MIOPIA IRRESPONSABLE

Percepciones presidenciales
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 5 de abril.- Cuando hablo de las percepciones presidenciales no me refiero –no esta vez– a los emolumentos del presidente, sus sueldos, sus ingresos, los réditos que ha obtenido en los años recientes, documentados en Proceso en los reportajes de Daniel Lizárraga y Álvaro Delgado, entre otros. Con esa acumulación de bienes se comprueba que la alternancia no alteró algunas de las columnas en que se sostiene el sistema político, entre ellas la del enriquecimiento de los funcionarios, ese cuyo volumen hizo exclamar a Emilio Portes Gil que en México cada sexenio produce “comaladas de millonarios”.
Esta vez me refiero a otra clase de percepciones presidenciales, las que el titular del Poder Ejecutivo tiene sobre las percepciones ciudadanas acerca de la inseguridad y la violencia criminal. En varias ocasiones ya, sobre todo cuando la delincuencia se manifiesta de modo más cruento, el presidente tiende a minimizar la importancia del problema, aprovechando una categoría de las ciencias sociales, especialmente la demoscopia, que es la de las percepciones. A partir del concepto anatómico y psicológico de percibir, que consiste en la recepción en los centros nerviosos superiores de mensajes enviados por los sentidos, se ha pasado a definir la percepción como un sentimiento subjetivo acerca de la realidad. Así, en las encuestas suele preguntarse, por ejemplo, cuál es la sensación del interrogado sobre la situación económica, además de plantear también si la propia ha mejorado, empeorado o permanece igual.
Mediante una lectura convenenciera de las encuestas, se ha puesto en boga distinguir entre los datos duros y las percepciones. Calderón utiliza con frecuencia esa distinción. Asegura que la inseguridad corresponde más a una percepción de la realidad que a la realidad misma, que no es tan peor como creemos. En abono de su posición cita cifras en que otros países muestran una criminalidad mayor que la mexicana y, sugiere –sin por supuesto llegar a decirlo así–, no se hace tanto escándalo por eso. De allí ha transitado más de una vez a reprochar a los medios de información el que parezcan deleitarse con las malas noticias, las que conciernen a la zozobra de los ciudadanos causada por la multiplicación de los hechos de sangre. Salta de allí a pedir, a funcionarios y a particulares, que hablen bien de México, y dejen de hacerlo en sentido contrario. Él nunca ha oído, alega, que un brasileño hable mal de Brasil.
El intento de distinguir entre realidades y percepciones de las realidades me recuerda un viejo cuento en que un paciente expone semanalmente a su psiquiatra una obsesión que no lo abandona nunca. Percibe que debajo de su cama se aloja un cocodrilo, y esta percepción lo aterroriza, tiene pavor de ser devorado por el reptil. El especialista explora con el paciente las probables causas de esa cocodrilofobia, indaga en las vivencias infantiles, en sus vacaciones, en el símil que puede establecerse entre la bestia temida y otras presencias desagradables que lo intimidan, etcétera. Un día el paciente deja de llegar a la cita y su ausencia se hace una constante. En vez de atenerse a las reglas profesionales que mandan no involucrarse personalmente con los pacientes, el psiquiatra quiere saber por qué el paciente interrumpió la terapia. Llega a su domicilio, y los vecinos le cuentan, cariacontecidos, que su paciente ha muerto, devorado por un cocodrilo que se refugiaba debajo de su cama.
Al hablar ante prestadores de servicios turísticos el martes 30 de marzo, Calderón ofreció las cifras que lo consuelan porque muestran que la violencia criminal es mal de muchos. En México hay 11.5 muertos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Río de Janeiro la cifra es casi el doble: 22 por cada 100 mil habitantes, y en ciudades estadunidenses como Washington es de 30, y, escandalícese usted, en Nueva York llega a 90. Esas cifras no espantan al turismo, como lo muestra el caso de Brasil, que realizará los próximos Juegos Olímpicos y la Copa de futbol posterior a la de Sudáfrica. En cambio, la violencia mexicana genera percepciones superiores a la realidad por la difusión que dan los medios a los hechos violentos.
Los datos duros, los guarismos oficiales, el recuento de actas de defunción del Ministerio Público, nunca completo pero sí indicativo, son componentes de algo más que percepciones. La violencia criminal en México no existe sólo en la conciencia atribulada de los mexicanos que ven moros con tranchete. Existe en las calles y los caminos con una asiduidad alarmante, que asusta sobre todo cuando ataca zonas vulnerables de la sociedad. Los asesinatos de jóvenes en Ciudad Juárez, en Torreón, en Monterrey, en Pueblo Nuevo (para sólo citar algunos de los casos recientes y estremecedores), conciernen a vidas humanas concretas, específicas, con nombres y apellidos, con familias y amigos. No se trata de percepciones, que en el lenguaje presidencial es una palabra que parece emparentada con habladurías, chismorreo, rumores.
No se puede pedir a los medios de información que apliquen una noción deformada de la responsabilidad social. Si cotidianamente la violencia criminal siega las vidas de decenas de personas, hasta sumar miles por año y más de 16 mil en los tres que han corrido de la actual administración, es imposible que la prensa deje de registrar esos acontecimientos y se inhiba en la explicación de sus causas. El silencio que a ese respecto vivimos en los años del autoritarismo priista era parte del sistema que, a veces de manera ostensible, otras veces de modo menos severo, oprimía a los ciudadanos. Antes de que vuelva el PRI al gobierno se quiere hacer que retornemos a un mutismo que permitió a ese partido y sus gobiernos alardear de una paz social que, apenas se hurga en la historia no oficial, se advierte que era sólo un mito.

García Luna: la prueba de fuego
JOHN M. ACKERMAN
Dos años y 5 mil muertos después de haber iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua, Felipe Calderón finalmente ha aceptado la triste realidad del fracaso de su estrategia de militarización de la seguridad pública. Este mismo lunes, el general Guillermo Galván entregará a Genaro García Luna el mando en Ciudad Juárez y con ello dará inicio el relevo paulatino de los soldados que patrullan las calles de esa ciudad por agentes de la Policía Federal (PF).
El tiempo ha demostrado que los militares ni saben ni pueden ni quieren convertirse en policías preventivos. Hace dos semanas, Janet Napolitano tuvo un momento de lucidez cuando afirmó que las fuerzas castrenses no han ayudado en nada a resolver la grave crisis de esa ciudad fronteriza. Ciudad Juárez es hoy un caso ejemplar a nivel internacional del craso error que significa la implementación de una estrategia que solamente ha provocado mayor violencia, impunidad y corrupción.
Sin embargo, el cambio de chalecos olivos por chamarras azules no resolverá el problema por sí solo. El fracaso en la lucha contra el crimen organizado ha sido principalmente una derrota de la policía federal, no de las fuerzas armadas. La propaganda oficial busca vender la idea de que la PF está integrada por un conjunto de robocops armados hasta los dientes, con conocimientos sofisticados en inteligencia criminal e intachable honorabilidad. Pero los resultados desnudan una realidad totalmente distinta.
El 21 de agosto de 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en Palacio Nacional. En este documento la clase política prometió lograr la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Específicamente, los políticos se comprometieron –para cumplir en un plazo máximo de un año– a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales del país, así como a crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza
Hoy, sin embargo, no existe ningún indicador palpable que nos permita entrever que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) haya podido cumplir con estos ambiciosos objetivos aun con el abultado presupuesto de 32 mil millones y más de 40 mil servidores públicos en activo durante 2009. Los exámenes de control de confianza han resultado ser un fiasco y la capacitación especializada que supuestamente reciben los policías federales no ha tenido impacto alguno en su efectividad.
Habría que exigirle al gobierno que nos informe a la ciudadanía respecto del perfil exacto de los agentes que a partir de ahora se encargarán de la seguridad pública en Ciudad Juárez. ¿Serán nuevos reclutas ingresados por conducto del nuevo sistema o ya cuentan con algunos años dentro de la PF? ¿Dónde y en qué trabajaron antes de su ingreso a la PF? ¿Qué tipo de capacitación tienen? ¿Qué calificaciones han recibido en los exámenes de control de confianza y en las evaluaciones a su desempeño? ¿Han recibido algún entrenamiento especial en derechos humanos y en las responsabilidades de los policías municipales? ¿Qué mecanismos de vigilancia y monitoreo se implementarán para evitar el abuso de autoridad?
La sospecha es que los nuevos policías son los mismos de siempre, o incluso militares vestidos de policías, y que funcionarán de acuerdo con el mismo modus operandi, participando en la corrupción y solapando la impunidad. El gobierno tendría que aportar tanto datos duros sobre sus nuevos cuadros como resultados concretos a corto plazo en Ciudad Juárez para convencer a una ciudadanía inteligentemente escéptica de que ahora sí las cosas serán diferentes.
De lo contrario, García Luna tendría que presentar su renuncia de manera inmediata. El secretario ha tenido tres largos años para armar un cuerpo policiaco federal supuestamente profesional y capaz. Si sus superpolicías no pueden siquiera pacificar una ciudad de 1.3 millones de habitantes, habrá llegado la hora para el cambio. Parece que ya nadie recuerda las palabras de Alejandro Martí en el acto de firma del Acuerdo Nacional: Si no pueden, renuncien.
Pero más allá de quién patrulla las calles o responde a las llamadas de emergencia, lo realmente importante es la investigación y persecución penal de los delitos. Aquí también el Acuerdo Nacional fijó un compromiso específico: establecer un sistema nacional de desarrollo de ministerios públicos antes del 21 de agosto de 2010. Lamentablemente, una vez más no hay evidencia de que se haya avanzado hacia esta meta. La mayoría de nuestros ministerios públicos siguen sin la formación, la disciplina o la independencia necesarias para romper con el ciclo vicioso de la impunidad.
El retorno de las tropas a los cuarteles constituye un avance importante con respecto de la legalidad de la mal llamada guerra de Calderón en contra del narcotráfico. Sin embargo, el trabajo difícil apenas se inicia. Habría que fijar metas precisas, evaluar el desempeño de los policías federales de manera objetiva e independiente, así como llevar la rendición de cuentas hasta sus últimas consecuencias.

Desencapucharnos
GUSTAVO ESTEVA
El incidente sería banal y ridículo si no fuera tan amenazante y peligroso. No podemos pasarlo por alto.
El 27 de marzo el titular “Desencapuchan al subcomandante Marcos” encabezó la primera plana de Reforma. Firmada por el equipo editorial, la nota mostró fotografías de rostros descubiertos, uno de los cuales sería el del subcomandante Marcos, acompañadas de información estratégica sobre el zapatismo que un supuesto desertor habría entregado al periódico.
La persona desencapuchada es Leuccio Rizzo, un ciudadano italiano conocido por diversas organizaciones chiapanecas, quien denunció ya la irresponsabilidad del periódico al usar calumniosamente su rostro. La nota misma es un engendro sin pies ni cabeza. A la grosera mentira que presenta a Leuccio como Marcos se agrega la mezcla de imágenes de hace más de 10 años con algunas recientes, la presentación de informaciones bien conocidas como si fueran novedad y la divulgación de datos equivocados que hasta un reportero principiante hubiera podido desenmascarar.
Reforma presume de sólida capacidad profesional. Pretende verificar con rigor cuanto publica. Esta nota demuestra lo contrario: parece de un pasquín mercenario de quinta. No sólo contiene distracciones garrafales, como la que confunde el País Vasco con ETA. Hay increíble desinformación, contradicciones flagrantes, datos enteramente obsoletos. Todo cae por su propio peso al desvanecerse la supuesta identificación del subcomandante Marcos del encabezado.
Pueden decirse muchas cosas de Reforma, pero no cabe atribuirle inocencia o ingenuidad. Con esta nota falsa y malévola ha contribuido con entusiasmo a una maniobra sucia, que forma parte de la campaña cada vez más intensa que realiza el gobierno contra los zapatistas, tanto en la forma activa de agresiones paramilitares y hostigamiento constante como en la indirecta de la desinformación continua –a la que se suma ahora un centenar de periódicos que en el mundo entero reprodujeron lo publicado por Reforma. Medios destacados, algunos de bien ganado prestigio, caen en el amarillismo irresponsable de este medio, ratificado en la indecente arrogancia con la que trató la aclaración de Leuccio Rizzo.
Estamos en el mismo nivel infame de la celada de Zedillo, el 9 de febrero de 1995, cuando organizó junto con los medios una campaña de exterminio de los zapatistas que la presión de la sociedad civil convirtió en su contrario: la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas. Esta ley protege aún al zapatismo, pero los tres niveles de gobierno la violan continuamente, junto con la Constitución, a medida que se extiende el estado de excepción no declarado que vivimos.
Se ha puesto de nuevo en circulación, en estos días, un video que responde puntualmente a las revelaciones de Reforma. El subcomandante anuncia ante la cámara que mostrará una fotografía suya sin pasamontañas y luego se lo quitará. Muestra en seguida un espejo –en el que nos vemos todos– y empieza a quitarse el pasamontañas. Cuando éste se levanta por completo aparece la cara de un niño y tras él, en rápida sucesión, personas de todos los colores, tamaños y sabores que se van quitando sus pasamontañas.
No se trata de algo nuevo: circula desde 2008 en youtube.com/watch? v=qRnoJt7PTDE. Pero es una respuesta eficaz a la campaña tendenciosa que pretende reducir el zapatismo a Marcos y revela su identidad –un nombre o una cara. Marcos nació el primero de enero de 1994 y así surgió la oportunidad de que lo fuéramos todos: de que pudiéramos cobijar bajo ese nombre nuestra dignidad y que hiciéramos de ella bandera de la transformación.
Primero fueron los indígenas, pero como yo no era indígena, no me importó; después fueron los campesinos, pero como yo no era campesino, tampoco me importó; luego fueron los obreros –mineros, electricistas, otros–, pero como yo no era obrero tampoco me importó; más tarde fueron los homosexuales, pero como yo no era homosexual, tampoco me importó; ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde.
Uso conscientemente esta paráfrasis de unas frases de Niemöller que se han vuelto clásicas. No estamos ante la tradición fascista, contra la cual él las formuló en 1946, pero lo que tenemos enfrente puede ser peor. Personajes sin principios, en los medios y el gobierno, asocian sus judíos con clases enteras de personas que consideran inferiores. Quieren someter a todos por la fuerza de las armas y de los medios. Con el pretexto del narcotráfico militarizaron ya el país y preparan ahora a la opinión pública para la extensión final del estado de excepción.
Sólo haciéndonos Marcos podemos detenerlos, antes de que sea demasiado tarde.