OTRA RAYA DEL SATRAPA
8 abr 2010
Niegan amparo a Ulises Ruiz contra fallo del TEPJF
La redacción
MÉXICO, D.F., 7 de abril (apro).- El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quedó a merced del Congreso local luego de que un Tribunal Colegiado rechazó ampararlo contra la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó sancionarlo por promover su imagen con recursos públicos durante el proceso electoral de 2009.
Con base en dicha resolución, el secretario del partido Convergencia en Oaxaca, Víctor Hugo Alejo, dijo que ya no hay impedimento alguno para que el Congreso local, de mayoría priista, promueva un juicio de procedencia en contra del mandatario estatal, tal como lo ordenó el TEPJF.
Según el dirigente convergente las sanciones que podría interponer el Congreso del estado van desde multas económicas hasta la separación de su cargo como gobernador por haber violado el artículo 134 de la Constitución federal.
En su opinión, lo mejor es que Ruiz Ortiz sea destituido para evitar que los recursos de los oaxaqueños se vean nuevamente afectados durante las elecciones vendieras.
La redacción
MÉXICO, D.F., 7 de abril (apro).- El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quedó a merced del Congreso local luego de que un Tribunal Colegiado rechazó ampararlo contra la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó sancionarlo por promover su imagen con recursos públicos durante el proceso electoral de 2009.
Con base en dicha resolución, el secretario del partido Convergencia en Oaxaca, Víctor Hugo Alejo, dijo que ya no hay impedimento alguno para que el Congreso local, de mayoría priista, promueva un juicio de procedencia en contra del mandatario estatal, tal como lo ordenó el TEPJF.
Según el dirigente convergente las sanciones que podría interponer el Congreso del estado van desde multas económicas hasta la separación de su cargo como gobernador por haber violado el artículo 134 de la Constitución federal.
En su opinión, lo mejor es que Ruiz Ortiz sea destituido para evitar que los recursos de los oaxaqueños se vean nuevamente afectados durante las elecciones vendieras.
Advierten que Ulises Ruiz comprará votos.
El diputado local del PRD, Jesús Romero López, aseguró que los mil millones de pesos que el Gobernador Ulises Ruiz gastó de más el año pasado, es casualmente, la cantidad que requiere el PRI para comprar votos en los comicios de este año.
Indicó que el tricolor paga 500 pesos por voto, y que para este proceso necesita de 800 mil sufragios para ganar la elección de Gobernador, diputados locales y presidentes municipales.
"Si tan sólo costara 500 pesos, de acuerdo con la estrategia del PRI el voto de cada oaxaqueño y ellos necesitan 800 mil para ganar, estamos hablando que necesita de 400 millones de pesos.
"Por lo menos la mitad de esos recursos están en una bolsa con 400 millones a 500 millones de pesos, sin contar los recursos para autoridades municipales, ya no te digo de los recursos para la campaña de imagen y propaganda, el costo de espectaculares, movilización territorial, la renta de helicópteros diaria. (los mil millones) Le cuadra sino es que le sale de más", expresó el legislador.
REFORMA publicó el lunes que Ruiz gastó mil 41 millones de pesos más de los recursos que recibió en 2009, además, que durante 2008, no ejerció 4 mil 400 millones de pesos, lo que representó el 10 por ciento del presupuesto total de ese año.
Romero López afirmó que todas las estrategias del PRI para obtener votos están fundamentadas en dinero.
"Es evidente que los operadores del PRI, que se denominan como 'ruteros' establecen estrategias con bolsas de dinero: la operación tamal, ratón loco, carrusel; están montadas en una estrategia de dinero, ¿de dónde obtienen el PRI el dinero?, no creo que de la bolsa de los candidatos, ni de la bolsa del Ejecutivo estatal, sino de la bolsa de los oaxaqueños que son precisamente los recursos públicos", dijo.
Ante esta situación, el perredista pidió a los organismos oficiales y no gubernamentales nacionales e internacionales vengan a Oaxaca para revisar la actuación de los gobiernos estatal y federales durante el proceso electoral.
"La elección de Oaxaca es la más importante del País", agregó.
Adelantó que el PRD establecerá un Observatorio Ciudadano en los 570 municipios para que la sociedad civil se involucre en la fiscalización de los recursos públicos.
Este martes, las fracciones parlamentarias del PRD y Convergencia en el Congreso de Oaxaca adelantaron que no van a aprobar la Cuenta Pública 2009 que elaboró Ulises Ruiz.
Virgilio Sánchez/Agencia Reforma
Ulises Ruiz deberá enfrentar juicio político por violaciones a la Constitución: Convergencia.
Convergencia. 07/04/10. Sería benéfico para el pueblo oaxaqueño, el juicio político y la separación del cargo de Ruiz Ortiz porque así podría dedicarse de lleno a sus actividades electorales, asegura Mario Mendoza
Luego de que el juzgado primero de Distrito a través del Poder Judicial de la Federación dejara sin argumentos al gobernador del Estado Ulises Ruiz Ortiz debido al fallo interpuesto en su contra por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por desvío de fondos públicos durante el proceso electoral de 2009, este día el Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia informó que exigirá al Congreso del Estado inicie el proceso de juicio político en contra del actual mandatario.
Lo anterior lo dieron a conocer el presidente estatal de Convergencia Mario Mendoza Flores, el diputado local Benjamín Robles Montoya, quienes en compañía del Secretario General Víctor Hugo Alejo Torres y el Delegado Nacional en el Estado Ricardo Coronado Sangines, ofrecieron el día de hoy una conferencia de prensa en la sede naranja, donde aseguraron que la urgencia para el pueblo de Oaxaca es que el actual mandatario se separe del cargo que ostenta debido a que no es la primera vez que utiliza recursos públicos para realizar proselitismo electoral.
Por su parte, Coronado Sangines manifestó que exigirán al Congreso del Estado para que actúe con responsabilidad, "como legisladores y representantes de los ciudadanos y no como trabajadores de Ulises Ruiz".
De acuerdo con Mario Mendoza, además de la denuncia interpuesta en contra del actual mandatario por la imposición de su imagen en las Unidades Móviles de Salud durante el proceso federal electoral del 2009, son muchas otras las faltas cometidas por Ruiz Ortiz durante su mandato, maniobrando con ello no como Gobernador Constitucional, sino como operador político de su partido.
"No son los únicos casos de insensibilidad que ha mostrado durante su mandato, hoy mismo vemos cómo empresas históricas en el estado como Fapatux están a punto de cerrar por la falta de compromiso de este gobierno, el juicio político y la posterior separación del cargo como gobernador incluso le serán benéficas para darle oportunidad de que se enfoque en sus aspiraciones dentro de su partido".
Asimismo, Robles Montoya aseguró que los diputados de la fracción parlamentaria de Convergencia no aceptarán otra sanción que no sea la de la separación del cargo de Ulises Ruiz, "la pena no puede ser menor, no bastará una sanción económica, Convergencia exige la separación de su cargo"
Por su parte, el secretario General del Partido Convergencia, Víctor Hugo Alejo Torres, luego de aclarar que las sanciones que podría interponer el Congreso del Estado van desde multas económicas hasta la separación de su cargo como gobernador, reafirmó la postura convergente de exigir que sea destituido para evitar que los recursos de los oaxaqueños se vean nuevamente afectados durante este proceso electoral.
Piden justicia por el homicidio de las comunicadoras triquis
Juan Carlos Zavala. 07/04/10.
A cerca de dos años del asesinato de las comunicadoras triquis, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, el presidente "autónomo" del municipio de San Juan Copala, Jesús Martínez Flores, exigió justicia y un alto a la represión del gobierno del estado que se vive en esa región.
"Justicia para nuestras familias, para nuestros pueblos, para nuestras hijas, hermanos, para Teresa bautista Y Felicitas Martínez, justicia para construir una vida distinta y digna. Por eso nuestro grito es el ¡Ya Basta!, a aquello que recorre como un veneno los caminos de la Triqui en nombre de los que resistimos y construimos de manera determinante la vía que hemos transitado, del derecho a la libre determinación y el ejercicio de la autonomía, derecho que todos los pueblos tenemos", manifestó.
El crimen en contra de las locutoras ocurrió en abril de 2008 y fue perpetrado en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, zona donde ha sido denunciada la actuación de un grupo de gente armada presuntamente ligado al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y al Partido Unidad Popular (PUP).
"A dos años que masacraran a nuestra compañeras comunicadoras Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras Triquis de la radio comunitaria "La Voz que rompe el Silencio" no olvidamos, porque no se nos hace justicia, hasta hoy no hay castigo para ninguno de los autores materiales ni intelectuales de este crimen, es la impunidad en la que vivimos como país", añadió.
Aseguró que es constante el hostigamiento, intimidación, asesinatos y la búsqueda por desmantelar el "municipio autónomo". Dijo que la persecución del gobierno del estado es una política paramilitar diseñada por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el diputado federal Jorge Franco Vargas y el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, entre otros.
Martínez Flores mencionó que la política paramilitar se incrementa cada día, principalmente contra mujeres, niños y ancianos, que son personas inocentes y contra quienes defienden la autonomía de la localidad, que ha llevado paz a sus pueblos.
Durante tres años, dijo, han padecido la violencia implementada por quienes siguen criminalizando su lucha y sus derechos a decidir su futuro. "Son los mismos que nos han traicionado tantas y tantas veces, por eso hacemos un llamado a los comunicadores honestos y responsables para no olvidar las muertes en las que destacan nuestras hermanas Teresa y Felicitas y de todos quienes buscaron decir la verdad como muchos de ustedes".
También hizo un llamado a a las organizaciones sociales, de mujeres, de maestros, estudiantes, a los defensores de derechos humanos; así como al movimientos social, al CNI, al Movimiento Indígena nacional, para que no se permita más represión en contra de los pueblos indígenas y contra el país, y para sumar y desenmascarar "a los traidores, corruptos y asesinos que agreden a nuestro pueblos".
Juan Carlos Zavala. 07/04/10.
A cerca de dos años del asesinato de las comunicadoras triquis, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, el presidente "autónomo" del municipio de San Juan Copala, Jesús Martínez Flores, exigió justicia y un alto a la represión del gobierno del estado que se vive en esa región.
"Justicia para nuestras familias, para nuestros pueblos, para nuestras hijas, hermanos, para Teresa bautista Y Felicitas Martínez, justicia para construir una vida distinta y digna. Por eso nuestro grito es el ¡Ya Basta!, a aquello que recorre como un veneno los caminos de la Triqui en nombre de los que resistimos y construimos de manera determinante la vía que hemos transitado, del derecho a la libre determinación y el ejercicio de la autonomía, derecho que todos los pueblos tenemos", manifestó.
El crimen en contra de las locutoras ocurrió en abril de 2008 y fue perpetrado en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, zona donde ha sido denunciada la actuación de un grupo de gente armada presuntamente ligado al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y al Partido Unidad Popular (PUP).
"A dos años que masacraran a nuestra compañeras comunicadoras Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras Triquis de la radio comunitaria "La Voz que rompe el Silencio" no olvidamos, porque no se nos hace justicia, hasta hoy no hay castigo para ninguno de los autores materiales ni intelectuales de este crimen, es la impunidad en la que vivimos como país", añadió.
Aseguró que es constante el hostigamiento, intimidación, asesinatos y la búsqueda por desmantelar el "municipio autónomo". Dijo que la persecución del gobierno del estado es una política paramilitar diseñada por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el diputado federal Jorge Franco Vargas y el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, entre otros.
Martínez Flores mencionó que la política paramilitar se incrementa cada día, principalmente contra mujeres, niños y ancianos, que son personas inocentes y contra quienes defienden la autonomía de la localidad, que ha llevado paz a sus pueblos.
Durante tres años, dijo, han padecido la violencia implementada por quienes siguen criminalizando su lucha y sus derechos a decidir su futuro. "Son los mismos que nos han traicionado tantas y tantas veces, por eso hacemos un llamado a los comunicadores honestos y responsables para no olvidar las muertes en las que destacan nuestras hermanas Teresa y Felicitas y de todos quienes buscaron decir la verdad como muchos de ustedes".
También hizo un llamado a a las organizaciones sociales, de mujeres, de maestros, estudiantes, a los defensores de derechos humanos; así como al movimientos social, al CNI, al Movimiento Indígena nacional, para que no se permita más represión en contra de los pueblos indígenas y contra el país, y para sumar y desenmascarar "a los traidores, corruptos y asesinos que agreden a nuestro pueblos".
Demandan appistas la libertad de compañero
La APPO bloqueó una carretera ayer para exigir la libertad de su compañero Victor Sánchez
Activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) bloquearon ayer la Carretera Internacional "Cristóbal Colón", frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), para exigir la libertad de su compañero Víctor Sánchez, encarcelado en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, por estar procesado por el delito de despojo en contra de dos priístas vinculados con el diputado federal Jorge Franco Vargas y el aspirante a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez.
Gilberto Hernández Santiago, activista del movimiento magisterial y popular, dijo que su compañero fue aprehendido el 14 de septiembre del 2009 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), apoyados por policías federales, y posteriormente quedó recluido en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, a pesar carecer sus acusadores, los hermanos María Elena y Humberto López García, de la documentación para justificar la propiedad de un predio ubicado en Rancho San Rafael, perteneciente a la agencia municipal Santa Rosa Panzacola.
Y en contraparte, Sánchez tiene los documentos necesarios para acreditarse como apoderado legal de los verdaderos dueños, los hermanos Ruiz Armengol, asentó.
"Aquí los supuestos dueños están coludidos con El Chucky (Jorge Franco Vargas) y Javier Villacaña. Fueron ellos quienes presionaron a la Procuraduría (General de Justicia) y al Poder Judicial, para que encarcelaran al compañero", asentó.
Consideró que la detención y procesamiento penal al appista obedece claramente a su participación en el movimiento magisterial y popular desde el 2006, "pues se ha destacado por mantenerse firme en la lucha".
"Existe la consigna de mantenerlo en la cárcel para acallar su voz", remarcó.
Hernández Santiago dijo que el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó el amparo al appista en contra del auto de formal prisión dictado por el Juzgado Sexto de lo Penal, pero aún el TSJE no cumple con la ejecutoria.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Enriquecimiento ilícito de políticos, debe ser revisado: IP
Sayra Cruz. Tiempo.
[03:21] El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mario Cruz Escamirosa, exigió ayer a los legisladores federales una iniciativa que revise el enriquecimiento ilícito de funcionarios y representantes populares “para descartar nexos con el narcotráfico”.
El líder del sector empresarial salió al paso a la propuesta del senador perredista, Silviano Aureoles quien ha solicitado a la Cámara de Senadores la aplicación de un “certificado de transparencia” para los empresarios y descartar un procedimiento ilícito de quienes surten de bienes y servicios al gobierno.
Consideró que todo esfuerzo por darle más transparencia al uso de los recursos públicos es bienvenido y propuso a los senadores que la iniciativa privada puede participar siempre y cuando esta sea sin fines ocultos.
“Que no sea una jugada para darle la vuelta a la hoja; el sector público tiene que avanzar mucho en transparencia porque estamos ‘en pañales’; entonces lo que me gustaría ver son esfuerzos reales en ese sector”, abundó.
Cruz Escamirosa esperó que la propuesta del senador perredista no sea una estrategia para distraer la atención “y pedir a la iniciativa privada que transparente los recursos que obtiene del sector público, cuando ese sector no ha hecho lo propio”, dijo.
El dirigente de la Coparmex exigió una explicación sobre el ingreso del dinero para quienes ostentan el poder y en la rendición de cuentas, sí los empresarios pueden aportar, “encantados, podremos participar en esta petición”, recalcó.
“Lo que sí pediríamos antes, es que todo el ingreso se dé a conocer porque hasta el momento existe un proceso que no se cumple”, mencionó.
En su versión, los servidores públicos no han sido sujetos de sanciones al incurrir en hechos ilícitos, ya que les protege el fuero y demás concesiones con las que cuentan por ser funcionarios.
“No se conoce que a los funcionarios se les inhabilite por haberle encontrado ingresos que no se pueden comprobar”, sostuvo.
Mientras que a los empresarios, cuando se les detectan irregularidades han sido sujetos a procesos jurídicos, incluso a la cárcel, dijo Cruz Escamirosa, presidente de la Coparmex, delegación Oaxaca.
“Cuando no se paga al IMSS, cuando hay retardo en el pago de los impuestos, eso no tiene indulgencia para este sector pues llegan a detener a los empresarios, les despojan de sus bienes, entre otros requerimientos”, abundó.
Por eso, antes de hablar de la transparencia en el recurso de la Iniciativa Privada, también se debe integrar a los funcionarios, a los representantes populares, pues existen muchos que llegan sin dinero y al terminar el periodo se hacen de sumas cuantiosas.
“Existen quienes llegan sin centavos a un cargo o a una representación y tiempo después cuentan con grandes cantidades de dinero; eso debe aplicar también en la propuesta de transparencia”, indicó.
Senadores federales del PAN y PRD impulsan una nueva ley de extinción de dominio o de incautación que permita decomisar los bienes y ganancias de los funcionarios públicos que hayan conseguido enriquecerse a través de actos de corrupción.
La APPO bloqueó una carretera ayer para exigir la libertad de su compañero Victor Sánchez
Activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) bloquearon ayer la Carretera Internacional "Cristóbal Colón", frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), para exigir la libertad de su compañero Víctor Sánchez, encarcelado en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, por estar procesado por el delito de despojo en contra de dos priístas vinculados con el diputado federal Jorge Franco Vargas y el aspirante a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez.
Gilberto Hernández Santiago, activista del movimiento magisterial y popular, dijo que su compañero fue aprehendido el 14 de septiembre del 2009 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), apoyados por policías federales, y posteriormente quedó recluido en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, a pesar carecer sus acusadores, los hermanos María Elena y Humberto López García, de la documentación para justificar la propiedad de un predio ubicado en Rancho San Rafael, perteneciente a la agencia municipal Santa Rosa Panzacola.
Y en contraparte, Sánchez tiene los documentos necesarios para acreditarse como apoderado legal de los verdaderos dueños, los hermanos Ruiz Armengol, asentó.
"Aquí los supuestos dueños están coludidos con El Chucky (Jorge Franco Vargas) y Javier Villacaña. Fueron ellos quienes presionaron a la Procuraduría (General de Justicia) y al Poder Judicial, para que encarcelaran al compañero", asentó.
Consideró que la detención y procesamiento penal al appista obedece claramente a su participación en el movimiento magisterial y popular desde el 2006, "pues se ha destacado por mantenerse firme en la lucha".
"Existe la consigna de mantenerlo en la cárcel para acallar su voz", remarcó.
Hernández Santiago dijo que el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó el amparo al appista en contra del auto de formal prisión dictado por el Juzgado Sexto de lo Penal, pero aún el TSJE no cumple con la ejecutoria.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Enriquecimiento ilícito de políticos, debe ser revisado: IP
Sayra Cruz. Tiempo.
[03:21] El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mario Cruz Escamirosa, exigió ayer a los legisladores federales una iniciativa que revise el enriquecimiento ilícito de funcionarios y representantes populares “para descartar nexos con el narcotráfico”.
El líder del sector empresarial salió al paso a la propuesta del senador perredista, Silviano Aureoles quien ha solicitado a la Cámara de Senadores la aplicación de un “certificado de transparencia” para los empresarios y descartar un procedimiento ilícito de quienes surten de bienes y servicios al gobierno.
Consideró que todo esfuerzo por darle más transparencia al uso de los recursos públicos es bienvenido y propuso a los senadores que la iniciativa privada puede participar siempre y cuando esta sea sin fines ocultos.
“Que no sea una jugada para darle la vuelta a la hoja; el sector público tiene que avanzar mucho en transparencia porque estamos ‘en pañales’; entonces lo que me gustaría ver son esfuerzos reales en ese sector”, abundó.
Cruz Escamirosa esperó que la propuesta del senador perredista no sea una estrategia para distraer la atención “y pedir a la iniciativa privada que transparente los recursos que obtiene del sector público, cuando ese sector no ha hecho lo propio”, dijo.
El dirigente de la Coparmex exigió una explicación sobre el ingreso del dinero para quienes ostentan el poder y en la rendición de cuentas, sí los empresarios pueden aportar, “encantados, podremos participar en esta petición”, recalcó.
“Lo que sí pediríamos antes, es que todo el ingreso se dé a conocer porque hasta el momento existe un proceso que no se cumple”, mencionó.
En su versión, los servidores públicos no han sido sujetos de sanciones al incurrir en hechos ilícitos, ya que les protege el fuero y demás concesiones con las que cuentan por ser funcionarios.
“No se conoce que a los funcionarios se les inhabilite por haberle encontrado ingresos que no se pueden comprobar”, sostuvo.
Mientras que a los empresarios, cuando se les detectan irregularidades han sido sujetos a procesos jurídicos, incluso a la cárcel, dijo Cruz Escamirosa, presidente de la Coparmex, delegación Oaxaca.
“Cuando no se paga al IMSS, cuando hay retardo en el pago de los impuestos, eso no tiene indulgencia para este sector pues llegan a detener a los empresarios, les despojan de sus bienes, entre otros requerimientos”, abundó.
Por eso, antes de hablar de la transparencia en el recurso de la Iniciativa Privada, también se debe integrar a los funcionarios, a los representantes populares, pues existen muchos que llegan sin dinero y al terminar el periodo se hacen de sumas cuantiosas.
“Existen quienes llegan sin centavos a un cargo o a una representación y tiempo después cuentan con grandes cantidades de dinero; eso debe aplicar también en la propuesta de transparencia”, indicó.
Senadores federales del PAN y PRD impulsan una nueva ley de extinción de dominio o de incautación que permita decomisar los bienes y ganancias de los funcionarios públicos que hayan conseguido enriquecerse a través de actos de corrupción.
