CONTRA EL ESTADO DE EXCEPCION
9 mar 2010
Fin a la militarización del país, demandan familias juarenses
Basta de una guerra que no queremos, de mentiras; necesitamos justicia, expresan
Solidaridad es la respuesta a los sucesos en esa urbe fronteriza, afirma Carlos Monsiváis
Exigen que poderes Legislativo y Judicial eviten que se profundice el estado de sitio
FABIOLA PALAPA QUIJAS
Periódico La Jornada
Martes 9 de marzo de 2010, p. 39
Familiares de víctimas de la matanza estudiantil de Salvácar, Chihuahua, perpetrada el pasado 30 de enero, levantaron la voz para decir a las autoridades basta de una guerra que no queremos. Basta de mentiras. No queremos canjear nada por vida. Necesitamos justicia en Juárez y todo el país para detener este terrible imperio de la impunidad.
En el foro Primero la justicia, voces por Juárez, que se realizó en la Casa del Teatro, en Coyoacán, Distrito Federal, convocado por distintos artistas, las juarenses advirtieron que esta guerra es un plan para todo el país y existen “réplicas en Tamaulipas, Coahuila y Michoacán, pero Ciudad Juárez, desde hace años, ha sido laboratorio de experimentación, de feminicidios, y ahora somos la experimentación de la militarización del país”.
Expresaron: no puede haber reconstrucción sin justicia, porque la impunidad seguirá llenando de sangre nuestras calles. No puede haber reconstrucción arrebatándonos a nuestros hijos. No puede haber reconstrucción en el marco de una vida secuestrada y sin libertades. La única plataforma de convivencia y reconstrucción es la justicia.
En el encuentro compartieron sus testimonios Luz María y Patricia Dávila, madre y tía, respectivamente, de dos estudiantes asesinados en la matanza de Salvácar. Tenemos mucho miedo, pero el dolor, el coraje y la impotencia nos hicieron levantar la voz. A lo mejor hablamos de más, sin embargo, estoy segura de que lo que expusimos fue porque lo sentimos, manifestó Patricia.
Todo empeoró con la llegada del Ejército
Agregó que las autoridades no aceptan lo que ocurre en Chihuahua, porque es admitir que su estrategia falló. A partir de la llegada del Ejército todo empeoró. Seguiremos adelante con todo, buscamos justicia y paz en Juárez; no queremos que esta ciudad desaparezca.
Patricia Dávila comentó que se siente “tan lejos de Dios y tan cerquita de El Paso, Texas. Allá se siente el ambiente diferente, y en Juárez tenemos miedo de salir. Ya no salimos a la calle, y a nuestros hijos los encerramos temprano. Ya no dormimos, ya no hay trabajo. Es un ambiente pesado y triste.
Sabemos que a lo mejor corremos peligro por todo lo que estamos haciendo, pero pienso que pedir justicia no es delito. Prefiero que me maten hablando, porque a esos jóvenes los ultimaron callados y no se defendieron. Nosotros vamos a defenderlos diciendo lo que pensamos y sentimos, para que nos escuchen.
A su vez, el escritor Carlos Monsiváis indicó que la respuesta a los sucesos en Ciudad Juárez es la solidaridad, y dijo estar convencido de que nosotros debemos esperar que haya muchísimas mujeres como ella (Luz María Dávila), que no le den la bienvenida al poder.
El director de teatro Luis de Tavira, en su intervención, sostuvo que el trabajo fundamental de la cultura es construir la conciencia sobre la realidad de lo que sucede todos los días en nuestro país. Estamos aquí quienes estamos preocupados por el trabajo de los derechos humanos.
De acuerdo con los organizadores del foro, en Juárez fueron asesinadas 300 personas durante 2007; en 2008, mil 601, y en 2009 la cifra se incrementó a 2 mil 637.
En la declaratoria del foro, donde se recordó a Carlos Montemayor, los participantes externaron su repudio a las acciones de los tres niveles de gobierno, que pretenden poner al margen de la toma de decisiones a sectores imprescindibles de la población juarense, y exigieron que se tomen en cuenta todos los planteamientos de quienes hasta ahora han sido excluidos o acallados por representar una visión distinta a la que el gobierno federal pretende imponer.
Demandaron la intervención oportuna y efectiva de los poderes Legislativo y Judicial, con el fin de no permitir que el Ejecutivo profundice el estado de sitio que ya está sembrado, según el documento. Exhortaron a todo el país y a la comunidad internacional a no dejar solos a los juarenses, a merced de la manipulación de ciertos medios de comunicación, y a crear una agenda ciudadana para la restauración de las condiciones de seguridad nacional, respeto a la vida y dignidad humana y estado de derecho.
En su declaratoria proponen crear un grupo ciudadano de observadores nacionales e internacionales que promuevan acciones de paz en el municipio de Juárez y en todos los lugares del país donde prevalecen las mismas condiciones de violencia.
Las juarenses, en compañía de algunos actores, se reunirán este martes en la Torre del Caballito, a las 10:30 horas, para presentar en el Senado la declaratoria del foro Primero la justicia, voces por Juárez.
Actores como Juan Manuel Bernal, José María de Tavira, José María Yazpik, Luisa Huertas, Adriana Roel, Iliana Fox, Cecilia Suárez y Dolores Heredia prestaron su voz para leer testimonios de víctimas de Juárez, quienes prefirieron permanecer en el anonimato.
El asesor de Naciones Unidas en el combate contra las drogas y la corrupción, Samuel González, quien participó en la mesa de reflexión y análisis de la situación en Juárez, sostuvo: tenemos instituciones que no dan resultados, porque existe un pacto político de impunidad, un pacto político que se fragua en el país particularmente desde 2003.
Basta de una guerra que no queremos, de mentiras; necesitamos justicia, expresan
Solidaridad es la respuesta a los sucesos en esa urbe fronteriza, afirma Carlos Monsiváis
Exigen que poderes Legislativo y Judicial eviten que se profundice el estado de sitio
FABIOLA PALAPA QUIJAS
Periódico La Jornada
Martes 9 de marzo de 2010, p. 39
Familiares de víctimas de la matanza estudiantil de Salvácar, Chihuahua, perpetrada el pasado 30 de enero, levantaron la voz para decir a las autoridades basta de una guerra que no queremos. Basta de mentiras. No queremos canjear nada por vida. Necesitamos justicia en Juárez y todo el país para detener este terrible imperio de la impunidad.
En el foro Primero la justicia, voces por Juárez, que se realizó en la Casa del Teatro, en Coyoacán, Distrito Federal, convocado por distintos artistas, las juarenses advirtieron que esta guerra es un plan para todo el país y existen “réplicas en Tamaulipas, Coahuila y Michoacán, pero Ciudad Juárez, desde hace años, ha sido laboratorio de experimentación, de feminicidios, y ahora somos la experimentación de la militarización del país”.
Expresaron: no puede haber reconstrucción sin justicia, porque la impunidad seguirá llenando de sangre nuestras calles. No puede haber reconstrucción arrebatándonos a nuestros hijos. No puede haber reconstrucción en el marco de una vida secuestrada y sin libertades. La única plataforma de convivencia y reconstrucción es la justicia.
En el encuentro compartieron sus testimonios Luz María y Patricia Dávila, madre y tía, respectivamente, de dos estudiantes asesinados en la matanza de Salvácar. Tenemos mucho miedo, pero el dolor, el coraje y la impotencia nos hicieron levantar la voz. A lo mejor hablamos de más, sin embargo, estoy segura de que lo que expusimos fue porque lo sentimos, manifestó Patricia.
Todo empeoró con la llegada del Ejército
Agregó que las autoridades no aceptan lo que ocurre en Chihuahua, porque es admitir que su estrategia falló. A partir de la llegada del Ejército todo empeoró. Seguiremos adelante con todo, buscamos justicia y paz en Juárez; no queremos que esta ciudad desaparezca.
Patricia Dávila comentó que se siente “tan lejos de Dios y tan cerquita de El Paso, Texas. Allá se siente el ambiente diferente, y en Juárez tenemos miedo de salir. Ya no salimos a la calle, y a nuestros hijos los encerramos temprano. Ya no dormimos, ya no hay trabajo. Es un ambiente pesado y triste.
Sabemos que a lo mejor corremos peligro por todo lo que estamos haciendo, pero pienso que pedir justicia no es delito. Prefiero que me maten hablando, porque a esos jóvenes los ultimaron callados y no se defendieron. Nosotros vamos a defenderlos diciendo lo que pensamos y sentimos, para que nos escuchen.
A su vez, el escritor Carlos Monsiváis indicó que la respuesta a los sucesos en Ciudad Juárez es la solidaridad, y dijo estar convencido de que nosotros debemos esperar que haya muchísimas mujeres como ella (Luz María Dávila), que no le den la bienvenida al poder.
El director de teatro Luis de Tavira, en su intervención, sostuvo que el trabajo fundamental de la cultura es construir la conciencia sobre la realidad de lo que sucede todos los días en nuestro país. Estamos aquí quienes estamos preocupados por el trabajo de los derechos humanos.
De acuerdo con los organizadores del foro, en Juárez fueron asesinadas 300 personas durante 2007; en 2008, mil 601, y en 2009 la cifra se incrementó a 2 mil 637.
En la declaratoria del foro, donde se recordó a Carlos Montemayor, los participantes externaron su repudio a las acciones de los tres niveles de gobierno, que pretenden poner al margen de la toma de decisiones a sectores imprescindibles de la población juarense, y exigieron que se tomen en cuenta todos los planteamientos de quienes hasta ahora han sido excluidos o acallados por representar una visión distinta a la que el gobierno federal pretende imponer.
Demandaron la intervención oportuna y efectiva de los poderes Legislativo y Judicial, con el fin de no permitir que el Ejecutivo profundice el estado de sitio que ya está sembrado, según el documento. Exhortaron a todo el país y a la comunidad internacional a no dejar solos a los juarenses, a merced de la manipulación de ciertos medios de comunicación, y a crear una agenda ciudadana para la restauración de las condiciones de seguridad nacional, respeto a la vida y dignidad humana y estado de derecho.
En su declaratoria proponen crear un grupo ciudadano de observadores nacionales e internacionales que promuevan acciones de paz en el municipio de Juárez y en todos los lugares del país donde prevalecen las mismas condiciones de violencia.
Las juarenses, en compañía de algunos actores, se reunirán este martes en la Torre del Caballito, a las 10:30 horas, para presentar en el Senado la declaratoria del foro Primero la justicia, voces por Juárez.
Actores como Juan Manuel Bernal, José María de Tavira, José María Yazpik, Luisa Huertas, Adriana Roel, Iliana Fox, Cecilia Suárez y Dolores Heredia prestaron su voz para leer testimonios de víctimas de Juárez, quienes prefirieron permanecer en el anonimato.
El asesor de Naciones Unidas en el combate contra las drogas y la corrupción, Samuel González, quien participó en la mesa de reflexión y análisis de la situación en Juárez, sostuvo: tenemos instituciones que no dan resultados, porque existe un pacto político de impunidad, un pacto político que se fragua en el país particularmente desde 2003.
Pacto antialianzas no incluyó aval a impuestos, se defiende Peña Nieto (Ah, bueno)
La redacción
MÉXICO, D.F., 8 de marzo (apro).- El gobernador Enrique Peña Nieto dijo hoy que el controvertido pacto ‘antialianzas’, que blindaría al Estado de México contra un eventual frente opositor PAN-PRD, no incluyó el aval en el Senado a la Ley de Ingresos 2010.
Al documento suscrito por los dirigentes nacionales de PRI y PAN, Beatriz Paredes y César Nava, respectivamente, advirtió Peña Nieto, “se le han querido colgar todo tipo de medallas”.
Y sin dar nombres, el gobernador mexiquense insistió en que sí hubo alguien que incumplió con el pacto.
Apenas ayer domingo, Paredes Rangel volvió a negar que haya su partido haya negociado con el PAN la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a cambio de que se frenaran las alianzas electorales en el Estado de México.
La dirigente priista incluso aseguró “que es un tema en el que Acción Nacional se enredó y quiere enredarnos a nosotros”.
Más tarde, el panista Nava Vázquez advirtió que no permitiría el “silencio o la falsedad” en el “convenio de colaboración” que firmaron PRI y PAN ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Nava aseguró en un comunicado que “asumí con responsabilidad las consecuencias de abordar públicamente la verdad y no permitiré como respuesta el silencio o la falsedad”.
Según el panista, “ellos (los priistas) no sólo incumplieron el acuerdo, sino que ahora no aceptan que en el fondo siempre estuvo su obligación de apoyar la Ley de Ingresos”.
Incluso reveló que “por lo que hace a Enrique Peña, reitero que fue él quien pidió el acuerdo del cual sería beneficiario. Si evade explicar en público los detalles del mismo, alguna razón tendrá. Su actitud no lo honra ni lo pone a la altura de la responsabilidad que supuestamente busca”.
En respuesta, Peña Nieto negó este lunes haber negociado el incremento de impuestos para 2010 a cambio de evitar alianzas entre PAN y PRD en la elección mexiquense de 2011.
Sin embargo, Peña Nieto eludió responder a los señalamientos del senador perredista Carlos Navarrete, en el sentido de que el expresidente Carlos Salinas es su virtual coordinador de campaña de cara al 2012.
Dijo que ya antes había comentado la relación que mantiene con Salinas de Gortari y que no era momento de volver a referirse a ella.
Denuncian ante el IFE a Gómez Mont y Edomex por pacto antialianzas
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 8 de marzo (apro).- Los partidos integrantes del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) presentaron hoy una queja contra el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Miranda, por presuntas violaciones constitucionales en el pacto antialianza entre el PAN y el PRI, que beneficia al gobernador Enrique Peña Nieto.
Los denunciantes aseguran que los funcionarios que firmaron como testigos “de honor” el convenio entre Beatriz Paredes y César Nava, presidentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), respectivamente, violaron el artículo 134 de la Constitución por infringir la neutralidad política y electoral.
Ese artículo constitucional ordena a los servidores públicos de la Federación, estados y municipios, que en todo tiempo tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En la queja firmada por el presidente del PRD, Jesús Ortega, y el coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México, Manuel Camacho, dirigida al presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, se afirma que Gómez Mont y Miranda, al firmar el convenio de Paredes y Nava, “infringen el principio de neutralidad política y electoral que les impone el Artículo 134”.
Se trata, añade, de una “actuación tendiente a afectar el desarrollo de la vida democrática en el país y el normal desarrollo de los poderes e instituciones públicas conforme al régimen constitucional de división de poderes, así como el derecho de celebrar alianzas y coaliciones electorales, la equidad entre los partidos políticos y el derecho de asociación política de los ciudadanos mexicanos”.
Las pruebas que acompañan a la queja son transcripciones de lo que han declarado públicamente los protagonistas sobre el pacto que consistió, según el convenio dado a conocer por Nava la noche del jueves, en que los legisladores priistas aprobarían la Ley de Ingresos propuesta por Felipe Calderón a cambio de que el PAN no se aliara con el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, justamente los que integran DIA, en las elecciones del Estado de México en 2011.
En el escrito de queja, entregado después del mediodía en las instalaciones del IFE, los miembros de DIA aclaran que recurrieron al IFE y no a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haya sanciones.
“En México están ocurriendo cosas muy graves, pero lo peor es que nos estamos convirtiendo en un país donde, sin consecuencia, nada pasa al final, todo se remite al consabido se investigarán los hechos. En este caso el hecho está confirmado, los funcionarios han aceptado su participación. Lo que toca ahora es actuar. Está en sus manos hacerlo”.
En conferencia de prensa, Camacho y Ortega aseguraron que es criticable que los dirigentes de los partidos hayan participado en un acuerdo de este tipo, ya que no debieron hacerlo basándose en la aprobación de la Ley de Ingresos.
Al respecto, Leonardo Valdés no quiso adelantar ningún juicio sobre la queja y aseguró que el IFE dará trámite e investigará si se violentó la legislación. Al ser interrogado sobre si es democrático que un secretario de Estado participe en negociaciones que sólo competen a los partidos políticos, cuando se están conformando alianzas en los estados, insistió en que no adelantará juicios.
“Yo no podría ni debería emitir ninguna opinión sobre el particular, ya que será un tema que tendremos que estudiar en los términos de la legislación”, reiteró.
--¿Pero el IFE tiene competencia en esta circunstancia que ya es conocida?
--Vamos a conocer la queja que se presenta y solamente después de conocer la queja y los términos, así como la fundamentación legal en la que se presenta, podremos tomar una opinión. Pero antes de eso todo es prematuro y es especulación.
La ASF solicita al gobierno de Veracruz reintegrar $250 millones no comprobados
NOTIMEX
Periódico La Jornada
Martes 9 de marzo de 2010, p. 31
Jalapa, Ver., 8 de marzo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió al gobierno de Veracruz devolver 250 millones de pesos cuyo gasto no justificó la Secretaría de Comunicaciones del estado (Secom), y que se le asignaron como parte de un paquete presupuestal de mil 200 millones de 2005 a 2008.
Hasta la fecha no se ha comprobado o justificado el dispendio, pero al parecer el dinero reclamado se destinó a la reparación del puente Coatzacoalcos I, dijo en conferencia de prensa el coordinador general de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Julen Rementería del Puerto.
La entidad recibió los 250 millones como apoyo para diversas obras de infraestructura, pero ahora debe restituirlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque Marcos Theurel Cotero, titular de la Secom, no respondió al requerimiento de informar con veracidad a qué obras fueron destinados, añadió el funcionario federal.
En Puebla, el presidente del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado, Víctor Manuel Hernández Quintana, dijo que unos 30 alcaldes actuales y 70 más del trienio anterior son procesados por falta de claridad en el manejo del recursos públicos para la realización de obras públicas.
Si se determina que son responsables, indicó, serían inhabilitados hasta por 15 años y se les imputarán los delitos que resulten. Agregó que la falta de documentación en el manejo de fondos federales es un problema recurrente a pesar de la capacitación que reciben los ediles y de que los ayuntamientos cuentan con tesoreros y contralores.
La redacción
MÉXICO, D.F., 8 de marzo (apro).- El gobernador Enrique Peña Nieto dijo hoy que el controvertido pacto ‘antialianzas’, que blindaría al Estado de México contra un eventual frente opositor PAN-PRD, no incluyó el aval en el Senado a la Ley de Ingresos 2010.
Al documento suscrito por los dirigentes nacionales de PRI y PAN, Beatriz Paredes y César Nava, respectivamente, advirtió Peña Nieto, “se le han querido colgar todo tipo de medallas”.
Y sin dar nombres, el gobernador mexiquense insistió en que sí hubo alguien que incumplió con el pacto.
Apenas ayer domingo, Paredes Rangel volvió a negar que haya su partido haya negociado con el PAN la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a cambio de que se frenaran las alianzas electorales en el Estado de México.
La dirigente priista incluso aseguró “que es un tema en el que Acción Nacional se enredó y quiere enredarnos a nosotros”.
Más tarde, el panista Nava Vázquez advirtió que no permitiría el “silencio o la falsedad” en el “convenio de colaboración” que firmaron PRI y PAN ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Nava aseguró en un comunicado que “asumí con responsabilidad las consecuencias de abordar públicamente la verdad y no permitiré como respuesta el silencio o la falsedad”.
Según el panista, “ellos (los priistas) no sólo incumplieron el acuerdo, sino que ahora no aceptan que en el fondo siempre estuvo su obligación de apoyar la Ley de Ingresos”.
Incluso reveló que “por lo que hace a Enrique Peña, reitero que fue él quien pidió el acuerdo del cual sería beneficiario. Si evade explicar en público los detalles del mismo, alguna razón tendrá. Su actitud no lo honra ni lo pone a la altura de la responsabilidad que supuestamente busca”.
En respuesta, Peña Nieto negó este lunes haber negociado el incremento de impuestos para 2010 a cambio de evitar alianzas entre PAN y PRD en la elección mexiquense de 2011.
Sin embargo, Peña Nieto eludió responder a los señalamientos del senador perredista Carlos Navarrete, en el sentido de que el expresidente Carlos Salinas es su virtual coordinador de campaña de cara al 2012.
Dijo que ya antes había comentado la relación que mantiene con Salinas de Gortari y que no era momento de volver a referirse a ella.
Denuncian ante el IFE a Gómez Mont y Edomex por pacto antialianzas
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 8 de marzo (apro).- Los partidos integrantes del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) presentaron hoy una queja contra el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Miranda, por presuntas violaciones constitucionales en el pacto antialianza entre el PAN y el PRI, que beneficia al gobernador Enrique Peña Nieto.
Los denunciantes aseguran que los funcionarios que firmaron como testigos “de honor” el convenio entre Beatriz Paredes y César Nava, presidentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), respectivamente, violaron el artículo 134 de la Constitución por infringir la neutralidad política y electoral.
Ese artículo constitucional ordena a los servidores públicos de la Federación, estados y municipios, que en todo tiempo tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En la queja firmada por el presidente del PRD, Jesús Ortega, y el coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México, Manuel Camacho, dirigida al presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, se afirma que Gómez Mont y Miranda, al firmar el convenio de Paredes y Nava, “infringen el principio de neutralidad política y electoral que les impone el Artículo 134”.
Se trata, añade, de una “actuación tendiente a afectar el desarrollo de la vida democrática en el país y el normal desarrollo de los poderes e instituciones públicas conforme al régimen constitucional de división de poderes, así como el derecho de celebrar alianzas y coaliciones electorales, la equidad entre los partidos políticos y el derecho de asociación política de los ciudadanos mexicanos”.
Las pruebas que acompañan a la queja son transcripciones de lo que han declarado públicamente los protagonistas sobre el pacto que consistió, según el convenio dado a conocer por Nava la noche del jueves, en que los legisladores priistas aprobarían la Ley de Ingresos propuesta por Felipe Calderón a cambio de que el PAN no se aliara con el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, justamente los que integran DIA, en las elecciones del Estado de México en 2011.
En el escrito de queja, entregado después del mediodía en las instalaciones del IFE, los miembros de DIA aclaran que recurrieron al IFE y no a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haya sanciones.
“En México están ocurriendo cosas muy graves, pero lo peor es que nos estamos convirtiendo en un país donde, sin consecuencia, nada pasa al final, todo se remite al consabido se investigarán los hechos. En este caso el hecho está confirmado, los funcionarios han aceptado su participación. Lo que toca ahora es actuar. Está en sus manos hacerlo”.
En conferencia de prensa, Camacho y Ortega aseguraron que es criticable que los dirigentes de los partidos hayan participado en un acuerdo de este tipo, ya que no debieron hacerlo basándose en la aprobación de la Ley de Ingresos.
Al respecto, Leonardo Valdés no quiso adelantar ningún juicio sobre la queja y aseguró que el IFE dará trámite e investigará si se violentó la legislación. Al ser interrogado sobre si es democrático que un secretario de Estado participe en negociaciones que sólo competen a los partidos políticos, cuando se están conformando alianzas en los estados, insistió en que no adelantará juicios.
“Yo no podría ni debería emitir ninguna opinión sobre el particular, ya que será un tema que tendremos que estudiar en los términos de la legislación”, reiteró.
--¿Pero el IFE tiene competencia en esta circunstancia que ya es conocida?
--Vamos a conocer la queja que se presenta y solamente después de conocer la queja y los términos, así como la fundamentación legal en la que se presenta, podremos tomar una opinión. Pero antes de eso todo es prematuro y es especulación.
La ASF solicita al gobierno de Veracruz reintegrar $250 millones no comprobados
NOTIMEX
Periódico La Jornada
Martes 9 de marzo de 2010, p. 31
Jalapa, Ver., 8 de marzo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió al gobierno de Veracruz devolver 250 millones de pesos cuyo gasto no justificó la Secretaría de Comunicaciones del estado (Secom), y que se le asignaron como parte de un paquete presupuestal de mil 200 millones de 2005 a 2008.
Hasta la fecha no se ha comprobado o justificado el dispendio, pero al parecer el dinero reclamado se destinó a la reparación del puente Coatzacoalcos I, dijo en conferencia de prensa el coordinador general de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Julen Rementería del Puerto.
La entidad recibió los 250 millones como apoyo para diversas obras de infraestructura, pero ahora debe restituirlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque Marcos Theurel Cotero, titular de la Secom, no respondió al requerimiento de informar con veracidad a qué obras fueron destinados, añadió el funcionario federal.
En Puebla, el presidente del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado, Víctor Manuel Hernández Quintana, dijo que unos 30 alcaldes actuales y 70 más del trienio anterior son procesados por falta de claridad en el manejo del recursos públicos para la realización de obras públicas.
Si se determina que son responsables, indicó, serían inhabilitados hasta por 15 años y se les imputarán los delitos que resulten. Agregó que la falta de documentación en el manejo de fondos federales es un problema recurrente a pesar de la capacitación que reciben los ediles y de que los ayuntamientos cuentan con tesoreros y contralores.
