LOS TRAPOS INTIMOS AL SOL
13 mar 2010
Pactos vergonzantes
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 12 de marzo (apro).- La verdad es un arma tan poderosa que asusta a los políticos y les cancela el poder de la manipulación, la posibilidad de hacer acuerdos en lo oscuro y, sobre todo, actuar para su beneficio y no para quienes dicen servir: los ciudadanos.
Y como prueba de lo anterior, sólo basta echar un vistazo al intercambio de acusaciones, señalamientos, pero sobre todo de revelaciones y confesiones evidenciadas durante las sesiones de los pasados 9 y 10 de marzo en la Cámara de Diputados.
Las palabras asustaron a más de un político y en ellas se escudaron para optar después por el silencio, para demandar tregua y cancelar el debate.
De uno y otro lado, el PRI y el PAN --sumándose algunos perredistas-- aceptaron públicamente verdades (hasta esta semana) confesables sólo en privado; en otros casos se indignaron porque (algunos) de sus actos fueron puestos a la vista de todos los mexicanos.
Por ejemplo, los priistas aceptaron que para ellos Felipe Calderón Hinojosa no ganó las elecciones del 2006, pero que juntos llegaron a un acuerdo para darle legitimidad y facilitarle su entrada al Congreso de la Unión.
Un hecho expuesto desde la máxima tribuna de la nación, el mismo lugar desde donde se pretendió hacer realidad una ficción: que Felipe Calderón ganó probadamente las elecciones presidenciales.
Los mismos priistas remacharon así: “Lo que mal empieza, mal acaba”. A partir de ahí, la verdad confesa desde tribuna, de que para ellos, los priistas, las elecciones no fueron claras y por lo tanto nunca tuvieron la certeza de que Calderón hubiera ganado la Presidencia de la República, pero que gracias a un pacto en lo oscuro entre PRI y PAN pudo el michoacano entrar a San Lázaro cubierto por una simulación.
Otro dato más, revelado al calor del malestar por haber sido desnudados entre sí y ante la vista de toda la ciudadanía, fue el haber negociado el aumento de impuestos en contra de la población.
Todo para supuestamente “evitar una crisis o salvar al país”, cuando en realidad fue allanar el camino a un político que pretende ser el candidato presidencial del 2012: el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Esta verdad, revelada por quienes se sintieron traicionados (el PAN), mas no porque hayan sentido la urgente necesidad de redimirse ante la ciudadanía que afectaron y afectan y dar marcha atrás a los impuestos, generó indignación entre los diputados del PRI, los que iracundos respondieron provocando la incontinencia verbal de los panistas.
Y aquí, nuevamente una verdad (el indignante trueque) provocó que los panistas se hicieran eco de lo que algunos mexicanos ponen en tela de juicio sobre las reales razones de la súbita muerte de la esposa del gobernador del Estado de México, Mónica Pretelini, y acusaron, los panistas, desde la máxima tribuna de la nación, a Enrique Peña Nieto de haberla asesinado.
Cuando la diputada panista por el Estado de México, María Elena Pérez de Tejada, soltó el que se indagara a todos los que han cometido un delito, “incluso el gobernador, que no lo digo yo, lo dicen muchos medios, de que está acusado de haber matado a su mujer”, provocó que los priistas empezaron a retorcerse en sus curules.
Las palabras los hirieron en lo más hondo de su militancia priista, pues en ese momento se estaba acusando al PRI de pretender colocar en la silla presidencial a un presunto asesino, según la pública denuncia panista.
Las palabras fueron certeras y generaron temor en la bancada del PRI.
Mientras que en el PAN las revelaciones (de establecer acuerdos indignos como consumar no alianzas a cambio de impuestos o pactar con el PRI para que se legitimara a Felipe Calderón) sólo acrecentaron y reeditaron su temor por la forma en como pudiera reaccionar la ciudadanía.
Y si de un lado estuvieron PAN y PRI desnudándose mutuamente, del otro, uno de los invitados al debate, el PT, aprovechó e hizo también revelaciones. Dijo que César Nava, el diputado y aún presidente nacional del PAN, acudió a ellos como mensajero de Los Pinos para ofrecerles dinero, posiciones gubernamentales y respaldo en sus programas sociales, a cambio de que reconocieran a Felipe Calderón como el presidente de México.
Por primera ocasión, la verdad en materia política se exponía en la tribuna de la Cámara de Diputados, donde siempre debió estar. Por vez primera la ciudadanía se estaba enterando, en propia voz de los involucrados, de los pactos vergonzantes que de manera cotidiana establecen los políticos.
Priistas y panistas, incluyendo a Felipe Calderón Hinojosa, reaccionaron.
Por esa razón, de uno y otro lado hicieron llamados a la mesura, se dieron golpes de pecho por “el bajo nivel” del debate parlamentario y se comprometieron a regresar al diálogo, al ambiente cordial, en una frase: a la simulación.
Y es que la simulación les resulta a los políticos, que ostentan y comparten el poder con sus cómplices, más cómoda y manejable.
La mentira, la omisión, la ausencia de transparencia resultan para los políticos baluartes que no quieren perder; de lo contrario, hablar con la verdad, decir con todas su letras los acuerdos a los que llegan, les impediría seguir manejando a su antojo los destinos de más de cien millones de mexicanos.
La ignorancia es un haber en la política mexicana, necesaria para mantenerse en el poder. De ahí que Calderón, César Nava, Beatriz Paredes o Manlio Fabio Beltrones prefieran darle “vuelta a la página”, “dejar atrás el debate sobre los agravios y el reparto de culpas”.
Sin embargo, será difícil que lo puedan hacer, porque un rumor que se puede convertir en verdad, derivado de todo este ignominioso episodio, no deja dormir a algunos, como por ejemplo al diputado Luis Videgaray, legislador por el Estado de México, presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los delfines de Enrique Peña Nieto para sucederlo en la gubernatura.
Los panistas soltaron ya el rumor de que César Nava cuenta con grabaciones donde una de las voces que se escucha es la del diputado mexiquense. La versión que han soltado es que ahí puede estar la prueba plena de la negociación que tanto niegan los priistas.
Otra verdad aún no revelada y motivo por el que es preferible para algunos priistas cerrar el debate, es quién obligó a Beatriz Paredes a firmar ese convenio, quién está detrás de toda esta maquinación y cuál fue su objetivo.
Por lo pronto, lo que parecer ser cierto es que en todo este episodio hay alguien que, ante la amenaza de hacer público el convenio, obligó al principal afectado --Enrique Peña Nieto--, a decir la verdad y al PAN a ahogarse en su propio lodo.
Ese alguien se llama Manlio Fabio Beltrones, y la verdad que todavía queda pendiente por revelar es quién estuvo y está detrás del senador sonorense, el mismo que, al parecer, pretende ahora deshacerse del candidato televiso.
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 12 de marzo (apro).- La verdad es un arma tan poderosa que asusta a los políticos y les cancela el poder de la manipulación, la posibilidad de hacer acuerdos en lo oscuro y, sobre todo, actuar para su beneficio y no para quienes dicen servir: los ciudadanos.
Y como prueba de lo anterior, sólo basta echar un vistazo al intercambio de acusaciones, señalamientos, pero sobre todo de revelaciones y confesiones evidenciadas durante las sesiones de los pasados 9 y 10 de marzo en la Cámara de Diputados.
Las palabras asustaron a más de un político y en ellas se escudaron para optar después por el silencio, para demandar tregua y cancelar el debate.
De uno y otro lado, el PRI y el PAN --sumándose algunos perredistas-- aceptaron públicamente verdades (hasta esta semana) confesables sólo en privado; en otros casos se indignaron porque (algunos) de sus actos fueron puestos a la vista de todos los mexicanos.
Por ejemplo, los priistas aceptaron que para ellos Felipe Calderón Hinojosa no ganó las elecciones del 2006, pero que juntos llegaron a un acuerdo para darle legitimidad y facilitarle su entrada al Congreso de la Unión.
Un hecho expuesto desde la máxima tribuna de la nación, el mismo lugar desde donde se pretendió hacer realidad una ficción: que Felipe Calderón ganó probadamente las elecciones presidenciales.
Los mismos priistas remacharon así: “Lo que mal empieza, mal acaba”. A partir de ahí, la verdad confesa desde tribuna, de que para ellos, los priistas, las elecciones no fueron claras y por lo tanto nunca tuvieron la certeza de que Calderón hubiera ganado la Presidencia de la República, pero que gracias a un pacto en lo oscuro entre PRI y PAN pudo el michoacano entrar a San Lázaro cubierto por una simulación.
Otro dato más, revelado al calor del malestar por haber sido desnudados entre sí y ante la vista de toda la ciudadanía, fue el haber negociado el aumento de impuestos en contra de la población.
Todo para supuestamente “evitar una crisis o salvar al país”, cuando en realidad fue allanar el camino a un político que pretende ser el candidato presidencial del 2012: el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Esta verdad, revelada por quienes se sintieron traicionados (el PAN), mas no porque hayan sentido la urgente necesidad de redimirse ante la ciudadanía que afectaron y afectan y dar marcha atrás a los impuestos, generó indignación entre los diputados del PRI, los que iracundos respondieron provocando la incontinencia verbal de los panistas.
Y aquí, nuevamente una verdad (el indignante trueque) provocó que los panistas se hicieran eco de lo que algunos mexicanos ponen en tela de juicio sobre las reales razones de la súbita muerte de la esposa del gobernador del Estado de México, Mónica Pretelini, y acusaron, los panistas, desde la máxima tribuna de la nación, a Enrique Peña Nieto de haberla asesinado.
Cuando la diputada panista por el Estado de México, María Elena Pérez de Tejada, soltó el que se indagara a todos los que han cometido un delito, “incluso el gobernador, que no lo digo yo, lo dicen muchos medios, de que está acusado de haber matado a su mujer”, provocó que los priistas empezaron a retorcerse en sus curules.
Las palabras los hirieron en lo más hondo de su militancia priista, pues en ese momento se estaba acusando al PRI de pretender colocar en la silla presidencial a un presunto asesino, según la pública denuncia panista.
Las palabras fueron certeras y generaron temor en la bancada del PRI.
Mientras que en el PAN las revelaciones (de establecer acuerdos indignos como consumar no alianzas a cambio de impuestos o pactar con el PRI para que se legitimara a Felipe Calderón) sólo acrecentaron y reeditaron su temor por la forma en como pudiera reaccionar la ciudadanía.
Y si de un lado estuvieron PAN y PRI desnudándose mutuamente, del otro, uno de los invitados al debate, el PT, aprovechó e hizo también revelaciones. Dijo que César Nava, el diputado y aún presidente nacional del PAN, acudió a ellos como mensajero de Los Pinos para ofrecerles dinero, posiciones gubernamentales y respaldo en sus programas sociales, a cambio de que reconocieran a Felipe Calderón como el presidente de México.
Por primera ocasión, la verdad en materia política se exponía en la tribuna de la Cámara de Diputados, donde siempre debió estar. Por vez primera la ciudadanía se estaba enterando, en propia voz de los involucrados, de los pactos vergonzantes que de manera cotidiana establecen los políticos.
Priistas y panistas, incluyendo a Felipe Calderón Hinojosa, reaccionaron.
Por esa razón, de uno y otro lado hicieron llamados a la mesura, se dieron golpes de pecho por “el bajo nivel” del debate parlamentario y se comprometieron a regresar al diálogo, al ambiente cordial, en una frase: a la simulación.
Y es que la simulación les resulta a los políticos, que ostentan y comparten el poder con sus cómplices, más cómoda y manejable.
La mentira, la omisión, la ausencia de transparencia resultan para los políticos baluartes que no quieren perder; de lo contrario, hablar con la verdad, decir con todas su letras los acuerdos a los que llegan, les impediría seguir manejando a su antojo los destinos de más de cien millones de mexicanos.
La ignorancia es un haber en la política mexicana, necesaria para mantenerse en el poder. De ahí que Calderón, César Nava, Beatriz Paredes o Manlio Fabio Beltrones prefieran darle “vuelta a la página”, “dejar atrás el debate sobre los agravios y el reparto de culpas”.
Sin embargo, será difícil que lo puedan hacer, porque un rumor que se puede convertir en verdad, derivado de todo este ignominioso episodio, no deja dormir a algunos, como por ejemplo al diputado Luis Videgaray, legislador por el Estado de México, presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los delfines de Enrique Peña Nieto para sucederlo en la gubernatura.
Los panistas soltaron ya el rumor de que César Nava cuenta con grabaciones donde una de las voces que se escucha es la del diputado mexiquense. La versión que han soltado es que ahí puede estar la prueba plena de la negociación que tanto niegan los priistas.
Otra verdad aún no revelada y motivo por el que es preferible para algunos priistas cerrar el debate, es quién obligó a Beatriz Paredes a firmar ese convenio, quién está detrás de toda esta maquinación y cuál fue su objetivo.
Por lo pronto, lo que parecer ser cierto es que en todo este episodio hay alguien que, ante la amenaza de hacer público el convenio, obligó al principal afectado --Enrique Peña Nieto--, a decir la verdad y al PAN a ahogarse en su propio lodo.
Ese alguien se llama Manlio Fabio Beltrones, y la verdad que todavía queda pendiente por revelar es quién estuvo y está detrás del senador sonorense, el mismo que, al parecer, pretende ahora deshacerse del candidato televiso.
Violencia e impunidad
MIGUEL CONCHA
El Centro Miguel Agustín Pro (Prodh) presentó hace algunos días un informe sobre los derechos humanos en México. El título, Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, adelanta los ejes del análisis realizado a partir de la actividad que esta organización ha efectuado en años recientes. Violencia e impunidad son dos factores necesarios para aclarar lo que hoy sucede en México en esa materia. Lo mismo se acaba de afirmar en el Parlamento Europeo, a pesar de la fuerte oposición del Partido Popular español, cercano políticamente al partido en el gobierno federal. La falta de sanción a las violaciones de derechos humanos alienta a las autoridades a cometer actos arbitrarios en contra de la sociedad. Esta impunidad encuentra a su vez pretexto en el actual contexto de violencia, que con frecuencia es invocado para ocultar la falta de investigación y acción. Y ello aunque la violencia denunciada sea sobre todo la misma que es provocada por las propias autoridades con su inacción o complicidad.
A pesar de que todavía no puede realizarse una evaluación definitiva sobre la reforma judicial aprobada en 2008, en el informe se adelanta que las organizaciones civiles que han trabajado bajo el nuevo sistema ya han encontrado aspectos problemáticos. Sin embargo, haciendo un balance de las reformas aprobadas, se reitera que hay aspectos regresivos, como el arraigo, la prisión preventiva automática para ciertos delitos y la creación de un régimen de excepción para quienes son considerados previamente como miembros de la delincuencia organizada. Elementos que debilitan la aplicación del principio de presunción de inocencia, ausente hoy de la práctica judicial. El desconocimiento de la presunción de inocencia ha estado presente en dos casos paradigmáticos analizados en el estudio del Prodh: los de Jacinta Francisco Marcial e Isabel Almaraz, mujeres indígenas cuyos procesos estuvieron plagados de irregularidades. En ellos ha sido además evidente que el sistema de justicia profundiza a lo largo de todo el proceso penal la discriminación existente en la sociedad, siendo una de las más visibles la que ocurre por razón de condiciones como el género o la pertenencia étnica. En continuidad con la sistematización de los abusos cometidos por militares desde que se iniciaron los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada en el actual sexenio, el Centro Pro actualiza las cifras que presentó en su informe Comandante Supremo en 2009. A partir de los datos se constata el aumento del número de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en las regiones donde hay mayor presencia castrense, sea por los operativos contra la delincuencia organizada, sea por las actividades de contrainsurgencia encargadas al mismo tiempo a las fuerzas armadas. Nuevamente la impunidad es constante en este campo, favorecida sobre todo por la extensión indebida del fuero militar para tratar asuntos que no están vinculados con la disciplina militar.
El asunto ha sido ampliamente debatido, y al gobierno mexicano se le ha recomendado internacionalmente, incluso se le ha ordenado mediante una sentencia, ajustar la legislación a los estándares internacionales en la materia. Es decir, restringir el fuero militar, para que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos sean vistos por la justicia civil. Como las instancias nacionales no han sido eficientes, lo que ha sido debidamente documentado por las organizaciones civiles –entre ellas el Prodh, a través de la exigencia de justicia en casos como el de las mujeres de Atenco, en el que no fueron eficientes ni las instancias del estado de México ni la Fiscalía sobre Violencia contra las Mujeres–, para obligar al gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones sobre derechos humanos se ha recurrido con mayor frecuencia a instancias internacionales. Ha habido por ello una sostenida participación de la sociedad civil en esas instancias. El año pasado participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hace unos días en la 98 sesión del Comité de Derechos Humanos, órgano creado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto valdrá la pena tener puesta la mirada en casos que serán tratados este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
El Centro Pro retoma también un tema de creciente preocupación: la situación de los defensores de los derechos humanos. En su informe constata que no sólo quienes realizan actividades organizadas son amenazados, sino también quienes en las circunstancias actuales ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pacíficos a cualquier acto arbitrario de autoridad. Esta situación amenaza no sólo a los defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad. A esta amenaza se agrega el uso del sistema de justicia para castigar a quienes exigen derechos. En el informe se abordan también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir del derecho a una vivienda digna, frecuentemente vulnerado por la política del gobierno al respecto y la mala calidad de las casas edificadas por empresas constructoras. El mismo derecho se ve violentado cuando se desplaza a pobladores de localidades afectadas por la construcción de megaproyectos, cuyo beneficio para la sociedad es dudoso. Todo lo cual obliga a la sociedad a mantener en alto la defensa y promoción de los derechos humanos, antes de que sea demasiado tarde.
MIGUEL CONCHA
El Centro Miguel Agustín Pro (Prodh) presentó hace algunos días un informe sobre los derechos humanos en México. El título, Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, adelanta los ejes del análisis realizado a partir de la actividad que esta organización ha efectuado en años recientes. Violencia e impunidad son dos factores necesarios para aclarar lo que hoy sucede en México en esa materia. Lo mismo se acaba de afirmar en el Parlamento Europeo, a pesar de la fuerte oposición del Partido Popular español, cercano políticamente al partido en el gobierno federal. La falta de sanción a las violaciones de derechos humanos alienta a las autoridades a cometer actos arbitrarios en contra de la sociedad. Esta impunidad encuentra a su vez pretexto en el actual contexto de violencia, que con frecuencia es invocado para ocultar la falta de investigación y acción. Y ello aunque la violencia denunciada sea sobre todo la misma que es provocada por las propias autoridades con su inacción o complicidad.
A pesar de que todavía no puede realizarse una evaluación definitiva sobre la reforma judicial aprobada en 2008, en el informe se adelanta que las organizaciones civiles que han trabajado bajo el nuevo sistema ya han encontrado aspectos problemáticos. Sin embargo, haciendo un balance de las reformas aprobadas, se reitera que hay aspectos regresivos, como el arraigo, la prisión preventiva automática para ciertos delitos y la creación de un régimen de excepción para quienes son considerados previamente como miembros de la delincuencia organizada. Elementos que debilitan la aplicación del principio de presunción de inocencia, ausente hoy de la práctica judicial. El desconocimiento de la presunción de inocencia ha estado presente en dos casos paradigmáticos analizados en el estudio del Prodh: los de Jacinta Francisco Marcial e Isabel Almaraz, mujeres indígenas cuyos procesos estuvieron plagados de irregularidades. En ellos ha sido además evidente que el sistema de justicia profundiza a lo largo de todo el proceso penal la discriminación existente en la sociedad, siendo una de las más visibles la que ocurre por razón de condiciones como el género o la pertenencia étnica. En continuidad con la sistematización de los abusos cometidos por militares desde que se iniciaron los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada en el actual sexenio, el Centro Pro actualiza las cifras que presentó en su informe Comandante Supremo en 2009. A partir de los datos se constata el aumento del número de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en las regiones donde hay mayor presencia castrense, sea por los operativos contra la delincuencia organizada, sea por las actividades de contrainsurgencia encargadas al mismo tiempo a las fuerzas armadas. Nuevamente la impunidad es constante en este campo, favorecida sobre todo por la extensión indebida del fuero militar para tratar asuntos que no están vinculados con la disciplina militar.
El asunto ha sido ampliamente debatido, y al gobierno mexicano se le ha recomendado internacionalmente, incluso se le ha ordenado mediante una sentencia, ajustar la legislación a los estándares internacionales en la materia. Es decir, restringir el fuero militar, para que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos sean vistos por la justicia civil. Como las instancias nacionales no han sido eficientes, lo que ha sido debidamente documentado por las organizaciones civiles –entre ellas el Prodh, a través de la exigencia de justicia en casos como el de las mujeres de Atenco, en el que no fueron eficientes ni las instancias del estado de México ni la Fiscalía sobre Violencia contra las Mujeres–, para obligar al gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones sobre derechos humanos se ha recurrido con mayor frecuencia a instancias internacionales. Ha habido por ello una sostenida participación de la sociedad civil en esas instancias. El año pasado participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hace unos días en la 98 sesión del Comité de Derechos Humanos, órgano creado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto valdrá la pena tener puesta la mirada en casos que serán tratados este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
El Centro Pro retoma también un tema de creciente preocupación: la situación de los defensores de los derechos humanos. En su informe constata que no sólo quienes realizan actividades organizadas son amenazados, sino también quienes en las circunstancias actuales ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pacíficos a cualquier acto arbitrario de autoridad. Esta situación amenaza no sólo a los defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad. A esta amenaza se agrega el uso del sistema de justicia para castigar a quienes exigen derechos. En el informe se abordan también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir del derecho a una vivienda digna, frecuentemente vulnerado por la política del gobierno al respecto y la mala calidad de las casas edificadas por empresas constructoras. El mismo derecho se ve violentado cuando se desplaza a pobladores de localidades afectadas por la construcción de megaproyectos, cuyo beneficio para la sociedad es dudoso. Todo lo cual obliga a la sociedad a mantener en alto la defensa y promoción de los derechos humanos, antes de que sea demasiado tarde.
Desfiladero
El pueblo se organiza mientras los políticos vomitan
JAIME AVILÉS
Santos Loredo, presidente del municipio Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde opera ilegalmente la canadiense Minera San Xavier, y Mario Martínez Ramos, miembro del Frente Amplio Opositor, organización ciudadana que lleva una década luchando por la clausura definitiva de esa empresa, dieron a conocer que, antenoche, un representante de la 12 Zona Militar les avisó que, a lo largo del día de hoy, tropas del Ejército resguardarán las instalaciones de la mina durante el festival político y artístico que el FAO celebrará allí, como todos los años, para conmemorar su tenaz resistencia, y que en esta ocasión rendirá homenaje póstumo al poeta Carlos Montemayor.
Ximena Peredo, vocera del movimiento que acaba de nacer en Monterrey, en rechazo a la pretensión de la distribuidora de bebidas FEMSA, de construir un estadio de futbol en la reserva ecológica de La Pastora, convoca a los lectores de esta columna en aquella ciudad a reunirse hoy, en punto de las 11 de la mañana, frente a la estación del Metro General Anaya, sobre la avenida Alfonso Reyes (de la capital de Nuevo León), para marchar hacia las oficinas del consorcio, a fin de exigirle que edifique en otro lado su campo deportivo.
José Antonio Almazán, ex diputado federal, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, reitera su llamado a todos los inconformes del país para que el próximo martes, 16 de marzo, se sumen a la huelga política que la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular llevará a cabo para detener a quienes usurpan el gobierno de la República y violentan los derechos del pueblo.
La ANRP, que aglutina a mineros, maestros, electricistas, telefonistas, así como al Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética y a muchas organizaciones más, invita a obreros, campesinos, estudiantes y desempleados a paralizar la producción y la distribución de mercancías, ocupar las tierras que han sido arrebatadas, bloquear los caminos y protestar en las plazas públicas. El objetivo de las movilizaciones que se llevarán a cabo al menos en 25 estados y en el Distrito Federal, es obvio.
Así lo explica Almazán: Mientras el mal gobierno y la oligarquía sigan dirigiendo el país, no tenemos ninguna oportunidad de salir de la crisis social, pues ésta se profundizará junto con el terrorismo de Estado, que en nombre del supuesto combate a la delincuencia organizada, militariza la nación y avanza hacia la implantación de una dictadura cívico-militar al servicio de Estados Unidos. Y concluye: todos sabemos que todo empeorará si no ponemos un hasta aquí a quienes desgobiernan.
Al margen de todos los partidos y de todos los políticos, que se arrojan cataratas de vómito y puñados de excremento, mientras se alían para repartirse el botín de las próximas elecciones, la gente del pueblo se siente y se sabe más sola que nunca, pero comprende que o se organiza y defiende con las armas de la razón, la imaginación y la solidaridad, o renuncia a la esperanza, la dignidad y la vida misma. He allí el terrible caso de Reynosa, Tamaulipas.
A cualquier hora del día o de la noche, aparecen caravanas de camionetas negras, con hombres armados hasta los dientes, que llevan en las puertas de sus vehículos las siglas de los cárteles a los que pertenecen. Para que nadie se confunda. Y las balaceras se producen en cualquier momento. Los pobres habitantes de la localidad viven aterrorizados. Sin embargo, desde su pedestal electrónico, un petulante levantacejas decide que eso no es cierto, que son exageraciones de los resentidos. Y manda a dos reporteros a comprobar lo que él dice. En cuanto llegan a Reynosa, los enviados son recibidos por la maña (así les dicen a los narcos en el noreste del país) y sufren una tremenda golpiza. Tienen suerte: los devuelven vivos, pues al tiempo que a ellos los liberan, seis periodistas más desaparecen (y no se sabe de ellos hasta hoy).
Ante la desbordante pesadilla en que se ha transformado su existencia, los jóvenes de allá comienzan a reunirse en escuelas y centros cívicos para infundirse ánimos y seguir adelante con la vida cotidiana, como una manera de aprender a resistir. En Ciudad Juárez está ocurriendo otro tanto. Ante la sordera calderónica, que se niega a sacar al Ejército de esa martirizada población, el clamor popular contra las tropas incuba nuevas formas de lucha pacífica.
Durango, Coahuila, Sonora, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, el estado de México, Veracruz, Tabasco, también padecen la doble violencia del narco y del gobierno. Por lo visto, la descomposición política y social es la única estrategia que le funciona a la oligarquía para llevarnos, en efecto, a una dictadura mil veces peor que ésta. La fórmula es muy simple: por una parte, le quitan dinero a la educación y se lo dan a la seguridad, así producen más delincuentes y a la vez los reprimen. Por otra, no tocan ni de chiste los fondos bancarios de los cárteles, pero llenan las ciudades de soldados y marinos, que en todos estos años no han logrado reducir el consumo de estupefacientes.
A juzgar por lo que sucedió esta semana –aparecieron cadáveres y mantas con mensajes cruzados entre directores rivales de organizaciones distribuidoras de sustancias ilícitas–, la supuesta guerra contra el narco (que en realidad lo ayuda a ganar siempre más y más dinero y justifica la militarización y la supresión de garantías individuales), está llegando al Distrito Federal. Los medios oficialistas ya nos explican cuáles son las bandas que ahora se disputan la capital. ¿Cuál será el siguiente episodio? ¿Un combate con granadas y bazucas en Perisur, para que después coloquen tanquetas en Insurgentes? Edgardo Buscaglia asegura que para allá vamos.
Por increíble que parezca, Marcelo Ebrard está haciendo la parte que le corresponde en este proceso de degradación. ¿Cómo es posible que sus diputados en la Asamblea Legislativa le hayan quitado la tercera parte del presupuesto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, exponiéndola al riesgo de verse obligada a cerrar, para privilegiar la construcción de un tranvía? ¿Y qué hizo con el magnífico proyecto de las orquestas juveniles en Iztapalapa, que propuso Clara Brugada y que debería ser un modelo a seguir en todas las delegaciones depauperadas, en donde el consumo de drogas, la deserción escolar y la delincuencia van a la alza?
Por supuesto que la obra pública genera empleos temporales, pero, ¿de qué se trata? ¿Acaso el único horizonte que Ebrard puede ofrecer a los jóvenes pobres es el de albañiles? ¿O la idea es echar abajo los éxitos de su antecesor, que fundó la UACM y terminó en Iztapalapa con el cacicazgo de los Chuchos? Quizá las dudas que suscitan estas preguntas ayuden a explicar por qué Manuel Camacho, mentor de Ebrard, recorre el país del brazo de Jesús Ortega, fraguando alianzas con César Nava, gerente del partido que se robó la Presidencia de la República y pactó con el PRI –en secreto ahora vergonzosamente descubierto– el maldito e innecesario aumento a los impuestos.
Por fortuna, mientras los políticos vomitan, el pueblo se organiza. En Cerro de San Pedro, en Monterrey, en Reynosa, en Juárez, en el Ombligo Verde de Cancún, en Tlalpan (donde sigue la batalla de los vecinos contra la gasolinera de un déspota), las pequeñas luchas ciudadanas se fortalecen y multiplican. Cuando logren vincularse con ejercicios de resistencia más amplios como la huelga política nacional del martes venidero, observaremos con mayor optimismo el plebiscito del 22 de mayo que nos preguntará si, para vivir mejor, debe renunciar Calderón, a quien los priístas en el Congreso llamaron a gritos es-pu-rio, es-pu-rio, es-pu-rio.
El pueblo se organiza mientras los políticos vomitan
JAIME AVILÉS
Santos Loredo, presidente del municipio Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde opera ilegalmente la canadiense Minera San Xavier, y Mario Martínez Ramos, miembro del Frente Amplio Opositor, organización ciudadana que lleva una década luchando por la clausura definitiva de esa empresa, dieron a conocer que, antenoche, un representante de la 12 Zona Militar les avisó que, a lo largo del día de hoy, tropas del Ejército resguardarán las instalaciones de la mina durante el festival político y artístico que el FAO celebrará allí, como todos los años, para conmemorar su tenaz resistencia, y que en esta ocasión rendirá homenaje póstumo al poeta Carlos Montemayor.
Ximena Peredo, vocera del movimiento que acaba de nacer en Monterrey, en rechazo a la pretensión de la distribuidora de bebidas FEMSA, de construir un estadio de futbol en la reserva ecológica de La Pastora, convoca a los lectores de esta columna en aquella ciudad a reunirse hoy, en punto de las 11 de la mañana, frente a la estación del Metro General Anaya, sobre la avenida Alfonso Reyes (de la capital de Nuevo León), para marchar hacia las oficinas del consorcio, a fin de exigirle que edifique en otro lado su campo deportivo.
José Antonio Almazán, ex diputado federal, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, reitera su llamado a todos los inconformes del país para que el próximo martes, 16 de marzo, se sumen a la huelga política que la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular llevará a cabo para detener a quienes usurpan el gobierno de la República y violentan los derechos del pueblo.
La ANRP, que aglutina a mineros, maestros, electricistas, telefonistas, así como al Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética y a muchas organizaciones más, invita a obreros, campesinos, estudiantes y desempleados a paralizar la producción y la distribución de mercancías, ocupar las tierras que han sido arrebatadas, bloquear los caminos y protestar en las plazas públicas. El objetivo de las movilizaciones que se llevarán a cabo al menos en 25 estados y en el Distrito Federal, es obvio.
Así lo explica Almazán: Mientras el mal gobierno y la oligarquía sigan dirigiendo el país, no tenemos ninguna oportunidad de salir de la crisis social, pues ésta se profundizará junto con el terrorismo de Estado, que en nombre del supuesto combate a la delincuencia organizada, militariza la nación y avanza hacia la implantación de una dictadura cívico-militar al servicio de Estados Unidos. Y concluye: todos sabemos que todo empeorará si no ponemos un hasta aquí a quienes desgobiernan.
Al margen de todos los partidos y de todos los políticos, que se arrojan cataratas de vómito y puñados de excremento, mientras se alían para repartirse el botín de las próximas elecciones, la gente del pueblo se siente y se sabe más sola que nunca, pero comprende que o se organiza y defiende con las armas de la razón, la imaginación y la solidaridad, o renuncia a la esperanza, la dignidad y la vida misma. He allí el terrible caso de Reynosa, Tamaulipas.
A cualquier hora del día o de la noche, aparecen caravanas de camionetas negras, con hombres armados hasta los dientes, que llevan en las puertas de sus vehículos las siglas de los cárteles a los que pertenecen. Para que nadie se confunda. Y las balaceras se producen en cualquier momento. Los pobres habitantes de la localidad viven aterrorizados. Sin embargo, desde su pedestal electrónico, un petulante levantacejas decide que eso no es cierto, que son exageraciones de los resentidos. Y manda a dos reporteros a comprobar lo que él dice. En cuanto llegan a Reynosa, los enviados son recibidos por la maña (así les dicen a los narcos en el noreste del país) y sufren una tremenda golpiza. Tienen suerte: los devuelven vivos, pues al tiempo que a ellos los liberan, seis periodistas más desaparecen (y no se sabe de ellos hasta hoy).
Ante la desbordante pesadilla en que se ha transformado su existencia, los jóvenes de allá comienzan a reunirse en escuelas y centros cívicos para infundirse ánimos y seguir adelante con la vida cotidiana, como una manera de aprender a resistir. En Ciudad Juárez está ocurriendo otro tanto. Ante la sordera calderónica, que se niega a sacar al Ejército de esa martirizada población, el clamor popular contra las tropas incuba nuevas formas de lucha pacífica.
Durango, Coahuila, Sonora, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, el estado de México, Veracruz, Tabasco, también padecen la doble violencia del narco y del gobierno. Por lo visto, la descomposición política y social es la única estrategia que le funciona a la oligarquía para llevarnos, en efecto, a una dictadura mil veces peor que ésta. La fórmula es muy simple: por una parte, le quitan dinero a la educación y se lo dan a la seguridad, así producen más delincuentes y a la vez los reprimen. Por otra, no tocan ni de chiste los fondos bancarios de los cárteles, pero llenan las ciudades de soldados y marinos, que en todos estos años no han logrado reducir el consumo de estupefacientes.
A juzgar por lo que sucedió esta semana –aparecieron cadáveres y mantas con mensajes cruzados entre directores rivales de organizaciones distribuidoras de sustancias ilícitas–, la supuesta guerra contra el narco (que en realidad lo ayuda a ganar siempre más y más dinero y justifica la militarización y la supresión de garantías individuales), está llegando al Distrito Federal. Los medios oficialistas ya nos explican cuáles son las bandas que ahora se disputan la capital. ¿Cuál será el siguiente episodio? ¿Un combate con granadas y bazucas en Perisur, para que después coloquen tanquetas en Insurgentes? Edgardo Buscaglia asegura que para allá vamos.
Por increíble que parezca, Marcelo Ebrard está haciendo la parte que le corresponde en este proceso de degradación. ¿Cómo es posible que sus diputados en la Asamblea Legislativa le hayan quitado la tercera parte del presupuesto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, exponiéndola al riesgo de verse obligada a cerrar, para privilegiar la construcción de un tranvía? ¿Y qué hizo con el magnífico proyecto de las orquestas juveniles en Iztapalapa, que propuso Clara Brugada y que debería ser un modelo a seguir en todas las delegaciones depauperadas, en donde el consumo de drogas, la deserción escolar y la delincuencia van a la alza?
Por supuesto que la obra pública genera empleos temporales, pero, ¿de qué se trata? ¿Acaso el único horizonte que Ebrard puede ofrecer a los jóvenes pobres es el de albañiles? ¿O la idea es echar abajo los éxitos de su antecesor, que fundó la UACM y terminó en Iztapalapa con el cacicazgo de los Chuchos? Quizá las dudas que suscitan estas preguntas ayuden a explicar por qué Manuel Camacho, mentor de Ebrard, recorre el país del brazo de Jesús Ortega, fraguando alianzas con César Nava, gerente del partido que se robó la Presidencia de la República y pactó con el PRI –en secreto ahora vergonzosamente descubierto– el maldito e innecesario aumento a los impuestos.
Por fortuna, mientras los políticos vomitan, el pueblo se organiza. En Cerro de San Pedro, en Monterrey, en Reynosa, en Juárez, en el Ombligo Verde de Cancún, en Tlalpan (donde sigue la batalla de los vecinos contra la gasolinera de un déspota), las pequeñas luchas ciudadanas se fortalecen y multiplican. Cuando logren vincularse con ejercicios de resistencia más amplios como la huelga política nacional del martes venidero, observaremos con mayor optimismo el plebiscito del 22 de mayo que nos preguntará si, para vivir mejor, debe renunciar Calderón, a quien los priístas en el Congreso llamaron a gritos es-pu-rio, es-pu-rio, es-pu-rio.
