EL PLAN MERIDA, LAS CUENTAS

¿A qué vienen?
PEDRO MIGUEL
¿A qué viene a México la cúpula de la diplomacia, la defensa, la seguridad y el espionaje de la gran potencia? ¿A regañar a Calderón por el caos violento en que se encuentra el país? ¿A cobrarle los tres homicidios del 15 de marzo en Ciudad Juárez mediante pagarés a cuenta de la soberanía? ¿A explicarle que la presidencia de Bush ya terminó, que los términos originales de la Iniciativa Mérida deben modificarse y que el actual gobierno de Estados Unidos no tiene una idea clara de las modificaciones correspondientes? ¿A pedirle que deje de tomarse tan en serio la guerra contra las drogas, si es que no quiere causar un perjuicio de verdad grave a la economía del país vecino? ¿O bien a suplicarle que intensifique esa guerra, porque las alicaídas lavadoras de Wall Street requieren de inyecciones adicionales de recursos? ¿A demandarle que siga descoyuntando al país en aras de la tranquilidad al norte del Río Bravo? ¿A exhortarlo a que ya no desestabilice a México, porque Washington no quiere enfrentarse a un éxodo de decenas de millones que huyen de una nación en guerra?
Muchas personas dan por sentado que la megavisita de este grandioso equipo de Intocables equivale a una suerte de toma de posesión, a la proclamación de un protectorado y, ante el entreguismo superlativo del actual gobierno mexicano, a la conversión informal de México no en una estrella más de la bandera estadunidense, sino en un nuevo condado de Texas. Supongamos. ¿Y qué harían después? ¿Intensificar aquí la cruzada contra el crimen o abandonarla del todo?
Parece ser (mientras más lo niegan las autoridades nacionales, menos se les cree) que los sherifes del otro lado actúan ya con impunidad al sur del río Bravo, acaso porque en algún lado tienen que mostrarse eficaces, y mal harían de intentarlo en su propio país, donde el negocio del narco funciona como un motor recién aceitado, sin persecuciones a balazos, sin combates con decenas de muertos, sin decomisos ni capturas relevantes y, claro, sin bochornosos ejemplos de corrupción de autoridades: desde los agentes de aduanas hasta los mandos militares de Estados Unidos, pasando por los jefes policiales, los gobernadores y los jueces, los funcionarios públicos de esa nación se mantienen a salvo de ser comprados por la delincuencia de las drogas mediante una decisión simple y genial: no combatirla.
A estas alturas, las metáforas de uno y otro gobiernos han terminado por situar a ambos países en un estado de completa confusión. Como botón de muestra, valga citar al embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, quien dijo ayer que la presencia del dream team de Obama tiene como propósito seguir revisando la cooperación entre ambos países y analizar los avances de la Iniciativa Mérida. Todo está muy bien, salvo que, según indica un cotejo entre propósitos y resultados, esa iniciativa no registra avances, sino retrocesos. Vean, si no, el empoderamiento de los cárteles, que ahora tienen la capacidad logística y operativa de paralizar, durante dos días consecutivos, una metrópoli como Monterrey; que en ocasiones pasan de ser perseguidos a perseguidores de las patrullas militares y que en Ciudad Juárez, a pesar de los miles de millones de pesos y los galones de saliva (hay que irse acostumbrando a las unidades métricas del intervencionismo) invertidos por el gobierno federal en un meritorio esfuerzo de erradicación, siguen paseándose a sus anchas.
Qué estremecedor: ¿se miente al hablar de triunfos oficiales o se mintió al enunciar propósitos? ¿Acaso los objetivos reales de todo este disparate eran acabar con el estado de derecho, el control territorial y cualquier vestigio de seguridad pública? Porque tales son, hasta donde los boletines oficiales permiten averiguarlo, los resultados de la aplicación de la Iniciativa Mérida.
A ver si ahora los gobernantes mexicanos y sus poderosos huéspedes se dan un ratito para aclararnos las dudas.

Muerte y rabia en el Tec...
Álvaro Delgado
MÉXICO, DF, 22 de marzo (apro).- En un país de profunda y crónica desigualdad, que ha excluido del desarrollo a más de la mitad de los habitantes, la élite política y financiera ha decretado también que los mexicanos no valen igual. Y así como en vida los hay de primera y de segunda, los muertos tienen análoga clasificación.
Se trata de una execrable categorización que se explica en el contexto de una sociedad que, en vastas porciones, es tan profundamente discriminatoria --y reproductora de los prejuicios de la élite--, que denomina naco a quien no sólo tiene piel morena, sino precariedad económica.
Por eso se entiende la indiferencia y hasta la repulsión de la élite económica y política ante el hambre y la muerte de millones de mexicanos, incluidos los que padecen las arbitrariedades y la pérdida de vidas a manos de bandas criminales que controlan vastas comarcas del país, pero también por parte de policías y soldados que operan con total impunidad.
Apenas el sábado 20, los comuneros Lorenzo Arballo Sánchez, Martín Arballo García, Marco Moreno Rodríguez, Audencio Mendoza Montes, Jesús Guadalupe Patrón Sánchez y Benigno Sarabia Medina fueron asesinados por el fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes que se enfrentaron en la autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.
Los campesinos pertenecían a la comunidad de El Placer, sindicatura de La Noria, Mazatlán, regresaban con sus familiares después de haberse manifestado en Culiacán contra la construcción de la presa Picachos y fueron abatidos a balazos cuando viajaban en una camioneta que quedó destrozada por granadas de fragmentación y balas.
Tres días después, hasta la noche del lunes 22, ni siquiera el gobernador Jesús Aguilar Padilla había mostrado sensibilidad ante el brutal crimen contra los comuneros. Tampoco el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se trasladó a Sinaloa para expresar sus condolencias. Menos Felipe Calderón y su mujer, Margarita Zavala, emitieron un comunicado conjunto para unirse “a la pena que embarga a los familiares y amigos” de esos seis mexicanos.
Las organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, México SOS del empresario Alejandro Martí, Iluminemos México y los organismos patronales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ignoraron por completo la muerte de esos seis mexicanos, como lo hicieron también con los 15 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, a los que Calderón, en su infinita prepotencia, tildó de “pandilleros”.
Con tal conducta de la élite política y económica puede colegirse que estos crímenes y otros muchos corresponden a mexicanos de segunda sobre los que no vale la pena ocuparse, porque de todas maneras están condenados a muerte.
Lo mismo parece ocurrir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara Abraham Guerra González y Ángel Guerra González, asesinados a balazos en Michoacán; o con Sandra de la Garza, ingeniera asesinada el viernes en Monterrey durante un tiroteo entre una banda de secuestradores y elementos del Ejército.
Pero, en contraste, el asesinato de dos estadunidenses y un mexicano vinculados al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 13, así como el homicidio de Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), han comenzado a activar la indignación de la élite.
El asesinato de los estadunidenses cimbró a la clase política por la irritación que concitó en Estados Unidos, mientras que el doble homicidio de los jóvenes del ITESM hizo que Calderón y su mujer expresaran, el domingo, su pesar y Gómez Mont viajó este lunes a Monterrey para tratar de evitar más costos políticos.
Mientras tanto las organizaciones civiles de la élite –que sólo reaccionan cuando el crimen toca a uno de los suyos o se producen homicidios de alto impacto-- celebran reuniones para valorar de qué manera expresar su indignación ante el doble homicidio sin exigir lo que es ya un clamor nacional: El cambio de estrategia gubernamental para evitar que más inocentes sigan cayendo bajo el fuego.
A la par, miembros de la comunidad del ITESM se han movilizado para, legítimamente, conocer la verdad y exigir justicia, en un clamor que trasciende Monterrey y aun las sucursales de esa institución educativa en todo el país, como lo ilustran las indignadas expresiones en la página en Facebook de Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado.
Con 2 mil 504 miembros en sólo dos días, en la página se expresa la rabia a partir de las muchas preguntas que surgen sobre la muerte de los dos jóvenes en el Tec, que se presume fueron torturados y desaparecidas las evidencias, como los videos de la propia institución educativa:
“¿Por qué el Ejército no pudo identificar que eran estudiantes una vez caídos Javier y Jorge por las balas? Forzosamente los muchachos tenían identificación. ¿Por qué uno de los estudiantes presenta golpes en el rostro (no confirmado si ambos)? Si fueron abatidos por el Ejército con disparos cometidos por error, ¿entonces por qué después los golpearon? ¿Era para buscar información o para que dijeran que eran sicarios? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué no hay todavía una versión oficial de la Sedena sobre los hechos del viernes 19? ¿Por qué el Ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar?
¿Por qué el Ejército dispara a personas no armadas que buscaban huir del enfrentamiento? ¿Por qué y quién le colocó las armas a los estudiantes ya fallecidos? ¿Encubrir un asesinato? ¿Era para que la prensa manejara la versión de presuntos sicarios? ¿Por qué el rector del Tec de Monterrey no canceló clases y actividades el viernes para investigar los hechos?... Exigimos saber la verdad...
Exigimos que el procurador Alejandro Garza y Garza dé su versión de los hechos. Exigimos que la Sedena brinde información sobre sus acciones durante el enfrentamiento. Exigimos que la prensa realice su labor periodística como debe ser y no estar bajo la tutela del gobierno o el narco, y declarar que los alumnos eran “sicarios” por solo ver armas al lado de los cuerpos y no confirmar su identidad. Una disculpa del Ejército, el rector y la prensa no nos regresarán a Javier y Jorge, pero necesitamos saber la verdad…
El pueblo mexicano necesita la verdad de lo que realmente pasó con Javier y Jorge para establecer lineamientos en las acciones tomadas en esta ‘guerra’ que nadie quiere y que lamentablemente está costando la vida de gente inocente...

Apuntes

En este contexto de sangre y de cadáveres que pueblan el territorio nacional, que en unas semanas sumarán los 20 mil asesinatos desde que Calderón inició su “guerra” para encubrir el fraude electoral de 2006, emergen las sospechas de que existe anuencia oficial para las ejecuciones extrajudiciales. Así lo hace presumir la ejecución de un narcomenudista detenido en Santa Catarina, Nuevo León, después de que estuvo en poder de elementos de la Secretaría de Marina y de la policía municipal… Y en medio del país ensangrentado, emerge la repelente figura de Javier Lozano Alarcón para tratar de imponer una ley laboral al gusto, justamente, de la élite que tiene al país en una profunda y crónica desigualdad…
El 18 de marzo de 1938
GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ
Acabamos de celebrar el aniversario de la expropiacion petrolera y la nacionalizacion del subsuelo de México al modificar el párrafo VI del artículo 27 de la Constitución. Voy a evitar calificativos, por las razones que más adelante iré dando, aunque sí empezaré por definirme, ya que tanto el acto expropiatorio como la nacionalización que sobrevino son en nuestros días objeto de encendidas polémicas entre quienes estamos completamente de acuerdo en que el 18 de marzo es una fecha de importancia capital, porque el petróleo ha sido motor del desarrollo industrial de nuestro país, pero también del crecimiento social de nuestra patria.
En las pasadas siete décadas ha habido desviaciones de este propósito nacionalizador que obedecen a la mala fe de quienes motivados por una irrefrenable sed de poder y de riquezas en beneficio personal o de pequeños grupos, y guiados por un falso patriotismo, estuvieron a punto de desbarrancar la empresa petrolera nacional, lo que sin duda habría tenido serias repercusiones en todo el país, pero fueron atacadas de raíz por presidentes de la República con gran visión.
Es sabida mi ya vieja admiración por quien llevó a cabo el acto expropiatorio, el general Lázaro Cárdenas, en el único momento histórico que esto era posible. Otros jefes de Estado, en muy distintas latitudes del planeta y diversos tiempos quisieron realizar una gesta similar. En Argelia, por ejemplo, el presidente Mohammad Mosaddeq fue derrocado en 1954 en el intento, tras lo cual sobrevino la era de los ayatolas. De todas maneras tenemos que reconocer el mérito de Mosaddeq, quien al menos lo intentó, aunque sin conseguirlo, para el pueblo argelino.
La gran sensibilidad de Lázaro Cárdenas, así como su conocimiento profundo de la historia nacional y su sentido de la oportunidad, lo acompañaron en todo momento. El 9 de marzo de 1938, después de la inauguración de un ingenio cañero en el estado de Morelos, Cárdenas detuvo su comitiva en la finca Eréndira, para comunicar al general Francisco J. Múgica su decisión de expropiar los bienes de las compañías petroleras que actuaban entonces en nuestro país, y más aún, de nacionalizzar el subsuelo modificando la Constitución. En seguida pidió al valioso general –gran amigo, cuya lealtad estaba a toda prueba, al igual que su acendrado patriotismo– que regresara a la ciudad de México acompañado del taquígrafo de toda la vida del presidente: Miguel Chávez García.
A fin de cuidar el secreto y no poner en aviso a las empresas petroleras, los dos fueron instalados en una torre del castillo de Chapultepec. Las copias y las cintas de la máquina de escribir se destruían una vez usadas para eliminar cualquier posibilidad de filtraciones hacia el exterior. Fueron aislados incluso de sus propias familias, no porque se desconfiara de ellos, sino por motivos de seguridad; no querían dar ninguna pista a las poderosas empresas extranjeras respecto de la intención del gobierno del presidente Cárdenas de ir más allá de la intervención de las compañías.
El conflicto de orden económico que se había generado, dada la negativa de las compañías extranjeras de cumplir con el laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había resuelto que pagaran la suma de 17 millones de pesos aproximadamente al sindicato petrolero por aumentos salariales, la cual hizo al amparo de la legislación en materia del trabajo de la época.
El desacato de las empresas a la resolución de la Corte fue algo que el presidente Cárdenas no podía admitir, como sentenció el 18 de marzo de 1938 en el documento que leyó primero ante su gabinete y luego al pueblo mexicano a través de la radio a las ocho de la noche de ese día.
El micrófono que usó estaba decorado con el águila del escudo nacional que se posaba sobre una esfera negra. El general Cárdenas sostenía con la mano izquierda el discurso que había sido escrito por el general Múgica y mecanografiado por Miguel Chávez con toral discreción en el castillo de Chapultepec.
La manga del saco del general Lázaro Cárdenas era un poco corta, así que permitía ver su puño derecho bien apretado, golpeando la mesa sobre la que descansaba el micrófono. Alrededor del presidente estaban Manuel Ávila Camacho y el doctor Leónides Andreu Almazán, jefe del Departamento de Salubridad, antecedente de la Secretaría de Salud.
Como dato curioso, hay que decir que el doctor Andreu Almazán era hermano del general Juan de los mismos apellidos, quien más tarde habría de presentarse a la justa electoral federal de 1939 y 40 en la que se declaró presidente de la República a Manuel Ávila Camacho, el mismo que estaba a la derecha cuando fue leído el manifiesto a la nación que expropiaba las instalaciones de las compañías petroleras, cuyos representantes en ese momento estaban en la antesala del despacho presidencial, solicitando audiencia por conducto del secretario particular del presidente, Raúl Castellano, hombre de toda la confianza de Cárdenas, muy merecida por lo demás, en cuyo despacho habría de redactarse inmediatamente después de leído el manifiesto, el decreto correspondiente, que no se hizo antes del 18 de marzo por requerir dos firmas más de los secretarios relacionados con la materia del decreto, lo cual implicaba la circulación del documento en diversas oficinas públicas, lo que habría dado oportunidad de conocer con toda precisión los siguientes pasos del gobierno para expropiar, y no intervenir solamente, los bienes e instalaciones de las empresas petroleras.
Los representantes de las empresas extranjeras en el último momento manifestaron que pagarían los 17 millones que pedía el sindicato, pero el presidente Cárdenas ya había declarado la nacionalización de la riqueza petrolera, que en adelante sólo sería de la nación mexicana y de los mexicanos.