CONTRA DECRETO IRREGULAR.

Legisladores del PRD presentan controversia contra extinción de LFC
La redacción
MEXICO, D.F., 11 de mayo (apro).- Con el argumento de que el presidente Felipe Calderón invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión al declarar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC) sin el aval del Poder Legislativo, diputados del PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto de extinción de esa empresa.
Ramón Jiménez, Banfredo Vargas y Agustín Guerrero, diputados federales del PRD, presentaron la demanda en la oficialía de partes de la SCJN.
Al salir de la Corte, en entrevista, Jiménez afirmó que Calderón se extralimitó en sus funciones, ya que, dijo, la facultad para emitir un decreto de extinción sólo le corresponde al Congreso de la Unión.
Añadió que Calderón se basó en el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales, no obstante que en su artículo 15 se establece que, para extinguir cualquier organismo descentralizado, se deberá seguir los mismos pasos que se dieron para su creación.
Jiménez afirmó que la creación de LFC "fue resultado del Poder Legislativo, que hizo modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el artículo 4 transitorio, que ordena al Ejecutivo la creación de este organismo descentralizado".
La presentación de la controversia constitucional se dio en el marco de una protesta realizada afuera de la SCJN por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes pidieron a los ministros revisar el amparo promovido contra este decreto de extinción.
En marzo pasado, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), la Corte aceptó revisar el amparo que negó la juez primero de Distrito del Centro Auxiliar, Guillermina Coutiño Mata, contra la desaparición de LFC.
En su edición de esta semana, la revista Proceso (1749) publica un reportaje titulado “Las mentiras de Presidencia para acabar con Luz y Fuerza”, en cuyo sumario se afirma:
“Las verdaderas causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó a la calle a por lo menos 44 mil trabajadores, siguen siendo un misterio debido a la cerrazón del gobierno calderonista, impuesta por motivos de `seguridad nacional`. Aunque el presidente Calderón defendió esa medida con argumentos como la `corrupción` e `ineficiencia` que privaban en la paraestatal, una investigación realizada durante siete meses por Proceso reveló que las dependencias gubernamentales, empezando por la Presidencia, carecen de información que sustente los dichos del mandatario y, por consiguiente, sus acciones de fuerza contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas”.

La CNTE ampliará protestas magisteriales a partir del 15
Ninguna respuesta al pliego petitorio que presentó en abril
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de mayo de 2010, p. 40
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que a partir del próximo día 15 fortalecerán sus acciones de protesta en todo el país, pues aseguraron que desde el pasado 30 de abril, cuando entregaron su pliego petitorio a las autoridades federales, no hemos obtenido ninguna respuesta.
Señalaron que, como parte de la jornada nacional de lucha, profesores disidentes de al menos 18 entidades se movilizarán este sábado en la capital del país. Además impulsan un paro de labores para el 17 de mayo, previo a la instalación de un plantón permanente en el Distrito Federal, el día 24.
Pedro Ramírez Vázquez, dirigente del magisterio democrático en el valle de México, señaló que ante la omisión de las secretarías de Educación Pública y de Gobernación, no nos dejan otro camino que la movilización. Después de casi 15 días sin obtener respuesta, todo está listo para escalar las acciones de protesta.
Agregó que de los 73 planteamientos hechos a las autoridades federales, algunos de los ejes prioritarios son: aprobación de un incremento salarial justo y no una mera simulación de 4.9 por ciento, como pactaron con Elba Esther Gordillo Morales. También destacó la exigencia de cancelar la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y que se abrogue la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Ramírez Vázquez informó que los acuerdos aprobados el pasado día 9, durante la Asamblea Nacional Representativa, serán ratificados el próximo 16, una vez que concluya la movilización nacional, prevista para el Día del Maestro, y las representaciones estatales acudan a un encuentro donde se afinarán los últimos detalles del plan de acción.
Como parte de las movilizaciones, la sección 18 de Michoacán impulsa un paro indefinido de labores, a partir del próximo 19 de mayo, decisión que ya fue aprobada por la asamblea estatal de los profesores democráticos en esa entidad. Sin embargo, aún no se ha definido cuántos estados se sumarán a ésta.
La CNTE convocó de igual forma a todos los contingentes magisteriales del país a adherirse a una marcha nacional de protesta el próximo 29 en la capital del país y a participar en la instalación del cuarto Congreso Nacional de Educación Alternativa, en el cual se discutirán las acciones para contrarrestar los efectos nefastos de la ACE en la escuela pública y participar en la construcción de un modelo educativo más incluyente y democrático, concluyó.

Un exgobernador y exfuncionarios, en la nómina de 42 "asesores" del municipio de Cuernavaca
Nadia Piamonte
CUERNAVACA, Mor., 11 de mayo (apro).- Mediante una solicitud de información pública, el Movimiento Democrático de Cuernavaca (MDC) obtuvó una lista de los “asesores” que aparecen en la nómina del ayuntamiento, entre los que destacan políticos, expolíticos y familiares de éstos.
De manera destacada aparece el exgobernador Antonio Riva Palacio; Juan Salgado Brito, presidente de los Festejos del Bicentenario y Centenario de Jiutepec; la hija de éste, Maggie Salgado; Víctor Rubio Herrera, exdelegado del sector popular; Samuel Palma Cesar, aspirante a la dirigencia estatal del PRI, y Luis Arturo Cornejo de Ita, hijo del diputado local de Convergencia.
Ellos, junto con varios más, reciben cada uno casi 35 mil pesos mensuales, y el resto se embolsa alrededor de 6 mil pesos.
Al respecto, el perredista Salgado Brito, excandidato a gobernador de Morelos por el PRI en 2000, reconoció ayer que prestaba asesoría profesional en asuntos metropolitanos al alcalde de Cuernavaca, pero ello no implica, dijo, que hubiera vendido su conciencia o su criterio.
Esto de los “asesores”, agregó, es un tema que “no iban a desaprovechar quienes buscan golpear a Martínez Garrigós, creyendo que con ello “le pegan al PRI” y “desdibujar el proyecto de transparencia y honestidad” de la actual administración municipal.
Cabe señalar que el municipio de Cuernavaca tiene asignado para este año un presupuesto de 706 millones de pesos, y si los sueldos de los casi 3 mil 600 empleados de la comuna ascienden a 26 millones 601 mil pesos mensuales, más el aguinaldo, ello cubre más del 50% de dicho presupuesto.
Los sueldos más altos en el ayuntamiento corresponden al propio alcalde (85 mil 680 pesos mensuales), regidores y síndico (60 mil 480), así como secretarios, con un salario que oscila entre los 36 mil y 52 mil pesos mensuales.
Por su lado, el alcalde de esta ciudad, el priista Manuel Martínez Garrigós, ya no quiere saber nada de los 42 “asesores” que presuntamente prestan sus servicios en el ayuntamiento, según una denuncia pública hecha por el Movimiento Democrático de Cuernavaca (MDC).
Enfadado, el edil, ataja: “No son tantos, como dicen; ya déjenme trabajar”.
La declaración del alcalde se dio luego de que la semana pasada el MDC exhibió los nombres de los “asesores” y, aún más, sostuvo que éstos no sólo no reunían el perfil académico para cubrir el puesto que ostentan, sino que tampoco habían entregado el resultado de sus trabajos.
De acuerdo con el MDC, la presencia de ese grupo de asesores le cuesta a los morelenses cerca de 600 mil pesos mensuales.
Pese a que el día de su toma de posesión como alcalde, el pasado 1 de noviembre, Martínez criticó el dispendio de sus predecesores panistas en 12 años de gobierno, su administración, según Dulce María Arias Ataide, representante del MDC, “no está interesada en adoptar una administración austera”.
En entrevista, la investigadora afirmó que el MDC “no está cuestionando a los asesores”, sino el hecho de que haya tanto personal inscrito en la nómina del municipio.
“Si los mandos requieren tanta asesoría, significa que no son competentes y, por lo mismo, nosotros estamos preguntando qué hace cada quien en los puestos para los que fueron nombrados”, puntualizó.
Por separado, el alcalde afirmó que en su gobierno “no hay aviadores” y, como lo ha hecho en otras ocasiones, pidió que lo “dejen trabajar”.
Martínez sostuvo que quienes lo acusan “están asociados a intereses políticos”, por lo que los conminó a que “olviden” su intento por frenarlo en la labor que realiza “en beneficio de la población”.
Las declaraciones del alcalde se dieron después de que diversas organizaciones de la entidad manifestaron su inconformidad por el hecho de que cayera en las mismas prácticas del PAN que, en el periodo anterior, colocó en puestos clave del ayuntamiento a la denominada “sagrada familia”, es decir familiares de senadores, diputados y secretarios del gobierno estatal.

Atropella derechos humanos la Ley Arizona: expertos de la ONU
La redacción
MÉXICO, D.F., 11 de mayo (apro).- Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expusieron hoy su “grave preocupación” por la llamada ley antiinmigrante (SB 1070) promulgada en Arizona, Estados Unidos, porque, en su opinión, afecta a inmigrantes, minorías y a grupos indígenas “que potencialmente los podría someter a un trato discriminatorio”.
Integrado por el relator especial sobre derechos de los inmigrantes, Jorge Bustamante, y el relator especial de formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, Githu Muigai, el grupo de expertos instó a los gobiernos de Arizona y de Estados Unidos a “garantizar que la ley de inmigración esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos”.
Además, exhortaron al gobierno de Barack Obama a no diseñar, ni realizar ningún mecanismo para controlar la migración sin considerar los derechos de las personas a estar libres de discriminación y de tener acceso a su patrimonio cultural.
“Todas las medidas deben ser adoptadas para promover la tolerancia máxima y aprecio por la diversidad étnica y cultural en el sistema educativo”, subrayaron los defensores de los derechos humanos de la ONU.
Para los expertos, la ley Arizona es “un modelo perturbador de la actividad legislativa hostil hacia las minorías étnicas e inmigrantes ha sido establecido con la adopción de una ley antiinmigrantes que quizá permita acciones de la policía en las que se ponga como blanco a individuos la cual toma como base el aspecto étnico”.
De igual forma, manifestaron su preocupación por las “normas vagas y lenguaje peligroso de la ley antiinmigrantes que plantea serias dudas sobre la compatibilidad de la ley con los tratados internacionales de derechos humanos de los que Estados Unidos es parte”.
Los defensores de derechos humanos criticaron el hecho de que la ley de Arizona permite que los agentes del orden determinen el estatus migratorio de una persona a partir de una “sospecha razonable” de que están en el país de manera ilegal.
Los expertos en migración, minorías y pueblos indígenas, racismo y derechos culturales y a la educación advirtieron que además esta ley permite arrestar a una persona sin una orden judicial si el oficial tiene alguna razón para creer que la persona es un extranjero ilegal.
“Además convierte en un delito el hecho de que una persona esté ilegalmente en el país, penalizado con seis meses de cárcel y dicta que las personas indocumentadas son culpables de traspasar el territorio estadunidense”, subrayaron.
“Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación”, dijeron.
“Las normas internacionales exigen que la detención se utilizará tan sólo como medida excepcional, justificada, estrictamente personal y proporcional en cada caso concreto, y que será sujeta a revisión judicial”.
La ley Arizona “específicamente apunta a los trabajadores que van por el día convirtiendo en un crimen el hecho de que los indocumentados soliciten trabajo y para cualquier persona contratar o tratar de contratar a un inmigrante indocumentado”, lamentaron.
“La ley puede conducir a detener y someter a interrogatorio a las personas principalmente con base en sus características étnicas”, observaron los expertos independiente de la ONU.
“En Arizona, las personas que parecen ser de origen mexicano, latinoamericano, o de origen indígena se encuentran especialmente en riesgo de ser blanco en virtud de la ley”, advirtieron.
Asimismo, los defensores reprobaron el hecho de que es una ley “que suprime programas escolares prohibiendo enseñar la historia y cultura de las minorías”, cuando toda persona tiene derecho a tener acceso a su historia cultural y a su lenguaje.
Más aún, “Los estados tienen la obligación no sólo de erradicar la discriminación racial, sino además tiene la obligación de promover un ambiente económico y político que conduzca al respeto de la diversidad étnica y cultural”, concluyeron los expertos de la ONU, entre quienes figuran también el relator especial de la situación de derechos humanos y libertades de los pueblos indígenas, James Anaya; la experta independiente en derechos culturales, Farida Shaheed; el relator especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muños Villalobos; y el experto independiente en asuntos de minorías, Gay McDougall.