón?
–Él parte de una premisa absolutamente falsa: que hay dos Yunques, uno bueno y uno malo. El bueno es el de Luis Felipe Bravo Mena y el malo es el de Manuel Espino, y no considera que ambos obedecen al mismo jefe: Bernardo Ardavín y, además, a Guillermo Velasco Arzac.
El Yunque, advierte, ha tomado mucha fuerza con el arribo de Nava a la presidencia del PAN, porque es el tercer presidente partidista que proviene de esa organización, cuyos militantes “es más que obvio que están” en posiciones relevantes en el CEN.
El ala delictiva
Y en efecto, forman parte de esta escalada de El Yunque otros personajes, si bien ya no son tan jóvenes. Uno de ellos es el secretario de Formación del PAN, Gerardo Aranda Orozco, quien funge al mismo tiempo como director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, en sustitución de Abascal, a quien también relevó en la Coparmex.
Gerardo es hermano de Ana Teresa Aranda Orozco, quien fue presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), directora general del DIF, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Fox y subsecretaria de Gobernación con Felipe Calderón. Hoy, cuando busca ser candidata de su partido por la gubernatura de Puebla en los comicios que se realizarán este año, cuenta con cinco hijos que la apoyan como militantes del PAN.
Uno más es Alfredo Botello Montes, nombrado secretario de Acción de Gobierno del CEN apenas dejó la Secretaría General de Gobierno de Querétaro, el estado que junto con San Luis Potosí perdió el PAN en las elecciones de julio pasado.
Botello Montes, quien usa el seudónimo de Paul Keres en honor del genial ajedrecista estonio, es un experto en integrar grupos de choque desde que era estudiante de preparatoria. Se le identifica como el estratega de El Yunque en Querétaro, donde se le vio trabajar como promotor de campos de adiestramiento para reclutas de esa organización.
La incorporación de Botello Montes al CEN no es casual, porque forma parte del grupo que controla al PAN desde la década de los ochenta. Una de las familias hegemónicas es la de quienes comparten los apellidos Nava Bolaños, primos de César Nava Miranda y tíos de César Nava Vázquez. Eduardo Nava Bolaños es senador, en tanto que Arturo Nava Bolaños ocupó igualmente una senaduría y una diputación federal.
Alfredo Botello fue compañero en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) del exconsejero electoral Jaime Cárdenas, actual diputado del Partido del Trabajo, quien recuerda que era un estudiante mediocre y faltista, que a menudo se quedaba dormido en las clases.
La razón era que, desde entonces, Botello se hallaba muy ocupado encabezando operativos con grupos de choque. Uno de ellos fue la quema de la Aula Magna de la UAQ, que se consumó en 1976 en protesta porque consideraban “comunista” al aspirante a rector Álvaro Arreola, y otro fue el embate contra estudiantes “comunistas” de Zacatecas, al año siguiente.
Tal como se detalla en el libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, editado por Plaza y Janés en 2003, el grupo de choque de Botello irrumpió con violencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 1977, pero dos de sus integrantes –Lázaro Barrón Frías, alias Mateo Letrán, y Pedro Luis López Solorio, cuyo seudónimo era Cornelio Laurens– fueron detenidos y expusieron ante las autoridades la manera de operar de El Yunque.
Según el testimonio de López Solorio, quien entonces tenía 19 años de edad, conoció a Botello Montes en una peregrinación al Cerro del Cubilete, en Guanajuato, y fue quien lo inició en El Yunque, en una ceremonia celebrada justamente en casa de éste:
“El 22 de febrero del presente año es afiliado al grupo que sabe lleva el nombre de Organización del Yunque, por medio de una ceremonia en casa de Alfredo Botello Montes, sita en calle 5 de Mayo, en el barrio de la Cruz…”, registran los documentos judiciales.
De acuerdo con la declaración del muchacho, se identificó como uno de los jefes de El Yunque en Querétaro a Arturo Nava Bolaños –tío de César Nava–, quien fue citado el 20 de mayo de 1977 ante el Ministerio Público de Zacatecas.
Al respecto se asentó: “Nava Bolaños negó todos los cargos, por lo que el procurador de Justicia lo dejó en libertad, asegurando que si se comprobaba actuación delictuosa sería severamente castigado”.
Nada ocurrió, como tampoco nada ha ocurrido con otros miembros de El Yunque que han sido sorprendidos en conductas delincuenciales, como Gustavo Villegas Nava, hijo de Elías Villegas Torres, jefe de El Yunque en Guanajuato, cuyos gobernadores –desde Carlos Medina hasta Juan Manuel Oliva– han sido omisos ante las denuncias.
Como otros jerarcas de El Yunque, Elías Villegas ha impulsado la carrera política de sus hijos. Así, Leticia Villegas Nava es actualmente presidenta del Congreso local, luego de desempeñarse como diputada federal y como regidora de León. Con el arzobispo Guadalupe Martín Rábago desayuna casi a diario en dicha ciudad.
Elías Villegas y su hija han sido denunciados públicamente por Carlos Alberto Zepeda Orozco, quien, después de militar en El Yunque, decidió escribir un libro (Decepciona el PAN en Guanajuato…) para narrar cómo los jefes de El Yunque destruyeron su familia y su patrimonio.
Zepeda Orozco es primo hermano de Ana Teresa Aranda, quien de Guanajuato se fue a Puebla, entidad donde hijos de jerarcas de El Yunque tienen gran influencia en el PAN.
Por ejemplo, Bernardo Arrubarrena García, hijo de José Antonio Arrubarrena –fundador y rector de la UPAEP–, presidió el comité del PAN en la capital de Puebla entre 2008 y 2009, y Pablo Rodríguez Regordosa –hijo de Herberto Rodríguez Concha, fundador también de El Yunque– es diputado federal y coordinador de la precampaña del expriista Rafael Moreno Valle, aspirante a ser candidato a gobernador de Puebla.
Señuelos y realidad
LUIS LINARES ZAPATA/ I
Armado hasta los dientes con recursos públicos y un ejército de manipuladores del voto incrustados en los aparatos de gobierno, el priísmo encara este año electoral. Las bien equipadas maquinarias están listas en casi todos los estados (12) donde se renovarán gubernaturas. Sus guías esperan, no sin temores, que de triunfar en todas, la ruta hacia 2012 quede despejada. Los rivales, por su parte, hacen esfuerzos por no quedar tirados a la vera del reparto y plantean alianzas que engendran varias dudas, tanto por su efectividad como por las consecuencias para la vida democrática del país. Pero ésas son las condiciones que se viven o las que, a duras penas, las burocracias partidarias pueden ofrecer al electorado.
Lo cierto es que, en cuanto a ideas y propuestas para atajar la demoledora crisis que envuelve a los mexicanos en casi todos los órdenes de la vida organizada, el priísmo no presenta oferta alguna que pueda atarse con las seguridades suficientes para su pronta ejecución. Flota entre la alharaca, retadora a veces, fingidamente seductora, amenazante en otras ocasiones, y una vaga suposición de ser los más hábiles, los que han acumulado experiencia de gobierno, los de la pesada mano a la hora de las decisiones cruciales, los que mejor saben usar el poder.
Todas estas fintas no son más que retazos fragmentados de una imagen etérea, trabajada sin más soporte que una triste historia decadente. Pretenden circular, por ahora, sin exponer visión alguna de futuro –si es que la tienen–, sin definir medios y ruta concreta para al menos paliar la emergencia. Degradante emergencia totalizadora que es desde hace tiempo la mayor angustia colectiva de los ciudadanos. Quieren de esta cínica y enredada manera esquivar obstáculos, diluir el costo de su íntima, arraigada derechización y los varios errores que han cometido en su deambular por la cruenta actualidad.
Los priístas de alcurnia buscan con esmero y maniobras escénicas desafinadas el apoyo de la plutocracia nacional. Ése es su mero altar entrevisto, el tronante dictado del oráculo ante el cual arrodillarse, la voz insoslayable que sustituye sus incapacidades para hacer política de cara al pueblo llano. Aparecer en la pantalla casera y hacer oír su rollo (que nada tiene de sagaz, menos aún de imaginativo) en el cuadrante radiofónico es el destino manifiesto y terminal. Recibir el respaldo de conductores y críticos a modo les engruesa la debilidad de sus posturas plagadas de lugares comunes. La prensa de fondo es demasiado quisquillosa para sus desplantes de dudosa confiabilidad. Las columnas de chismes son lo suyo, el medio que dominan, el lugar donde retozan y el conducto a través del cual envían sus tontos mensajes de ataque o defensa. Es en el columnismo donde se atreven a balbucear algo que puede semejarse a una oferta política. No por lo que pueden vislumbrar como necesarias para la nación, sino por lo que abrigan de sus muy personales pretensiones de hacerse con el cargo siguiente o los negocios de ello derivados.
Pero de maneras poco claras, el electorado parece abrigar inclinaciones de voto sobre el PRI (como partido) y también por ciertos de sus directivos. No es un fenómeno inédito, distinto al que en previas consultas brota a la hora de solicitar la opinión anticipada de la gente. Algo, o mucho, de esa tendencia registrada en las encuestas y en lo sucedido en la elección intermedia tiene como contraparte el enorme hueco dejado por el panismo entronizado en el Poder Ejecutivo y las previsibles tribulaciones de los dirigentes perredistas amarrados al escalafón partidario. La misma izquierda, en su acepción más amplia, tiene responsabilidad en cuanto a su ineptitud para desgranar alternativas, para innovar, para presentar una aceptable, realista salida a la crisis y alumbrar el cerrado camino hacia oportunidades disponibles.
Mientras en Europa (Francia e Inglaterra en particular) esbozan una estrategia para castigar con impuestos especiales a las enormes corrientes de recursos especulativos, capaces de desquiciar al mundo, en México tal esquema ni siquiera se transmite por los medios que presumen de informados, menos se estudia o retoma por los órganos públicos responsables de esas áreas. Las modificaciones sobre la seguridad social en Estados Unidos que Obama quiere hacer ley, aquí sólo retumban en cuanto muestran las tribulaciones de la Casa Blanca para pasarla, con ventura, en el Congreso. Pero de ninguna manera se intenta su traslado, adecuarlas, dar sentido a esas urgencias de salud y seguridad que aquí se tienen y sufren de acentuada manera. Y qué decir del freno propuesto ante la irresponsabilidad especulativa de la banca estadunidense que, una vez esquivada la fase más cortante de la crisis, suponen que la normalidad ha vuelto, que nada cambió y todo permanece expectante para operar con las mismas triquiñuelas y riesgos desatados bajo la fórmula de operaciones con insaciables derivados. La actual burbuja de la bolsa local, con acciones tasadas a 30 veces su valor en los balances, no les parece a las autoridades locales predictiva de una tragedia potencial. Los inversionistas entran y salen sin controles, sin costos o cortapisas (impuestos especiales, tiempos mínimos de permanencia) que los hagan reflexivos y siguen ajenos a lo que desde Wall Street se trama en un intento por volver a engordar las utilidades de esa elite financiera por demás rapaz, irresponsable y sanguinaria.
Para tender un manto sobre la acuciante realidad que envuelve a las mayorías nacionales, cualquier señuelo o distractor es propicio. Ya sea que trate de una insulsa y ruidosa reforma política o del trasteo deshilvanado de alianzas electoreras. Las preguntas que siguen flotando sin respuesta apuntan hacia el cómo salir, con certezas amarradas, de la crisis social, productiva, política y cultural que ahoga a México. Por lo pronto, el PRI garantiza ante los poderosos la continuidad del mismo modelo depredador, entreguista y profundamente desigual: una ganga ante el voto de los electores que habrá de espulgar más adelante.
LUIS LINARES ZAPATA/ I
Armado hasta los dientes con recursos públicos y un ejército de manipuladores del voto incrustados en los aparatos de gobierno, el priísmo encara este año electoral. Las bien equipadas maquinarias están listas en casi todos los estados (12) donde se renovarán gubernaturas. Sus guías esperan, no sin temores, que de triunfar en todas, la ruta hacia 2012 quede despejada. Los rivales, por su parte, hacen esfuerzos por no quedar tirados a la vera del reparto y plantean alianzas que engendran varias dudas, tanto por su efectividad como por las consecuencias para la vida democrática del país. Pero ésas son las condiciones que se viven o las que, a duras penas, las burocracias partidarias pueden ofrecer al electorado.
Lo cierto es que, en cuanto a ideas y propuestas para atajar la demoledora crisis que envuelve a los mexicanos en casi todos los órdenes de la vida organizada, el priísmo no presenta oferta alguna que pueda atarse con las seguridades suficientes para su pronta ejecución. Flota entre la alharaca, retadora a veces, fingidamente seductora, amenazante en otras ocasiones, y una vaga suposición de ser los más hábiles, los que han acumulado experiencia de gobierno, los de la pesada mano a la hora de las decisiones cruciales, los que mejor saben usar el poder.
Todas estas fintas no son más que retazos fragmentados de una imagen etérea, trabajada sin más soporte que una triste historia decadente. Pretenden circular, por ahora, sin exponer visión alguna de futuro –si es que la tienen–, sin definir medios y ruta concreta para al menos paliar la emergencia. Degradante emergencia totalizadora que es desde hace tiempo la mayor angustia colectiva de los ciudadanos. Quieren de esta cínica y enredada manera esquivar obstáculos, diluir el costo de su íntima, arraigada derechización y los varios errores que han cometido en su deambular por la cruenta actualidad.
Los priístas de alcurnia buscan con esmero y maniobras escénicas desafinadas el apoyo de la plutocracia nacional. Ése es su mero altar entrevisto, el tronante dictado del oráculo ante el cual arrodillarse, la voz insoslayable que sustituye sus incapacidades para hacer política de cara al pueblo llano. Aparecer en la pantalla casera y hacer oír su rollo (que nada tiene de sagaz, menos aún de imaginativo) en el cuadrante radiofónico es el destino manifiesto y terminal. Recibir el respaldo de conductores y críticos a modo les engruesa la debilidad de sus posturas plagadas de lugares comunes. La prensa de fondo es demasiado quisquillosa para sus desplantes de dudosa confiabilidad. Las columnas de chismes son lo suyo, el medio que dominan, el lugar donde retozan y el conducto a través del cual envían sus tontos mensajes de ataque o defensa. Es en el columnismo donde se atreven a balbucear algo que puede semejarse a una oferta política. No por lo que pueden vislumbrar como necesarias para la nación, sino por lo que abrigan de sus muy personales pretensiones de hacerse con el cargo siguiente o los negocios de ello derivados.
Pero de maneras poco claras, el electorado parece abrigar inclinaciones de voto sobre el PRI (como partido) y también por ciertos de sus directivos. No es un fenómeno inédito, distinto al que en previas consultas brota a la hora de solicitar la opinión anticipada de la gente. Algo, o mucho, de esa tendencia registrada en las encuestas y en lo sucedido en la elección intermedia tiene como contraparte el enorme hueco dejado por el panismo entronizado en el Poder Ejecutivo y las previsibles tribulaciones de los dirigentes perredistas amarrados al escalafón partidario. La misma izquierda, en su acepción más amplia, tiene responsabilidad en cuanto a su ineptitud para desgranar alternativas, para innovar, para presentar una aceptable, realista salida a la crisis y alumbrar el cerrado camino hacia oportunidades disponibles.
Mientras en Europa (Francia e Inglaterra en particular) esbozan una estrategia para castigar con impuestos especiales a las enormes corrientes de recursos especulativos, capaces de desquiciar al mundo, en México tal esquema ni siquiera se transmite por los medios que presumen de informados, menos se estudia o retoma por los órganos públicos responsables de esas áreas. Las modificaciones sobre la seguridad social en Estados Unidos que Obama quiere hacer ley, aquí sólo retumban en cuanto muestran las tribulaciones de la Casa Blanca para pasarla, con ventura, en el Congreso. Pero de ninguna manera se intenta su traslado, adecuarlas, dar sentido a esas urgencias de salud y seguridad que aquí se tienen y sufren de acentuada manera. Y qué decir del freno propuesto ante la irresponsabilidad especulativa de la banca estadunidense que, una vez esquivada la fase más cortante de la crisis, suponen que la normalidad ha vuelto, que nada cambió y todo permanece expectante para operar con las mismas triquiñuelas y riesgos desatados bajo la fórmula de operaciones con insaciables derivados. La actual burbuja de la bolsa local, con acciones tasadas a 30 veces su valor en los balances, no les parece a las autoridades locales predictiva de una tragedia potencial. Los inversionistas entran y salen sin controles, sin costos o cortapisas (impuestos especiales, tiempos mínimos de permanencia) que los hagan reflexivos y siguen ajenos a lo que desde Wall Street se trama en un intento por volver a engordar las utilidades de esa elite financiera por demás rapaz, irresponsable y sanguinaria.
Para tender un manto sobre la acuciante realidad que envuelve a las mayorías nacionales, cualquier señuelo o distractor es propicio. Ya sea que trate de una insulsa y ruidosa reforma política o del trasteo deshilvanado de alianzas electoreras. Las preguntas que siguen flotando sin respuesta apuntan hacia el cómo salir, con certezas amarradas, de la crisis social, productiva, política y cultural que ahoga a México. Por lo pronto, el PRI garantiza ante los poderosos la continuidad del mismo modelo depredador, entreguista y profundamente desigual: una ganga ante el voto de los electores que habrá de espulgar más adelante.
