EL AMASIATO COMPLICE AL DESCUBIERTO

El doble juego de Calderón.
Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 15 de febrero (apro).- En su afán de achacar únicamente a Fernando Gómez Mont el pacto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para avalar la cascada de impuestos que estamos pagando los mexicanos a cambio de evitar alianzas electorales entre Acción Nacional (PAN) y la izquierda, los panistas atribuyen a Felipe Calderón dejadez y desgobierno.
Y ambas son, en efecto, características manifiestas de Calderón, pero también lo es su obsesión por el control, nacida de la extrema desconfianza en sus colaboradores --que es desconfianza en sí mismo--, y de ello existen pruebas en demasía a lo largo de su gestión gubernamental y en su carrera política.
Es ya memorable la carta que escribió Carlos Castillo Peraza a Calderón, en mayo de 1996, sobre su temperamento desconfiado, publicado en la revista Etcétera, y en otra que publicó Proceso en octubre, fechada en octubre de 1997, en la que describe su afán por el control. Tales características se han acentuado en el cargo que le confirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2006.
La renuncia de Gómez Mont a su militancia mostró, además, al PAN como un partido de clara autonomía e independencia ante Calderón, lo que también es erróneo, porque está documentado el uso de la estructura gubernamental con fines facciosos, como imponer a César Nava en sustitución de Germán Martínez, otro producto neto del dedazo, que así como llegó fue echado por su jefe.
Apenas el sábado, en la sesión del Consejo Nacional, Nava tuvo un arrebato de independencia al proclamar que ni el PRI ni cualquier otro partido incidirán en sus decisiones: “Que quede claro –pontificó--, no será el adversario quien determine la estrategia y las definiciones electorales de Acción Nacional, seremos nosotros, anclados en las robustas raíces que nos legaron nuestros antecesores y montados en las alas de las mejores causas libertarias que nos han inspirado.”
Pero esos dos factores --la supuesta ignorancia de Calderón de lo que negoció el secretario de Gobernación y la proclamada autonomía del PAN-- no dan credibilidad al aserto oficialista de que Gómez Mont pactó por su propia cuenta con el PRI y que, al no poder cumplir con su palabra de evitar las alianzas de su partido con la izquierda, renuncia a su militancia para, según él, lavar su honor.
Los propios panistas admiten --en voz baja, claro-- que Calderón no sólo estuvo al tanto de las negociaciones con el PRI sobre el paquete económico 2010 --que aprobó alzas al IVA, ISR, gasolinas y gas, no se nos olvide--, sino que fue el principal promotor de las alianzas electorales desde la debacle del PAN en 2009.
Desde octubre del año pasado, al mismo tiempo que negociaba su paquete presupuestal para 2010, que incluía un impuesto “antipobreza”, instruía a sus allegados a trazar una ruta para evitar otra derrota tan contundente como la padecida, y comenzaron los escarceos y las negociaciones con la cúpula perredista controlada ya por Los Chuchos, la derecha en la izquierda.
En el cálculo de Calderón y sus allegados emergió que un triunfo en Oaxaca, llevando como candidato a Gabino Cué, implicaría “darle oxígeno” a Andrés Manuel López Obrador, lo que no gustó, pero se impuso la idea de que era posible un trato con el oaxaqueño: Apoyo del PAN a cambio de “olvidar” la usurpación.
Este trabajo político de Calderón y el PAN en dos pistas, que de suyo no implican sino estrategias en la lógica de la conquista y retención del poder, entraron en conflicto cuando el PRI percibió que las alianzas implicaban un riesgo para barrer a sus adversarios en las 15 elecciones estatales del mítico 2010, entre ellas las 12 gubernaturas que pavimentaban su regreso al poder presidencial.
Tendiendo en sus manos la mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI hizo lo que le dio la gana con el paquete presupuestal, y concedió a Calderón los ansiados aumentos de impuestos, que Nava trató de atribuirle sólo a ese partido con aquella declaración del miércoles 21 de octubre.
Pero, además de transferirle al PAN los costos políticos de los aumentos, el PRI le arrancó a Calderón, personalmente y a través de Gómez Mont, el compromiso de que el PAN no se aliaría con el PRD, particularmente en Oaxaca. Los priistas se ufanaban que así sería.
Pronto el doble juego de Calderón hizo crisis: Se materializaron las alianzas del PAN y el PRD en Durango y Oaxaca, previa declaración de Cué de que de ganar tendrá una relación “institucional” con él, y el PRI comenzó a hacer duros reclamos por el incumplimiento de la palabra gubernamental, sobre todo ante la propuesta de reforma política oficial.
Con oficio político, el PRI fijó una posición inequívoca en la instalación del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados a través de Rubén Moreira, hermano del gobernador de Coahuila, en donde Calderón ha padecido la mayor muestra de repudio, el 11 de noviembre, al inaugurar un estadio en Torreón:
“El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia. Es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano.”
Los pronunciamientos de Gómez Mont contra las alianzas, que calificó de “fraudes electorales”, y su posterior renuncia a su militancia --que sólo cobrará barniz de dignidad si se va del cargo-- sólo pusieron de relieve justamente el doble juego de Calderón, a quien el mismo PRI de siempre le cobrará su osadía.
Desprovisto de autoridad moral, política y aun autoridad a secas, Calderón no tiene armas para enfrentar a Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera y otros ejemplares priistas que, además, les debe que siga en el cargo…

Fujimori en Ciudad Juárez
MARCO RASCÓN

Como jefe supremo de las fuerzas armadas de México Felipe Calderón no tiene visión ni definición de guerra ni criterios para avanzar o replegarse. Por ello, la violencia se inclinó hacia la guerra sucia, los escuadrones de la muerte y la negociación tras el terror. Ciudad Juárez, ya lo habíamos dicho, cada día se acerca más al genocidio.
Son tan oscuros los términos de esa guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico –el cual representa una economía de 25 millones de dólares que se lavan anualmente en nuestro sistema financiero– que los reclamos centrales de la sociedad fueron para el jefe supremo del Ejército Mexicano y no para los criminales organizados a los cuales el gobierno les dio estatura paritaria de ejército a fin de justificar la violencia oficial ilimitada.
En la definición de esta guerra, la sociedad mexicana trata de mantenerse neutral para sobrevivir. No obstante, esto parecería parte de un modelo. Al comparar lo sucedido con el encono y odio de la oligarquía mexicana y fáctica contra la Venezuela de Hugo Chávez, resultó que lo más semejante a México no fue Chávez, sino Alberto Fujimori.
El sexenio de Vicente Fox y el de Felipe Calderón podría compararse con lo que hizo Fujimori de Perú entre 1990 y 2000. Macroeconomía, entreguismo y militarismo son para el caso de México y Perú características de gobiernos surgidas del hartazgo, a través de movimientos construidos por sectores desesperados, perversos globales, pobreza endémica y sin perspectivas. Ambas experiencias de gobierno abrieron las puertas a las oligarquías tradicionales para el regreso de la vieja clase política, retrasando y desprestigiando así los cambios necesarios para el país dada su incapacidad de transformación y evolución. Sus alianzas explícitas e implícitas terminaron haciéndose pragmáticamente cargadas a la siniestra.
La estabilidad macroeconómica en el caso de Perú y México no obedeció a una visión personal, sino a lineamientos impuestos desde los grandes centros financieros para impedir que las crisis nacionales se extendieran a otras regiones.
Ya en la última década del siglo XX, William Clinton hacía un llamado en la cima del superávit estadunidense para ayudar a sus aliados, en particular de América Latina, que habían aplicado medidas generadoras de pobreza para estabilizar sus economías de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. De estas políticas hemisféricas se deriva la explicación de conductas en gobiernos como los de Carlos Salinas, Carlos Andrés Pérez, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Carlos Menem, Felipe Calderón y Alberto Fujimori.
Para Fujimori, imbuido de las tradiciones del despotismo oriental, apoyado por Japón, las reglas económicas globales y el nuevo modelo de control social debían hacerse de manera ejemplar y utilizando toda la fuerza del Estado de manera ilegal. Tanto en México como en Perú, la impunidad de los señores de la guerra sucia se extendió a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. En Perú, neoliberalismo y militarismo fueron de la mano y ahora en México la tendencia es hacia allá, abarcando más y nuevos sectores.
El componente en el caso mexicano es sin duda la condición fronteriza y la migración. Por ello la población joven, cercada por las crisis, es la que aporta la mayor cantidad de víctimas involucradas, sea como muertos, presos o sicarios.
La incapacidad y la visión torcida para sustituir el viejo régimen abrieron la puerta a la descomposición actual que llevó al país a altos niveles de inseguridad y de violencia al definir el esquema como una guerra, dando con ello a quienes combate una dimensión que va más allá de lo delincuencial.
Si la violencia hubiese sido resultado de combates, y no de ejecuciones, supondría un enemigo coherente detrás. Pero como el hubiera no existe, se abre nuevamente la posibilidad de una política de ejecuciones extralegales por parte del Estado, que en el futuro podría llevar a Calderón como acusado de crímenes de lesa humanidad que ninguna instancia de derechos humanos en el país investiga.
Calderón se escuda hoy en el Ejército, como hizo Fujimori en Perú, lo cual tendrá graves consecuencias en el futuro y ha puesto en jaque la figura constitucional del Presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas, al haber forjado con su estrategia un paramilitarismo en gran escala que antes sólo operaba en Chiapas.
Ciudad Juárez alcanzó a Felipe Calderón y la población, que debería estar agradecida, le reclama como responsable al caer la verdad de que en la ciudad con mayor presencia militar en las calles los sicarios pueden llegar armados y ejecutar impunemente. Dicen en Juárez que un retén del ejército siempre anuncia una ejecución cercana. En Ciudad Juárez está la prueba de que todo el aparato de inteligencia recién creado también ha sido fallido.
Felipe Calderón anunció que no habrá repliegue. Sus términos son de un militar obsesionado y por ello siembra las bases del juicio que deberá enfrentar, al igual que Fujimori.

Berlín: derechos humanos en México, en la mira
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
En Berlín, Alemania, el pasado 9 de febrero, Leobarado Alvarado, integrante del Movimiento Pacto por la Cultura de Chihuahua, narró al representante del Ministerio Exterior de Alemania, responsable de tratar los asuntos relacionados con el tráfico de drogas, lo sucedido a sus familiares.
El 28 de diciembre de 2009, militares levantaron a dos mujeres y un hombre en el poblado de Ejido Benito Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. José Ángel Alvarado Herrera, trabajador de la maquila, estaba de vacaciones en ese lugar. Lo acompañaba Nitza Paola Alvarado Espinoza. Mientras se dirigían rumbo a un domicilio fueron secuestrados.
Al poco rato, los mismos individuos entraron a casa de Rocío Irene Alvarado Reyes, menor de edad. Encerraron en el baño a sus hermanos y a su madre y se la llevaron. Esas víctimas –dijo Leobardo– eran inocentes. “Hasta la fecha no sabemos nada de ellas. Han dicho que sus captores no fueron soldados, pero no aparecen. Los desaparecidos –remató– son mis parientes.”
Leobardo continuó su relato. Platicó sobre los muchachos asesinados a mansalva en Ciudad Juárez y el intento del presidente Felipe Calderón de presentarlos como delincuentes. Contó cómo el domingo 3 de enero mataron a la luchadora social Josefina Reyes, quien había hecho una huelga de hambre para exigir la salida del Ejército y la investigación del secuestro de un hijo y el homicidio de otro. Tal como lo ha hecho en México, Leobardo insistió en el retiro de las fuerzas armadas y denunció los abusos de los soldados. “En Ciudad Juárez –concluyó– hay rabia, hay coraje, hay dolor.”
Apenas dos días después de la narración de Leobardo, en Alemania, los indignados ciudadanos de Chihuahua explotaron contra el Presidente de la República, el gobernador y el alcalde.
La reunión del activista juarense con el funcionario alemán fue parte de una amplia jornada de cabildeo e información sobre los derechos humanos en México efectuada en Berlín, donde defensores de los derechos humanos conversaron ampliamente con integrantes de los ministerios de Cooperación y Relaciones Exteriores de Alemania, miembros del Parlamento, fundaciones, partidos políticos, ONG, grupos de solidaridad y académicos de ese país.
La jornada tuvo como eje articulador la realización de la conferencia internacional México –¿Quo Vadis? A 100 años de la Revolución – Derechos Humanos en el Punto de Mira, efectuada entre el 5 y el 7 de febrero. Convocada por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, en cooperación con la Fundación Heinrich Böll, la Academia Luterana Bad Boll y el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, reunió a más de 15 defensores de derechos humanos y periodistas mexicanos, con unos 250 asistentes provenientes de Alemania, Suiza, Austria, Barcelona y Francia.
En la conferencia participaron ponentes mexicanos, que describieron la grave situación de los derechos humanos en el país, sobre todo en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como de las mujeres, los pueblos indígenas y los profesionales de la prensa. Hablaron también, entre otras personalidades, Rupert Knox, de Amnistía Internacional en Londres; H. Däubler-Gmelin, ex ministra de justicia, y la parlamentaria Barbara Lochbihler.
En la conferencia se analizaron con bastante detalle casos de violación a los derechos humanos en México y se reflexionó sobre los desafíos del proceso de democratización del país y acerca de las vías para escapar de la espiral de violencia.
En la convocatoria al foro los organizadores señalaron, sin ambigüedad alguna, que Felipe Calderón se ha opuesto a los intentos de democratización mediante el uso de las fuerzas militares. El presidente Calderón aplica una política interior basada en la mano dura y en el uso de las fuerzas militares como supuesto factor de estabilidad, a la vez que limita el acceso de la sociedad civil a los mecanismos de decisión democrática. A la vista de la violencia de las fuerzas de seguridad pública, así como de la criminalización y deslegitimación de los actores de la sociedad civil, la democracia mexicana se encuentra hoy en la encrucijada.
Detallados relatos, como el que hizo sobre Ciudad Juárez Leobardo Alvarado, se efectuaron también en torno a la Montaña y Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En conjunto documentaron la grave criminalización de la protesta social que está en marcha en el país. Con insistencia, varias de las delegadas mexicanas presentes levantaron su voz para advertir sobre el grave retroceso que se vive ante la penalización del aborto en las legislaturas locales. Muchos de los asistentes estaban al tanto de varias de estas violaciones, pero la conferencia les proporcionó una visión de conjunto. La prensa local recogió varios de estos testimonios.
La experiencia de la conferencia ¿Quo Vadis? demuestra que la política gubernamental para defender internacionalmente su guerra contra la drogas y tratar de tapar las graves violaciones a los derechos humanos hace agua. Puede llevar al cuerpo diplomático a escuchar las justificaciones de la estrategia presidencial elaboradas por Joaquín Villalobos, pero no puede cubrir su fracaso en la comunidad internacional que defiende los derechos humanos.