PARA OCULTAR VERDADES
23 feb 2010
La represión del "cabrón irresponsable"
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 22 de febrero (apro).- En un país donde la clase política idolatra la mentira, valor supremo de toda componenda, decir la verdad es blasfemia.
Y eso fue lo que ocurrió con el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, contra quien el gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) activaron, en una estrategia conjunta, un desproporcionado embate para censurarlo y someterlo.
¿La razón? Denunciar públicamente, en una entrevista periodística con este reportero y publicada en el semanario Proceso, que la “guerra” contra el crimen organizado no ha llegado a Sinaloa, cuyo cártel, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, goza de la protección institucional del gobierno federal:
“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el cártel de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses es más evidente!”
No sólo eso, sino que Clouthier --ajeno a los recovecos de los políticos del altiplano y con el lenguaje claridoso de los norteños-- se refirió directamente a Calderón por no atacar la “narcopolítica” en Sinaloa:
”Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras porque un cabrón irresponsable --y digo irresponsable porque es su responsabilidad-- no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”
Aunque la revista Proceso comienza a circular la noche del sábado, para los suscriptores, el domingo comenzaron a cobrar dimensión las palabras del empresario que fue, durante tres lustros, director del diario El Noroeste, de Culiacán, Sinaloa, e hijo de Manuel Clouthier del Rincón, candidato presidencial del PAN en 1988.
Ese mismo diario sinaloense y otro de la Ciudad de México, La Razón, siguieron la información publicada por el semanario y hablaron con el legislador que ratificó, como en decenas de entrevistas más en casi todos los medios, la médula de su afirmación.
Es decir, que el crimen organizado en Sinaloa cuenta con la protección institucional, a tal punto que existe la posibilidad real de que sea gobernado por un narcotraficante, y este modelo está siendo “clonado” en otras entidades del país. Por eso, dijo, el caso Sinaloa es peor aún que el martirio de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez.
El aludido, lastimado en su sensibilidad por ser exhibido como un “cabrón irresponsable” por el hijo del prócer panista, montó en cólera y, desde el fortín militar que habita transitoriamente, emitió la orden de escarmentar al insolente. Y se activaron los mecanismos de represión.
Los cortesanos de Los Pinos, incluido César Nava, creyeron que con el vapuleo contra Clouthier podían, además, “matar” el escándalo por el deleznable pacto de Fernando Gómez Mont con el PRI para aumentar impuestos a cambio de la orfandad electoral del PAN, que había escalado hasta exhibir a Calderón como inepto, mentiroso y sin palabra.
La estrategia, que fundió al gobierno y al PAN en uno solo, salvó a Nava de aclarar su conocimiento y responsabilidad en el arreglo con el PRI, como afirmó Gómez Mont, y con esta lógica de facción ordenada por el déspota se llegó al extremo del ridículo.
Inició la ofensiva nada menos que el próximo exsecretario de Gobernación, quien exhibió, en una carta que envió el miércoles al semanario, un amasijo de números para dar credibilidad a su aserto de que el gobierno federal combate a todas las bandas por igual.
Le siguió la diligencia y diputación del PAN: No sólo se amenazó a Clouthier con deponerlo como diputado federal si no reculaba, sino que el CEN “desautorizó” sus declaraciones, como si se tratara de un militante, que no lo es, y desconociendo lo que establece el artículo 61 constitucional, que establece que los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones.
La ofuscación de Calderón que activó el embate contra Clouthier ha tenido ya respuesta: El legislador no sólo no se ha desdicho, sino que inclusive ha anunciado que se reafiliará al PAN, en el que dejó de militar en 1994, “cuando tenía chiste ser panista, es decir, cuando era ir en contra de todo el establisment, cuando era un panismo generoso, de entrega, y no un panismo de oportunidad en el poder”.
De hecho, en la entrevista con el reportero, había anticipado que podría haber represión: “Si es real que se me está aplicando un castigo, se equivocan: No voy a aprender con esos castigos. Si alguien cree que con eso van a someterme, se equivocan.”
Advertía: “Primero, tengo una escuela que aplica una tesis distinta y lo decía Maquío. Habemos gentes que somos como los toros de lidia: entre más nos pican más embestimos. Segundo, gozo y amo mi independencia y mi libertad. Y tercero: soy un convencido que aun con todas mis limitantes, algo tendré que aportar.”
Y de plano anticipaba: “No sé tragar mierda sin hacer gestos. Me cuesta mucho callar.”
Apuntes
Vista la represión contra quienes disienten en el PAN, está latente la sanción que padecerá el senador Ricardo García Cervantes quien, en entrevista con Proceso, repudia el pacto de Gómez Mont con el PRI para elevar impuestos y hace responsable también a Nava, así como a Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero, en un arreglito igual al que hicieron Emilio Gamboa con Kamel Nacif… Otra víctima reciente de la intolerancia del PAN es la diputada local Lía Limón, hija de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación de Ernesto Zedillo, quien no se sumó a la cruzada de Calderón asociado con el clero católico y El Yunque para atacar el derecho a los matrimonios entre personas del mismo sexo… Mientras, el PAN se regodea con la postulación de puros expriistas…
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 22 de febrero (apro).- En un país donde la clase política idolatra la mentira, valor supremo de toda componenda, decir la verdad es blasfemia.
Y eso fue lo que ocurrió con el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, contra quien el gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) activaron, en una estrategia conjunta, un desproporcionado embate para censurarlo y someterlo.
¿La razón? Denunciar públicamente, en una entrevista periodística con este reportero y publicada en el semanario Proceso, que la “guerra” contra el crimen organizado no ha llegado a Sinaloa, cuyo cártel, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, goza de la protección institucional del gobierno federal:
“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el cártel de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses es más evidente!”
No sólo eso, sino que Clouthier --ajeno a los recovecos de los políticos del altiplano y con el lenguaje claridoso de los norteños-- se refirió directamente a Calderón por no atacar la “narcopolítica” en Sinaloa:
”Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras porque un cabrón irresponsable --y digo irresponsable porque es su responsabilidad-- no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”
Aunque la revista Proceso comienza a circular la noche del sábado, para los suscriptores, el domingo comenzaron a cobrar dimensión las palabras del empresario que fue, durante tres lustros, director del diario El Noroeste, de Culiacán, Sinaloa, e hijo de Manuel Clouthier del Rincón, candidato presidencial del PAN en 1988.
Ese mismo diario sinaloense y otro de la Ciudad de México, La Razón, siguieron la información publicada por el semanario y hablaron con el legislador que ratificó, como en decenas de entrevistas más en casi todos los medios, la médula de su afirmación.
Es decir, que el crimen organizado en Sinaloa cuenta con la protección institucional, a tal punto que existe la posibilidad real de que sea gobernado por un narcotraficante, y este modelo está siendo “clonado” en otras entidades del país. Por eso, dijo, el caso Sinaloa es peor aún que el martirio de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez.
El aludido, lastimado en su sensibilidad por ser exhibido como un “cabrón irresponsable” por el hijo del prócer panista, montó en cólera y, desde el fortín militar que habita transitoriamente, emitió la orden de escarmentar al insolente. Y se activaron los mecanismos de represión.
Los cortesanos de Los Pinos, incluido César Nava, creyeron que con el vapuleo contra Clouthier podían, además, “matar” el escándalo por el deleznable pacto de Fernando Gómez Mont con el PRI para aumentar impuestos a cambio de la orfandad electoral del PAN, que había escalado hasta exhibir a Calderón como inepto, mentiroso y sin palabra.
La estrategia, que fundió al gobierno y al PAN en uno solo, salvó a Nava de aclarar su conocimiento y responsabilidad en el arreglo con el PRI, como afirmó Gómez Mont, y con esta lógica de facción ordenada por el déspota se llegó al extremo del ridículo.
Inició la ofensiva nada menos que el próximo exsecretario de Gobernación, quien exhibió, en una carta que envió el miércoles al semanario, un amasijo de números para dar credibilidad a su aserto de que el gobierno federal combate a todas las bandas por igual.
Le siguió la diligencia y diputación del PAN: No sólo se amenazó a Clouthier con deponerlo como diputado federal si no reculaba, sino que el CEN “desautorizó” sus declaraciones, como si se tratara de un militante, que no lo es, y desconociendo lo que establece el artículo 61 constitucional, que establece que los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones.
La ofuscación de Calderón que activó el embate contra Clouthier ha tenido ya respuesta: El legislador no sólo no se ha desdicho, sino que inclusive ha anunciado que se reafiliará al PAN, en el que dejó de militar en 1994, “cuando tenía chiste ser panista, es decir, cuando era ir en contra de todo el establisment, cuando era un panismo generoso, de entrega, y no un panismo de oportunidad en el poder”.
De hecho, en la entrevista con el reportero, había anticipado que podría haber represión: “Si es real que se me está aplicando un castigo, se equivocan: No voy a aprender con esos castigos. Si alguien cree que con eso van a someterme, se equivocan.”
Advertía: “Primero, tengo una escuela que aplica una tesis distinta y lo decía Maquío. Habemos gentes que somos como los toros de lidia: entre más nos pican más embestimos. Segundo, gozo y amo mi independencia y mi libertad. Y tercero: soy un convencido que aun con todas mis limitantes, algo tendré que aportar.”
Y de plano anticipaba: “No sé tragar mierda sin hacer gestos. Me cuesta mucho callar.”
Apuntes
Vista la represión contra quienes disienten en el PAN, está latente la sanción que padecerá el senador Ricardo García Cervantes quien, en entrevista con Proceso, repudia el pacto de Gómez Mont con el PRI para elevar impuestos y hace responsable también a Nava, así como a Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero, en un arreglito igual al que hicieron Emilio Gamboa con Kamel Nacif… Otra víctima reciente de la intolerancia del PAN es la diputada local Lía Limón, hija de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación de Ernesto Zedillo, quien no se sumó a la cruzada de Calderón asociado con el clero católico y El Yunque para atacar el derecho a los matrimonios entre personas del mismo sexo… Mientras, el PAN se regodea con la postulación de puros expriistas…
El modelo está agotado
JOSÉ BLANCO
Acaso no existe una frase más repetida en la última década en América Latina, aplicada al régimen político, o a la economía o al sistema educativo. Que reconozcamos y digamos en voz alta, críticamente y en todos los tonos, que ello es así, no está nada mal. Las preocupaciones se vuelven profundas cuando preguntamos ¿y qué estamos haciendo para salir de tales atolladeros?
América Latina ha buscado verse como una unidad (hablamos el mismo idioma, tenemos una historia colonial común, tanto cuando la metrópoli era España y Portugal, como cuando cambiamos de amos y se nos impuso el nuevo imperio a principios del siglo XX); lo cierto hoy es que hay pocas cosas concretas que nos igualen y que la famosa unidad latinoamericana es una abstracción. En la esfera política: ¿qué tiene que ver Chávez con Piñera, Lula con Uribe, Calderón con Evo, Ortega con Alan García?: y todos son expresión política de sus sociedades.
No obstante podemos hallar espacios en el que somos iguales: la educación superior, por ejemplo. De ella podemos decir, para variar: el modelo está agotado. Y sí, encontraremos diferencias múltiples también, pero en el tema esencial, la formación de cuadros con saberes y competencias pertinentes para el desarrollo, en el mundo que viene y en el que ya vivimos, es decir, en su modelo educativo, somos lo mismo: continuamos organizados en el arcaico modelo napoleónico que instrumentamos desde que creamos las instituciones de educación superior en los siglos XIX y XX. Un modelo de pretensión enciclopédica, referido en la jerga de la investigación educativa como licenciaturas tubo: los estudiantes entran por un extremo y salen –muchos menos que los que entraron– por el otro extremo, sin haberse enterado que había en su derredor durante el trayecto de esta formación obsoleta.
Sólo para unos cuantos cientos de estudiantes podemos encontrar en el subcontinente algunos puntos donde ya se exploran alternativas, análogas al sentido de la búsqueda de innovaciones educativas que hallamos en Europa, con diferentes resultados según países, en el marco del Proceso de Bolonia. En América Latina es hasta ahora una experiencia microscópica a la luz de estos números: en 2009 la población escolar de educación superior latinoamericana superaba los 18 millones de estudiantes. Emprender la transformación de los modelos educativos resulta titánico, pero nada ocurrirá si no iniciamos el largo camino que tenemos por delante.
Agreguemos que, si con esos números la tarea de transformación resulta descomunal, consideremos que mientras en América Latina 32 por ciento de los jóvenes entre los 18 y 24 años están en las aulas (26 por ciento en México), en Asia la cifra supera 50 por ciento y en los países nórdicos 80 por ciento. ¿Cuándo los gobiernos se harán cargo de esas realidades?
Leo algunos de los conceptos que La Jornada recogió el pasado viernes 19 en el Taller de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la conferencia impartida por Salvador Malo: El sistema educativo del país, desde el jardín de niños hasta el posgrado, está agotado. Es un modelo obsoleto resultado del centralismo, autoritarismo y paternalismo.
Malo, director de investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró que la Alianza para la Calidad de la Educación de la SEP sólo busca mejorar los sistemas existentes, siendo que éstos se hallan obsoletos. Estamos perdiendo miserablemente el tiempo en remendar lo que está, hace mucho tiempo, caduco.
Lo que requerimos, en voz de Malo, es transformar el modelo pedagógico de las universidades, y crear además centros de capacitación y aprendizaje fuera del sistema escolarizado formal e impulsar un sistema de competencias laborales.
El diagnóstico es directo y claro: las principales causas de la poca capacidad de innovación que tenemos, el escaso desarrollo tecnológico, la baja producción científica y el bajo desempeño educativo en México, se deben al centralismo, autoritarismo y paternalismo que seguimos manejando en el sistema educativo, y a un enfoque educativo obsoleto que seguimos usando.
La educación superior mantiene características absurdas: por ejemplo una estructura que limita la movilidad estudiantil e inhibe, cuando no impide, la preparación interdisciplinaria propia de las universidades, lo que desalienta la generación de nuevas profesiones e investigadores en nuevas artes y conocimientos.
Las universidades han estado dedicadas a impartir conocimientos en lugar de producir aprendizajes efectivos, pertinentes y verificables, es decir vinculados directamente con los problemas nacionales y regionales, mediante la adquisición por los estudiantes de competencias en las que estén simultáneamente involucrados, además de los contenidos disciplinares (los saberes y las destrezas), el pensamiento complejo y las nuevas tecnologías. Dejar fuera de la agenda nacional estas realidades cruciales tiene un nombre: subdesarrollo.
No es nada fácil que los profesores lleven a cambio esta transformación que implica la inversión de la relación entre el profesor y los estudiantes, lo que los haría egresados innovadores que por sí solos den seguimiento a un avance del conocimiento que lleva hoy aceleración meteórica: según la ONU hacia el final del siglo pasado el conocimiento se duplicaba cada cinco años, después de 2020, lo hará cada 60 días.
Se trata de un cambio cultural de largo aliento. Pero existen hoy los medios, las experiencias, los modelos y técnicas a través de los cuales los profesores innoven su propia práctica docente.
JOSÉ BLANCO
Acaso no existe una frase más repetida en la última década en América Latina, aplicada al régimen político, o a la economía o al sistema educativo. Que reconozcamos y digamos en voz alta, críticamente y en todos los tonos, que ello es así, no está nada mal. Las preocupaciones se vuelven profundas cuando preguntamos ¿y qué estamos haciendo para salir de tales atolladeros?
América Latina ha buscado verse como una unidad (hablamos el mismo idioma, tenemos una historia colonial común, tanto cuando la metrópoli era España y Portugal, como cuando cambiamos de amos y se nos impuso el nuevo imperio a principios del siglo XX); lo cierto hoy es que hay pocas cosas concretas que nos igualen y que la famosa unidad latinoamericana es una abstracción. En la esfera política: ¿qué tiene que ver Chávez con Piñera, Lula con Uribe, Calderón con Evo, Ortega con Alan García?: y todos son expresión política de sus sociedades.
No obstante podemos hallar espacios en el que somos iguales: la educación superior, por ejemplo. De ella podemos decir, para variar: el modelo está agotado. Y sí, encontraremos diferencias múltiples también, pero en el tema esencial, la formación de cuadros con saberes y competencias pertinentes para el desarrollo, en el mundo que viene y en el que ya vivimos, es decir, en su modelo educativo, somos lo mismo: continuamos organizados en el arcaico modelo napoleónico que instrumentamos desde que creamos las instituciones de educación superior en los siglos XIX y XX. Un modelo de pretensión enciclopédica, referido en la jerga de la investigación educativa como licenciaturas tubo: los estudiantes entran por un extremo y salen –muchos menos que los que entraron– por el otro extremo, sin haberse enterado que había en su derredor durante el trayecto de esta formación obsoleta.
Sólo para unos cuantos cientos de estudiantes podemos encontrar en el subcontinente algunos puntos donde ya se exploran alternativas, análogas al sentido de la búsqueda de innovaciones educativas que hallamos en Europa, con diferentes resultados según países, en el marco del Proceso de Bolonia. En América Latina es hasta ahora una experiencia microscópica a la luz de estos números: en 2009 la población escolar de educación superior latinoamericana superaba los 18 millones de estudiantes. Emprender la transformación de los modelos educativos resulta titánico, pero nada ocurrirá si no iniciamos el largo camino que tenemos por delante.
Agreguemos que, si con esos números la tarea de transformación resulta descomunal, consideremos que mientras en América Latina 32 por ciento de los jóvenes entre los 18 y 24 años están en las aulas (26 por ciento en México), en Asia la cifra supera 50 por ciento y en los países nórdicos 80 por ciento. ¿Cuándo los gobiernos se harán cargo de esas realidades?
Leo algunos de los conceptos que La Jornada recogió el pasado viernes 19 en el Taller de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la conferencia impartida por Salvador Malo: El sistema educativo del país, desde el jardín de niños hasta el posgrado, está agotado. Es un modelo obsoleto resultado del centralismo, autoritarismo y paternalismo.
Malo, director de investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró que la Alianza para la Calidad de la Educación de la SEP sólo busca mejorar los sistemas existentes, siendo que éstos se hallan obsoletos. Estamos perdiendo miserablemente el tiempo en remendar lo que está, hace mucho tiempo, caduco.
Lo que requerimos, en voz de Malo, es transformar el modelo pedagógico de las universidades, y crear además centros de capacitación y aprendizaje fuera del sistema escolarizado formal e impulsar un sistema de competencias laborales.
El diagnóstico es directo y claro: las principales causas de la poca capacidad de innovación que tenemos, el escaso desarrollo tecnológico, la baja producción científica y el bajo desempeño educativo en México, se deben al centralismo, autoritarismo y paternalismo que seguimos manejando en el sistema educativo, y a un enfoque educativo obsoleto que seguimos usando.
La educación superior mantiene características absurdas: por ejemplo una estructura que limita la movilidad estudiantil e inhibe, cuando no impide, la preparación interdisciplinaria propia de las universidades, lo que desalienta la generación de nuevas profesiones e investigadores en nuevas artes y conocimientos.
Las universidades han estado dedicadas a impartir conocimientos en lugar de producir aprendizajes efectivos, pertinentes y verificables, es decir vinculados directamente con los problemas nacionales y regionales, mediante la adquisición por los estudiantes de competencias en las que estén simultáneamente involucrados, además de los contenidos disciplinares (los saberes y las destrezas), el pensamiento complejo y las nuevas tecnologías. Dejar fuera de la agenda nacional estas realidades cruciales tiene un nombre: subdesarrollo.
No es nada fácil que los profesores lleven a cambio esta transformación que implica la inversión de la relación entre el profesor y los estudiantes, lo que los haría egresados innovadores que por sí solos den seguimiento a un avance del conocimiento que lleva hoy aceleración meteórica: según la ONU hacia el final del siglo pasado el conocimiento se duplicaba cada cinco años, después de 2020, lo hará cada 60 días.
Se trata de un cambio cultural de largo aliento. Pero existen hoy los medios, las experiencias, los modelos y técnicas a través de los cuales los profesores innoven su propia práctica docente.
Partidos
PEDRO MIGUEL
Problema: los partidos siguen siendo indispensables pero, en el marco actual de su relación con el poder público, no tienen remedio; no, al menos, si se les deja librados a su propia capacidad de autorregenerarse, que es nula.
No hay mucho que decir de los dos principales, instrumentos del poder empresarial, mediático y delictivo que secuestró –por medio de ellos– a las instituciones y que, desde el salinato, fraguó una alianza fáctica de cogobierno y alternancia que se mantiene vigente; veamos, si no, la inmundicia pactada en lo oscurito (y que acabó saliendo a la luz pública) entre el secretario de Gobernación y el tricolor: aprobación de presupuestos depredadores a cambio de ventajas electorales. La sociedad tampoco puede esperar que la franquicia dizque ecologista o el brazo electoral de la mafia elbista sean factores de democratización real.
Los tres institutos políticos de izquierda se encuentran, por su parte, en una condición trágica: son, en ocasiones y localidades determinadas, factores de ejercicio democrático, pero en otras actúan como instrumentos al servicio de sus propias burocracias, cuando no, y de manera abierta, a la orden de autoridades acanalladas.
Tal es el contexto en el que se desarrollan las alianzas o los conatos de alianzas perredistas y petistas con Acción Nacional –un partido que hace ya un buen par de décadas perdió su esencia de oposición democratizadora (así fuera de derecha) y se convirtió en uno más de los aparatos oligárquicos y autoritarios que sostienen al régimen político de siempre– o con el PRI, hoy despojado de ideología y reducido a gestor de promontorios de corrupción y control social.
Esos y otros devaneos, exasperantes y desalentadores, no sólo se explican por la acción de intereses individuales de los dirigentes, sino también, y principalmente, por un factor de identidad entre las burocracias de todas las organizaciones partidistas y del conjunto de la clase política. Esa identidad llega a un grado de solidaridad gremial que pasa por encima del sentido mismo de los partidos como representantes de la diversidad social y por encima de la voluntad de los electores. Tales burocracias no miden su éxito en función de su capacidad para transformar la realidad, sino en la escala de los recursos que logran allegarse vía el presupuesto de prerrogativas electorales; los espacios de poder que obtienen no los ven como correspondientes a la causa o a la organización, sino como peldaños de carreras políticas y administrativas personales.
Por supuesto, quienes razonan como si viviéramos en Finlandia no consideran esa distorsión, nugatoria de las permisas básicas de la democracia, y repiten a coro que ni modo, que así son las cosas, que éste es el menos peor de los mundos institucionales posibles y que esos son los partidos que la ciudadanía se merece; ¿O qué? ¿Pretendes cambiar el país a balazos? Qué chantaje con nivel de posdoctorado.
Sí: con o sin candidaturas ciudadanas, los partidos seguirán siendo, en el futuro previsible, y en tanto el régimen no termine de desestabilizarse a sí mismo, inevitables como cauces de acceso a puestos de representación popular y, por ello, como instrumentos de transformación social.
Los movimientos sociales dispuestos a jugarse en la vía electoral tienen ante sí exigencias desmesuradas, porque no sólo deben construir y consolidar liderazgos susceptibles de volverse candidaturas triunfantes sino que, además, deben vigilar el voto, la urna, el conteo y el cómputo, e imaginar movilizaciones capaces de neutralizar los atracos electorales: si el poder puede hacer fraude, lo hará, dice esa suerte de Cofipe Murphy no reconocido pero evidenciado en un hecho trágico: dos presidencias espurias y usurpadoras (1988 y 2006) se han conformado de esa manera en menos de dos décadas.
Ahora resulta, además, que hay que organizarse al margen de los partidos para, en tiempos electorales, negociar con ellos el registro de candidaturas. El desafío es enorme, pero no hay otra forma de incidir en forma perdurable en la vida política formal: sin abandonar la movilización, hay que imponerles a los partidos –a todos: son básicamente iguales– el poder del sufragio organizado al margen de ellos. Que se queden los administradores partidistas con registros y presupuestos, pero que nos permitan llevar un poco de representación ciudadana real a lo que queda de las instituciones.
A la postre, lo harán (porque sin los electores pierden porcentajes de votación y grandes sumas de dinero), a condición de que los movimientos sociales mantengan su independencia y sean capaces de generar organizaciones de votantes muy disciplinadas; en tanto se consiga orientar el sufragio en la fidelidad a las causas y no a las siglas.
PEDRO MIGUEL
Problema: los partidos siguen siendo indispensables pero, en el marco actual de su relación con el poder público, no tienen remedio; no, al menos, si se les deja librados a su propia capacidad de autorregenerarse, que es nula.
No hay mucho que decir de los dos principales, instrumentos del poder empresarial, mediático y delictivo que secuestró –por medio de ellos– a las instituciones y que, desde el salinato, fraguó una alianza fáctica de cogobierno y alternancia que se mantiene vigente; veamos, si no, la inmundicia pactada en lo oscurito (y que acabó saliendo a la luz pública) entre el secretario de Gobernación y el tricolor: aprobación de presupuestos depredadores a cambio de ventajas electorales. La sociedad tampoco puede esperar que la franquicia dizque ecologista o el brazo electoral de la mafia elbista sean factores de democratización real.
Los tres institutos políticos de izquierda se encuentran, por su parte, en una condición trágica: son, en ocasiones y localidades determinadas, factores de ejercicio democrático, pero en otras actúan como instrumentos al servicio de sus propias burocracias, cuando no, y de manera abierta, a la orden de autoridades acanalladas.
Tal es el contexto en el que se desarrollan las alianzas o los conatos de alianzas perredistas y petistas con Acción Nacional –un partido que hace ya un buen par de décadas perdió su esencia de oposición democratizadora (así fuera de derecha) y se convirtió en uno más de los aparatos oligárquicos y autoritarios que sostienen al régimen político de siempre– o con el PRI, hoy despojado de ideología y reducido a gestor de promontorios de corrupción y control social.
Esos y otros devaneos, exasperantes y desalentadores, no sólo se explican por la acción de intereses individuales de los dirigentes, sino también, y principalmente, por un factor de identidad entre las burocracias de todas las organizaciones partidistas y del conjunto de la clase política. Esa identidad llega a un grado de solidaridad gremial que pasa por encima del sentido mismo de los partidos como representantes de la diversidad social y por encima de la voluntad de los electores. Tales burocracias no miden su éxito en función de su capacidad para transformar la realidad, sino en la escala de los recursos que logran allegarse vía el presupuesto de prerrogativas electorales; los espacios de poder que obtienen no los ven como correspondientes a la causa o a la organización, sino como peldaños de carreras políticas y administrativas personales.
Por supuesto, quienes razonan como si viviéramos en Finlandia no consideran esa distorsión, nugatoria de las permisas básicas de la democracia, y repiten a coro que ni modo, que así son las cosas, que éste es el menos peor de los mundos institucionales posibles y que esos son los partidos que la ciudadanía se merece; ¿O qué? ¿Pretendes cambiar el país a balazos? Qué chantaje con nivel de posdoctorado.
Sí: con o sin candidaturas ciudadanas, los partidos seguirán siendo, en el futuro previsible, y en tanto el régimen no termine de desestabilizarse a sí mismo, inevitables como cauces de acceso a puestos de representación popular y, por ello, como instrumentos de transformación social.
Los movimientos sociales dispuestos a jugarse en la vía electoral tienen ante sí exigencias desmesuradas, porque no sólo deben construir y consolidar liderazgos susceptibles de volverse candidaturas triunfantes sino que, además, deben vigilar el voto, la urna, el conteo y el cómputo, e imaginar movilizaciones capaces de neutralizar los atracos electorales: si el poder puede hacer fraude, lo hará, dice esa suerte de Cofipe Murphy no reconocido pero evidenciado en un hecho trágico: dos presidencias espurias y usurpadoras (1988 y 2006) se han conformado de esa manera en menos de dos décadas.
Ahora resulta, además, que hay que organizarse al margen de los partidos para, en tiempos electorales, negociar con ellos el registro de candidaturas. El desafío es enorme, pero no hay otra forma de incidir en forma perdurable en la vida política formal: sin abandonar la movilización, hay que imponerles a los partidos –a todos: son básicamente iguales– el poder del sufragio organizado al margen de ellos. Que se queden los administradores partidistas con registros y presupuestos, pero que nos permitan llevar un poco de representación ciudadana real a lo que queda de las instituciones.
A la postre, lo harán (porque sin los electores pierden porcentajes de votación y grandes sumas de dinero), a condición de que los movimientos sociales mantengan su independencia y sean capaces de generar organizaciones de votantes muy disciplinadas; en tanto se consiga orientar el sufragio en la fidelidad a las causas y no a las siglas.
