AUTORITARISMO REPRESOR
29 abr 2010
Aprueban La Parota en medio de cerco policiaco
Realizan autoridades asamblea a modo que excluyó a opositores
La reunión y los acuerdos aprobados son ilegales y serán anulados en tribunales, asegura el CECOP
Enfrentamiento deja 10 autos dañados
SERGIO OCAMPO ARISTA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 33
La Concepción, Acapulco, Gro., 28 de abril. Protegidos por una alambrada y más de 700 policías estatales y municipales, aproximadamente 600 comuneros del comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec aprobaron en asamblea la construcción de la presa La Parota, solicitada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en medio de las protestas que, a unos 100 metros, efectuaban más de mil 500 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP).
Miembros del CECOP se enfrentaron a pedradas con unos 50 policías ministeriales y un grupo de choque formado por taxistas supuestamente traídos de Acapulco. Aunque no hubo lesionados, resultaron dañadas cinco patrullas de la corporación, además de dos camionetas pick-up y tres autos particulares, uno de un reportero.
Desde las siete de la mañana un helicóptero de la policía estatal sobrevoló cerros y lomas aledañas al lugar de la asamblea. El mayor Valentín Díaz Reyes, director de la policía investigadora ministerial (PIM), y el general Ramón Miguel Arreola, subsecretario de Prevención y Operación Policial, corrían de un lado a otro dando órdenes a los 400 agentes estatales, 250 municipales y 80 ministeriales que custodiaban la asamblea. Los uniformados traían pasamontañas y estaban armados con toletes, escudos y fusiles.
Dentro de la malla ciclónica y bajo una lona se instalaron un templete y 450 sillas que ocuparon pobladores de algunas de las 46 comunidades que resultarán afectadas con la construcción de la presa, mientras los taxistas de Acapulco desplegaban dos pancartas de apoyo a la obra.
A las ocho de la mañana empezó el registro de los asistentes ante personas que se negaron a decir de dónde venían, aunque se supuso que eran de la Procuraduría Agraria. Los policías controlaron el ingreso de los comuneros, a quienes revisaban minuciosamente.
A las 9:45, Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acompañado por dirigentes del CECOP, intentó convencer a Díaz Reyes, director de la PIM, de que permitiera el ingreso a los opositores. Denme cinco minutos. Voy a consultarlo y les traigo la respuesta, dijo, pero no volvió, lo que molestó a los disidentes.
A las órdenes del gobierno estatal
A las 10 de la mañana, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría general de Justicia del Estado ordenaron a Eustaquio García Vázquez, presidente de bienes comunales de Cacahuatepec, y Eudocio Miranda Casiano, secretario, dar inicio la asamblea e instalar el presídium, en el que estaban César Bajos Valverde, secretario particular del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y el notario público Antonio Nozari Morlet, entre otros.
Miranda Cansino dio lectura al orden del día y en el pase de lista afirmó: Tenemos a mil 200 comuneros registrados. Hay quórum, lo cual aprobó la gente, presionada por los policías estatales para que aplaudiera.
Tembloroso, pasó a los puntos centrales: llevar ante la Secretaría de la Reforma Agraria el trámite de expropiación, por causa de utilidad pública, del predio donde se construirá el embalse; la autorización y solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Social de la emisión del dictamen del cambio de uso de suelo, y la solicitud de la CFE para que la asamblea general de comuneros autorice la ocupación previa de una superficie de mil 383 hectáreas para destinarlas a la presa.
Desde su asiento, el notario público Antonio Nozari dijo a Eudocio que presentara los puntos a consideración de la asamblea, y éste obedeció: Compañeros, ¿están de acuerdo con estos tres puntos y con el proyecto hidroeléctrico La Parota? Ejidatarios y taxistas levantaron la mano. La asamblea general de comuneros aprueba el proyecto hidroeléctrico, remató el que formalmente dirigía la asamblea.
A las 10:30 horas, unos 10 policías vestidos de civil se llevaron a Eustaquio García y a Eudocio Miranda para evitar que hablaran con la prensa.
Vidulfo Rosales, asesor del CECOP, anunció que no reconocerían los acuerdos de esta asamblea, que de origen está viciada, con una convocatoria que es ilegal. Tenemos cuatro juicios que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 41 anuló, ya que las convocatorias se hicieron con la misma fundamentación jurídica y fueron anuladas en 2006.
Anunció que el 18 de abril la organización Tlachinollan impugnó ante el TUA la asamblea de hoy. Vamos a interponer mañana el juicio de nulidad y estamos seguros de que se anulará.
Resaltó que esta reunión se hizo en segunda convocatoria, lo que les habría permitido tomar el acuerdo con la gente que llegara, incluso con 30. Eso es ilegítimo porque no se puede aprobar con mayoría simple; tiene que ser 50 por ciento, es decir, deberían votar cerca de 5 mil comuneros.
Los integrantes del CECOP realizaron un mitin en el centro del poblado y regresaron a la comunidad de Aguacaliente.
Que quede claro: sólo muertos nos van a sacar de nuestras tierras, advirtió Felipe Flores, dirigente del CECOP.
"Una trampa", la Ley de Seguridad Nacional: Rosario Ibarra
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- La senadora del PT, Rosario Ibarra, dio a conocer su posición en contra de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada un día antes, argumentando que no pudo estar en el pleno por unas gestiones en materia de presos políticos.
Ibarra calificó como “muy grave” la aprobación de esta ley, ya que “se presentan ciertos aspectos positivos en un caso y otro, pero se presentan para encubrir aspectos esenciales de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo”.
Calificó como una “trampa” esta ley, y subrayó que existe una contradicción en el dictamen aprobado: “aunque se limite en un sentido la acción del Ejército y se le prohíba reprimir movimientos sociales, en el caso de que ocurran estas violaciones, la reforma de todos modos les mantiene el privilegio de ser juzgados por tribunales militares”.
Alberta y Teresa quedan en libertad; estuvieron presas más de tres años
Verónica Espinosa
QUERÉTARO, Qro., 28 de abril (apro).- Las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, abandonaron hoy, alrededor de las 18:00 horas, el penal de femenil de Querétaro, donde permanecieron presas durante más de tres años purgando una condena de 21 años de prisión acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La excarcelación de Alberta y Teresa fue posible gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la “inmediata liberación” de ambas indígenas ante la falta de evidencias que probaran su culpabilidad en los delitos que la Procuraduría General de la República les imputó en el año 2006, luego de un operativo antipiratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Poco después de las cinco de la tarde, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre ellos el abogado de las dos indígenas, Andrés Díaz, llegaron al penal y entraron con la notificación de libertad remitida por la Corte.
A las 18:00 horas, Alberta y Teresa salieron de la mano del abogado Díaz, escoltadas por un grupo de activistas con camisetas de Amnistía Internacional que formaron una valla para que los medios de comunicación no pudieran acercarse a ellas.
Teresa llevaba en sus brazos a su hija Jazmín, quien nació dentro del penal.
“Estamos muy contentas…¡por fin se hizo justicia!”, fueron algunos de los comentarios que alcanzaron a hacer ante cámaras y micrófonos, antes de abordar dos camionetas para viajar a la Ciudad de México, donde, según se anunció, mañana ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Pro.
La decisión final
La SCJN admitió una apelación interpuesta por los defensores de las dos indígenas contra la sentencia, en medio de los llamados de diversas organizaciones y actores políticos, como el propio gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, quien se reunió con el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, para insistirle que la Corte atrajera el asunto.
Teresa y Alberta pasaron tres años y medio de reclusión en el Cereso de San José el Alto. Otra de las otomíes acusadas de este mismo delito por la Procuraduría General de la República, Jacinta Francisco Marcial, fue liberada en septiembre del año pasado, tras una fuerte presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos que obligaron a la PGR a desistirse de la acusación por el secuestro de los agentes en el operativo aplicado en la localidad de Santiago Mexquititlán.
La PGR se negó a acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar el caso, ante las evidentes irregularidades detectadas en la averiguación y en el proceso por el que resultaron declaradas culpables.
Todavía a fines de febrero, el Juez IV de Distrito en esta entidad confirmó la sentencia de 21 años de cárcel para ambas.
Ese mismo mes fueron declaradas “presas de conciencia” por el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, al considerar que fueron víctimas de un proceso discriminatorio por parte de la PGR, por su condición de mujeres indígenas en extrema pobreza.
Herrera exigió al Estado mexicano responder a las tres otomíes por los años pasados en prisión, “que ya nadie les devuelve”.
A la presión se sumaron senadores del PRI encabezados por Manlio Fabio Beltrones, quien visitó a las dos mujeres el 21 de marzo e insistió en su liberación.
La ministra Olga Sánchez Cordero, al referirse al dictamen que estuvo a su cargo para declarar la absolución y libertad de Alberta y Teresa en la sesión de la SCJN, explicó que mientras la acusación por posesión de drogas sólo se sustentó en las declaraciones de los agentes, el delito de privación ilegal de la libertad no se configuró en este caso, puesto que no se exigió el pago de un rescate o se causó algún daño o perjuicio a los agentes, que fueron retenidos por una multitud de comerciantes, a quienes les estaban recogiendo diversas mercancías, entre ellas artículos de piratería.
La ministra citó la contradicciones en que incurrieron los agentes federales al dar la versión de lo ocurrido durante el operativo efectuado en Santiago Mexquititlán, no sólo en lo que se refiere a su presunto secuestro, sino también en la descripción que hicieron de Alberta –a quien señalaron como responsable-- como una persona totalmente diferente a ella.
En tanto que los ministros José Ramón Cossío y Arturo Saldívar enfatizaron el interés nacional que tiene el caso, lo que fue uno de los motivos por los que la Corte determinó la atracción del mismo, y “hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada”.
“Se trata de un trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas, y si es verdad que un solo inocente esté en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando quizás esto nos lleve a pensar que hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones, y violaciones de los derechos humanos, creo que todavía hace mucho más importante el que hayamos tomado esta determinación”, refirió en su intervención el ministro Saldívar.
Aseguró que la decisión que votaron por unanimidad tendrá dos efectos: el inmediato, con la libertad de Alberta y Teresa, y un mensaje en el sentido de que estas prácticas no deben seguir ocurriendo en el país, “y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlas”.
La SCJN declaró a Teresa y Alberta absueltas de las acusaciones de la PGR por el presunto secuestro de los seis agentes de las AFI, en virtud de que no se acreditaron los elementos de esta acusación, como tampoco se comprobó la supuesta portación de cocaína de la que se responsabilizó a Alberta con base en las declaraciones de los agentes federales.
La Corte incluso acordó enviar una comunicación urgente al juez de Distrito para agilizar la liberación de las dos mujeres, la cual se concretó a las 18:00 horas de este miércoles.
Realizan autoridades asamblea a modo que excluyó a opositores
La reunión y los acuerdos aprobados son ilegales y serán anulados en tribunales, asegura el CECOP
Enfrentamiento deja 10 autos dañados
SERGIO OCAMPO ARISTA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 33
La Concepción, Acapulco, Gro., 28 de abril. Protegidos por una alambrada y más de 700 policías estatales y municipales, aproximadamente 600 comuneros del comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec aprobaron en asamblea la construcción de la presa La Parota, solicitada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en medio de las protestas que, a unos 100 metros, efectuaban más de mil 500 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP).
Miembros del CECOP se enfrentaron a pedradas con unos 50 policías ministeriales y un grupo de choque formado por taxistas supuestamente traídos de Acapulco. Aunque no hubo lesionados, resultaron dañadas cinco patrullas de la corporación, además de dos camionetas pick-up y tres autos particulares, uno de un reportero.
Desde las siete de la mañana un helicóptero de la policía estatal sobrevoló cerros y lomas aledañas al lugar de la asamblea. El mayor Valentín Díaz Reyes, director de la policía investigadora ministerial (PIM), y el general Ramón Miguel Arreola, subsecretario de Prevención y Operación Policial, corrían de un lado a otro dando órdenes a los 400 agentes estatales, 250 municipales y 80 ministeriales que custodiaban la asamblea. Los uniformados traían pasamontañas y estaban armados con toletes, escudos y fusiles.
Dentro de la malla ciclónica y bajo una lona se instalaron un templete y 450 sillas que ocuparon pobladores de algunas de las 46 comunidades que resultarán afectadas con la construcción de la presa, mientras los taxistas de Acapulco desplegaban dos pancartas de apoyo a la obra.
A las ocho de la mañana empezó el registro de los asistentes ante personas que se negaron a decir de dónde venían, aunque se supuso que eran de la Procuraduría Agraria. Los policías controlaron el ingreso de los comuneros, a quienes revisaban minuciosamente.
A las 9:45, Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acompañado por dirigentes del CECOP, intentó convencer a Díaz Reyes, director de la PIM, de que permitiera el ingreso a los opositores. Denme cinco minutos. Voy a consultarlo y les traigo la respuesta, dijo, pero no volvió, lo que molestó a los disidentes.
A las órdenes del gobierno estatal
A las 10 de la mañana, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría general de Justicia del Estado ordenaron a Eustaquio García Vázquez, presidente de bienes comunales de Cacahuatepec, y Eudocio Miranda Casiano, secretario, dar inicio la asamblea e instalar el presídium, en el que estaban César Bajos Valverde, secretario particular del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y el notario público Antonio Nozari Morlet, entre otros.
Miranda Cansino dio lectura al orden del día y en el pase de lista afirmó: Tenemos a mil 200 comuneros registrados. Hay quórum, lo cual aprobó la gente, presionada por los policías estatales para que aplaudiera.
Tembloroso, pasó a los puntos centrales: llevar ante la Secretaría de la Reforma Agraria el trámite de expropiación, por causa de utilidad pública, del predio donde se construirá el embalse; la autorización y solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Social de la emisión del dictamen del cambio de uso de suelo, y la solicitud de la CFE para que la asamblea general de comuneros autorice la ocupación previa de una superficie de mil 383 hectáreas para destinarlas a la presa.
Desde su asiento, el notario público Antonio Nozari dijo a Eudocio que presentara los puntos a consideración de la asamblea, y éste obedeció: Compañeros, ¿están de acuerdo con estos tres puntos y con el proyecto hidroeléctrico La Parota? Ejidatarios y taxistas levantaron la mano. La asamblea general de comuneros aprueba el proyecto hidroeléctrico, remató el que formalmente dirigía la asamblea.
A las 10:30 horas, unos 10 policías vestidos de civil se llevaron a Eustaquio García y a Eudocio Miranda para evitar que hablaran con la prensa.
Vidulfo Rosales, asesor del CECOP, anunció que no reconocerían los acuerdos de esta asamblea, que de origen está viciada, con una convocatoria que es ilegal. Tenemos cuatro juicios que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 41 anuló, ya que las convocatorias se hicieron con la misma fundamentación jurídica y fueron anuladas en 2006.
Anunció que el 18 de abril la organización Tlachinollan impugnó ante el TUA la asamblea de hoy. Vamos a interponer mañana el juicio de nulidad y estamos seguros de que se anulará.
Resaltó que esta reunión se hizo en segunda convocatoria, lo que les habría permitido tomar el acuerdo con la gente que llegara, incluso con 30. Eso es ilegítimo porque no se puede aprobar con mayoría simple; tiene que ser 50 por ciento, es decir, deberían votar cerca de 5 mil comuneros.
Los integrantes del CECOP realizaron un mitin en el centro del poblado y regresaron a la comunidad de Aguacaliente.
Que quede claro: sólo muertos nos van a sacar de nuestras tierras, advirtió Felipe Flores, dirigente del CECOP.
"Una trampa", la Ley de Seguridad Nacional: Rosario Ibarra
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- La senadora del PT, Rosario Ibarra, dio a conocer su posición en contra de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada un día antes, argumentando que no pudo estar en el pleno por unas gestiones en materia de presos políticos.
Ibarra calificó como “muy grave” la aprobación de esta ley, ya que “se presentan ciertos aspectos positivos en un caso y otro, pero se presentan para encubrir aspectos esenciales de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo”.
Calificó como una “trampa” esta ley, y subrayó que existe una contradicción en el dictamen aprobado: “aunque se limite en un sentido la acción del Ejército y se le prohíba reprimir movimientos sociales, en el caso de que ocurran estas violaciones, la reforma de todos modos les mantiene el privilegio de ser juzgados por tribunales militares”.
Alberta y Teresa quedan en libertad; estuvieron presas más de tres años
Verónica Espinosa
QUERÉTARO, Qro., 28 de abril (apro).- Las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, abandonaron hoy, alrededor de las 18:00 horas, el penal de femenil de Querétaro, donde permanecieron presas durante más de tres años purgando una condena de 21 años de prisión acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La excarcelación de Alberta y Teresa fue posible gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la “inmediata liberación” de ambas indígenas ante la falta de evidencias que probaran su culpabilidad en los delitos que la Procuraduría General de la República les imputó en el año 2006, luego de un operativo antipiratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Poco después de las cinco de la tarde, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre ellos el abogado de las dos indígenas, Andrés Díaz, llegaron al penal y entraron con la notificación de libertad remitida por la Corte.
A las 18:00 horas, Alberta y Teresa salieron de la mano del abogado Díaz, escoltadas por un grupo de activistas con camisetas de Amnistía Internacional que formaron una valla para que los medios de comunicación no pudieran acercarse a ellas.
Teresa llevaba en sus brazos a su hija Jazmín, quien nació dentro del penal.
“Estamos muy contentas…¡por fin se hizo justicia!”, fueron algunos de los comentarios que alcanzaron a hacer ante cámaras y micrófonos, antes de abordar dos camionetas para viajar a la Ciudad de México, donde, según se anunció, mañana ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Pro.
La decisión final
La SCJN admitió una apelación interpuesta por los defensores de las dos indígenas contra la sentencia, en medio de los llamados de diversas organizaciones y actores políticos, como el propio gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, quien se reunió con el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, para insistirle que la Corte atrajera el asunto.
Teresa y Alberta pasaron tres años y medio de reclusión en el Cereso de San José el Alto. Otra de las otomíes acusadas de este mismo delito por la Procuraduría General de la República, Jacinta Francisco Marcial, fue liberada en septiembre del año pasado, tras una fuerte presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos que obligaron a la PGR a desistirse de la acusación por el secuestro de los agentes en el operativo aplicado en la localidad de Santiago Mexquititlán.
La PGR se negó a acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar el caso, ante las evidentes irregularidades detectadas en la averiguación y en el proceso por el que resultaron declaradas culpables.
Todavía a fines de febrero, el Juez IV de Distrito en esta entidad confirmó la sentencia de 21 años de cárcel para ambas.
Ese mismo mes fueron declaradas “presas de conciencia” por el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, al considerar que fueron víctimas de un proceso discriminatorio por parte de la PGR, por su condición de mujeres indígenas en extrema pobreza.
Herrera exigió al Estado mexicano responder a las tres otomíes por los años pasados en prisión, “que ya nadie les devuelve”.
A la presión se sumaron senadores del PRI encabezados por Manlio Fabio Beltrones, quien visitó a las dos mujeres el 21 de marzo e insistió en su liberación.
La ministra Olga Sánchez Cordero, al referirse al dictamen que estuvo a su cargo para declarar la absolución y libertad de Alberta y Teresa en la sesión de la SCJN, explicó que mientras la acusación por posesión de drogas sólo se sustentó en las declaraciones de los agentes, el delito de privación ilegal de la libertad no se configuró en este caso, puesto que no se exigió el pago de un rescate o se causó algún daño o perjuicio a los agentes, que fueron retenidos por una multitud de comerciantes, a quienes les estaban recogiendo diversas mercancías, entre ellas artículos de piratería.
La ministra citó la contradicciones en que incurrieron los agentes federales al dar la versión de lo ocurrido durante el operativo efectuado en Santiago Mexquititlán, no sólo en lo que se refiere a su presunto secuestro, sino también en la descripción que hicieron de Alberta –a quien señalaron como responsable-- como una persona totalmente diferente a ella.
En tanto que los ministros José Ramón Cossío y Arturo Saldívar enfatizaron el interés nacional que tiene el caso, lo que fue uno de los motivos por los que la Corte determinó la atracción del mismo, y “hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada”.
“Se trata de un trato injusto y discriminatorio de dos mujeres indígenas mexicanas, y si es verdad que un solo inocente esté en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando quizás esto nos lleve a pensar que hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones, y violaciones de los derechos humanos, creo que todavía hace mucho más importante el que hayamos tomado esta determinación”, refirió en su intervención el ministro Saldívar.
Aseguró que la decisión que votaron por unanimidad tendrá dos efectos: el inmediato, con la libertad de Alberta y Teresa, y un mensaje en el sentido de que estas prácticas no deben seguir ocurriendo en el país, “y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlas”.
La SCJN declaró a Teresa y Alberta absueltas de las acusaciones de la PGR por el presunto secuestro de los seis agentes de las AFI, en virtud de que no se acreditaron los elementos de esta acusación, como tampoco se comprobó la supuesta portación de cocaína de la que se responsabilizó a Alberta con base en las declaraciones de los agentes federales.
La Corte incluso acordó enviar una comunicación urgente al juez de Distrito para agilizar la liberación de las dos mujeres, la cual se concretó a las 18:00 horas de este miércoles.
Asesinan a edil de municipio indígena
SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 33
Chilpancingo, Gro.,28 de abril. El presidente municipal de Zapotitlán Tablas, el priísta José Santiago Agustino, fue asesinado a balazos esta tarde en la capital del estado.
Alrededor de las seis de la tarde el alcalde de esa localidad indígena, ubicada en la Montaña alta de Guerrero, salía del mercado Benito Juárez, donde había comido con otras tres personas, y se dirigía a su vehículo cuando se acercaron dos jóvenes que, según los acompañantes del funcionario, le dispararon a quemarropa.
Gilberto Solano Arriaga, asesor del ayuntamiento; su hermano Epifanio, secretario general, y el escolta Antonio García Carranza salieron ilesos.
La comitiva fue a la capital de Guerrero a comprar juguetes para la celebración del Día del Niño. Se desconoce el móvil y el paradero de los homicidas.
SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 33
Chilpancingo, Gro.,28 de abril. El presidente municipal de Zapotitlán Tablas, el priísta José Santiago Agustino, fue asesinado a balazos esta tarde en la capital del estado.
Alrededor de las seis de la tarde el alcalde de esa localidad indígena, ubicada en la Montaña alta de Guerrero, salía del mercado Benito Juárez, donde había comido con otras tres personas, y se dirigía a su vehículo cuando se acercaron dos jóvenes que, según los acompañantes del funcionario, le dispararon a quemarropa.
Gilberto Solano Arriaga, asesor del ayuntamiento; su hermano Epifanio, secretario general, y el escolta Antonio García Carranza salieron ilesos.
La comitiva fue a la capital de Guerrero a comprar juguetes para la celebración del Día del Niño. Se desconoce el móvil y el paradero de los homicidas.
