FUERO Y PRIVILEGIOS.
13 ene 2010
República y cinismo
LUIS LINARES ZAPATA
El desparpajo con que la totalidad de las elites políticas con altísimos salarios reciben la crítica condenatoria por el agandalle que hacen de los escasos recursos de todos es digno del más amplio y enérgico rechazo de la ciudadanía. Su cínica actitud se apoya en el falso alegato del mérito y el rigor de la competencia: una simple cuestión de mercado, concluyen. Se ostentan como destinatarios de esos emolumentos por el grado de responsabilidad que acompaña a la compleja función que desempeñan. En otras ocasiones alegan los premios inherentes a la jerarquía burocrática, ya bien asentados en la legislación. Intentan así, de esta grosera forma, descargar sus conciencias, por lo demás bastante disfrazadas tras inescrutables rollos técnico-legales. Lo cierto es que tal pensamiento y conducta elitista hieren, profundamente, la ética distributiva. Es, también, causal de la rampante disparidad en el consiguiente reparto de los bienes y las oportunidades que genera el crecimiento.
A los funcionarios y políticos encumbrados no les importa ser señalados como parte sustantiva, como actores, a través del ejemplo, de la inequidad reinante en el país. Tampoco les induce penas e intranquilidades las consecuencias que esa degradada, perversa actitud acarrea en la convivencia organizada y la asimilación de los que debían ser aceptados como valores comunes. Para tales personajes es, simplemente, una situación dada, en el peor de los casos, por circunstancias ajenas a sus afanes de lucro, a sus propias determinaciones. Una realidad heredada de otros que la diseñaron. La conformación de ésta, todavía incipiente, república que ya cumple, con sus quiebres conocidos, doscientos años.
El apuntarse como merecedores de salarios y onerosas prestaciones, de marcado privilegio si se refiere al mínimo que recibe la mayoría, se convierte en acicate y justificante de disparidades sociales. Al prestar oídos sordos y desviar pudorosamente la vista de la miseria circundante, se agranda la brecha social, se restan energías productivas, merma las escasas voluntades de cambio. La brecha así perforada en el cuerpo colectivo es un recordatorio continuo, gráfico, del injusto reparto de la riqueza generada. ¿Cómo explicar, con sólidas razones y no con argucias verbales, la distancia que media entre el salario mínimo, que roza los 2 mil pesos mensuales, y los salarios de los encumbrados burócratas, jueces, gobernadores, ministros o legisladores que rebasan los 200 mil, 300 mil, 500 mil pesos mensuales? ¿Cómo justificar tal diferencia si en otros países, más eficientes incluso, las distancias no rebasan las cinco o, a lo sumo, las 20 veces entre unos y otros? Japón, los países nórdicos, Francia, Sudcorea y hasta España pueden ser modelos a imitar en sus estructuras de reparto.
Nadie puede presumir de justo o responsable al aceptar que la función pública pueda ser recompensada con salarios que alcancen y rebasen 100 mil pesos mensuales. Con un máximo de 80 mil pesos mensuales se puede adquirir todo lo necesario para una vida familiar desahogada, ahorrar para el mañana y darse uno que otro lujo. Rebasar ese tope, que ya es más que generoso, además de un despilfarro de los haberes colectivos, es inmoral, patrimonialista, falto de ética y motor de inestabilidad. Es imposible concebir una república cimentada en las abismales diferencias que aquejan al México actual, menos aún hacerla depositaria de orgullos, logros y dignidades. La normalidad en las sociedades desarrolladas habla de moderación, de igualdades, de balances, de retribuciones proporcionales. Tales conceptos llevan implícitos otros más apreciados, como paz, solidaridad, tranquilidad, eficiencia, progreso, soberanía, todos ellos ausentes o golpeados, trastocados, en la cultura del México actual. Cultura agobiada, manoseada, usufructuada por las elites que conducen los asuntos colectivos. Una cultura que, por estos aciagos días de retrocesos manifiestos, inseguridades y miedos inducidos, tratan de imponerla como envolvente inamovible, el fruto de una tradición a conservar. La vía adecuada para salir de las penurias cuando no es más que una tramposa huida hacia adelante que propicia el estancamiento, la pérdida de esperanza, la marginación y la pobreza de los muchos. La continuidad del modelo imperante es, precisamente, la oferta que difunden aquellos beneficiarios (individuales o de grupo) del estado de cosas. Una casta de privilegiados que se pavonea en medios que ensalzan la distinción de marca, la cuna, el dispendio, la fiesta, y se presentan como los ideales a imitar. La asentada conciencia de clase y su pretendida permanencia de hecho y derecho y hasta de su religiosa aceptación resignada. La continuidad, un horizonte aceptable para la derecha nacional, implica el olvido de las tribulaciones y deseos de las mayorías como referente decisorio, la falta de respeto al ciudadano, la exclusión de la pluralidad y el ninguneo de los derechos de las minorías.
Alcanzar una vida armónica, decente en lo individual y solidaria en lo colectivo, es la base que puede sustentar una república digna de tal nombre. Una república que ponga al alcance de sus mayorías las oportunidades que el progreso genera. Luchar por una transformación de la vida nacional que contenga, en su mero núcleo, dicho objetivo, es el propósito de un movimiento reivindicador de valores en ciernes pero masivo. El avance de tal aventura no vendrá fácil ni exento de tensiones, ataques, incomprensiones y penas. Por el contrario, exigirá imaginación, esfuerzo continuado y confianza en la sabiduría y el concurso popular que la empuje. Sin el pueblo, el futuro proyectado desde arriba sólo dará más de lo mismo que, por cierto, es cada vez es más poquitero.
LUIS LINARES ZAPATA
El desparpajo con que la totalidad de las elites políticas con altísimos salarios reciben la crítica condenatoria por el agandalle que hacen de los escasos recursos de todos es digno del más amplio y enérgico rechazo de la ciudadanía. Su cínica actitud se apoya en el falso alegato del mérito y el rigor de la competencia: una simple cuestión de mercado, concluyen. Se ostentan como destinatarios de esos emolumentos por el grado de responsabilidad que acompaña a la compleja función que desempeñan. En otras ocasiones alegan los premios inherentes a la jerarquía burocrática, ya bien asentados en la legislación. Intentan así, de esta grosera forma, descargar sus conciencias, por lo demás bastante disfrazadas tras inescrutables rollos técnico-legales. Lo cierto es que tal pensamiento y conducta elitista hieren, profundamente, la ética distributiva. Es, también, causal de la rampante disparidad en el consiguiente reparto de los bienes y las oportunidades que genera el crecimiento.
A los funcionarios y políticos encumbrados no les importa ser señalados como parte sustantiva, como actores, a través del ejemplo, de la inequidad reinante en el país. Tampoco les induce penas e intranquilidades las consecuencias que esa degradada, perversa actitud acarrea en la convivencia organizada y la asimilación de los que debían ser aceptados como valores comunes. Para tales personajes es, simplemente, una situación dada, en el peor de los casos, por circunstancias ajenas a sus afanes de lucro, a sus propias determinaciones. Una realidad heredada de otros que la diseñaron. La conformación de ésta, todavía incipiente, república que ya cumple, con sus quiebres conocidos, doscientos años.
El apuntarse como merecedores de salarios y onerosas prestaciones, de marcado privilegio si se refiere al mínimo que recibe la mayoría, se convierte en acicate y justificante de disparidades sociales. Al prestar oídos sordos y desviar pudorosamente la vista de la miseria circundante, se agranda la brecha social, se restan energías productivas, merma las escasas voluntades de cambio. La brecha así perforada en el cuerpo colectivo es un recordatorio continuo, gráfico, del injusto reparto de la riqueza generada. ¿Cómo explicar, con sólidas razones y no con argucias verbales, la distancia que media entre el salario mínimo, que roza los 2 mil pesos mensuales, y los salarios de los encumbrados burócratas, jueces, gobernadores, ministros o legisladores que rebasan los 200 mil, 300 mil, 500 mil pesos mensuales? ¿Cómo justificar tal diferencia si en otros países, más eficientes incluso, las distancias no rebasan las cinco o, a lo sumo, las 20 veces entre unos y otros? Japón, los países nórdicos, Francia, Sudcorea y hasta España pueden ser modelos a imitar en sus estructuras de reparto.
Nadie puede presumir de justo o responsable al aceptar que la función pública pueda ser recompensada con salarios que alcancen y rebasen 100 mil pesos mensuales. Con un máximo de 80 mil pesos mensuales se puede adquirir todo lo necesario para una vida familiar desahogada, ahorrar para el mañana y darse uno que otro lujo. Rebasar ese tope, que ya es más que generoso, además de un despilfarro de los haberes colectivos, es inmoral, patrimonialista, falto de ética y motor de inestabilidad. Es imposible concebir una república cimentada en las abismales diferencias que aquejan al México actual, menos aún hacerla depositaria de orgullos, logros y dignidades. La normalidad en las sociedades desarrolladas habla de moderación, de igualdades, de balances, de retribuciones proporcionales. Tales conceptos llevan implícitos otros más apreciados, como paz, solidaridad, tranquilidad, eficiencia, progreso, soberanía, todos ellos ausentes o golpeados, trastocados, en la cultura del México actual. Cultura agobiada, manoseada, usufructuada por las elites que conducen los asuntos colectivos. Una cultura que, por estos aciagos días de retrocesos manifiestos, inseguridades y miedos inducidos, tratan de imponerla como envolvente inamovible, el fruto de una tradición a conservar. La vía adecuada para salir de las penurias cuando no es más que una tramposa huida hacia adelante que propicia el estancamiento, la pérdida de esperanza, la marginación y la pobreza de los muchos. La continuidad del modelo imperante es, precisamente, la oferta que difunden aquellos beneficiarios (individuales o de grupo) del estado de cosas. Una casta de privilegiados que se pavonea en medios que ensalzan la distinción de marca, la cuna, el dispendio, la fiesta, y se presentan como los ideales a imitar. La asentada conciencia de clase y su pretendida permanencia de hecho y derecho y hasta de su religiosa aceptación resignada. La continuidad, un horizonte aceptable para la derecha nacional, implica el olvido de las tribulaciones y deseos de las mayorías como referente decisorio, la falta de respeto al ciudadano, la exclusión de la pluralidad y el ninguneo de los derechos de las minorías.
Alcanzar una vida armónica, decente en lo individual y solidaria en lo colectivo, es la base que puede sustentar una república digna de tal nombre. Una república que ponga al alcance de sus mayorías las oportunidades que el progreso genera. Luchar por una transformación de la vida nacional que contenga, en su mero núcleo, dicho objetivo, es el propósito de un movimiento reivindicador de valores en ciernes pero masivo. El avance de tal aventura no vendrá fácil ni exento de tensiones, ataques, incomprensiones y penas. Por el contrario, exigirá imaginación, esfuerzo continuado y confianza en la sabiduría y el concurso popular que la empuje. Sin el pueblo, el futuro proyectado desde arriba sólo dará más de lo mismo que, por cierto, es cada vez es más poquitero.
Arzobispo integrista
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
En congruencia con la doctrina de la Iglesia católica, el arzobispo Norberto Rivera exige lo imposible. Para el catolicismo romano las leyes del Estado deben reflejar las enseñanzas éticas de la institución encabezada por el obispo de Roma, es decir el Papa. La creencia se desprende de la interpretación que la jerarquía católica ha hecho históricamente de los textos bíblicos, a los que le ha sumado la tradición teológica de dos milenios.
Desde la óptica anterior, el cardenal Rivera Carrera demanda que las legislaciones nacional y locales expresen a cabalidad lo que él entiende por las leyes de Dios. En esto no deberían sorprenderse quienes piden al jerarca que le baje al tono de sus airados reclamos por la modificación legal que hace posible, en la ciudad de México, el matrimonio homosexual y la posibilidad de que los así vinculados adopten infantes. Norberto Rivera reclama con estridencia la derogación de la nueva legislación, porque va a contracorriente de la concepción católica del orden social. La organización social, legal y política del país, Norberto dixit, debe ser modelada por los ordenamientos doctrinales católicos romanos. Estamos, ni más ni menos, ante el integrismo.
El integrismo sanciona cada pensamiento y conducta de acuerdo con un canon bien asentado por los intérpretes de los textos sagrados, sean religiosos y/o políticos. En el corazón del integrista se localiza el deseo de imponer a los demás sus convicciones. No existe, para él, la diferenciación entre dentro y fuera de su ideología parroquial. Todo debe ceñirse a los ordenamientos que tiene por divinos. El integrista es adversario histórico del Estado laico.
Muchas veces hay confusión entre fundamentalismo e integrismo, y se les toma por sinónimos. La precisión de Umberto Eco clarifica el malentendido semántico: Por integrismo entendemos una posición religiosa y política, a la vez, que persigue hacer de ciertos principios religiosos un modelo de vida política y la fuente de las leyes del Estado (Definiciones lexicológicas, en La intolerancia, varios autores, Ediciones Granica, 2002). En este sentido son integristas organizaciones católicas como El Yunque, en México, Osama Bin Laden y sus huestes, la Christian Coalition, organismo evangélico conservador estadunidense, y un muy amplio abanico de agrupaciones que buscan imponer mediante las estructuras de poder sus convicciones religiosas a toda la sociedad. Todo integrista es fundamentalista, pero no todo fundamentalista es integrista. La que hacemos puede parecer una diferenciación ociosa, de tintes academicistas, pero en el matiz hay una distancia que es importante tener en cuenta al momento de los análisis que conforman nuestras decisiones y actitudes.
Aunque nunca se fueron del todo, en las últimas décadas del siglo XX vimos la resurrección de los integrismos. Mientras parecía constante el avance del Estado laico, con distintos ritmos, por todo el orbe, imperceptiblemente, se iban fortaleciendo los gurús, profetas, iluminados y santones que prometían llegar al cielo por asalto e instaurarlo como realidad factible en las sociedades terrenales. Para ellos, quienes duden de la promesa, la critiquen o desdeñen son infieles a quienes no vale la pena convencer, sino que es necesario someter. En dicha acción todos los medios son válidos. Contra los herejes, sentencian iracundos, cualquier recurso es útil dado el tamaño de su contumacia y peligrosidad.
Norberto Rivera Carrera, como buen integrista que es, seguirá lanzando anatemas contra sus adversarios. Va a continuar escudándose en la libertad de expresión, que, por otro lado, niega al interior de la Iglesia católica. Frente a tal conducta los funcionarios gubernamentales de un Estado, que inicia su proceso de laicización hace 150 años, tienen la obligación de recordarle al arzobispo que tiene todo el derecho de adoctrinar a sus feligreses, pero que se equivoca rotundamente cuando busca imponer su ideal teocrático a una sociedad cada vez más lejana de las directrices católicas romanas.
No podemos dejar pasar el tono y modos con que el obispo Rivera Carrera ha externado su descalificación de la modificación legal que amplía los derechos de los integrantes de la comunidad homosexual que quieran ejercerlos. Ya sea por lo que él directamente expresa, o a través de su vocero Hugo Valdemar, corroboramos que hace uso de ofensas y sentencias que deben ser aceptadas nada más porque las expone un llamado príncipe de la Iglesia (católica), ya que es cardenal.
Cabe destacar que, entre las maniobras para hacer creer a la opinión pública que respaldan plenamente a Norberto Rivera Carrera líderes religiosos que no son católicos, sus allegados (¿por instrucciones de él?) no vacilan en manipular la información. Por ejemplo, a los reporteros de la fuente que el domingo pasado cubrieron la misa, al distribuirles el texto de la homilía del cardenal Rivera se les aseguró que en la celebración religiosa estuvieron presentes, para respaldar la postura del jerarca, líderes evangélicos, como Arturo Farela, de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristinas Evangélicas. La afirmación fue tajantemente negada por el mismo pastor Farela (ver El Correo Ilustrado de ayer). Cosas del obispo Rivera Carrera y su oficina de prensa.
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
En congruencia con la doctrina de la Iglesia católica, el arzobispo Norberto Rivera exige lo imposible. Para el catolicismo romano las leyes del Estado deben reflejar las enseñanzas éticas de la institución encabezada por el obispo de Roma, es decir el Papa. La creencia se desprende de la interpretación que la jerarquía católica ha hecho históricamente de los textos bíblicos, a los que le ha sumado la tradición teológica de dos milenios.
Desde la óptica anterior, el cardenal Rivera Carrera demanda que las legislaciones nacional y locales expresen a cabalidad lo que él entiende por las leyes de Dios. En esto no deberían sorprenderse quienes piden al jerarca que le baje al tono de sus airados reclamos por la modificación legal que hace posible, en la ciudad de México, el matrimonio homosexual y la posibilidad de que los así vinculados adopten infantes. Norberto Rivera reclama con estridencia la derogación de la nueva legislación, porque va a contracorriente de la concepción católica del orden social. La organización social, legal y política del país, Norberto dixit, debe ser modelada por los ordenamientos doctrinales católicos romanos. Estamos, ni más ni menos, ante el integrismo.
El integrismo sanciona cada pensamiento y conducta de acuerdo con un canon bien asentado por los intérpretes de los textos sagrados, sean religiosos y/o políticos. En el corazón del integrista se localiza el deseo de imponer a los demás sus convicciones. No existe, para él, la diferenciación entre dentro y fuera de su ideología parroquial. Todo debe ceñirse a los ordenamientos que tiene por divinos. El integrista es adversario histórico del Estado laico.
Muchas veces hay confusión entre fundamentalismo e integrismo, y se les toma por sinónimos. La precisión de Umberto Eco clarifica el malentendido semántico: Por integrismo entendemos una posición religiosa y política, a la vez, que persigue hacer de ciertos principios religiosos un modelo de vida política y la fuente de las leyes del Estado (Definiciones lexicológicas, en La intolerancia, varios autores, Ediciones Granica, 2002). En este sentido son integristas organizaciones católicas como El Yunque, en México, Osama Bin Laden y sus huestes, la Christian Coalition, organismo evangélico conservador estadunidense, y un muy amplio abanico de agrupaciones que buscan imponer mediante las estructuras de poder sus convicciones religiosas a toda la sociedad. Todo integrista es fundamentalista, pero no todo fundamentalista es integrista. La que hacemos puede parecer una diferenciación ociosa, de tintes academicistas, pero en el matiz hay una distancia que es importante tener en cuenta al momento de los análisis que conforman nuestras decisiones y actitudes.
Aunque nunca se fueron del todo, en las últimas décadas del siglo XX vimos la resurrección de los integrismos. Mientras parecía constante el avance del Estado laico, con distintos ritmos, por todo el orbe, imperceptiblemente, se iban fortaleciendo los gurús, profetas, iluminados y santones que prometían llegar al cielo por asalto e instaurarlo como realidad factible en las sociedades terrenales. Para ellos, quienes duden de la promesa, la critiquen o desdeñen son infieles a quienes no vale la pena convencer, sino que es necesario someter. En dicha acción todos los medios son válidos. Contra los herejes, sentencian iracundos, cualquier recurso es útil dado el tamaño de su contumacia y peligrosidad.
Norberto Rivera Carrera, como buen integrista que es, seguirá lanzando anatemas contra sus adversarios. Va a continuar escudándose en la libertad de expresión, que, por otro lado, niega al interior de la Iglesia católica. Frente a tal conducta los funcionarios gubernamentales de un Estado, que inicia su proceso de laicización hace 150 años, tienen la obligación de recordarle al arzobispo que tiene todo el derecho de adoctrinar a sus feligreses, pero que se equivoca rotundamente cuando busca imponer su ideal teocrático a una sociedad cada vez más lejana de las directrices católicas romanas.
No podemos dejar pasar el tono y modos con que el obispo Rivera Carrera ha externado su descalificación de la modificación legal que amplía los derechos de los integrantes de la comunidad homosexual que quieran ejercerlos. Ya sea por lo que él directamente expresa, o a través de su vocero Hugo Valdemar, corroboramos que hace uso de ofensas y sentencias que deben ser aceptadas nada más porque las expone un llamado príncipe de la Iglesia (católica), ya que es cardenal.
Cabe destacar que, entre las maniobras para hacer creer a la opinión pública que respaldan plenamente a Norberto Rivera Carrera líderes religiosos que no son católicos, sus allegados (¿por instrucciones de él?) no vacilan en manipular la información. Por ejemplo, a los reporteros de la fuente que el domingo pasado cubrieron la misa, al distribuirles el texto de la homilía del cardenal Rivera se les aseguró que en la celebración religiosa estuvieron presentes, para respaldar la postura del jerarca, líderes evangélicos, como Arturo Farela, de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristinas Evangélicas. La afirmación fue tajantemente negada por el mismo pastor Farela (ver El Correo Ilustrado de ayer). Cosas del obispo Rivera Carrera y su oficina de prensa.
El templo de los desaparecidos
Arturo Rodríguez García
MONTERREY, N.L., 12 de enero (apro).- En la vieja colonia Mitras, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio se ha convertido en un lugar sagrado, de oración, para familiares de víctimas de la delincuencia, principalmente de personas levantadas en la entidad.
Ese ritual comenzó el 22 de octubre del año pasado, con una misa a la que asistieron únicamente 10 familias. La siguiente reunión fue un mes después, el 19 de noviembre, y ahora así, la iglesia lució repleta: decenas de personas acudieron a orar por sus desparecidos.
A partir de entonces, ese rito se repite el tercer viernes de cada mes.
En la parroquia confluyen decenas de historias de violencia, algunas de las cuales ni siquiera forman parte de las estadísticas oficiales. Los afectados no se han atrevido a denunciar los levantones de sus parientes por temor a represalias. Otros, los más, afirman que los policías y personal del Ministerio Público los han intimidado para que den marcha atrás a la exigencia de esclarecer las desapariciones, más aún cuando en éstas existe la sospecha de la participación de algún cuerpo de seguridad.
De acuerdo con la señora Maximina Hernández, su hijo Everardo Lara Hernández, guardaespaldas del entonces alcalde panista de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque, desapareció el 2 de mayo de 2007.
Después de un tiempo, acudió al Ministerio Público con el propósito de conocer el avance de las investigaciones sobre la desaparición de su hijo, pero fue amenazada por el comandante ministerial, Manuel González, en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quien supuestamente le gritó: “Por tu culpa están matando más policías”.
Algo semejante ocurrió con Gustavo Castañeda y Amada Puentes, quienes acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) con el objetivo de denunciar la desaparición de su hijo Gustavo. Ahí, agentes ministeriales les advirtieron que en esa dependencia se filtraba la información a "los malos", es decir a los narcotraficantes, lo que amedrentó a la pareja.
A partir de entonces, los padres de Gustavo iniciaron sus propias investigaciones entre los vecinos de la zona donde supuestamente fue visto por última vez su hijo. Días después regresaron a la PGJE con nuevos datos y denunciaron la desaparición, cuyos datos obran en el expediente 039/2009/III-3.
A raíz del informe ofrecido por la pareja, la fiscalía estableció que Gustavo Castañeda Puentes fue detenido por los oficiales Refugio Dávila Sánchez y Misael Mendoza, a bordo de la patrulla 5038 de la Policía Regia.
Además, se conoció que el día de la detención, dos patrullas más –la 5040, en la que circulaban Efraín López y Dante Damián, y la 5034, tripulada por el oficial Romel García Canto– se llevaron a otras personas que a la fecha siguen desaparecidas.
Pese a ello, los policías negaron su participación en los hechos y la investigación no ha avanzado. Y, por si fuera poco, los testigos que encontraron los padres de Gustavo, al final se retractaron, debido a que fueron amenazados por varios policías.
Y, así como esa, las historias se repiten afuera de la parroquia, en tanto que el miedo inhibe la exigencia.
“A una la amenazan las autoridades y ni cómo hacerle. Nomás nos queda el rezo”, dice una de las madres, entrevistada afuera de la parroquia.
El trato amable
En el número 1700, de fecha 31 de mayo de 2009, la revista Proceso publicó varios casos de desaparecidos en la entidad durante los últimos años, pero a la fecha no hay avances en la mayoría de las investigaciones, salvo en cuatro, cuyas desapariciones fueron esclarecidas luego de que elementos del Ejército Mexicano descubrieron una fosa con 19 cuerpos calcinados en la Sierra de Arteaga, Coahuila, el 10 de febrero del año pasado.
Entre ellos se encontraba el de José Luis Guerrero González, quien desapareció a finales de enero, así como el de José Luis Lozano Moreno, habitante de Apodaca, quien desapareció el 23 de noviembre de 2008.
También fueron identificados Eduardo Morales Adame, de Monterrey, desaparecido el 26 de diciembre de 2008 en la carretera Monterrey-Saltillo, y Jesús Manuel Pérez Catéter, desaparecido el 23 de enero de 2009.
En declaraciones a la prensa, la coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, afirmó que las familias que han mantenido abiertamente su exigencia para que se den a conocer los resultados de las investigaciones reciben “un trato amable y cordial por parte de las autoridades”, pero eso no ha servido para que se esclarezcan los casos de desapariciones, cuyas víctimas han sido, en su mayoría, agentes de cuerpos de seguridad pública o de tránsito de Monterrey.
Sobre 10 casos que respalda el Cadhac, Morales Elizondo aseguró que a pesar de que esos asuntos dejaron de ser actas circunstanciadas, para convertirse en averiguaciones previas, ninguno ha concluido con un resultado final.
A raíz de ello, dijo, las familias de esos 10 desaparecidos decidieron hacer una huelga de hambre que sólo duró un día, ya que funcionarios del gobierno estatal les ofrecieron una reunión semanal con el entonces subprocurador Alejandro Garza y Garza para revisar el avance de las investigaciones.
De las reuniones con Garza, ahora procurador del estado, tampoco hubo resultados, y éste envió a las familias con un fiscal, quien no ha ofrecido avances, ni siquiera con las pruebas e indicios que por su cuenta han obtenido las familias.
De acuerdo con la señora Maximina Hernández, ella obtuvo una factura del teléfono celular de su hijo semanas después de su desaparición, y se detectó que se siguieron haciendo llamadas desde Gómez Palacio, Durango.
Tras ello, llevó el documento al Ministerio Público a mediados del año pasado, pero a la fecha, según dijo, nadie le ha sabido decir de dónde ni de quién eran los números marcados.
Por su parte, la coordinadora del Cadhac expuso que en la mayoría de los casos de desaparecidos que han llegado a ese organismo, se trata de empleados de áreas de seguridad pública o tránsito de la zona metropolitana, quienes aparentemente no tenían vínculos con el narcotráfico o se negaron a tenerlos.
“Una de las cosas que no se puede ocultar es el dinero. Y las familias de los desaparecidos viven en condiciones que impiden pensar que pudieran estar coludidos con la delincuencia organizada”, afirmó Morales Elizondo. Ese, añadió, es el común denominador de lo que ocurre en Nuevo León y en otras entidades del país, como Coahuila.
“Lo que vemos es una política gubernamental que se niega a hacer investigaciones por los casos que pueden estar vinculados con la delincuencia organizada, pero involucrados o no con el narco, los desaparecidos permanecen así, sin que se haga una investigación elemental para esclarecer los crímenes”, concluyó.
Arturo Rodríguez García
MONTERREY, N.L., 12 de enero (apro).- En la vieja colonia Mitras, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio se ha convertido en un lugar sagrado, de oración, para familiares de víctimas de la delincuencia, principalmente de personas levantadas en la entidad.
Ese ritual comenzó el 22 de octubre del año pasado, con una misa a la que asistieron únicamente 10 familias. La siguiente reunión fue un mes después, el 19 de noviembre, y ahora así, la iglesia lució repleta: decenas de personas acudieron a orar por sus desparecidos.
A partir de entonces, ese rito se repite el tercer viernes de cada mes.
En la parroquia confluyen decenas de historias de violencia, algunas de las cuales ni siquiera forman parte de las estadísticas oficiales. Los afectados no se han atrevido a denunciar los levantones de sus parientes por temor a represalias. Otros, los más, afirman que los policías y personal del Ministerio Público los han intimidado para que den marcha atrás a la exigencia de esclarecer las desapariciones, más aún cuando en éstas existe la sospecha de la participación de algún cuerpo de seguridad.
De acuerdo con la señora Maximina Hernández, su hijo Everardo Lara Hernández, guardaespaldas del entonces alcalde panista de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque, desapareció el 2 de mayo de 2007.
Después de un tiempo, acudió al Ministerio Público con el propósito de conocer el avance de las investigaciones sobre la desaparición de su hijo, pero fue amenazada por el comandante ministerial, Manuel González, en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quien supuestamente le gritó: “Por tu culpa están matando más policías”.
Algo semejante ocurrió con Gustavo Castañeda y Amada Puentes, quienes acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) con el objetivo de denunciar la desaparición de su hijo Gustavo. Ahí, agentes ministeriales les advirtieron que en esa dependencia se filtraba la información a "los malos", es decir a los narcotraficantes, lo que amedrentó a la pareja.
A partir de entonces, los padres de Gustavo iniciaron sus propias investigaciones entre los vecinos de la zona donde supuestamente fue visto por última vez su hijo. Días después regresaron a la PGJE con nuevos datos y denunciaron la desaparición, cuyos datos obran en el expediente 039/2009/III-3.
A raíz del informe ofrecido por la pareja, la fiscalía estableció que Gustavo Castañeda Puentes fue detenido por los oficiales Refugio Dávila Sánchez y Misael Mendoza, a bordo de la patrulla 5038 de la Policía Regia.
Además, se conoció que el día de la detención, dos patrullas más –la 5040, en la que circulaban Efraín López y Dante Damián, y la 5034, tripulada por el oficial Romel García Canto– se llevaron a otras personas que a la fecha siguen desaparecidas.
Pese a ello, los policías negaron su participación en los hechos y la investigación no ha avanzado. Y, por si fuera poco, los testigos que encontraron los padres de Gustavo, al final se retractaron, debido a que fueron amenazados por varios policías.
Y, así como esa, las historias se repiten afuera de la parroquia, en tanto que el miedo inhibe la exigencia.
“A una la amenazan las autoridades y ni cómo hacerle. Nomás nos queda el rezo”, dice una de las madres, entrevistada afuera de la parroquia.
El trato amable
En el número 1700, de fecha 31 de mayo de 2009, la revista Proceso publicó varios casos de desaparecidos en la entidad durante los últimos años, pero a la fecha no hay avances en la mayoría de las investigaciones, salvo en cuatro, cuyas desapariciones fueron esclarecidas luego de que elementos del Ejército Mexicano descubrieron una fosa con 19 cuerpos calcinados en la Sierra de Arteaga, Coahuila, el 10 de febrero del año pasado.
Entre ellos se encontraba el de José Luis Guerrero González, quien desapareció a finales de enero, así como el de José Luis Lozano Moreno, habitante de Apodaca, quien desapareció el 23 de noviembre de 2008.
También fueron identificados Eduardo Morales Adame, de Monterrey, desaparecido el 26 de diciembre de 2008 en la carretera Monterrey-Saltillo, y Jesús Manuel Pérez Catéter, desaparecido el 23 de enero de 2009.
En declaraciones a la prensa, la coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, afirmó que las familias que han mantenido abiertamente su exigencia para que se den a conocer los resultados de las investigaciones reciben “un trato amable y cordial por parte de las autoridades”, pero eso no ha servido para que se esclarezcan los casos de desapariciones, cuyas víctimas han sido, en su mayoría, agentes de cuerpos de seguridad pública o de tránsito de Monterrey.
Sobre 10 casos que respalda el Cadhac, Morales Elizondo aseguró que a pesar de que esos asuntos dejaron de ser actas circunstanciadas, para convertirse en averiguaciones previas, ninguno ha concluido con un resultado final.
A raíz de ello, dijo, las familias de esos 10 desaparecidos decidieron hacer una huelga de hambre que sólo duró un día, ya que funcionarios del gobierno estatal les ofrecieron una reunión semanal con el entonces subprocurador Alejandro Garza y Garza para revisar el avance de las investigaciones.
De las reuniones con Garza, ahora procurador del estado, tampoco hubo resultados, y éste envió a las familias con un fiscal, quien no ha ofrecido avances, ni siquiera con las pruebas e indicios que por su cuenta han obtenido las familias.
De acuerdo con la señora Maximina Hernández, ella obtuvo una factura del teléfono celular de su hijo semanas después de su desaparición, y se detectó que se siguieron haciendo llamadas desde Gómez Palacio, Durango.
Tras ello, llevó el documento al Ministerio Público a mediados del año pasado, pero a la fecha, según dijo, nadie le ha sabido decir de dónde ni de quién eran los números marcados.
Por su parte, la coordinadora del Cadhac expuso que en la mayoría de los casos de desaparecidos que han llegado a ese organismo, se trata de empleados de áreas de seguridad pública o tránsito de la zona metropolitana, quienes aparentemente no tenían vínculos con el narcotráfico o se negaron a tenerlos.
“Una de las cosas que no se puede ocultar es el dinero. Y las familias de los desaparecidos viven en condiciones que impiden pensar que pudieran estar coludidos con la delincuencia organizada”, afirmó Morales Elizondo. Ese, añadió, es el común denominador de lo que ocurre en Nuevo León y en otras entidades del país, como Coahuila.
“Lo que vemos es una política gubernamental que se niega a hacer investigaciones por los casos que pueden estar vinculados con la delincuencia organizada, pero involucrados o no con el narco, los desaparecidos permanecen así, sin que se haga una investigación elemental para esclarecer los crímenes”, concluyó.
