TERROR Y MUERTE, EL REGIMEN DE ULISES.
29 abr 2010
"URO", el gobernador de la violencia
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Como ningún otro en el país, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, tiene en su haber el mayor índice de violencia y represión social en su estado, así como violaciones a los derechos humanos y asesinatos a líderes sociales, como el ocurrido apenas el martes en la noche contra la Caravana Internacional de Observadores que acudía a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui de San Juan Copala.
La criminalización de la protesta social es la marca indeleble del gobierno de Ulises Ruiz. Desde que llegó y hasta el año pasado se tenía un registro escalofriante: 62 muertos por cuestiones políticas, más de 500 detenidos por protestas sociales y una decena de desaparecidos.
Ulises Ruiz Ortiz –URO, le llaman los oaxaqueños--, ha demostrado que no tiene límites para usar la fuerza y mantenerse en el poder sembrando el terror entre la sociedad.
En el 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe de la situación en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el cual destacaba que entre junio del 2006 a abril del 2008 se documentaron 62 casos de homicidios por cuestiones políticas o sociales, de entre las cuales figuraban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.
Antes del 2006, cuando se originó el conflicto de la APPO, el gobierno de URO ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio del 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo del 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre del 2005 en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa; y los ocurrido en 2006 contra Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.
Catalogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en el 2006, Ulises Ruiz carga en su espalda muchos muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos que le dan un saldo histórico preocupante.
Pero más preocupantes son los planes que tiene URO de permanecer en los primeros planos de la política nacional y para ello planea ganar estas elecciones locales con su candidato a gobernador Eviel Pérez Magaña y colocarse como un operador político electoral al servicio de Enrique Peña Nieto.
La impunidad con la que ha gobernado URO es impresionante y lo es más por la manera tan abierta y frecuente con que lo sigue haciendo hasta hoy en día.
Durante el conflicto de la APPO fue documentada la aparición de un grupo de sicarios que se dedicaron a sembrar el terror entre los simpatizantes de este movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros, colonos e incluso del periodista estadunidense Brad Will.
Curiosamente el 30 de enero del 2008, Alejandro Barrita, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, a quien se le identificaba como uno de los integrantes de la Caravana de la Muerte, fue ejecutado por cuatro sujetos. Casi un año después, otro de los personajes siniestros, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado.
Ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo del 2007.
Los casos de asesinatos de líderes sociales es recurrente; y en vísperas de la elección de julio, defensores de los derechos humanos y simpatizantes de la APPO, ya los veían venír.
En San Juan Copala --declarado por sus propios habitantes como municipio autónomo-, que es conocido como una de las zonas más conflictivas del estado, el 7 de abril del 2008 fueron asesinadas Teresa Bautista Flores y Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”.
En septiembre y octubre de ese año, las autoridades del mismo municipio triqui denunciaron que un grupo de civiles armados asesinaron a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de URO hiciera algo para detenerlos.
La violencia ha sido consustancial en el gobierno de Ulises Ruiz y, muchas de las ocasiones, la ha provocado para fincar un gobierno de terror.
El año pasado la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) presentó un informe basado en datos proporcionados por diversas organizaciones de derechos humanos de la entidad. En dicho documento titulado “Oaxaca, un régimen agrietado”, se menciona la existencia un grupo “parapolicíaco” o paramilitar que viene operando desde el 2006 y que es solapado por el gobernador.
“Cabe señalar que desde el 2006 se escucha la existencia de grupos ‘parapolicíacos’ o paramilitares actuando contra el movimiento social, los hechos más recientes ligados a la Sección 59 del SNTE, que mantiene un abierto conflicto por el control de escuelas con la Sección 22. ‘La Fraternidad’ es el grupo armado…” indica dicho informe, en el que se señala que esta dirigido por militares y se ha nutrido por grupos de sicarios pagados para “asesinar al movimiento”.
En este contexto ocurrió el ataque contra la caravana de observadores que se dirigía, precisamente, a San Juan Copala.
Resultaron muertos Alberta Beatriz Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.
El ataque es parte de este gobierno de terror y muerte creado por Ulises Ruiz, el cual parece que se quedará disfrutando la impunidad amparado por el manto del poder.
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Como ningún otro en el país, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, tiene en su haber el mayor índice de violencia y represión social en su estado, así como violaciones a los derechos humanos y asesinatos a líderes sociales, como el ocurrido apenas el martes en la noche contra la Caravana Internacional de Observadores que acudía a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui de San Juan Copala.
La criminalización de la protesta social es la marca indeleble del gobierno de Ulises Ruiz. Desde que llegó y hasta el año pasado se tenía un registro escalofriante: 62 muertos por cuestiones políticas, más de 500 detenidos por protestas sociales y una decena de desaparecidos.
Ulises Ruiz Ortiz –URO, le llaman los oaxaqueños--, ha demostrado que no tiene límites para usar la fuerza y mantenerse en el poder sembrando el terror entre la sociedad.
En el 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe de la situación en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el cual destacaba que entre junio del 2006 a abril del 2008 se documentaron 62 casos de homicidios por cuestiones políticas o sociales, de entre las cuales figuraban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.
Antes del 2006, cuando se originó el conflicto de la APPO, el gobierno de URO ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio del 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo del 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre del 2005 en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa; y los ocurrido en 2006 contra Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.
Catalogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en el 2006, Ulises Ruiz carga en su espalda muchos muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos que le dan un saldo histórico preocupante.
Pero más preocupantes son los planes que tiene URO de permanecer en los primeros planos de la política nacional y para ello planea ganar estas elecciones locales con su candidato a gobernador Eviel Pérez Magaña y colocarse como un operador político electoral al servicio de Enrique Peña Nieto.
La impunidad con la que ha gobernado URO es impresionante y lo es más por la manera tan abierta y frecuente con que lo sigue haciendo hasta hoy en día.
Durante el conflicto de la APPO fue documentada la aparición de un grupo de sicarios que se dedicaron a sembrar el terror entre los simpatizantes de este movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros, colonos e incluso del periodista estadunidense Brad Will.
Curiosamente el 30 de enero del 2008, Alejandro Barrita, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, a quien se le identificaba como uno de los integrantes de la Caravana de la Muerte, fue ejecutado por cuatro sujetos. Casi un año después, otro de los personajes siniestros, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado.
Ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo del 2007.
Los casos de asesinatos de líderes sociales es recurrente; y en vísperas de la elección de julio, defensores de los derechos humanos y simpatizantes de la APPO, ya los veían venír.
En San Juan Copala --declarado por sus propios habitantes como municipio autónomo-, que es conocido como una de las zonas más conflictivas del estado, el 7 de abril del 2008 fueron asesinadas Teresa Bautista Flores y Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”.
En septiembre y octubre de ese año, las autoridades del mismo municipio triqui denunciaron que un grupo de civiles armados asesinaron a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de URO hiciera algo para detenerlos.
La violencia ha sido consustancial en el gobierno de Ulises Ruiz y, muchas de las ocasiones, la ha provocado para fincar un gobierno de terror.
El año pasado la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) presentó un informe basado en datos proporcionados por diversas organizaciones de derechos humanos de la entidad. En dicho documento titulado “Oaxaca, un régimen agrietado”, se menciona la existencia un grupo “parapolicíaco” o paramilitar que viene operando desde el 2006 y que es solapado por el gobernador.
“Cabe señalar que desde el 2006 se escucha la existencia de grupos ‘parapolicíacos’ o paramilitares actuando contra el movimiento social, los hechos más recientes ligados a la Sección 59 del SNTE, que mantiene un abierto conflicto por el control de escuelas con la Sección 22. ‘La Fraternidad’ es el grupo armado…” indica dicho informe, en el que se señala que esta dirigido por militares y se ha nutrido por grupos de sicarios pagados para “asesinar al movimiento”.
En este contexto ocurrió el ataque contra la caravana de observadores que se dirigía, precisamente, a San Juan Copala.
Resultaron muertos Alberta Beatriz Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.
El ataque es parte de este gobierno de terror y muerte creado por Ulises Ruiz, el cual parece que se quedará disfrutando la impunidad amparado por el manto del poder.
Confirman dos muertos y seis desaparecidos en emboscada a caravana en Oaxaca
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Organizaciones que participaron en la caravana humanitaria emboscada el martes, confirmaron la muerte de Alberta Beatriz Cariño Trujillo y de la activista de origen finlandés Jury Jakkola, así como la desaparición de seis personas, entre ellas los periodistas de la revista Contralínea, Erica Ramírez y David Silva García.
Ayer martes, tres vehículos en los que viajaban 27 activistas fueron emboscados en las inmediaciones de la comunidad Sabana en la sierra mixteca de Oaxaca. Estos hechos fueron atribuidos a la organización priista Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Los vehículos formaban parte de una caravana de ayuda humanitaria para habitantes del pueblo de San Juan Copala.
Por medio de un comunicado, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos AC (Cactus), la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos resaltan que “no se tiene información oficial de que haya personas heridas o muertas, porque el gobierno local se ha negado a entrar en la zona”, en tanto que el gobierno federal “ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil, de diputados y senadores para ingresar a rescatar a las víctimas”.
Las primeras versiones del ataque señalaban que al menos 5 personas fueron vistas en el suelo cubiertas de sangre en el camino a San Juan Copala como lo informo ayer la agencia Apro.
Las organizaciones mencionan como desaparecidos a Martín Saukal, originario de Bélgica; David Venegas, Noe Bautista y Fernando Santiago, de organizaciones sociales oaxaqueñas, así como dos los periodistas de Contralínea.
En el comunicado las ONG agregan que en la mañana de este miércoles un convoy de 45 elementos de la policía estatal ingresó a Sabana, la zona de ataque, acompañados por agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales.
Se indica que al regresar a la comunidad de Juxtlahuacan, donde se refugiaron los sobrevivientes, los policías llevaban los cuerpos de los activistas acribillados que fueron trasladados más tarde a Huahuapan de León.
Las organizaciones sociales exigen a los gobiernos estatal y federal garantías para ingresar a Sabana y recuperar a sus compañeros, así como la investigación de los hechos y sanción contra los responsables del atentado.
También exigen la destitución de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública de Oaxaca, así como del titular de Procuraduría de Justicia del estado “por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.
Desaparecidos, varios de los emboscados en Copala
Levantan autoridades los cadáveres del finlandés y la mexicana
El grupo atacante restringe los trabajos de la policía en esa zona
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 5
Oaxaca, Oax., 28 de abril. La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, miembros de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por un grupo de paramilitares pertenecientes a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Sin embargo, la policía sigue sin poder localizar a varias personas que están desaparecidas, entre ellas varios europeos –se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos–, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas.
Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea –quien se encuentra en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los dos reporteros de esa publicación que están desaparecidos–, que el grupo paramilitar amenazó con atacarlos si no se retiraban del lugar. Ofrecieron que este jueves, con la luz de día, volverán a incursionar en el monte, previo acuerdo de tregua con el grupo armado. Badillo solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación a fin de que las autoridades recuperen el control de la zona y los desaparecidos puedan ser buscados.
En la caravana participaban 25 personas, entre activistas y periodistas. Sólo cinco de los desaparecidos han sido identificados: Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de Contralínea; Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y Martin Sautan, un observador alemán. Los vehículos fueron recuperados hoy por la policía estatal. El Dodge Attitude azul claro, con placas 4761 TMD, del estado de Quintana Roo, en que viajaban los reporteros, tiene 25 impactos de bala. Una Suburban y el resto de los vehículos también se encuentran dañados y con decenas de impactos.
En un boletín, el gobierno estatal informó que el fiscal de Santiago Juxtlahuaca, apoyado por peritos y policías preventivos y de la AEI, acudieron al paraje Los Pinos, donde encontraron los cadáveres de dos personas en una camioneta blanca con la leyenda Frente Nacional Indígena y Campesino AC, y presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Los fallecidos fueron identificados como Tyri Antero Jaakkola, finlandés integrante de la organización Uusi Tuuli Ry, y Beatriz Alberta Cariño Trujillo, esposa de Omar Esparza Zárate, coordinador del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Los cuerpos fueron trasladados a Huajuapan de León para la necropsia de ley.
Mónica Citlalli Santiago Ortiz, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, continúa internada en el Hospital del IMSS de Santiago Juxtlahuaca, y su estado de salud se reporta estable.
La Ubisort también se deslindó y atribuyó la balacera a un autoatentado. Precisó que los MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad; ellos matan y nos culpan a nosotros.
Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado, dijo a la prensa que la policía no había entrado a la zona a restablecer el orden porque no hay condiciones favorables. No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos, asentó.
Por su parte, Gabriela Jiménez Rodríguez, concejal de la APPO y sobreviviente del ataque, dijo que la caravana fue atacada el pasado martes alrededor de las 14:50 horas por hombres encapuchados provistos de armas largas en las inmediaciones del paraje Los Pinos, a unos 10 kilómetros de La Sabana, pueblo cercano a San Juan Copala.
“Al salir de una curva –señaló– encontramos bloqueado el camino con piedras; entonces el chofer de la camioneta decidió regresar y en ese momento los paramilitares empezaron a dispararnos. Como pudimos, algunos nos bajamos para correr al monte, pero desafortunadamente dos compañeros fueron alcanzados por las balas y ahí quedaron. Las dos víctimas recibieron disparos de armas de fuego en la cabeza.”
Explicó que junto con otras personas se internó en el monte y poco después fueron encontrados por los hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la Ubisort, vinculada al PRI, y del MULT, base social del Partido Unidad Popular, de registro local, quienes los llevaron nuevamente al lugar de la agresión.
Nos dijeron que ahí no pasaba nadie, que era su territorio; incluso uno nos dijo que también nos matarían, pero otro nos expresó que nos perdonaban la vida y pudimos regresar. En el camino un hombre nos llevó hasta Santiago Juxtlahuaca, asentó.
Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, dijo que Noé, el chofer de la camioneta donde murieron el activista finlandés y Cariño Trujillo, llegó en la madrugada a Santiago Juxtlahuaca y aseguró haber visto los cadáveres de otros activistas. Mencionó que otros sobrevivientes que llegaron a Juxtlahuaca hicieron el mismo relato y consideró que los cuerpos quizá hayan sido desaparecidos por los paramilitares debido a la gravedad de los hechos.
Precisó que los desaparecidos de la APPO, David Venegas Reyes y Noé Bautista Jiménez, se comunicaron vía radio a Santiago Juxtlahuaca, pero no se ha sabido más de ellos. En la caravana participaban activistas de Italia, Bélgica y Alemania, quienes también se internaron en el monte y hasta ahora no tenemos reportes de ellos, asentó.
Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del SNTE, culpó del ataque al gobernador Ulises Ruiz debido a su indiferencia para detener la violencia y por el respaldo de su administración a la Ubisort.
Finalmente, por la noche, trascendió que representantes diplomáticos de Finlandia, Alemania, Bélgica e Italia se acercaron al palacio de gobierno del estado en busca de información sobre sus connacionales.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Organizaciones que participaron en la caravana humanitaria emboscada el martes, confirmaron la muerte de Alberta Beatriz Cariño Trujillo y de la activista de origen finlandés Jury Jakkola, así como la desaparición de seis personas, entre ellas los periodistas de la revista Contralínea, Erica Ramírez y David Silva García.
Ayer martes, tres vehículos en los que viajaban 27 activistas fueron emboscados en las inmediaciones de la comunidad Sabana en la sierra mixteca de Oaxaca. Estos hechos fueron atribuidos a la organización priista Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Los vehículos formaban parte de una caravana de ayuda humanitaria para habitantes del pueblo de San Juan Copala.
Por medio de un comunicado, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos AC (Cactus), la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos resaltan que “no se tiene información oficial de que haya personas heridas o muertas, porque el gobierno local se ha negado a entrar en la zona”, en tanto que el gobierno federal “ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil, de diputados y senadores para ingresar a rescatar a las víctimas”.
Las primeras versiones del ataque señalaban que al menos 5 personas fueron vistas en el suelo cubiertas de sangre en el camino a San Juan Copala como lo informo ayer la agencia Apro.
Las organizaciones mencionan como desaparecidos a Martín Saukal, originario de Bélgica; David Venegas, Noe Bautista y Fernando Santiago, de organizaciones sociales oaxaqueñas, así como dos los periodistas de Contralínea.
En el comunicado las ONG agregan que en la mañana de este miércoles un convoy de 45 elementos de la policía estatal ingresó a Sabana, la zona de ataque, acompañados por agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales.
Se indica que al regresar a la comunidad de Juxtlahuacan, donde se refugiaron los sobrevivientes, los policías llevaban los cuerpos de los activistas acribillados que fueron trasladados más tarde a Huahuapan de León.
Las organizaciones sociales exigen a los gobiernos estatal y federal garantías para ingresar a Sabana y recuperar a sus compañeros, así como la investigación de los hechos y sanción contra los responsables del atentado.
También exigen la destitución de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública de Oaxaca, así como del titular de Procuraduría de Justicia del estado “por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.
Desaparecidos, varios de los emboscados en Copala
Levantan autoridades los cadáveres del finlandés y la mexicana
El grupo atacante restringe los trabajos de la policía en esa zona
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 5
Oaxaca, Oax., 28 de abril. La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, miembros de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por un grupo de paramilitares pertenecientes a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Sin embargo, la policía sigue sin poder localizar a varias personas que están desaparecidas, entre ellas varios europeos –se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos–, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas.
Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea –quien se encuentra en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los dos reporteros de esa publicación que están desaparecidos–, que el grupo paramilitar amenazó con atacarlos si no se retiraban del lugar. Ofrecieron que este jueves, con la luz de día, volverán a incursionar en el monte, previo acuerdo de tregua con el grupo armado. Badillo solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación a fin de que las autoridades recuperen el control de la zona y los desaparecidos puedan ser buscados.
En la caravana participaban 25 personas, entre activistas y periodistas. Sólo cinco de los desaparecidos han sido identificados: Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de Contralínea; Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y Martin Sautan, un observador alemán. Los vehículos fueron recuperados hoy por la policía estatal. El Dodge Attitude azul claro, con placas 4761 TMD, del estado de Quintana Roo, en que viajaban los reporteros, tiene 25 impactos de bala. Una Suburban y el resto de los vehículos también se encuentran dañados y con decenas de impactos.
En un boletín, el gobierno estatal informó que el fiscal de Santiago Juxtlahuaca, apoyado por peritos y policías preventivos y de la AEI, acudieron al paraje Los Pinos, donde encontraron los cadáveres de dos personas en una camioneta blanca con la leyenda Frente Nacional Indígena y Campesino AC, y presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Los fallecidos fueron identificados como Tyri Antero Jaakkola, finlandés integrante de la organización Uusi Tuuli Ry, y Beatriz Alberta Cariño Trujillo, esposa de Omar Esparza Zárate, coordinador del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Los cuerpos fueron trasladados a Huajuapan de León para la necropsia de ley.
Mónica Citlalli Santiago Ortiz, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, continúa internada en el Hospital del IMSS de Santiago Juxtlahuaca, y su estado de salud se reporta estable.
La Ubisort también se deslindó y atribuyó la balacera a un autoatentado. Precisó que los MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad; ellos matan y nos culpan a nosotros.
Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado, dijo a la prensa que la policía no había entrado a la zona a restablecer el orden porque no hay condiciones favorables. No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos, asentó.
Por su parte, Gabriela Jiménez Rodríguez, concejal de la APPO y sobreviviente del ataque, dijo que la caravana fue atacada el pasado martes alrededor de las 14:50 horas por hombres encapuchados provistos de armas largas en las inmediaciones del paraje Los Pinos, a unos 10 kilómetros de La Sabana, pueblo cercano a San Juan Copala.
“Al salir de una curva –señaló– encontramos bloqueado el camino con piedras; entonces el chofer de la camioneta decidió regresar y en ese momento los paramilitares empezaron a dispararnos. Como pudimos, algunos nos bajamos para correr al monte, pero desafortunadamente dos compañeros fueron alcanzados por las balas y ahí quedaron. Las dos víctimas recibieron disparos de armas de fuego en la cabeza.”
Explicó que junto con otras personas se internó en el monte y poco después fueron encontrados por los hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la Ubisort, vinculada al PRI, y del MULT, base social del Partido Unidad Popular, de registro local, quienes los llevaron nuevamente al lugar de la agresión.
Nos dijeron que ahí no pasaba nadie, que era su territorio; incluso uno nos dijo que también nos matarían, pero otro nos expresó que nos perdonaban la vida y pudimos regresar. En el camino un hombre nos llevó hasta Santiago Juxtlahuaca, asentó.
Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, dijo que Noé, el chofer de la camioneta donde murieron el activista finlandés y Cariño Trujillo, llegó en la madrugada a Santiago Juxtlahuaca y aseguró haber visto los cadáveres de otros activistas. Mencionó que otros sobrevivientes que llegaron a Juxtlahuaca hicieron el mismo relato y consideró que los cuerpos quizá hayan sido desaparecidos por los paramilitares debido a la gravedad de los hechos.
Precisó que los desaparecidos de la APPO, David Venegas Reyes y Noé Bautista Jiménez, se comunicaron vía radio a Santiago Juxtlahuaca, pero no se ha sabido más de ellos. En la caravana participaban activistas de Italia, Bélgica y Alemania, quienes también se internaron en el monte y hasta ahora no tenemos reportes de ellos, asentó.
Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del SNTE, culpó del ataque al gobernador Ulises Ruiz debido a su indiferencia para detener la violencia y por el respaldo de su administración a la Ubisort.
Finalmente, por la noche, trascendió que representantes diplomáticos de Finlandia, Alemania, Bélgica e Italia se acercaron al palacio de gobierno del estado en busca de información sobre sus connacionales.
Nada tenían que hacer en Copala.
Deslinda a su gobierno de cualquier responsabilidad en la agresión
Rara participación de extranjeros en una zona con problemas: Ulises Ruiz
AGUSTÍN GALO SAMARIO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 5
Oaxaca, Oax., 28 de abril. El gobernador Ulises Ruiz Ortiz rechazó cualquier responsabilidad del gobierno estatal en el ataque del pasado martes contra una caravana de observadores internacionales que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, en la mixteca, en el que resultaron dos personas muertas, una más herida y un número indeterminado de desaparecidos.
Para Ruiz Ortiz, de lo que se trató fue de un enfrentamiento con el grupo de activistas, cuyos integrantes no sabemos quiénes son realmente; sabemos que hay extranjeros (pero) no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo.
El mandatario agregó que las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) seguramente van a arrojar como resultado qué tipo de calidad migratoria tienen estos extranjeros que están participando de forma muy rara en un evento donde se registró un enfrentamiento.
Ruiz Ortiz negó que su gobierno hubiera tenido conocimiento previo de que la caravana viajaría a San Juan Copala, al tiempo que informó que la procuraduría estatal tiene la indicación de detener a quien tenga que detener y de ir a fondo en las investigaciones para saber qué sucedió realmente.
Si bien aceptó que entre los participantes había miembros de organizaciones oaxaqueñas, censuró que una caravana con gente extranjera decidiera viajar de forma unilateral a esa localidad e insistió: No sé en calidad de qué están acá en Oaxaca. Se me hace muy raro, no están acreditados, no sabemos a qué iban extranjeros a una comunidad donde hay problemas.
Frente a los señalamientos de la sección 22 del magisterio, cuyo dirigente, Azael Santiago Chepi, lo responsabilizó de la muerte de los activistas, de los heridos y el paradero de los desaparecidos, Ruiz Ortiz consideró que son una provocación que nada tiene que ver con las acciones de gobierno.
Nosotros hemos instalado una mesa permanente de negociación para tratar de alcanzar acuerdos de paz con los grupos que funcionan en esa zona, MULT, MULTI, Ubisort, y no tiene nada que ver con tratar de politizar este asunto, afirmó.
–¿El gobierno estatal y el PRI apoyan a Ubisort?
–No, también decían la otra vez que apoyábamos al MULT. Esto lo quieren revolver un poco con lo electoral, que nada tiene que ver. Nosotros no apoyamos a ningún grupo. El PRI está haciendo su trabajo, su campaña y sus procesos internos, no tiene nada que ver. Yo creo que lo que se debe buscar es que alcancen acuerdos estos grupos y no estar señalando de forma tan irresponsable y politizada.
Deslinda a su gobierno de cualquier responsabilidad en la agresión
Rara participación de extranjeros en una zona con problemas: Ulises Ruiz
AGUSTÍN GALO SAMARIO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 5
Oaxaca, Oax., 28 de abril. El gobernador Ulises Ruiz Ortiz rechazó cualquier responsabilidad del gobierno estatal en el ataque del pasado martes contra una caravana de observadores internacionales que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, en la mixteca, en el que resultaron dos personas muertas, una más herida y un número indeterminado de desaparecidos.
Para Ruiz Ortiz, de lo que se trató fue de un enfrentamiento con el grupo de activistas, cuyos integrantes no sabemos quiénes son realmente; sabemos que hay extranjeros (pero) no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo.
El mandatario agregó que las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) seguramente van a arrojar como resultado qué tipo de calidad migratoria tienen estos extranjeros que están participando de forma muy rara en un evento donde se registró un enfrentamiento.
Ruiz Ortiz negó que su gobierno hubiera tenido conocimiento previo de que la caravana viajaría a San Juan Copala, al tiempo que informó que la procuraduría estatal tiene la indicación de detener a quien tenga que detener y de ir a fondo en las investigaciones para saber qué sucedió realmente.
Si bien aceptó que entre los participantes había miembros de organizaciones oaxaqueñas, censuró que una caravana con gente extranjera decidiera viajar de forma unilateral a esa localidad e insistió: No sé en calidad de qué están acá en Oaxaca. Se me hace muy raro, no están acreditados, no sabemos a qué iban extranjeros a una comunidad donde hay problemas.
Frente a los señalamientos de la sección 22 del magisterio, cuyo dirigente, Azael Santiago Chepi, lo responsabilizó de la muerte de los activistas, de los heridos y el paradero de los desaparecidos, Ruiz Ortiz consideró que son una provocación que nada tiene que ver con las acciones de gobierno.
Nosotros hemos instalado una mesa permanente de negociación para tratar de alcanzar acuerdos de paz con los grupos que funcionan en esa zona, MULT, MULTI, Ubisort, y no tiene nada que ver con tratar de politizar este asunto, afirmó.
–¿El gobierno estatal y el PRI apoyan a Ubisort?
–No, también decían la otra vez que apoyábamos al MULT. Esto lo quieren revolver un poco con lo electoral, que nada tiene que ver. Nosotros no apoyamos a ningún grupo. El PRI está haciendo su trabajo, su campaña y sus procesos internos, no tiene nada que ver. Yo creo que lo que se debe buscar es que alcancen acuerdos estos grupos y no estar señalando de forma tan irresponsable y politizada.
Condena internacional a la emboscada a la misión de observación en la zona triqui
Reacciones de AI y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos
Llaman a las autoridades mexicanas a investigar de manera profunda e imparcial el ataque
ALMA E. MUÑOZ
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 7
Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a investigar de manera profunda e imparcial el ataque contra la misión internacional de observadores de derechos humanos que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.
Demandó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) porque las autoridades de Oaxaca, por varios años, han sido renuentes a indagar violaciones graves a los derechos humanos en el estado.
La PGR debe tomar medidas inmediatas para proteger a los afectados en el ataque y realizar una investigación completa e imparcial, expresó Guadalupe Marengo, directora adjunta de AI para las Américas.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó la emboscada y manifestó su preocupación por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona triqui de Oaxaca, así como la proliferación de grupos civiles armados en la región, que operan sin control alguno de las autoridades estatales.
Expresó preocupación porque el ataque armado haya impactado negativamente en periodistas y activistas, coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información.
Le recordó al Estado mexicano que tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad personal frente a terceros, particularmente en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciado por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Otros organismos se manifestaron en el mismo sentido y exigieron al gobierno federal garantías para que los defensores de derechos humanos puedan cumplir con su labor en México.
Por otra parte, desde Barcelona, España, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos denunció que la violencia en la zona triqui de Oaxaca ha provocado durante años un sinfín de asesinatos nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad, a la cual se suma la agresión del pasado martes.
En México, diversas agrupaciones no gubernamentales, en tanto, hicieron circular una acción urgente por lo ocurrido. Al presidente Felipe Calderón le expresaron, en ese documento, que no valen justificaciones o deslindarse de la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos a la vida, integridad física y libre tránsito.
Centros de derechos humanos como el Bartolomé Carrasco Briseño, el Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) pidieron al gobierno federal informe sobre lo realmente ocurrido, garantice la salida y atención de los heridos que se encuentran en el lugar de la emboscada, pronta reparación del daño y se actúe de manera inmediata para atender de fondo la violencia en la zona triqui.
También, que garantice la protección de defensores de derechos humanos y se asuma la responsabilidad por no aplicar los mecanismos adecuados cuando estos últimos se ven obligados a intervenir en situaciones de riesgo para cumplir con su labor. Denunciaron al gobierno de Oaxaca por su nula intervención para prevenir el ataque.
Reacciones de AI y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos
Llaman a las autoridades mexicanas a investigar de manera profunda e imparcial el ataque
ALMA E. MUÑOZ
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 7
Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a investigar de manera profunda e imparcial el ataque contra la misión internacional de observadores de derechos humanos que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.
Demandó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) porque las autoridades de Oaxaca, por varios años, han sido renuentes a indagar violaciones graves a los derechos humanos en el estado.
La PGR debe tomar medidas inmediatas para proteger a los afectados en el ataque y realizar una investigación completa e imparcial, expresó Guadalupe Marengo, directora adjunta de AI para las Américas.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó la emboscada y manifestó su preocupación por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona triqui de Oaxaca, así como la proliferación de grupos civiles armados en la región, que operan sin control alguno de las autoridades estatales.
Expresó preocupación porque el ataque armado haya impactado negativamente en periodistas y activistas, coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información.
Le recordó al Estado mexicano que tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad personal frente a terceros, particularmente en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciado por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Otros organismos se manifestaron en el mismo sentido y exigieron al gobierno federal garantías para que los defensores de derechos humanos puedan cumplir con su labor en México.
Por otra parte, desde Barcelona, España, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos denunció que la violencia en la zona triqui de Oaxaca ha provocado durante años un sinfín de asesinatos nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad, a la cual se suma la agresión del pasado martes.
En México, diversas agrupaciones no gubernamentales, en tanto, hicieron circular una acción urgente por lo ocurrido. Al presidente Felipe Calderón le expresaron, en ese documento, que no valen justificaciones o deslindarse de la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos a la vida, integridad física y libre tránsito.
Centros de derechos humanos como el Bartolomé Carrasco Briseño, el Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) pidieron al gobierno federal informe sobre lo realmente ocurrido, garantice la salida y atención de los heridos que se encuentran en el lugar de la emboscada, pronta reparación del daño y se actúe de manera inmediata para atender de fondo la violencia en la zona triqui.
También, que garantice la protección de defensores de derechos humanos y se asuma la responsabilidad por no aplicar los mecanismos adecuados cuando estos últimos se ven obligados a intervenir en situaciones de riesgo para cumplir con su labor. Denunciaron al gobierno de Oaxaca por su nula intervención para prevenir el ataque.
