HAMBRE Y SED DE JUSTICIA
5 mar 2010
Los fallos
LUIS JAVIER GARRIDO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se halla en entredicho por tres casos que han estremecido a México y que habrán de ser objeto de fallos de la justicia federal en los próximos días, los que van a revestir indudablemente un carácter histórico por las consecuencias jurídicas, sociales y políticas que entrañarán, y de los que depende el futuro del país.
1. La sociedad mexicana, agraviada como pocas veces luego de 2000 por las políticas de los gobiernos panistas que han violado de manera impune derechos fundamentales de muchas personas, grupos y sectores, y de la mayoría del pueblo mexicano, ha esperado en vano en estos 10 años la intervención de la SCJN haciendo justicia, sin que haya habido más respuesta de los pretenciosos ministros que ignorar el marco constitucional de la República con tal de servir al poder, pero ahora las cosas son mucho más graves.
2. Los tres casos en cuestión tienen algo en común, pues entrañan bochornosas violaciones del gobierno de Felipe Calderón a los derechos individuales y colectivos de varios grupos de mexicanos, pero constituyen al mismo tiempo atentados de la administración de facto panista contra los intereses fundamentales de la nación y, por ende, de todos los mexicanos, en su afán de entregar riquezas estratégicas al capital trasnacional violando abiertamente lo establecido en la Constitución General: a) el atentado contra los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, privados de su fuente de trabajo al desaparecer, sin tener facultades para ello, a Luz y Fuerza del Centro, y a los que se les han cancelado en los hechos sus derechos laborales constitucionales en un afán de Calderón y sus amigos de entregar el sector eléctrico a corporaciones extranjeras a las que los panistas se hallan asociados; b) el ataque contra los más de mil 200 trabajadores mineros de Cananea (Sonora), la más importante mina de cobre de la República, a los que se está cesando negándoseles el derecho de huelga en un afán de destruir al sindicato minero con el propósito de satisfacer los privilegios de una mafia de empresarios asociados a Germán Larrea y a Carlos Salinas de Gortari que fungen en el denominado Grupo México como prestanombres de intereses del exterior; y c) el encarcelamiento aberrante tras un proceso monstruoso de 12 detenidos políticos, la mayor parte de ellos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, encabezados por Ignacio del Valle, por la mera pretensión del gobierno del PAN de volver a echar a andar el proyecto de destruir la comunidad de San Salvador Atenco (estado de México) para entregar sus tierras a los intereses trasnacionales ansiosos de volver a echar a andar el proyecto de construir un aeropuerto internacional en sus tierras.
3. Los ministros de la SCJN han sido negligentes al negarse a emitir su decisión sobre las cuestiones centrales planteadas por los agraviados y, como en muchos otros casos, han apostado al desgaste de su lucha tratando de evadir sus responsabilidades mediante una serie de sentencias y opiniones de diversos tribunales que sólo buscan hacer tiempo y confundir a los mexicanos, pero que hasta ahora no han logrado sacar a la SCJN del enorme desprestigio en el que se halla y de la responsabilidad que tiene de emitir fallos que habrán de ser fundamentales en el devenir del país.
4. La realidad del Poder Judicial de nuestro país no se le oculta a nadie, ya que en México, como en el resto del mundo occidental sometido a las políticas del neoliberalismo, los grupos minoritarios que detentan el poder le han asignado también al más alto tribunal el papel de ser el supremo guardián de los intereses de las compañías multinacionales.
5. Noam Chomsky escribía hace poco en Público Internacional (7/2/10) que el 21 de enero de 2010 pasaría a la historia estadunidense como uno de sus días más oscuros por el fallo aberrante de la Corte Suprema de su país de equiparar a las grandes corporaciones a personas físicas y reconocerles los mismos derechos de éstas en materia electoral y en especial el de contribuir al financiamiento de candidatos y partidos, lo que en sus palabras constituía un golpe en pleno corazón a la democracia, pues en el futuro les sería más fácil a los consorcios comprar las elecciones e intimidar y subordinar a los funcionarios, lo que evidenciaba el papel de la Corte.
6. Este papel de perros guardianes de intereses espurios lo han desempeñado en México de manera sistemática la SCJN, que de manera constante ha fallado, al menos desde 1994, en favor de los intereses trasnacionales y de la mafia en el poder y en contra de los derechos del pueblo mexicano, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que avaló el fraude electoral de 2006 que llevó al poder en México a un gobierno ilegítimo, y que, entre otras tropelías, ha intervenido en la vida interna de los partidos.
7. Al menos desde 1994, año en que Ernesto Zedillo recompuso la integración de la Corte para formarla mayoritariamente con oscuros abogados fascistas y reaccionarios, serviles a los intereses multinacionales, ahora sometidos a los gobiernos panistas, todo dentro del proyecto de la alternancia política impulsado por Washington, en México no ha existido un Poder Judicial autónomo, sino un tribunal de consigna que reviste las decisiones políticas como fallos jurisdiccionales, generando una situación más grave que la existente en otros periodos de nuestra historia, incluyendo los años del porfirismo o del priísmo.
8. Un régimen político no puede ser democrático ni republicano si no está sustentado en un Poder Judicial autónomo, independiente del Ejecutivo, que cuente con tribunales de derecho y no de consigna, y ése no es el caso de México, donde la SCJN y el TEPJF –que son las más altas instancias de la judicatura– no fungen más que como instrumento de los intereses económicos y políticos de la mafia en el poder.
9. El gobierno espurio de Felipe Calderón, que está entregando los recursos de la nación al exterior, no es el único responsable de la crisis nacional. Lo es también de manera significativa el Poder Judicial, que también se halla hundido en la corrupción, y sus próximos fallos van a dejar las cosas claras: el país va a observar si otorga la protección de la justicia a los mexicanos cuyos derechos han sido pisoteados o sigue obsecuente a la mafia gobernante.
10. La lucha de un pueblo que tiene, como en 1910, hambre y sed de justicia, va a marcar de cualquier forma los meses por venir y el reclamo es absoluto. México requiere de un verdadero Poder Judicial autónomo, que actúe como un defensor de la Constitución y, asumiendo su responsabilidad fundamental, como un freno y contrapeso del poder político.
Las propuestas de reforma
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 4 de marzo.- La iniciativa de reforma política presidencial, que busca fortalecer al Poder Ejecutivo, logró sacudir a los grupos parlamentarios de los dos principales partidos de oposición, PRD y PRI, que presentaron sendas propuestas desde su posición actual, dirigidas a fortalecer al Legislativo.
Esto, que parecía lo razonable desde que en el año 2000 se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo, no había sucedido porque las tres principales fuerzas políticas no se atrevían a acotar las facultades presidenciales o a fortalecer las del Legislativo, pues todos querían mantener intactas las posibilidades de ejercer el presidencialismo que caracterizó durante 70 años al régimen priista.
Hoy, finalmente, todos los actores coinciden en que es necesario construir un nuevo orden institucional. El PRD destaca: “…la transición democrática no ha logrado un nuevo orden institucional ni un contrato social renovado, tampoco una constitucionalidad que confirme un sistema democrático”. En tanto que el PRI dice textualmente: “Hasta el momento no existe un nuevo arreglo institucional que refleje apropiadamente esta realidad política (…) En este sentido, hay que reconocer que las reglas que durante años rigieron la vida política nacional fueron diseñadas en un escenario diferente al actual (…) El actual diseño constitucional resulta insuficiente para regular los conflictos políticos de hoy en día”.
En su exposición de motivos, el PRD establece que su propuesta pretende “…fortalecer al Poder Legislativo, confiriéndole rasgos parlamentarios al sistema político, dotándolo de mecanismos de control que aumenten su capacidad para fiscalizar, evaluar y ratificar las acciones y decisiones del Poder Ejecutivo”. Por su parte, el PRI señala: “En el nuevo régimen democrático, el Poder Legislativo debe ocupar el espacio central”.
Así, en las tres iniciativas que se han entregado formalmente al Senado están claramente plasmadas las posiciones del Ejecutivo y el Legislativo. Y aunque en ellas hay propuestas positivas y atendibles, las tres adolecen de algunos problemas graves que, de no subsanarse, podrían impedir la construcción de un nuevo arreglo institucional democrático.
El problema conceptual estriba en que en un régimen presidencial la lógica que debe prevalecer es la del absoluto equilibrio entre los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para impedir que uno de ellos se convierta en hegemónico, como sucedió en México durante al menos 70 años. Ese ideal lo planteó hace mucho tiempo el propio Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Y esto significa que debe haber equilibrio, sin que ninguno de los tres poderes ocupe el “espacio central”.
Justamente porque en la actualidad se otorga un poder desmesurado al Ejecutivo, cualquier reforma política debe hacer una revisión integral de las atribuciones de los tres poderes, e incluso de los órganos autónomos. Así las tres iniciativas son un buen punto de partida, aunque deben subsanarse sus carencias.
Además, aunque la iniciativa presidencial y la priista incluyen propuestas que tienen que ver con el Poder Judicial, éste y la ciudadanía no están facultados constitucionalmente para presentar iniciativas. En consecuencia, puesto que la reforma afectará directa y gravemente a dicho poder y a los ciudadanos, es preciso diseñar un mecanismo efectivo para escuchar sus propuestas y puntos de vista.
Respecto a la ciudadanía, las tres iniciativas pretenden incrementar su participación en la vida nacional, aunque en los hechos la única que verdaderamente propone fórmulas efectivas para ello es la del PRD. La presidencial se limita a las candidaturas independientes y al referéndum en el caso específico de las iniciativas de reforma constitucional preferentes que no resuelva en tiempo el Congreso; mientras que en la propuesta del PRI la ciudadanía siempre queda sujeta a la voluntad del mismo Congreso, que debe evaluar y en su caso apoyar cualquier demanda de consulta popular.
Más allá de las evidentes diferencias entre las tres iniciativas, algunas de fondo y otras más de forma, todas simplemente constituyen un buen punto de partida, por lo que todavía se requiere de mucho trabajo y discusión para lograr la construcción de la nueva institucionalidad democrática a la que todos dicen aspirar.
Por lo mismo, comprometerse a aprobar una reforma política antes de que concluya el actual periodo legislativo (al que para efectos prácticos le faltan únicamente 16 sesiones plenarias) es casi renunciar a la misma, pues seguramente será una modificación menor y de compromiso, pero no la reforma profunda que requiere la realidad actual, como todos reconocen.
LUIS JAVIER GARRIDO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se halla en entredicho por tres casos que han estremecido a México y que habrán de ser objeto de fallos de la justicia federal en los próximos días, los que van a revestir indudablemente un carácter histórico por las consecuencias jurídicas, sociales y políticas que entrañarán, y de los que depende el futuro del país.
1. La sociedad mexicana, agraviada como pocas veces luego de 2000 por las políticas de los gobiernos panistas que han violado de manera impune derechos fundamentales de muchas personas, grupos y sectores, y de la mayoría del pueblo mexicano, ha esperado en vano en estos 10 años la intervención de la SCJN haciendo justicia, sin que haya habido más respuesta de los pretenciosos ministros que ignorar el marco constitucional de la República con tal de servir al poder, pero ahora las cosas son mucho más graves.
2. Los tres casos en cuestión tienen algo en común, pues entrañan bochornosas violaciones del gobierno de Felipe Calderón a los derechos individuales y colectivos de varios grupos de mexicanos, pero constituyen al mismo tiempo atentados de la administración de facto panista contra los intereses fundamentales de la nación y, por ende, de todos los mexicanos, en su afán de entregar riquezas estratégicas al capital trasnacional violando abiertamente lo establecido en la Constitución General: a) el atentado contra los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, privados de su fuente de trabajo al desaparecer, sin tener facultades para ello, a Luz y Fuerza del Centro, y a los que se les han cancelado en los hechos sus derechos laborales constitucionales en un afán de Calderón y sus amigos de entregar el sector eléctrico a corporaciones extranjeras a las que los panistas se hallan asociados; b) el ataque contra los más de mil 200 trabajadores mineros de Cananea (Sonora), la más importante mina de cobre de la República, a los que se está cesando negándoseles el derecho de huelga en un afán de destruir al sindicato minero con el propósito de satisfacer los privilegios de una mafia de empresarios asociados a Germán Larrea y a Carlos Salinas de Gortari que fungen en el denominado Grupo México como prestanombres de intereses del exterior; y c) el encarcelamiento aberrante tras un proceso monstruoso de 12 detenidos políticos, la mayor parte de ellos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, encabezados por Ignacio del Valle, por la mera pretensión del gobierno del PAN de volver a echar a andar el proyecto de destruir la comunidad de San Salvador Atenco (estado de México) para entregar sus tierras a los intereses trasnacionales ansiosos de volver a echar a andar el proyecto de construir un aeropuerto internacional en sus tierras.
3. Los ministros de la SCJN han sido negligentes al negarse a emitir su decisión sobre las cuestiones centrales planteadas por los agraviados y, como en muchos otros casos, han apostado al desgaste de su lucha tratando de evadir sus responsabilidades mediante una serie de sentencias y opiniones de diversos tribunales que sólo buscan hacer tiempo y confundir a los mexicanos, pero que hasta ahora no han logrado sacar a la SCJN del enorme desprestigio en el que se halla y de la responsabilidad que tiene de emitir fallos que habrán de ser fundamentales en el devenir del país.
4. La realidad del Poder Judicial de nuestro país no se le oculta a nadie, ya que en México, como en el resto del mundo occidental sometido a las políticas del neoliberalismo, los grupos minoritarios que detentan el poder le han asignado también al más alto tribunal el papel de ser el supremo guardián de los intereses de las compañías multinacionales.
5. Noam Chomsky escribía hace poco en Público Internacional (7/2/10) que el 21 de enero de 2010 pasaría a la historia estadunidense como uno de sus días más oscuros por el fallo aberrante de la Corte Suprema de su país de equiparar a las grandes corporaciones a personas físicas y reconocerles los mismos derechos de éstas en materia electoral y en especial el de contribuir al financiamiento de candidatos y partidos, lo que en sus palabras constituía un golpe en pleno corazón a la democracia, pues en el futuro les sería más fácil a los consorcios comprar las elecciones e intimidar y subordinar a los funcionarios, lo que evidenciaba el papel de la Corte.
6. Este papel de perros guardianes de intereses espurios lo han desempeñado en México de manera sistemática la SCJN, que de manera constante ha fallado, al menos desde 1994, en favor de los intereses trasnacionales y de la mafia en el poder y en contra de los derechos del pueblo mexicano, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que avaló el fraude electoral de 2006 que llevó al poder en México a un gobierno ilegítimo, y que, entre otras tropelías, ha intervenido en la vida interna de los partidos.
7. Al menos desde 1994, año en que Ernesto Zedillo recompuso la integración de la Corte para formarla mayoritariamente con oscuros abogados fascistas y reaccionarios, serviles a los intereses multinacionales, ahora sometidos a los gobiernos panistas, todo dentro del proyecto de la alternancia política impulsado por Washington, en México no ha existido un Poder Judicial autónomo, sino un tribunal de consigna que reviste las decisiones políticas como fallos jurisdiccionales, generando una situación más grave que la existente en otros periodos de nuestra historia, incluyendo los años del porfirismo o del priísmo.
8. Un régimen político no puede ser democrático ni republicano si no está sustentado en un Poder Judicial autónomo, independiente del Ejecutivo, que cuente con tribunales de derecho y no de consigna, y ése no es el caso de México, donde la SCJN y el TEPJF –que son las más altas instancias de la judicatura– no fungen más que como instrumento de los intereses económicos y políticos de la mafia en el poder.
9. El gobierno espurio de Felipe Calderón, que está entregando los recursos de la nación al exterior, no es el único responsable de la crisis nacional. Lo es también de manera significativa el Poder Judicial, que también se halla hundido en la corrupción, y sus próximos fallos van a dejar las cosas claras: el país va a observar si otorga la protección de la justicia a los mexicanos cuyos derechos han sido pisoteados o sigue obsecuente a la mafia gobernante.
10. La lucha de un pueblo que tiene, como en 1910, hambre y sed de justicia, va a marcar de cualquier forma los meses por venir y el reclamo es absoluto. México requiere de un verdadero Poder Judicial autónomo, que actúe como un defensor de la Constitución y, asumiendo su responsabilidad fundamental, como un freno y contrapeso del poder político.
Las propuestas de reforma
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 4 de marzo.- La iniciativa de reforma política presidencial, que busca fortalecer al Poder Ejecutivo, logró sacudir a los grupos parlamentarios de los dos principales partidos de oposición, PRD y PRI, que presentaron sendas propuestas desde su posición actual, dirigidas a fortalecer al Legislativo.
Esto, que parecía lo razonable desde que en el año 2000 se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo, no había sucedido porque las tres principales fuerzas políticas no se atrevían a acotar las facultades presidenciales o a fortalecer las del Legislativo, pues todos querían mantener intactas las posibilidades de ejercer el presidencialismo que caracterizó durante 70 años al régimen priista.
Hoy, finalmente, todos los actores coinciden en que es necesario construir un nuevo orden institucional. El PRD destaca: “…la transición democrática no ha logrado un nuevo orden institucional ni un contrato social renovado, tampoco una constitucionalidad que confirme un sistema democrático”. En tanto que el PRI dice textualmente: “Hasta el momento no existe un nuevo arreglo institucional que refleje apropiadamente esta realidad política (…) En este sentido, hay que reconocer que las reglas que durante años rigieron la vida política nacional fueron diseñadas en un escenario diferente al actual (…) El actual diseño constitucional resulta insuficiente para regular los conflictos políticos de hoy en día”.
En su exposición de motivos, el PRD establece que su propuesta pretende “…fortalecer al Poder Legislativo, confiriéndole rasgos parlamentarios al sistema político, dotándolo de mecanismos de control que aumenten su capacidad para fiscalizar, evaluar y ratificar las acciones y decisiones del Poder Ejecutivo”. Por su parte, el PRI señala: “En el nuevo régimen democrático, el Poder Legislativo debe ocupar el espacio central”.
Así, en las tres iniciativas que se han entregado formalmente al Senado están claramente plasmadas las posiciones del Ejecutivo y el Legislativo. Y aunque en ellas hay propuestas positivas y atendibles, las tres adolecen de algunos problemas graves que, de no subsanarse, podrían impedir la construcción de un nuevo arreglo institucional democrático.
El problema conceptual estriba en que en un régimen presidencial la lógica que debe prevalecer es la del absoluto equilibrio entre los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para impedir que uno de ellos se convierta en hegemónico, como sucedió en México durante al menos 70 años. Ese ideal lo planteó hace mucho tiempo el propio Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Y esto significa que debe haber equilibrio, sin que ninguno de los tres poderes ocupe el “espacio central”.
Justamente porque en la actualidad se otorga un poder desmesurado al Ejecutivo, cualquier reforma política debe hacer una revisión integral de las atribuciones de los tres poderes, e incluso de los órganos autónomos. Así las tres iniciativas son un buen punto de partida, aunque deben subsanarse sus carencias.
Además, aunque la iniciativa presidencial y la priista incluyen propuestas que tienen que ver con el Poder Judicial, éste y la ciudadanía no están facultados constitucionalmente para presentar iniciativas. En consecuencia, puesto que la reforma afectará directa y gravemente a dicho poder y a los ciudadanos, es preciso diseñar un mecanismo efectivo para escuchar sus propuestas y puntos de vista.
Respecto a la ciudadanía, las tres iniciativas pretenden incrementar su participación en la vida nacional, aunque en los hechos la única que verdaderamente propone fórmulas efectivas para ello es la del PRD. La presidencial se limita a las candidaturas independientes y al referéndum en el caso específico de las iniciativas de reforma constitucional preferentes que no resuelva en tiempo el Congreso; mientras que en la propuesta del PRI la ciudadanía siempre queda sujeta a la voluntad del mismo Congreso, que debe evaluar y en su caso apoyar cualquier demanda de consulta popular.
Más allá de las evidentes diferencias entre las tres iniciativas, algunas de fondo y otras más de forma, todas simplemente constituyen un buen punto de partida, por lo que todavía se requiere de mucho trabajo y discusión para lograr la construcción de la nueva institucionalidad democrática a la que todos dicen aspirar.
Por lo mismo, comprometerse a aprobar una reforma política antes de que concluya el actual periodo legislativo (al que para efectos prácticos le faltan únicamente 16 sesiones plenarias) es casi renunciar a la misma, pues seguramente será una modificación menor y de compromiso, pero no la reforma profunda que requiere la realidad actual, como todos reconocen.
¿Et tu, Salinas?
JORGE CAMIL
En la tragedia de Julio César el emperador, en uno de los momentos más dramáticos del teatro shakespeariano, descubre al entrañable Brutus entre sus asesinos y balbucea una frase que pasó a la historia como paradigma de todas las traiciones: ¿tú también, Brutus? Que con algo de licencia literaria convertiría en ¿eres tú, Salinas?
En un reciente seminario sobre la privatización de la banca el ex presidente declaró que el Estado debe retomar el control del sistema de pagos para tener un desarrollo soberano. ¿Salinas, promotor a ultranza del libre comercio, darling del neoliberalismo, poseído antaño por una fiebre privatizadora, se nacionaliza de pronto en este año de celebraciones patrias? Milenio tituló la nota con fanfarrias: ni neoliberalismo ni populismo, democracia republicana: Carlos Salinas (24/2/10).
Un somero análisis del discurso del ex presidente nos hace concluir que no traiciona sus antiguas convicciones: simplemente regresa a una vieja obsesión, que le ha tomado 16 años de investigación y dos tomos de miles de páginas: el error de diciembre. Hoy, convertido en factótum de la política nacional, Salinas ventila su sed de venganza: fue Ernesto Zedillo quien dio de baja a la mayor parte del equipo financiero (el equipo que Salinas necesitaba para seguir gobernando tras bambalinas) y duplicó en un mes (diciembre, claro está) la emisión de tesobonos: ¡un arma financiera de destrucción masiva concebida por Salinas!
En julio del año pasado comparé en estas páginas la crisis de 1995 con la situación actual, y concluí que la inusitada crisis enfrentada por Zedillo fue provocada por los excesos salinistas, y por una enorme deuda externa que había cambiado peligrosamente de manos. En lugar de un reducido grupo de bancos comerciales, con quienes antes se había negociado, Salinas convirtió a los acreedores en miles de inversionistas anónimos que cobraban intereses a través de poderosos fondos de inversión. A mitad de su sexenio, mientras negociaba entusiasmado el Tratado de Libre Comercio (TLC), Salinas cambió el perfil de la deuda y abrió la puerta para que las tesorerías de los fondos internacionales acudieran a México buscando los redituables tesobonos. Esos populares títulos de corto plazo, garantizados por el gobierno mexicano, estuvieron originalmente denominados en pesos, hasta que Salinas los convirtió a dólares. Devengaban además intereses a las elevadas tasas ofrecidas por la banca mexicana: un negocio redondo para los inversionistas, ¡y una bomba de tiempo para México!
El artefacto explotó tras los asesinatos de Posadas Ocampo, Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio, cuando los inversionistas, que buscaban utilidades y seguridad económica, sin riesgo político, iniciaron una atropellada fuga de capitales que redujo las reservas por debajo de los 6 mil millones de dólares. El país estaba quebrado, y algunos economistas discutían sotto voce la posibilidad de que Zedillo, a punto de asumir el poder, declarara una moratoria de pagos. He ahí el origen de la crisis de 1995, que Salinas insiste en atribuir a un elusivo error de diciembre del sucesor. Quince años después sabemos que la crisis no fue ocasionada por una supuesta impericia de Zedillo. Fue consecuencia de decisiones tomadas y actos (como los asesinatos políticos) ocurridos durante el gobierno de Salinas.
La privatización bancaria estuvo bien hecha, y no ocasionó la crisis de 1995, afirma sin inmutarse el hombre que malbarató aceleradamente el sistema bancario a casabolseros, interesados en el corto plazo, y empresarios que de la noche a la mañana se volvieron aprendices de banqueros. Salinas, hoy envuelto en la bandera de la rectoría del Estado, oculta que en 1990 privatizó la banca, y promulgó la ley que abrió la puerta a la inversión extranjera en los bancos. Miguel de la Madrid elevó a la Constitución el concepto de rectoría del Estado, pero Salinas lo anuló 10 años después, cuando desmanteló el partido, jugó con el sistema y se lanzó a perseguir el neoliberalismo. Se trataba de complacer al Congreso estadunidense para obtener la aprobación del TLC.
¿Et tu, Salinas, regresas 20 años después a promover el desarrollo soberano; hoy que la banca funciona con parámetros objetivos, capital, recursos técnicos y funcionarios profesionales? ¿Tú que descarrilaste un proceso iniciado en 1910 para asegurar el control gubernamental sobre la economía y los recursos naturales? Me refiero al lento proceso de consolidación de la rectoría del Estado que se inició con la Constitución de 1917, siguió su carrera ascendente hacia la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas y culminó con las reformas de Miguel de la Madrid, que insertaron un capítulo de derecho económico en la Constitución.
Qué tarde llega Salinas (el hombre que americanizó nuestro sistema jurídico) a recuperar la rectoría estatal y la soberanía; el hombre que negoció en 1991 un tramposo TLC que se extendió más allá del comercio de bienes para incluir inversiones, servicios, telecomunicaciones, servicios financieros y propiedad intelectual. ¿Et tu, Salinas?
JORGE CAMIL
En la tragedia de Julio César el emperador, en uno de los momentos más dramáticos del teatro shakespeariano, descubre al entrañable Brutus entre sus asesinos y balbucea una frase que pasó a la historia como paradigma de todas las traiciones: ¿tú también, Brutus? Que con algo de licencia literaria convertiría en ¿eres tú, Salinas?
En un reciente seminario sobre la privatización de la banca el ex presidente declaró que el Estado debe retomar el control del sistema de pagos para tener un desarrollo soberano. ¿Salinas, promotor a ultranza del libre comercio, darling del neoliberalismo, poseído antaño por una fiebre privatizadora, se nacionaliza de pronto en este año de celebraciones patrias? Milenio tituló la nota con fanfarrias: ni neoliberalismo ni populismo, democracia republicana: Carlos Salinas (24/2/10).
Un somero análisis del discurso del ex presidente nos hace concluir que no traiciona sus antiguas convicciones: simplemente regresa a una vieja obsesión, que le ha tomado 16 años de investigación y dos tomos de miles de páginas: el error de diciembre. Hoy, convertido en factótum de la política nacional, Salinas ventila su sed de venganza: fue Ernesto Zedillo quien dio de baja a la mayor parte del equipo financiero (el equipo que Salinas necesitaba para seguir gobernando tras bambalinas) y duplicó en un mes (diciembre, claro está) la emisión de tesobonos: ¡un arma financiera de destrucción masiva concebida por Salinas!
En julio del año pasado comparé en estas páginas la crisis de 1995 con la situación actual, y concluí que la inusitada crisis enfrentada por Zedillo fue provocada por los excesos salinistas, y por una enorme deuda externa que había cambiado peligrosamente de manos. En lugar de un reducido grupo de bancos comerciales, con quienes antes se había negociado, Salinas convirtió a los acreedores en miles de inversionistas anónimos que cobraban intereses a través de poderosos fondos de inversión. A mitad de su sexenio, mientras negociaba entusiasmado el Tratado de Libre Comercio (TLC), Salinas cambió el perfil de la deuda y abrió la puerta para que las tesorerías de los fondos internacionales acudieran a México buscando los redituables tesobonos. Esos populares títulos de corto plazo, garantizados por el gobierno mexicano, estuvieron originalmente denominados en pesos, hasta que Salinas los convirtió a dólares. Devengaban además intereses a las elevadas tasas ofrecidas por la banca mexicana: un negocio redondo para los inversionistas, ¡y una bomba de tiempo para México!
El artefacto explotó tras los asesinatos de Posadas Ocampo, Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio, cuando los inversionistas, que buscaban utilidades y seguridad económica, sin riesgo político, iniciaron una atropellada fuga de capitales que redujo las reservas por debajo de los 6 mil millones de dólares. El país estaba quebrado, y algunos economistas discutían sotto voce la posibilidad de que Zedillo, a punto de asumir el poder, declarara una moratoria de pagos. He ahí el origen de la crisis de 1995, que Salinas insiste en atribuir a un elusivo error de diciembre del sucesor. Quince años después sabemos que la crisis no fue ocasionada por una supuesta impericia de Zedillo. Fue consecuencia de decisiones tomadas y actos (como los asesinatos políticos) ocurridos durante el gobierno de Salinas.
La privatización bancaria estuvo bien hecha, y no ocasionó la crisis de 1995, afirma sin inmutarse el hombre que malbarató aceleradamente el sistema bancario a casabolseros, interesados en el corto plazo, y empresarios que de la noche a la mañana se volvieron aprendices de banqueros. Salinas, hoy envuelto en la bandera de la rectoría del Estado, oculta que en 1990 privatizó la banca, y promulgó la ley que abrió la puerta a la inversión extranjera en los bancos. Miguel de la Madrid elevó a la Constitución el concepto de rectoría del Estado, pero Salinas lo anuló 10 años después, cuando desmanteló el partido, jugó con el sistema y se lanzó a perseguir el neoliberalismo. Se trataba de complacer al Congreso estadunidense para obtener la aprobación del TLC.
¿Et tu, Salinas, regresas 20 años después a promover el desarrollo soberano; hoy que la banca funciona con parámetros objetivos, capital, recursos técnicos y funcionarios profesionales? ¿Tú que descarrilaste un proceso iniciado en 1910 para asegurar el control gubernamental sobre la economía y los recursos naturales? Me refiero al lento proceso de consolidación de la rectoría del Estado que se inició con la Constitución de 1917, siguió su carrera ascendente hacia la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas y culminó con las reformas de Miguel de la Madrid, que insertaron un capítulo de derecho económico en la Constitución.
Qué tarde llega Salinas (el hombre que americanizó nuestro sistema jurídico) a recuperar la rectoría estatal y la soberanía; el hombre que negoció en 1991 un tramposo TLC que se extendió más allá del comercio de bienes para incluir inversiones, servicios, telecomunicaciones, servicios financieros y propiedad intelectual. ¿Et tu, Salinas?
