PEÑA NIETO, UNA TRAS OTRA
22 abr 2010
El hijo pródigo de Atlacomulco
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- Más allá del espectáculo que para muchos medios ha representado el caso de Paulette Gebara Farah, la muerte de la niña ha mostrado, una vez más, las serias deficiencias que Enrique Peña Nieto tiene como gobernador y que no ha podido tapar con la millonaria campaña que ha pagado a Televisa, desde que empezó su administración, para llegar a la presidencia en 2012.
Y no es ésta la primera vez que Peña Nieto refleja su incapacidad como gobernador. No hace mucho, en febrero pasado, el municipio de Chalco se inundó por las aguas negras del canal de desagüe, afectando 500 casas de familias pobres. El gobernador mexiquense, quien pretende ser presidente de la República, tardó días en atender el problema, y cuando los hizo fue sólo para dar paliativos.
Algo similar ocurrió meses antes en el fraccionamiento residencial Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, que también sufrió una inundación, sin que hubiera una reacción inmediata del gobernador.
Son muchas las muestras de incapacidad de Peña Nieto como gobernante, pues ha dejado tras de si una serie de casos y problemas que no ha resuelto o les ha dado soluciones temporales.
De memoria podríamos citar las lagunas que quedaron con el caso de la muerte de su esposa Mónica Pretelini, quien no recibió a tiempo ni con urgencia la atención médica, pues fue llevada al hospital ABC en ambulancia terrestre, cuando ya nada se podía hacer para salvarla. Queda la duda de por qué no la llevo inmediatamente en el helicóptero en el que Peña Nieto viaja regularmente hasta de noche, y también por qué ordenó la incineración inmediata.
Otro caso igualmente escandaloso fue el de su antecesor Arturo Montiel, de quien se descubrieron malos manejos de los recursos públicos, mientras que sus hijos y a su exesposa Maude Vercini heredaron propiedades lujosas en México y Francia. El gobierno de Peña Nieto sólo tapó las pruebas que inculpaban a Montiel y su familia, haciendo lujo de la impunidad.
Un ejemplo más fue el asesinato de Enrique Salinas, en diciembre de 2004. Hasta el momento no se sabe quiénes lo asesinaron, y menos los motivos. Basta recordar que el cuerpo del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue encontrado dentro de un automóvil estacionado en el fraccionamiento Lomas de Anáhuac, Estado de México, con varios disparos de arma de fuego.
La cabeza de Enrique Salinas tenía una bolsa de plástico, pero no murió de asfixia. Al cabo de dos años de investigación se pretendió dar como causa de muerte la extorsión de dos policías, pero fue desechada y el asesinato sigue impune hasta el momento.
Otros casos con un sello de impunidad son los de las mujeres asesinadas en el Estado de México, entidad que tiene el registro más alto de feminicidios en todo el país.
Según datos de 2009 del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 529 mujeres y niñas fueron asesinadas en ocho estados de la República. De éstos, 173 fueron cometidos en el Estado de México, 93 en Baja California, 69 en Sinaloa, 63 en Tamaulipas, 57 en Jalisco, 38 en Nuevo León, 33 en Morelos y tres en Zacatecas.
De enero de 2007 a diciembre de 2009, el organismo documentó 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 18 de las 32 entidades federativas de la República mexicana. Destaca el Estado de México, con 556, seguido por el Distrito Federal, con 235 casos; Sinaloa, con 179; Jalisco, 164, y Chihuahua, con 157 casos en el mismo periodo.
A pesar del crecimiento de este fenómeno, en lo que va del gobierno de Peña Nieto no se ha hecho nada para detenerlo, y la impunidad y la violencia contra las mujeres en la entidad parece no tener fin.
La campaña mediática que ha pagado a Televisa desde que fue elegido como gobernador, no logra tapar todos estos problemas que Peña Nieto trae encima sin resolverlos.
Ni se diga del caos del transporte público en toda la entidad, o de la corrupción de la policía, o bien de las obras viales de relumbrón que ha hecho, como el segundo piso en el Periférico, que en nada ha resuelto la vialidad.
En cualquier otro estado o en el Distrito Federal, un caso como el de la muerte de Paulette hubiera puesto en el filo de la renuncia a quienes gobiernan. Pero a Peña Nieto nadie lo toca, menos las dos grandes televisoras que, en lugar de señalar a los responsables, han hecho de este caso una pésima telenovela.
Cada vez que aparece en los canales de Televisa y TV Azteca, el gobernador mexiquense opina o anuncia su boda desde el Vaticano, luciéndose con la artista Angélica Rivera, en una pésima versión de la pareja francesa Nicolás Sarkozy y Carla Bruni.
Así, pues, las cartas de Peña Nieto como gobernante no son las mejores, a pesar de la millonaria propaganda y publicidad desplegada en los medios. Habría que verlo en un debate de ideas para saber qué dice, cómo define su proyecto político y cómo piensa enfrentar los múltiples retos que tiene el país y que con el paso del tiempo se agravan.
Hay que ver de qué madera esta hecho el hijo pródigo del grupo Atlacomulco, porque lo que ha mostrado hasta el momento deja mucho que desear y mucho que decir.
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- Más allá del espectáculo que para muchos medios ha representado el caso de Paulette Gebara Farah, la muerte de la niña ha mostrado, una vez más, las serias deficiencias que Enrique Peña Nieto tiene como gobernador y que no ha podido tapar con la millonaria campaña que ha pagado a Televisa, desde que empezó su administración, para llegar a la presidencia en 2012.
Y no es ésta la primera vez que Peña Nieto refleja su incapacidad como gobernador. No hace mucho, en febrero pasado, el municipio de Chalco se inundó por las aguas negras del canal de desagüe, afectando 500 casas de familias pobres. El gobernador mexiquense, quien pretende ser presidente de la República, tardó días en atender el problema, y cuando los hizo fue sólo para dar paliativos.
Algo similar ocurrió meses antes en el fraccionamiento residencial Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, que también sufrió una inundación, sin que hubiera una reacción inmediata del gobernador.
Son muchas las muestras de incapacidad de Peña Nieto como gobernante, pues ha dejado tras de si una serie de casos y problemas que no ha resuelto o les ha dado soluciones temporales.
De memoria podríamos citar las lagunas que quedaron con el caso de la muerte de su esposa Mónica Pretelini, quien no recibió a tiempo ni con urgencia la atención médica, pues fue llevada al hospital ABC en ambulancia terrestre, cuando ya nada se podía hacer para salvarla. Queda la duda de por qué no la llevo inmediatamente en el helicóptero en el que Peña Nieto viaja regularmente hasta de noche, y también por qué ordenó la incineración inmediata.
Otro caso igualmente escandaloso fue el de su antecesor Arturo Montiel, de quien se descubrieron malos manejos de los recursos públicos, mientras que sus hijos y a su exesposa Maude Vercini heredaron propiedades lujosas en México y Francia. El gobierno de Peña Nieto sólo tapó las pruebas que inculpaban a Montiel y su familia, haciendo lujo de la impunidad.
Un ejemplo más fue el asesinato de Enrique Salinas, en diciembre de 2004. Hasta el momento no se sabe quiénes lo asesinaron, y menos los motivos. Basta recordar que el cuerpo del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue encontrado dentro de un automóvil estacionado en el fraccionamiento Lomas de Anáhuac, Estado de México, con varios disparos de arma de fuego.
La cabeza de Enrique Salinas tenía una bolsa de plástico, pero no murió de asfixia. Al cabo de dos años de investigación se pretendió dar como causa de muerte la extorsión de dos policías, pero fue desechada y el asesinato sigue impune hasta el momento.
Otros casos con un sello de impunidad son los de las mujeres asesinadas en el Estado de México, entidad que tiene el registro más alto de feminicidios en todo el país.
Según datos de 2009 del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 529 mujeres y niñas fueron asesinadas en ocho estados de la República. De éstos, 173 fueron cometidos en el Estado de México, 93 en Baja California, 69 en Sinaloa, 63 en Tamaulipas, 57 en Jalisco, 38 en Nuevo León, 33 en Morelos y tres en Zacatecas.
De enero de 2007 a diciembre de 2009, el organismo documentó 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 18 de las 32 entidades federativas de la República mexicana. Destaca el Estado de México, con 556, seguido por el Distrito Federal, con 235 casos; Sinaloa, con 179; Jalisco, 164, y Chihuahua, con 157 casos en el mismo periodo.
A pesar del crecimiento de este fenómeno, en lo que va del gobierno de Peña Nieto no se ha hecho nada para detenerlo, y la impunidad y la violencia contra las mujeres en la entidad parece no tener fin.
La campaña mediática que ha pagado a Televisa desde que fue elegido como gobernador, no logra tapar todos estos problemas que Peña Nieto trae encima sin resolverlos.
Ni se diga del caos del transporte público en toda la entidad, o de la corrupción de la policía, o bien de las obras viales de relumbrón que ha hecho, como el segundo piso en el Periférico, que en nada ha resuelto la vialidad.
En cualquier otro estado o en el Distrito Federal, un caso como el de la muerte de Paulette hubiera puesto en el filo de la renuncia a quienes gobiernan. Pero a Peña Nieto nadie lo toca, menos las dos grandes televisoras que, en lugar de señalar a los responsables, han hecho de este caso una pésima telenovela.
Cada vez que aparece en los canales de Televisa y TV Azteca, el gobernador mexiquense opina o anuncia su boda desde el Vaticano, luciéndose con la artista Angélica Rivera, en una pésima versión de la pareja francesa Nicolás Sarkozy y Carla Bruni.
Así, pues, las cartas de Peña Nieto como gobernante no son las mejores, a pesar de la millonaria propaganda y publicidad desplegada en los medios. Habría que verlo en un debate de ideas para saber qué dice, cómo define su proyecto político y cómo piensa enfrentar los múltiples retos que tiene el país y que con el paso del tiempo se agravan.
Hay que ver de qué madera esta hecho el hijo pródigo del grupo Atlacomulco, porque lo que ha mostrado hasta el momento deja mucho que desear y mucho que decir.
Afrenta para México
GILBERTO GUEVARA NIEBLA
En su visita de 11 días, el relator especial de la ONU Vernor Muñoz Villalobos concluyó que en México existía una simbiosis atípica entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) que afectaba la impartición de los servicios educativos (La Jornada, 19-02-10). La exclusión en la materia, afirmó, tiene rostro: son los niños indígenas, los niños jornaleros, los niños pobres del campo y de la ciudad, etcétera.
El gremio magisterial, dijo el relator, tiene una función, pero posee además una fuerza política indudable, pero el actor ante el cual hay que exigir el cumplimiento del derecho a la educación es el Estado, no una agencia privada y laboral como el SNTE.
El relator tocó la llaga del sistema educativo de México. Inexplicablemente, los gobiernos del PAN han dado al SNTE atributos y recursos financieros que jamás este organismo había tenido. A cualquier espectador le resulta incomprensible que el presidente Felipe Calderón haya a) acordado a puertas cerradas con la líder sindical un plan educativo (la Alianza por la Calidad de la Educación, ACE) y haya mandado a la basura el plan sectorial que hizo la SEP y b) haya permitido que el SNTE intervenga directamente en la operación de la política educativa.
Estos hechos simbolizan la peor degradación que a lo largo de dos siglos ha sufrido la educa-ción nacional. Vasconcelos, furioso, ha de revolverse en su tumba profiriendo insultos contra quienes se burlan así de su obra. ¿Quién pudo imaginar que el Estado, bajo la tutela del PAN, terminaría renunciando a su responsabilidad constitucional para inclinarse ante un poder de facto como es el sindicato? Todavía más: ¿quién pudo pensar que se permitiría que la líder del SNTE utilizara los recursos de la educación nacional (recursos fiscales, ergo, del pueblo de México) para crear un partido político cuyo único fin es el usufructo político de una persona?
Estos sucesos constituyen una infamia y tienden una sombra de oprobio sobre el magisterio y sobre la vida política nacional. Tales deformaciones han sido justificadas con autoengaños y eufemismos que insisten en decir que el rey no va desnudo, que viste un ajuar majestuoso. Pero, con esta ceguera cómplice, es la nación la que se auto-derrota. Es México el que pierde al admitir que en la esfera educativa se aplique una política, la ACE, trivial, sin objetivos jerárquicos, imprecisa, plana, ambigua, demagógica, contradictoria, que ha sido concebida con criterios políticos más que técnicos.
El año del bicentenario de la Independencia es (debería ser) un año de autorreflexión, de balance, de identificación de éxitos y fracaso de la nación, antes que una conmemoración vacía. En esa línea de reflexión, si hacemos un balance riguroso de la educación, tenemos que reconocer un fracaso y un riesgo muy serio para nuestro futuro. La cobertura se contrae y la calidad se derrumba. Basta un vistazo al reciente estudio del INEE sobre tercero de secundaria para confirmarlo: en español, 72 por ciento de los alumnos obtienen calificaciones de nivel básico o debajo del básico; en matemáticas, 52 por ciento alcanzó calificaciones por debajo del básico y sólo 21 por ciento tuvieron calificaciones medias o avanzadas; en biología, 92 por ciento alcanzó calificaciones en el nivel básico o por debajo del básico; en formación cívica y ética, 78 por ciento quedó en básico o por debajo del básico (sólo 2 por ciento obtuvo el nivel avanzado) (INEE, El aprendizaje en tercero de secundaria. México, 2009).
¿Qué puede hacerse frente a este panorama? En primer lugar, reintegrar el poder educativo total a la SEP (que no debe, de acuerdo con la Constitución, compartirlo con ninguna agencia privada), lanzar una reforma educativa encaminada a darle al sistema escolar una estructura orgánica moderna que desemboque en un empoderamiento (aumento de facultades) de los profesores y de las escuelas. Modernizar las relaciones laborales. Promover una reforma democrática del SNTE y establecer un sistema de total transparencia en el uso de los recursos educativos. Etcétera.
GILBERTO GUEVARA NIEBLA
En su visita de 11 días, el relator especial de la ONU Vernor Muñoz Villalobos concluyó que en México existía una simbiosis atípica entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) que afectaba la impartición de los servicios educativos (La Jornada, 19-02-10). La exclusión en la materia, afirmó, tiene rostro: son los niños indígenas, los niños jornaleros, los niños pobres del campo y de la ciudad, etcétera.
El gremio magisterial, dijo el relator, tiene una función, pero posee además una fuerza política indudable, pero el actor ante el cual hay que exigir el cumplimiento del derecho a la educación es el Estado, no una agencia privada y laboral como el SNTE.
El relator tocó la llaga del sistema educativo de México. Inexplicablemente, los gobiernos del PAN han dado al SNTE atributos y recursos financieros que jamás este organismo había tenido. A cualquier espectador le resulta incomprensible que el presidente Felipe Calderón haya a) acordado a puertas cerradas con la líder sindical un plan educativo (la Alianza por la Calidad de la Educación, ACE) y haya mandado a la basura el plan sectorial que hizo la SEP y b) haya permitido que el SNTE intervenga directamente en la operación de la política educativa.
Estos hechos simbolizan la peor degradación que a lo largo de dos siglos ha sufrido la educa-ción nacional. Vasconcelos, furioso, ha de revolverse en su tumba profiriendo insultos contra quienes se burlan así de su obra. ¿Quién pudo imaginar que el Estado, bajo la tutela del PAN, terminaría renunciando a su responsabilidad constitucional para inclinarse ante un poder de facto como es el sindicato? Todavía más: ¿quién pudo pensar que se permitiría que la líder del SNTE utilizara los recursos de la educación nacional (recursos fiscales, ergo, del pueblo de México) para crear un partido político cuyo único fin es el usufructo político de una persona?
Estos sucesos constituyen una infamia y tienden una sombra de oprobio sobre el magisterio y sobre la vida política nacional. Tales deformaciones han sido justificadas con autoengaños y eufemismos que insisten en decir que el rey no va desnudo, que viste un ajuar majestuoso. Pero, con esta ceguera cómplice, es la nación la que se auto-derrota. Es México el que pierde al admitir que en la esfera educativa se aplique una política, la ACE, trivial, sin objetivos jerárquicos, imprecisa, plana, ambigua, demagógica, contradictoria, que ha sido concebida con criterios políticos más que técnicos.
El año del bicentenario de la Independencia es (debería ser) un año de autorreflexión, de balance, de identificación de éxitos y fracaso de la nación, antes que una conmemoración vacía. En esa línea de reflexión, si hacemos un balance riguroso de la educación, tenemos que reconocer un fracaso y un riesgo muy serio para nuestro futuro. La cobertura se contrae y la calidad se derrumba. Basta un vistazo al reciente estudio del INEE sobre tercero de secundaria para confirmarlo: en español, 72 por ciento de los alumnos obtienen calificaciones de nivel básico o debajo del básico; en matemáticas, 52 por ciento alcanzó calificaciones por debajo del básico y sólo 21 por ciento tuvieron calificaciones medias o avanzadas; en biología, 92 por ciento alcanzó calificaciones en el nivel básico o por debajo del básico; en formación cívica y ética, 78 por ciento quedó en básico o por debajo del básico (sólo 2 por ciento obtuvo el nivel avanzado) (INEE, El aprendizaje en tercero de secundaria. México, 2009).
¿Qué puede hacerse frente a este panorama? En primer lugar, reintegrar el poder educativo total a la SEP (que no debe, de acuerdo con la Constitución, compartirlo con ninguna agencia privada), lanzar una reforma educativa encaminada a darle al sistema escolar una estructura orgánica moderna que desemboque en un empoderamiento (aumento de facultades) de los profesores y de las escuelas. Modernizar las relaciones laborales. Promover una reforma democrática del SNTE y establecer un sistema de total transparencia en el uso de los recursos educativos. Etcétera.
¿Democracia sin gobierno, sin partidos y sin ciudadanos?
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
Una de las consecuencias más negativas de la crisis de credibilidad en la que se halla sumergida la llamada clase política es el desprestigio del gobierno como tal, casi con independencia de sus acciones concretas, de sus objetivos o su filiación ideológica. Se ha conseguido lo que hace algunos años parecía imposible: poner en el mismo nivel a los políticos provenientes de la izquierda o la derecha, sin que, ciertamente, entre ellos se perciba un esfuerzo mayor, sistemático, pedagógico, para negar que todos son iguales y, más importante aún, para justificar ante la sociedad la necesidad de contar con partidos e instituciones especializadas en el arte de gobernar y no sólo en la conquista y el usufructo de las cuotas de poder. Las razones de este creciente deterioro del ideal democrático en la vida pública nacional han sido objeto de numerosas investigaciones cuyo valor no siempre se ha justipreciado, pero lo cierto es que estamos en un punto muy bajo en aquello que se da en llamar la calidad de la democracia. En cierta forma, por canales inesperados, ganó audiencia la contrautopía según la cual la sociedad más feliz es aquélla donde privan los impulsos concurrentes de unos ciudadanos cuyos actos están regidos por el interés egoísta ante el mercado, pero modulados por las virtudes éticas que la religión provee. Como si fuera un castigo por los años de predominio monocolor de un partido apéndice del Estado, hoy se revive, casi como una caricatura, el ideal antidespótico que ve en el gobierno a la encarnación del Mal, salvo, claro, cuando ciertos intereses se sienten amenazados y pasan sin mediación de negar a la autoridad a exigir la mano dura en todos los asuntos conflictivos. Es en ese clima de pura negatividad donde se afirman los poderes fácticos, cuyo ascenso marca esta primera década de alternancia. Son ellos los que marcan el ritmo e imponen la tonada que los partidos cantan. De su fuerza, sobre todo hablando de los medios, depende en mucho la valoración colectiva sobre las urgencias nacionales y, dada la crisis constitucional de la escuela como reproductora de valores, pretende afincar un catecismo ideológico que reduce y simplifica cierta visión del mundo.
De la escena nacional han desaparecido, o sólo se ven de forma intermitente, los debates de mayor aliento que podrían servir como columna vertebral para una recuperación de la esperanza, entendida como esa forma de confianza en el futuro que hoy parece haberse extinguido. La inmediatez de la mecánica electoral, tan importante para el diseño de un Estado democrático, se ha yuxtapuesto al reconocimiento esencial de que en una sociedad plural lo determinante es saber conjugar la deliberación más amplia y profunda con el respeto al principio de mayoría. Esa es la mejor garantía para mantener viva y despierta a una ciudadanía que quiere ser tratada como un sujeto adulto y responsable, y no como un cliente ignorante y manipulable.
El intento de reducir la pluralidad por la vía de los recortes a la representación mediante candados u otros subterfugios que garanticen mayorías automáticas, no sólo contraviene la regla democrática, sino que, al final, termina por afirmar las visiones más autoritarias sobre el gobierno. El intento de impedir que el pluralismo se exprese en los órganos de representación –el Congreso y las cámaras locales– en virtud de la más estricta proporcionalidad, como correspondería a un desarrollo lógico del régimen político que viene de formas presidencialistas autoritarias, responde a la pretensión, esa si restauradora, de darle al Presidente un poder que niega la pluralidad existente, la traduce a un bipartidismo obligado e impide la maduración de la división de poderes, cuya afirmación, lejos de ser una traba, es una de las conquistas reales, verificables de nuestra accidentada transición. En vez de buscar cómo reformar el gobierno y hacer más eficiente la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, los jefes políticos sólo piensan en cómo darle más poder al Presidente en turno (cada cual pensando en su turno), pues no han aprendido a conducir un país que es diverso y pluralista sin servirse de los viejos instrumentos que antaño resultaban funcionales. Al mismo tiempo, en vez de que los partidos se transformen en escuelas de democracia, lo que vemos es cómo se instrumentalizan para servir como correas de transmisión de los grupos de poder que en verdad definen las agendas, con lo cual la vida pública se empobrece y la ciudadanía se degrada. Se nos quiere convencer de que no hay otro camino para el progreso que el inscrito en el programa reformista de corte liberal (con aditamentos compensatorios) cuya larga historia revela la miseria política e intelectual de una clase gobernante incapaz de asumir los desafíos de la globalización y la problemática derivada de la creciente demografía y la desigualdad. El afán imitador, la sumisión incondicional a la idea fatalista de que no hay otra alternativa, se impuso en la mentalidad de los grupos de poder arrasando con toda suerte de resistencia. Cualquier otra tesis se tiró a la basura calificándola como anacrónica, conservadora, no moderna. México se graduó pronto con altos honores ante el tribunal del poder trasnacional como un país cumplidor de las recetas elaboradas en Washington, pero el sueño duró muy poco antes de convertirse en pesadilla. El presidencialismo apuró las últimas gotas con Carlos Salinas de Gortari y, luego, vino la crisis, el derrumbe de la economía, la ruptura de los equilibrios del pasado, la soledad de la integración a un Norte que repele la vinculación laboral, humana, la violencia desatada en todas sus expresiones, los gobiernos divididos, la alternancia presidencial y, finalmente, el impulso al cambio en 2006, sostenido –que no reconocido ni aquilatado en su significado más profundo– por millones de ciudadanos que ya no querían más de lo mismo. De esta cadena de sinrazones, los únicos que han salido vencedores han sido los poderes fácticos, en particular los grandes medios electrónicos, cuyo poder no cesa de crecer mientras muchos políticos, atrapados en sus redes, esconden la cabeza. Esta es la situación actual, agravada por la guerra contra el crimen organizado que amenaza con las descomposición total de las instituciones, incluyendo a la última salvaguarda del Estado, que es el Ejército, por no hablar ya del aparato de justicia que para ciertos efectos hace mucho es inexistente. Pese a todo, los partidos prefieren el gradualismo al paso rápido que la situación exige y se dejan hablar al oído por quienes de alguna manera se creen intocables. Las dudas planteadas en cuanto a la conveniencia de aprobar la ley de medios presentada por Javier Corral demuestran hasta qué punto existen políticos al servicio directo de las empresas, o muchos que temen desaparecer de la escena-pantalla electoral, lo cual es una completa aberración democrática. Pero también hay dudas muy serias en cuanto a la necesidad de sujetar a los militares que ilegalmente actúan como policías a los tribunales civiles. Y esto, a estas alturas, es muy preocupante. Si los políticos no son capaces de hacer aquí y ahora las reformas necesarias dictadas por la realidad, no por un fantasioso manual de buena conducta universal, México seguirá en riesgo.
PD: A Pepe Woldenberg y a los suyos a la hora de la dolorosa travesía.
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
Una de las consecuencias más negativas de la crisis de credibilidad en la que se halla sumergida la llamada clase política es el desprestigio del gobierno como tal, casi con independencia de sus acciones concretas, de sus objetivos o su filiación ideológica. Se ha conseguido lo que hace algunos años parecía imposible: poner en el mismo nivel a los políticos provenientes de la izquierda o la derecha, sin que, ciertamente, entre ellos se perciba un esfuerzo mayor, sistemático, pedagógico, para negar que todos son iguales y, más importante aún, para justificar ante la sociedad la necesidad de contar con partidos e instituciones especializadas en el arte de gobernar y no sólo en la conquista y el usufructo de las cuotas de poder. Las razones de este creciente deterioro del ideal democrático en la vida pública nacional han sido objeto de numerosas investigaciones cuyo valor no siempre se ha justipreciado, pero lo cierto es que estamos en un punto muy bajo en aquello que se da en llamar la calidad de la democracia. En cierta forma, por canales inesperados, ganó audiencia la contrautopía según la cual la sociedad más feliz es aquélla donde privan los impulsos concurrentes de unos ciudadanos cuyos actos están regidos por el interés egoísta ante el mercado, pero modulados por las virtudes éticas que la religión provee. Como si fuera un castigo por los años de predominio monocolor de un partido apéndice del Estado, hoy se revive, casi como una caricatura, el ideal antidespótico que ve en el gobierno a la encarnación del Mal, salvo, claro, cuando ciertos intereses se sienten amenazados y pasan sin mediación de negar a la autoridad a exigir la mano dura en todos los asuntos conflictivos. Es en ese clima de pura negatividad donde se afirman los poderes fácticos, cuyo ascenso marca esta primera década de alternancia. Son ellos los que marcan el ritmo e imponen la tonada que los partidos cantan. De su fuerza, sobre todo hablando de los medios, depende en mucho la valoración colectiva sobre las urgencias nacionales y, dada la crisis constitucional de la escuela como reproductora de valores, pretende afincar un catecismo ideológico que reduce y simplifica cierta visión del mundo.
De la escena nacional han desaparecido, o sólo se ven de forma intermitente, los debates de mayor aliento que podrían servir como columna vertebral para una recuperación de la esperanza, entendida como esa forma de confianza en el futuro que hoy parece haberse extinguido. La inmediatez de la mecánica electoral, tan importante para el diseño de un Estado democrático, se ha yuxtapuesto al reconocimiento esencial de que en una sociedad plural lo determinante es saber conjugar la deliberación más amplia y profunda con el respeto al principio de mayoría. Esa es la mejor garantía para mantener viva y despierta a una ciudadanía que quiere ser tratada como un sujeto adulto y responsable, y no como un cliente ignorante y manipulable.
El intento de reducir la pluralidad por la vía de los recortes a la representación mediante candados u otros subterfugios que garanticen mayorías automáticas, no sólo contraviene la regla democrática, sino que, al final, termina por afirmar las visiones más autoritarias sobre el gobierno. El intento de impedir que el pluralismo se exprese en los órganos de representación –el Congreso y las cámaras locales– en virtud de la más estricta proporcionalidad, como correspondería a un desarrollo lógico del régimen político que viene de formas presidencialistas autoritarias, responde a la pretensión, esa si restauradora, de darle al Presidente un poder que niega la pluralidad existente, la traduce a un bipartidismo obligado e impide la maduración de la división de poderes, cuya afirmación, lejos de ser una traba, es una de las conquistas reales, verificables de nuestra accidentada transición. En vez de buscar cómo reformar el gobierno y hacer más eficiente la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, los jefes políticos sólo piensan en cómo darle más poder al Presidente en turno (cada cual pensando en su turno), pues no han aprendido a conducir un país que es diverso y pluralista sin servirse de los viejos instrumentos que antaño resultaban funcionales. Al mismo tiempo, en vez de que los partidos se transformen en escuelas de democracia, lo que vemos es cómo se instrumentalizan para servir como correas de transmisión de los grupos de poder que en verdad definen las agendas, con lo cual la vida pública se empobrece y la ciudadanía se degrada. Se nos quiere convencer de que no hay otro camino para el progreso que el inscrito en el programa reformista de corte liberal (con aditamentos compensatorios) cuya larga historia revela la miseria política e intelectual de una clase gobernante incapaz de asumir los desafíos de la globalización y la problemática derivada de la creciente demografía y la desigualdad. El afán imitador, la sumisión incondicional a la idea fatalista de que no hay otra alternativa, se impuso en la mentalidad de los grupos de poder arrasando con toda suerte de resistencia. Cualquier otra tesis se tiró a la basura calificándola como anacrónica, conservadora, no moderna. México se graduó pronto con altos honores ante el tribunal del poder trasnacional como un país cumplidor de las recetas elaboradas en Washington, pero el sueño duró muy poco antes de convertirse en pesadilla. El presidencialismo apuró las últimas gotas con Carlos Salinas de Gortari y, luego, vino la crisis, el derrumbe de la economía, la ruptura de los equilibrios del pasado, la soledad de la integración a un Norte que repele la vinculación laboral, humana, la violencia desatada en todas sus expresiones, los gobiernos divididos, la alternancia presidencial y, finalmente, el impulso al cambio en 2006, sostenido –que no reconocido ni aquilatado en su significado más profundo– por millones de ciudadanos que ya no querían más de lo mismo. De esta cadena de sinrazones, los únicos que han salido vencedores han sido los poderes fácticos, en particular los grandes medios electrónicos, cuyo poder no cesa de crecer mientras muchos políticos, atrapados en sus redes, esconden la cabeza. Esta es la situación actual, agravada por la guerra contra el crimen organizado que amenaza con las descomposición total de las instituciones, incluyendo a la última salvaguarda del Estado, que es el Ejército, por no hablar ya del aparato de justicia que para ciertos efectos hace mucho es inexistente. Pese a todo, los partidos prefieren el gradualismo al paso rápido que la situación exige y se dejan hablar al oído por quienes de alguna manera se creen intocables. Las dudas planteadas en cuanto a la conveniencia de aprobar la ley de medios presentada por Javier Corral demuestran hasta qué punto existen políticos al servicio directo de las empresas, o muchos que temen desaparecer de la escena-pantalla electoral, lo cual es una completa aberración democrática. Pero también hay dudas muy serias en cuanto a la necesidad de sujetar a los militares que ilegalmente actúan como policías a los tribunales civiles. Y esto, a estas alturas, es muy preocupante. Si los políticos no son capaces de hacer aquí y ahora las reformas necesarias dictadas por la realidad, no por un fantasioso manual de buena conducta universal, México seguirá en riesgo.
PD: A Pepe Woldenberg y a los suyos a la hora de la dolorosa travesía.
