IMPUNIDAD Y GUERRA SUCIA
12 ene 2010
A la caza de activistas en Ciudad Juárez
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 11 de enero (Proceso).- Defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez han sido asesinados presuntamente por narcotraficantes o por el Ejército, con absoluta impunidad, en lo que parece una estrategia de eliminación sistemática. Ante el caso más reciente, el de Josefina Reyes Salazar, en la ciudad fronteriza ya sólo queda una activista dedicada a la atención de las víctimas de los abusos militares.
En medio de la descarnada guerra contra el crimen organizado, el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, cometido el domingo 3 de enero, puso en evidencia que los defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, “están entre dos fuegos: el del Ejército Mexicano y el de los narcotraficantes”, considera Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado.
Josefina Reyes Salazar, exregidora perredista del municipio de Guadalupe y luchadora social desde hace más de 20 años, fue acribillada por hombres que en principio trataron de secuestrarla cuando se detuvo a comprar barbacoa sobre la carretera rumbo al Valle de Juárez.
“Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones”, le espetó uno de los hombres que trató de llevársela por la fuerza. Según testigos, ella respondió: “No, pero de aquí no me llevan viva”. Cinco descargas contra su rostro vinieron después.
Cipriana Jurado Herrera, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) y amiga de Reyes Salazar, recuerda: “Cuando empezó a recibir la amenazas el verano de año pasado, Josefina tenía mucho miedo, y llegó a decirle a su familia que para ella sería mejor que la mataran, que no la secuestraran, porque tenía miedo de lo que le pudieran hacer; ella también estuvo trabajando casos de mujeres que eran violadas y torturadas antes de ser asesinadas”.
Desde su refugio en El Paso, Texas, donde se autoexilió desde septiembre de 2009 por las amenazas de muerte que recibió, Gustavo de la Rosa Hickerson sostiene que detrás de la muerte de la luchadora social “hay un doble mensaje: por un lado, los narcotraficantes, que con ello dicen que si mataron a Josefina pueden hacerlo con cualquiera sin temor a ser detenidos; o bien, podría ser el Ejército, que dice ‘con lo militares no se metan’, porque el activismo reciente de Josefina estuvo enfocado a protestar por los abusos que cometen contra las comunidades del Valle de Juárez”.
Para De la Rosa Hickerson, quien documentó más de 150 casos de abusos militares desde que inició el Operativo Conjunto Chihuahua, los defensores de derechos humanos en esa entidad fronteriza “estamos en un altísimo riesgo, nos convertimos en enemigos de los delincuentes y del Ejército: los cárteles no quieren que se investiguen sus crímenes y sus arreglos con la policía y el Ejército, y los militares no toleran que se denuncien sus abusos”.
Crímenes impunes
El visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua cuenta que el 24 de noviembre de 2009 acudió con varios activistas a la ciudad de Torreón, Coahuila, sede de la XI Región Militar, para reunirse con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ahí les expuso “la necesidad de cambiar la estrategia en Chihuahua, que no siga torturando a los detenidos y que no se llevaran a cabo acciones sin la supervisión de autoridades civiles”.
Aunque no recuerda los nombres de los altos mandos que asistieron a la reunión, De la Rosa Hickerson indica que en ella estuvieron el jefe del Estado Mayor de la XI Región Militar, una subprocuradora de Justicia Militar y dos representantes del secretario Guillermo Galván Galván.
“Yo esperaba una reacción positiva, pero cuando llegamos a Chihuahua advertimos que los militares estaban más enojados”, apunta. Al encuentro en Coahuila, realizado en un hotel que fue blindado por tropas del Ejército, no asistió el general de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, quien en septiembre de 2008 acusó a defensores de derechos humanos de ser financiados por el narcotráfico para desprestigiar al Ejército.
“Espitia pidió mi destitución al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, y después el general le ordenó que abriera una investigación en mi contra, faltando el respeto a la autonomía del organismo, actuando con absoluta impunidad.”
De la Rosa Hickerson destaca que la muerte de Josefina Reyes se suma a la lista de defensores de derechos humanos que “antes luchamos contra los feminicidios y ahora denunciamos los abusos del Ejército”, y que han sido agraviados en los últimos meses de 2009.
El 24 de septiembre fue asesinado el locutor radiofónico Norberto Miranda Madrid, conocido como El Gallito, en Nuevo Casas Grandes. En esa misma ciudad, el 9 de octubre, Paz Rodríguez Ortiz fue asesinado frente a su esposa, Alicia Salaiz, quien fue “levantada” un mes después y de la que se desconoce su paradero; la pareja fundó la Asociación Civil Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes.
El 28 de noviembre, en Ciudad Juárez, fue asesinado el activista Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Ese mismo día, en Temochi, fue secuestrada, violada y asesinada Flor Alicia Gómez López, sobrina de Alma Gómez Caballero, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas y del Centro Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
No fue el primer ataque contra la familia Gómez, descendiente del doctor Pablo Gómez, guerrillero muerto en el ataque al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. De la Rosa apunta que, en octubre del año pasado, “los militares se metieron a la casa que tienen en Bochiniva, en el noroeste del estado; en esa región la familia ha sido muy activa en recabar denuncias de abusos”.
En el caso de El Gallito, recuerda que semanas antes de su asesinato le canalizó un caso “terrible”: un hombre que estuvo 15 días en manos del Ejército. “Lo detuvieron en la sierra con su camioneta, una Jeep Cherokee; logramos que lo liberaran, pero no su vehículo. Insistimos hasta que la localizamos, estaba a disposición de la Policía Federal, que la encontró descompuesta en un camino en Janos, con armamento y municiones, fue utilizada para una ejecución”.
El día que mataron a El Gallito, De la Rosa se refugió en El Paso, Texas, ante las amenazas de muerte que recibió.
Riesgos documentados
La vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico fue documentada por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, presentado el 13 de octubre de 2009 por Alberto Brunori.
En el documento se da cuenta de 128 agravios a defensores en México entre enero de 2006 y agosto de 2009; 11 de esas denuncias corresponden a Chihuahua. Del total, 98.5% se encuentran impunes.
De las conclusiones de la ACNUDH se destaca que “la inseguridad y la violencia que se vive en el país intensifican la situación de vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño o implementación de algunas políticas de seguridad, así como la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, constituyen un nuevo reto para las y los defensores. En torno a esta situación se observó que las y los defensores han tenido una participación restringida en la definición, monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad y que los canales de comunicación son escasos”.
Cuatro días después del asesinato de Josefina Reyes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció el inicio de una queja.
El organismo registró 24 denuncias de agravios contra defensores en 2005; cifra que diminuyó el año siguiente a 18 y a 16 en 2007, en tanto que en 2008 recibió 24 quejas y 25 en el año que acaba de terminar.
A la condena de la CNDH se sumó el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) del gobierno federal, que consideró “indignante” que la violencia alcance a “personas que luchan contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos”.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), con sede en Ciudad Juárez, reprobó la falta de actuación de autoridades municipales, estatales y federales para proteger a las y los defensores de derechos humanos que “han levantado la voz para denunciar abusos militares”.
Al exigir el esclarecimiento del crimen de Josefina Reyes, así como de 220 asesinatos de mujeres ocurridos en 2009 en Chihuahua, la organización civil recordó que un hijo de Josefina, Julio César, fue víctima mortal de la guerra contra el narcotráfico en esa ciudad fronteriza.
La ejecución de Josefina Reyes ocurrió semanas después de que Amnistía Internacional (AI) publicara el documento México: Nuevos informes de violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, en el que se registran los casos de la ejecución extrajudicial de Saúl Becerra Reyes y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Guzmán Zúñiga (Proceso 1728).
El caso dio lugar a que el organismo internacional exigiera a la administración de Felipe Calderón el esclarecimiento del homicidio de Josefina Reyes, así como la protección para Cipriana Jurado Herrera, quien colaboró en la elaboración del informe, toda vez que ambas participaron en protestas para denunciar los abusos militares desde 2008.
En la acción urgente emitida el martes 5 de enero, AI exigió la actuación inmediata del Estado mexicano para proteger a defensores de derechos humanos que, como Josefina y Cipriana, participaban en movilizaciones pacíficas “contra la violencia del crimen organizado en la región, así como por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército”.
La alerta que envió AI, explica Jurado Herrera, “es porque con el asesinato de Josefina y el exilio del licenciado De la Rosa, yo me quedé sola en Ciudad Juárez en el trabajo de documentar y denunciar los abusos del Ejército.”
Más recientemente, el viernes 8, el Cedhm denunció la desaparición de tres personas, dos de ellas mujeres, en el municipio de Buenaventura, hechos de los que responsabiliza a miembros del Ejército Mexicano. Se trata de José Ángel Alvarado Reyes, Nitza Alvarado Paola Alvarado Espinoza y Rocío Alvarado Reyes, quienes fueron detenidos por soldados el 29 de diciembre pasado.
Líneas de investigación
Gustavo de la Rosa Hickerson y Cipriana Jurado Herrera coinciden en que en las diferentes luchas que encabezó Josefina en los últimos 20 años –por la defensa de los derechos laborales en la maquiladoras, en contra de la instalación de un tiradero nuclear en Sierra Blanca y por el esclarecimiento de los feminicidios– nunca recibió amenazas de muerte, hasta que participó en las protestas contra los abusos militares.
Ambos recuerdan que la casa de Josefina en Guadalupe fue allanada en tres ocasiones por soldados. De la Rosa abrió un expediente en la Comisión de Derechos Humanos estatal y la activista denunció ser víctima de amenazas ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta Jurado Herrera.
“Era una mujer muy valiente, era mi corresponsal en el Valle de Juárez en por lo menos siete casos, que implicaban a 30 víctimas de abusos militares, acudí al Valle cuando los soldados estaban en las comunidades, y ella los enfrentaba sin miedo”, dice De la Rosa Hickerson.
La directora del CISO trabajó con Josefina para atender unos 15 casos de detenciones ilegales: “Acudíamos con las familias para convencerlas de que interpusieran sus quejas, porque en el Valle el Ejército llegaba a detener a gente sin órdenes de aprehensión y sin motivo, que después era conducida al cuartel militar donde las torturaban. Hubo casos muy graves, pero la mayoría de la gente no quiso continuar con las quejas por miedo”.
De la Rosa Hickerson apunta que en torno al crimen de Josefina Reyes hay elementos que lo complican. Por ejemplo, uno de sus hijos, Miguel Ángel, apodado El Sapo, trabajó como mecánico de los hermanos Óscar Alonso y José Rodolfo Escajeda, La Gata y El Riquín, capos del cártel de La Línea, y fue detenido junto con el segundo el 4 de septiembre de 2009. Lo remitieron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Matamoros, acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
De la Rosa apunta que la colaboración de los habitantes del Valle de Juárez con el tráfico ilegal de mercancías forma parte del motor económico de la región desde principios del siglo XX, “por lo que no es inusual que la gente se emplee ahora con los capos”.
Recuerda que, en agosto de 2008, Miguel Ángel Reyes Salazar fue detenido en un operativo militar en Guadalupe, junto con otras 10 personas, todas sacadas de sus casas de forma ilegal. Josefina, junto con militantes del Frente Nacional contra la Represión, organizó una manifestación para pedir la presentación de los detenidos, quienes permanecieron cinco días en poder de los militares.
“Josefina no quería impunidad para su hijo, sino que se procediera conforme a derecho, y tan no fue así, que fueron liberados. Cuando Miguel Ángel fue detenido en septiembre de 2009, también por militares, Josefina se quedó tranquila porque se le presentó ante un juez.”
Meses antes del arresto de Miguel Ángel, sostiene, aparecieron volantes en el Valle de Juárez firmados por Los Gallinazos de Guadalupe, en los que se amenazaba de muerte a no menos de 10 personas, entre ellas Josefina y sus hermanos, si no abandonaban su pueblo.
Para De la Rosa Hickerson, esas amenazas probablemente provenían del cártel de Sinaloa, enemigo de La Línea, que opera en el Valle de Juárez.
“De julio a la fecha, en el Valle han ocurrido 50 asesinatos, no sólo de personas directamente involucradas con el crimen, sino sus familias, todo esto ante los ojos del Ejército, que es el único que opera ahí, de forma pasiva, porque no persigue a los criminales ni deja que corporaciones civiles lo hagan”, sostiene.
Esa es una posible línea de investigación del crimen de Josefina, dice, “pero eso lo tendría que esclarecer la PGR, porque no tenemos expectativas de que la procuraduría (estatal) llegue a los responsables, pues el caso de Josefina se convertirá en uno más de los 4 mil muertos de Ciudad Juárez que no han sido investigados”.
El visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua alerta sobre el riesgo que corre Cipriana Jurado Herrera, quien se ha convertido “en la única defensora que atiende a las víctimas de abusos militares”.
Aclara que Cipriana es coadyuvante en las investigaciones de los casos de desaparición forzada de los hermanos Guzmán y del homicidio de Saúl Becerra, ante la Procuraduría de Justicia Militar, radicadas en su sede de Mazatlán, donde se tenían abiertas 170 averiguaciones previas por diversos delitos cometidos por militares, hasta junio del año pasado.
Jurado Herrera asegura que ella no ha recibido amenazas por su labor; sin embargo, tras participar en protestas contra los abusos militares se reactivó una denuncia contra ella y otros activistas abierta en 2005 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a un plantón que realizaron en el Puente Internacional de Ciudad Juárez en contra de los cazadores de migrantes.
A raíz de esa queja fue detenida el 4 de abril de 2008 por policías federales y recluida durante 24 horas; salió tras el pago de una fianza y después fue declarada inocente.
Por su coadyuvancia en los casos de los hermanos Guzmán y de Saúl Becerra, advierte Cipriana, ha sido intimidada por elementos militares.
“El 28 de diciembre acudimos con familiares de los hermanos Guzmán a instalaciones militares para que ampliaran su declaración sobre el caso; en esa ocasión, no tuvimos problemas. El 2 enero, acompañé a la esposa de Saúl Becerra; los agentes del Ministerio Público federal querían que la señora ampliara su declaración por desaparición forzada, pero yo les aclaré que se trataba de un homicidio, porque el cuerpo de Saúl apareció. En ese momento, se enojaron y me pidieron todos mis datos, lo que para mí fue un acto de intimidación porque en la audiencia anterior no me los pidieron.”
El jueves 7, Cipriana Jurado Herrera y decenas de personas se manifestaron en las instalaciones de la PGR en Ciudad Juárez para exigir que el asesinato de Josefina sea investigado por esa dependencia.
“No queremos que el caso sea llevado por las autoridades locales. No se trata de un crimen común. Además, hasta ahora (7 de enero) ninguna autoridad se ha acercado a la familia para pedirle que declare sobre la muerte de Josefina. Si el crimen no se aclara, el mensaje de impunidad es terrible y no lo podemos aceptar.”
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 11 de enero (Proceso).- Defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez han sido asesinados presuntamente por narcotraficantes o por el Ejército, con absoluta impunidad, en lo que parece una estrategia de eliminación sistemática. Ante el caso más reciente, el de Josefina Reyes Salazar, en la ciudad fronteriza ya sólo queda una activista dedicada a la atención de las víctimas de los abusos militares.
En medio de la descarnada guerra contra el crimen organizado, el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, cometido el domingo 3 de enero, puso en evidencia que los defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, “están entre dos fuegos: el del Ejército Mexicano y el de los narcotraficantes”, considera Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado.
Josefina Reyes Salazar, exregidora perredista del municipio de Guadalupe y luchadora social desde hace más de 20 años, fue acribillada por hombres que en principio trataron de secuestrarla cuando se detuvo a comprar barbacoa sobre la carretera rumbo al Valle de Juárez.
“Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones”, le espetó uno de los hombres que trató de llevársela por la fuerza. Según testigos, ella respondió: “No, pero de aquí no me llevan viva”. Cinco descargas contra su rostro vinieron después.
Cipriana Jurado Herrera, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) y amiga de Reyes Salazar, recuerda: “Cuando empezó a recibir la amenazas el verano de año pasado, Josefina tenía mucho miedo, y llegó a decirle a su familia que para ella sería mejor que la mataran, que no la secuestraran, porque tenía miedo de lo que le pudieran hacer; ella también estuvo trabajando casos de mujeres que eran violadas y torturadas antes de ser asesinadas”.
Desde su refugio en El Paso, Texas, donde se autoexilió desde septiembre de 2009 por las amenazas de muerte que recibió, Gustavo de la Rosa Hickerson sostiene que detrás de la muerte de la luchadora social “hay un doble mensaje: por un lado, los narcotraficantes, que con ello dicen que si mataron a Josefina pueden hacerlo con cualquiera sin temor a ser detenidos; o bien, podría ser el Ejército, que dice ‘con lo militares no se metan’, porque el activismo reciente de Josefina estuvo enfocado a protestar por los abusos que cometen contra las comunidades del Valle de Juárez”.
Para De la Rosa Hickerson, quien documentó más de 150 casos de abusos militares desde que inició el Operativo Conjunto Chihuahua, los defensores de derechos humanos en esa entidad fronteriza “estamos en un altísimo riesgo, nos convertimos en enemigos de los delincuentes y del Ejército: los cárteles no quieren que se investiguen sus crímenes y sus arreglos con la policía y el Ejército, y los militares no toleran que se denuncien sus abusos”.
Crímenes impunes
El visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua cuenta que el 24 de noviembre de 2009 acudió con varios activistas a la ciudad de Torreón, Coahuila, sede de la XI Región Militar, para reunirse con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ahí les expuso “la necesidad de cambiar la estrategia en Chihuahua, que no siga torturando a los detenidos y que no se llevaran a cabo acciones sin la supervisión de autoridades civiles”.
Aunque no recuerda los nombres de los altos mandos que asistieron a la reunión, De la Rosa Hickerson indica que en ella estuvieron el jefe del Estado Mayor de la XI Región Militar, una subprocuradora de Justicia Militar y dos representantes del secretario Guillermo Galván Galván.
“Yo esperaba una reacción positiva, pero cuando llegamos a Chihuahua advertimos que los militares estaban más enojados”, apunta. Al encuentro en Coahuila, realizado en un hotel que fue blindado por tropas del Ejército, no asistió el general de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, quien en septiembre de 2008 acusó a defensores de derechos humanos de ser financiados por el narcotráfico para desprestigiar al Ejército.
“Espitia pidió mi destitución al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, y después el general le ordenó que abriera una investigación en mi contra, faltando el respeto a la autonomía del organismo, actuando con absoluta impunidad.”
De la Rosa Hickerson destaca que la muerte de Josefina Reyes se suma a la lista de defensores de derechos humanos que “antes luchamos contra los feminicidios y ahora denunciamos los abusos del Ejército”, y que han sido agraviados en los últimos meses de 2009.
El 24 de septiembre fue asesinado el locutor radiofónico Norberto Miranda Madrid, conocido como El Gallito, en Nuevo Casas Grandes. En esa misma ciudad, el 9 de octubre, Paz Rodríguez Ortiz fue asesinado frente a su esposa, Alicia Salaiz, quien fue “levantada” un mes después y de la que se desconoce su paradero; la pareja fundó la Asociación Civil Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes.
El 28 de noviembre, en Ciudad Juárez, fue asesinado el activista Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Ese mismo día, en Temochi, fue secuestrada, violada y asesinada Flor Alicia Gómez López, sobrina de Alma Gómez Caballero, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas y del Centro Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
No fue el primer ataque contra la familia Gómez, descendiente del doctor Pablo Gómez, guerrillero muerto en el ataque al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. De la Rosa apunta que, en octubre del año pasado, “los militares se metieron a la casa que tienen en Bochiniva, en el noroeste del estado; en esa región la familia ha sido muy activa en recabar denuncias de abusos”.
En el caso de El Gallito, recuerda que semanas antes de su asesinato le canalizó un caso “terrible”: un hombre que estuvo 15 días en manos del Ejército. “Lo detuvieron en la sierra con su camioneta, una Jeep Cherokee; logramos que lo liberaran, pero no su vehículo. Insistimos hasta que la localizamos, estaba a disposición de la Policía Federal, que la encontró descompuesta en un camino en Janos, con armamento y municiones, fue utilizada para una ejecución”.
El día que mataron a El Gallito, De la Rosa se refugió en El Paso, Texas, ante las amenazas de muerte que recibió.
Riesgos documentados
La vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico fue documentada por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, presentado el 13 de octubre de 2009 por Alberto Brunori.
En el documento se da cuenta de 128 agravios a defensores en México entre enero de 2006 y agosto de 2009; 11 de esas denuncias corresponden a Chihuahua. Del total, 98.5% se encuentran impunes.
De las conclusiones de la ACNUDH se destaca que “la inseguridad y la violencia que se vive en el país intensifican la situación de vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño o implementación de algunas políticas de seguridad, así como la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, constituyen un nuevo reto para las y los defensores. En torno a esta situación se observó que las y los defensores han tenido una participación restringida en la definición, monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad y que los canales de comunicación son escasos”.
Cuatro días después del asesinato de Josefina Reyes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció el inicio de una queja.
El organismo registró 24 denuncias de agravios contra defensores en 2005; cifra que diminuyó el año siguiente a 18 y a 16 en 2007, en tanto que en 2008 recibió 24 quejas y 25 en el año que acaba de terminar.
A la condena de la CNDH se sumó el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) del gobierno federal, que consideró “indignante” que la violencia alcance a “personas que luchan contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos”.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), con sede en Ciudad Juárez, reprobó la falta de actuación de autoridades municipales, estatales y federales para proteger a las y los defensores de derechos humanos que “han levantado la voz para denunciar abusos militares”.
Al exigir el esclarecimiento del crimen de Josefina Reyes, así como de 220 asesinatos de mujeres ocurridos en 2009 en Chihuahua, la organización civil recordó que un hijo de Josefina, Julio César, fue víctima mortal de la guerra contra el narcotráfico en esa ciudad fronteriza.
La ejecución de Josefina Reyes ocurrió semanas después de que Amnistía Internacional (AI) publicara el documento México: Nuevos informes de violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, en el que se registran los casos de la ejecución extrajudicial de Saúl Becerra Reyes y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Guzmán Zúñiga (Proceso 1728).
El caso dio lugar a que el organismo internacional exigiera a la administración de Felipe Calderón el esclarecimiento del homicidio de Josefina Reyes, así como la protección para Cipriana Jurado Herrera, quien colaboró en la elaboración del informe, toda vez que ambas participaron en protestas para denunciar los abusos militares desde 2008.
En la acción urgente emitida el martes 5 de enero, AI exigió la actuación inmediata del Estado mexicano para proteger a defensores de derechos humanos que, como Josefina y Cipriana, participaban en movilizaciones pacíficas “contra la violencia del crimen organizado en la región, así como por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército”.
La alerta que envió AI, explica Jurado Herrera, “es porque con el asesinato de Josefina y el exilio del licenciado De la Rosa, yo me quedé sola en Ciudad Juárez en el trabajo de documentar y denunciar los abusos del Ejército.”
Más recientemente, el viernes 8, el Cedhm denunció la desaparición de tres personas, dos de ellas mujeres, en el municipio de Buenaventura, hechos de los que responsabiliza a miembros del Ejército Mexicano. Se trata de José Ángel Alvarado Reyes, Nitza Alvarado Paola Alvarado Espinoza y Rocío Alvarado Reyes, quienes fueron detenidos por soldados el 29 de diciembre pasado.
Líneas de investigación
Gustavo de la Rosa Hickerson y Cipriana Jurado Herrera coinciden en que en las diferentes luchas que encabezó Josefina en los últimos 20 años –por la defensa de los derechos laborales en la maquiladoras, en contra de la instalación de un tiradero nuclear en Sierra Blanca y por el esclarecimiento de los feminicidios– nunca recibió amenazas de muerte, hasta que participó en las protestas contra los abusos militares.
Ambos recuerdan que la casa de Josefina en Guadalupe fue allanada en tres ocasiones por soldados. De la Rosa abrió un expediente en la Comisión de Derechos Humanos estatal y la activista denunció ser víctima de amenazas ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta Jurado Herrera.
“Era una mujer muy valiente, era mi corresponsal en el Valle de Juárez en por lo menos siete casos, que implicaban a 30 víctimas de abusos militares, acudí al Valle cuando los soldados estaban en las comunidades, y ella los enfrentaba sin miedo”, dice De la Rosa Hickerson.
La directora del CISO trabajó con Josefina para atender unos 15 casos de detenciones ilegales: “Acudíamos con las familias para convencerlas de que interpusieran sus quejas, porque en el Valle el Ejército llegaba a detener a gente sin órdenes de aprehensión y sin motivo, que después era conducida al cuartel militar donde las torturaban. Hubo casos muy graves, pero la mayoría de la gente no quiso continuar con las quejas por miedo”.
De la Rosa Hickerson apunta que en torno al crimen de Josefina Reyes hay elementos que lo complican. Por ejemplo, uno de sus hijos, Miguel Ángel, apodado El Sapo, trabajó como mecánico de los hermanos Óscar Alonso y José Rodolfo Escajeda, La Gata y El Riquín, capos del cártel de La Línea, y fue detenido junto con el segundo el 4 de septiembre de 2009. Lo remitieron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Matamoros, acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
De la Rosa apunta que la colaboración de los habitantes del Valle de Juárez con el tráfico ilegal de mercancías forma parte del motor económico de la región desde principios del siglo XX, “por lo que no es inusual que la gente se emplee ahora con los capos”.
Recuerda que, en agosto de 2008, Miguel Ángel Reyes Salazar fue detenido en un operativo militar en Guadalupe, junto con otras 10 personas, todas sacadas de sus casas de forma ilegal. Josefina, junto con militantes del Frente Nacional contra la Represión, organizó una manifestación para pedir la presentación de los detenidos, quienes permanecieron cinco días en poder de los militares.
“Josefina no quería impunidad para su hijo, sino que se procediera conforme a derecho, y tan no fue así, que fueron liberados. Cuando Miguel Ángel fue detenido en septiembre de 2009, también por militares, Josefina se quedó tranquila porque se le presentó ante un juez.”
Meses antes del arresto de Miguel Ángel, sostiene, aparecieron volantes en el Valle de Juárez firmados por Los Gallinazos de Guadalupe, en los que se amenazaba de muerte a no menos de 10 personas, entre ellas Josefina y sus hermanos, si no abandonaban su pueblo.
Para De la Rosa Hickerson, esas amenazas probablemente provenían del cártel de Sinaloa, enemigo de La Línea, que opera en el Valle de Juárez.
“De julio a la fecha, en el Valle han ocurrido 50 asesinatos, no sólo de personas directamente involucradas con el crimen, sino sus familias, todo esto ante los ojos del Ejército, que es el único que opera ahí, de forma pasiva, porque no persigue a los criminales ni deja que corporaciones civiles lo hagan”, sostiene.
Esa es una posible línea de investigación del crimen de Josefina, dice, “pero eso lo tendría que esclarecer la PGR, porque no tenemos expectativas de que la procuraduría (estatal) llegue a los responsables, pues el caso de Josefina se convertirá en uno más de los 4 mil muertos de Ciudad Juárez que no han sido investigados”.
El visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua alerta sobre el riesgo que corre Cipriana Jurado Herrera, quien se ha convertido “en la única defensora que atiende a las víctimas de abusos militares”.
Aclara que Cipriana es coadyuvante en las investigaciones de los casos de desaparición forzada de los hermanos Guzmán y del homicidio de Saúl Becerra, ante la Procuraduría de Justicia Militar, radicadas en su sede de Mazatlán, donde se tenían abiertas 170 averiguaciones previas por diversos delitos cometidos por militares, hasta junio del año pasado.
Jurado Herrera asegura que ella no ha recibido amenazas por su labor; sin embargo, tras participar en protestas contra los abusos militares se reactivó una denuncia contra ella y otros activistas abierta en 2005 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a un plantón que realizaron en el Puente Internacional de Ciudad Juárez en contra de los cazadores de migrantes.
A raíz de esa queja fue detenida el 4 de abril de 2008 por policías federales y recluida durante 24 horas; salió tras el pago de una fianza y después fue declarada inocente.
Por su coadyuvancia en los casos de los hermanos Guzmán y de Saúl Becerra, advierte Cipriana, ha sido intimidada por elementos militares.
“El 28 de diciembre acudimos con familiares de los hermanos Guzmán a instalaciones militares para que ampliaran su declaración sobre el caso; en esa ocasión, no tuvimos problemas. El 2 enero, acompañé a la esposa de Saúl Becerra; los agentes del Ministerio Público federal querían que la señora ampliara su declaración por desaparición forzada, pero yo les aclaré que se trataba de un homicidio, porque el cuerpo de Saúl apareció. En ese momento, se enojaron y me pidieron todos mis datos, lo que para mí fue un acto de intimidación porque en la audiencia anterior no me los pidieron.”
El jueves 7, Cipriana Jurado Herrera y decenas de personas se manifestaron en las instalaciones de la PGR en Ciudad Juárez para exigir que el asesinato de Josefina sea investigado por esa dependencia.
“No queremos que el caso sea llevado por las autoridades locales. No se trata de un crimen común. Además, hasta ahora (7 de enero) ninguna autoridad se ha acercado a la familia para pedirle que declare sobre la muerte de Josefina. Si el crimen no se aclara, el mensaje de impunidad es terrible y no lo podemos aceptar.”
De la guerra sucia a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juarez
ARIEL E. DULITZKY
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar dos sentencias contra México. En el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, la Corte determinó la responsabilidad internacional del país por tres asesinatos impunes de mujeres en Ciudad Juárez. En el otro caso, el tribunal se expedió sobre la desaparición forzada de Radilla Pacheco en Guerrero en 1971 dentro de la llamada guerra sucia.
Los dos casos demuestran la impunidad por violaciones a los derechos humanos y de crímenes comunes. Ambos reflejan los problemas gravísimos de la administración de la justicia en México. La Corte hace un llamado de atención muy fuerte al gobierno mexicano y le ordena una agenda de trabajo que requiere modificaciones legislativas, capacitación técnica a los funcionarios públicos, estrategias serias de investigación penal y la eliminación del fuero militar para graves violaciones a los derechos humanos. Las reformas introducidas hasta el momento, sea en las investigaciones en el sistema penal en Chihuahua o las actuaciones que lleva a cabo la PGR, no son suficientes. Cuando el gobierno indica que la mayoría de las órdenes dictadas por el tribunal ya las está implementando, falta a la verdad.
La Corte, al analizar en ambos casos la respuesta dada por el gobierno a problemas de seguridad ciudadana, dijo que el Estado tiene que prevenir razonablemente la violencia, lo que incluye el derecho y el deber de adoptar medidas de represión del crimen, así como la posibilidad de usar la fuerza, siempre dentro del irrestricto respeto a los derechos humanos. Si se producen crímenes, deben investigarse seria, imparcial y prontamente. Y no puede utilizarse para ello la jurisdicción militar aunque los acusados sean elementos militares. Las investigaciones y sanciones tanto de los crímenes comunes como de los cometidos por los funcionarios públicos son un elemento esencial de cualquier estrategia de seguridad pública. En otras palabras, no puede haber eficacia en la represión del crimen si los mismos permanecen en la impunidad.
Sólo en el año 2008 se presentaron 168 demandas en contra de México. La Comisión Interamericana tiene 75 casos mexicanos que se refieren a torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, masacres, violaciones al debido proceso, expulsiones de extranjeros, impunidad, amenazas a defensores de derechos humanos, discriminación contra la mujer y derechos reproductivos entre otros. Las sentencias de la Corte Interamericana y el importante número de casos pendientes contra México ante la Comisión llaman a una revalución del gobierno de su posicion. Debería acoger de buena fe las sentencias y cumplirlas. Con ello otorgaria a las víctimas las reparaciones que justamente merecen por las arbitrariedades de las que han sido objeto, y adicionalmente mejoraría la situación de derechos humanos en el país y prevendría que estos abusos no se vuelvan a repetir. Promesas vacías, reconocimientos parciales de responsabilidad, obcecados argumentos, reticencia en la entrega de información no son suficientes. Se requiere una actitud proactiva, comprometida, seria, sostenida, coherente, que fortalezca el estado de derecho en México y que entre en un diálogo constructivo con los órganos del sistema interamericano. El gobierno mexicano tiene una posibilidad inmejorable de demostrar su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales que no debería dejar pasar.
Claro que para ello también se requiere que la comisión y la Corte estén a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, dijimos que en 2008 se presentaron 168 denuncias contra México. Sin embargo, la comisión tuvo la capacidad de revisar sólo 66 de ellas, de las que transmitió 10 al gobierno. En ese mismo año, la CIDH apenas publicó dos decisiones de admisibilidad sobre México y remitió un caso ante la Corte. Esto demuestra los problemas que tiene la comisión para atender todas las denuncias que recibe, la lentitud de su procedimiento, los pocos casos que se resuelven. No todo es responsabilidad de la CIDH. En gran parte se debe al magro presupuesto que los estados de la OEA, incluido México, asignan al organismo interamericano como forma de ahogarla financieramente.
ARIEL E. DULITZKY
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar dos sentencias contra México. En el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, la Corte determinó la responsabilidad internacional del país por tres asesinatos impunes de mujeres en Ciudad Juárez. En el otro caso, el tribunal se expedió sobre la desaparición forzada de Radilla Pacheco en Guerrero en 1971 dentro de la llamada guerra sucia.
Los dos casos demuestran la impunidad por violaciones a los derechos humanos y de crímenes comunes. Ambos reflejan los problemas gravísimos de la administración de la justicia en México. La Corte hace un llamado de atención muy fuerte al gobierno mexicano y le ordena una agenda de trabajo que requiere modificaciones legislativas, capacitación técnica a los funcionarios públicos, estrategias serias de investigación penal y la eliminación del fuero militar para graves violaciones a los derechos humanos. Las reformas introducidas hasta el momento, sea en las investigaciones en el sistema penal en Chihuahua o las actuaciones que lleva a cabo la PGR, no son suficientes. Cuando el gobierno indica que la mayoría de las órdenes dictadas por el tribunal ya las está implementando, falta a la verdad.
La Corte, al analizar en ambos casos la respuesta dada por el gobierno a problemas de seguridad ciudadana, dijo que el Estado tiene que prevenir razonablemente la violencia, lo que incluye el derecho y el deber de adoptar medidas de represión del crimen, así como la posibilidad de usar la fuerza, siempre dentro del irrestricto respeto a los derechos humanos. Si se producen crímenes, deben investigarse seria, imparcial y prontamente. Y no puede utilizarse para ello la jurisdicción militar aunque los acusados sean elementos militares. Las investigaciones y sanciones tanto de los crímenes comunes como de los cometidos por los funcionarios públicos son un elemento esencial de cualquier estrategia de seguridad pública. En otras palabras, no puede haber eficacia en la represión del crimen si los mismos permanecen en la impunidad.
Sólo en el año 2008 se presentaron 168 demandas en contra de México. La Comisión Interamericana tiene 75 casos mexicanos que se refieren a torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, masacres, violaciones al debido proceso, expulsiones de extranjeros, impunidad, amenazas a defensores de derechos humanos, discriminación contra la mujer y derechos reproductivos entre otros. Las sentencias de la Corte Interamericana y el importante número de casos pendientes contra México ante la Comisión llaman a una revalución del gobierno de su posicion. Debería acoger de buena fe las sentencias y cumplirlas. Con ello otorgaria a las víctimas las reparaciones que justamente merecen por las arbitrariedades de las que han sido objeto, y adicionalmente mejoraría la situación de derechos humanos en el país y prevendría que estos abusos no se vuelvan a repetir. Promesas vacías, reconocimientos parciales de responsabilidad, obcecados argumentos, reticencia en la entrega de información no son suficientes. Se requiere una actitud proactiva, comprometida, seria, sostenida, coherente, que fortalezca el estado de derecho en México y que entre en un diálogo constructivo con los órganos del sistema interamericano. El gobierno mexicano tiene una posibilidad inmejorable de demostrar su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales que no debería dejar pasar.
Claro que para ello también se requiere que la comisión y la Corte estén a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, dijimos que en 2008 se presentaron 168 denuncias contra México. Sin embargo, la comisión tuvo la capacidad de revisar sólo 66 de ellas, de las que transmitió 10 al gobierno. En ese mismo año, la CIDH apenas publicó dos decisiones de admisibilidad sobre México y remitió un caso ante la Corte. Esto demuestra los problemas que tiene la comisión para atender todas las denuncias que recibe, la lentitud de su procedimiento, los pocos casos que se resuelven. No todo es responsabilidad de la CIDH. En gran parte se debe al magro presupuesto que los estados de la OEA, incluido México, asignan al organismo interamericano como forma de ahogarla financieramente.
¿Qué renuncie Calderón?
PEDRO MIGUEL
Facebook y Twitter hierven. Allí es posible encontrar, en cuestión de días, de horas y hasta de minutos, eco a convocatorias ciudadanas plausibles; en esos sistemas aflora, con facilidad pasmosa, el sentido común, la mayoría de las veces contrario a la sinrazón de Estado que padecemos y que es, en el fondo, fachada de una razón meramente financiera, cauce para negocios lícitos o no tanto. Al igual que otros, el llamado a juntar un millón de firmas en demanda de la renuncia de Felipe Calderón a su cargo malhabido ha sido muy exitoso: en cosa de 20 días ha recibido cerca de 140 mil adhesiones.
El éxito –incluso mayor al que tuvo el exhorto a boicotear esa inmundicia ética y fiscal llamada Teletón– es un pálido reflejo de los agravios perpetrados por el político michoacano en 37 meses de ejercicio autoritario, depredador, insensible y torpe del poder. En ese lapso, Calderón no ha cumplido nada de lo que prometió y, en cambio, ha llevado al país a simas sin precedentes de violencia, miseria, arbitrariedad, corrupción, desempleo y, en suma, desesperanza. El calderonato se ha conducido con mala fe y mendacidad desde que era candidatura inflada, luego impuesta en Los Pinos por los poderes constitucionales y por los fácticos; a esas características se agrega la subsecuente inoperancia presidencial, que ha desembocado en catástrofe y que da motivo de alarma y exasperación hasta entre las filas de quienes lo pusieron. La petición de renuncia está, pues, plenamente justificada y en el país pululan los motivos para desear una abreviación de esta desventura sexenal.
El dinamismo y la fluidez de la circunstancia hacen pensar que muchas cosas antes impensables son, hoy en día, posibles: puede ser que no pase nada pero podría ocurrir, también, que una iniciativa en principio aislada y poco relevante en términos demográficos se volviera una bola de nieve y que fuésemos testigos de una dimisión presidencial bajo la presión de un clamor social generalizado.
Que renuncie Calderón. Sea. Imaginémoslo. Y después, por ejemplo, algo así: la negociación acelerada –uno quiere pensar que aún no ha ocurrido o que no está ocurriendo– entre los verdaderos capos de los poderes fácticos y el remplazo del defenestrado por un nuevo consejero delegado de los verdaderos mandantes, es decir, de la oligarquía mediática, política y empresarial, con el apelativo que gusten: Gómez Mont, Ortiz Mayagoitia o Manlio Fabio, o cualquier otro; de esa forma, el poder real se habría liberado de un lastre, obtendría una oportunidad de oro para ensayar su recomposición y dejaría a la sociedad fascinada con un triunfo de humo, con un desahogo en falso tras del cual el único cambio sería el del nombre del ocupante de Los Pinos. Claro que los sucesos también podrían tomar un curso distinto al sugerido.
Sin afán de minimizar el saldo horroroso del calderonato, no debiera olvidarse que hay vías de acción más sustanciales que un recambio presidencial: el desarrollo de formas perdurables de organización de la sociedad para que ésta pueda hacer realidad, en cualquier circunstancia, y sea quien sea el gerente en turno, el precepto del artículo 39 constitucional: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En otros términos: en ausencia de un tejido organizativo sólido que garantice, desde abajo, el control de los ciudadanos sobre las instituciones –poderes de la Unión, gubernaturas, entidades autónomas, partidos...–, un recambio presidencial no garantiza, por sí mismo, que se instauren las condiciones para reconstruir el país de la situación ruinosa en que lo han dejado los gobiernos de la mafia político-empresarial que se han sucedido de 1988 en adelante.
Reflexiones aparte, la renuncia de Calderón sería un motivo de alivio, y hasta de alborozo, para muchos millones de mexicanos, y también podría ser que con ella se presentara la posibilidad de empezar a reparar el magno desbarajuste que ha provocado.
PEDRO MIGUEL
Facebook y Twitter hierven. Allí es posible encontrar, en cuestión de días, de horas y hasta de minutos, eco a convocatorias ciudadanas plausibles; en esos sistemas aflora, con facilidad pasmosa, el sentido común, la mayoría de las veces contrario a la sinrazón de Estado que padecemos y que es, en el fondo, fachada de una razón meramente financiera, cauce para negocios lícitos o no tanto. Al igual que otros, el llamado a juntar un millón de firmas en demanda de la renuncia de Felipe Calderón a su cargo malhabido ha sido muy exitoso: en cosa de 20 días ha recibido cerca de 140 mil adhesiones.
El éxito –incluso mayor al que tuvo el exhorto a boicotear esa inmundicia ética y fiscal llamada Teletón– es un pálido reflejo de los agravios perpetrados por el político michoacano en 37 meses de ejercicio autoritario, depredador, insensible y torpe del poder. En ese lapso, Calderón no ha cumplido nada de lo que prometió y, en cambio, ha llevado al país a simas sin precedentes de violencia, miseria, arbitrariedad, corrupción, desempleo y, en suma, desesperanza. El calderonato se ha conducido con mala fe y mendacidad desde que era candidatura inflada, luego impuesta en Los Pinos por los poderes constitucionales y por los fácticos; a esas características se agrega la subsecuente inoperancia presidencial, que ha desembocado en catástrofe y que da motivo de alarma y exasperación hasta entre las filas de quienes lo pusieron. La petición de renuncia está, pues, plenamente justificada y en el país pululan los motivos para desear una abreviación de esta desventura sexenal.
El dinamismo y la fluidez de la circunstancia hacen pensar que muchas cosas antes impensables son, hoy en día, posibles: puede ser que no pase nada pero podría ocurrir, también, que una iniciativa en principio aislada y poco relevante en términos demográficos se volviera una bola de nieve y que fuésemos testigos de una dimisión presidencial bajo la presión de un clamor social generalizado.
Que renuncie Calderón. Sea. Imaginémoslo. Y después, por ejemplo, algo así: la negociación acelerada –uno quiere pensar que aún no ha ocurrido o que no está ocurriendo– entre los verdaderos capos de los poderes fácticos y el remplazo del defenestrado por un nuevo consejero delegado de los verdaderos mandantes, es decir, de la oligarquía mediática, política y empresarial, con el apelativo que gusten: Gómez Mont, Ortiz Mayagoitia o Manlio Fabio, o cualquier otro; de esa forma, el poder real se habría liberado de un lastre, obtendría una oportunidad de oro para ensayar su recomposición y dejaría a la sociedad fascinada con un triunfo de humo, con un desahogo en falso tras del cual el único cambio sería el del nombre del ocupante de Los Pinos. Claro que los sucesos también podrían tomar un curso distinto al sugerido.
Sin afán de minimizar el saldo horroroso del calderonato, no debiera olvidarse que hay vías de acción más sustanciales que un recambio presidencial: el desarrollo de formas perdurables de organización de la sociedad para que ésta pueda hacer realidad, en cualquier circunstancia, y sea quien sea el gerente en turno, el precepto del artículo 39 constitucional: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En otros términos: en ausencia de un tejido organizativo sólido que garantice, desde abajo, el control de los ciudadanos sobre las instituciones –poderes de la Unión, gubernaturas, entidades autónomas, partidos...–, un recambio presidencial no garantiza, por sí mismo, que se instauren las condiciones para reconstruir el país de la situación ruinosa en que lo han dejado los gobiernos de la mafia político-empresarial que se han sucedido de 1988 en adelante.
Reflexiones aparte, la renuncia de Calderón sería un motivo de alivio, y hasta de alborozo, para muchos millones de mexicanos, y también podría ser que con ella se presentara la posibilidad de empezar a reparar el magno desbarajuste que ha provocado.
