POLÍTICOS, LA IRRESPONSABILIDAD

“Todos son culpables menos yo”
Javier Sicilia
MÉXICO, D.F., 23 de marzo.- Con estas palabras, Louis-Ferdinand Céline, el creador de Viaje al final de la noche, no sólo definía su condición de víctima absoluta de la Primera Guerra Mundial, sino la realidad de nuestra época: la irresponsabilidad. Si en el mundo griego un hombre conquistaba la gloria en la ciudad o se condenaba en ella era por sus actos, en el nuestro –como nos lo mostraron el cúmulo de acusaciones que los responsables de firmar acuerdos que dañan la vida de los mexicanos se lanzaron unos a otros en San Lázaro– los seres humanos parecen vivir en una inocencia perpetua. Culpables todos, desde el yo acusador, al final todos terminan por mostrarse como víctimas inocentes que hay que reivindicar.
La disputa de San Lázaro reveló, con un arte del más puro sofisma, toda la corriente del relativismo moderno: si lo único que cuenta es la autenticidad, cada cual, en nombre de sí mismo, se habilita para no someterse a las leyes comunes que lo desposeerían de ese sí mismo individual y distinto, en su incapacidad para el mal, de los demás: “¡No me juzguen –gritaban y continúan gritando cada uno de ellos–, los otros son los responsables y los traidores. Yo obré de buena fe, por el bien del país!”.
Desde hace mucho (el asunto de San Lázaro es sólo su escándalo mediático), el presidente, los gobernadores, los alcaldes, los jefes de partido, los hombres y mujeres de las Cámaras, con un infantilismo atroz, se han convertido en excepciones a las que la ley y la moral tienen que adaptarse. Mirando “la paja en el ojo ajeno”, nuestros “representantes” han hecho que la ley, en vez de servir para contener los apetitos y las desmesuras del ego, se esgrima para beneficiarlos en cualquier circunstancia.
Esta candidez, con la que nuestros políticos se defienden, pretende hacernos creer que en ellos no sólo hay ausencia de mal, sino –como si fueran entes puros, seres ontológicamente inocentes– una absoluta imposibilidad de maldad y de villanía. Ningún acto emanado de ellos –jamás de los otros– puede ser malo, puesto que de ellos, que son esencias cuasi angélicas, procede, y en consecuencia queda santificado.
En este sentido, la victimización –esa calidad de sentirse juzgados por los verdaderos malvados, que a su vez se sienten también víctimas de los verdaderos malvados– es la versión fraudulenta del privilegio. Ella grita, en su defensa, que la ley debe aplicarse a todos salvo a ellos, y al hacerlo, como lo señala Pascal Bruckner, “esboza una sociedad de castas invertida donde el hecho (de ser acusado por algo que se cometió) reemplaza las ventajas de la cuna”: la mala conducta que los demás tienen para con ellos es un crimen; en cambio, los actos criminales que cometieron son pecados veniales, gestos ingenuos, futilezas, que es falta de tacto, arrogancia, señalar.
Con estas actitudes, nuestros políticos parecen decirnos que a final de cuentas la democracia se resume en la autorización para hacer lo que se quiera (siempre y cuando se presente uno como un expoliado) y en el encumbramiento del derecho, ya no como protección de los débiles y de los ciudadanos, sino de los hábiles, es decir, de quienes disponen de las relaciones, del dinero y del poder para esgrimir su inocencia en cualquier circunstancia, aun en la más absurda, evidente y criminal.
En la postura de la víctima que nuestros políticos asumen cuando se les pone en evidencia, en ese arte de la impostura con la que en su rostro colocan la máscara de la dignidad herida, en esa sofisticada forma en la que se vive el estado de derecho, reaparecen como nunca la arbitrariedad y el reforzamiento perverso de los fuertes que gritan a los cuatro vientos su condición de víctimas, de seres traicionados e incomprendidos.
Tomemos –para ejemplificar mejor lo que quiero decir y volver al escándalo mediático de San Lázaro, que en realidad es el pan nuestro de la política– el gesto de protección de Calderón a Gómez Mont cuando se supo de esos acuerdos que el propio secretario de Gobernación negoció con el PRI y que el presidente –otro inocente que se siente víctima de los ataques a sus malas políticas– ignoraba.
El objeto del espaldarazo fue confirmar una práctica común entre los partidos y los gobiernos que de ellos emanan: que los políticos, en nombre de cualquier tipo de interés, tienen que estar siempre por encima de la ley y de la moral, y que ningún político en ejercicio debe ser molestado, ni siquiera por errores graves o crímenes. Cuando esto sucede o, para decirlo con Bruckner, “cuando las élites se pretenden más allá del bien y del mal y rechazan cualquier tipo de sanción por sus actos, el conjunto del cuerpo social se ve inducido a repudiar la idea misma de responsabilidad (ése es exactamente el peligro de la corrupción: ridiculizar la honradez, convertirla en una excepción tan vana como trasnochada)”, y a generar una actitud de irresponsable victimización.
Así, para nuestra desgracia, hay que entender los patéticos alegatos de nuestros políticos que pretenden liberarse de los rigores de la responsabilidad y de la ley; así, también, por desgracia, se va edificando la infantilización de una época que se hunde lentamente en las nefastas consecuencias de sus irresponsabilidades.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

La tesis del "fuego cruzado"
Jenaro Villamil
MÉXICO D.F., 23 de marzo (apro).- Cuando culminen las reuniones entre el Grupo de Alto Nivel del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, y sus homólogos mexicanos, es muy probable que el discurso oficial calderonista y de gobernadores afines siga pidiendo disculpas por el “fuego cruzado” que ha matado a cientos de civiles en los últimos años de narcoguerra sin que ninguno de los responsables de estas ejecuciones haya sido sancionado. Un nuevo expediente de impunidad se abre con esta nueva tesis, temeraria e indignante.
Primero fue justificar el homicidio de una anciana indígena en Zongolica, Veracruz, por “hemorragia intestinal”; después Calderón tuvo el pésimo reflejo de justificar la matanza en Salvárcar, Ciudad Juárez, diciendo que era un “pleito entre pandillas” y así le ha ido con los familiares de 15 adolescentes acribillados; ahora, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y los replicantes del gobierno de Nuevo León, insisten en decir que el asesinato de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y de Jorge Antonio Mercado Alonso, ambos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Tec, fue el resultado de que para su desgracia “estuvieron en la línea de fuego”.
La tesis del “fuego cruzado” no puede ocultar las decenas de contradicciones que se articulan en torno a los sucesos del viernes 19 de marzo, en el corazón de una de las zonas exclusivas de Monterrey. El primer comunicado de la Secretaría de Gobernación –que cada vez hace el papel de oficialía de partes de los malos operativos militares- no tiene desperdicio.
Señala que el tiroteo fue el resultado de una “denuncia ciudadana” que se recibió en el cuartel general de la 7ª. Zona militar, alertando que en el bar Valentona se encontraban individuos armados.
De inmediato el personal militar se trasladó a dicho lugar”, refiere el boletín. No le informaron ni a la procuraduría estatal ni a la general de la República que seguramente sólo existen para recoger cuerpos y ocultar pruebas. Cuando se dirigían a la Valentona, “una camioneta se emparejó y, al realizar una maniobra peligrosa, fue seguida por la unidad militar”. Nunca se aclara qué entienden por “maniobra peligrosa”.
“Momentos después –continúa la narración-, ya sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la camioneta comenzó a abrir fuego” y “los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey”. “Simultáneamente a esos hechos arribaron más camionetas con agresores que comenzaron a atacar desde diversos puntos con granadas y armas de fuego al personal militar. Esta situación propició que los efectivos militares buscaran nuevos lugares de protección y desde donde contraatacar a los agresores, en tanto llegaran refuerzos al lugar de los hechos… Una vez controlada la situación arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC (Agente del Ministerio Público Federal), persona de peritos en balística, y del Servicio Médico Forense para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos” (subrayados propios).
Digno de un guión de Juan Orol este primer relato de los acontecimientos atizó el fuego de la indignación. Nunca se mencionaron los nombres de los estudiantes ni de otras víctimas.
Cuando se informó el sábado que entre los cuerpos levantados se encontraban dos jóvenes estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey comenzó un siniestro juego para escurrir el bulto y que ninguna autoridad se hiciera responsable de “la confusión” que llevó a catalogarlos como sicarios que, quizá por tal motivo, merecían morir acribillados. La confusión provocó que el propio rector del Tec, Rafael Rangel Sostman, anticipara en un comunicado del viernes que ninguna de las víctimas de la balacera pertenecía a esa casa de estudios. Después tuvo que desdecirse adjudicándole la responsabilidad de su error a la información proporcionada por el procurador estatal Alejandro Garza.
El gobernador Rodrigo Medina, del PRI, acusó en una entrevista televisiva a la PGR de haber sido la responsable de haber confundido a los estudiantes con delincuentes. “Cuando hay un operativo, a las autoridades locales no nos dejan entrar al área.
La información que proporcionamos al Tecnológico fue la información que nos dio la autoridad”, soltó Medina en una entrevista en Primero Noticias, como si él no fuera la autoridad. Tan lo es que el 21 de marzo en una medida desesperada cesó a 81 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por presuntos vínculos con el crimen organizado, sin arraigar a ninguno.
El mismo día que Medina acusaba a la PGR su procurador, Alejandro Garza, deslindó a la PGR de haber informado que los 2 estudiantes del Tec eran sicarios. Para el lunes 22 de marzo otro escándalo de “fuego cruzado” ya había trascendido las primeras planas de la prensa regiomontana y nacional: un atentado fallido en contra de Luis Eduardo Murrieta Maya, titular de la policía municipal de Santa Catarina derivó en el asesinato de un escolta y de un peatón, además de que resultó herida una pareja de sexagenarios que esperaba el transporte público.
El enredo descomunal en el que han caído los defensores de la tesis del “fuego cruzado” es exhibido con una serie de preguntas incómodas en un sitio de Facebook que demanda justicia para los dos estudiantes asesinados el 19 de marzo. Estos son los cuestionamientos:
“¿Por qué el procurador Alejandro Garza y Garza aseguró que no eran estudiantes? ¿En qué se basó para dar tal versión? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué el ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar? ¿Por qué los estudiantes presentan golpes en el rostro si fueron abatidos por el ejército por error, por qué después los golpearon buscando que dijeran que eran sicarios? ¿Por qué primero disparan y después averiguan?”.
Estas mismas preguntas proliferarán en un sinnúmero de casos que se están acumulando en Ciudad Juárez, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. En esta última entidad, dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron asesinados a balazos afuera de un local de cerveza en el municipio de Marcos Castellanos. Los hechos ocurrieron el lunes a la 1:30 horas. Y ahora tratan de decirnos que son lamentables víctimas del “fuego cruzado”, como la mayoría de los mexicanos que impávidos presenciamos la pesadilla calderoniana y su narcoguerra.

Cambio desde abajo
LUIS LINARES ZAPATA
El presidente Barack Obama ha dado una lección de congruencia y trabajo político. El mandatario se esforzó, con minucioso y corajudo empeño, para empatar sus ofrecimientos de campaña con su accionar en el máximo puesto gubernamental de su país. Se propuso, y logró coronar una reforma de salud, tan necesaria como justa para amplios sectores de esa sociedad. La tarea no fue fácil, sino llena de obstáculos y sentires adversos, algunos rayanos en las fobias y odios entre los mismos grupos y clases sociales estadunidenses. Enfrente tuvo, desde el inicio de su gestión, un inmenso trabuco de intereses (farmacéuticas, sistemas hospitalarios, aseguradoras, asociaciones médicas) y arraigadas preconcepciones sociopolíticas del conservadurismo al que se le añadió, con inusitada fuerza, lo más cegato y beligerante de la atrincherada reacción en Estados Unidos. Obama no cejó en el esfuerzo ni siquiera en medio de las peores turbulencias de la crisis que, en casi la totalidad de los problemas, le fueron heredados por la deformada administración de George W. Bush.
El Partido Republicano recogió esas pulsiones opositoras de buena parte del electorado, olió sangre y se coaligaron, de manera unánime, para descarrilar la reforma: la primera gran modificación en cien años de tibios ajustes y serios fracasos. Muchos demócratas, asustados por las consecuencias en el sentir de sus votantes, se les añadieron. Aun así, Obama continuó, a pesar de las recomendaciones para dejar el asunto a tiempos mejores. No hizo oídos a las consejas. Desde hace dos o tres meses redobló el paso visitando comunidades a lo largo y ancho de esa extensa nación, entrevistando políticos y líderes de opinión, hablando ante auditorios y desatando una campaña publicitaria efectiva para generar la masa crítica necesaria para la movilización de la base ciudadana.
La estrategia llegó a su punto culminante con un rotundo resultado donde triunfa no sólo el empuje popular, sino, en sus propias palabras, el sentido común. En la ruta hubo concesiones, algunas de talla importante como la limitante para financiar, con fondos federales, a todas aquellas que soliciten o requieran abortar. Tampoco llegó a imponer, como era su propósito, una agencia pública para fondear y operar un servicio integral de seguros médicos para la salud. Pero prevaleció el objetivo: dar confianza a todos los ciudadanos que hoy no gozan de ese derecho, 32 millones de personas, de que podrán acceder a los cuidados para la salud.
Las lecciones de ese proceso son varias. En un primer término, la incansable persecución de las promesas de campaña. No cualquiera, sino la que salió del corazón de la gente, la más sentida, la más necesaria. En un segundo plano se identifica la clara conciencia de que el cambio deberá provenir de la base social. Y una tercera consecuencia tiene que ver con la esperanza renovada en un sistema democrático que aún puede trabajar para el pueblo y con el pueblo, tal como reza su Constitución. Washington no podrá seguir siendo visto como un leviatán que medra de los impuestos, antepone sus cortas miras individualistas de éxito en detrimento de los intereses generales.
Otra consecuencia, ciertamente crucial, es el diseño de reglas para sujetar a estrictos controles a las inmensas compañías de seguros y los crecientes costos hospitalarios y de medicamentos. Empresas que han cosechado inmensos beneficios, una significativa parte a costa de la tranquilidad y el desamparo de los muchos. No en balde dos de esas industrias (farmacéuticas y financieros bancarios) son de las tres con mayores rendimientos en el mundo. Y esto no sólo valdrá para los estadunidenses, sino que se extenderá a otros sistemas similares o simples copias del que hasta hoy rige y se regocija a sus anchas en ese país. Todos estos planteamientos de la reforma estadunidense están, sin embargo, muy por debajo de los estándares de los sistemas universales de salud alcanzados en sociedades bastante más igualitarias: Francia, Alemania, Noruega, España, Inglaterra o Canadá.
En México, durante la pasada celebración del natalicio de Juárez, abundaron los discursos del oficialismo. El del señor Calderón pondera, en desmesurada e idílica versión como acostumbra en sus saltos al vacío, la trayectoria del benemérito. Y la trata de usar para incidir en la que considera su incansable misión de buscar la justicia. Elusivo tema que se ha salido de madre en sendas regiones de esta agobiada nación. Hasta los priístas se tratan de deslindar de la estrategia guerrera emprendida, con todo el rencor y notoria falta de diagnóstico integral, por los panistas encumbrados. Ninguno de esos críticos, empero, hace referencia al modelo de acumulación y gobierno bajo la estricta guía de sus beneficiarios: los grandes grupos de presión que los patrocinan y condicionan.
Esto sucedió días antes de la urgente, masiva visita de los encargados de la seguridad estadunidense realizada ayer. No vienen simplemente a hacer consultas y a un intercambio de ideas donde la corresponsabilidad ya es materia admitida. Vienen con el afán, casi urgencia, de imponer salvaguardas adicionales para resguardo de su propia integridad de país amenazado por el crimen organizado. Ven, con suma intranquilidad, que la administración panista ha perdido el control sobre vastas regiones de México. La descomposición que observan es creciente y no se limitará a este lado de la frontera. Se irá extendiendo, como ha hecho, a sus ciudades hasta convertirse en un agudo asunto de seguridad interna. No quieren permitirlo y tratarán de recibir las garantías necesarias para, al menos, tranquilizar conciencias. No quieren, y a lo mejor tampoco pueden, combatir de lleno el inmenso consumo de drogas que se extiende en su país. Poco podrán hacer, además, para detener el tráfico de armas y el lavado de dinero, así que pondrán toda su atención en la débil y tambaleante administración panista del señor Calderón. Como bien puede verse, el recuerdo de las acciones por las que trascendió Juárez, quedará manoseado en extremo. La distancia entre discurso oficial y esta realidad nuestra es insalvable.
Bonanza y opacidad patrimonial de la familia Calderón
Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 23 de marzo (Proceso).- Al quedar en el desempleo por su renuncia a la Secretaría de Energía en junio de 2004, Felipe Calderón poseía un modesto patrimonio: tenía sólo 32 mil pesos en dos bancos y un depósito de 16 mil dólares en Estados Unidos. Debía la hipoteca de su casa.
El sostén de la familia era Margarita Zavala Gómez del Campo, su mujer, aunque ella misma dejó de tener ingresos cuando, en marzo de 2006, solicitó licencia como diputada federal. “Yo ahorita no tengo chamba, pero soy candidato. Ella me mantiene”, confesó Calderón en la campaña.
Pero la suerte en el dinero comenzó a cambiarle a Calderón no sólo desde que, el 1 de diciembre de 2006, asumió el cargo de titular del Ejecutivo bajo acusaciones de fraude electoral, sino desde que se convirtió en candidato del Partido Acción Nacional (PAN), en octubre de 2005.
Se inició entonces la bonanza inmobiliaria y financiera, pero siempre bajo el signo de la opacidad, como lo acreditan sus propias declaraciones patrimoniales a su paso por el gobierno de Vicente Fox y en los tres años que tiene en el cargo que le confirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En este singular ascenso económico, Calderón ha dejado huellas: por ejemplo, sin haber tenido ningún empleo entre junio de 2004 y enero de 2006, los fondos de sus cuentas bancarias se multiplicaron por 10.
En efecto, el 19 de enero de 2006, al iniciar su campaña presidencial, tenía cuatro cuentas en dos bancos por un total de 288 mil 495 pesos, 346 mil 42 pesos de su afore y 14 mil 988 dólares depositados en Bank of America.
El único inmueble que reconoció como suyo fue la casa de la calle Cóndor 231, colonia Las Águilas, adquirida en marzo de 2002 mediante un crédito hipotecario por 4 millones de pesos.
En esa declaración ante el notario público 243, Guillermo Escamilla Narváez, Calderón incluyó el patrimonio de su cónyuge: cuatro cuentas bancarias en igual número de bancos por 885 mil 264 pesos; un predio rústico en Ayapango, Estado de México, y 33% de los derechos de copropiedad del terreno de mil 705 metros cuadrados de Cóndor 227.
Pero en su última declaración patrimonial como servidor público del foxismo, en mayo de 2004, Calderón consignó una fortuna considerablemente menor: una cuenta por 21 mil 616 pesos, otra por 10 mil 410 pesos, y la tercera, en el Bank of America, por 16 mil 365 dólares.
En su testimonio, declaró ser propietario de la casa de Cóndor 231 y otra de 155 metros cuadrados, cuya dirección no especificó, adquirida en enero de 1993 mediante un crédito por 340 mil pesos.
En 2004 poseía también –como hasta su declaración correspondiente a 2009– dos vehículos: un Volkswagen Golf modelo 1993, valuado en 55 mil pesos, y una camioneta Ford Windstar 2000, cuyo costo estimó en 240 mil pesos.
Siempre conforme a las declaraciones patrimoniales de Calderón, que por ley deben presentarse ante la Secretaría de la Función Pública y que consignan textualmente que toda la información es “capturada directamente por el servidor público”, este ascenso en su hacienda personal ha sido permanente.
Pero también ha crecido la opacidad de la familia Calderón-Zavala, como lo muestra el hecho de que no declaró la adquisición de los nuevos bienes inmuebles colindantes con su casa de la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México (Proceso 1789).
Bonanza financiera
Así como Calderón multiplicó por 10 los fondos de sus cuentas bancarias en dos años sin tener empleo, en su primera declaración patrimonial que presentó ostentándose como jefe del Ejecutivo, el 12 de enero de 2007, se observa un incremento curioso.
Calderón declaró ingresos netos por 147 mil 134 pesos –146 mil 584 por su primer mes en el cargo público y 550 pesos por actividad financiera– , pero sus cinco cuentas bancarias sumaban ya 674 mil pesos, además de los 15 mil 66 dólares en Estados Unidos.
Es decir, de enero a diciembre de 2006, los fondos en las cuentas bancarias de Calderón pasaron de 288 mil 495 pesos, que declaró ante notario público al inicio de la campaña, a casi 700 mil pesos, cuando él mismo aseguró haber tenido ingresos sólo por su salario de diciembre de 2006, porque públicamente renunció a los 150 mil pesos mensuales que estaban presupuestados para él en los gastos de transición.
Cinco meses después, la modificación patrimonial del 30 de mayo de 2007, con seis meses en el cargo, sufrió pocos cambios: las cuentas bancarias subieron casi 100 mil pesos, al sumar 760 mil 436, y la cuenta en dólares siguió en 15 mil 74. Un detalle: a diferencia de su primera declaración, en la segunda sí estableció los gastos de manutención: 479 mil pesos.
Llama la atención también que en esa segunda declaración, además de sus ingresos mensuales por el cargo –139 mil 850 pesos– y por actividad financiera –7 mil 107–, aparezca una suma por concepto de “servicios profesionales” por un total de 193 mil 478.
Al año siguiente, en la declaración patrimonial que presentó en mayo de 2008, Calderón informa que ganó en su primer año de gestión 2 millones 486 mil 48 pesos: 2 millones 471 mil 508 pesos por el cargo público y 14 mil 540 pesos por actividad financiera.
De esta forma, sus cuentas bancarias sumaron 701 mil 528 pesos –60 mil pesos menos que el año previo–, pero acumuló casi 1 millón y medio de pesos más por dos conceptos nuevos: un total de 614 mil 772 pesos de “seguro de separación individualizada” y 812 mil 77 pesos por lo que denominó simplemente “otros”.
Si a sus ingresos de 2 millones 486 mil 48 pesos se le restan sus gastos de manutención, que tasó en un millón 68 mil, le quedaron un millón 418 mil pesos.
En la declaración 2009, con datos al 31 de diciembre de 2008, Calderón declaró ingresos anuales por 3 millones 75 mil 182 pesos, correspondientes a 3 millones 45 mil por el cargo público y 29 mil 355 por actividad financiera.
Aunque sus cuentas bancarias sufrieron una disminución de aproximadamente 200 mil pesos respecto del año anterior –al sumar un total de 490 mil 800 pesos–, mantuvo el millón y medio de 2008 por el “seguro de separación individualizada”, que subió a 1 millón 131 mil 993 pesos, y “otros” por 374 mil 89 pesos, lo cual dio un total de 1 millón 506 mil 82 pesos.
Sus gastos durante 2008 ascendieron a 2 millones 87 mil 287 pesos: 1 millón 68 mil pesos de manutención y un millón 19 mil 287 por el pago de dos créditos hipotecarios otorgados el mismo día (6 de junio de ese año) para adquirir una “casa habitación” y un “terreno con construcciones”.
Engañosa austeridad
En las dos más recientes declaraciones patrimoniales de Calderón, que ya no incluyen los bienes de su cónyuge, Margarita Zavala –que no percibe ingresos desde 2006–, se consigna también que no cumplió su promesa de no incrementarse su sueldo desde que asumió el cargo.
En la declaración correspondiente a 2008, Calderón asegura que sus ingresos durante todo 2007 ascendieron a 2 millones 471 mil pesos netos sólo por concepto del cargo público, pero en la correspondiente a 2009 asentó que percibió durante todo 2008, también sólo por su cargo, un total de 3 millones 45 mil 827 pesos libres de impuestos.
Es decir, el sueldo de Calderón como titular del Ejecutivo, que prometió que se mantendría igual desde 2006, en un año se incrementó en 574 mil 319 pesos, equivalentes a casi 25% más, según las cifras que él mismo consignó.
Y es que Calderón siempre ha mostrado resistencias a la transparencia: jamás honró su palabra de informar sobre los gastos de su campaña, el costo de la renta de tres inmuebles usados por su equipo ni el de su casa de transición. Tampoco dio cuenta sobre sus medios de sustento durante dos años y medio de desempleo.
Calderón había dado muestras de actuar con opacidad cuando se concedió un autopréstamo por 4 millones de pesos como director general del Banco Nacional de Obras (Banobras) en 2003, al que renunció por el escándalo que generó su revelación.
De hecho, tal como lo acreditó el reportero Daniel Lizárraga en su libro La corrupción azul, trató de ocultar el despilfarro de 150 millones de pesos de los gastos de transición, que por mandato de ley y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) debe informar a detalle.
Al iniciar la gestión de Calderón, la Presidencia de la República negó a Proceso una solicitud, formulada el 4 de diciembre de 2006, para tener acceso a su declaración patrimonial, con el argumento de que no es de su competencia.
Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reportero solicitó la “relación de bienes del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que incluya propiedades muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias y adeudos, que por ley debe rendir en su declaración patrimonial”.
Sin embargo, el 15 de diciembre, la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República notificó al solicitante la negativa, con el argumento de que no es de su competencia, sino de la Secretaría de la Función Pública, según el artículo 37 fracción XV, donde se establece que a ésta le corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables”.
Sin embargo, al margen de esa disposición legal, el Código de Ética del PAN que Calderón se comprometió a respetar dispone, en el apartado “Información, comunicación y transparencia”, la obligación de los servidores públicos de ese partido a abrirse al escrutinio público.
En el punto 23 establece: “Me aseguraré (de) que la información que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la información”.
En el punto 24 añade: “Facilitaré a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar. Me abstendré de ofrecer u otorgar favores o dádivas con cualquier propósito que busque cambiar el sentido de tal información”.
Y en el 27 anota: “Ejerceré la autoridad con responsabilidad y aplicaré en ello todo mi tiempo y esfuerzo, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor público y del partido. Estaré dispuesto al escrutinio de la gestión pública. Haré transparente y limpio el ámbito público”.
El mismo Calderón, al iniciar su campaña y hacer público su patrimonio, el 19 de enero de 2006, rechazó la corrupción –“¡No es válido amasar fortunas al amparo del poder!”– y se ufanó: “¡Tengo las manos limpias, no tengo cola que me pisen ni dinero mal habido ni sangre en las manos!”.