GARANTIZAR IMPUNIDAD A ASESINOS
20 abr 2010
Calderón incita al crimen
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 19 de abril (apro).- El menosprecio de Felipe Calderón a la matanza de inocentes en su “guerra” contra el narcotráfico, que representa la más reciente prueba de que su única grandeza es la estupidez, no es sólo repudiable de suyo, sino por algo más grave: La incitación a crímenes contra adversarios políticos con impunidad garantizada.
El lenguaje belicoso de Calderón, cuyo fracaso en todos los órdenes aumenta su peligrosidad, ya tiene consecuencias en la vida cotidiana de millones de mexicanos y ha costado la vida a niños, jóvenes y mujeres ajenos a una “guerra” que lo único que no ataca es la riqueza de los capos.
Y a lo largo del territorio nacional proliferan las señales ominosas para los mexicanos, en especial aquellos que, en ejercicio de las garantías que consagra la Constitución, combaten pacíficamente decisiones arbitrarias del poder político subordinado al económico y que pueden ser computados a las bajas de los “sicarios” que, según el gobierno, suman casi 23 mil en tres años.
En este marco de discurso y acción belicista han sido ya asesinados defensores de los derechos humanos y están en la cárcel las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, sentenciadas a 21 años de cárcel por secuestrar, presuntamente, a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de cuyo caso se burla Juan de Dios Castro, el subprocurador general de la República, cuya hermana Rosario ha sido acusada de tener nexos con el narcotráfico.
Un caso de estos es el que tiene lugar en la región de Los Altos de Jalisco, donde un vigoroso movimiento se opone a la construcción de la presa El Zapotillo y por ello está siendo objeto de represión de parte de las autoridades federales y estatales, que incluye el uso de fuerzas policíacas, provocaciones cotidianas y amenazas de muerte.
Es preciso estar al tanto de la represión a los opositores a la construcción de la prensa --que en el proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Canagua) surtirá el líquido a los municipios de Los Altos de Jalisco y a León, Guanajuato--, porque luego podría resultar que, conforme al credo de Calderón, fueran confundidos con “sicarios”.
El propio Calderón ha sido enterado, mediante una carta, de la denuncia que se presentó, el viernes 9 de abril, en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, por las amenazas de muerte contra una periodista que hacía su trabajo y tres activistas que se oponen a la construcción de la presa que desaparecería de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Copia de la carta, suscrita por la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, fue enviada también al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al Representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México y a Amnistía Internacional.
La carta dice: “El día sábado 3 de abril del 2010, estando en el negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez, en Temacapulín, Jalisco, fueron amenazados de muerte los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal Jiménez, integrantes del Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo; Marco Joachim Von Borstel Nilsson, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), y la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, de Medios UDG Noticias, de Radio Universidad de Guadalajara, los cuales se encontraban dando seguimiento a las actividades de Semana Santa, programadas por la comunidad y los comités en defensa de sus derechos y territorio frente a la imposición del proyecto de la presa El Zapotillo.
“Aproximadamente a las 10:15 p.m., del día 3 de abril, tres individuos no conocidos por los presentes ni el resto de la comunidad de Temacapulín, entraron al negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez (El Bombón) y amenazaron a Marco Von Borstel y a Jade Ramírez Cuevas Villanueva, lanzando una serie de improperios e insultos, diciendo: 'La presa se va hacer, no entiendo por qué siguen ahí y no respetan al gobierno'. Dijeron que eran empleados federales.
“Antes de estos acontecimientos, los individuos ya se habían acercado a Juan Agustín Carvajal Jiménez para decirle: 'tú, tu hermano el gordito (Manuel de Jesús Carvajal Jiménez, El Bombón), ella (refiriéndose a Jade Ramírez) y el del sombrero (refiriéndose a Marco Von Borstel), los cuatro, ya valieron para pura chingada, se van a morir pronto porque están alborotando la gallera'.”
En la carta dirigida a Calderón se anota: “Estos graves hechos se suman a otras acciones de amenazas y hostigamiento que las comunidades y los integrantes de los comités en resistencia han venido sufriendo durante el desarrollo del proyecto de la presa El Zapotillo”.
Aunque, en efecto, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos envió al gobernador la recomendación 35/2009 para que garantice el respeto y la integridad de los opositores al proyecto que a nivel federal encabeza el yunquista José Luis Luege, director general de la Canagua, a González Márquez le ha importado poco y apenas el viernes 16 ordenó un operativo de intimidación en Temacapulín.
En una reunión de pobladores afectados con 10 senadores y 16 diputados federales, así como con el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, fue desplegado un operativo policíaco que sólo se entiende por la paranoia gubernamental:
Justo a la plaza principal de Temacapulín, donde se reunieron unas 500 personas, se colocaron 28 elementos de la policía estatal provistos de poderoso armamento, que descendieron de siete patrullas también estatales, sin placas de circulación y con los números de seria tapados con cinta.
¿Una reunión pacífica, amparada en la Constitución, merece un despliegue de esa magnitud? Para Calderón, que desprecia la Carta Magna, claro que sí.
Si en este caso Calderón desiste de su política intimidatoria, debe proceder a castigar a los tres individuos que amenazaron de muerte a los activistas y a la periodista, cuyas fotografías están anexadas a la denuncia...
Apuntes
A la fuente de la información, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, no se le puede atribuir mala fe, quizá sólo malicia, pero tiene sus implicaciones que Joaquín Sabina haya cantado ante Felipe Calderón “Llegó borracho el borracho”, el tema que compuso e interpretó José Alfredo Jiménez… Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 19 de abril (apro).- El menosprecio de Felipe Calderón a la matanza de inocentes en su “guerra” contra el narcotráfico, que representa la más reciente prueba de que su única grandeza es la estupidez, no es sólo repudiable de suyo, sino por algo más grave: La incitación a crímenes contra adversarios políticos con impunidad garantizada.
El lenguaje belicoso de Calderón, cuyo fracaso en todos los órdenes aumenta su peligrosidad, ya tiene consecuencias en la vida cotidiana de millones de mexicanos y ha costado la vida a niños, jóvenes y mujeres ajenos a una “guerra” que lo único que no ataca es la riqueza de los capos.
Y a lo largo del territorio nacional proliferan las señales ominosas para los mexicanos, en especial aquellos que, en ejercicio de las garantías que consagra la Constitución, combaten pacíficamente decisiones arbitrarias del poder político subordinado al económico y que pueden ser computados a las bajas de los “sicarios” que, según el gobierno, suman casi 23 mil en tres años.
En este marco de discurso y acción belicista han sido ya asesinados defensores de los derechos humanos y están en la cárcel las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, sentenciadas a 21 años de cárcel por secuestrar, presuntamente, a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de cuyo caso se burla Juan de Dios Castro, el subprocurador general de la República, cuya hermana Rosario ha sido acusada de tener nexos con el narcotráfico.
Un caso de estos es el que tiene lugar en la región de Los Altos de Jalisco, donde un vigoroso movimiento se opone a la construcción de la presa El Zapotillo y por ello está siendo objeto de represión de parte de las autoridades federales y estatales, que incluye el uso de fuerzas policíacas, provocaciones cotidianas y amenazas de muerte.
Es preciso estar al tanto de la represión a los opositores a la construcción de la prensa --que en el proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Canagua) surtirá el líquido a los municipios de Los Altos de Jalisco y a León, Guanajuato--, porque luego podría resultar que, conforme al credo de Calderón, fueran confundidos con “sicarios”.
El propio Calderón ha sido enterado, mediante una carta, de la denuncia que se presentó, el viernes 9 de abril, en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, por las amenazas de muerte contra una periodista que hacía su trabajo y tres activistas que se oponen a la construcción de la presa que desaparecería de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Copia de la carta, suscrita por la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, fue enviada también al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al Representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México y a Amnistía Internacional.
La carta dice: “El día sábado 3 de abril del 2010, estando en el negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez, en Temacapulín, Jalisco, fueron amenazados de muerte los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal Jiménez, integrantes del Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo; Marco Joachim Von Borstel Nilsson, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), y la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, de Medios UDG Noticias, de Radio Universidad de Guadalajara, los cuales se encontraban dando seguimiento a las actividades de Semana Santa, programadas por la comunidad y los comités en defensa de sus derechos y territorio frente a la imposición del proyecto de la presa El Zapotillo.
“Aproximadamente a las 10:15 p.m., del día 3 de abril, tres individuos no conocidos por los presentes ni el resto de la comunidad de Temacapulín, entraron al negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez (El Bombón) y amenazaron a Marco Von Borstel y a Jade Ramírez Cuevas Villanueva, lanzando una serie de improperios e insultos, diciendo: 'La presa se va hacer, no entiendo por qué siguen ahí y no respetan al gobierno'. Dijeron que eran empleados federales.
“Antes de estos acontecimientos, los individuos ya se habían acercado a Juan Agustín Carvajal Jiménez para decirle: 'tú, tu hermano el gordito (Manuel de Jesús Carvajal Jiménez, El Bombón), ella (refiriéndose a Jade Ramírez) y el del sombrero (refiriéndose a Marco Von Borstel), los cuatro, ya valieron para pura chingada, se van a morir pronto porque están alborotando la gallera'.”
En la carta dirigida a Calderón se anota: “Estos graves hechos se suman a otras acciones de amenazas y hostigamiento que las comunidades y los integrantes de los comités en resistencia han venido sufriendo durante el desarrollo del proyecto de la presa El Zapotillo”.
Aunque, en efecto, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos envió al gobernador la recomendación 35/2009 para que garantice el respeto y la integridad de los opositores al proyecto que a nivel federal encabeza el yunquista José Luis Luege, director general de la Canagua, a González Márquez le ha importado poco y apenas el viernes 16 ordenó un operativo de intimidación en Temacapulín.
En una reunión de pobladores afectados con 10 senadores y 16 diputados federales, así como con el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, fue desplegado un operativo policíaco que sólo se entiende por la paranoia gubernamental:
Justo a la plaza principal de Temacapulín, donde se reunieron unas 500 personas, se colocaron 28 elementos de la policía estatal provistos de poderoso armamento, que descendieron de siete patrullas también estatales, sin placas de circulación y con los números de seria tapados con cinta.
¿Una reunión pacífica, amparada en la Constitución, merece un despliegue de esa magnitud? Para Calderón, que desprecia la Carta Magna, claro que sí.
Si en este caso Calderón desiste de su política intimidatoria, debe proceder a castigar a los tres individuos que amenazaron de muerte a los activistas y a la periodista, cuyas fotografías están anexadas a la denuncia...
Apuntes
A la fuente de la información, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, no se le puede atribuir mala fe, quizá sólo malicia, pero tiene sus implicaciones que Joaquín Sabina haya cantado ante Felipe Calderón “Llegó borracho el borracho”, el tema que compuso e interpretó José Alfredo Jiménez… Comentarios: delgado@proceso.com.mx
El no a Enlace
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Cuando Felipe Calderón comenzó su discurso para dar el banderazo de salida a la prueba Enlace, preguntó a los niños de la escuela primaria Canadá si estaban listos para la prueba. “Nooo…”, respondieron los jóvenes. Lo mismo han dicho miles de maestros en todo el país.
Se ha presentado la prueba Enlace ante la opinión pública como un instrumento moderno para evaluar el sistema educativo nacional. No lo es. Por el contrario, se trata de una herramienta contraproducente para promover una educación de calidad.
El lunes 19 de abril comenzó su aplicación en educación básica. Se trata de una prueba del Sistema Educativo Nacional que se lleva a cabo en planteles públicos y privados del país. La palabra es el acrónimo de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares.
Se aplicará a niñas y niños de tercero a sexto de primaria, así como a jóvenes de primero, segundo y tercero de secundaria. Se evaluarán las asignaturas de español, matemáticas e historia.
En educación media superior presentarán el examen los alumnos que cursan el último grado de bachillerato para evaluar conocimientos y habilidades básicas adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar que les permitan usar apropiadamente la lengua y las matemáticas.
A partir de los resultados de la evaluación en las escuelas públicas se entregan estímulos económicos a maestros y directores de los planteles. El Programa de Estímulos a la Calidad Docente destina 900 millones de pesos a este fin.
La prueba responsabiliza exclusivamente a los maestros de los resultados educativos. “Los profesores cuyos estudiantes muestren bajo rendimiento en la prueba Enlace –dice el follero de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)– deberán tomar cursos especialmente orientados.”
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no participará en la evaluación nacional. Que la máxima casa de estudios no tenga interés en que la prueba Enlace se aplique entre sus alumnos y sea la propia institución la que se evalúa a sí misma es un hecho que no puede pasar inadvertido.
Entre otros muchos, uno de los problemas que enfrentarán 2.5 millones de niños que cursan sexto de primaria al ser evaluados es que no cuentan con un libro completo de historia de México. El material que se utiliza en clases está lleno de graves errores e imperfecciones. Épocas como la Conquista y la Colonia fueron mutiladas de los contenidos.
Enlace es un examen de opción múltiple en el que el alumno debe escoger una entre cuatro respuestas posibles, rellenando un óvalo. Con frecuencia las preguntas formuladas son confusas, están mal planteadas o admiten varias posibles contestaciones. Sin embargo, si se llenan dos o mas óvalos la respuesta es calificada de incorrecta.
La prueba se aplicará cuando en las escuelas apenas se ha trabajado tres bimestres y aún faltan por impartir dos. Esto es, los niños y jóvenes no han estudiado todavía una parte significativa del programa. No obstante, el examen preguntará sobre contenidos de todo el ciclo escolar.
Entre los primeros efectos que ha provocado Enlace está destinar cada vez más tiempo de clases a adiestrar a los alumnos para que apliquen la prueba correctamente. Los profesores y los muchachos no se dedican a enseñar y a aprender los contenidos, sino a prepararse para el examen. Dedican horas en el aula a ensayar cómo llenar la hoja de respuesta. Cada semana se suspenden cursos. En escuelas del Distrito Federal se han realizado entre cinco y 10 ensayos. Lo mismo sucede en otras entidades.
La razón de ser de la escuela está siendo desvirtuada. Funcionarios educativos de todos los niveles y líderes sindicales corruptos afines a Elba Esther Gordillo prometen computadoras, dinero, viajes a quienes obtengan buenos resultados.
A pesar de ello, los resultados son muy pobres. En 2009, 67.2 por ciento de los alumnos de primaria quedaron en los niveles de insuficiente y elemental. La proporción de quienes estudian secundaria en estos niveles fue aún mayor: 81.2 por ciento.
Enlace es una prueba diseñada para no ser aprobada. Con frecuencia se incorporan preguntas que no están contenidas en los libros de texto. El lenguaje que se utiliza es ajeno a los estudiantes. Su estandarización ignora la diversidad geográfica, cultural y socioeconómica del país. Evalúa de igual manera a los diferentes.
Enlace no vincula la evaluación al aprendizaje ni a la construcción de conocimientos. Violenta el derecho de la niñez a ser evaluada en función de su de-sarrollo histórico-cultural y su lengua. Fomenta un espíritu competitivo, individualista y mercantil. Genera un ambiente de sanción social, administrativa y laboral hacia los maestros. Con el pretexto de la transparencia y la rendición de cuentas impone una cultura de aceptación de pruebas y sanciones desde organismos empresariales.
Enlace ignora el conocimiento general y los procesos para la formación integral del educando. Convierte el proceso educativo en informativo. En lugar de comprender se premia el memorizar. Hace a un lado los conocimientos previos de maestros y alumnos.
Cuando los alumnos de la escuela Canadá dijeron “Noo…” a Felipe Calderón tenían sus razones. Como mecanismo de evaluación del desempeño del sistema escolar la prueba Enlace es un fracaso. No es que se haya agotado, como dijo Elba Esther Gordillo. Es que nunca funcionó para estos fines. Su objetivo fue otro: golpear al gremio magisterial y cuestionar la educación pública. Por eso miles de maestros democráticos se resisten a aplicarla.
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Cuando Felipe Calderón comenzó su discurso para dar el banderazo de salida a la prueba Enlace, preguntó a los niños de la escuela primaria Canadá si estaban listos para la prueba. “Nooo…”, respondieron los jóvenes. Lo mismo han dicho miles de maestros en todo el país.
Se ha presentado la prueba Enlace ante la opinión pública como un instrumento moderno para evaluar el sistema educativo nacional. No lo es. Por el contrario, se trata de una herramienta contraproducente para promover una educación de calidad.
El lunes 19 de abril comenzó su aplicación en educación básica. Se trata de una prueba del Sistema Educativo Nacional que se lleva a cabo en planteles públicos y privados del país. La palabra es el acrónimo de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares.
Se aplicará a niñas y niños de tercero a sexto de primaria, así como a jóvenes de primero, segundo y tercero de secundaria. Se evaluarán las asignaturas de español, matemáticas e historia.
En educación media superior presentarán el examen los alumnos que cursan el último grado de bachillerato para evaluar conocimientos y habilidades básicas adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar que les permitan usar apropiadamente la lengua y las matemáticas.
A partir de los resultados de la evaluación en las escuelas públicas se entregan estímulos económicos a maestros y directores de los planteles. El Programa de Estímulos a la Calidad Docente destina 900 millones de pesos a este fin.
La prueba responsabiliza exclusivamente a los maestros de los resultados educativos. “Los profesores cuyos estudiantes muestren bajo rendimiento en la prueba Enlace –dice el follero de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)– deberán tomar cursos especialmente orientados.”
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no participará en la evaluación nacional. Que la máxima casa de estudios no tenga interés en que la prueba Enlace se aplique entre sus alumnos y sea la propia institución la que se evalúa a sí misma es un hecho que no puede pasar inadvertido.
Entre otros muchos, uno de los problemas que enfrentarán 2.5 millones de niños que cursan sexto de primaria al ser evaluados es que no cuentan con un libro completo de historia de México. El material que se utiliza en clases está lleno de graves errores e imperfecciones. Épocas como la Conquista y la Colonia fueron mutiladas de los contenidos.
Enlace es un examen de opción múltiple en el que el alumno debe escoger una entre cuatro respuestas posibles, rellenando un óvalo. Con frecuencia las preguntas formuladas son confusas, están mal planteadas o admiten varias posibles contestaciones. Sin embargo, si se llenan dos o mas óvalos la respuesta es calificada de incorrecta.
La prueba se aplicará cuando en las escuelas apenas se ha trabajado tres bimestres y aún faltan por impartir dos. Esto es, los niños y jóvenes no han estudiado todavía una parte significativa del programa. No obstante, el examen preguntará sobre contenidos de todo el ciclo escolar.
Entre los primeros efectos que ha provocado Enlace está destinar cada vez más tiempo de clases a adiestrar a los alumnos para que apliquen la prueba correctamente. Los profesores y los muchachos no se dedican a enseñar y a aprender los contenidos, sino a prepararse para el examen. Dedican horas en el aula a ensayar cómo llenar la hoja de respuesta. Cada semana se suspenden cursos. En escuelas del Distrito Federal se han realizado entre cinco y 10 ensayos. Lo mismo sucede en otras entidades.
La razón de ser de la escuela está siendo desvirtuada. Funcionarios educativos de todos los niveles y líderes sindicales corruptos afines a Elba Esther Gordillo prometen computadoras, dinero, viajes a quienes obtengan buenos resultados.
A pesar de ello, los resultados son muy pobres. En 2009, 67.2 por ciento de los alumnos de primaria quedaron en los niveles de insuficiente y elemental. La proporción de quienes estudian secundaria en estos niveles fue aún mayor: 81.2 por ciento.
Enlace es una prueba diseñada para no ser aprobada. Con frecuencia se incorporan preguntas que no están contenidas en los libros de texto. El lenguaje que se utiliza es ajeno a los estudiantes. Su estandarización ignora la diversidad geográfica, cultural y socioeconómica del país. Evalúa de igual manera a los diferentes.
Enlace no vincula la evaluación al aprendizaje ni a la construcción de conocimientos. Violenta el derecho de la niñez a ser evaluada en función de su de-sarrollo histórico-cultural y su lengua. Fomenta un espíritu competitivo, individualista y mercantil. Genera un ambiente de sanción social, administrativa y laboral hacia los maestros. Con el pretexto de la transparencia y la rendición de cuentas impone una cultura de aceptación de pruebas y sanciones desde organismos empresariales.
Enlace ignora el conocimiento general y los procesos para la formación integral del educando. Convierte el proceso educativo en informativo. En lugar de comprender se premia el memorizar. Hace a un lado los conocimientos previos de maestros y alumnos.
Cuando los alumnos de la escuela Canadá dijeron “Noo…” a Felipe Calderón tenían sus razones. Como mecanismo de evaluación del desempeño del sistema escolar la prueba Enlace es un fracaso. No es que se haya agotado, como dijo Elba Esther Gordillo. Es que nunca funcionó para estos fines. Su objetivo fue otro: golpear al gremio magisterial y cuestionar la educación pública. Por eso miles de maestros democráticos se resisten a aplicarla.
Contrarreforma laboral
PEDRO MIGUEL
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo recientemente que la iniciativa de reformas laborales presentada por su jefe el pasado 18 de marzo busca regular las prácticas que actualmente ocurren en el sector informal o al margen de la ley. Con ese criterio habrá que ir pensando en despenalizar los levantones y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta donde se sabe, la tarea de las autoridades es hacer cumplir las leyes, no adulterarlas para dar gusto a quienes las infringen, que son, significativamente, los patrones.
Este gobierno nunca ha aplicado la legislación laboral vigente en favor de los trabajadores y de sus organizaciones independientes. Más aún, los ha perjudicado en forma sistemática mediante interpretaciones sesgadas, facciosas y abusivas, como la disposición de la toma de nota a las dirigencias sindicales. Ahora viene a vendernos, como beneficios para los asalariados, el acotamiento del derecho de huelga, el fin de la certidumbre en el empleo y la eliminación del derecho a indemnización. Esto no es una reforma, sino una contrarreforma. Miente Felipe Calderón cuando afirma que busca una Ley Federal del Trabajo renovada y más cercana a la realidad del país en el siglo XXI. Lo que pretende, en realidad, es retroceder a los albores del siglo XX, cuando se permitía la sobrexplotación de los peones acasillados y cuando se asesinaba a los obreros en Cananea.
Contratación por horas; trabajo a destajo; pérdida de salarios caídos, de derecho a la reinstalación, de ascenso escalafonario, de conquistas sindicales; incertidumbre y desprotección ante el despido injustificado. ¿Qué otra cosa pedirán los patrones para abaratar aún más este enorme mercado de mano de obra miserable? Parece ser que a quienes controlan el poder público les interesa reducirnos a un hato aterrorizado por el naufragio de la seguridad, atomizado y desinformado, sometido a los caprichos y a las gulas de consorcios nacionales y extranjeros que podrán venir a comprarnos a granel: por individuo, por pieza, por hora, por kilo, por litro de sangre.
Ya a principios de los años 90 del siglo pasado, teóricos estadunidenses como Richard Reich e Ira Magaziner tomaban distancia de la barbarie neoliberal y señalaban que la principal riqueza de Estados Unidos no era la infraestructura y la planta industrial, porque se volverían obsoletas, ni la bolsa de valores, porque los capitales iban y venían como les daba la gana. La riqueza inamovible del país, señalaban, era la población, y en ella había que invertir.
Qué contraste: mientras en México tenemos que enfrentar un intento de reforma laboral regresiva y depauperadora de la población, en España se está planteando, para hacer frente al desempleo –y con severas críticas de las centrales sindicales–, medidas como la reducción de la jornada de trabajo con el pago mínimo de 67 por ciento de las horas no laboradas; medidas como la absorción por el erario de parte de las indemnizaciones que se paguen a quienes sean despedidos con 33 días por año trabajado; el subsidio fiscal a empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral. Y a nadie le ha pasado por la cabeza argumentar que tales propuestas atentan contra la productividad.
Aquí, nos dicen, las arcas públicas no dan para más. Bueno, reconozcan que dan para un poquito más: ¿Cuánto dinero ha invertido el calderonato en publicidad para justificar su no inversión en la gente? ¿Cuántas camionetas blindadas de un millón de pesos se habrán comprado este año los representantes populares? ¿Cuántos miles de millones de dólares se regalan a Repsol por contratos mafiosos de abasto de gas natural a la CFE? ¿Cuántas carretadas de dinero entrega el Conacyt a las trasnacionales para que financien investigaciones que sólo benefician a sus accionistas? ¿Cuánto dinero sigue repartiendo el Procampo entre narcos y funcionarios del sector agrario? ¿A cuánto ascienden los subejercicios en las dependencias del gobierno federal?
Es dable exigir que las autoridades hagan cumplir las leyes laborales tal como son, no sólo porque es su obligación, sino también porque ello es indispensable para reactivar el mercado interno, reducir el sector informal y restituir la confianza de los trabajadores mexicanos en su país, en sus instituciones y en su propio futuro.
La contrarreforma laboral propuesta por el calderonato es un acto de cinismo, una inmoralidad y una nueva agresión a una masa trabajadora sacrificada y devaluada durante décadas para impulsar la riqueza extrema de unos cuantos. Los asalariados no deben permitir que se haga realidad.
PEDRO MIGUEL
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo recientemente que la iniciativa de reformas laborales presentada por su jefe el pasado 18 de marzo busca regular las prácticas que actualmente ocurren en el sector informal o al margen de la ley. Con ese criterio habrá que ir pensando en despenalizar los levantones y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta donde se sabe, la tarea de las autoridades es hacer cumplir las leyes, no adulterarlas para dar gusto a quienes las infringen, que son, significativamente, los patrones.
Este gobierno nunca ha aplicado la legislación laboral vigente en favor de los trabajadores y de sus organizaciones independientes. Más aún, los ha perjudicado en forma sistemática mediante interpretaciones sesgadas, facciosas y abusivas, como la disposición de la toma de nota a las dirigencias sindicales. Ahora viene a vendernos, como beneficios para los asalariados, el acotamiento del derecho de huelga, el fin de la certidumbre en el empleo y la eliminación del derecho a indemnización. Esto no es una reforma, sino una contrarreforma. Miente Felipe Calderón cuando afirma que busca una Ley Federal del Trabajo renovada y más cercana a la realidad del país en el siglo XXI. Lo que pretende, en realidad, es retroceder a los albores del siglo XX, cuando se permitía la sobrexplotación de los peones acasillados y cuando se asesinaba a los obreros en Cananea.
Contratación por horas; trabajo a destajo; pérdida de salarios caídos, de derecho a la reinstalación, de ascenso escalafonario, de conquistas sindicales; incertidumbre y desprotección ante el despido injustificado. ¿Qué otra cosa pedirán los patrones para abaratar aún más este enorme mercado de mano de obra miserable? Parece ser que a quienes controlan el poder público les interesa reducirnos a un hato aterrorizado por el naufragio de la seguridad, atomizado y desinformado, sometido a los caprichos y a las gulas de consorcios nacionales y extranjeros que podrán venir a comprarnos a granel: por individuo, por pieza, por hora, por kilo, por litro de sangre.
Ya a principios de los años 90 del siglo pasado, teóricos estadunidenses como Richard Reich e Ira Magaziner tomaban distancia de la barbarie neoliberal y señalaban que la principal riqueza de Estados Unidos no era la infraestructura y la planta industrial, porque se volverían obsoletas, ni la bolsa de valores, porque los capitales iban y venían como les daba la gana. La riqueza inamovible del país, señalaban, era la población, y en ella había que invertir.
Qué contraste: mientras en México tenemos que enfrentar un intento de reforma laboral regresiva y depauperadora de la población, en España se está planteando, para hacer frente al desempleo –y con severas críticas de las centrales sindicales–, medidas como la reducción de la jornada de trabajo con el pago mínimo de 67 por ciento de las horas no laboradas; medidas como la absorción por el erario de parte de las indemnizaciones que se paguen a quienes sean despedidos con 33 días por año trabajado; el subsidio fiscal a empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral. Y a nadie le ha pasado por la cabeza argumentar que tales propuestas atentan contra la productividad.
Aquí, nos dicen, las arcas públicas no dan para más. Bueno, reconozcan que dan para un poquito más: ¿Cuánto dinero ha invertido el calderonato en publicidad para justificar su no inversión en la gente? ¿Cuántas camionetas blindadas de un millón de pesos se habrán comprado este año los representantes populares? ¿Cuántos miles de millones de dólares se regalan a Repsol por contratos mafiosos de abasto de gas natural a la CFE? ¿Cuántas carretadas de dinero entrega el Conacyt a las trasnacionales para que financien investigaciones que sólo benefician a sus accionistas? ¿Cuánto dinero sigue repartiendo el Procampo entre narcos y funcionarios del sector agrario? ¿A cuánto ascienden los subejercicios en las dependencias del gobierno federal?
Es dable exigir que las autoridades hagan cumplir las leyes laborales tal como son, no sólo porque es su obligación, sino también porque ello es indispensable para reactivar el mercado interno, reducir el sector informal y restituir la confianza de los trabajadores mexicanos en su país, en sus instituciones y en su propio futuro.
La contrarreforma laboral propuesta por el calderonato es un acto de cinismo, una inmoralidad y una nueva agresión a una masa trabajadora sacrificada y devaluada durante décadas para impulsar la riqueza extrema de unos cuantos. Los asalariados no deben permitir que se haga realidad.
