CERCO DE IMPUNIDAD COMPLICE

Copala: el Estado debe romper su cerco
MAGDALENA GÓMEZ

Está por cumplirse un mes de la brutal agresión a la caravana civil que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, cuyos muy lamentables saldos han sido ampliamente difundidos dentro y fuera del país, tanto desde espacios sociales como en los de las Naciones Unidas. Incluso la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, se sumó al reclamo de justicia.
La inocultable situación de ingobernabilidad e impunidad que se vive en esa región de Oaxaca poco parece importar al Estado. Desde el ulisismo pretenden convencer de que el conflicto les es ajeno y sólo es del pueblo triqui dividido. Esta tesis se ha convertido en visión oficial. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, afirmó: El gobierno de México considera que el pronunciamiento que hicieron esta mañana en Ginebra cuatro relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema, toda vez que formulan pronunciamientos que pretenden identificar responsables de los acontecimientos en San Juan Copala, cuando éstos están apenas en su curso de investigación por la Procuraduría General de la República que, como saben, ha atraído el caso. Quiero destacar que, hasta la fecha, no se ha identificado la participación de agentes de Estado, ni federales, ni estatales en los hechos a los que me he referido. Las versiones que han circulado hasta ahora atribuyen la responsabilidad de los hechos a los grupos en conflicto, lo que deberá, por supuesto, ser precisado por las investigaciones. Y sentenció: Se espera, en el futuro, una actitud constructiva por parte de los relatores y mecanismos de los derechos humanos con los que México coopera (conferencia de prensa, 14/5/2010). Quién lo dijera, los diplomáticos de carrera hablando igual que el ulisismo. ¿No le informaron al señor embajador que está en juego un proceso autonómico a partir de una declaración que México aprobó en 2007 y que éste es asediado por paramilitares?
Los grupos paramilitares como forma de incentivar y acrecentar los llamados conflictos intracomunitarios están en el centro de la espiral de violencia. Exculpar al Estado de manera ligera, como hizo el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, elude el cumplimiento de la obligación de todo Estado de garantizar el estado de derecho.
La revista Contralínea anunció que rompió el cerco cuando, de manera valerosa y con apoyo de triquis, lograron entrar y salir por el monte. Nos mostraron un retrato apremiante desde el municipio autónomo en voz de sus habitantes. Lamentablemente, esa arriesgada incursión no rompió el virtual estado de sitio en que se encuentra Copala, pues al salir de allí la situación no cambió. Ya dio cuenta de ello la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos en Oaxaca, que en su boletín del 16 de mayo pasado señala que, a solicitud de Jorge Albino y en coordinación con seguridad pública, debían proteger el ingreso a Copala de 38 personas, la mayoría mujeres y niños, a plena luz del día y acompañados por 300 elementos de la policía estatal. Y agregó: Cabe señalar que el líder de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, acompañó a la caravana la mayor parte del trayecto. Finalmente, al considerar que no existían las condiciones para ingresar a Copala, dejaron al grupo en Yosoyuxi. El acompañante estaba en un aprieto, pues si entraban en paz a Copala gracias a su protección implicaba una especie de autodenuncia.
Como sabemos, la situación se agravó con el asesinato a mansalva en Yosoyuxi, el pasado jueves 20 de mayo, de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro. Él fue uno de los fundadores del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y era considerado el líder natural del MULT Independiente.
¿Cuántos crímenes más deben ocurrir para que el Estado retire a los paramilitares y los someta a la justicia? ¿Cuánto sufrimiento para las mujeres, los hombres, las niñas y niños que aún resisten en Copala? ¿Qué dicen al respecto en el Congreso de la Unión? No es tiempo de puntos de acuerdo o de ya van a ir a Oaxaca unas comisiones a hablar con Ulises –sin pasar por Copala–. ¿Qué más esperan los líderes triquis, sin Ubisort, para deslindarse de paramilitares y construir puentes entre ellos para detener la cadena de violencia y centrar sus baterías en la exigencia al Estado para que cumpla sus responsabilidades?
Con incriminaciones públicas de unos contra otros sólo se profundizará la crisis. Que se investigue y pruebe quién eliminó a uno de los más destacados promotores del municipio autónomo y quién ordenó su ejecución. Tampoco debemos eludir la pregunta: ¿a quién favorece electoralmente este clima? Mientras Copala ocupa ciertos espacios de prensa, las campañas electorales caminan como si nada estuviese pasando. A mi juicio, las exigencias deben centrarse en la responsabilidad del Estado, a todo nivel, por sus acciones y por sus omisiones.

Jyri Jaakkola: el solidario
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Fue un hecho inusual. El pasado 5 de mayo, durante la apertura de la sesión de la Eurocámara dedicada al debate sobre la eurozona, Jerzy Buzek, su presidente, lamentó el asesinato en México de dos activistas de derechos humanos: Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola. Queremos transmitir nuestro más profundo pésame a las familias de los fallecidos, declaró Buzek, y añadió: es triste que siga habiendo estos ataques.
La historia es conocida. El pasado 27 de abril el grupo Ubisort –ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca– emboscó una caravana humanitaria que llevaba alimentos y medicinas al municipio autónomo de San Juan Copala. En el ataque fueron asesinados Alberta Cariño y Jyri Jaakkola. Mónica Santiago, quien viajaba con ellos, fue testigo del momento en que una bala se impactó en la cabeza de Bety Cariño; después caería el internacionalista finlandés: Vi cuando Jyri, en un acto desesperado, tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la cabeza a él. Jyri le gritó a sus compañeros que se salvaran. Fue encontrado protegiendo el cuerpo de Bety.
Según el gobernador Ulises Ruiz, el asesinato fue un enfrentamiento con el grupo de activistas, cuyos integrantes no sabemos quiénes son realmente; sabemos que hay extranjeros, [pero] no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo.
Jyri nació el 11 de febrero de 1977 en el este de Finlandia. Venía de una familia de izquierdas. Desde joven se ubicó en la tradición libertaria. Comenzó a estudiar filosofía y ciencias políticas en la universidad de la ciudad de Turku, en la costa. A pesar de ser un alumno brillante, descubrió que esa forma de educación no era para él. Renunció a la universidad como un acto solidario con los que no tenían la misma oportunidad de acceder a ella.
Se involucró en colectivos anarquistas y colaboró activamente en el apoyo al pueblo angoleño, golpeado severamente por la guerra civil. Empezó trabajar en la organización sin fines de lucro Estelle Uusi Tuuli (Nuevo Viento), dedicada a promover la solidaridad internacional, el comercio justo, la paz y la comprensión entre los pueblos. Era una persona tímida, sencilla y humilde, que sabía hacerse querer y respetar. La injusticia no le daba paz.
Identificado con el magonismo y la lucha zapatista, enfocó su actividad, junto con otros compañeros, alrededor de México. Coordinó la visita a Finlandia que un integrante del colectivo VOCAL hizo para denunciar la criminalización de la protesta social en nuestro país. Coincidió con este grupo en la visión sobre la comunalidad y la autodeterminación de los pueblos. En 2009 obtuvo una beca para ir a Oaxaca. En dos meses aprendió a hablar español y estableció relaciones entrañables con sus compañeros. Fue invitado por VOCAL para colaborar en la observación de derechos humanos (comunitarios ) y trabajar alrededor del cambio climático, la soberanía alimentaria y la economía de la reciprocidad. Tenía un blog donde escribía sobre Oaxaca y acerca de sus impresiones sobre la construcción de la autonomía y las resistencias.
Jyri era un ecologista social. Su pensamiento y su acción estaban influidos por la obra de Murray Bookchin. Según Bookchin, casi todos los problemas ecológicos son problemas sociales. La crisis ambiental está provocada por la sociedad capitalista, pero tiene sus raíces más profundas en las jerarquías sociales. La ecología social propone remplazar al Estado y al capitalismo con la sociedad ecológica, basada en relaciones no jerárquicas, comunidades geográficamente descentralizadas, ecoteconología, agricultura orgánica y producción de bienes en escala humana.
Jyri escribió sobre temas filosóficos, ecología y anarquismo. Se expresaba con elocuencia y exactitud. Para él no existían fronteras entre elaboración teórica y transformación práctica. Amaba la teoría y le encantaba desarrollar ideas y convencer a la gente de las bondades de la lucha libertaria.
Jaakkola consideraba que su misión estaba, sobre todo, en Finlandia, en su propia cultura. Pero reconocía que en México y América Latina podía encontrar inspiración y esperanza para construir un mundo distinto. Según él, en el continente americano existían movimientos sociales de los que se puede aprender, para trasladar sus enseñanzas a su país. Aquí hay otras maneras de vivir diferente, hay esperanza en otros caminos, y en vivir bien aparte del sistema capitalista. Por ello decía, sin ninguna duda: yo quiero estar aquí, quiero aprender de esto.
Jyri estaba al tanto de lo que sucede en México. Tenía una lectura sofisticada de la coyuntura del país. Afirmaba que hay esperanza en el cambio y experiencia de los pasados movimientos, como el levantamiento de Oaxaca de 2006, y muchas diferentes alternativas anticapitalistas comunitarias, y formas de autonomía desarrolladas por los zapatistas, además de un montón más de todo tipo de experiencias para construir un mundo diferente.
Apoyándose en Paulo Freire, Jaakkola sostenía que la solidaridad real exige que uno se coloque en la misma posición en la que se encuentra aquel con quien se solidariza. Así pues, no dudaba en estar allí donde su presencia podía ayudar a prevenir el uso de la violencia contra los movimientos sociales. Era consciente de que su condición de europeo le daba ventaja sobre los mexicanos. “Yo siempre tendré el boleto de avión de regreso a Finlandia –decía–; y está mi piel de color blanco, que funciona como una especie de protección.”
Sin embargo, el pasado 27 de abril nada de eso le sirvió a Jyri. Por primera ocasión en la historia reciente de México, un grupo de derechos humanos fue violentamente atacado y un observador internacional fue asesinado. Su crimen, junto al de Bety Cariño, es un grave precedente en la violación de derechos humanos en el país. Los observadores de derechos humanos han puesto sus barbas a remojar.

Diego, el general y Amado Carrillo
J. Cervantes, J. Carrasco y J.G. Olmos
Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.
MÉXICO, D.F., 24 de mayo (Proceso).- Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.
A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.
Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.
Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:
Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.
De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.
Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.
Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.
Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.
Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.
Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.
“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.
En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.
Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.
Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.
La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.

Las medallas del general

Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.
También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.
Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.
Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.
Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.
Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.
Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.
Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.
Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.
Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).
No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.