UNA LUCHA EJEMPLAR
26 abr 2010
¡HASTA ENCONTRARLOS!
Rosario Ibarra
Rebelión.
Este domingo se cumplieron 35 años de que mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, fuera detenido y desaparecido por agentes de la Judicial de Nuevo León y de la Federal de Seguridad.
El 18 de abril de 1975 en una céntrica esquina de la ciudad de Monterrey, Jesús Piedra fue capturado y en vez de ser presentado ante autoridad responsable, se inició el tenebroso, ilegal e inhumano camino de la desaparición forzada de personas, mecanismo represivo extendido en forma masiva durante el sexenio de Luis Echeverría, pero continuado hasta la fecha con altibajos. Encontré el oficio donde se comunicaba a Mario Moya Palencia y a Fernando Gutiérrez Barrios la noticia de la detención de Jesús Piedra. Supe de la orden recibida en Monterrey de que Jesús fuera trasladado a la Ciudad de México. Supe cómo previamente fue llevado a un rancho cercano a Monterrey donde fue torturado e interrogado, ya con la presencia de Nazar Haro, Luis de la Barreda y otros conocidos agentes y torturadores. Supe entonces que fue traido al Campo Militar No. 1 y encerrado en el “Metro” la zona subterránea donde se arrojaba a los desaparecidos políticos. Por medio del testimonio de desaparecidos que recuperaron su libertad, supe de su encierro con vida ahí.
Desde entonces no he cesado en la exigencia de su libertad y su búsqueda. Del esfuerzo individual, personal y familiar, en el camino pasé al esfuerzo colectivo, a la organización, al encontrarme a más familiares, especialmente madres, de otros desaparecidos. Nuestra lucha pasó de la búsqueda de nuestros hijos a la lucha por la libertad de todos, convirtiéndose todos en hijos de todas nosotras. Pasar de la lucha por la presentación de nuestro hijo a la lucha por la libertad de todos los desaparecidos políticos, a la libertad de los presos políticos de un sistema que pese a cambios gubernamentales mantiene las heredadas prácticas ilegales e inhumanas de represión y persecusión políticas.
Por eso nuestra lucha se amplía en el reclamo contra la represión y por el respeto a los derechos humanos. En este salto de conciencia de lo individual a la organización colectiva hace 33 años dimos el paso de conformar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que con el paso del tiempo -y con los primeros resultados de nuestra lucha- se conocería como el Comité ¡Eureka!
¡Eureka! Porque he encontrado! Porque en este doloroso camino nos hemos encontrado las madres y familiares para darnos fuerza y razón en nuestro reclamo. Porque hemos encontrado la solidaridad creciente de cada vez más voces de diferentes ámbitos sociales. Porque hemos encontrado cada vez más sectores que toman la causa de los derechos humanos como propia, aun cuando en la hipocresía típica de un sistema como el que padecemos, para algunos se haya convertido en un cómodo lema a utilizarse como “políticamente correcto”, simplemente como tema de estudio y análisis queriendo convertirnos en meros objetos de estudio y no en sujetos demandando justicia. Pero sobre todo porque hemos encontrado a 148 de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Los hemos recuperado a lo largo de estos años de lucha.
Se ha comprobado que son ciertos los casos por nosotras denunciados, se ha comprobado que el crimen de desaparición forzada es otro, terrible y diferente crimen no idéntico al asesinato político, porque como lo hemos gritado “vivos los llevaron, vivos los queremos” y por tanto es un crimen, un delito, que no prescribe y para el cual no hay una “reparación al daño” por medio del insultante pago en dinero al que quisieran orillarnos y comprarnos, sino lo que hemos exigido siempre: justicia!
Continuamos en la lucha porque no hemos conocido la justicia y porque la represión y violaciones a los derechos humanos continúan. Y obviamente hay una relación entre una cosa y otra. Si no se hace justicia en relación a los 557 desaparecidos durante los gobiernos del PRI, si se mantiene la impunidad en relación a esos crímenes cometidos por conocidos gobernantes, policías y funcionarios claramente identificados y ubicables, el mensaje que se ha dado, la herencia que se deja, incluso para los que demagógicamente hablaban del “cambio” es que en eso no hay cambio.
Es precisamente en este terreno donde el país ha llegado a una situación crítica. El gobierno instalado desde 2006 producto de un fraude electoral, sin apoyo social, sin legitimidad, recurrió desde el principio a la fuerza militar para imponerse y a la declaratoria de una “guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada” en una maniobra publicitaria que hiciera olvidar su instalación ilegítima para lograr “la unidad nacional” frente a un “enemigo común”. Hacerlo así, le permitió instalar lo que se ha convertido en la fuente principal de los atropellos y violaciones a derechos humanos que es la militarización del país.
Adicionalmente al hecho de que como guerra al narcotráfico está perdida, no solamente por la infiltración y corrupción que el narcotráfico ha logrado en el propio aparato estatal, sino porque seguramente se requiere una estrategia no basada en la represión para enfrentar ese gran negocio y que, probablemente como dicen algunos, pase por la legalización de ciertas drogas. El hecho es que con el pretexto de esa guerra se ha abierto paso a un régimen cada vez más autoritario, policiaco, represivo y violatorio de derechos humanos, que abre el camino a prácticas de “limpieza social” y de criminalización de la protesta ciudadana.
La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es lo ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia fue acribillada y una mujer que después del tiroteo se acera a pedir ayuda, fue asesinada. Y ése es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readapatación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares.
Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaría”.
Y al mismo tiempo el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Ahora no solamente contra militantes políticos, que sigue ocurriendo como es el caso de los desaparecidos del EPR. También se ha extendido contra sectores más amplios de la población civil. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas. Tampoco es cierto que la mayoría de esas desapariciones sea de personas ligadas al narcotráfico. Tengo testimonios de muchas víctimas inocentes no solamente de Ciudad Juárez, de estados como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León en una plaga que se extiende gravemente.
El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otra voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.
La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder de que en México no hay presos políticos porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también so acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.
Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan, para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.
Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga.
Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que, por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueran acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.
El sombrío panorama que tenemos enfrente es el que 35 años después nos obliga a continuar la lucha, pero no nos ensombrece, no nos quita la alegría de vida ni nos sume en el pesimismo. Somos optimistas porque nuestro reclamo crece en la sociedad, porque crecen los movimientos sociales de resistencia y lucha, pese a las adversas condiciones, porque nuevas generaciones de activistas y luchadores se incorporan y nos sustituyen, especialmente a las que el fin de su ciclo vital las llevó orgullosas de haber cumplido su deber como madres aunque insatisfechas por no haber alcanzado la justicia. Sabemos que así como logramos, después de nuestra huelga de hambre en 1978, una ley de amnistía, así como logramos la libertad de tantos presos y desaparecidos, la persistencia, la continuidad en la lucha, la insistencia en la unidad, la insistencia en que los movimientos sociales, todos, deben incluir en su programa también el respeto a los derechos humanos, la libertad de presos y desaparecidos y contra la represión, sabemos que tarde o temprano lograremos la justicia.
En otras latitudes pensaron que los acuerdos entre partidos con el régimen violador de derechos humanos, sacrificando a los derechos humanos y la justicia ante la represión, en aras de la “transición democrática”, aprobando amnistías “para ambos lados”, leyes “del perdón, del olvido o del punto final”, después de años están haciendo crisis y el reclamo de justicia vuelve a abrirse paso. El pasado se hace presente, nuevamente. No importa cuántos años pasen.
Por eso tenemos confianza en la lucha, no desmayamos, no claudicamos y no conciliamos.
Rosario Ibarra
Rebelión.
Este domingo se cumplieron 35 años de que mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, fuera detenido y desaparecido por agentes de la Judicial de Nuevo León y de la Federal de Seguridad.
El 18 de abril de 1975 en una céntrica esquina de la ciudad de Monterrey, Jesús Piedra fue capturado y en vez de ser presentado ante autoridad responsable, se inició el tenebroso, ilegal e inhumano camino de la desaparición forzada de personas, mecanismo represivo extendido en forma masiva durante el sexenio de Luis Echeverría, pero continuado hasta la fecha con altibajos. Encontré el oficio donde se comunicaba a Mario Moya Palencia y a Fernando Gutiérrez Barrios la noticia de la detención de Jesús Piedra. Supe de la orden recibida en Monterrey de que Jesús fuera trasladado a la Ciudad de México. Supe cómo previamente fue llevado a un rancho cercano a Monterrey donde fue torturado e interrogado, ya con la presencia de Nazar Haro, Luis de la Barreda y otros conocidos agentes y torturadores. Supe entonces que fue traido al Campo Militar No. 1 y encerrado en el “Metro” la zona subterránea donde se arrojaba a los desaparecidos políticos. Por medio del testimonio de desaparecidos que recuperaron su libertad, supe de su encierro con vida ahí.
Desde entonces no he cesado en la exigencia de su libertad y su búsqueda. Del esfuerzo individual, personal y familiar, en el camino pasé al esfuerzo colectivo, a la organización, al encontrarme a más familiares, especialmente madres, de otros desaparecidos. Nuestra lucha pasó de la búsqueda de nuestros hijos a la lucha por la libertad de todos, convirtiéndose todos en hijos de todas nosotras. Pasar de la lucha por la presentación de nuestro hijo a la lucha por la libertad de todos los desaparecidos políticos, a la libertad de los presos políticos de un sistema que pese a cambios gubernamentales mantiene las heredadas prácticas ilegales e inhumanas de represión y persecusión políticas.
Por eso nuestra lucha se amplía en el reclamo contra la represión y por el respeto a los derechos humanos. En este salto de conciencia de lo individual a la organización colectiva hace 33 años dimos el paso de conformar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que con el paso del tiempo -y con los primeros resultados de nuestra lucha- se conocería como el Comité ¡Eureka!
¡Eureka! Porque he encontrado! Porque en este doloroso camino nos hemos encontrado las madres y familiares para darnos fuerza y razón en nuestro reclamo. Porque hemos encontrado la solidaridad creciente de cada vez más voces de diferentes ámbitos sociales. Porque hemos encontrado cada vez más sectores que toman la causa de los derechos humanos como propia, aun cuando en la hipocresía típica de un sistema como el que padecemos, para algunos se haya convertido en un cómodo lema a utilizarse como “políticamente correcto”, simplemente como tema de estudio y análisis queriendo convertirnos en meros objetos de estudio y no en sujetos demandando justicia. Pero sobre todo porque hemos encontrado a 148 de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Los hemos recuperado a lo largo de estos años de lucha.
Se ha comprobado que son ciertos los casos por nosotras denunciados, se ha comprobado que el crimen de desaparición forzada es otro, terrible y diferente crimen no idéntico al asesinato político, porque como lo hemos gritado “vivos los llevaron, vivos los queremos” y por tanto es un crimen, un delito, que no prescribe y para el cual no hay una “reparación al daño” por medio del insultante pago en dinero al que quisieran orillarnos y comprarnos, sino lo que hemos exigido siempre: justicia!
Continuamos en la lucha porque no hemos conocido la justicia y porque la represión y violaciones a los derechos humanos continúan. Y obviamente hay una relación entre una cosa y otra. Si no se hace justicia en relación a los 557 desaparecidos durante los gobiernos del PRI, si se mantiene la impunidad en relación a esos crímenes cometidos por conocidos gobernantes, policías y funcionarios claramente identificados y ubicables, el mensaje que se ha dado, la herencia que se deja, incluso para los que demagógicamente hablaban del “cambio” es que en eso no hay cambio.
Es precisamente en este terreno donde el país ha llegado a una situación crítica. El gobierno instalado desde 2006 producto de un fraude electoral, sin apoyo social, sin legitimidad, recurrió desde el principio a la fuerza militar para imponerse y a la declaratoria de una “guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada” en una maniobra publicitaria que hiciera olvidar su instalación ilegítima para lograr “la unidad nacional” frente a un “enemigo común”. Hacerlo así, le permitió instalar lo que se ha convertido en la fuente principal de los atropellos y violaciones a derechos humanos que es la militarización del país.
Adicionalmente al hecho de que como guerra al narcotráfico está perdida, no solamente por la infiltración y corrupción que el narcotráfico ha logrado en el propio aparato estatal, sino porque seguramente se requiere una estrategia no basada en la represión para enfrentar ese gran negocio y que, probablemente como dicen algunos, pase por la legalización de ciertas drogas. El hecho es que con el pretexto de esa guerra se ha abierto paso a un régimen cada vez más autoritario, policiaco, represivo y violatorio de derechos humanos, que abre el camino a prácticas de “limpieza social” y de criminalización de la protesta ciudadana.
La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es lo ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia fue acribillada y una mujer que después del tiroteo se acera a pedir ayuda, fue asesinada. Y ése es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readapatación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares.
Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaría”.
Y al mismo tiempo el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Ahora no solamente contra militantes políticos, que sigue ocurriendo como es el caso de los desaparecidos del EPR. También se ha extendido contra sectores más amplios de la población civil. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas. Tampoco es cierto que la mayoría de esas desapariciones sea de personas ligadas al narcotráfico. Tengo testimonios de muchas víctimas inocentes no solamente de Ciudad Juárez, de estados como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León en una plaga que se extiende gravemente.
El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otra voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.
La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder de que en México no hay presos políticos porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también so acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.
Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan, para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.
Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga.
Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que, por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueran acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.
El sombrío panorama que tenemos enfrente es el que 35 años después nos obliga a continuar la lucha, pero no nos ensombrece, no nos quita la alegría de vida ni nos sume en el pesimismo. Somos optimistas porque nuestro reclamo crece en la sociedad, porque crecen los movimientos sociales de resistencia y lucha, pese a las adversas condiciones, porque nuevas generaciones de activistas y luchadores se incorporan y nos sustituyen, especialmente a las que el fin de su ciclo vital las llevó orgullosas de haber cumplido su deber como madres aunque insatisfechas por no haber alcanzado la justicia. Sabemos que así como logramos, después de nuestra huelga de hambre en 1978, una ley de amnistía, así como logramos la libertad de tantos presos y desaparecidos, la persistencia, la continuidad en la lucha, la insistencia en la unidad, la insistencia en que los movimientos sociales, todos, deben incluir en su programa también el respeto a los derechos humanos, la libertad de presos y desaparecidos y contra la represión, sabemos que tarde o temprano lograremos la justicia.
En otras latitudes pensaron que los acuerdos entre partidos con el régimen violador de derechos humanos, sacrificando a los derechos humanos y la justicia ante la represión, en aras de la “transición democrática”, aprobando amnistías “para ambos lados”, leyes “del perdón, del olvido o del punto final”, después de años están haciendo crisis y el reclamo de justicia vuelve a abrirse paso. El pasado se hace presente, nuevamente. No importa cuántos años pasen.
Por eso tenemos confianza en la lucha, no desmayamos, no claudicamos y no conciliamos.
Oaxaca volverá a levantarse, a pesar de represiones, encarcelamientos y asesinatos
Pedro Echeverría V.
1. El 27 de abril y el 1 de mayo, otra vez el Zócalo de la ciudad de México se llenará de obreros, campesinos, sectores populares que gritarán contra las llamadas “reformas estructurales” que los gobiernos panistas de Fox, ahora de Calderón, han buscado imponer por la fuerza. Esas reformas (privatización del petróleo, de la electricidad, de las pensiones, de los servicios de salud, de educación, de la ley del trabajo, etcétera,) se han estado instrumentando en la práctica y por partes (por el gobierno y los empresarios privados) desde hace varios años en perjuicio de los trabajadores y de México; sin embargo las movilizaciones de la población en las calles y las plazas, han impedido su aplicación total. Se ha demostrado hasta la saciedad, que lo único que puede frenar las políticas de privatización capitalista, es la movilización. Oaxaca y las batallas del FAP de estos últimos 15 días, son un ejemplo de que las movilizaciones son el único camino para mantener con vida las organizaciones.
2. Cuatro días después de tomar posesión de la Presidencia, Felipe Calderón ordenó el encarcelamiento de Flavio Sosa, uno de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca; pero Calderón, después de las elecciones de julio de 2006, ya decidía sobre política nacional dado que Fox dejó de hacerlo para que pudiera dedicar su tiempo a tapar sus latrocinios. La primera medida que Calderón tomó en julio, al iniciarse las grandes protestas contra el fraude electoral, fue amarrar acuerdos con el PRI. En ese camino estaba el movimiento de los profesores de Oaxaca y la APPO que exigían la renuncia del Gobernador Ulises Ruiz por represor, además de otras demandas políticas y económicas. Calderón firmó con el PRI el compromiso de apoyar al asesino gobernador priísta, además de reprimir el movimiento. Podría decirse que fue el primer gran acuerdo del PRI para reconocer y para apoyar al gobierno de Calderón.
3. Después vendrían más acuerdos de Calderón: apoyar a Esther Gordillo para tratar de dividir a la sección 22 del SNTE de Oaxaca, apoyo de Calderón al gobernador del PRI de Puebla; apoyo del PRI para que Calderón use al ejército, apoyo del PAN para que el PRI obtenga cargos y comisiones en las cámaras, apoyo del PRI para que no investiguen a Fox, etcétera. Hasta los años ochenta el pueblo mexicano sabía que el PRI controlaba la política en un 95 por ciento; hoy sabe que entre el PRI y el PAN se dividen el botín mediante acuerdos. ¿De qué democracia, por lo menos electoral, se puede hablar en México si el voto de la población es totalmente manipulable? Hasta los años ochenta la población votaba por el PRI porque era el único que contaba con todos los recursos, la propaganda y el control de los órganos electorales. Ahora vota esencialmente por tres partidos, pero sus votos siguen siendo manipulados a favor del PAN y del PRI.
4. Ni modo, así de sucia es la política: negocian todo tras bambalinas, entre telones, en la recámara o en “lo oscurito”, tal como se dice en la jerga política, sin que el pueblo se entere. Un gobernador por dos senadurías o tres diputaciones. Algunos millones del presupuesto público para una obra política a cambio de otro tipo de apoyo, etcétera. El pueblo cree que vota “libremente” sin darse cuenta de que le dirigen o encaminan su voto los medios de información, las encuestas, los regalos y la propaganda. Quien se niega a negociar o se rebela contra esa corrupción, se le inventan calumnias, se le exhibe en los medios de información. Por eso en su tiempo Marcos y el zapatismo fueron calumniados de manera permanente y AMLO (sobre todo desde que comenzó a destacar en las encuestas presidenciales) no ha dejado de recibir los golpes más sucios de los medios. Fue una de las cosas que enseñó López Obrador: “ni me amparo ni tampoco acepto que me paguen la fianza”; obvio, él estaba en posición de fuerza.
5. Así que en Oaxaca estrenó su gobierno Calderón con el encarcelamiento de Flavio, pero antes (la combinación PAN/PRI) ordenó la ocupación del Zócalo de Oaxaca el 29 de octubre con las fuerzas militares de la PFP, así como la brutal represión del 25 de noviembre. Esto quiere decir que de mayo a diciembre de 2006 el pueblo de Oaxaca sufrió una gran represión de las fuerzas combinadas del gobernador priístas Ulises Ruiz y de los gobiernos panistas de Fox y Calderón. El dirigente de la APPO Flavio Sosa, quien fue salvajemente aprehendido en el DF cuando tenía ya una cita en la secretaría Gobernación, cumplió 17 meses en la cárcel y salió libre sin cargo alguno, además que lo recluyeron en Almoloya, la cárcel de más alta seguridad. Lo mismo hicieron con los dirigentes campesinos de Atenco encabezados por Ignacio del Valle, por el sólo hecho de defender las tierras de Atenco cuando el gobierno de Fox quería expropiárselas.
6. Pero la lucha en Oaxaca nunca fue (ni será) destruida. El pueblo tiene una gran dignidad a pesar de la intensa propaganda en contra que gobierno y los medios de información hicieron para calumniar al movimiento. El pueblo sabe que Ulises Ruiz es un sátrapa que sólo se mantiene en el poder respaldado por el PAN y el PRI; incluso con la aprobación de un sector oportunista del PRD que inexplicablemente tiene cabida en ese partido. Sin embargo la reorganización de la APPO se ha venido registrando y las masivas manifestaciones han seguido incomodando al gobierno estatal y federal. Los profesores de la sección 22, que en ningún momento han dejado sus batallas, junto a la APPO han realizado concentraciones en la ciudad de México para justamente exigir la convocatoria de su congreso para renovar su dirigencia. La líder de SNTE Esther Gordillo, también apoyando al gobernador y a Calderón, se ha negado a autorizar el Congreso magisterial, pero empieza a tambalearse.
7. Oaxaca, AMLO y la CND, los electricistas, la CNTE, en menor medida el EZLN, han demostrado el importante papel de las movilizaciones. Si las luchas de estos sectores siguen vivas es gracias a las movilizaciones. La batalla que los legisladores del PRD libraron estas últimas dos semanas para frenar en las cámaras la inminente aprobación de la privatización petrolera, fue posible por la toma de la tribuna en las cámaras y las movilizaciones en las calles. Los panistas habían negociado su aprobación con los priístas, pero fueron parados en seco. Ante esa política lópezobradorista de responder con la movilización, los poderosos medios de información se transformaron en los principales instigadores de la represión. Los conductores y comentaristas de radio y TV no descansaron de pedir (como energúmenos) medidas represivas contra los legisladores del FAP y contra el movimiento que estaba en las calles. Incluso los legisladores del PAN y del PRI fueron menos exigentes.
8. Pero, a pesar de la represión, el pueblo indígena de Oaxaca tiene una larga tradición de lucha, quizá las más combativa e importante de todo el país. Es el estado de la República más indígena y auténtico desde el punto de vista cultural. Oaxaca fue el estado que más resistencia mantuvo frente a la dominación española. Oaxaca y los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán, son hoy la vanguardia de lucha de los pueblos. En esos estados el zapatismo, los seguidores de López Obrador, la lucha magisterial, los campesinos, la izquierda independiente, mantienen una fuerza aún no desarrollada. Pero también el ejército federal y los soldados disfrazados de policías, con el argumento del combate contra el narcotráfico, han buscado acordonar las zonas más rebeldes de cada entidad. Si en el Norte del país hay gente brava y franca, reconocida como la cuna de la revolución de 1910, un siglo después (sin la mediatización de los EEUU) el Sur puede ser cuna de la de 2010.
A 14 AÑOS DE SU ENCARCELAMIENTO
AL MAGISTERIO DEMOCRÀTICO DE LA SECCION XXII. DEL SNTE.
AL PUEBLO DE OAXACA, MÈXICO Y DEL MUNDO.
PRESENTE:
“DECLARACIÒN DE LOS PRESOS POLÌTICOS Y DE CONCIENCIA DE LA REGIÒN LOXICHA, OAXACA; A 14 AÑOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD”
Desde ésta prisión los presos de la región Loxicha; nos permitimos hacer de su conocimientos una declaración política, en base a las costumbres y tradiciones de los habitantes del municipio de San Agustín Loxicha; antes de la represión del estado del año 1996.
Mujeres y hombres de este noble pueblo son ciudadanos sencilla y humildes, sobre todo serviciales, cumpliendo con diferentes servicios de manera gratuita, basado de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros antepasados, a pesar de la miseria y pobreza extrema que nos agobia, el pueblo en su conjunto vivía en una completa tranquilidad, sin contar con el apoyo de las autoridades estatales y federales, porque nunca se preocuparon de las necesidades del pueblo.
Y aunque las carencias de servicios sociales a todas luces son palpables, no contábamos: clínicas, caminos, aulas escolares, energía eléctrica, agua potable, programas de apoyo etc, servicios que son muy indispensables para vivir humanamente, sin embargo las autoridades nunca se preocuparon por nosotros, sólo se acuerdan de los indígenas de la región Loxicha, en tiempos electorales, logrando el puesto, se olvidan de los indígenas y de la gente pobre; viendo la actitud irresponsable y descaro de la autoridades mientras que el pueblo tiene enormes necesidades, y no existe un poder divino que nos resuelve todas éstas carencias; nos dimos cuenta la falta de servicios sociales en el municipio y sus comunidades es por la nula atención de los gobiernos estatales y federales, de atender y resolver éstas necesidades.
Esto nos obligó para organizarnos de manera civil y pacíficamente, dentro de las normas que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos da el derecho de agrupación, en el año de 1996, empezamos a organizarnos y empezamos a tocar puertas de las autoridades estatales y federales, que voltearan los ojos, hacia nuestro querido y noble pueblo de San Agustín Loxicha. Con toda certeza, les decimos nuestro único delito que sí reconocemos es ser indígenas pobres y por levantar la voz exigiendo a las autoridades, lo que por derecho nos corresponde como mexicanos que somos, pero los gobiernos lejos de atender y resolver nuestras demandas más apremiantes, la respuesta fue la represión brutal en contra de los habitantes de éste pueblo, rompiendo así el tejido social, encarcelando a más de 150, ciudadanos indefensos, por delitos fabricados del orden federal y señalándonos como miembros del grupo armado EPR, caso que totalmente es falso, varios indígenas fueron asesinados, violación a mujeres, desapariciones forzadas, persecución y hostigamientos en contra del pueblo y una campaña de denuncia desde el interior de la cárcel, el apoyo de los maestros, personalidades conscientes, se ha logrado la libertad de la mayor partes de nuestros hermanos; actualmente seguimos en prisión 8 personas con sentencias que van de los: 23, 29, 30, 31 años de prisión; condena que es totalmente injusta.
A partir de ésta fecha hacemos pública, los abogados de la sección XXII del SNTE, llevan el caso legal o jurídico de nosotros, decisión propia de cada preso de Loxicha; Por lo que pedimos al magisterio democrático de Oaxaca; respalden con toda responsabilidad nuestra causa, en la exigencia por nuestra libertad, creemos sin duda el magisterio tiene una trayectoria por varias décadas de lucha, y tienen un preso político, es por ellos confiamos en ustedes, nuestra lucha es sin duda similar a las demandas del magisterio, luchamos por las demandas justas, por el bien del pueblo. Así mismo les decimos a la sociedad en general, que los gobernantes solo asesinas, secuestran y encarcelas a los hijos del pueblo, que luchan por velar mejores condiciones de vida de sus habitantes; es por ellos pedimos que entienden que nuestro encarcelamiento es injusto es necesario unirnos para luchar de la mano en la exigencia por la libertad inmediata de los presos Loxicha, y la atención de las demandas sociales del pueblo, que viven en una miseria y pobreza extrema, mediante una lucha organizada desde las bases sociales, se puede exigir y luchar realmente por mejores condiciones de vida del pueblo, que anhelan un mejor futuro para nuestros hijos y generaciones venideras.
RESPETUOSAMENTE.
LOS PRESOS POLÌTICOS Y DE CONCIENCIA
DE LA REGIÒN LOXICHA
FORTINO ENRÌQUEZ HERNÀNDEZ AGUSTÌN LUNA VALENCIA
ABRAHAM GARCÌA RAMÌREZ ELEUTERIO HERNÀNDEZ G.
MARIO AMBROSIO MTZ. JUSTINO HERNÀNDEZ JOSÈ
ZACARÌAS P. GARCÌA LÒPEZ. ÀLVARO SEBASTIAN R.
AL MAGISTERIO DEMOCRÀTICO DE LA SECCION XXII. DEL SNTE.
AL PUEBLO DE OAXACA, MÈXICO Y DEL MUNDO.
PRESENTE:
“DECLARACIÒN DE LOS PRESOS POLÌTICOS Y DE CONCIENCIA DE LA REGIÒN LOXICHA, OAXACA; A 14 AÑOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD”
Desde ésta prisión los presos de la región Loxicha; nos permitimos hacer de su conocimientos una declaración política, en base a las costumbres y tradiciones de los habitantes del municipio de San Agustín Loxicha; antes de la represión del estado del año 1996.
Mujeres y hombres de este noble pueblo son ciudadanos sencilla y humildes, sobre todo serviciales, cumpliendo con diferentes servicios de manera gratuita, basado de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros antepasados, a pesar de la miseria y pobreza extrema que nos agobia, el pueblo en su conjunto vivía en una completa tranquilidad, sin contar con el apoyo de las autoridades estatales y federales, porque nunca se preocuparon de las necesidades del pueblo.
Y aunque las carencias de servicios sociales a todas luces son palpables, no contábamos: clínicas, caminos, aulas escolares, energía eléctrica, agua potable, programas de apoyo etc, servicios que son muy indispensables para vivir humanamente, sin embargo las autoridades nunca se preocuparon por nosotros, sólo se acuerdan de los indígenas de la región Loxicha, en tiempos electorales, logrando el puesto, se olvidan de los indígenas y de la gente pobre; viendo la actitud irresponsable y descaro de la autoridades mientras que el pueblo tiene enormes necesidades, y no existe un poder divino que nos resuelve todas éstas carencias; nos dimos cuenta la falta de servicios sociales en el municipio y sus comunidades es por la nula atención de los gobiernos estatales y federales, de atender y resolver éstas necesidades.
Esto nos obligó para organizarnos de manera civil y pacíficamente, dentro de las normas que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos da el derecho de agrupación, en el año de 1996, empezamos a organizarnos y empezamos a tocar puertas de las autoridades estatales y federales, que voltearan los ojos, hacia nuestro querido y noble pueblo de San Agustín Loxicha. Con toda certeza, les decimos nuestro único delito que sí reconocemos es ser indígenas pobres y por levantar la voz exigiendo a las autoridades, lo que por derecho nos corresponde como mexicanos que somos, pero los gobiernos lejos de atender y resolver nuestras demandas más apremiantes, la respuesta fue la represión brutal en contra de los habitantes de éste pueblo, rompiendo así el tejido social, encarcelando a más de 150, ciudadanos indefensos, por delitos fabricados del orden federal y señalándonos como miembros del grupo armado EPR, caso que totalmente es falso, varios indígenas fueron asesinados, violación a mujeres, desapariciones forzadas, persecución y hostigamientos en contra del pueblo y una campaña de denuncia desde el interior de la cárcel, el apoyo de los maestros, personalidades conscientes, se ha logrado la libertad de la mayor partes de nuestros hermanos; actualmente seguimos en prisión 8 personas con sentencias que van de los: 23, 29, 30, 31 años de prisión; condena que es totalmente injusta.
A partir de ésta fecha hacemos pública, los abogados de la sección XXII del SNTE, llevan el caso legal o jurídico de nosotros, decisión propia de cada preso de Loxicha; Por lo que pedimos al magisterio democrático de Oaxaca; respalden con toda responsabilidad nuestra causa, en la exigencia por nuestra libertad, creemos sin duda el magisterio tiene una trayectoria por varias décadas de lucha, y tienen un preso político, es por ellos confiamos en ustedes, nuestra lucha es sin duda similar a las demandas del magisterio, luchamos por las demandas justas, por el bien del pueblo. Así mismo les decimos a la sociedad en general, que los gobernantes solo asesinas, secuestran y encarcelas a los hijos del pueblo, que luchan por velar mejores condiciones de vida de sus habitantes; es por ellos pedimos que entienden que nuestro encarcelamiento es injusto es necesario unirnos para luchar de la mano en la exigencia por la libertad inmediata de los presos Loxicha, y la atención de las demandas sociales del pueblo, que viven en una miseria y pobreza extrema, mediante una lucha organizada desde las bases sociales, se puede exigir y luchar realmente por mejores condiciones de vida del pueblo, que anhelan un mejor futuro para nuestros hijos y generaciones venideras.
RESPETUOSAMENTE.
LOS PRESOS POLÌTICOS Y DE CONCIENCIA
DE LA REGIÒN LOXICHA
FORTINO ENRÌQUEZ HERNÀNDEZ AGUSTÌN LUNA VALENCIA
ABRAHAM GARCÌA RAMÌREZ ELEUTERIO HERNÀNDEZ G.
MARIO AMBROSIO MTZ. JUSTINO HERNÀNDEZ JOSÈ
ZACARÌAS P. GARCÌA LÒPEZ. ÀLVARO SEBASTIAN R.
