FUNDAMENTALISTA CRIOLLO
20 ene 2010
El cardenal y Dios contra el orden social
BERNARDO BARRANCO V.
Principalmente por la actitud y forma, el cardenal Norberto Rivera aparece como un actor teocrático que intenta someter la racionalidad política y jurídica del país a los principios religiosos.
Cuando Rivera afirma la supremacía de la ley divina sobre el orden secular realmente existente se coloca como un ayatola de la intransigencia religiosa y de certezas absolutas, de tal suerte que la discusión sobre los matrimonios gays y las adopciones, punto central del debate, en momentos ha pasado a segundo plano. El acto comunicativo del cardenal cancela la discusión de un tema álgido para dar lugar a los reproches, las descalificaciones, las amenazas y los chantajes entre los diversos actores involucrados. Las declaraciones y los posicionamientos acostumbrados, a manera de ritual litúrgico, han mostrado la falta de conceptualización y la pobreza argumentativa de los diferentes protagonistas.
Ahora, lo que flota en el ánimo de la discusión es la búsqueda de fórmulas que permitan la convivencia entre la religión y la política. Dicho de otra manera: si los principios católicos y la política parecieran ser irreconciliables, más bien lo importante a saber es si la democracia podrá ser compatible y coexistir con una religión que ambiciona dirigir la política y a la clase política, como en la Edad Media o en los actuales integrismos islámicos. O, por el contrario, concediendo la óptica del cardenal, cómo podrá prevalecer la cultura católica si la política y cultura modernas intentan manipular o subordinar lo religioso, como sucedió en las experiencias comunistas o las dictaduras sudamericanas que demolían todo en nombre de una sociedad occidental y cristiana, es decir, se apropiaron de lo religioso para justificar la represión.
El Estado laico permite a cualquier iglesia defender y sostener hasta con pasión sus posturas; sin embargo, el Estado laico no puede resistir ni tolerar la amenaza ni la deconstrucción de sus fundamentos basados en el respeto a la pluralidad, en la tolerancia y la equidad, especialmente ante las minorías.
El Estado laico supone el respeto a los principios y fundamentos, que le permite regular la convivencia pacífica de las diversidades. En la antigüedad y en la Edad Media los ordenamientos religiosos eran el sustento básico de las normas de la sociedad; de ahí que los códigos éticos y las nociones cardinales de la moral eran claramente confesionales. La identidad societaria era esencialmente religiosa; el carácter divino de las leyes, además de hacerlas irrefutables, las volvía obligatorias tanto para el individuo como para la comunidad; su cumplimiento convierte al sujeto en virtuoso merecedor de premios o, por el contrario, de castigos. Con el advenimiento de la modernidad, la razón instrumental establece diferenciaciones, y una de las características notables de esta modernidad es que rechaza a Dios como jefe de Estado.
En cada sexenio, el cardenal ha desatado altercados y tormentas por sus posturas de rechazo al orden social establecido. Recordemos: en tiempos de Zedillo, con apenas un año en la arquidiócesis, Rivera reivindicó en una homilía inflamada, el 20 de octubre de 1997, la acción política de la Iglesia católica e incluso llamó a la desobediencia civil.
Oficiosamente fue apercibido tímidamente por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, encabezada por Rafael Rodríguez Barrera en ese entonces. El gobierno amagó a la arquidiócesis con retirarle su registro como asociación religiosa. Esa actitud hizo que el clero católico cerrara filas en torno del arzobispo, recibiendo el apoyo de diferentes voces democráticas y fuerzas políticas, entre ellas las del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, pidiendo al gobierno mayor tolerancia y mayor libertad de expresión para las iglesias.
El segundo caso de posicionamiento agresivo fue en octubre de 2005, en el gobierno de Vicente Fox, en torno a la eutanasia. El cardenal nuevamente propuso negar obediencia al gobierno y al orden legal constituido; aquí sorpresivamente recibió el apoyo del entonces secretario Carlos María Abascal, quien se detentó jusnaturalista frente al derecho positivo imperante en este país desde las leyes de Reforma, postura válida para un creyente, pero cuestionable con la más alta investidura de ser el único secretario de Gobernación que avala la supremacía del derecho natural sobre el positivo. Y bajo la figura de la objeción de conciencia –jurídicamente inexistente en México– condescendió al llamado a la desobediencia civil propuesta por el cardenal (La Jornada, 19/10/05).
Norberto Rivera tiene genes cristeros, heredados de uno de sus maestros, el ultraconservador y controvertido obispo de Durango, Antonio López Aviña (1915-2004), quien soñaba construir una república católica sustentada por movimientos socialcristianos tipo falanges franquistas. Ése es quizás el modelo que Rivera evoca imprudentemente atrayendo las posturas de las gestas cristeras que llegan a cimbrar peligrosamente el sistema político mexicano. Rivera Carrera obliga a muchos obispos, ya en el ojo de tormentas, a posicionarse a su lado probablemente sin estar del todo de acuerdo en las formas ni procedimientos de confrontación directa y ruda.
A diferencia del torbellino de 2007 en torno al aborto, en el que prácticamente el cardenal se quedó solo, ahora ha aprovechado que un sector significativo de la sociedad mexicana no está en favor de los matrimonios gays y rechaza fundamentalmente el tema de la adopción. El cardenal ha logrado movilizar y agrupar a los sectores más conservadores del PAN, encabezados por su presidente César Nava, señalado por Luis Paredes en su libro Los secretos del Yunque como uno de sus más prominentes activistas; igualmente el cardenal ha contado con el sustento de diversas agrupaciones evangélicas.
Más allá del desenlace para revertir la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quedan preguntas entre los creyentes en un contexto secular: ¿el Estado laico puede tener una ética política sin un fundamento espiritual ni de trascendencia? O, dicho de otro modo, ¿el Estado puede ser legítimo al poseer una moral laica que prescinda de Dios?
BERNARDO BARRANCO V.
Principalmente por la actitud y forma, el cardenal Norberto Rivera aparece como un actor teocrático que intenta someter la racionalidad política y jurídica del país a los principios religiosos.
Cuando Rivera afirma la supremacía de la ley divina sobre el orden secular realmente existente se coloca como un ayatola de la intransigencia religiosa y de certezas absolutas, de tal suerte que la discusión sobre los matrimonios gays y las adopciones, punto central del debate, en momentos ha pasado a segundo plano. El acto comunicativo del cardenal cancela la discusión de un tema álgido para dar lugar a los reproches, las descalificaciones, las amenazas y los chantajes entre los diversos actores involucrados. Las declaraciones y los posicionamientos acostumbrados, a manera de ritual litúrgico, han mostrado la falta de conceptualización y la pobreza argumentativa de los diferentes protagonistas.
Ahora, lo que flota en el ánimo de la discusión es la búsqueda de fórmulas que permitan la convivencia entre la religión y la política. Dicho de otra manera: si los principios católicos y la política parecieran ser irreconciliables, más bien lo importante a saber es si la democracia podrá ser compatible y coexistir con una religión que ambiciona dirigir la política y a la clase política, como en la Edad Media o en los actuales integrismos islámicos. O, por el contrario, concediendo la óptica del cardenal, cómo podrá prevalecer la cultura católica si la política y cultura modernas intentan manipular o subordinar lo religioso, como sucedió en las experiencias comunistas o las dictaduras sudamericanas que demolían todo en nombre de una sociedad occidental y cristiana, es decir, se apropiaron de lo religioso para justificar la represión.
El Estado laico permite a cualquier iglesia defender y sostener hasta con pasión sus posturas; sin embargo, el Estado laico no puede resistir ni tolerar la amenaza ni la deconstrucción de sus fundamentos basados en el respeto a la pluralidad, en la tolerancia y la equidad, especialmente ante las minorías.
El Estado laico supone el respeto a los principios y fundamentos, que le permite regular la convivencia pacífica de las diversidades. En la antigüedad y en la Edad Media los ordenamientos religiosos eran el sustento básico de las normas de la sociedad; de ahí que los códigos éticos y las nociones cardinales de la moral eran claramente confesionales. La identidad societaria era esencialmente religiosa; el carácter divino de las leyes, además de hacerlas irrefutables, las volvía obligatorias tanto para el individuo como para la comunidad; su cumplimiento convierte al sujeto en virtuoso merecedor de premios o, por el contrario, de castigos. Con el advenimiento de la modernidad, la razón instrumental establece diferenciaciones, y una de las características notables de esta modernidad es que rechaza a Dios como jefe de Estado.
En cada sexenio, el cardenal ha desatado altercados y tormentas por sus posturas de rechazo al orden social establecido. Recordemos: en tiempos de Zedillo, con apenas un año en la arquidiócesis, Rivera reivindicó en una homilía inflamada, el 20 de octubre de 1997, la acción política de la Iglesia católica e incluso llamó a la desobediencia civil.
Oficiosamente fue apercibido tímidamente por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, encabezada por Rafael Rodríguez Barrera en ese entonces. El gobierno amagó a la arquidiócesis con retirarle su registro como asociación religiosa. Esa actitud hizo que el clero católico cerrara filas en torno del arzobispo, recibiendo el apoyo de diferentes voces democráticas y fuerzas políticas, entre ellas las del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, pidiendo al gobierno mayor tolerancia y mayor libertad de expresión para las iglesias.
El segundo caso de posicionamiento agresivo fue en octubre de 2005, en el gobierno de Vicente Fox, en torno a la eutanasia. El cardenal nuevamente propuso negar obediencia al gobierno y al orden legal constituido; aquí sorpresivamente recibió el apoyo del entonces secretario Carlos María Abascal, quien se detentó jusnaturalista frente al derecho positivo imperante en este país desde las leyes de Reforma, postura válida para un creyente, pero cuestionable con la más alta investidura de ser el único secretario de Gobernación que avala la supremacía del derecho natural sobre el positivo. Y bajo la figura de la objeción de conciencia –jurídicamente inexistente en México– condescendió al llamado a la desobediencia civil propuesta por el cardenal (La Jornada, 19/10/05).
Norberto Rivera tiene genes cristeros, heredados de uno de sus maestros, el ultraconservador y controvertido obispo de Durango, Antonio López Aviña (1915-2004), quien soñaba construir una república católica sustentada por movimientos socialcristianos tipo falanges franquistas. Ése es quizás el modelo que Rivera evoca imprudentemente atrayendo las posturas de las gestas cristeras que llegan a cimbrar peligrosamente el sistema político mexicano. Rivera Carrera obliga a muchos obispos, ya en el ojo de tormentas, a posicionarse a su lado probablemente sin estar del todo de acuerdo en las formas ni procedimientos de confrontación directa y ruda.
A diferencia del torbellino de 2007 en torno al aborto, en el que prácticamente el cardenal se quedó solo, ahora ha aprovechado que un sector significativo de la sociedad mexicana no está en favor de los matrimonios gays y rechaza fundamentalmente el tema de la adopción. El cardenal ha logrado movilizar y agrupar a los sectores más conservadores del PAN, encabezados por su presidente César Nava, señalado por Luis Paredes en su libro Los secretos del Yunque como uno de sus más prominentes activistas; igualmente el cardenal ha contado con el sustento de diversas agrupaciones evangélicas.
Más allá del desenlace para revertir la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quedan preguntas entre los creyentes en un contexto secular: ¿el Estado laico puede tener una ética política sin un fundamento espiritual ni de trascendencia? O, dicho de otro modo, ¿el Estado puede ser legítimo al poseer una moral laica que prescinda de Dios?
Búsqueda de un modelo propio
LUIS LINARES ZAPATA
El modelo de gobierno ensayado por el priísmo durante su mejor época, la del nacionalismo revolucionario, operó con estrategias que resultaron positivas para el de-sarrollo de México. Las básicas provenían del mismo movimiento armado y sus derivaciones durante el cardenismo. La reforma agraria, el empuje al sindicalismo, los dictados para trabajar dentro de una economía mixta, el intenso proceso educativo, el pivote petrolero y otros de gran impacto y efectos cristalizaron en la movilidad social y en el crecimiento acelerado. Otros programas, que ya circulaban por varios lugares del planeta, fueron asimilados de manera orgánica por sucesivos gobiernos y dieron los resultados buscados. Se piensa de inmediato en la sustitución de importaciones, la creación de instituciones vitales, (Banco de México y otros de inversión pública), las redes protectoras tanto para la salud y la seguridad social como para la agricultura y la alimentación que, aunque no fueron innovaciones propias, se adaptaron con rapidez y funcionaron en provecho de un mercado interno que llegó a consolidarse de manera aceptable.
El país gozó, durante décadas, de un buen caudal de inversiones; se tenía buen crédito, legitimidad política, prestigio externo y un aceptable grado de independencia que permitía tomar decisiones soberanas.
Poco a poco se fueron cerrando las válvulas de tal modelo hasta que llegaron las malhadadas épocas de crisis recurrentes, generalmente con sus traumáticas devaluaciones, fruto de una estructura productiva y política que ya no respondía a las necesidades de la época. La inflación se introdujo en un sistema financiero rudimentario que no pudo lidiar con ella de manera expedita. La reconversión industrial fue sólo una tentativa y la fábrica nacional se atrasó lo suficiente como para perder valioso tiempo, oportunidades y enormes recursos. La economía, ya sin inversiones, se apoyó en una escalada de deuda externa que llegó a niveles inmanejables y el sector público aumentó desmesurada, torpemente, su injerencia en la vida de los negocios. El entramado político, ya muy esclerotizado, se quiso prolongar aun a costa de sucesivos conflictos y subversión. El arraigado autoritarismo con su partido único, el extendido corporativismo y la debilidad opositora fungieron a manera de obstáculos insalvables que nulificaron la formación de una ciudadanía activa.
Pero lo peor siguió con posterioridad al naufragio de los años 70 y 80 del siglo pasado. Ante los evidentes de-sajustes, incapacidades y retrasos que el nacionalismo revolucionario mostraba, se optó por importar un modelo de gobierno al que se apuntaló por todos lados. Las elites públicas internas se plegaron a cabalidad con las instrucciones y salvedades impuestas desde los centros de poder mundial. La misma especie se esparció por toda Latinoamérica, como calcas imposibles de diferenciar.
Los resultados, después de décadas de aplicación, son notables por dañinos y retardatarios. Poca fortaleza en el mercado interno, entreguismo compulsivo, exportaciones masivas de materias primas, precarización de la fuerza laboral, destrucción de redes protectoras (sociales y productivas), concentración excesiva de la riqueza y la onerosa exclusión de millones con su cauda de miseria, extendida pobreza y marginación de las oportunidades para las mayorías. Las piezas complementarias de tal modelo, en especial las de naturaleza política, se han ensamblado a cuentagotas. Las aspiraciones democráticas, atadas al progreso, aun al neoliberal, han recorrido un penoso camino que, en muchos de sus mecanismos, prácticas y horizontes, se han hecho nugatorias.
Treinta años de empujar el modelo en boga no han pasado sin generar un entorno de poder usufructuario que se ha acuartelado con ardor. La elite directiva se ha fortalecido con toda suerte de mecanismos de apoyo, instituciones, reglamentos, leyes ad hoc, instrumentos represivos y medios de difusión a su servicio. Estos últimos, los medios de comunicación masiva, le sirven no sólo para desmovilizar a la sociedad, adormecer conciencias inquietas y justificar cualquier desviación, error o rampante atropello a los derechos individuales o colectivos, sino para dar cauce a la que presentan como única salida: la suya, la de la continuidad del modelo y los privilegios al grupúsculo gobernante. Pero las grietas, abismos conceptuales de legitimidad y eficacia operativa, se abren sin respetar la versión oficial.
Mientras la elite, transmutada en enclave derechista a ultranza, aspira a su reproducción al infinito, desde la base de la pirámide social toma forma y se expande una alternativa de salida para este atribulado país de los mexicanos. El basamento para tal aventura se encuentra en las costumbres solidarias y justicieras de los movimientos que han destilado el perfil de esta nación a través de siglos. No es sólo una aspiración nebulosa de adelantados o plagada de fantasías inmovilizadoras, sino una toma de conciencia aguda, informada, honesta, de lo que acontece en todo el país y que impele a la acción organizada. Las concreciones programáticas, las rutas de actuación y las estrategias que harán de esta rebelión una alternativa viable están a la vista. Se han empezado a discutir aun contra las descalificaciones enervadas de amplios segmentos de las clases más beneficiadas por el actual modelo. Los difusores de la derecha, por su interesado afán, han iniciado la acometida ideológica apoyados por múltiples resortes de propaganda a su alcance.
El mañana atisba una confrontación de ideas, de propuestas, de conductas, de principios entre estas dos formaciones. Una la que ya abanderan, con arrebatos místicos, los dos grandes partidos de la derecha, y la otra, la que se gestiona por todos los rumbos abandonados de México y que se allega fuerzas de las enormes flaquezas que atormentan a los abigarrados segmentos poblacionales del país. En el próximo futuro se irá descorriendo el telón que todavía hoy mantiene en la penumbra esta dura contienda en ciernes.
IMSS: Negligencia y maltrato en servicio subrogado a Vázquez Raña
Jesusa Cervantes
MEXICO, D.F, 19 de enero (Proceso).- Tras una licitación llena de sospechas y de la que varias empresas se retiraron, bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas el IMSS subrogó el servicio de hemodiálisis a la empresa Corphomed y al Centro de Diagnóstico Ángeles, propiedad de Olegario Vázquez Raña. Pero, además del cuestionado procedimiento, los pacientes de insuficiencia renal denuncian que esa clínica ofrece una “ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios”.
Con el respaldo de Juan Molinar Horcasitas, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empresario Olegario Vázquez Raña –junto con la empresa Corphomed– logró adjudicarse un contrato de 3 mil millones de pesos por tres años por los servicios subrogados de hemodiálisis.
Sin embargo, la falta de personal capacitado e instalaciones adecuadas ha provocado serios trastornos físicos a enfermos con deficiencia renal, quienes cada tercer día “se juegan la vida” acudiendo de manera obligada y “bajo amenaza” al Centro de Atención Ángeles.
En tanto, tres de las empresas inconformes con todo el proceso de licitación, Fresenius Medical Care (corporativo alemán y líder mundial en este tipo de tratamientos que desde hace una década prestaba el servicio de manera subrogada al IMSS), MK Humana y Care Centro de Atención Renal, acudieron a las autoridades judiciales y administrativas e interpusieron dos juicios de nulidad y un amparo para echar abajo la licitación que consideran ilegal de origen.
El asunto amenaza con rebasar las fronteras pues, de no resolverse en los próximos tres meses, Fresenius podría interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, e incluso retirar su inversión en México, que a la fecha asciende a cuando menos 250 millones de dólares, según una fuente de la empresa que pidió el anonimato.
Pero más allá de las consecuencias internacionales, lo que está en riesgo es la vida de los propios enfermos, obligados a atenderse cada tercer día en las clínicas de Olegario Vázquez Raña, los cuales han sufrido paros cardiorrespiratorios, desmayos, desangrados parciales, hematomas de considerable proporción y, por si fuera poco, la constante amenaza de ser infectados por el virus del VIH o de hepatitis.
Licitación ilegal
La historia se inició en marzo de 2008, cuando el IMSS lanzó la primera licitación para subrogar los servicios de hemodiálisis en el estado de Morelos. En esa ocasión las empresas participantes se inconformaron porque las bases violentaban el principio de igualdad. En consecuencia, la licitación se canceló y se repuso en octubre del mismo año con otra, que tuvo alcance nacional, pero con las mismas bases.
Pese a que nuevamente los participantes reclamaron, la licitación número 0064 1321-007-08 siguió su curso. La empresa ganadora fue Corphomed, pero ahora fue el Centro de Diagnóstico Ángeles (CDA), del empresario Olegario Vázquez Raña, el que se inconformó. Tras un breve proceso, las autoridades fallaron a su favor.
Así, el mercado se dividió entre Corphomed y CDA, que atienden a 80% de los pacientes afiliados al IMSS que requieren hemodiálisis en todo el país. Sin embargo, la empresa de Vázquez Raña se quedó con la mayor parte de los casos, concentrados en la zona norte y sur del Distrito Federal. Le correspondió a Corphomed la zona oriente y poniente de la capital, además de una parte del Estado de México, Morelos y Querétaro.
En el resto del país, la atención al restante 20% de los enfermos fue otorgada a otras empresas, que hasta el momento no han tenido contratiempos ni reclamos de los enfermos.
El 1 de abril de 2009, día del fallo final, 10 de las empresas participantes se retiraron del concurso, no sin antes denunciar por escrito que no podían participar porque las estaban obligando a cometer ilegalidades, a violentar la norma, y además no existía igualdad de condiciones. Otras 16 empresas ni siquiera se presentaron al fallo. Así, los únicos concursantes fueron Corphomed y CDA de Vázquez Raña.
El IMSS declaró “infundadas” las reclamaciones de 10 empresas el 31 de marzo de 2009, justo un día antes de que fallara en favor de CDA y repartiera el servicio con Corphomed. Sin embargo, las empresas MK Humana, Fresenius y Care, Centro de Atención Renal interpusieron un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Care se fue a juicio de amparo ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa. Los tres litigios están en curso.
Esos juicios son largos y pueden tardar en resolverse hasta dos años, pero la apuesta de las empresas querellantes es que venza el plazo para que Corphomed y CDA tengan listas sus instalaciones el 1 de marzo de 2010, como están obligadas por el contrato firmado en octubre de 2009.
Daños y deficiencias
El 28 de diciembre, algunos miembros de la Asociación para Prevenir las Enfermedades Renales Terminales, A.C., acompañados de la nefróloga Cruz Netza Cardoso, visitaron el Centro de Diagnóstico Ángeles, ubicado en calzada Las Bombas, en Villa Coapa, al sur de la Ciudad de México, para verificar si contaba con todas las normas. El dictamen de la especialista en nefrología-bioética fue negativo: las enfermeras eran de tipo general y no especialistas, amén de que las instalaciones, el equipo y la higiene del lugar no reunían los requisitos mínimos que marcan las normas de salud para este tipo de casos.
En una carta enviada el martes 12 al director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, los afectados agrupados en esa asociación relatan que a partir del 1 de enero los funcionarios del IMSS los obligaron a acudir a las instalaciones de Vázquez Raña a sus sesiones de hemodiálisis, “de lo contrario nos amenazaban con quitarnos nuestro derecho a ser atendidos como enfermos nefrópatas y todos los demás servicios del IMSS”.
Los denunciantes exponen 32 faltas a las normas que los ponen en riesgo, hacen responsable a Karam Toumeh en caso de perder la vida y le dan un plazo de hasta el lunes 18 para cancelar los contratos con CDA, o de lo contrario presentarán una demanda penal en su contra por omisión, y otra más contra las clínicas de Vázquez Raña.
Entre las principales deficiencias que han vivido los enfermos con el servicio que presta el Centro de Diagnóstico Ángeles destaca que el IMSS le permite reutilizar dializadores, lo cual va contra la NOM-171-SSAI/198 y la NOM-197-SSA1/2000 sobre ese tipo de tratamientos.
Lo grave es que los enfermos son conectados a máquinas que fueron utilizadas previamente con otros pacientes portadores de VIH o que padecen hepatitis, según denuncian en su carta a Daniel Karam Toumeh.
Según su propio relato, los enfermos no son atendidos por nefrólogos ni por enfermeras certificadas, sino por internistas y médicos generales. Además, quienes operan las máquinas de hemodiálisis no saben cómo usarlas; a muchos les han dado sólo media hora de tratamiento en lugar de las cuatro horas que se requieren; varios se quejan de que les provocaron hematomas y alergias por falta de pericia, y dicen que quienes los atendieron los obligaron a que ellos mismos se sellaran las fístulas con pedazos de diúrex.
Para colmo, las instalaciones del CDA se encuentran en una zona periférica de la Ciudad de México, lo que obliga a los enfermos a realizar grandes desplazamientos que pueden afectar aún más su salud, lo cual también contraviene las bases de la licitación pública.
En su carta de denuncia, la asociación que encabeza una de las enfermas, Juana González González, le pide al director del IMSS que “rescinda de inmediato” los contratos que celebró con CDA y le advierte que si no cumple con su demanda, la asociación “le hará a usted directamente responsable de los decesos y afectaciones de salud”.
La asociación cuenta con videos y grabaciones en las cuales los propios empleados del CDA aceptan que no cuentan con médicos nefrólogos.
La asociación le anuncia al director del IMSS que “los pacientes nefrópatas estamos dispuestos a denunciar penalmente a todos y cada uno de los involucrados en la ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios que usted nos ha obligado a tomar en el Centro de Diagnóstico Ángeles, pero adicionalmente, como esas deficiencias se las estamos haciendo saber a usted, consideramos que usted mismo puede y debe hacer las denuncias correspondientes, para lo cual usted podrá contar con el apoyo de esta organización”.
Muertes en Querétaro
Una de las razones por las cuales el CDA de Vázquez Raña ya está dando el servicio, pese a que según el contrato debía contar con instalaciones e iniciar los servicios a partir del 1 de marzo, es que al vencerse el contrato de Fresenius el pasado 31 de diciembre, la directora de Adquisiciones del IMSS, Carmen Zepeda, le solicitó una cotización para dar el servicio durante todo 2010. Ese mismo día, otro de sus subalternos, Agustín Amaya Chávez, le pidió una cotización por enero y febrero. Los documentos fueron entregados tal y como se les solicitó.
Amaya Chávez les dijo a los enfermos que Fresenius nunca les cotizó, por lo que tendrían que atenderse obligadamente en el CDA a partir del 1 de enero.
Ante las afectaciones que han tenido por la deficiente atención, los enfermos enviaron una carta a Fresenius para solicitar que los atienda hasta que no se resuelva el asunto, pues su vida está en peligro. Fresenius aceptó debido a que una de las reglas es que cuando alguien que está en estado grave acude a un centro se le debe atender. Las facturas las está haciendo a nombre de los enfermos pero espera que el IMSS les pague el dinero, según la abogada de la asociación, Laura Trevilla.
Sin embargo, el Centro de Diagnóstico de Vázquez Raña no sólo recibió una licitación a modo, sino que los dos contratos derivados de la licitación –cuya copia tiene Proceso– establecen pagos por hemodiálisis realizadas en 2009 “como garantía mínima”, uno por 25.6 millones de pesos (S90052) y otro por 17 millones (D85183), a pesar de que la licitación establece que iniciaría la prestación de esos servicios a partir del 1 de marzo de 2010.
Los documentos los tienen las tres empresas que iniciaron procesos administrativos contra la licitación y les fueron entregados y certificados por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
En el caso de Corphomed, la otra empresa beneficiada con los contratos para prestar servicios subrogados de hemodiálisis, el panorama para los enfermos con deficiencia renal empeora, pues le fue clausurado e inhabilitado uno de sus centros de atención en Querétaro el pasado 5 de enero, luego de la muerte de 33 enfermos de afección renal, aunque el cierre obedeció a que no cumplía con las normas mínimas de protección civil.
Según el portal del IMSS en internet, el cierre se debió a que “la empresa actuó con dolo al presentar documentación apócrifa”. Y aunque fue clausurada, la propia orden de clausura establece que esta misma empresa podrá continuar brindando el servicio en otros centros.
Por si fuera poco, Corphomed ofreció ocho contratos de servicios que firmó con el IMSS como garantía de un crédito por 50 millones de pesos que solicitó al Banco Multiva el 11 de diciembre de 2008. Esta empresa fue embargada en abril de 2009 por Johnson & Johnson Medical de México por un adeudo de 5.8 millones de pesos. Más tarde pidió un préstamo de 30.6 millones de pesos a Factoring Corporativo.
LUIS LINARES ZAPATA
El modelo de gobierno ensayado por el priísmo durante su mejor época, la del nacionalismo revolucionario, operó con estrategias que resultaron positivas para el de-sarrollo de México. Las básicas provenían del mismo movimiento armado y sus derivaciones durante el cardenismo. La reforma agraria, el empuje al sindicalismo, los dictados para trabajar dentro de una economía mixta, el intenso proceso educativo, el pivote petrolero y otros de gran impacto y efectos cristalizaron en la movilidad social y en el crecimiento acelerado. Otros programas, que ya circulaban por varios lugares del planeta, fueron asimilados de manera orgánica por sucesivos gobiernos y dieron los resultados buscados. Se piensa de inmediato en la sustitución de importaciones, la creación de instituciones vitales, (Banco de México y otros de inversión pública), las redes protectoras tanto para la salud y la seguridad social como para la agricultura y la alimentación que, aunque no fueron innovaciones propias, se adaptaron con rapidez y funcionaron en provecho de un mercado interno que llegó a consolidarse de manera aceptable.
El país gozó, durante décadas, de un buen caudal de inversiones; se tenía buen crédito, legitimidad política, prestigio externo y un aceptable grado de independencia que permitía tomar decisiones soberanas.
Poco a poco se fueron cerrando las válvulas de tal modelo hasta que llegaron las malhadadas épocas de crisis recurrentes, generalmente con sus traumáticas devaluaciones, fruto de una estructura productiva y política que ya no respondía a las necesidades de la época. La inflación se introdujo en un sistema financiero rudimentario que no pudo lidiar con ella de manera expedita. La reconversión industrial fue sólo una tentativa y la fábrica nacional se atrasó lo suficiente como para perder valioso tiempo, oportunidades y enormes recursos. La economía, ya sin inversiones, se apoyó en una escalada de deuda externa que llegó a niveles inmanejables y el sector público aumentó desmesurada, torpemente, su injerencia en la vida de los negocios. El entramado político, ya muy esclerotizado, se quiso prolongar aun a costa de sucesivos conflictos y subversión. El arraigado autoritarismo con su partido único, el extendido corporativismo y la debilidad opositora fungieron a manera de obstáculos insalvables que nulificaron la formación de una ciudadanía activa.
Pero lo peor siguió con posterioridad al naufragio de los años 70 y 80 del siglo pasado. Ante los evidentes de-sajustes, incapacidades y retrasos que el nacionalismo revolucionario mostraba, se optó por importar un modelo de gobierno al que se apuntaló por todos lados. Las elites públicas internas se plegaron a cabalidad con las instrucciones y salvedades impuestas desde los centros de poder mundial. La misma especie se esparció por toda Latinoamérica, como calcas imposibles de diferenciar.
Los resultados, después de décadas de aplicación, son notables por dañinos y retardatarios. Poca fortaleza en el mercado interno, entreguismo compulsivo, exportaciones masivas de materias primas, precarización de la fuerza laboral, destrucción de redes protectoras (sociales y productivas), concentración excesiva de la riqueza y la onerosa exclusión de millones con su cauda de miseria, extendida pobreza y marginación de las oportunidades para las mayorías. Las piezas complementarias de tal modelo, en especial las de naturaleza política, se han ensamblado a cuentagotas. Las aspiraciones democráticas, atadas al progreso, aun al neoliberal, han recorrido un penoso camino que, en muchos de sus mecanismos, prácticas y horizontes, se han hecho nugatorias.
Treinta años de empujar el modelo en boga no han pasado sin generar un entorno de poder usufructuario que se ha acuartelado con ardor. La elite directiva se ha fortalecido con toda suerte de mecanismos de apoyo, instituciones, reglamentos, leyes ad hoc, instrumentos represivos y medios de difusión a su servicio. Estos últimos, los medios de comunicación masiva, le sirven no sólo para desmovilizar a la sociedad, adormecer conciencias inquietas y justificar cualquier desviación, error o rampante atropello a los derechos individuales o colectivos, sino para dar cauce a la que presentan como única salida: la suya, la de la continuidad del modelo y los privilegios al grupúsculo gobernante. Pero las grietas, abismos conceptuales de legitimidad y eficacia operativa, se abren sin respetar la versión oficial.
Mientras la elite, transmutada en enclave derechista a ultranza, aspira a su reproducción al infinito, desde la base de la pirámide social toma forma y se expande una alternativa de salida para este atribulado país de los mexicanos. El basamento para tal aventura se encuentra en las costumbres solidarias y justicieras de los movimientos que han destilado el perfil de esta nación a través de siglos. No es sólo una aspiración nebulosa de adelantados o plagada de fantasías inmovilizadoras, sino una toma de conciencia aguda, informada, honesta, de lo que acontece en todo el país y que impele a la acción organizada. Las concreciones programáticas, las rutas de actuación y las estrategias que harán de esta rebelión una alternativa viable están a la vista. Se han empezado a discutir aun contra las descalificaciones enervadas de amplios segmentos de las clases más beneficiadas por el actual modelo. Los difusores de la derecha, por su interesado afán, han iniciado la acometida ideológica apoyados por múltiples resortes de propaganda a su alcance.
El mañana atisba una confrontación de ideas, de propuestas, de conductas, de principios entre estas dos formaciones. Una la que ya abanderan, con arrebatos místicos, los dos grandes partidos de la derecha, y la otra, la que se gestiona por todos los rumbos abandonados de México y que se allega fuerzas de las enormes flaquezas que atormentan a los abigarrados segmentos poblacionales del país. En el próximo futuro se irá descorriendo el telón que todavía hoy mantiene en la penumbra esta dura contienda en ciernes.
IMSS: Negligencia y maltrato en servicio subrogado a Vázquez Raña
Jesusa Cervantes
MEXICO, D.F, 19 de enero (Proceso).- Tras una licitación llena de sospechas y de la que varias empresas se retiraron, bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas el IMSS subrogó el servicio de hemodiálisis a la empresa Corphomed y al Centro de Diagnóstico Ángeles, propiedad de Olegario Vázquez Raña. Pero, además del cuestionado procedimiento, los pacientes de insuficiencia renal denuncian que esa clínica ofrece una “ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios”.
Con el respaldo de Juan Molinar Horcasitas, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empresario Olegario Vázquez Raña –junto con la empresa Corphomed– logró adjudicarse un contrato de 3 mil millones de pesos por tres años por los servicios subrogados de hemodiálisis.
Sin embargo, la falta de personal capacitado e instalaciones adecuadas ha provocado serios trastornos físicos a enfermos con deficiencia renal, quienes cada tercer día “se juegan la vida” acudiendo de manera obligada y “bajo amenaza” al Centro de Atención Ángeles.
En tanto, tres de las empresas inconformes con todo el proceso de licitación, Fresenius Medical Care (corporativo alemán y líder mundial en este tipo de tratamientos que desde hace una década prestaba el servicio de manera subrogada al IMSS), MK Humana y Care Centro de Atención Renal, acudieron a las autoridades judiciales y administrativas e interpusieron dos juicios de nulidad y un amparo para echar abajo la licitación que consideran ilegal de origen.
El asunto amenaza con rebasar las fronteras pues, de no resolverse en los próximos tres meses, Fresenius podría interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, e incluso retirar su inversión en México, que a la fecha asciende a cuando menos 250 millones de dólares, según una fuente de la empresa que pidió el anonimato.
Pero más allá de las consecuencias internacionales, lo que está en riesgo es la vida de los propios enfermos, obligados a atenderse cada tercer día en las clínicas de Olegario Vázquez Raña, los cuales han sufrido paros cardiorrespiratorios, desmayos, desangrados parciales, hematomas de considerable proporción y, por si fuera poco, la constante amenaza de ser infectados por el virus del VIH o de hepatitis.
Licitación ilegal
La historia se inició en marzo de 2008, cuando el IMSS lanzó la primera licitación para subrogar los servicios de hemodiálisis en el estado de Morelos. En esa ocasión las empresas participantes se inconformaron porque las bases violentaban el principio de igualdad. En consecuencia, la licitación se canceló y se repuso en octubre del mismo año con otra, que tuvo alcance nacional, pero con las mismas bases.
Pese a que nuevamente los participantes reclamaron, la licitación número 0064 1321-007-08 siguió su curso. La empresa ganadora fue Corphomed, pero ahora fue el Centro de Diagnóstico Ángeles (CDA), del empresario Olegario Vázquez Raña, el que se inconformó. Tras un breve proceso, las autoridades fallaron a su favor.
Así, el mercado se dividió entre Corphomed y CDA, que atienden a 80% de los pacientes afiliados al IMSS que requieren hemodiálisis en todo el país. Sin embargo, la empresa de Vázquez Raña se quedó con la mayor parte de los casos, concentrados en la zona norte y sur del Distrito Federal. Le correspondió a Corphomed la zona oriente y poniente de la capital, además de una parte del Estado de México, Morelos y Querétaro.
En el resto del país, la atención al restante 20% de los enfermos fue otorgada a otras empresas, que hasta el momento no han tenido contratiempos ni reclamos de los enfermos.
El 1 de abril de 2009, día del fallo final, 10 de las empresas participantes se retiraron del concurso, no sin antes denunciar por escrito que no podían participar porque las estaban obligando a cometer ilegalidades, a violentar la norma, y además no existía igualdad de condiciones. Otras 16 empresas ni siquiera se presentaron al fallo. Así, los únicos concursantes fueron Corphomed y CDA de Vázquez Raña.
El IMSS declaró “infundadas” las reclamaciones de 10 empresas el 31 de marzo de 2009, justo un día antes de que fallara en favor de CDA y repartiera el servicio con Corphomed. Sin embargo, las empresas MK Humana, Fresenius y Care, Centro de Atención Renal interpusieron un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Care se fue a juicio de amparo ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa. Los tres litigios están en curso.
Esos juicios son largos y pueden tardar en resolverse hasta dos años, pero la apuesta de las empresas querellantes es que venza el plazo para que Corphomed y CDA tengan listas sus instalaciones el 1 de marzo de 2010, como están obligadas por el contrato firmado en octubre de 2009.
Daños y deficiencias
El 28 de diciembre, algunos miembros de la Asociación para Prevenir las Enfermedades Renales Terminales, A.C., acompañados de la nefróloga Cruz Netza Cardoso, visitaron el Centro de Diagnóstico Ángeles, ubicado en calzada Las Bombas, en Villa Coapa, al sur de la Ciudad de México, para verificar si contaba con todas las normas. El dictamen de la especialista en nefrología-bioética fue negativo: las enfermeras eran de tipo general y no especialistas, amén de que las instalaciones, el equipo y la higiene del lugar no reunían los requisitos mínimos que marcan las normas de salud para este tipo de casos.
En una carta enviada el martes 12 al director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, los afectados agrupados en esa asociación relatan que a partir del 1 de enero los funcionarios del IMSS los obligaron a acudir a las instalaciones de Vázquez Raña a sus sesiones de hemodiálisis, “de lo contrario nos amenazaban con quitarnos nuestro derecho a ser atendidos como enfermos nefrópatas y todos los demás servicios del IMSS”.
Los denunciantes exponen 32 faltas a las normas que los ponen en riesgo, hacen responsable a Karam Toumeh en caso de perder la vida y le dan un plazo de hasta el lunes 18 para cancelar los contratos con CDA, o de lo contrario presentarán una demanda penal en su contra por omisión, y otra más contra las clínicas de Vázquez Raña.
Entre las principales deficiencias que han vivido los enfermos con el servicio que presta el Centro de Diagnóstico Ángeles destaca que el IMSS le permite reutilizar dializadores, lo cual va contra la NOM-171-SSAI/198 y la NOM-197-SSA1/2000 sobre ese tipo de tratamientos.
Lo grave es que los enfermos son conectados a máquinas que fueron utilizadas previamente con otros pacientes portadores de VIH o que padecen hepatitis, según denuncian en su carta a Daniel Karam Toumeh.
Según su propio relato, los enfermos no son atendidos por nefrólogos ni por enfermeras certificadas, sino por internistas y médicos generales. Además, quienes operan las máquinas de hemodiálisis no saben cómo usarlas; a muchos les han dado sólo media hora de tratamiento en lugar de las cuatro horas que se requieren; varios se quejan de que les provocaron hematomas y alergias por falta de pericia, y dicen que quienes los atendieron los obligaron a que ellos mismos se sellaran las fístulas con pedazos de diúrex.
Para colmo, las instalaciones del CDA se encuentran en una zona periférica de la Ciudad de México, lo que obliga a los enfermos a realizar grandes desplazamientos que pueden afectar aún más su salud, lo cual también contraviene las bases de la licitación pública.
En su carta de denuncia, la asociación que encabeza una de las enfermas, Juana González González, le pide al director del IMSS que “rescinda de inmediato” los contratos que celebró con CDA y le advierte que si no cumple con su demanda, la asociación “le hará a usted directamente responsable de los decesos y afectaciones de salud”.
La asociación cuenta con videos y grabaciones en las cuales los propios empleados del CDA aceptan que no cuentan con médicos nefrólogos.
La asociación le anuncia al director del IMSS que “los pacientes nefrópatas estamos dispuestos a denunciar penalmente a todos y cada uno de los involucrados en la ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios que usted nos ha obligado a tomar en el Centro de Diagnóstico Ángeles, pero adicionalmente, como esas deficiencias se las estamos haciendo saber a usted, consideramos que usted mismo puede y debe hacer las denuncias correspondientes, para lo cual usted podrá contar con el apoyo de esta organización”.
Muertes en Querétaro
Una de las razones por las cuales el CDA de Vázquez Raña ya está dando el servicio, pese a que según el contrato debía contar con instalaciones e iniciar los servicios a partir del 1 de marzo, es que al vencerse el contrato de Fresenius el pasado 31 de diciembre, la directora de Adquisiciones del IMSS, Carmen Zepeda, le solicitó una cotización para dar el servicio durante todo 2010. Ese mismo día, otro de sus subalternos, Agustín Amaya Chávez, le pidió una cotización por enero y febrero. Los documentos fueron entregados tal y como se les solicitó.
Amaya Chávez les dijo a los enfermos que Fresenius nunca les cotizó, por lo que tendrían que atenderse obligadamente en el CDA a partir del 1 de enero.
Ante las afectaciones que han tenido por la deficiente atención, los enfermos enviaron una carta a Fresenius para solicitar que los atienda hasta que no se resuelva el asunto, pues su vida está en peligro. Fresenius aceptó debido a que una de las reglas es que cuando alguien que está en estado grave acude a un centro se le debe atender. Las facturas las está haciendo a nombre de los enfermos pero espera que el IMSS les pague el dinero, según la abogada de la asociación, Laura Trevilla.
Sin embargo, el Centro de Diagnóstico de Vázquez Raña no sólo recibió una licitación a modo, sino que los dos contratos derivados de la licitación –cuya copia tiene Proceso– establecen pagos por hemodiálisis realizadas en 2009 “como garantía mínima”, uno por 25.6 millones de pesos (S90052) y otro por 17 millones (D85183), a pesar de que la licitación establece que iniciaría la prestación de esos servicios a partir del 1 de marzo de 2010.
Los documentos los tienen las tres empresas que iniciaron procesos administrativos contra la licitación y les fueron entregados y certificados por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
En el caso de Corphomed, la otra empresa beneficiada con los contratos para prestar servicios subrogados de hemodiálisis, el panorama para los enfermos con deficiencia renal empeora, pues le fue clausurado e inhabilitado uno de sus centros de atención en Querétaro el pasado 5 de enero, luego de la muerte de 33 enfermos de afección renal, aunque el cierre obedeció a que no cumplía con las normas mínimas de protección civil.
Según el portal del IMSS en internet, el cierre se debió a que “la empresa actuó con dolo al presentar documentación apócrifa”. Y aunque fue clausurada, la propia orden de clausura establece que esta misma empresa podrá continuar brindando el servicio en otros centros.
Por si fuera poco, Corphomed ofreció ocho contratos de servicios que firmó con el IMSS como garantía de un crédito por 50 millones de pesos que solicitó al Banco Multiva el 11 de diciembre de 2008. Esta empresa fue embargada en abril de 2009 por Johnson & Johnson Medical de México por un adeudo de 5.8 millones de pesos. Más tarde pidió un préstamo de 30.6 millones de pesos a Factoring Corporativo.
