¿Y PEÑA NIETO?
14 abr 2010
Caso Paulette, la coartada mediática
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- En todo crimen, dirían Sherlock Holmes o el policía sueco Wallander, existe siempre una coartada. Y en el caso de la niña Paulette, aunque las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de México intenten conducir a la pista de una muerte accidental por asfixia, la percepción generalizada es que se trató de un homicidio.
La coartada está en la sobre exposición mediática del caso, desde el inicio mismo de la denuncia por desaparición y las primeras líneas que apuntaban hacia un posible secuestro.
Fue una coartada ampliamente consentida por las autoridades mexiquenses.
Dos fuentes informativas confirman que entre las recientes hipótesis de las indagatorias ministeriales figura la del autosecuestro. En un caso, se habla de un acuerdo entre los padres, Lisette Farah y Mauricio Gebara, éste último endeudado por la compraventa de bienes inmuebles. La eficaz y ágil campaña en redes sociales –Facebook, twitter- así como en espectaculares tuvo como objetivo solicitar recursos a la comunidad libanesa-judía para pagar un falso rescate por la libertad de la menor de cuatro años.
En la otra versión, cercana también a fuentes de la Procuraduría que dirige Alberto Bazbaz, se presume que la responsable del autosecuestro sería la madre, Lisette Farah, en complicidad con alguno de los vecinos. El matrimonio con Gebara pasaba por una severa crisis y estaba en juego una gran cantidad de recursos y negocios compartidos.
Al parecer, a la niña se la llevó un amigo del mismo edificio. Ella se puso a llorar, le tapó la boca para acallarla y terminó por asfixiarla. En este caso, indican las fuentes ministeriales, la coartada de la propia madre fue su sobre exposición mediática: desde el falso llanto ante las cámaras televisivas hasta una larga entrevista con Lilly Téllez, de TV Azteca, y posteriormente con Adela Micha, de Televisa.
Ciertas o no estas hipótesis y líneas de investigación –ya todo es creíble desde que el procurador Bazbaz sepultó su credibilidad en cadena nacional en menos de una semana-- lo más sintomático del caso es el papel jugado, consentido o no, por las grandes cadenas televisivas para convertir el caso Paulette en un reality judicial.
A tal grado llegó la intrusión televisiva en el asunto que a un equipo de reporteros de Univisión, cadena estadunidense asociada antes con Televisa, le informaron que el subprocurador y el procurador Bazbaz sólo dan entrevistas con el “canal de las estrellas” porque “tienen la exclusividad de la imagen”. ¿Exclusividad? ¿Realmente ya pactaron los derechos reservados para gestionar la coartada y salvar del desastre a las autoridades del Estado de México?
El pasado lunes 12 de abril, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto apareció de nuevo en la pantalla de Televisa para afirmar con la contundencia del teleprompter que lo caracteriza que “sería un error suponer que la actuación de la Procuraduría está siendo regida por las presiones, tanto de orden mediático, como de grupos políticos”.
Peña Nieto se quejó por la “utilización política” del caso –como si el gobierno del Estado de México no lo hubiera utilizado también para promoverse y acabar bochornosamente enredado-- y afirmó: “No voy a ceder a presiones”.
¿A qué presiones se refiere Peña Nieto? ¿A las presiones de las familias involucradas en el caso que financiaron su campaña electoral y la de Arturo Montiel? ¿Se refiere acaso a las presiones de la familia Salinas que desde hace años considera a Bazbaz como una de “sus” piezas en la procuraduría mexiquense? ¿Se refiere a las presiones del subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, quien insistió airadamente para que no se involucrara en las indagatorias a su prima Amanda de la Rosa Frisccioni, con quien viajó a Los Cabos la madre Lisette Farah? ¿Alude, acaso, Peña Nieto a las presiones de poderosos constructores involucrados también en la trama de las familias Gebara y Farah? ¿O se refiere Peña Nieto a las presiones de Televisa que inició una campaña para la renuncia de Bazbaz y ahora ya realiza “recuentos” del caso para el control de daños previamente presupuestados y acordados con el erario mexiquense?
La coartada mediática es también de Peña Nieto. Es una coartada porque detrás del escándalo, de los errores evidentes en la investigación y de las contradicciones, ha estado siempre el cálculo del rating no el de la procuración de justicia. La coartada mediática encubre un alto grado de impunidad en las tierras gobernadas por Peña Nieto.
Un costo de la reforma fundamentalista
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía
MÉXICO, D.F., 13 de abril.- En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”.
De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas.
No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma.
Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor.
Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”.
¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?
En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo.
Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- En todo crimen, dirían Sherlock Holmes o el policía sueco Wallander, existe siempre una coartada. Y en el caso de la niña Paulette, aunque las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de México intenten conducir a la pista de una muerte accidental por asfixia, la percepción generalizada es que se trató de un homicidio.
La coartada está en la sobre exposición mediática del caso, desde el inicio mismo de la denuncia por desaparición y las primeras líneas que apuntaban hacia un posible secuestro.
Fue una coartada ampliamente consentida por las autoridades mexiquenses.
Dos fuentes informativas confirman que entre las recientes hipótesis de las indagatorias ministeriales figura la del autosecuestro. En un caso, se habla de un acuerdo entre los padres, Lisette Farah y Mauricio Gebara, éste último endeudado por la compraventa de bienes inmuebles. La eficaz y ágil campaña en redes sociales –Facebook, twitter- así como en espectaculares tuvo como objetivo solicitar recursos a la comunidad libanesa-judía para pagar un falso rescate por la libertad de la menor de cuatro años.
En la otra versión, cercana también a fuentes de la Procuraduría que dirige Alberto Bazbaz, se presume que la responsable del autosecuestro sería la madre, Lisette Farah, en complicidad con alguno de los vecinos. El matrimonio con Gebara pasaba por una severa crisis y estaba en juego una gran cantidad de recursos y negocios compartidos.
Al parecer, a la niña se la llevó un amigo del mismo edificio. Ella se puso a llorar, le tapó la boca para acallarla y terminó por asfixiarla. En este caso, indican las fuentes ministeriales, la coartada de la propia madre fue su sobre exposición mediática: desde el falso llanto ante las cámaras televisivas hasta una larga entrevista con Lilly Téllez, de TV Azteca, y posteriormente con Adela Micha, de Televisa.
Ciertas o no estas hipótesis y líneas de investigación –ya todo es creíble desde que el procurador Bazbaz sepultó su credibilidad en cadena nacional en menos de una semana-- lo más sintomático del caso es el papel jugado, consentido o no, por las grandes cadenas televisivas para convertir el caso Paulette en un reality judicial.
A tal grado llegó la intrusión televisiva en el asunto que a un equipo de reporteros de Univisión, cadena estadunidense asociada antes con Televisa, le informaron que el subprocurador y el procurador Bazbaz sólo dan entrevistas con el “canal de las estrellas” porque “tienen la exclusividad de la imagen”. ¿Exclusividad? ¿Realmente ya pactaron los derechos reservados para gestionar la coartada y salvar del desastre a las autoridades del Estado de México?
El pasado lunes 12 de abril, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto apareció de nuevo en la pantalla de Televisa para afirmar con la contundencia del teleprompter que lo caracteriza que “sería un error suponer que la actuación de la Procuraduría está siendo regida por las presiones, tanto de orden mediático, como de grupos políticos”.
Peña Nieto se quejó por la “utilización política” del caso –como si el gobierno del Estado de México no lo hubiera utilizado también para promoverse y acabar bochornosamente enredado-- y afirmó: “No voy a ceder a presiones”.
¿A qué presiones se refiere Peña Nieto? ¿A las presiones de las familias involucradas en el caso que financiaron su campaña electoral y la de Arturo Montiel? ¿Se refiere acaso a las presiones de la familia Salinas que desde hace años considera a Bazbaz como una de “sus” piezas en la procuraduría mexiquense? ¿Se refiere a las presiones del subsecretario de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, quien insistió airadamente para que no se involucrara en las indagatorias a su prima Amanda de la Rosa Frisccioni, con quien viajó a Los Cabos la madre Lisette Farah? ¿Alude, acaso, Peña Nieto a las presiones de poderosos constructores involucrados también en la trama de las familias Gebara y Farah? ¿O se refiere Peña Nieto a las presiones de Televisa que inició una campaña para la renuncia de Bazbaz y ahora ya realiza “recuentos” del caso para el control de daños previamente presupuestados y acordados con el erario mexiquense?
La coartada mediática es también de Peña Nieto. Es una coartada porque detrás del escándalo, de los errores evidentes en la investigación y de las contradicciones, ha estado siempre el cálculo del rating no el de la procuración de justicia. La coartada mediática encubre un alto grado de impunidad en las tierras gobernadas por Peña Nieto.
Un costo de la reforma fundamentalista
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía
MÉXICO, D.F., 13 de abril.- En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”.
De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas.
No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma.
Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor.
Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”.
¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?
En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo.
Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras.
La Iglesia en pecado
BERNARDO BARRANCO V.
El Papa sigue acosado por reclamaciones y acusaciones por encubrimientos a pedófilos no sólo por el enraizado y sistemático encubrimiento de la estructura eclesiástica en los casos presentados a la luz pública, sino acciones que directamente lo involucran. El tsunami parece no darle descanso: es golpeado una y otra vez con las armas del escándalo mediático provenientes de diversas latitudes del planeta. En esta Semana Santa, la oficina de prensa del Vaticano, en Roma, quedó impresionada por el arribo de cientos de cámaras, periodistas, equipos informativos de grandes cadenas y medios informativos estadunidenses y europeos pendientes de las especulaciones sobre una posible dimisión del pontífice. Difícilmente Ratzinger renunciará, a pesar de la bola de nieve. Pero se debe reconocer que este pontificado, como pocos, ha sido cimbrado al grado de propiciar conjeturas de que la pedofilia del clero es el “Watergate del Papa”.
En entrevista con L’Osservatore Romano, el ex secretario de Estado del Vaticano, actual decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, comparó los ataques contra Benedicto XVI con los grandes terremotos por los que ha atravesado la Iglesia en la era moderna, dijo: “Primero se tuvieron las batallas del modernismo contra Pío X, después la ofensiva contra Pío XII por su comportamiento durante el último conflicto mundial, y finalmente contra Pablo VI por la encíclica Humanae vitae contra el aborto y los anticonceptivos”. A la lista somera de Sodano habría que añadir la misteriosa muerte bajo conjeturas de complot del papa Juan Pablo I, en 1978, e inmediatamente después los escandalosos movimientos financieros del banquero de Dios, monseñor Marcinkus, y los vergonzosos vínculos con el banco ambrosiano y la mafia italiana. Sin embargo, esta crisis es diferente porque es cultural; esta crisis es de escala planetaria, el litigio no es político ni es provocado por el choque de proyectos ideológicos; la crisis de pederastia muestra la disfuncionalidad e incoherencia de la institución frente a la cultura contemporánea; reflejándose en la actitud inquisitiva de los grandes medios de comunicación, donde este pontificado parece cosificado a una tradición petrificada y que va a contracorriente de la lógica del mundo.
La defensa mediática del Vaticano no sólo ha sido insuficiente, sino contraproducente. Falta contundencia, transparencia y relajamiento. El manejo de la crisis ha rebasado de lejos a Lombardi, quien carece de estrategia y argumentos sólidos. Basta citar al mismo vocero del Papa, quien ve en la secularización de los años 60 el origen de los abusos, o a Tarciso Bertone, secretario de Estado, que declara en Chile que la homosexualidad es la causa de la pedofilia en la Iglesia: ¿dónde estás, Joaquín Navarro Vals?
El encubrimiento sistémico, el mutismo institucional, la doble moral, la complicidad y la hipocresía han minado la credibilidad de la Iglesia y de sus pastores; así lo demuestran encuestas serias tanto en España como en Alemania, situando al conjunto de la estructura eclesial en una situación de pecado institucional. El discurso de la Iglesia se hace farisaico porque se traiciona a sí misma y echa por la borda el corpus de principios que pregona.
Frente a los agrietamientos comunicativos de Roma, a partir de la semana de Pascua la estratagema cambia, incorpora otras voces y personalidades que buscan apuntalar la imagen del Papa. Efectivamente, en torno al pontífice alemán han cerrado filas casi todos los episcopados en el mundo; mostrando solidaridad, palabras de aliento y el reconocimiento de que Benedicto XVI no es parte del problema, y que está decidido, como ningún otro actor religioso, a limpiar la casa eclesial de pederastas. Igualmente, altos miembros de la curia romana y vaticanistas plegados al pontífice advierten el peligro de la persecución al Papa, pues solamente se inhibirán las importantes acciones correctivas, que pronto pondrá en práctica
Estamos parcialmente de acuerdo con la sentencia del editorial Desde la fe, órgano de comunicación del cardenal Norberto Rivera, en el que todos los críticos de la Iglesia morirán y sus furiosas críticas y malévolos deseos quedarán en el olvido mientras la Iglesia permanecerá. En efecto, la Iglesia en sus largos dos mil años ha sobrevivido a cismas, reformas, cautiverios, ocupaciones, conspiraciones y ha mostrado una gran capacidad de adaptación a diferentes configuraciones civilizatorias. Sin embargo, el comentario además de soberbio, calificado así por el editorial de La Jornada, se abstrae de la historicidad de la propia Iglesia, de sus cambios y mutaciones. Una de las grandes lecciones de esta crisis es que la Iglesia no es ajena a los antivalores de la sociedad contemporánea a la que critica con vehemencia implacable. La iglesia no es una entidad blindada, encapsulada o aislada de la cultura; de hecho está atravesada por cada una de las grandes corrientes de la modernidad por tanto debe reconocerse, con humildad y hasta misericordia, como parte de esta complejidad. Recuerdo un texto lúcido del propio Ratziger cuando habla fuertemente de la doble condición de la Iglesia santa y ramera, en los siguientes términos: “Digámoslo una vez más, estos hombres son la Iglesia, que no puede separarse simplemente y sin más ni más de ellos… siendo así que ella vive en los hombres, aun cuando los trascienda por el misterio de la misericordia divina que ella les lleva. En este sentido, la santa Iglesia permanece en este mundo siendo Iglesia pecadora” (El nuevo pueblo de Dios, Ed. Herder 1972, pág. 285). No es solo una cuestión de nueva actitud ni de superación de hipocresías, mucho menos de soberbia que por cierto es uno de los siete pecados capitales, sino de capacidad de diálogo e interlocución sincera con la diversidad cultural contemporánea. Esta crisis planetaria sin precedentes ha cimbrado el atavismo y fariseísmo clerical que vive la Iglesia, sin embargo, puede sentar bases para una profunda reforma o revolución pastoral.
BERNARDO BARRANCO V.
El Papa sigue acosado por reclamaciones y acusaciones por encubrimientos a pedófilos no sólo por el enraizado y sistemático encubrimiento de la estructura eclesiástica en los casos presentados a la luz pública, sino acciones que directamente lo involucran. El tsunami parece no darle descanso: es golpeado una y otra vez con las armas del escándalo mediático provenientes de diversas latitudes del planeta. En esta Semana Santa, la oficina de prensa del Vaticano, en Roma, quedó impresionada por el arribo de cientos de cámaras, periodistas, equipos informativos de grandes cadenas y medios informativos estadunidenses y europeos pendientes de las especulaciones sobre una posible dimisión del pontífice. Difícilmente Ratzinger renunciará, a pesar de la bola de nieve. Pero se debe reconocer que este pontificado, como pocos, ha sido cimbrado al grado de propiciar conjeturas de que la pedofilia del clero es el “Watergate del Papa”.
En entrevista con L’Osservatore Romano, el ex secretario de Estado del Vaticano, actual decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, comparó los ataques contra Benedicto XVI con los grandes terremotos por los que ha atravesado la Iglesia en la era moderna, dijo: “Primero se tuvieron las batallas del modernismo contra Pío X, después la ofensiva contra Pío XII por su comportamiento durante el último conflicto mundial, y finalmente contra Pablo VI por la encíclica Humanae vitae contra el aborto y los anticonceptivos”. A la lista somera de Sodano habría que añadir la misteriosa muerte bajo conjeturas de complot del papa Juan Pablo I, en 1978, e inmediatamente después los escandalosos movimientos financieros del banquero de Dios, monseñor Marcinkus, y los vergonzosos vínculos con el banco ambrosiano y la mafia italiana. Sin embargo, esta crisis es diferente porque es cultural; esta crisis es de escala planetaria, el litigio no es político ni es provocado por el choque de proyectos ideológicos; la crisis de pederastia muestra la disfuncionalidad e incoherencia de la institución frente a la cultura contemporánea; reflejándose en la actitud inquisitiva de los grandes medios de comunicación, donde este pontificado parece cosificado a una tradición petrificada y que va a contracorriente de la lógica del mundo.
La defensa mediática del Vaticano no sólo ha sido insuficiente, sino contraproducente. Falta contundencia, transparencia y relajamiento. El manejo de la crisis ha rebasado de lejos a Lombardi, quien carece de estrategia y argumentos sólidos. Basta citar al mismo vocero del Papa, quien ve en la secularización de los años 60 el origen de los abusos, o a Tarciso Bertone, secretario de Estado, que declara en Chile que la homosexualidad es la causa de la pedofilia en la Iglesia: ¿dónde estás, Joaquín Navarro Vals?
El encubrimiento sistémico, el mutismo institucional, la doble moral, la complicidad y la hipocresía han minado la credibilidad de la Iglesia y de sus pastores; así lo demuestran encuestas serias tanto en España como en Alemania, situando al conjunto de la estructura eclesial en una situación de pecado institucional. El discurso de la Iglesia se hace farisaico porque se traiciona a sí misma y echa por la borda el corpus de principios que pregona.
Frente a los agrietamientos comunicativos de Roma, a partir de la semana de Pascua la estratagema cambia, incorpora otras voces y personalidades que buscan apuntalar la imagen del Papa. Efectivamente, en torno al pontífice alemán han cerrado filas casi todos los episcopados en el mundo; mostrando solidaridad, palabras de aliento y el reconocimiento de que Benedicto XVI no es parte del problema, y que está decidido, como ningún otro actor religioso, a limpiar la casa eclesial de pederastas. Igualmente, altos miembros de la curia romana y vaticanistas plegados al pontífice advierten el peligro de la persecución al Papa, pues solamente se inhibirán las importantes acciones correctivas, que pronto pondrá en práctica
Estamos parcialmente de acuerdo con la sentencia del editorial Desde la fe, órgano de comunicación del cardenal Norberto Rivera, en el que todos los críticos de la Iglesia morirán y sus furiosas críticas y malévolos deseos quedarán en el olvido mientras la Iglesia permanecerá. En efecto, la Iglesia en sus largos dos mil años ha sobrevivido a cismas, reformas, cautiverios, ocupaciones, conspiraciones y ha mostrado una gran capacidad de adaptación a diferentes configuraciones civilizatorias. Sin embargo, el comentario además de soberbio, calificado así por el editorial de La Jornada, se abstrae de la historicidad de la propia Iglesia, de sus cambios y mutaciones. Una de las grandes lecciones de esta crisis es que la Iglesia no es ajena a los antivalores de la sociedad contemporánea a la que critica con vehemencia implacable. La iglesia no es una entidad blindada, encapsulada o aislada de la cultura; de hecho está atravesada por cada una de las grandes corrientes de la modernidad por tanto debe reconocerse, con humildad y hasta misericordia, como parte de esta complejidad. Recuerdo un texto lúcido del propio Ratziger cuando habla fuertemente de la doble condición de la Iglesia santa y ramera, en los siguientes términos: “Digámoslo una vez más, estos hombres son la Iglesia, que no puede separarse simplemente y sin más ni más de ellos… siendo así que ella vive en los hombres, aun cuando los trascienda por el misterio de la misericordia divina que ella les lleva. En este sentido, la santa Iglesia permanece en este mundo siendo Iglesia pecadora” (El nuevo pueblo de Dios, Ed. Herder 1972, pág. 285). No es solo una cuestión de nueva actitud ni de superación de hipocresías, mucho menos de soberbia que por cierto es uno de los siete pecados capitales, sino de capacidad de diálogo e interlocución sincera con la diversidad cultural contemporánea. Esta crisis planetaria sin precedentes ha cimbrado el atavismo y fariseísmo clerical que vive la Iglesia, sin embargo, puede sentar bases para una profunda reforma o revolución pastoral.
