IMPUNIDAD CRIMINAL
14 ene 2010
Los desaparecidos que a nadie importan
Arturo Rodríguez García. Proceso.
PIEDRAS NEGRAS, Coah, 13 de enero (Proceso).- Desaparecer con todo y vehículo sin dejar rastro se ha vuelto tan común en la región norte de Coahuila que, por su inseguridad, la prensa la rebautizó como “El Triángulo de las Bermudas”.
Una agravante de esos levantones es la impunidad que los caracteriza, pues las autoridades se niegan a iniciar averiguaciones previas, maltratan a las familias de los desaparecidos, les exigen realizar sus propias indagaciones y hasta las amenazan cuando reclaman atención.
Comerciantes, estudiantes universitarios, especialistas en seguridad privada y policías que se niegan a cooperar con la mafia son algunos de los desaparecidos durante 2009. Sus familias han recorrido varias oficinas gubernamentales sin conseguir nada más que un acta circunstanciada.
Para Blanca Martínez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera López, las omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar las desapariciones forzadas, violan el derecho de acceso a la justicia.
La activista, quien documentó 22 desapariciones en Coahuila durante 2009, advierte que en la entidad existe un cerco informativo para evitar que se conozca la dimensión del problema. Sin embargo, asegura, aun los monitoreos a los medios revelan que la situación es más grave de lo que cree la gente.
Familiares de los desaparecidos empezaron a formar un frente común para exigir a las autoridades que investiguen dónde se encuentran sus parientes.
En entrevista con Proceso, uno de ellos manifiesta: “No queremos que esto sea una noticia más. Nuestro interés es dejar claro que se trata de una exigencia a las autoridades para que investiguen y encuentren a nuestros hijos, esposos y padres. No creemos en Humberto Moreira ni en Felipe Calderón, y les exigimos respuestas”.
Invisibles
En marzo del año pasado, 20 trabajadores originarios de Ecatepec, Estado de México, llegaron a la región norte de Coahuila a bordo de tres camionetas donde transportaban botes de pintura para vender casa por casa.
El día 18, al arribar a Sabinas, uno de los vehículos se quedó ahí y los otros dos viajaron hacia Piedras Negras con el plan de reunirse más tarde en Nuevo Laredo.
Unas horas después, Lorenzo Campos Rodríguez, chofer de una de las unidades enviadas a Piedras Negras, se comunicó con su jefe, Daniel Rentería Tovar, quien permanecía en Sabinas, para comunicarle que la otra camioneta no aparecía.
El 22 de marzo, Rentería Tovar acudió a una agencia del Ministerio Público del fuero común en Villa de Fuente, comunidad próxima a Piedras Negras, a denunciar las desapariciones. El agente Jaime García de la Peña le asignó el número de expediente 141. Luego fue a la Inspección General de la Policía Federal, donde José Jorge García Ortiz tomó nota de los hechos.
De acuerdo con llamadas telefónicas que los tripulantes de la camioneta hoy desaparecida realizaron con familiares y compañeros de trabajo, ésta se encontraba estacionada en la gasolinera de Villa de Fuente, una zona rodeada por retenes federales y en la cual existen cámaras de vigilancia.
Sin embargo, “nadie vio nada, nadie sabe nada. ¿Cómo no iban a detectar si ocurrió algo en un lugar por donde pasa tanta gente y que está tan vigilado?”, dice Reyna Estrada, esposa de uno de los desaparecidos. Las demás familias han enviado cartas al presidente Felipe Calderón; al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y al del Estado de México, Enrique Peña Nieto. No han tenido respuesta.
“Cuando llamamos a la FGE para pedir información, nos dicen que ya tienen las desapariciones registradas, pero ni siquiera han abierto averiguaciones previas. Lo único que pedimos es que dejen de engañarnos”, agrega Reyna Estrada.
Ante la indiferencia de las autoridades estatales, las familias acudieron a la PGR y fueron canalizadas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que tampoco ha realizado avances en las investigaciones de la averiguación previa PGR-SIEDO-UEIS/077/2009.
El 17 de abril, José Flores Rodríguez, Agustín Alberto Núñez Magaña y Sergio Cárdenas Córdova salieron de Guadalajara, Jalisco, en un auto con el fin de visitar a clientes comisionistas de joyas en Coahuila. El día 22 se esfumaron luego de que, según sus familiares, partieron del hotel Don Alberto, ubicado en el municipio Nava.
Después de interponer su denuncia, sólo consiguieron el acta circunstanciada 066/2009, por lo que decidieron realizar indagaciones por su cuenta, y un testigo les dijo que a esas tres personas se las llevaron varios hombres armados que viajaban en tres camionetas, y que sólo alcanzó a escuchar las palabras “SIEDO” y “aprehensión”.
José Agustín Núñez Echeverría, padre de uno de los desaparecidos, permaneció casi dos meses en el norte de Coahuila y tuvo que ampararse para que las autoridades le informaran si detuvieron a su hijo, pero hasta ahora no ha obtenido ninguna respuesta.
Señala que se entrevistó con Eduardo Medina Mora cuando éste era titular de la PGR, así como con otros funcionarios de la misma, pero cuando vino el cambio de procurador enviaron la investigación al archivo.
Y refiere: “Un funcionario, Francisco Lobato, me comentó que iban a regresar el expediente a Coahuila. Le expliqué que venía de allá sin resultados, pero me dijo que una averiguación previa es muy cara y que no moverían un dedo mientras no tuvieran una orden directa del procurador. Inclusive me comentó que había casos en los que se registraban hasta 20 desaparecidos y que los míos nada más eran tres”.
Lo cierto es que en Coahuila ni siquiera la policía está a salvo. El 29 de agosto, en Ramos Arizpe, tras un tiroteo fue levantado el comandante Esteban Acosta Rodríguez, jefe de celadores en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Saltillo, junto con dos de sus hermanos y su hijo de ocho años.
Como la FGE no ha realizado ningún avance en las pesquisas, la familia solicitó la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
De acuerdo con funcionarios de la FGE, Acosta Rodríguez pudo ser secuestrado por su renuencia a conceder privilegios a un reo federal encarcelado por delincuencia organizada. La coordinadora del centro, Blanca Martínez, admite que esta versión es creíble, pero no tiene mayor información al respecto.
Narcofosa
Otro caso pendiente es el de Félix Batista, el negociador antisecuestros estadunidense levantado el 10 de diciembre de 2008 en Saltillo. La Secretaría de Seguridad Pública federal atribuyó esa desaparición a Germán Torres Jiménez, alias Z-25, detenido en abril en Poza Rica, Veracruz. No obstante, la dependencia no aportó a la FGE datos precisos al respecto.
El 10 de febrero de 2009, elementos del Ejército descubrieron en la Sierra de Arteaga una fosa con 19 cuerpos calcinados, así como los tambos utilizados para la incineración. Entonces se especuló que entre esos cadáveres podría estar el de Batista, así como el del político perredista y empresario lagunero Francisco León, a quien se le atribuían vínculos con la delincuencia organizada, desaparecido el 21 de febrero de 2007.
Luego de que la FGE realizó pruebas de ADN, determinó que ninguno de los dos se encontraba en la fosa.
Entre los desaparecidos registrados por el Centro Fray Juan de Larios se encuentra David Arreola Estrada, quien según cuatro testigos fue detenido el 12 de octubre de 2009 por elementos de la Policía Municipal de Parras de la Fuente. Cinco días después, su cadáver apareció con huellas de tortura y dos tiros en una carretera. Pese a las protestas de los deudos, que han aportado información a la FGE, tampoco aquí ha habido resultados.
“Yo no sé si estamos regresando o estamos avanzando a un sistema en el que la ciudadanía se pierde. Lo que sí me queda claro es que ‘la guerra’ afecta principalmente a la sociedad civil”, afirma Blanca Martínez.
El problema, continúa, no es de legislación, sino que “se trata de una política de no investigación, que constituye una violación grave al derecho de acceso a la justicia”.
La activista comenta que, además de los secuestros conocidos, decenas de migrantes centroamericanos en tránsito han denunciado múltiples desapariciones. “Si en los casos de connacionales es difícil acceder a la justicia, con los migrantes es prácticamente imposible”, lamenta.
Arturo Rodríguez García. Proceso.
PIEDRAS NEGRAS, Coah, 13 de enero (Proceso).- Desaparecer con todo y vehículo sin dejar rastro se ha vuelto tan común en la región norte de Coahuila que, por su inseguridad, la prensa la rebautizó como “El Triángulo de las Bermudas”.
Una agravante de esos levantones es la impunidad que los caracteriza, pues las autoridades se niegan a iniciar averiguaciones previas, maltratan a las familias de los desaparecidos, les exigen realizar sus propias indagaciones y hasta las amenazan cuando reclaman atención.
Comerciantes, estudiantes universitarios, especialistas en seguridad privada y policías que se niegan a cooperar con la mafia son algunos de los desaparecidos durante 2009. Sus familias han recorrido varias oficinas gubernamentales sin conseguir nada más que un acta circunstanciada.
Para Blanca Martínez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera López, las omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) así como de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar las desapariciones forzadas, violan el derecho de acceso a la justicia.
La activista, quien documentó 22 desapariciones en Coahuila durante 2009, advierte que en la entidad existe un cerco informativo para evitar que se conozca la dimensión del problema. Sin embargo, asegura, aun los monitoreos a los medios revelan que la situación es más grave de lo que cree la gente.
Familiares de los desaparecidos empezaron a formar un frente común para exigir a las autoridades que investiguen dónde se encuentran sus parientes.
En entrevista con Proceso, uno de ellos manifiesta: “No queremos que esto sea una noticia más. Nuestro interés es dejar claro que se trata de una exigencia a las autoridades para que investiguen y encuentren a nuestros hijos, esposos y padres. No creemos en Humberto Moreira ni en Felipe Calderón, y les exigimos respuestas”.
Invisibles
En marzo del año pasado, 20 trabajadores originarios de Ecatepec, Estado de México, llegaron a la región norte de Coahuila a bordo de tres camionetas donde transportaban botes de pintura para vender casa por casa.
El día 18, al arribar a Sabinas, uno de los vehículos se quedó ahí y los otros dos viajaron hacia Piedras Negras con el plan de reunirse más tarde en Nuevo Laredo.
Unas horas después, Lorenzo Campos Rodríguez, chofer de una de las unidades enviadas a Piedras Negras, se comunicó con su jefe, Daniel Rentería Tovar, quien permanecía en Sabinas, para comunicarle que la otra camioneta no aparecía.
El 22 de marzo, Rentería Tovar acudió a una agencia del Ministerio Público del fuero común en Villa de Fuente, comunidad próxima a Piedras Negras, a denunciar las desapariciones. El agente Jaime García de la Peña le asignó el número de expediente 141. Luego fue a la Inspección General de la Policía Federal, donde José Jorge García Ortiz tomó nota de los hechos.
De acuerdo con llamadas telefónicas que los tripulantes de la camioneta hoy desaparecida realizaron con familiares y compañeros de trabajo, ésta se encontraba estacionada en la gasolinera de Villa de Fuente, una zona rodeada por retenes federales y en la cual existen cámaras de vigilancia.
Sin embargo, “nadie vio nada, nadie sabe nada. ¿Cómo no iban a detectar si ocurrió algo en un lugar por donde pasa tanta gente y que está tan vigilado?”, dice Reyna Estrada, esposa de uno de los desaparecidos. Las demás familias han enviado cartas al presidente Felipe Calderón; al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y al del Estado de México, Enrique Peña Nieto. No han tenido respuesta.
“Cuando llamamos a la FGE para pedir información, nos dicen que ya tienen las desapariciones registradas, pero ni siquiera han abierto averiguaciones previas. Lo único que pedimos es que dejen de engañarnos”, agrega Reyna Estrada.
Ante la indiferencia de las autoridades estatales, las familias acudieron a la PGR y fueron canalizadas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que tampoco ha realizado avances en las investigaciones de la averiguación previa PGR-SIEDO-UEIS/077/2009.
El 17 de abril, José Flores Rodríguez, Agustín Alberto Núñez Magaña y Sergio Cárdenas Córdova salieron de Guadalajara, Jalisco, en un auto con el fin de visitar a clientes comisionistas de joyas en Coahuila. El día 22 se esfumaron luego de que, según sus familiares, partieron del hotel Don Alberto, ubicado en el municipio Nava.
Después de interponer su denuncia, sólo consiguieron el acta circunstanciada 066/2009, por lo que decidieron realizar indagaciones por su cuenta, y un testigo les dijo que a esas tres personas se las llevaron varios hombres armados que viajaban en tres camionetas, y que sólo alcanzó a escuchar las palabras “SIEDO” y “aprehensión”.
José Agustín Núñez Echeverría, padre de uno de los desaparecidos, permaneció casi dos meses en el norte de Coahuila y tuvo que ampararse para que las autoridades le informaran si detuvieron a su hijo, pero hasta ahora no ha obtenido ninguna respuesta.
Señala que se entrevistó con Eduardo Medina Mora cuando éste era titular de la PGR, así como con otros funcionarios de la misma, pero cuando vino el cambio de procurador enviaron la investigación al archivo.
Y refiere: “Un funcionario, Francisco Lobato, me comentó que iban a regresar el expediente a Coahuila. Le expliqué que venía de allá sin resultados, pero me dijo que una averiguación previa es muy cara y que no moverían un dedo mientras no tuvieran una orden directa del procurador. Inclusive me comentó que había casos en los que se registraban hasta 20 desaparecidos y que los míos nada más eran tres”.
Lo cierto es que en Coahuila ni siquiera la policía está a salvo. El 29 de agosto, en Ramos Arizpe, tras un tiroteo fue levantado el comandante Esteban Acosta Rodríguez, jefe de celadores en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Saltillo, junto con dos de sus hermanos y su hijo de ocho años.
Como la FGE no ha realizado ningún avance en las pesquisas, la familia solicitó la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
De acuerdo con funcionarios de la FGE, Acosta Rodríguez pudo ser secuestrado por su renuencia a conceder privilegios a un reo federal encarcelado por delincuencia organizada. La coordinadora del centro, Blanca Martínez, admite que esta versión es creíble, pero no tiene mayor información al respecto.
Narcofosa
Otro caso pendiente es el de Félix Batista, el negociador antisecuestros estadunidense levantado el 10 de diciembre de 2008 en Saltillo. La Secretaría de Seguridad Pública federal atribuyó esa desaparición a Germán Torres Jiménez, alias Z-25, detenido en abril en Poza Rica, Veracruz. No obstante, la dependencia no aportó a la FGE datos precisos al respecto.
El 10 de febrero de 2009, elementos del Ejército descubrieron en la Sierra de Arteaga una fosa con 19 cuerpos calcinados, así como los tambos utilizados para la incineración. Entonces se especuló que entre esos cadáveres podría estar el de Batista, así como el del político perredista y empresario lagunero Francisco León, a quien se le atribuían vínculos con la delincuencia organizada, desaparecido el 21 de febrero de 2007.
Luego de que la FGE realizó pruebas de ADN, determinó que ninguno de los dos se encontraba en la fosa.
Entre los desaparecidos registrados por el Centro Fray Juan de Larios se encuentra David Arreola Estrada, quien según cuatro testigos fue detenido el 12 de octubre de 2009 por elementos de la Policía Municipal de Parras de la Fuente. Cinco días después, su cadáver apareció con huellas de tortura y dos tiros en una carretera. Pese a las protestas de los deudos, que han aportado información a la FGE, tampoco aquí ha habido resultados.
“Yo no sé si estamos regresando o estamos avanzando a un sistema en el que la ciudadanía se pierde. Lo que sí me queda claro es que ‘la guerra’ afecta principalmente a la sociedad civil”, afirma Blanca Martínez.
El problema, continúa, no es de legislación, sino que “se trata de una política de no investigación, que constituye una violación grave al derecho de acceso a la justicia”.
La activista comenta que, además de los secuestros conocidos, decenas de migrantes centroamericanos en tránsito han denunciado múltiples desapariciones. “Si en los casos de connacionales es difícil acceder a la justicia, con los migrantes es prácticamente imposible”, lamenta.
La ley, el cardenal y sus cómplices
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
Si les das el pie agarran la mano. Esto es lo que han hecho las iglesias que han dicho que sólo obedecen a Dios. El documento leído en nombre de Norberto Rivera es realmente una pieza de antología (mal redactada) que parece rescatada de la Edad Media. Dice así en una de sus partes: Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina (La Jornada, 11/01/10)
Las implicaciones del texto citado son realmente una regresión a tiempos que todos, ilusamente, creímos superados hace mucho tiempo. Lo que sugiere la cita es que dichos pastores se han declarado en rebeldía ante las leyes que nos hemos dado, en este caso, los mexicanos. Según ese documento nuestras leyes no tienen validez alguna si se contraponen a Dios, cualquier cosa que esto signifique. Y digo esto último no por falta de respeto a quienes son religiosos, sino porque la voluntad de Dios, si acaso existe, depende de quienes dicen conocerla y que se consideran sus representantes y voceros nada más porque sí, porque ellos se asumen como tales sin sentirse obligados a demostrarlo.
A estos curas atrasados, a la vez que prepotentes y soberbios, se les hace muy fácil descalificar nuestras leyes y, no conformes con ello, llamar a desobedecerlas. Si el gobierno tuviera los pantalones que dice tener para acabar con el narcotráfico ya habría usado la ley contra ellos, traficantes de la supuesta voluntad de Dios por el simple hecho de que no están de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo ni con el aborto. Por lo pronto, el artículo 130 constitucional establece que “las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”. En el inciso e de este artículo se dice: “Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.” (Las cursivas son mías.)
Lo dicho en nombre del cardenal Rivera es suficiente para que se les cancele su agrupación religiosa y todas aquellas que dicen o digan que anteponen la supuesta voluntad de Dios, del dios que sea, a nuestras leyes vigentes. ¿Se valdrá, por ejemplo, que en mi automóvil me pase los altos porque Dios no me dijo que los respetara?
Subordinar o querer subordinar la Constitución general al catecismo Ripalda o a la Biblia o al Corán o lo que sea que represente un texto denominado sagrado, es una violación de dicha Constitución y del Estado laico que nos hemos dado los mexicanos (y que quieren revertir los curas). ¿No dice nuestra Constitución que en México hay libertad de cultos y de creencias? Esto quiere decir que cada quien cree en lo que le da la gana, o no cree y, por lo tanto, observa o no los valores de su iglesia, si la tiene, siempre y cuando se someta, como ciudadano, a las leyes vigentes en el país. Los curas quisieron tener derechos, y los tienen gracias a Carlos Salinas y sus reformas legislativas, pero al lograrlos también adquirieron obligaciones, como individuos y como organizaciones. Y una de estas obligaciones es acatar la legislación y no llamar a desobedecerla sin caer en subversión y, eventualmente, en asociación delictuosa. En caso de que esto suceda, y ya sucedió con el texto leído en la Catedral Metropolitana el domingo pasado, que les caiga el peso de la ley, comenzando por Rivera Carrera y sus cómplices ortodoxos y evangélicos que hicieron causa común con dicho propósito. Si los grupos guerrilleros que actúan al margen de la ley y llaman a proceder en contra de las instituciones de la República son perseguidos y acosados por las fuerzas del orden, ¿qué espera la Secretaría de Gobernación para hacer lo mismo con estos sedicentes pastores del pueblo de Dios alebrestados, que expresamente llaman a no respetar la ley y las instituciones? ¿O la ley es para unos pero no para todos?
Si los pastores del pueblo de Dios están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, que no los casen; nada los obliga. Gracias a hombres de visión moderna y no a curas oscurantistas, desde la Reforma existe, como matrimonio, la unión que se establece en nuestras leyes y que lleva a cabo un representante del Estado. En el caso de la Iglesia católica ni siquiera tendrían que preocuparse pues sus sacerdotes deben ser célibes, sean o no homosexuales e incluso pederastas. En referencia al aborto, tampoco tienen problema, que excomulguen a las mujeres católicas que lo practiquen y ya. ¿Dónde está la dificultad?
El matrimonio es una institución obsoleta y crecientemente en desuso. ¿Por qué se necesitaría que un funcionario civil sancione la unión de dos personas? ¿Tiene más validez que el simple deseo de una unión para hacer vida en común y, eventualmente, tener hijos propios o adoptados? Unirse ante Dios es todavía peor, pues primero habría que probar su existencia o, en caso de existir, que ese dios instituyó el matrimonio y no los hombres que hablan en su nombre sin carta poder. Entiendo que los homosexuales y las lesbianas quieran ganar el derecho al matrimonio y a adoptar hijos, es una estrategia para ser reconocidos ante la ley (que ya lo son según el artículo primero constitucional), pero en realidad no necesitan sanción alguna de un funcionario del Estado o de un ministro de cualquier culto religioso. La unión libre, denominada concubinato, también está reconocida por la ley, en este caso en el Código Civil federal. El concubinato, si bien se ve el asunto, es la forma más avanzada de unión entre dos personas que quieren constituir un hogar o una familia, puesto que es libre y sin necesidad de sanción por parte de persona ajena a la pareja. Pero este es otro asunto.
Rivera y Ratzinger
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
La batalla en torno a la recién aprobada ley que legaliza el matrimonio y la adopción entre y por parejas del mismo sexo, nos ha dejado ver, una vez más, la dependencia ideológica de Acción Nacional respecto de la Iglesia católica, pero también el oportunismo de sus figuras nacionales, incluyendo al jefe del partido, al secretario de Gobernación y al mismo Presidente. Ante la imposibilidad de conseguir el apoyo de la tercera parte de los diputados capitalinos que hacen falta para promover una acción de inconstitucionalidad y a la espera de que sea la Procuraduría General de la República quien elabore la argumentación estrictamente jurídica y política (César Nava), el cardenal Norberto Rivera se ha trazado la misión de castigar electoralmente a los promotores de la ley, sin el menor respeto por los fundamentos del Estado laico, contenidos en la Constitución y en la propia Ley de Asociaciones Religiosas. El discurso del cardenal ha venido subiendo de tono hasta el punto de decir, por boca del vocero de la arquidiócesis, que “nosotros –es decir, los clérigos– tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10), palabras que desencadenaron un racimo de condenas instántaneas, incluido el deslinde del senador Madero y de Arturo Farela, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas.
La actitud del PAN, concentrada en la defensa de la libertad de expresión del cardenal, a cargo de César Nava, presagia que en este caso, como en la despenalización del aborto, intentará poner en marcha una operación para aislar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del DF movilizando a la opinión pública desde el púlpito y los medios, al tiempo que el gobierno deja caer el peso del Estado sobre las instituciones, legislativas y judiciales, que eventualmente se ocupen del tema. Esta reacción, claramente basculada hacia la derecha, no es nueva, ni mucho menos, pero ayuda a comprender mejor los mecanismos y la división del trabajo en el seno de la coalición gobernante. Así, mientras la jerarquía agita las aguas, desafiando el orden constitucional, el PAN procura un perfil neutro, deslavado, más abogadil que doctrinario, bajo el cual se oculta el pragmatismo de la derecha en el poder, pero también, hay que subrayarlo, la escasez de argumentos para elaborar una impugnación que no sea la repetición mecánica de los principios dictados por el Vaticano. Los panistas creen que si se da el caso, la Suprema Corte podría asirse de algunos tecnicismos para invalidar las reformas aprobadas en el DF (o, al menos, no llamar matrimonio a las uniones de hecho y prohibir la adopción), sin necesidad de entrar al fondo de la cuestión que radica, justamente, en que el Estado laico no puede hacerse cargo de la universalidad y menos de la obligatoriedad de la visión de índole moral o religiosa que, legítimamente, sostienen las distintas iglesias en relación con estos temas.
Cuando Norberto Rivera asegura que detrás de la reforma existe una persecución ideológica o que “Nos quieren prohibir hablar en nombre de Jesús, predicar su doctrina, cumplir con el mandato del Señor (…) por defender el vínculo sagrado del matrimonio (…) se burlan de los valores cristianos y de nuestras creencias más sagradas”, distorsiona la realidad, evade el tema de los derechos de los homosexuales en general y pasa por alto la situación real de la familia en México (y en el mundo). En rigor, exige que la sociedad y el Estado acepten como propias, verdaderas y obligatorias sus consideraciones morales, como si la reforma sobre la naturaleza civil del matrimonio limitara de algún modo la libertad religiosa. Esa intolerancia es, justamente, la que cuestiona el laicismo que rescató para el Estado, mediante un difícil y conflictivo proceso, siempre impugnado por la Iglesia católica, prerrogativas como el registro y el matrimonio civil que aún hoy muchos católicos conservadores desdeñan.
Hoy no es distinto: la derecha mexicana está lejos de aceptar en sus términos constitucionales el laicismo, a pesar de que la reforma de 1992 canceló las aristas más agudas y resolvió las viejas discrepancias entre la Iglesia católica y el Estado. Pero en las cuestiones concernientes a la moral pública, sigue atada a las prescripciones papales en estas materias. Rechaza la despenalización del aborto, se opone a una verdadera educación sexual y, ahora, enfrenta con todas sus armas la extensión del matrimonio a parejas formadas por individuos del mismo sexo. Valga recordar, por ejemplo, las indicaciones del entonces cardenal Ratzinger (2003) para atender el preocupante asunto de las uniones homosexuales, que en algunos casos incluyen también la habilitación para la adopción de hijos, un texto que escribe justamente con el fin de iluminar “la actividad de los políticos católicos (…) cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema”. Es evidente que tanto en Roma como en México, este nuevo capítulo de la secularización tomó por sorpresa a los políticos de la derecha convencional, obligando al Vaticano a retomar la iniciativa. No repetiré aquí las argumentaciones del ahora Papa, pues todas ellas se pueden leer ímplicitas en las inflamadas homilías del cardenal Rivera, pues éstas se centran por igual en la premisa de que el matrimonio “ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades (…) de que el hombre, a imagen de Dios, ha sido creado varón y hembra” (Gn 1, 27), para cumplir con la máxima bíblica de sed fecundos y multiplicaos (Gn 1, 28).
Sin embargo, hay un elemento en el que la Iglesia se muestra inflexible y aparece poco en las argumentaciones de los panistas contra la actual reforma: la furia contra el ejercicio de la homosexualidad (no hablemos de la pederastia en este momento). Raztinger es categórico: no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y, tras explicar los elementos doctrinales, concluye: El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. De eso se trata. Sin embargo, el Vaticano sabe que no siempre puede ganar todas las batallas de un solo golpe y da a los políticos católicos la libertad de adoptar ciertas formas de tolerancia al mal. La cita, un poco larga, vale la pena: “En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la encíclica Evangelium Vitæ, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública”, con la condición de que sea clara y notoria a todos su personal absoluta oposición a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo.
¿Y el gobierno, qué piensa?
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
Si les das el pie agarran la mano. Esto es lo que han hecho las iglesias que han dicho que sólo obedecen a Dios. El documento leído en nombre de Norberto Rivera es realmente una pieza de antología (mal redactada) que parece rescatada de la Edad Media. Dice así en una de sus partes: Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina (La Jornada, 11/01/10)
Las implicaciones del texto citado son realmente una regresión a tiempos que todos, ilusamente, creímos superados hace mucho tiempo. Lo que sugiere la cita es que dichos pastores se han declarado en rebeldía ante las leyes que nos hemos dado, en este caso, los mexicanos. Según ese documento nuestras leyes no tienen validez alguna si se contraponen a Dios, cualquier cosa que esto signifique. Y digo esto último no por falta de respeto a quienes son religiosos, sino porque la voluntad de Dios, si acaso existe, depende de quienes dicen conocerla y que se consideran sus representantes y voceros nada más porque sí, porque ellos se asumen como tales sin sentirse obligados a demostrarlo.
A estos curas atrasados, a la vez que prepotentes y soberbios, se les hace muy fácil descalificar nuestras leyes y, no conformes con ello, llamar a desobedecerlas. Si el gobierno tuviera los pantalones que dice tener para acabar con el narcotráfico ya habría usado la ley contra ellos, traficantes de la supuesta voluntad de Dios por el simple hecho de que no están de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo ni con el aborto. Por lo pronto, el artículo 130 constitucional establece que “las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”. En el inciso e de este artículo se dice: “Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.” (Las cursivas son mías.)
Lo dicho en nombre del cardenal Rivera es suficiente para que se les cancele su agrupación religiosa y todas aquellas que dicen o digan que anteponen la supuesta voluntad de Dios, del dios que sea, a nuestras leyes vigentes. ¿Se valdrá, por ejemplo, que en mi automóvil me pase los altos porque Dios no me dijo que los respetara?
Subordinar o querer subordinar la Constitución general al catecismo Ripalda o a la Biblia o al Corán o lo que sea que represente un texto denominado sagrado, es una violación de dicha Constitución y del Estado laico que nos hemos dado los mexicanos (y que quieren revertir los curas). ¿No dice nuestra Constitución que en México hay libertad de cultos y de creencias? Esto quiere decir que cada quien cree en lo que le da la gana, o no cree y, por lo tanto, observa o no los valores de su iglesia, si la tiene, siempre y cuando se someta, como ciudadano, a las leyes vigentes en el país. Los curas quisieron tener derechos, y los tienen gracias a Carlos Salinas y sus reformas legislativas, pero al lograrlos también adquirieron obligaciones, como individuos y como organizaciones. Y una de estas obligaciones es acatar la legislación y no llamar a desobedecerla sin caer en subversión y, eventualmente, en asociación delictuosa. En caso de que esto suceda, y ya sucedió con el texto leído en la Catedral Metropolitana el domingo pasado, que les caiga el peso de la ley, comenzando por Rivera Carrera y sus cómplices ortodoxos y evangélicos que hicieron causa común con dicho propósito. Si los grupos guerrilleros que actúan al margen de la ley y llaman a proceder en contra de las instituciones de la República son perseguidos y acosados por las fuerzas del orden, ¿qué espera la Secretaría de Gobernación para hacer lo mismo con estos sedicentes pastores del pueblo de Dios alebrestados, que expresamente llaman a no respetar la ley y las instituciones? ¿O la ley es para unos pero no para todos?
Si los pastores del pueblo de Dios están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, que no los casen; nada los obliga. Gracias a hombres de visión moderna y no a curas oscurantistas, desde la Reforma existe, como matrimonio, la unión que se establece en nuestras leyes y que lleva a cabo un representante del Estado. En el caso de la Iglesia católica ni siquiera tendrían que preocuparse pues sus sacerdotes deben ser célibes, sean o no homosexuales e incluso pederastas. En referencia al aborto, tampoco tienen problema, que excomulguen a las mujeres católicas que lo practiquen y ya. ¿Dónde está la dificultad?
El matrimonio es una institución obsoleta y crecientemente en desuso. ¿Por qué se necesitaría que un funcionario civil sancione la unión de dos personas? ¿Tiene más validez que el simple deseo de una unión para hacer vida en común y, eventualmente, tener hijos propios o adoptados? Unirse ante Dios es todavía peor, pues primero habría que probar su existencia o, en caso de existir, que ese dios instituyó el matrimonio y no los hombres que hablan en su nombre sin carta poder. Entiendo que los homosexuales y las lesbianas quieran ganar el derecho al matrimonio y a adoptar hijos, es una estrategia para ser reconocidos ante la ley (que ya lo son según el artículo primero constitucional), pero en realidad no necesitan sanción alguna de un funcionario del Estado o de un ministro de cualquier culto religioso. La unión libre, denominada concubinato, también está reconocida por la ley, en este caso en el Código Civil federal. El concubinato, si bien se ve el asunto, es la forma más avanzada de unión entre dos personas que quieren constituir un hogar o una familia, puesto que es libre y sin necesidad de sanción por parte de persona ajena a la pareja. Pero este es otro asunto.
Rivera y Ratzinger
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
La batalla en torno a la recién aprobada ley que legaliza el matrimonio y la adopción entre y por parejas del mismo sexo, nos ha dejado ver, una vez más, la dependencia ideológica de Acción Nacional respecto de la Iglesia católica, pero también el oportunismo de sus figuras nacionales, incluyendo al jefe del partido, al secretario de Gobernación y al mismo Presidente. Ante la imposibilidad de conseguir el apoyo de la tercera parte de los diputados capitalinos que hacen falta para promover una acción de inconstitucionalidad y a la espera de que sea la Procuraduría General de la República quien elabore la argumentación estrictamente jurídica y política (César Nava), el cardenal Norberto Rivera se ha trazado la misión de castigar electoralmente a los promotores de la ley, sin el menor respeto por los fundamentos del Estado laico, contenidos en la Constitución y en la propia Ley de Asociaciones Religiosas. El discurso del cardenal ha venido subiendo de tono hasta el punto de decir, por boca del vocero de la arquidiócesis, que “nosotros –es decir, los clérigos– tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10), palabras que desencadenaron un racimo de condenas instántaneas, incluido el deslinde del senador Madero y de Arturo Farela, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas.
La actitud del PAN, concentrada en la defensa de la libertad de expresión del cardenal, a cargo de César Nava, presagia que en este caso, como en la despenalización del aborto, intentará poner en marcha una operación para aislar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del DF movilizando a la opinión pública desde el púlpito y los medios, al tiempo que el gobierno deja caer el peso del Estado sobre las instituciones, legislativas y judiciales, que eventualmente se ocupen del tema. Esta reacción, claramente basculada hacia la derecha, no es nueva, ni mucho menos, pero ayuda a comprender mejor los mecanismos y la división del trabajo en el seno de la coalición gobernante. Así, mientras la jerarquía agita las aguas, desafiando el orden constitucional, el PAN procura un perfil neutro, deslavado, más abogadil que doctrinario, bajo el cual se oculta el pragmatismo de la derecha en el poder, pero también, hay que subrayarlo, la escasez de argumentos para elaborar una impugnación que no sea la repetición mecánica de los principios dictados por el Vaticano. Los panistas creen que si se da el caso, la Suprema Corte podría asirse de algunos tecnicismos para invalidar las reformas aprobadas en el DF (o, al menos, no llamar matrimonio a las uniones de hecho y prohibir la adopción), sin necesidad de entrar al fondo de la cuestión que radica, justamente, en que el Estado laico no puede hacerse cargo de la universalidad y menos de la obligatoriedad de la visión de índole moral o religiosa que, legítimamente, sostienen las distintas iglesias en relación con estos temas.
Cuando Norberto Rivera asegura que detrás de la reforma existe una persecución ideológica o que “Nos quieren prohibir hablar en nombre de Jesús, predicar su doctrina, cumplir con el mandato del Señor (…) por defender el vínculo sagrado del matrimonio (…) se burlan de los valores cristianos y de nuestras creencias más sagradas”, distorsiona la realidad, evade el tema de los derechos de los homosexuales en general y pasa por alto la situación real de la familia en México (y en el mundo). En rigor, exige que la sociedad y el Estado acepten como propias, verdaderas y obligatorias sus consideraciones morales, como si la reforma sobre la naturaleza civil del matrimonio limitara de algún modo la libertad religiosa. Esa intolerancia es, justamente, la que cuestiona el laicismo que rescató para el Estado, mediante un difícil y conflictivo proceso, siempre impugnado por la Iglesia católica, prerrogativas como el registro y el matrimonio civil que aún hoy muchos católicos conservadores desdeñan.
Hoy no es distinto: la derecha mexicana está lejos de aceptar en sus términos constitucionales el laicismo, a pesar de que la reforma de 1992 canceló las aristas más agudas y resolvió las viejas discrepancias entre la Iglesia católica y el Estado. Pero en las cuestiones concernientes a la moral pública, sigue atada a las prescripciones papales en estas materias. Rechaza la despenalización del aborto, se opone a una verdadera educación sexual y, ahora, enfrenta con todas sus armas la extensión del matrimonio a parejas formadas por individuos del mismo sexo. Valga recordar, por ejemplo, las indicaciones del entonces cardenal Ratzinger (2003) para atender el preocupante asunto de las uniones homosexuales, que en algunos casos incluyen también la habilitación para la adopción de hijos, un texto que escribe justamente con el fin de iluminar “la actividad de los políticos católicos (…) cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema”. Es evidente que tanto en Roma como en México, este nuevo capítulo de la secularización tomó por sorpresa a los políticos de la derecha convencional, obligando al Vaticano a retomar la iniciativa. No repetiré aquí las argumentaciones del ahora Papa, pues todas ellas se pueden leer ímplicitas en las inflamadas homilías del cardenal Rivera, pues éstas se centran por igual en la premisa de que el matrimonio “ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades (…) de que el hombre, a imagen de Dios, ha sido creado varón y hembra” (Gn 1, 27), para cumplir con la máxima bíblica de sed fecundos y multiplicaos (Gn 1, 28).
Sin embargo, hay un elemento en el que la Iglesia se muestra inflexible y aparece poco en las argumentaciones de los panistas contra la actual reforma: la furia contra el ejercicio de la homosexualidad (no hablemos de la pederastia en este momento). Raztinger es categórico: no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y, tras explicar los elementos doctrinales, concluye: El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. De eso se trata. Sin embargo, el Vaticano sabe que no siempre puede ganar todas las batallas de un solo golpe y da a los políticos católicos la libertad de adoptar ciertas formas de tolerancia al mal. La cita, un poco larga, vale la pena: “En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la encíclica Evangelium Vitæ, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública”, con la condición de que sea clara y notoria a todos su personal absoluta oposición a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo.
¿Y el gobierno, qué piensa?
