TODOS SOMOS JUARENCES.
12 feb 2010
La violencia institucionalizada
LUIS JAVIER GARRIDO
Las políticas demenciales del gobierno calderonista en su supuesta guerra contra el narcotráfico se han revertido contra éste, y la indignación de la población juarense durante la visita hecha por Felipe Calderón y sus colaboradores da testimonio del clima que se tensa cada vez más en el país.
1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de facto calificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.
2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o escuadrones de la muerte son preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.
3. El anuncio hecho el martes 9 por un alto funcionario de la administración del presidente Barack Obama enfatizando que la Iniciativa Mérida, que ha sido el instrumento de ayuda militar de Estados Unidos al gobierno panista, se mantendrá más de lo previsto, constituye una señal muy clara de que la violencia y el amedrentamiento del pueblo, que han sido el eje central de la política de Felipe Calderón, van a proseguir en este año clave de 2010 y en lo que resta del sexenio, y eso es algo que al parecer están olvidando los chihuahuenses.
4. La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta “guerra contra el narco”, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington, y estas declaraciones no dejan lugar a dudas. El vocero de Obama subrayó en su anuncio que en esta nueva fase la Iniciativa Mérida entrañará una vertiente social, que supone a) buscar una mayor cooperación de Washington con las autoridades locales y municipales de México y b) una mayor vinculación con la ciudadanía.
5. La pregunta que muchos se hacen tras los últimos acontecimientos es por lo tanto muy clara: ¿dónde está el crimen organizado, en la calle o en Los Pinos? ¿No son acaso sus mafias las que manejan el país mientras gobierna el PAN-Yunque?
6. El gobierno de facto, que ha asumido que no tiene otra alternativa para sobrevivir que la de hundir al país en el escenario de la violencia y del amedrentamiento de la población, y buscar a partir de ahí imponer los cambios que le exige el capital multinacional, intentó en estos días, mediante una campaña de declaraciones, lograr que Washington le diera alguna libertad para utilizar discrecionalmente estos y otros recursos, pero muy pronto fue disuadido de hacerlo por diversos medios, el último de los cuales fue la serie de dibujos animados de South Park en que aparece Felipe Calderón despilfarrando un botín de dinero, y que éste vetó en MTV Latinoamérica como refirió La Jornada el 11 de febrero.
7. La demagogia oficial de la supuesta guerra al narco, según parece olvidarse, beneficia también de manera directa a las trasnacionales, lo que ha ocultado de manera sistemática el gobierno panista. El 70 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero, que con este plan hacen enorme negocio y propician un más fácil control estratégico de las agencias estatales estadunidenses sobre México.
8. El recurso sistemático a la fuerza es un signo de debilidad política que no puede entenderse como un error sino como un crimen contra el pueblo, como en el caso actual. No extraña, por lo mismo, que un gobierno civil débil, aunque sea de facto, recurra a los militares para que respalden decisiones políticas suyas, que generalmente son facciosas, como en su desvarío lo está haciendo Calderón, trastocando todavía más las instituciones de la República. La intervención del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, en asuntos políticos el pasado 9 de marzo, exigiendo apoyo a las contrarreformas de Calderón, refleja también, sin embargo, la ignorancia política del gobierno espurio. Esa fecha se conmemora lo acontecido el 9 de febrero de 1913, día en el que el Ejército federal traicionó al pueblo de México, y quebrantando el orden constitucional detuvo y asesinó al presidente Francisco I. Madero.
9. Los problemas de México con Estados Unidos siguen en tanto agravándose ante la incapacidad de un gobierno sin dignidad, que no tiene ya fuerza alguna para negociar con Washington. Luego del anuncio que hizo el presidente Barack Obama (olvidándose una vez más de sus promesas de campaña), indicando que había solicitado el 1º de febrero al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para armar mejor a la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro entre los dos países y reforzar las políticas para deportar e identificar a los indocumentados (el Programa E-Verify), no hubo reacción alguna de las dóciles autoridades mexicanas.
10. Las demandas expresadas ayer por algunos sectores de la sociedad civil de Chihuahua a Felipe Calderón de que se termine la violencia y se restablezca el estado de derecho en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, no son, por consiguiente, más que un absurdo. La ruptura de la legalidad constitucional y el establecimiento de un clima de violencia institucionalizada constituyen la piedra angular del proyecto panista-yunquista de gobierno, y así va a ser hasta finales del sexenio si el pueblo no responde de otra manera.
LUIS JAVIER GARRIDO
Las políticas demenciales del gobierno calderonista en su supuesta guerra contra el narcotráfico se han revertido contra éste, y la indignación de la población juarense durante la visita hecha por Felipe Calderón y sus colaboradores da testimonio del clima que se tensa cada vez más en el país.
1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de facto calificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.
2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o escuadrones de la muerte son preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.
3. El anuncio hecho el martes 9 por un alto funcionario de la administración del presidente Barack Obama enfatizando que la Iniciativa Mérida, que ha sido el instrumento de ayuda militar de Estados Unidos al gobierno panista, se mantendrá más de lo previsto, constituye una señal muy clara de que la violencia y el amedrentamiento del pueblo, que han sido el eje central de la política de Felipe Calderón, van a proseguir en este año clave de 2010 y en lo que resta del sexenio, y eso es algo que al parecer están olvidando los chihuahuenses.
4. La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta “guerra contra el narco”, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington, y estas declaraciones no dejan lugar a dudas. El vocero de Obama subrayó en su anuncio que en esta nueva fase la Iniciativa Mérida entrañará una vertiente social, que supone a) buscar una mayor cooperación de Washington con las autoridades locales y municipales de México y b) una mayor vinculación con la ciudadanía.
5. La pregunta que muchos se hacen tras los últimos acontecimientos es por lo tanto muy clara: ¿dónde está el crimen organizado, en la calle o en Los Pinos? ¿No son acaso sus mafias las que manejan el país mientras gobierna el PAN-Yunque?
6. El gobierno de facto, que ha asumido que no tiene otra alternativa para sobrevivir que la de hundir al país en el escenario de la violencia y del amedrentamiento de la población, y buscar a partir de ahí imponer los cambios que le exige el capital multinacional, intentó en estos días, mediante una campaña de declaraciones, lograr que Washington le diera alguna libertad para utilizar discrecionalmente estos y otros recursos, pero muy pronto fue disuadido de hacerlo por diversos medios, el último de los cuales fue la serie de dibujos animados de South Park en que aparece Felipe Calderón despilfarrando un botín de dinero, y que éste vetó en MTV Latinoamérica como refirió La Jornada el 11 de febrero.
7. La demagogia oficial de la supuesta guerra al narco, según parece olvidarse, beneficia también de manera directa a las trasnacionales, lo que ha ocultado de manera sistemática el gobierno panista. El 70 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero, que con este plan hacen enorme negocio y propician un más fácil control estratégico de las agencias estatales estadunidenses sobre México.
8. El recurso sistemático a la fuerza es un signo de debilidad política que no puede entenderse como un error sino como un crimen contra el pueblo, como en el caso actual. No extraña, por lo mismo, que un gobierno civil débil, aunque sea de facto, recurra a los militares para que respalden decisiones políticas suyas, que generalmente son facciosas, como en su desvarío lo está haciendo Calderón, trastocando todavía más las instituciones de la República. La intervención del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, en asuntos políticos el pasado 9 de marzo, exigiendo apoyo a las contrarreformas de Calderón, refleja también, sin embargo, la ignorancia política del gobierno espurio. Esa fecha se conmemora lo acontecido el 9 de febrero de 1913, día en el que el Ejército federal traicionó al pueblo de México, y quebrantando el orden constitucional detuvo y asesinó al presidente Francisco I. Madero.
9. Los problemas de México con Estados Unidos siguen en tanto agravándose ante la incapacidad de un gobierno sin dignidad, que no tiene ya fuerza alguna para negociar con Washington. Luego del anuncio que hizo el presidente Barack Obama (olvidándose una vez más de sus promesas de campaña), indicando que había solicitado el 1º de febrero al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para armar mejor a la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro entre los dos países y reforzar las políticas para deportar e identificar a los indocumentados (el Programa E-Verify), no hubo reacción alguna de las dóciles autoridades mexicanas.
10. Las demandas expresadas ayer por algunos sectores de la sociedad civil de Chihuahua a Felipe Calderón de que se termine la violencia y se restablezca el estado de derecho en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, no son, por consiguiente, más que un absurdo. La ruptura de la legalidad constitucional y el establecimiento de un clima de violencia institucionalizada constituyen la piedra angular del proyecto panista-yunquista de gobierno, y así va a ser hasta finales del sexenio si el pueblo no responde de otra manera.
Réquiem por Ciudad Juárez
JOSÉ CUELI
Con dolor y rabia empiezo a escribir este artículo al tiempo que escucho los primeros acordes del Requiem, de Mozart.
El sábado 30 de enero de 2010 ocurrió una siniestra matanza en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, localidad que la delincuencia organizada ha convertido en una sucursal del infierno en la tierra.
Una cuadrilla de sicarios irrumpió en una fiesta y asesinó a mansalva a 15 personas (en su mayoría jóvenes estudiantes entre 15 y 19 años de edad) e hirió a otras 10, que aún se debaten entre la vida y la muerte.
Los familiares de las víctimas lloran amargamente y claman justicia a unas autoridades municipales, estatales y federales que ya hace mucho se volvieron sordas e insensibles ante las demandas de la ciudadanía que sólo anhela vivir en paz.
Frente a este juvenicidio (a los mexicanos nos gusta crear neologismos mediante la unión de palabras), creo que es necesario llevar a cabo análisis multidisciplinarios que nos permitan comprender cabalmente nuestra realidad en busca de soluciones racionales a los problemas.
En este sentido, el sicoanálisis enfocado hacia los fenómenos sociales, siguiendo los planteamientos de la metasicología freudiana, podría ayudarnos a entender la estructura inconsciente que subyace en fenómenos como el de la violencia que observamos en Ciudad Juárez. P.L. Assoun, en su texto El perjuicio y el ideal: hacia una clínica social del trauma, quiere contribuir a la construcción de una metasicología de lo social.
Inicia sus reflexiones con el siguiente planteamiento: “Lo actual del malestar sobre la escena social, tal como lo muestra la práctica sicoanalítica, es una vaga ‘sensación’ general de perjuicio. Está adoptando formas singulares; puede, sin embargo, condensarse en el significante exclusión. Apunta así a un trauma originario que organiza una posición subjetiva caracterizable como perjudicada”.
Assoun parte de una pregunta de Goethe que, en su opinión, nos ubica en el centro mismo de lo cuestionado por el sicoanálisis cuando hace una “alusión a un cierto perjuicio de origen –en forma de exclamación a la patética perplejidad–, que se supone se inflige a un niño –pues siempre se trata de un niño, hasta en las formas más ‘adultas’ de daños inconscientes–, un ‘otro’ enigmático, causa putativa de esta adulteración”.
Su inquietud, como la nuestra, es acuciante y apunta a intentar comprender el intrincado centro de este origen “cuando la figura del perjuicio está en el cénit de la ‘enfermedad de civilización”’. Hay quienes delinquen (como enunció Freud) por culpa, y la angustia y los perseguidores inconscientes los llevarán a matar una y otra vez. Otros asesinan por placer (la abyección en la perversión) sin experimentar la menor culpa.
El horror y la crueldad se enseñorean como archivos del mal, mal radical denunciado por Derrida. Narcisismo y pulsión de muerte cabalgan en la misma grupa en Ciudad Juárez. Como la Mignon de Goethe (la heroína miserable) los habitantes juarenses se asfixian en el lugar de la pérdida, del duelo inelaborable, del perjuicio.
México piensa todos los días en las víctimas inocentes que ha producido la guerra insensata contra el narcotráfico. La corrupción y la impunidad siguen. El dolor y la rabia también.
Mientras tanto suenan las palabras finales de la communio mozartiana: Requiem aeternam dona eis, Domine:/ et lux perpetua luceat eis,/ cum sanctis tuis in aeternum,/ quia piu es.
JOSÉ CUELI
Con dolor y rabia empiezo a escribir este artículo al tiempo que escucho los primeros acordes del Requiem, de Mozart.
El sábado 30 de enero de 2010 ocurrió una siniestra matanza en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, localidad que la delincuencia organizada ha convertido en una sucursal del infierno en la tierra.
Una cuadrilla de sicarios irrumpió en una fiesta y asesinó a mansalva a 15 personas (en su mayoría jóvenes estudiantes entre 15 y 19 años de edad) e hirió a otras 10, que aún se debaten entre la vida y la muerte.
Los familiares de las víctimas lloran amargamente y claman justicia a unas autoridades municipales, estatales y federales que ya hace mucho se volvieron sordas e insensibles ante las demandas de la ciudadanía que sólo anhela vivir en paz.
Frente a este juvenicidio (a los mexicanos nos gusta crear neologismos mediante la unión de palabras), creo que es necesario llevar a cabo análisis multidisciplinarios que nos permitan comprender cabalmente nuestra realidad en busca de soluciones racionales a los problemas.
En este sentido, el sicoanálisis enfocado hacia los fenómenos sociales, siguiendo los planteamientos de la metasicología freudiana, podría ayudarnos a entender la estructura inconsciente que subyace en fenómenos como el de la violencia que observamos en Ciudad Juárez. P.L. Assoun, en su texto El perjuicio y el ideal: hacia una clínica social del trauma, quiere contribuir a la construcción de una metasicología de lo social.
Inicia sus reflexiones con el siguiente planteamiento: “Lo actual del malestar sobre la escena social, tal como lo muestra la práctica sicoanalítica, es una vaga ‘sensación’ general de perjuicio. Está adoptando formas singulares; puede, sin embargo, condensarse en el significante exclusión. Apunta así a un trauma originario que organiza una posición subjetiva caracterizable como perjudicada”.
Assoun parte de una pregunta de Goethe que, en su opinión, nos ubica en el centro mismo de lo cuestionado por el sicoanálisis cuando hace una “alusión a un cierto perjuicio de origen –en forma de exclamación a la patética perplejidad–, que se supone se inflige a un niño –pues siempre se trata de un niño, hasta en las formas más ‘adultas’ de daños inconscientes–, un ‘otro’ enigmático, causa putativa de esta adulteración”.
Su inquietud, como la nuestra, es acuciante y apunta a intentar comprender el intrincado centro de este origen “cuando la figura del perjuicio está en el cénit de la ‘enfermedad de civilización”’. Hay quienes delinquen (como enunció Freud) por culpa, y la angustia y los perseguidores inconscientes los llevarán a matar una y otra vez. Otros asesinan por placer (la abyección en la perversión) sin experimentar la menor culpa.
El horror y la crueldad se enseñorean como archivos del mal, mal radical denunciado por Derrida. Narcisismo y pulsión de muerte cabalgan en la misma grupa en Ciudad Juárez. Como la Mignon de Goethe (la heroína miserable) los habitantes juarenses se asfixian en el lugar de la pérdida, del duelo inelaborable, del perjuicio.
México piensa todos los días en las víctimas inocentes que ha producido la guerra insensata contra el narcotráfico. La corrupción y la impunidad siguen. El dolor y la rabia también.
Mientras tanto suenan las palabras finales de la communio mozartiana: Requiem aeternam dona eis, Domine:/ et lux perpetua luceat eis,/ cum sanctis tuis in aeternum,/ quia piu es.
Imagen sin derecho
Ernesto Villanueva
MÉXICO, D.F., 11 de febrero.- Libertad de informar no significa licencia para violentar derechos de las personas, para solazarse ante las desgracias ajenas o para erosionar los mínimos razonables de la civilidad democrática. El derecho a la propia imagen se ha reducido en México a una imagen sin derecho. En efecto, cada día se puede ver cómo los medios de comunicación difunden imágenes bajo la lógica de que, mientras más sangre y violencia, mejor negocio. La nota roja ha pasado de los últimos espacios a las primeras planas sin que nadie diga ni haga nada. Lo peor de todo es que, en el mayor número de los casos, los responsables no saben que su conducta no concuerda ni con el derecho ni con la ética. Veamos.
Primero. El derecho a la propia imagen significa la prerrogativa de toda persona para decidir la figura o representación de su propia identidad y, por ende, la reproducción de su imagen personal. No es, por supuesto, un derecho absoluto. Como bien señala el Tribunal Constitucional español: “No puede deducirse (…) que el derecho a la propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado, y sin reservas, a permanecer en el anonimato. Pero tampoco el anonimato, como expresión de un ámbito de reserva especialmente amplio, es un valor absolutamente irrelevante, quedando desprotegido el interés de una persona a salvaguardarlo impidiendo que su imagen se capte y se difunda”.
El equilibrio entre la libertad de informar y el derecho a la propia imagen resulta de ponderar si se trata de una persona pública o no, y si se trata o no de una información de interés público. La persona pública no sólo es un servidor público, sino también aquella que voluntaria o involuntariamente se ha sometido por su comportamiento a un escrutinio social recurrente, renunciando así al anonimato original. Por su parte, la información de interés público no reside en la curiosidad de la gente. El interés público no es el interés del público. Tampoco es únicamente el criterio periodístico de lo que es o no noticia. Se trata en realidad de aquellos datos y hechos que son útiles a la sociedad para ejercer derechos y cumplir obligaciones en su más amplio sentido.
Segundo. El principio de ponderación se desvanece en México empezando por la autoridad responsable de procurar justicia. ¿Es justo, por ejemplo, “presentar” a los presuntos responsables de un delito ante los medios de comunicación? ¿No se viola el derecho a la presunción de inocencia y a la propia imagen de las personas “presentadas” en los medios? Paradójicamente, las autoridades de procuración de justicia someten a los presuntos responsables a un doble proceso: el legal, que es el único aceptable en un estado mínimo de derecho, y el mediático, generando presiones indebidas en los juzgadores. Se utiliza así ilegalmente todo el aparato del Estado contra personas que no han sido declaradas culpables por la autoridad competente. El caso de las fotografías denostando al señor Alfredo Beltrán Leyva fue la gota que derramó el vaso de los umbrales de tolerancia de la razón.
Tercero. Los medios también son responsables de lo que pasa. Los casos del desastre en Haití y de los jóvenes muertos en Ciudad Juárez en días pasados son ejemplos claros de que algo anda mal. ¿Es necesario mostrar el rostro de un niño victimado? ¿Usted lo mostraría si fuera su hijo o su hija? ¿Por ser de Haití y ser pobres carecen de derechos y puede haber una intrusión mediática en su intimidad? ¿Cuál es el interés público en mostrar el rostro de un menor o incluso de un adulto victimado, sea civil o militar? ¿No se satisface el interés público ocultando el rostro y mostrando el contexto?
No se trata de cuestiones accesorias; antes bien, son asuntos en los cuales la sociedad debe reflexionar. No es para menos. La difamación o la calumnia pueden ser combatidas por el afectado mediante la vía civil o el ejercicio del derecho de réplica. Pero la exposición de la vida privada con la difusión ilegítima de la imagen no tiene remedio. El reclamo del agraviado sólo serviría para dar nueva difusión precisamente a la imagen que no quiso fuera publicada, incrementando el daño en su patrimonio moral. Y en el caso de las imágenes de agentes de la policía y de efectivos militares en escenas de delitos, ni el gobierno ni los medios parecen preocuparse por la integridad personal de ellos.
Cuando la ética periodística se extravía, no sólo se atenta contra la dignidad de la persona cuya imagen fue difundida sin razón fundada, sino también contra la de televidentes o lectores que son expuestos a esas imágenes como algo digno de ser visto y procesado por todos como algo “normal”. Con ellas no se denuncia un hecho lamentable o ilegal, sino que se coadyuva, a veces de manera involuntaria, a insensibilizar a la sociedad ante la violencia y el dolor ajeno, así como a confundirla sobre lo que es correcto y aquello que no lo es. Se ha creado un círculo vicioso donde se compite por ver quién ofrece las imágenes más denigrantes. Esto no debería convertirse en una fatalidad más.
Ernesto Villanueva
MÉXICO, D.F., 11 de febrero.- Libertad de informar no significa licencia para violentar derechos de las personas, para solazarse ante las desgracias ajenas o para erosionar los mínimos razonables de la civilidad democrática. El derecho a la propia imagen se ha reducido en México a una imagen sin derecho. En efecto, cada día se puede ver cómo los medios de comunicación difunden imágenes bajo la lógica de que, mientras más sangre y violencia, mejor negocio. La nota roja ha pasado de los últimos espacios a las primeras planas sin que nadie diga ni haga nada. Lo peor de todo es que, en el mayor número de los casos, los responsables no saben que su conducta no concuerda ni con el derecho ni con la ética. Veamos.
Primero. El derecho a la propia imagen significa la prerrogativa de toda persona para decidir la figura o representación de su propia identidad y, por ende, la reproducción de su imagen personal. No es, por supuesto, un derecho absoluto. Como bien señala el Tribunal Constitucional español: “No puede deducirse (…) que el derecho a la propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado, y sin reservas, a permanecer en el anonimato. Pero tampoco el anonimato, como expresión de un ámbito de reserva especialmente amplio, es un valor absolutamente irrelevante, quedando desprotegido el interés de una persona a salvaguardarlo impidiendo que su imagen se capte y se difunda”.
El equilibrio entre la libertad de informar y el derecho a la propia imagen resulta de ponderar si se trata de una persona pública o no, y si se trata o no de una información de interés público. La persona pública no sólo es un servidor público, sino también aquella que voluntaria o involuntariamente se ha sometido por su comportamiento a un escrutinio social recurrente, renunciando así al anonimato original. Por su parte, la información de interés público no reside en la curiosidad de la gente. El interés público no es el interés del público. Tampoco es únicamente el criterio periodístico de lo que es o no noticia. Se trata en realidad de aquellos datos y hechos que son útiles a la sociedad para ejercer derechos y cumplir obligaciones en su más amplio sentido.
Segundo. El principio de ponderación se desvanece en México empezando por la autoridad responsable de procurar justicia. ¿Es justo, por ejemplo, “presentar” a los presuntos responsables de un delito ante los medios de comunicación? ¿No se viola el derecho a la presunción de inocencia y a la propia imagen de las personas “presentadas” en los medios? Paradójicamente, las autoridades de procuración de justicia someten a los presuntos responsables a un doble proceso: el legal, que es el único aceptable en un estado mínimo de derecho, y el mediático, generando presiones indebidas en los juzgadores. Se utiliza así ilegalmente todo el aparato del Estado contra personas que no han sido declaradas culpables por la autoridad competente. El caso de las fotografías denostando al señor Alfredo Beltrán Leyva fue la gota que derramó el vaso de los umbrales de tolerancia de la razón.
Tercero. Los medios también son responsables de lo que pasa. Los casos del desastre en Haití y de los jóvenes muertos en Ciudad Juárez en días pasados son ejemplos claros de que algo anda mal. ¿Es necesario mostrar el rostro de un niño victimado? ¿Usted lo mostraría si fuera su hijo o su hija? ¿Por ser de Haití y ser pobres carecen de derechos y puede haber una intrusión mediática en su intimidad? ¿Cuál es el interés público en mostrar el rostro de un menor o incluso de un adulto victimado, sea civil o militar? ¿No se satisface el interés público ocultando el rostro y mostrando el contexto?
No se trata de cuestiones accesorias; antes bien, son asuntos en los cuales la sociedad debe reflexionar. No es para menos. La difamación o la calumnia pueden ser combatidas por el afectado mediante la vía civil o el ejercicio del derecho de réplica. Pero la exposición de la vida privada con la difusión ilegítima de la imagen no tiene remedio. El reclamo del agraviado sólo serviría para dar nueva difusión precisamente a la imagen que no quiso fuera publicada, incrementando el daño en su patrimonio moral. Y en el caso de las imágenes de agentes de la policía y de efectivos militares en escenas de delitos, ni el gobierno ni los medios parecen preocuparse por la integridad personal de ellos.
Cuando la ética periodística se extravía, no sólo se atenta contra la dignidad de la persona cuya imagen fue difundida sin razón fundada, sino también contra la de televidentes o lectores que son expuestos a esas imágenes como algo digno de ser visto y procesado por todos como algo “normal”. Con ellas no se denuncia un hecho lamentable o ilegal, sino que se coadyuva, a veces de manera involuntaria, a insensibilizar a la sociedad ante la violencia y el dolor ajeno, así como a confundirla sobre lo que es correcto y aquello que no lo es. Se ha creado un círculo vicioso donde se compite por ver quién ofrece las imágenes más denigrantes. Esto no debería convertirse en una fatalidad más.
