ODIO PRIMITIVO
9 feb 2010
Nos detesta
PEDRO MIGUEL
Habitantes de la capital: a juzgar por los hechos, Felipe Calderón nos detesta. Porque no votamos por él, o porque los votos a su favor no le fueron suficientes para ganar con limpieza, o porque tenemos un espíritu libre y tolerante, o por nuestra alma insumisa, o porque sabemos que la defensa de nuestros derechos y libertades pasa por la defensa de los derechos y libertades de los demás, o porque creemos en la separación entre la Iglesia y el Estado, o porque poseemos (son nuestras; nosotros las conformamos y pagamos) instituciones de gobierno representativas y legítimas, o porque hemos logrado, pese a todo, y sin desconocer lo muchísimo que falta, imponer mecanismos de justicia social y de distribución de la riqueza, o porque se siente incómodo ante los reclamos, mayoritarios y bien ganados, de quienes poblamos la sede de los poderes federales. O por todas esas razones juntas. O por algunas de ellas.
A estas alturas, otro tanto podrá decir la mayoría de los habitantes del país, pero el Distrito Federal ocupa un sitio preponderante en los rencores de este hombre. No es el desdén ordinario que experimenta hacia la vida humana, su desinterés por la angustiosa situación económica que atraviesan casi todos los millones de mexicanos, su insensibilidad procaz ante los cadáveres de muchachos juarenses (de seguro andaban metidos en algo turbio, insinúa para tapar su monumental torpeza), su vocación de entrega de la soberanía nacional. Con base en los elementos de juicio disponibles, hacia el DF, el sentimiento de Calderón es más intenso: es odio.
Por eso, su aparato de gobierno se vuelca a impedir la aprobación de presupuestos para el Distrito Federal. Por eso consignó a la Comisión Nacional del Agua para que actúe con toda mala fe hacia la capital, le corte el abasto hídrico en los días de máximo calor, se abstenga de realizar las obras de desagüe programadas (subejercicio durante 2009: 80 por ciento de lo presupuestado), omita los avisos de emergencia e impida, de esa forma, que la autoridad local pueda tomar las medidas de previsión necesarias ante un fenómeno meteorológico inusual. Por eso, en medio de la más violenta y mortífera escalada delictiva en la historia del país, giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para que deje de lado sus obligaciones legales más obvias y se vuelva gestora de las fobias clericales en contra de las mujeres y de las minorías sexuales. Por eso acabó de un plumazo con la entidad pública que operaba la red de distribución eléctrica en el centro del país y mandó al desempleo, de golpe, a sus cuarenta y tantos mil trabajadores. Por eso limita sus paseos de aires neronianos a los escenarios mexiquenses del desastre –el rostro real de Peña Nieto, ese cuento de hadas fabricado por Televisa con miras al incierto 2012–, pero se cuida de poner un pie en las delegaciones defeñas igualmente afectadas por sus decisiones criminales.
En tanto le sea posible, seguirá hostigándonos. Seguirá conspirando con Luege para que nos corte el agua; con Lozano y Elías Ayub para que nos dejen a oscuras; con Chávez Chávez para negarnos el derecho a decidir sobre nuestros amores, nuestros cuerpos y nuestras vidas; con Cordero y Nava para que se nos nieguen recursos económicos que se otorgan rutinariamente a las otras entidades federativas.
Sin electricidad no funcionan las bombas que surten de agua a hogares y negocios ni las que deben ronronear para achicar inundaciones, ni las compuertas del drenaje profundo; sin electricidad se apagan los semáforos, las antenas de telefonía celular entran en hibernación, los carros del Metro se quedan parados, los pacientes obligados a diálisis se mueren. Ninguna organización terrorista habría tenido tanto éxito en desastrar a la ciudad como el que tuvo Calderón al liquidar a Luz y Fuerza del Centro y remplazarla por una paraestatal corrupta y chambona que no parece tener capacidad para algo más que para emitir recibos inflados y engordar a un puñado de contratistas que no tienen la menor idea.
La seguridad y la viabilidad de la ciudad de México no deben seguir sujetas a los humores de Calderón. El Gobierno del Distrito Federal –ese por el que sí votamos– tiene ante sí el deber de garantizar el abasto eléctrico para la urbe e impedir que el calderonato construya nuevas profecías apocalípticas autocumplidas. Que las autoridades locales nos doten de una entidad capaz de garantizar con una mínima eficiencia esa condición indispensable para la economía y para la vida, y que eliminen ese talón de Aquiles de la urbe. Que revisen el marco legal a fondo y encuentren en él los resquicios para devolvernos la normalidad. Y que no se nos olvide: a juzgar por sus actos en los últimos tres años, Calderón nos detesta.
Parálisis
JOSÉ BLANCO
Actualmente en México no existe una política de transformación económica de largo plazo rumbo al desarrollo. Tenemos una raquítica política económica de corto plazo, continuadamente relaborada en el marco del Consenso de Washington, pese a que en los hechos, con la crisis actual, se le ha dado debida sepultura en el mundo desarrollado y más allá, pero en primer lugar… en Washington.
En una fecha tan temprana como agosto de 1995, el ahora premio Nobel Paul Krugman, después de examinar los resultados de varias economías, especialmente de las latinoamericanas, escribió en Foreign Affairs: “Por todas sus especiales características, la crisis mexicana [Krugman se refiere a la crisis de 94/95], marca el principio del desinflarse (deflation) del Consenso de Washington. Este desinflarse garantiza que la segunda mitad de los noventa será un periodo mucho más problemático para el capitalismo mundial que la primera”. En efecto, el segundo quinquenio de los noventa, mientras acumulaba cifras positivas de consistencia aparentemente indudable, acumulaba también desequilibrios financieros no visibles, deliberadamente encubiertos, que llevaron a la recesión con la que se inició el siglo XXI, y que afectó de inmediato a diversas economías, entre ellas a la mexicana. Era, en realidad, el preámbulo de las crisis del presente.
El pasado 3 de enero, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en una declaración contraria a su catecismo, señaló que fue la falta de regulación lo que permitió los descalabros que ocasionaron la crisis financiera. Para el presidente de la Fed, una regulación fuerte y una supervisión orientada al control de las prácticas crediticias, debe ser la primera línea de defensa para evitar la formación de burbujas especulativas como las que ocasionaron la crisis financiera. Una crisis que Bernanke no dudó en calificar como la mayor de la historia. He aquí a un antiguo aguerrido militante del Consenso de Washington, que decide desertar y descalificar el consenso.
Pero el gobierno mexicano no se da por enterado; obsecuente con el consenso sepultado, continúa acríticamente bajo sus prescripciones, sin ideas propias de cómo dar contenido a la política económica.
En los años ochenta, prácticamente en un solo paso, el gobierno de Miguel de la Madrid liberó las transacciones externas en cuenta corriente y en cuenta de capital, unilateralmente (es decir, a cambio de nada), mucho antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en julio de 1986 adherimos al GATT y dejamos libres de aranceles a 73 por ciento de las importaciones y se redujeron drásticamente los del resto); se eliminaron así buena parte de los instrumentos y medidas de resguardo a los productores.
David Ibarra en su artículo El desmantelamiento de la política económica (El Universal, 26/11/09), enumera las principales decisiones e implicaciones resultantes de la posterior importación acrítica del consenso, que aquí apretadamente resumo: el gobierno desreguló la operación financiera interna y desechó la autonomía promocional de la banca de desarrollo, con lo que completó el desmantelamiento de los instrumentos de política industrial. Privatizó empresas públicas con una venda sobre los ojos, y ello, unido a la extranjerización de parte importante de los mejores consorcios nacionales, restó capacidad de acción y poder económico al Estado y a la iniciativa privada mexicana. Luego, la promulgación de la Ley de Responsabilidad Hacendaria que prácticamente impuso el equilibrio presupuestal como política, cualquiera que fuera la situación económica, limitó todavía más los márgenes estatales de maniobra. Se prohibieron a sí mismos los gobernantes las políticas contracíclicas. Además, al Banco de México le dejaron como cometido único combatir la inflación, haciendo explícita la prohibición de financiar al gobierno.
El gobierno se ahorcó con sus propias manos. Ello no significa que antes se hubieran estado haciendo las cosas de lujo; no, pero las mismas herramientas con las que se podían haber hecho bien, fueron echadas a la basura por prescripción del consenso. Múltiples voces han repetido estas tesis infructuosamente.
En una entrevista reciente al nuevo banquero central, opinó que ahora, nosotros por cuestiones de geografía tenemos ventajas competitivas con Estados Unidos y de hecho si queremos penetrar en esos y otros mercados tenemos que volvernos más competitivos. Entonces la diversificación se facilita si tenemos una mayor competitividad. Por ello se requiere que no se olvide la agenda de la competitividad y que se vaya aplicando. Incluso, también en un mundo en el cual habrá un menor crecimiento en la demanda mundial, necesitamos que nuestros productos sean mejores para que tengan cabida. Entonces, lo que se necesita una estrategia de mayor diversificación basada en la competitividad de nuestros productos.
Hagamos a un lado el cantinflismo y veamos la tesis: por cuestiones de geografía tenemos ventajas competitivas con Estados Unidos… La diversificación (exportadora) se facilita si tenemos mayor competitividad: Agustín Carstens perdió la oportunidad de explicarnos cómo es que nuestra cercanía geográfica con nuestro vecino del norte nos hace más competitivos en el resto del orbe. Habla también de que no se olvide la agenda de la competitividad y que se vaya aplicando. Carstens perdió la oportunidad de decirnos que en realidad esa agenda no existe, no puede contener ninguna política que se esté llevando a cabo en alguna parte. ¿Sabe el banquero de dónde proviene la innovación que es imprescindible para ser competitivos? Evidentemente lo ignora: no refiere una sola acción que tenga que ver con ella. La salida de la parálisis consiste en esperar a que nuestro vecino pueda ponerse de pie y eche a andar.
PEDRO MIGUEL
Habitantes de la capital: a juzgar por los hechos, Felipe Calderón nos detesta. Porque no votamos por él, o porque los votos a su favor no le fueron suficientes para ganar con limpieza, o porque tenemos un espíritu libre y tolerante, o por nuestra alma insumisa, o porque sabemos que la defensa de nuestros derechos y libertades pasa por la defensa de los derechos y libertades de los demás, o porque creemos en la separación entre la Iglesia y el Estado, o porque poseemos (son nuestras; nosotros las conformamos y pagamos) instituciones de gobierno representativas y legítimas, o porque hemos logrado, pese a todo, y sin desconocer lo muchísimo que falta, imponer mecanismos de justicia social y de distribución de la riqueza, o porque se siente incómodo ante los reclamos, mayoritarios y bien ganados, de quienes poblamos la sede de los poderes federales. O por todas esas razones juntas. O por algunas de ellas.
A estas alturas, otro tanto podrá decir la mayoría de los habitantes del país, pero el Distrito Federal ocupa un sitio preponderante en los rencores de este hombre. No es el desdén ordinario que experimenta hacia la vida humana, su desinterés por la angustiosa situación económica que atraviesan casi todos los millones de mexicanos, su insensibilidad procaz ante los cadáveres de muchachos juarenses (de seguro andaban metidos en algo turbio, insinúa para tapar su monumental torpeza), su vocación de entrega de la soberanía nacional. Con base en los elementos de juicio disponibles, hacia el DF, el sentimiento de Calderón es más intenso: es odio.
Por eso, su aparato de gobierno se vuelca a impedir la aprobación de presupuestos para el Distrito Federal. Por eso consignó a la Comisión Nacional del Agua para que actúe con toda mala fe hacia la capital, le corte el abasto hídrico en los días de máximo calor, se abstenga de realizar las obras de desagüe programadas (subejercicio durante 2009: 80 por ciento de lo presupuestado), omita los avisos de emergencia e impida, de esa forma, que la autoridad local pueda tomar las medidas de previsión necesarias ante un fenómeno meteorológico inusual. Por eso, en medio de la más violenta y mortífera escalada delictiva en la historia del país, giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para que deje de lado sus obligaciones legales más obvias y se vuelva gestora de las fobias clericales en contra de las mujeres y de las minorías sexuales. Por eso acabó de un plumazo con la entidad pública que operaba la red de distribución eléctrica en el centro del país y mandó al desempleo, de golpe, a sus cuarenta y tantos mil trabajadores. Por eso limita sus paseos de aires neronianos a los escenarios mexiquenses del desastre –el rostro real de Peña Nieto, ese cuento de hadas fabricado por Televisa con miras al incierto 2012–, pero se cuida de poner un pie en las delegaciones defeñas igualmente afectadas por sus decisiones criminales.
En tanto le sea posible, seguirá hostigándonos. Seguirá conspirando con Luege para que nos corte el agua; con Lozano y Elías Ayub para que nos dejen a oscuras; con Chávez Chávez para negarnos el derecho a decidir sobre nuestros amores, nuestros cuerpos y nuestras vidas; con Cordero y Nava para que se nos nieguen recursos económicos que se otorgan rutinariamente a las otras entidades federativas.
Sin electricidad no funcionan las bombas que surten de agua a hogares y negocios ni las que deben ronronear para achicar inundaciones, ni las compuertas del drenaje profundo; sin electricidad se apagan los semáforos, las antenas de telefonía celular entran en hibernación, los carros del Metro se quedan parados, los pacientes obligados a diálisis se mueren. Ninguna organización terrorista habría tenido tanto éxito en desastrar a la ciudad como el que tuvo Calderón al liquidar a Luz y Fuerza del Centro y remplazarla por una paraestatal corrupta y chambona que no parece tener capacidad para algo más que para emitir recibos inflados y engordar a un puñado de contratistas que no tienen la menor idea.
La seguridad y la viabilidad de la ciudad de México no deben seguir sujetas a los humores de Calderón. El Gobierno del Distrito Federal –ese por el que sí votamos– tiene ante sí el deber de garantizar el abasto eléctrico para la urbe e impedir que el calderonato construya nuevas profecías apocalípticas autocumplidas. Que las autoridades locales nos doten de una entidad capaz de garantizar con una mínima eficiencia esa condición indispensable para la economía y para la vida, y que eliminen ese talón de Aquiles de la urbe. Que revisen el marco legal a fondo y encuentren en él los resquicios para devolvernos la normalidad. Y que no se nos olvide: a juzgar por sus actos en los últimos tres años, Calderón nos detesta.
Parálisis
JOSÉ BLANCO
Actualmente en México no existe una política de transformación económica de largo plazo rumbo al desarrollo. Tenemos una raquítica política económica de corto plazo, continuadamente relaborada en el marco del Consenso de Washington, pese a que en los hechos, con la crisis actual, se le ha dado debida sepultura en el mundo desarrollado y más allá, pero en primer lugar… en Washington.
En una fecha tan temprana como agosto de 1995, el ahora premio Nobel Paul Krugman, después de examinar los resultados de varias economías, especialmente de las latinoamericanas, escribió en Foreign Affairs: “Por todas sus especiales características, la crisis mexicana [Krugman se refiere a la crisis de 94/95], marca el principio del desinflarse (deflation) del Consenso de Washington. Este desinflarse garantiza que la segunda mitad de los noventa será un periodo mucho más problemático para el capitalismo mundial que la primera”. En efecto, el segundo quinquenio de los noventa, mientras acumulaba cifras positivas de consistencia aparentemente indudable, acumulaba también desequilibrios financieros no visibles, deliberadamente encubiertos, que llevaron a la recesión con la que se inició el siglo XXI, y que afectó de inmediato a diversas economías, entre ellas a la mexicana. Era, en realidad, el preámbulo de las crisis del presente.
El pasado 3 de enero, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en una declaración contraria a su catecismo, señaló que fue la falta de regulación lo que permitió los descalabros que ocasionaron la crisis financiera. Para el presidente de la Fed, una regulación fuerte y una supervisión orientada al control de las prácticas crediticias, debe ser la primera línea de defensa para evitar la formación de burbujas especulativas como las que ocasionaron la crisis financiera. Una crisis que Bernanke no dudó en calificar como la mayor de la historia. He aquí a un antiguo aguerrido militante del Consenso de Washington, que decide desertar y descalificar el consenso.
Pero el gobierno mexicano no se da por enterado; obsecuente con el consenso sepultado, continúa acríticamente bajo sus prescripciones, sin ideas propias de cómo dar contenido a la política económica.
En los años ochenta, prácticamente en un solo paso, el gobierno de Miguel de la Madrid liberó las transacciones externas en cuenta corriente y en cuenta de capital, unilateralmente (es decir, a cambio de nada), mucho antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en julio de 1986 adherimos al GATT y dejamos libres de aranceles a 73 por ciento de las importaciones y se redujeron drásticamente los del resto); se eliminaron así buena parte de los instrumentos y medidas de resguardo a los productores.
David Ibarra en su artículo El desmantelamiento de la política económica (El Universal, 26/11/09), enumera las principales decisiones e implicaciones resultantes de la posterior importación acrítica del consenso, que aquí apretadamente resumo: el gobierno desreguló la operación financiera interna y desechó la autonomía promocional de la banca de desarrollo, con lo que completó el desmantelamiento de los instrumentos de política industrial. Privatizó empresas públicas con una venda sobre los ojos, y ello, unido a la extranjerización de parte importante de los mejores consorcios nacionales, restó capacidad de acción y poder económico al Estado y a la iniciativa privada mexicana. Luego, la promulgación de la Ley de Responsabilidad Hacendaria que prácticamente impuso el equilibrio presupuestal como política, cualquiera que fuera la situación económica, limitó todavía más los márgenes estatales de maniobra. Se prohibieron a sí mismos los gobernantes las políticas contracíclicas. Además, al Banco de México le dejaron como cometido único combatir la inflación, haciendo explícita la prohibición de financiar al gobierno.
El gobierno se ahorcó con sus propias manos. Ello no significa que antes se hubieran estado haciendo las cosas de lujo; no, pero las mismas herramientas con las que se podían haber hecho bien, fueron echadas a la basura por prescripción del consenso. Múltiples voces han repetido estas tesis infructuosamente.
En una entrevista reciente al nuevo banquero central, opinó que ahora, nosotros por cuestiones de geografía tenemos ventajas competitivas con Estados Unidos y de hecho si queremos penetrar en esos y otros mercados tenemos que volvernos más competitivos. Entonces la diversificación se facilita si tenemos una mayor competitividad. Por ello se requiere que no se olvide la agenda de la competitividad y que se vaya aplicando. Incluso, también en un mundo en el cual habrá un menor crecimiento en la demanda mundial, necesitamos que nuestros productos sean mejores para que tengan cabida. Entonces, lo que se necesita una estrategia de mayor diversificación basada en la competitividad de nuestros productos.
Hagamos a un lado el cantinflismo y veamos la tesis: por cuestiones de geografía tenemos ventajas competitivas con Estados Unidos… La diversificación (exportadora) se facilita si tenemos mayor competitividad: Agustín Carstens perdió la oportunidad de explicarnos cómo es que nuestra cercanía geográfica con nuestro vecino del norte nos hace más competitivos en el resto del orbe. Habla también de que no se olvide la agenda de la competitividad y que se vaya aplicando. Carstens perdió la oportunidad de decirnos que en realidad esa agenda no existe, no puede contener ninguna política que se esté llevando a cabo en alguna parte. ¿Sabe el banquero de dónde proviene la innovación que es imprescindible para ser competitivos? Evidentemente lo ignora: no refiere una sola acción que tenga que ver con ella. La salida de la parálisis consiste en esperar a que nuestro vecino pueda ponerse de pie y eche a andar.
¡Calderón, pida perdón!
Álvaro Delgado
MÉXICO, D,F., 8 de febrero (apro).- La investidura que Felipe Calderón ostenta no le da derecho a la calumnia ni su ignorancia es atenuante para la infamia contra los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya memoria mancilló de manera vil.
Debe pedir perdón a las víctimas y a sus dolientes, pero también a la nación entera que ha sido ofendida.
Si no tiene valentía de ir a esa ciudad ensangrentada, emblema del fracaso de su parcial “guerra” contra el narcotráfico, que se retracte de la bajeza que cometió desde la comodidad de la residencia oficial de Los Pinos, donde se guarece con la tropa.
Pero que lo haga sin simulaciones: Que públicamente confiese a las madres y familiares de los jóvenes asesinados el sábado 30 de enero que fue una estupidez atribuir el crimen de Villas de Salvárcar a una rivalidad entre pandillas de las que, según él, formaban parte.
Porque con el mismo impudor que lo hizo Fernando Gómez Mont, el pendenciero secretario de Gobernación que este lunes ofreció en Juárez que habría una disculpa pública, Calderón no consideró siquiera la presunción de inocencia de los muchachos en su declaración emitida desde Japón, tres días después de los hechos.
“No sabemos qué haya ocurrido ahí: Si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes, prácticamente adolescentes, o si esto refleja una lógica de pandillas o bandas criminales, que de suyo ya es una expresión de descomposición o de deterioro social muy preocupante.”
Así, para ese individuo, cualquiera de las dos variantes de esta ecuación arroja el mismo resultado: Los 16 jóvenes abatidos con balas de AK-47 y R-15, mientras disfrutaban carne asada en un domicilio particular, son criminales.
Aun si los muchachos hubiesen sido pandilleros, como los hay en cientos en tanto víctimas de la marginación, Calderón y Gómez Mont tampoco tienen derecho a justificar por ello la masacre, como lo ha hecho con al menos otras dos ocurridas en septiembre del año pasado, en las que fueron acribillados más de 30 adictos en dos centros de rehabilitación.
Por ello, tolerar no sólo el juvenicidio en Juárez sino la calumnia, sobre todo de quien se autodenomina jefe de Estado --ya se sabe que ilegítimamente--, implica convalidar el proceso de decadencia que sufre la nación, en la que, desde el poder, se han invertido los valores y las categorías, incluyendo las jurídicas.
Las víctimas pasan a ser delincuentes y los criminales gozan de un aura de santidad, algo inaceptable para quien tenga respeto por sí mismo. Menos aceptable es que la propia autoridad, con todo su poder, proceda contra inocentes sólo con afanes electorales o, por ineptitud, libere a bandoleros.
Y esto es lo que ha ocurrido en otro episodio de vergüenza del gobierno de Calderón: La liberación de 12 funcionarios y exfuncionarios de Michoacán que hace ocho meses --justo en el proceso electoral-- fueron capturados por fuerzas federales, exhibidos con vestimenta amarilla y sujetos a proceso por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada.
Ahora que están libres, el muy personalísimo representante de Calderón, Gómez Mont, regatea ya no sólo una disculpa a los acusados, sino la propia presunción de inocencia. La falta de pruebas, dice, no quiere decir que los liberados sean inocentes. ¡Vaya lógica de quien es, junto con Diego Fernández de Cevallos, de los litigantes más costosos de México!
Pero, además, ese talante de Gómez Mont es la confesión nítida de la ineptitud: Con todos los recursos financieros, tecnológicos y humanos de las policías y procuraduría federales, así como los “soplones” del crimen organizado acogidos al programa de testigos protegidos, no fueron capaces de probar que esos funcionarios están coludidos con el crimen y, si lo están, los dejaron impunes.
¡Vaya papelazo!
En fin, qué se puede esperar de un gobierno encabezado por alguien que confunde la Biblia con la Constitución y asegura que en ésta se “habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”, argumento principal para que, en complicidad con el clero, su gobierno pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la unión entre personas del mismo sexo.
¡Ya ni los más obtusos panistas ni sus jilgueros en los medios son capaces de defender tales aberraciones!
México 2010: el mural de Siqueiros
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
En los muros exteriores del edificio de Rectoría de la Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal, el artista plástico comunista David Alfaro Siqueiros pintó tres murales. Se titulan El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo; Las fechas de la historia de México y Nuevo emblema universitario.
Las fechas de la historia o el derecho a la cultura se localiza en el lado norte del edificio. En la obra aparece un brazo con dos manos entrelazadas con las fechas en las que acontecieron episodios fundamentales de la historia de México: 1521, la Conquista; 1810, el inicio de la Independencia; 1857, año de promulgación de la Constitución liberal; Siqueiros dejó el último año en el aire así: 19?? De cuando en cuando, manos anónimas han llenado ese espacio en blanco con una fecha en la que se anuncia la realización de una nueva revolución. Durante la huelga universitaria de 1999 una brocha cambió las dos interrogaciones por el número 99.
Hoy, el país entero parece haber ocupado el lugar de ese mural. El rumor que anuncia un nuevo levantamiento popular en 2010 está en boca de los más variados actores políticos. Las advertencias no vienen sólo de la izquierda. Apenas en septiembre de 2009, en un hecho inusitado, José Narro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que sobre la nación se cierne una amenaza de inestabilidad social. Al finalizar el año pasado, Miguel Alemán, ex gobernador de Veracruz y empresario, advirtió que los hombres de negocios no están preocupados por la crisis financiera, para la cual siempre habrá recetas; lo que les inquieta es la crisis social y el porvenir del país.
Carlos Slim Helú señaló hace un par de meses que urge evitar el sacrificio de las próximas generaciones; que nuestros gobiernos se han limitado a seguir los ajustes dictados desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en vez de elaborar planes de desarrollo propios; que para combatir eficazmente la pobreza –más allá de la asistencia social– se requiere inversión, actividad económica y creación de empleos; incorporar a los pobres a la clase media con desarrollo de capital humano, educación, salud y nutrición; en pocas palabras, una visión integral, ambiciosa, fuerte, con rumbo claro y de largo plazo.
Para no ser menos, el pasado 18 de enero Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que las causas que motivaron la aparición del movimiento zapatista en Chiapas (pobreza y derechos de las comunidades indígenas), el 1º de enero de 1994, continúan vigentes. Según él la pobreza y la desigualdad social siguen siendo la mayor deuda social a 100 años de la Revolución Mexicana.
La lista de quienes, en el México de arriba, han externado en los últimos meses su preocupación por lo que pudiera suceder este año es mucho mayor. Legisladores, políticos, gobernadores, líderes corporativos, han advertido en distintas ocasiones sobre la posibilidad de que se produzca un levantamiento social. Algunos lo utilizan, como lo hicieron en 1994, como un fantasma para negociar con el gobierno federal más presupuesto, programas o concesiones de distinto tipo. Otros, desde el poder, le han encontrado utilidad como pretexto para reprimir a la oposición. Finalmente, algunos más simple y llanamente quieren mostrar los riesgos implícitos en la insensibilidad política del gobierno federal en medidas como la ofensiva contra el Sindicato Mexicano de Electricistas.
La idea de que este año podría producirse una explosión social no es nueva. Tomó fuerza en 2006, en el marco de la otra campaña. Un año más tarde, en una entrevista publicada por el diario inglés The Guardian, el subcomandante Marcos, después de haberle tomado el pulso al México de abajo, señaló que el poder subconsciente del año 2010, justo cuando se cumple el segundo centenario del inicio de la guerra de Independencia y el aniversario 100 de la Revolución Mexicana, hará prender la mecha que han dejado lista los esfuerzos estadunidenses por asegurar la frontera bilateral, lo que impide a millones de personas escapar al norte para conseguir trabajo.
Las advertencias apuntan a un hecho central: el agotamiento acelerado de un régimen que vive sus últimos estertores. La nación atraviesa por una crisis en la que convergen varias crisis: económica, de seguridad pública, ambiental, sanitaria, diplomática, de gobernabilidad. Aunque cada una tiene su propia dinámica, han crecido por la incapacidad del gobierno federal para enfrentarlas adecuadamente.
Una tras otra, las expresiones de descontento social brotan por todo el país como si fueran burbujas en una olla de agua a punto de hervir. Ciudadanos rabiosos se enfrentan con la policía cada vez con mayor frecuencia. Se hacen justicia por propia mano, en ocasiones de manera violenta. El malestar aflora lo mismo en las ciudades que en el campo. Igual lo protagonizan mujeres que hombres; jóvenes y ancianos. Es el fantasma de Fuenteovejuna.
Sin embargo, nada garantiza que este hastío logre articularse de manera organizada en 2010. En caso de que se produzca una explosión social, ésta no tiene una fecha precisa en el calendario, por más que algunas manos quisieran volver a llenar el hueco que Siqueiros dejó en blanco en su mural universitario. Mientras tanto la jerarquía católica y la derecha se han lanzado a fondo en la tarea de avanzar en su revolución conservadora.
Álvaro Delgado
MÉXICO, D,F., 8 de febrero (apro).- La investidura que Felipe Calderón ostenta no le da derecho a la calumnia ni su ignorancia es atenuante para la infamia contra los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya memoria mancilló de manera vil.
Debe pedir perdón a las víctimas y a sus dolientes, pero también a la nación entera que ha sido ofendida.
Si no tiene valentía de ir a esa ciudad ensangrentada, emblema del fracaso de su parcial “guerra” contra el narcotráfico, que se retracte de la bajeza que cometió desde la comodidad de la residencia oficial de Los Pinos, donde se guarece con la tropa.
Pero que lo haga sin simulaciones: Que públicamente confiese a las madres y familiares de los jóvenes asesinados el sábado 30 de enero que fue una estupidez atribuir el crimen de Villas de Salvárcar a una rivalidad entre pandillas de las que, según él, formaban parte.
Porque con el mismo impudor que lo hizo Fernando Gómez Mont, el pendenciero secretario de Gobernación que este lunes ofreció en Juárez que habría una disculpa pública, Calderón no consideró siquiera la presunción de inocencia de los muchachos en su declaración emitida desde Japón, tres días después de los hechos.
“No sabemos qué haya ocurrido ahí: Si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes, prácticamente adolescentes, o si esto refleja una lógica de pandillas o bandas criminales, que de suyo ya es una expresión de descomposición o de deterioro social muy preocupante.”
Así, para ese individuo, cualquiera de las dos variantes de esta ecuación arroja el mismo resultado: Los 16 jóvenes abatidos con balas de AK-47 y R-15, mientras disfrutaban carne asada en un domicilio particular, son criminales.
Aun si los muchachos hubiesen sido pandilleros, como los hay en cientos en tanto víctimas de la marginación, Calderón y Gómez Mont tampoco tienen derecho a justificar por ello la masacre, como lo ha hecho con al menos otras dos ocurridas en septiembre del año pasado, en las que fueron acribillados más de 30 adictos en dos centros de rehabilitación.
Por ello, tolerar no sólo el juvenicidio en Juárez sino la calumnia, sobre todo de quien se autodenomina jefe de Estado --ya se sabe que ilegítimamente--, implica convalidar el proceso de decadencia que sufre la nación, en la que, desde el poder, se han invertido los valores y las categorías, incluyendo las jurídicas.
Las víctimas pasan a ser delincuentes y los criminales gozan de un aura de santidad, algo inaceptable para quien tenga respeto por sí mismo. Menos aceptable es que la propia autoridad, con todo su poder, proceda contra inocentes sólo con afanes electorales o, por ineptitud, libere a bandoleros.
Y esto es lo que ha ocurrido en otro episodio de vergüenza del gobierno de Calderón: La liberación de 12 funcionarios y exfuncionarios de Michoacán que hace ocho meses --justo en el proceso electoral-- fueron capturados por fuerzas federales, exhibidos con vestimenta amarilla y sujetos a proceso por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada.
Ahora que están libres, el muy personalísimo representante de Calderón, Gómez Mont, regatea ya no sólo una disculpa a los acusados, sino la propia presunción de inocencia. La falta de pruebas, dice, no quiere decir que los liberados sean inocentes. ¡Vaya lógica de quien es, junto con Diego Fernández de Cevallos, de los litigantes más costosos de México!
Pero, además, ese talante de Gómez Mont es la confesión nítida de la ineptitud: Con todos los recursos financieros, tecnológicos y humanos de las policías y procuraduría federales, así como los “soplones” del crimen organizado acogidos al programa de testigos protegidos, no fueron capaces de probar que esos funcionarios están coludidos con el crimen y, si lo están, los dejaron impunes.
¡Vaya papelazo!
En fin, qué se puede esperar de un gobierno encabezado por alguien que confunde la Biblia con la Constitución y asegura que en ésta se “habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”, argumento principal para que, en complicidad con el clero, su gobierno pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la unión entre personas del mismo sexo.
¡Ya ni los más obtusos panistas ni sus jilgueros en los medios son capaces de defender tales aberraciones!
México 2010: el mural de Siqueiros
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
En los muros exteriores del edificio de Rectoría de la Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal, el artista plástico comunista David Alfaro Siqueiros pintó tres murales. Se titulan El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo; Las fechas de la historia de México y Nuevo emblema universitario.
Las fechas de la historia o el derecho a la cultura se localiza en el lado norte del edificio. En la obra aparece un brazo con dos manos entrelazadas con las fechas en las que acontecieron episodios fundamentales de la historia de México: 1521, la Conquista; 1810, el inicio de la Independencia; 1857, año de promulgación de la Constitución liberal; Siqueiros dejó el último año en el aire así: 19?? De cuando en cuando, manos anónimas han llenado ese espacio en blanco con una fecha en la que se anuncia la realización de una nueva revolución. Durante la huelga universitaria de 1999 una brocha cambió las dos interrogaciones por el número 99.
Hoy, el país entero parece haber ocupado el lugar de ese mural. El rumor que anuncia un nuevo levantamiento popular en 2010 está en boca de los más variados actores políticos. Las advertencias no vienen sólo de la izquierda. Apenas en septiembre de 2009, en un hecho inusitado, José Narro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que sobre la nación se cierne una amenaza de inestabilidad social. Al finalizar el año pasado, Miguel Alemán, ex gobernador de Veracruz y empresario, advirtió que los hombres de negocios no están preocupados por la crisis financiera, para la cual siempre habrá recetas; lo que les inquieta es la crisis social y el porvenir del país.
Carlos Slim Helú señaló hace un par de meses que urge evitar el sacrificio de las próximas generaciones; que nuestros gobiernos se han limitado a seguir los ajustes dictados desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en vez de elaborar planes de desarrollo propios; que para combatir eficazmente la pobreza –más allá de la asistencia social– se requiere inversión, actividad económica y creación de empleos; incorporar a los pobres a la clase media con desarrollo de capital humano, educación, salud y nutrición; en pocas palabras, una visión integral, ambiciosa, fuerte, con rumbo claro y de largo plazo.
Para no ser menos, el pasado 18 de enero Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que las causas que motivaron la aparición del movimiento zapatista en Chiapas (pobreza y derechos de las comunidades indígenas), el 1º de enero de 1994, continúan vigentes. Según él la pobreza y la desigualdad social siguen siendo la mayor deuda social a 100 años de la Revolución Mexicana.
La lista de quienes, en el México de arriba, han externado en los últimos meses su preocupación por lo que pudiera suceder este año es mucho mayor. Legisladores, políticos, gobernadores, líderes corporativos, han advertido en distintas ocasiones sobre la posibilidad de que se produzca un levantamiento social. Algunos lo utilizan, como lo hicieron en 1994, como un fantasma para negociar con el gobierno federal más presupuesto, programas o concesiones de distinto tipo. Otros, desde el poder, le han encontrado utilidad como pretexto para reprimir a la oposición. Finalmente, algunos más simple y llanamente quieren mostrar los riesgos implícitos en la insensibilidad política del gobierno federal en medidas como la ofensiva contra el Sindicato Mexicano de Electricistas.
La idea de que este año podría producirse una explosión social no es nueva. Tomó fuerza en 2006, en el marco de la otra campaña. Un año más tarde, en una entrevista publicada por el diario inglés The Guardian, el subcomandante Marcos, después de haberle tomado el pulso al México de abajo, señaló que el poder subconsciente del año 2010, justo cuando se cumple el segundo centenario del inicio de la guerra de Independencia y el aniversario 100 de la Revolución Mexicana, hará prender la mecha que han dejado lista los esfuerzos estadunidenses por asegurar la frontera bilateral, lo que impide a millones de personas escapar al norte para conseguir trabajo.
Las advertencias apuntan a un hecho central: el agotamiento acelerado de un régimen que vive sus últimos estertores. La nación atraviesa por una crisis en la que convergen varias crisis: económica, de seguridad pública, ambiental, sanitaria, diplomática, de gobernabilidad. Aunque cada una tiene su propia dinámica, han crecido por la incapacidad del gobierno federal para enfrentarlas adecuadamente.
Una tras otra, las expresiones de descontento social brotan por todo el país como si fueran burbujas en una olla de agua a punto de hervir. Ciudadanos rabiosos se enfrentan con la policía cada vez con mayor frecuencia. Se hacen justicia por propia mano, en ocasiones de manera violenta. El malestar aflora lo mismo en las ciudades que en el campo. Igual lo protagonizan mujeres que hombres; jóvenes y ancianos. Es el fantasma de Fuenteovejuna.
Sin embargo, nada garantiza que este hastío logre articularse de manera organizada en 2010. En caso de que se produzca una explosión social, ésta no tiene una fecha precisa en el calendario, por más que algunas manos quisieran volver a llenar el hueco que Siqueiros dejó en blanco en su mural universitario. Mientras tanto la jerarquía católica y la derecha se han lanzado a fondo en la tarea de avanzar en su revolución conservadora.
