EN EL ESTADO POLICIACO
16 abr 2010
Normalización Galvanizada
VÍCTOR M. QUINTANA S.
Por más que las rechacemos, son importantes las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, justificando el estado de excepción de facto que se vive en varias partes del país. Nadie como él se ha atrevido a expresar con tanta sinceridad y claridad el proyecto del gobierno de Calderón de normalizar lo que todavía los ciudadanos consideramos anormal. De que aceptemos, como diría Orlando Fals Borda, la normalización de la violencia con todas las aberraciones que ésta acarrea, como un dato de la vida cotidiana.
Chihuahua podría ser un excelente laboratorio para Calderón, muy interesado él en la lucha de percepciones. Aquí los principales actores gubernamentales y políticos se conducen como si la normalidad no hubiera sido alterada. No importan los 5 mil 600 homicidios dolosos de los dos años que han durado los operativos u operaciones conjuntas, los 225 secuestros denunciados o las 37 mil extorsiones. Tampoco pesa el que, además de los municipios desolados de la Alta Babícora, ahora el crimen organizado asuele las dos municipalidades del valle de Juárez, matando, incendiando, obligando a emigrar a sus aterrados habitantes. El estado donde nada ocurre en el país donde no pasa nada.
Por fin el Ejército vuelve a sus cuarteles, lo que debiera ser normal, pero sin rendir cuenta de los resultados de su actuación, sin presentar a los jóvenes levantados por elementos de la tropa ni mucho menos juzgar en los tribunales civiles a los militares violadores de derechos humanos. Todo esto es anormal, ilegal, pero el titular de la Defensa lo quiere normalizar y hasta legalizar.
Por otro lado, cuando ya casi nos habían acostumbrado a pensar que esta guerra contra el crimen organizado es normal, resulta que la FBI revela en El Paso, Texas, que a resultas de esta guerra, que más que del Estado contra la delincuencia organizada, es de cártel contra cártel, el del Chapo Guzmán controla ya este importante corredor de la droga hacia Estados Unidos, en detrimento del cártel de Juárez, en retirada. Habrá que normalizar, pues, la percepción de que la intervención policiaca militar siempre desemboca en el debilitamiento de un cártel y el fortalecimiento de otro.
El gobierno federal actúa como si todo en Juárez fuera normal, sin sentido de emergencia. El tan propagandizado programa Todos somos Juárez muere de inanición. Fuera de algunas inversiones y acciones en educación y en salud, no ha habido sensibilidad ni imaginación para enfrentar la emergencia social y de seguridad. Ni siquiera el urgente programa de regularización de carros chocolates, muy demandado por todos los sectores sociales, ha funcionado. Las reglas para regularizar son tan complicadas y los costos tan altos que nadie se ha acogido a él.
La mayoría de los partidos políticos, sobre todo el PRI y el PAN, los organismos electorales y el propio gobierno se conducen como si el proceso electoral que culmina el 4 de julio se realizara dentro de toda normalidad. Que los precandidatos sean amenazados por el crimen en sus personas o en las de su familia, que no se encuentren candidatos para algunas alcaldías, que no se tenga calculado si todas las casillas se podrán instalar; que vuelva a contender por la alcaldía de Juárez aquel cuyo director de seguridad pública fuera aprehendido por la DEA por sus vínculos con el narco y en cuya administración prohijaron pandillas, todo esto, si no es normal, se normaliza. Para la mayoría de la clase política el problema no es que corra la sangre en el estado: el problema es que vaya a salpicar las urnas.
Pero todo esto no es lo peor. Que Ejército, gobierno federal, gobierno estatal, partidos, organismos electorales quieran normalizar la situación de terror, las masacres, las operaciones de limpieza contra los minoristas de droga, ceder el territorio de esta frontera a uno de los cárteles: que no quieran reconocer el estado de excepción ni la anormalidad democrática que se da en torno al proceso electoral, puede entenderse dentro de la lógica de conservación del poder, así sea compartido con los poderes fácticos. Lo que es terrible para entender es que ante todas estas agresiones cotidianas, anormales al estado de derecho, a la justicia, a la democracia, la ciudadanía no nos hayamos podido erguir contra el proyecto desde arriba de normalizar lo inaceptable. Porque la postura mayoritaria de la población sigue siendo el miedo o el refugio en lo individual.
Fuera de ciertos grupos y organizaciones no se ha logrado construir el sujeto colectivo que pida cuentas, exija, que la única normalidad aceptable es la de la justicia y el derecho.
Y esto de veras preocupa porque ahora es Juárez, es Chihuahua, y pronto será México entero.
VÍCTOR M. QUINTANA S.
Por más que las rechacemos, son importantes las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, justificando el estado de excepción de facto que se vive en varias partes del país. Nadie como él se ha atrevido a expresar con tanta sinceridad y claridad el proyecto del gobierno de Calderón de normalizar lo que todavía los ciudadanos consideramos anormal. De que aceptemos, como diría Orlando Fals Borda, la normalización de la violencia con todas las aberraciones que ésta acarrea, como un dato de la vida cotidiana.
Chihuahua podría ser un excelente laboratorio para Calderón, muy interesado él en la lucha de percepciones. Aquí los principales actores gubernamentales y políticos se conducen como si la normalidad no hubiera sido alterada. No importan los 5 mil 600 homicidios dolosos de los dos años que han durado los operativos u operaciones conjuntas, los 225 secuestros denunciados o las 37 mil extorsiones. Tampoco pesa el que, además de los municipios desolados de la Alta Babícora, ahora el crimen organizado asuele las dos municipalidades del valle de Juárez, matando, incendiando, obligando a emigrar a sus aterrados habitantes. El estado donde nada ocurre en el país donde no pasa nada.
Por fin el Ejército vuelve a sus cuarteles, lo que debiera ser normal, pero sin rendir cuenta de los resultados de su actuación, sin presentar a los jóvenes levantados por elementos de la tropa ni mucho menos juzgar en los tribunales civiles a los militares violadores de derechos humanos. Todo esto es anormal, ilegal, pero el titular de la Defensa lo quiere normalizar y hasta legalizar.
Por otro lado, cuando ya casi nos habían acostumbrado a pensar que esta guerra contra el crimen organizado es normal, resulta que la FBI revela en El Paso, Texas, que a resultas de esta guerra, que más que del Estado contra la delincuencia organizada, es de cártel contra cártel, el del Chapo Guzmán controla ya este importante corredor de la droga hacia Estados Unidos, en detrimento del cártel de Juárez, en retirada. Habrá que normalizar, pues, la percepción de que la intervención policiaca militar siempre desemboca en el debilitamiento de un cártel y el fortalecimiento de otro.
El gobierno federal actúa como si todo en Juárez fuera normal, sin sentido de emergencia. El tan propagandizado programa Todos somos Juárez muere de inanición. Fuera de algunas inversiones y acciones en educación y en salud, no ha habido sensibilidad ni imaginación para enfrentar la emergencia social y de seguridad. Ni siquiera el urgente programa de regularización de carros chocolates, muy demandado por todos los sectores sociales, ha funcionado. Las reglas para regularizar son tan complicadas y los costos tan altos que nadie se ha acogido a él.
La mayoría de los partidos políticos, sobre todo el PRI y el PAN, los organismos electorales y el propio gobierno se conducen como si el proceso electoral que culmina el 4 de julio se realizara dentro de toda normalidad. Que los precandidatos sean amenazados por el crimen en sus personas o en las de su familia, que no se encuentren candidatos para algunas alcaldías, que no se tenga calculado si todas las casillas se podrán instalar; que vuelva a contender por la alcaldía de Juárez aquel cuyo director de seguridad pública fuera aprehendido por la DEA por sus vínculos con el narco y en cuya administración prohijaron pandillas, todo esto, si no es normal, se normaliza. Para la mayoría de la clase política el problema no es que corra la sangre en el estado: el problema es que vaya a salpicar las urnas.
Pero todo esto no es lo peor. Que Ejército, gobierno federal, gobierno estatal, partidos, organismos electorales quieran normalizar la situación de terror, las masacres, las operaciones de limpieza contra los minoristas de droga, ceder el territorio de esta frontera a uno de los cárteles: que no quieran reconocer el estado de excepción ni la anormalidad democrática que se da en torno al proceso electoral, puede entenderse dentro de la lógica de conservación del poder, así sea compartido con los poderes fácticos. Lo que es terrible para entender es que ante todas estas agresiones cotidianas, anormales al estado de derecho, a la justicia, a la democracia, la ciudadanía no nos hayamos podido erguir contra el proyecto desde arriba de normalizar lo inaceptable. Porque la postura mayoritaria de la población sigue siendo el miedo o el refugio en lo individual.
Fuera de ciertos grupos y organizaciones no se ha logrado construir el sujeto colectivo que pida cuentas, exija, que la única normalidad aceptable es la de la justicia y el derecho.
Y esto de veras preocupa porque ahora es Juárez, es Chihuahua, y pronto será México entero.
La educación en el DF
Axel Didriksson
MÉXICO, D.F., 15 de abril.- Como punto de acuerdo de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF, el pasado 4 de marzo se propuso “reimpulsar el proceso de descentralización de los servicios educativos en el Distrito Federal” y “concretar en el menor tiempo posible la transferencia de los servicios educativos del nivel básico”.
La capital del país es la única entidad de la República que no dispone de la descentralización de los servicios educativos de nivel básico, de las escuelas de formación de maestros ni de otros mecanismos o recursos fundamentales para realizar los cambios que podrían detonar una reforma integral en el sector.
Desde que se acordó en 1993 el proceso de descentralización, en la Ley General de Educación se entretejió un ya famoso artículo cuarto transitorio donde se dispuso que la educación básica sólo podría ser transferida al gobierno de la ciudad cuando así lo acordasen los gobiernos federal y local ¡con el SNTE! Y, por supuesto, este ha sido el escollo más grande para concretar el asunto.
No ha sido, por supuesto, la primera vez que se ha intentado establecer el pleno derecho que tiene el Distrito Federal a contar con su propio sistema educativo. Por ejemplo, en 2000, la Legislatura correspondiente aprobó la Ley de Educación para la capital, y propuso la descentralización inmediata. La respuesta fue una aplanadora del PAN y del PRI en su contra, ya que por la vía de la controversia constitucional dejaron sin efecto la ley y la iniciativa de descentralización.
Hubo muchos foros y manifestaciones en contra de esa controversia. Se tomó la tribuna de la Cámara de Diputados. Y nada: el SNTE y la SEP dijeron que no. Y lo dijeron, entre otras cosas, porque el gasto educativo en la entidad representa un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos, el control de tres secciones sindicales (la 9, la 10 y la 11) y el requerimiento de otorgar los recursos necesarios para garantizar el servicio del más grande y complejo sistema educativo que existe en el país.
De acuerdo con un estudio de David Márquez Ayala (editado por la Secretaría de Educación-GDF en 2008), las participaciones federales al Distrito Federal sufren severas reducciones desde la década de los 90. El autor precisa que, “si se suman las pérdidas estimadas de Participaciones al Distrito Federal de 1990 a 2008, la cifra total sería de 346 mil 880 millones de pesos a precios constantes de 2006”.
Lo peor de todo es que, de 1993 a la fecha, el modelo de descentralización controlado por el SNTE no ha funcionado, porque no se produjeron los cambios requeridos para elevar los niveles de cobertura social, ni para aumentar la eficiencia y la participación de los principales actores en el mejoramiento de la calidad de los servicios que las entidades ofrecen; porque representa una carga impositiva para los gobiernos de los estados, los que, además, no pueden intervenir en los aspectos fundamentales de la tarea educativa debido a que la SEP mantiene la más fuerte centralización de poderes, recursos e instrumentos; y porque lo que ha provocado es atomización, mayor control sobre las autoridades locales (las que se dejan) y la consolidación de las desigualdades educativas entre entidades, regiones y localidades.
Con la creación de la Secretaría de Educación en el Gobierno del Distrito Federal (SE-GDF), a principios de 2007, se retomó el tema de la descentralización; se formularon iniciativas de ley para alcanzarla; se efectuaron numerosos foros que condujeron a la organización del “Acuerdo social para la calidad y la transformación de la educación en la Ciudad de México”, en los cuales participaron estudiantes, profesores, empresarios, padres de familia, investigadores, artistas, sindicatos, cooperativas y otros conglomerados de representación ciudadana; se diseñó un plan de acción para la reforma educativa en el nivel básico y de profesores; se hicieron importantes propuestas donde se mostraba que era indispensable ciudadanizar la educación para elevar su cobertura y su calidad; y se impulsaron programas sociales de muy amplia cobertura para jóvenes, niños y adultos. La respuesta de la SEP y del SNTE volvió a ser: “no”.
¿Por qué no? Porque aparte de los recursos que no desean soltar, deben existir algunas trampas que no quieren que se sepan. Tan sólo para mencionar una evidencia de lo que aflora con alta turbiedad desde las oficinas de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, desde allí, la SEP ha realizado 30 mil 834 pagos a 670 trabajadores comisionados en tareas sindicales con goce de sueldo, y que estos pagos sumaban más de 134 millones de pesos. Asimismo, que esa oficina ha gastado 17 millones 325 mil pesos en becas para hijos de trabajadores del SNTE, cuando no existe ningún convenio que sustente tal gasto (El Universal, 31/03/2010). Una muestra pequeña de lo que se eroga en beneficio de un grupo de interés particular, que nada tiene que ver con la marcha del sistema educativo, ni de la Ciudad de México ni del país.
Esto y más podrán hallar los diputados de la V Legislatura del DF si quieren llegar hasta las últimas consecuencias en la descentralización de la educación y si ésta llega a ocurrir. Mucho está organizado y documentado para que sea posible, y sólo basta con revisar lo que la misma ciudadanía ha propuesto al respecto en lo que va de este siglo. Lo más grave sería que, por alguna razón, todo ello no se tomara en cuenta.
Axel Didriksson
MÉXICO, D.F., 15 de abril.- Como punto de acuerdo de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF, el pasado 4 de marzo se propuso “reimpulsar el proceso de descentralización de los servicios educativos en el Distrito Federal” y “concretar en el menor tiempo posible la transferencia de los servicios educativos del nivel básico”.
La capital del país es la única entidad de la República que no dispone de la descentralización de los servicios educativos de nivel básico, de las escuelas de formación de maestros ni de otros mecanismos o recursos fundamentales para realizar los cambios que podrían detonar una reforma integral en el sector.
Desde que se acordó en 1993 el proceso de descentralización, en la Ley General de Educación se entretejió un ya famoso artículo cuarto transitorio donde se dispuso que la educación básica sólo podría ser transferida al gobierno de la ciudad cuando así lo acordasen los gobiernos federal y local ¡con el SNTE! Y, por supuesto, este ha sido el escollo más grande para concretar el asunto.
No ha sido, por supuesto, la primera vez que se ha intentado establecer el pleno derecho que tiene el Distrito Federal a contar con su propio sistema educativo. Por ejemplo, en 2000, la Legislatura correspondiente aprobó la Ley de Educación para la capital, y propuso la descentralización inmediata. La respuesta fue una aplanadora del PAN y del PRI en su contra, ya que por la vía de la controversia constitucional dejaron sin efecto la ley y la iniciativa de descentralización.
Hubo muchos foros y manifestaciones en contra de esa controversia. Se tomó la tribuna de la Cámara de Diputados. Y nada: el SNTE y la SEP dijeron que no. Y lo dijeron, entre otras cosas, porque el gasto educativo en la entidad representa un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos, el control de tres secciones sindicales (la 9, la 10 y la 11) y el requerimiento de otorgar los recursos necesarios para garantizar el servicio del más grande y complejo sistema educativo que existe en el país.
De acuerdo con un estudio de David Márquez Ayala (editado por la Secretaría de Educación-GDF en 2008), las participaciones federales al Distrito Federal sufren severas reducciones desde la década de los 90. El autor precisa que, “si se suman las pérdidas estimadas de Participaciones al Distrito Federal de 1990 a 2008, la cifra total sería de 346 mil 880 millones de pesos a precios constantes de 2006”.
Lo peor de todo es que, de 1993 a la fecha, el modelo de descentralización controlado por el SNTE no ha funcionado, porque no se produjeron los cambios requeridos para elevar los niveles de cobertura social, ni para aumentar la eficiencia y la participación de los principales actores en el mejoramiento de la calidad de los servicios que las entidades ofrecen; porque representa una carga impositiva para los gobiernos de los estados, los que, además, no pueden intervenir en los aspectos fundamentales de la tarea educativa debido a que la SEP mantiene la más fuerte centralización de poderes, recursos e instrumentos; y porque lo que ha provocado es atomización, mayor control sobre las autoridades locales (las que se dejan) y la consolidación de las desigualdades educativas entre entidades, regiones y localidades.
Con la creación de la Secretaría de Educación en el Gobierno del Distrito Federal (SE-GDF), a principios de 2007, se retomó el tema de la descentralización; se formularon iniciativas de ley para alcanzarla; se efectuaron numerosos foros que condujeron a la organización del “Acuerdo social para la calidad y la transformación de la educación en la Ciudad de México”, en los cuales participaron estudiantes, profesores, empresarios, padres de familia, investigadores, artistas, sindicatos, cooperativas y otros conglomerados de representación ciudadana; se diseñó un plan de acción para la reforma educativa en el nivel básico y de profesores; se hicieron importantes propuestas donde se mostraba que era indispensable ciudadanizar la educación para elevar su cobertura y su calidad; y se impulsaron programas sociales de muy amplia cobertura para jóvenes, niños y adultos. La respuesta de la SEP y del SNTE volvió a ser: “no”.
¿Por qué no? Porque aparte de los recursos que no desean soltar, deben existir algunas trampas que no quieren que se sepan. Tan sólo para mencionar una evidencia de lo que aflora con alta turbiedad desde las oficinas de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, desde allí, la SEP ha realizado 30 mil 834 pagos a 670 trabajadores comisionados en tareas sindicales con goce de sueldo, y que estos pagos sumaban más de 134 millones de pesos. Asimismo, que esa oficina ha gastado 17 millones 325 mil pesos en becas para hijos de trabajadores del SNTE, cuando no existe ningún convenio que sustente tal gasto (El Universal, 31/03/2010). Una muestra pequeña de lo que se eroga en beneficio de un grupo de interés particular, que nada tiene que ver con la marcha del sistema educativo, ni de la Ciudad de México ni del país.
Esto y más podrán hallar los diputados de la V Legislatura del DF si quieren llegar hasta las últimas consecuencias en la descentralización de la educación y si ésta llega a ocurrir. Mucho está organizado y documentado para que sea posible, y sólo basta con revisar lo que la misma ciudadanía ha propuesto al respecto en lo que va de este siglo. Lo más grave sería que, por alguna razón, todo ello no se tomara en cuenta.
Astillero
Sin elección
No hay condiciones
Reglas para no cumplir
Fox, bajo el sol (azteca)
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Lo electoral también está en riesgo de sucumbir bajo el fuego cruzado. El consejero presidente del IFE se ha dicho preocupado por la falta de condiciones adecuadas para que en ciertos municipios se realicen comicios con normalidad, en lo que constituye la primera declaración formal de una autoridad en la materia sobre lo que aquí se ha dicho con insistencia: el control social mediante el miedo impuesto es una parte del proceso mayor de anulación de libertades, garantías y derechos, entre otros el de siquiera participar en los simulacros electorales que hasta ahora se habían desarrollado.
No son, en realidad, unos cuantos municipios aquellos en que la inseguridad amenaza con impedir el cumplimiento de los trámites electorales formales, sino estados completos, sobre todo del norte del país y, de continuar este libreto de enfrentamientos cada vez más públicos, cada vez más escandalosos (el más reciente, el de Acapulco, donde nuevamente fueron asesinados civiles y menores de edad), el ambiente social y cívico será absolutamente contrario a lo que mínimamente se requiere para cumplir con los rituales de por sí manipulados de las urnas. A propósito del puerto guerrerense, el licenciado Gómez Mont sigue como aplicadísimo contribuyente de la desesperanza nacional. Ayer produjo otras perlas de palabrería sin sentido y de enredo pretencioso: Todavía no podemos desterrar la violencia en este país, pero estamos en ese ejercicio y prevaleceremos, dijo al estilo verbal de George WC Bush. Perogrullo de mal cantinflismo también soltó esta frase insondable: México es complejo y la intensidad del problema de la violencia, de la delincuencia organizada, es distinto en distintas zonas del país y requiere constantemente estar adaptando nuestros ejercicios de presencia de la autoridad donde más falta están haciendo. No, pos sí.
En ese proceso de profunda desilusión social mediante la ardua demostración pública de aberraciones, torpezas, injusticias e impunidad se inscriben dos lances legislativos recientes que son sonoramente improcedentes. Como si hubiera un concurso en las cámaras para generar normatividades que no pudieran cumplirse, se ha ordenado a los mexicanos anotar sus datos personales en un registro de telefonía móvil diseñado y operado pedestremente. Todo el clima de amago que se vivió antes de que se llegara a un presunto momento de apocalipsis telefónico ha quedado ahora en una especie de mutis de las autoridades que entre más tiempo de indefinición dejen pasar menos posibilidades tendrán de hacer valer la mano dura tecnológica que habían anunciado.
Un ejemplo más de esas tomaduras de pelo legalizadas se refiere al asunto de la obesidad escolar que, según las instrucciones de los aplicados congresistas mexicanos, debería ser enfrentada mediante la práctica de ejercicios deportivos (la idea ha sido aprobada por los diputados, y ahora será analizada y votada por los senadores). Tan buenas intenciones contra el sedentarismo y el sobrepeso se han topado con la realidad destartalada de escuelas mexicanas que en su mayoría no tienen espacios para las rutinas deportivas y con la falta de tiempo académico para insertar esas novedades.
Otro de los rubros polémicos, el de la eliminación de comidas chatarra (producidas, muchas de ellas, por algunos de los empresarios que apoyaron económica y políticamente a Calderón para que se instalara en el cargo), se ha topado con el cabildeo de las firmas afectadas y la dificultad práctica de cumplir con la letra legal que, en general, desde los bandos municipales de buen gobierno hasta la propia Constitución, cada día son incumplidos y violentados, en una incesante demostración pública de que las reglas sensatas y las consecuencias justas son conceptos inertes en una sociedad llevada de la mano al incumplimiento de sus deberes y a la aceptación de que nada es necesario, ni siquiera las estigmatizadas elecciones.
Astillas
Vicente Fox se apresta a aparecerse en Hidalgo bajo las banderas electorales que le son naturales, las del PAN, pero también bajo las del PRD, el partido que largamente le ha acusado de ser uno de los principales responsables del fraude electoral de 2006, pero que ahora, en el colmo de sus aberraciones pragmáticas, está dispuesto a extenderle al ex gobernador guanajuatense una suerte de exoneración tácita. El esposo de la señora Marta impulsará abiertamente a Fóxitl Gálvez, pero, gane o pierda ésta en la contienda estatal, el verdadero triunfador de estos episodios perreánicos será el habilidoso Chente, que al hacerse ver bajo las siglas del partido del sol azteca estará obteniendo una constancia gráfica de no antecedentes electorales fraudulentos, pues imposible parecería que alguien permitiría que bajo sus banderas se retratara o en el mismo vehículo político viajara alguien considerado un delincuente electoral. Los alegres asomos de Fox a la aliancística campaña hidalguense solamente confirman que en ese proyecto contra el caciquismo priísta está contenido el intento de restaurar el caciquismo vicentino, y que la verdadera izquierda nada tiene qué hacer en esa aventura cuyo beneficiario verdadero ya asoma las botas. Por más chuchizado que esté el PRD, por más que el Dia esté controlado por el colaboracionismo táctico impulsado por Manuel Camacho, es una traición suprema al esfuerzo cívico de 2006 el prestar al foxismo defraudador las siglas y las banderas del partido que postuló al candidato comicialmente robado... Este domingo, a las seis de la tarde, en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, serán presentados los dos nuevos cedés del gran Gabino Palomares. Uno recopila canciones de la Independencia, la Reforma y la Revolución, más otros momentos socialmente vibrantes; el último de ellos el de los campamentos contra el fraude electoral de 2006 y, el otro, es un homenaje a Chava Flores, el gran cronista de Chilangolandia... Y, mientras el Vaticano llama a reconocer errores en el caso de sacerdotes pederastas (pero aún sin irse contra el celibato), ¡feliz fin de semana, en lo posible!
Sin elección
No hay condiciones
Reglas para no cumplir
Fox, bajo el sol (azteca)
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Lo electoral también está en riesgo de sucumbir bajo el fuego cruzado. El consejero presidente del IFE se ha dicho preocupado por la falta de condiciones adecuadas para que en ciertos municipios se realicen comicios con normalidad, en lo que constituye la primera declaración formal de una autoridad en la materia sobre lo que aquí se ha dicho con insistencia: el control social mediante el miedo impuesto es una parte del proceso mayor de anulación de libertades, garantías y derechos, entre otros el de siquiera participar en los simulacros electorales que hasta ahora se habían desarrollado.
No son, en realidad, unos cuantos municipios aquellos en que la inseguridad amenaza con impedir el cumplimiento de los trámites electorales formales, sino estados completos, sobre todo del norte del país y, de continuar este libreto de enfrentamientos cada vez más públicos, cada vez más escandalosos (el más reciente, el de Acapulco, donde nuevamente fueron asesinados civiles y menores de edad), el ambiente social y cívico será absolutamente contrario a lo que mínimamente se requiere para cumplir con los rituales de por sí manipulados de las urnas. A propósito del puerto guerrerense, el licenciado Gómez Mont sigue como aplicadísimo contribuyente de la desesperanza nacional. Ayer produjo otras perlas de palabrería sin sentido y de enredo pretencioso: Todavía no podemos desterrar la violencia en este país, pero estamos en ese ejercicio y prevaleceremos, dijo al estilo verbal de George WC Bush. Perogrullo de mal cantinflismo también soltó esta frase insondable: México es complejo y la intensidad del problema de la violencia, de la delincuencia organizada, es distinto en distintas zonas del país y requiere constantemente estar adaptando nuestros ejercicios de presencia de la autoridad donde más falta están haciendo. No, pos sí.
En ese proceso de profunda desilusión social mediante la ardua demostración pública de aberraciones, torpezas, injusticias e impunidad se inscriben dos lances legislativos recientes que son sonoramente improcedentes. Como si hubiera un concurso en las cámaras para generar normatividades que no pudieran cumplirse, se ha ordenado a los mexicanos anotar sus datos personales en un registro de telefonía móvil diseñado y operado pedestremente. Todo el clima de amago que se vivió antes de que se llegara a un presunto momento de apocalipsis telefónico ha quedado ahora en una especie de mutis de las autoridades que entre más tiempo de indefinición dejen pasar menos posibilidades tendrán de hacer valer la mano dura tecnológica que habían anunciado.
Un ejemplo más de esas tomaduras de pelo legalizadas se refiere al asunto de la obesidad escolar que, según las instrucciones de los aplicados congresistas mexicanos, debería ser enfrentada mediante la práctica de ejercicios deportivos (la idea ha sido aprobada por los diputados, y ahora será analizada y votada por los senadores). Tan buenas intenciones contra el sedentarismo y el sobrepeso se han topado con la realidad destartalada de escuelas mexicanas que en su mayoría no tienen espacios para las rutinas deportivas y con la falta de tiempo académico para insertar esas novedades.
Otro de los rubros polémicos, el de la eliminación de comidas chatarra (producidas, muchas de ellas, por algunos de los empresarios que apoyaron económica y políticamente a Calderón para que se instalara en el cargo), se ha topado con el cabildeo de las firmas afectadas y la dificultad práctica de cumplir con la letra legal que, en general, desde los bandos municipales de buen gobierno hasta la propia Constitución, cada día son incumplidos y violentados, en una incesante demostración pública de que las reglas sensatas y las consecuencias justas son conceptos inertes en una sociedad llevada de la mano al incumplimiento de sus deberes y a la aceptación de que nada es necesario, ni siquiera las estigmatizadas elecciones.
Astillas
Vicente Fox se apresta a aparecerse en Hidalgo bajo las banderas electorales que le son naturales, las del PAN, pero también bajo las del PRD, el partido que largamente le ha acusado de ser uno de los principales responsables del fraude electoral de 2006, pero que ahora, en el colmo de sus aberraciones pragmáticas, está dispuesto a extenderle al ex gobernador guanajuatense una suerte de exoneración tácita. El esposo de la señora Marta impulsará abiertamente a Fóxitl Gálvez, pero, gane o pierda ésta en la contienda estatal, el verdadero triunfador de estos episodios perreánicos será el habilidoso Chente, que al hacerse ver bajo las siglas del partido del sol azteca estará obteniendo una constancia gráfica de no antecedentes electorales fraudulentos, pues imposible parecería que alguien permitiría que bajo sus banderas se retratara o en el mismo vehículo político viajara alguien considerado un delincuente electoral. Los alegres asomos de Fox a la aliancística campaña hidalguense solamente confirman que en ese proyecto contra el caciquismo priísta está contenido el intento de restaurar el caciquismo vicentino, y que la verdadera izquierda nada tiene qué hacer en esa aventura cuyo beneficiario verdadero ya asoma las botas. Por más chuchizado que esté el PRD, por más que el Dia esté controlado por el colaboracionismo táctico impulsado por Manuel Camacho, es una traición suprema al esfuerzo cívico de 2006 el prestar al foxismo defraudador las siglas y las banderas del partido que postuló al candidato comicialmente robado... Este domingo, a las seis de la tarde, en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, serán presentados los dos nuevos cedés del gran Gabino Palomares. Uno recopila canciones de la Independencia, la Reforma y la Revolución, más otros momentos socialmente vibrantes; el último de ellos el de los campamentos contra el fraude electoral de 2006 y, el otro, es un homenaje a Chava Flores, el gran cronista de Chilangolandia... Y, mientras el Vaticano llama a reconocer errores en el caso de sacerdotes pederastas (pero aún sin irse contra el celibato), ¡feliz fin de semana, en lo posible!
