EL GATOPARDO HABLA DE OREJAS.

El reformón de Beltrones
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO

Frente a la propuesta de reforma política enviada por el gobierno panista se han suscitado distintas reacciones críticas, algunas muy críticas. Y justificadas, añadiría, aunque les pese a los aplaudidores profesionales. Pues, bien, ahora toca el turno a los grupos parlamentarios de los partidos mayoritarios de la oposición ofrecer su visión que, a primera vista y en muchos aspectos, confirman o complementan la iniciativa presidencial.
Más ordenada y sistemática, menos pensada para satisfacer necesidades ad hominen que la de Calderón, la iniciativa presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones corrige y acota los alcances posibles de la reforma, la cual, ya está claro, bajo ninguna de sus formulaciones implicará la radical transformación del régimen político, sino su puntual adaptación a las nuevas circunstancias del país, dejando para el futuro el debate de fondo sobre la naturaleza del Estado, las instituciones políticas y el régimen que México necesitará para afrontar las realidades del siglo en curso.
Una rápida aproximación al texto beltroniano permite reconocer varias coincidencias, si bien matizadas, comenzando por la polémica relección de los legisladores, de la que excluyen a los presidentes municipales. La razón argüida es extralegal, al margen de la ingenieria mediante la cual se diseñan los demás cambios.
En realidad, la negativa a convertir al municipio en la célula madre de la reforma (como debiera ser) es indicativa de la clase de disyuntivas a las cuales ninguna modificación legal escapa. Si bien es el municipio el verdadero laboratorio donde ha de procesarse la relación política/ciudadanos, los autores de la iniciativa admiten que, justo en ese escenario, la relección no sería conveniente como medio de control y transparencia, dado el poder disolvente e incontrolable de los recursos sucios que estarían en juego, aunque no se dice nada de los llamados poderes fácticos legales –económicos o políticos– que actúan en cada localidad al margen o en contra de la cadena institucional y ya han pervertido la competencia electoral democrática.
Resulta una verdadera lástima que ese peliagudo problema no aparezca con claridad, cuando, en efecto, se trata de discutir cómo transformar al Estado para fortalecerlo y no, como se deduce, de buscar veredas alternas que lo hagan un poco más gobernable. Es lamentable que en este debate, como en muchos otros de gran importancia –la definición de la laicidad del Estado, por ejemplo–, el gobierno actúa a partir de sus prisas, es decir, empujado por la coyuntura sin proponerse la urgencia de reinventar una nueva razón de Estado democrática y social.
Asimismo, también quedan fuera de la propuesta priísta –y escribo a vuela máquina leyendo las informaciones de la prensa, no la iniciativa– las candidaturas independientes que son, en cierto modo, el señuelo de toda la iniciativa presidencial, el eje del discurso ciudadano que Felipe Calderón ha decidido levantar para remozar, así sea demagógicamente, la pobre oferta electoral ofrecida por su partido.
Ojalá y en este punto, y ante la falta de una discusión de fondo en torno a una ley de partidos que garantice el pluralismo, la deliberación ayude a fortalecer las libertades políticas, sin fabricar híbridos que al final terminarán por erosionar la transparencia de la vida pública.
A estas alturas, es impensable una reforma política que no asuma el papel crucial de los medios, ya no sólo como vehículos de los mensajes partidistas, sino como centros promotores y difusores de valores, ideología y elementos capitales de la agenda nacional. Confiemos en que los legisladores vuelvan al asunto sin dejarse vencer por el lobby que ya tiene bancada propia en ambas cámaras.
Tampoco reconoce el PRI la segunda vuelta, la cual en el guión calderonista resultaba ser una travesura de políticos jugando a espaldas de la opinión pública, como una puntada propia de escolapios, pero impresentable ante la sociedad.
El rechazo a la fórmula de la segunda vuelta es un freno a las pretensiones bipartidistas que animan, en el fondo y en la superficie, la visión panista y en la que coinciden los grupos que en el tricolor de hecho cogobiernan en materias claves las estrategias para definir el curso general de la política económica. Un capítulo importante de la iniciativa priísta es el reconocimiento pleno de la autonomía del Ministerio Público. En cambio, acepta el PRI reducir el número de legisladores, en la que parece ya una obvia concesión al consenso y propone reformas importantes tanto en la ratificación de los secretarios propuesto por el Presidente, introduciendo de alguna manera un elemento de corresponsabilidad y fiscalización sobre el Ejecutivo. Asimismo, plantea un mecanismo para suplir la Presidencia en caso de ausencia definitiva, vacío que el presidencialismo histórico prefirió no tocar. En fin, una mirada superficial a la propuesta del Revolucionario Institucional denota mayor oficio, seriedad y compromiso. Pero sigue siendo una reforma corta, chata, limitada a satisfacer intereses actuales.
Se dirá, con razón, que los grandes temas nacionales pasan, por otra parte: la reforma fiscal que está en puerta; la necesaria revaloración de los temas de la desigualdad y la pobreza, ahora agravados por la crisis (el dato es brutal: el ingreso por habitante en 2009 cayo en 20 por ciento), lo cual obligaría a una profunda reorientación de las políticas económicas en el contexto de la situación internacional.
Pero es obvio también que la dimensión social no estará en la mesa salvo para imponer la reforma laboral al costo de suprimir en los hechos el ejercicio del derecho de los trabajadores a la defensa de sus intereses históricos y legales. Dicho de otro modo, los temas sociales dependen, sobre todo, de la capacidad de los amplios sectores afectados e interesados en ventilarlos sin desmayo, con claridad y perseverancia mediante la acción concertada de todas las fuerzas que hoy están en peligro o amenazadas por el desempleo o el abandono.
El asunto no es rechazar la reforma política (o cargar toda acción política a la cuenta de la partidocracia. El debate ayuda al reforzamiento de las posiciones populares, cuyas exigencias en torno a la revocación del mandato, el referendo o el plebiscito, deberían extenderse hacia la defensa de un modelo de organización del Estado que favorezca la mayor representación con la mayor representatividad, la fiscalización ciudadana, entre otras formas de consulta popular.
Acompañar las propuestas con el calificativo ciudadano no las hace mejores. Es un error creer que la línea divisoria es la que pasa entre partidos y ciudadanos, elude la política. Ésta es necesaria para dirigir al Estado, para combatirlo. Y a esa máxima se atiene el PRI.

Respuestas y acciones elementales
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 24 de febrero.- “Quiero agradecerles, en primer lugar, la oportunidad de poder platicar, de poder escucharnos, de poder entendernos, que me parece ha sido uno de los faltantes que nos impedían a todos poder avanzar… La única manera de vencer una problemática tan compleja… es contar con una sociedad fuerte, una sociedad participativa, que nos exija a las autoridades, que denuncie a las autoridades y, por supuesto, que supervise lo que hagamos las autoridades”, expresó el presidente Felipe Calderón, el miércoles 17 en Ciudad Juárez.
Sin embargo, las respuestas y las acciones ordenadas no corresponden a esas palabras. En la reunión del jueves 11, los integrantes de la mesa de trabajo de Derechos Humanos entregaron al presidente documentos para demostrar la violación de los derechos humanos por parte de los militares, en al menos mil casos. Además, exigieron la salida del Ejército, el restablecimiento del estado de derecho y que se investiguen las desapariciones de varios juarenses.
Hugo Almada, quien formó parte de esa mesa, planteó en una entrevista con El Diario de Juárez: “Lo que él dice es que el operativo no generó la violencia, sino que vino a responder a una violencia que ya estaba; pero lo que sí es cierto es que después de la Operación, en lugar de reducirse, la violencia se ha incrementado muchísimo más”.
En su discurso de ese día, Calderón puso en duda algunas de esas aseveraciones y, como la ha hecho de manera reiterada, salió en defensa del Ejército y los militares: “… todos esos casos deben investigarse. Que seguramente haya habido abusos, no lo dudo, pero también no estamos dispuestos a tolerar o a cubrir un abuso. Pero también sinceramente creo que mil casos, mil casos en Juárez de desapariciones forzadas del Ejército, yo sí quisiera, yo sí quisiera que se documentaran. Y además que lo hiciéramos público y que presentáramos las pruebas no sólo ante los Ministerios Públicos, porque sé que hay desconfianza, sino ante la propia sociedad, porque así como no se vale que haya abuso de nadie, de ninguna autoridad, tampoco se vale denostar a soldados mexicanos que están arriesgando su vida por otros ciudadanos”.
El miércoles 17, los integrantes de la mesa de trabajo de Derechos Humanos no fueron invitados a la reunión con el presidente. Aunque en un primer momento se les negó el acceso, los dejaron entrar ya avanzado el evento. En su primera intervención Calderón volvió a reiterar su estribillo: “… lo que motivó la presencia del gobierno federal y de las fuerzas federales en Juárez, el súbito, notable e inaceptable incremento de la violencia y la criminalidad en esta ciudad que hizo que las fuerzas federales vinieran aquí, no tanto al revés; es decir, la violencia no surge, no surge porque vienen las fuerzas federales. Las fuerzas federales vienen por un fenómeno de violencia inaceptable…”.
Nadie duda de las palabras del presidente, pero él no menciona, en ningún momento, que la violencia se incrementó a partir de que el Ejército llegó a Ciudad Juárez. Se niega a reconocer que los operativos militares no sólo no disminuyeron la criminalidad, sino que han exacerbado la inseguridad. Este hecho obliga no únicamente a ampliar la estrategia y recurrir a una más integral, sino a revisar críticamente la que se está aplicando en estos momentos. Y eso es lo que todavía no acepta.
Llaman la atención estas palabras del presidente: “Para mí, por ejemplo, fue muy revelador encontrar que en diversas propuestas que estuvimos analizando ahí en el gabinete del Ejecutivo había diagnósticos y propuestas hechas por la sociedad juarense desde hace, no sólo años, sino décadas. Estudios formulados, por ejemplo, por la universidad que venían, como alguien dijo aquí, en la mesa, diagnosticando una problemática que ahora, finalmente, estalló socialmente. Una problemática que está asociada, precisamente, a la evolución y al comportamiento demográfico de Ciudad Juárez…”.
De lo anterior se desprende que ni él ni su gente se habían tomado la molestia de revisar lo que se había hecho en la localidad; que las soluciones se pretenden imponer desde el centro, a miles de kilómetros de distancia de donde se encuentra el problema. Pero resulta aún más sorprendente que después de esa revelación continué impasible su marcha.
Hasta el miércoles 17, las autoridades estatales y federales se han limitado a anunciar la realización de obras públicas, el control del parque vehicular y la realización de trabajos para el adecuado funcionamiento de los teléfonos de emergencia. Estas acciones, salvo por el presupuesto involucrado, son más propias de una presidencia municipal, que de la Presidencia de la República.
Como bien señala la activista comunitaria y también académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Teresa Almada: “Me parece que hay temas que todavía no se aterrizan; creo que es fundamental la atención a la adolescencia y a la juventud en situación crítica, a los adolescentes en pandillas, a los jóvenes fuera del sistema escolar. Eso que todavía no se ve, y no se ve porque no hay instituciones para ellos”.
Así, a pesar de dos visitas presidenciales, la presencia de 11 secretarios de Estado y de tres representantes personales del mismo presidente, las decenas de horas de reuniones de trabajo y un largo etcétera, la respuesta que hoy se conoce es muy elemental. Y lo fundamental, que es la implementación de una estrategia integral de combate a la inseguridad, la cual pasa por una revisión crítica de lo que se hace actualmente, aparece únicamente en frases aisladas de los discursos presidenciales. Obviamente, esto no contribuye en nada a la solución del problema de la inseguridad.

Jóvenes, educados y desempleados
JEAN MANINAT
Hace algunos años era común increpar a los jóvenes con un sal a la calle y encuentra un trabajo. Ahora esa exhortación no sirve para nada, pues hay 7 millones de personas de entre 15 y 24 años, que, por más que lo intentan, no logran ocuparse en los mercados laborales de América Latina, y se ven obligados a pasar los días sin oficio alguno.
Entre quienes no consiguen trabajo cunde el desaliento, y aquellos que sí cuentan con un empleo, en general lo ejercen en condiciones de informalidad, sin protección ni perspectivas.
Basta revisar los indicadores de escolaridad de cualquier país para darse cuenta de que además estamos ante una paradoja: estos jóvenes forman parte de la generación más educada que hayamos tenido con un buen porcentaje que ha ido a la universidad y tiene lógicas expectativas sobre su propio futuro en el mundo del trabajo.
El empleo de los jóvenes es un desafío político, porque cuando esas expectativas se traducen en desaliento y frustración, se hace más difícil la estabilidad de nuestras sociedades e incluso la representatividad y gobernabilidad democráticas.
Pensemos en un joven al que llaman a votar, que vota en situación de desempleado, y que años después, al repetir el proceso, sigue aún sin conseguir trabajo. ¿Cómo afecta esto su vinculación con la democracia?
Además, existe el problema de la relación con la vida laboral, pues cuando no tienen oportunidades difícilmente lograrán romper el círculo de la pobreza e internarse en una senda de trabajo decente. Estaremos desperdiciando un talento y una capacidad productiva necesaria para lograr el crecimiento económico.
Por si fuera poco, los jóvenes han sido el grupo más golpeado por la crisis del empleo de este último año. Indicadores recopilados por la Organización Internacional del Trabajo revelan que en 2009 su tasa de desempleo aumentó más que la de los adultos, mientras disminuyó su participación en los mercados laborales, lo que se atribuye en gran parte al desaliento.
Se estima que más de 600 mil jóvenes engrosaron las filas del desempleo a causa de la crisis.
En América Latina y el Caribe hay 104 millones de jóvenes que enfrentan el siguiente panorama: 34 por ciento de ellos solamente estudia; 33 por ciento sólo trabaja; 13 por ciento estudia y trabaja, y 20 por ciento no estudia ni trabaja.
Se sabe que la tasa de desempleo entre la juventud duplica la tasa general y triplica la de los adultos, una realidad global que trasciende el espacio latinoamericano. Por otro lado, es práctica habitual que sean los primeros en perder su empleo en tiempos de crisis, y los últimos en volver a trabajar cuando llega la recuperación. Sin contar que son considerados mano de obra barata, y esto suele sumirlos en condiciones laborales precarias.
Para enfrentar este desafío es necesario adoptar medidas específicamente dirigidas a generar más y mejores empleos para los jóvenes; invertir en formación profesional, incentivar el espíritu de emprender para que puedan verse también como creadores de empleo. Aquí no actúan las fuerzas invisibles de ningún tipo, porque estamos frente a problemas estructurales que sólo pueden ser abordados con acciones y políticas muy concretas.
Hay que colocar los planes de promoción del trabajo decente para los jóvenes como parte integral de las políticas públicas; se necesita fortalecer la institucionalidad que pone en práctica estas políticas; se requiere del diálogo social para hacerlas más fuertes y garantizar su éxito; es indispensable el intercambio de buenas experiencias entre las naciones.
No hay soluciones mágicas para un problema tan complejo, por eso es importante que los gobiernos nacionales, regionales y locales, sindicatos y empresarios, conjuntamente con otros actores sociales, insistan en buscar la manera de torcer esta realidad si es que de verdad queremos avanzar hacia el desarrollo.
Sin los jóvenes no vamos a lograrlo.