CRIMEN POLITICO
21 may 2010
La desaparición
LUIS JAVIER GARRIDO
La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, personaje fundamental en la estructura del poder en México, constituye un crimen político por mucho que el gobierno calderonista y los medios oficialistas se hayan empeñado desde un principio en minimizarla y calificarla de delito del orden común.
1. El levantamiento del abogado panista Diego Fernández de Cevallos al llegar la noche del viernes 14 a su rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, que ha hundido en el azoro y el miedo a la clase política mexicana, es el crimen político más importante cometido en el país desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta en 1994, y de tener un trágico desenlace, como todo hace suponerlo, habrá trastocado por completo la mecánica del poder que se instauró en el final del siglo en función de la alternancia de 2000.
2. Todo atentado contra un hombre político es siempre por definición un crimen político, y lo es en particular cuando el objetivo alcanzado es, como en este caso, político. Fernández de Cevallos había sido desde 1988 hasta la fecha pieza clave en la mecánica del poder en México, al menos en dos ámbitos. Como el principal negociador del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, fue a partir de esa fecha un artífice de la alianza tricolor-blanquiazul que desde entonces ha gobernado México, convirtiéndose en un elemento fundamental en la resolución de los conflictos entre el PRI de Salinas y el gobierno panista de Calderón.
3. El perfil oscuro de Diego como hombre de todas las confianzas de Salinas y su cómplice desde las múltiples concertacesiones de los años 90 del siglo anterior hasta el fraude electoral de 2006 y la entrega del poder político a la ultraderecha, o como abogado de turbios y multimillonarios negocios en los que aprovechó su poder político y que lo hicieron aparecer como el prototipo del panista traficante de influencias, mucho más hábil que los calderonistas, suscitó las más variadas especulaciones tras su desaparición. Las hipótesis que se han vertido desde el sábado 15 han sido empero más un reflejo de los temores de la clase política que un análisis de la realidad, y así se ha hablado desde un vulgar secuestro para extorsionar a la familia, una venganza por motivos judiciales, un crimen pasional, un acto justiciero de un comando popular o incluso una autodesaparición hasta un crimen vinculado al narcotráfico, olvidándose en esta última presunción que en un país como México, donde el narco ha penetrado en las instancias financieras, políticas, judiciales y de seguridad del Estado, todo crimen tiene una vinculación con el problema. Curiosamente, casi nadie quiso abordar la más evidente de las hipótesis: la política, vinculada a la sorda lucha de las diversas facciones de la ultraderecha mexicana en el PAN en vistas a 2012.
4. Diego Fernández de Cevallos fue durante muchos años un enemigo abierto de Felipe Calderón y era en la actualidad su principal opositor dentro del PAN, aunque en noviembre de 2008, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño, con el fin de no ahondar más las divergencias en el panismo y tratar de darle cierta cohesión a su gobierno, Calderón tuvo que aceptar la designación que hizo el salinismo de dos amigos de Diego: los abogados Fernando Gómez Mont en Gobernación y Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), lo que fortaleció el poder del barbón en el gabinete, que ya era significativo, sin que por ello menguaran las diferencias entre ambos, las que se fueron haciendo irreconciliables al acercarse la sucesión presidencial, pues mientras Calderón se fue empecinando, con el apoyo de grupos de interés de Estados Unidos y de España, en que en 2012 el presidente de la República volviese a ser un panista, Diego y sus amigos reivindicaron el derecho del PRI a imponer a su candidato.
5. La desaparición de Diego es por consiguiente un duro golpe político para Carlos Salinas de Gortari, para el sector negociador del PRI y para aquellos priístas que buscan sacar adelante con el consenso de un sector del panismo la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Beneficia, por el contrario, a Calderón y a sus amigos, al yunquismo calderonista y a las trasnacionales españolas y estadunidenses asociadas con este grupo, que aún esperan importantes contratos en materia de energía. No en balde este sector ya se está despachando con la cuchara grande en la nueva integración del Consejo Nacional del PAN que se definirá en unos días, y que es determinante para la selección del candidato presidencial blanquiazul el próximo año.
6. La desaparición de Diego se presenta en consecuencia como la expresión de la grave crisis por la que atraviesa la cúpula gobernante o, para decirlo con palabras más precisas, como un arreglo de cuentas dentro de la mafia en el poder en México, que con este hecho muestra a los mexicanos que no sólo ha llevado al país a un baño de sangre, sino que no halla otro medio que el de la violencia para resolver sus diferendos.
7. La orden del gobierno de limitar la información oficial sobre el caso y de pedir a los medios que lo minimizaran, que en el caso de Televisa llegó al grado de anunciar que no informaría en lo absoluto, se revirtió, como era de suponerse, contra el gobierno y no logró más que exacerbar el interés popular por el crimen y en crear un clima de mayor desasosiego social y de especulaciones. ¿Por qué en la comisión de un delito de secuestro a mano armada la PGR pretendió no estar investigando?
8. La reacción oficial ante lo acontecido ha terminado por crear la imagen de que el gobierno conoce bien lo que aconteció. La insistencia de Felipe Calderón durante su viaje en establecer a miles de kilómetros de los hechos, cuando no está más que informado de trasmano, pero haciéndose pasar por Philo Vance, que la desaparición de Diego “no fue un narcomensaje ni un secuestro”, tratando de exonerar al mismo tiempo a los cárteles y al crimen organizado, como lo reiteró ante los micrófonos de la CNN el miércoles 19, sólo deja abierta una explicación de la desaparición de Fernández de Cevallos: la de la ejecución.
9. El viaje de Calderón a España y a Estados Unidos estuvo en todo caso marcado siempre por la desaparición de Diego, la que a pesar del gobierno incidió en el clima de desconfianza que hay en el exterior sobre México. A casi nadie le importó aquí el homenaje que recibió Calderón en Madrid de Ibedrola y otras trasnacionales hispanas el día 17 por su ofrecimiento de seguirles dando contratos en materia de energía, a pesar de la prohibición constitucional, o los resultados de su patético viaje a Estados Unidos, donde fue recibido por la Radio Pública Nacional con la acusación de que favorece al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán y con la confirmación que hizo en la Casa Blanca el presidente Barack Obama de que sólo vigilará que la nueva ley Arizona no viole al aplicarse los derechos de los trabajadores, porque él no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para proponer una nueva legislación migratoria.
10. La desaparición –y posible ejecución– de Diego Fernández de Cevallos está abriendo en todo caso ya desde ahora reacomodos de los grandes intereses económicos y financieros que impactan a una clase política marcada por la corrupción y la violencia, y que no auguran nada bueno para el pueblo de México.
LUIS JAVIER GARRIDO
La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, personaje fundamental en la estructura del poder en México, constituye un crimen político por mucho que el gobierno calderonista y los medios oficialistas se hayan empeñado desde un principio en minimizarla y calificarla de delito del orden común.
1. El levantamiento del abogado panista Diego Fernández de Cevallos al llegar la noche del viernes 14 a su rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, que ha hundido en el azoro y el miedo a la clase política mexicana, es el crimen político más importante cometido en el país desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta en 1994, y de tener un trágico desenlace, como todo hace suponerlo, habrá trastocado por completo la mecánica del poder que se instauró en el final del siglo en función de la alternancia de 2000.
2. Todo atentado contra un hombre político es siempre por definición un crimen político, y lo es en particular cuando el objetivo alcanzado es, como en este caso, político. Fernández de Cevallos había sido desde 1988 hasta la fecha pieza clave en la mecánica del poder en México, al menos en dos ámbitos. Como el principal negociador del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, fue a partir de esa fecha un artífice de la alianza tricolor-blanquiazul que desde entonces ha gobernado México, convirtiéndose en un elemento fundamental en la resolución de los conflictos entre el PRI de Salinas y el gobierno panista de Calderón.
3. El perfil oscuro de Diego como hombre de todas las confianzas de Salinas y su cómplice desde las múltiples concertacesiones de los años 90 del siglo anterior hasta el fraude electoral de 2006 y la entrega del poder político a la ultraderecha, o como abogado de turbios y multimillonarios negocios en los que aprovechó su poder político y que lo hicieron aparecer como el prototipo del panista traficante de influencias, mucho más hábil que los calderonistas, suscitó las más variadas especulaciones tras su desaparición. Las hipótesis que se han vertido desde el sábado 15 han sido empero más un reflejo de los temores de la clase política que un análisis de la realidad, y así se ha hablado desde un vulgar secuestro para extorsionar a la familia, una venganza por motivos judiciales, un crimen pasional, un acto justiciero de un comando popular o incluso una autodesaparición hasta un crimen vinculado al narcotráfico, olvidándose en esta última presunción que en un país como México, donde el narco ha penetrado en las instancias financieras, políticas, judiciales y de seguridad del Estado, todo crimen tiene una vinculación con el problema. Curiosamente, casi nadie quiso abordar la más evidente de las hipótesis: la política, vinculada a la sorda lucha de las diversas facciones de la ultraderecha mexicana en el PAN en vistas a 2012.
4. Diego Fernández de Cevallos fue durante muchos años un enemigo abierto de Felipe Calderón y era en la actualidad su principal opositor dentro del PAN, aunque en noviembre de 2008, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño, con el fin de no ahondar más las divergencias en el panismo y tratar de darle cierta cohesión a su gobierno, Calderón tuvo que aceptar la designación que hizo el salinismo de dos amigos de Diego: los abogados Fernando Gómez Mont en Gobernación y Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), lo que fortaleció el poder del barbón en el gabinete, que ya era significativo, sin que por ello menguaran las diferencias entre ambos, las que se fueron haciendo irreconciliables al acercarse la sucesión presidencial, pues mientras Calderón se fue empecinando, con el apoyo de grupos de interés de Estados Unidos y de España, en que en 2012 el presidente de la República volviese a ser un panista, Diego y sus amigos reivindicaron el derecho del PRI a imponer a su candidato.
5. La desaparición de Diego es por consiguiente un duro golpe político para Carlos Salinas de Gortari, para el sector negociador del PRI y para aquellos priístas que buscan sacar adelante con el consenso de un sector del panismo la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Beneficia, por el contrario, a Calderón y a sus amigos, al yunquismo calderonista y a las trasnacionales españolas y estadunidenses asociadas con este grupo, que aún esperan importantes contratos en materia de energía. No en balde este sector ya se está despachando con la cuchara grande en la nueva integración del Consejo Nacional del PAN que se definirá en unos días, y que es determinante para la selección del candidato presidencial blanquiazul el próximo año.
6. La desaparición de Diego se presenta en consecuencia como la expresión de la grave crisis por la que atraviesa la cúpula gobernante o, para decirlo con palabras más precisas, como un arreglo de cuentas dentro de la mafia en el poder en México, que con este hecho muestra a los mexicanos que no sólo ha llevado al país a un baño de sangre, sino que no halla otro medio que el de la violencia para resolver sus diferendos.
7. La orden del gobierno de limitar la información oficial sobre el caso y de pedir a los medios que lo minimizaran, que en el caso de Televisa llegó al grado de anunciar que no informaría en lo absoluto, se revirtió, como era de suponerse, contra el gobierno y no logró más que exacerbar el interés popular por el crimen y en crear un clima de mayor desasosiego social y de especulaciones. ¿Por qué en la comisión de un delito de secuestro a mano armada la PGR pretendió no estar investigando?
8. La reacción oficial ante lo acontecido ha terminado por crear la imagen de que el gobierno conoce bien lo que aconteció. La insistencia de Felipe Calderón durante su viaje en establecer a miles de kilómetros de los hechos, cuando no está más que informado de trasmano, pero haciéndose pasar por Philo Vance, que la desaparición de Diego “no fue un narcomensaje ni un secuestro”, tratando de exonerar al mismo tiempo a los cárteles y al crimen organizado, como lo reiteró ante los micrófonos de la CNN el miércoles 19, sólo deja abierta una explicación de la desaparición de Fernández de Cevallos: la de la ejecución.
9. El viaje de Calderón a España y a Estados Unidos estuvo en todo caso marcado siempre por la desaparición de Diego, la que a pesar del gobierno incidió en el clima de desconfianza que hay en el exterior sobre México. A casi nadie le importó aquí el homenaje que recibió Calderón en Madrid de Ibedrola y otras trasnacionales hispanas el día 17 por su ofrecimiento de seguirles dando contratos en materia de energía, a pesar de la prohibición constitucional, o los resultados de su patético viaje a Estados Unidos, donde fue recibido por la Radio Pública Nacional con la acusación de que favorece al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán y con la confirmación que hizo en la Casa Blanca el presidente Barack Obama de que sólo vigilará que la nueva ley Arizona no viole al aplicarse los derechos de los trabajadores, porque él no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para proponer una nueva legislación migratoria.
10. La desaparición –y posible ejecución– de Diego Fernández de Cevallos está abriendo en todo caso ya desde ahora reacomodos de los grandes intereses económicos y financieros que impactan a una clase política marcada por la corrupción y la violencia, y que no auguran nada bueno para el pueblo de México.
Intercepción de comunicaciones privadas
Ernesto Villanueva
MÉXICO, D.F., 20 de mayo.- Cada día son más las amenazas a la vida privada de gobernantes y gobernados. La intercepción de las comunicaciones privadas y la utilización indebida de los datos personales forman parte de las prácticas recurrentes de los grupos de poder formales e informales en todo el territorio nacional. Existen elementos que permiten sustentar las afirmaciones anteriores.
Primero. El 15 de abril pasado se supo que por casualidad el Ejército desmanteló en Cancún un centro de espionaje operado por particulares que, aparentemente, se hallaban al servicio de autoridades locales. Asimismo, de unos meses a la fecha, en You Tube se han venido colocando grabaciones con contenidos incriminatorios del gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, que no han sido desmentidos, además de que el presunto agraviado no ha denunciado tales actos ante la autoridad correspondiente. La Constitución, el Código Penal y las leyes especiales sancionan la intercepción telefónica, pero esas disposiciones cumplen en la vida diaria un cometido meramente formal. Por el contrario, paradójicamente, la prohibición legal de interceptar comunicaciones ha servido para que, con cargo al erario, se adquieran equipos de intercepción bajo conceptos genéricos de consumibles, programas o mantenimiento de equipo informático. De esta forma, los equipos no son detectados por las contralorías y pasan a convertirse en parte del patrimonio personal de los servidores públicos.
Segundo. En otros países la ley suele regular con exhaustividad la adquisición, el uso y la divulgación de los contenidos interceptados. En Estados Unidos, la Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA), por ejemplo, cumple esta función. Y no es para menos. De acuerdo con la orden de trabajo S-INLEC-06-R-4024, el gobierno de Estados Unidos hizo un donativo de un equipo de intercepción a la Procuraduría General de la República entre 2006 y 2007, con mantenimiento y actualización por varios años más, para uso exclusivo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), a efecto de combatir “expeditamente las acciones del narcotráfico y las actividades terroristas”. El equipo tiene las siguientes características: a) es capaz de interceptar llamadas y conferencias de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon y Iusacell, incluyendo mensajes SMS; b) puede interceptar el flujo de datos a través de internet (llamadas por VIP, correo electrónico, chat, etcétera), c) su capacidad de almacenamiento llega hasta las 25 horas de grabaciones; d) puede ubicar y seguir las localizaciones de los celulares señalados como objetivos; e) el sistema no requiere del apoyo de los proveedores de los servicios de telecomunicaciones para operar, y f) puede monitorear hasta 60 objetivos simultáneos en tiempo real.
Tercero. Cuatro años después, la “experiencia” y “confiabilidad” de la AFI invocada por el gobierno estadunidense para la aprobación del donativo de referencia se han desdibujado, a tal grado que con las reformas a la Ley Orgánica de la PGR del 29 de mayo de 2009 esa práctica ha desaparecido formalmente. ¿Qué ha pasado con el personal de la AFI que fue entrenado en intercepción de comunicaciones? ¿Qué ha ocurrido con el equipo de intercepción donado? La Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005 tuvo como finalidad sujetar los servicios de inteligencia (Cisen), Sedena, PGR, etcétera) a un control parlamentario. Para ello se creó una Comisión Bicamaral en el Congreso a fin de velar que los servicios de inteligencia observen “los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación”, según reza el artículo 4 de la citada ley. Esta prescripción se ha quedado sólo en el ámbito de las aspiraciones. La Comisión Bicamaral representa únicamente una buena intención, porque no puede cumplir los fines que animaron su creación. La ley dispone que “los informes y documentos distintos a los que se entreguen periódicamente sólo podrán revelar datos en casos específicos, una vez que los mismos se encuentren concluidos. En todo caso, omitirán cualquier información cuya revelación indebida afecte la seguridad nacional, el desempeño de las funciones del Centro o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”.
Cuarto. ¿Quién puede reservar la información? La propia PGR o el Cisen. ¿Alguien cree que la PGR, la Sedena o el Cisen van a ofrecer información al Congreso de la Unión que pueda generar un proceso de responsabilidad legal para sus funcionarios? ¿Cómo saber a ciencia cierta que los servicios de inteligencia del Estado cumplen los principios de legalidad y no están al servicio del grupo en el poder o de los cárteles de la droga y/o del crimen organizado? Peor todavía, si el diseño institucional no puede regular la parte más evidente y regulable, menos lo va a hacer con los centros de espionaje e intercepción que, como los detectados en Cancún, operan al servicio de quien quiera y pueda en perjuicio del estado de derecho. El que ha aventado la primera piedra es Gabino Cué, candidato opositor al gobierno de Oaxaca, quien ha hecho pública su declaración patrimonial, sus calificaciones y registros escolares y ha convocado a sus oponentes a someterse al detector de mentiras de cara a los debates públicos. La excepción confirma la regla, ¿o no?
Ernesto Villanueva
MÉXICO, D.F., 20 de mayo.- Cada día son más las amenazas a la vida privada de gobernantes y gobernados. La intercepción de las comunicaciones privadas y la utilización indebida de los datos personales forman parte de las prácticas recurrentes de los grupos de poder formales e informales en todo el territorio nacional. Existen elementos que permiten sustentar las afirmaciones anteriores.
Primero. El 15 de abril pasado se supo que por casualidad el Ejército desmanteló en Cancún un centro de espionaje operado por particulares que, aparentemente, se hallaban al servicio de autoridades locales. Asimismo, de unos meses a la fecha, en You Tube se han venido colocando grabaciones con contenidos incriminatorios del gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, que no han sido desmentidos, además de que el presunto agraviado no ha denunciado tales actos ante la autoridad correspondiente. La Constitución, el Código Penal y las leyes especiales sancionan la intercepción telefónica, pero esas disposiciones cumplen en la vida diaria un cometido meramente formal. Por el contrario, paradójicamente, la prohibición legal de interceptar comunicaciones ha servido para que, con cargo al erario, se adquieran equipos de intercepción bajo conceptos genéricos de consumibles, programas o mantenimiento de equipo informático. De esta forma, los equipos no son detectados por las contralorías y pasan a convertirse en parte del patrimonio personal de los servidores públicos.
Segundo. En otros países la ley suele regular con exhaustividad la adquisición, el uso y la divulgación de los contenidos interceptados. En Estados Unidos, la Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA), por ejemplo, cumple esta función. Y no es para menos. De acuerdo con la orden de trabajo S-INLEC-06-R-4024, el gobierno de Estados Unidos hizo un donativo de un equipo de intercepción a la Procuraduría General de la República entre 2006 y 2007, con mantenimiento y actualización por varios años más, para uso exclusivo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), a efecto de combatir “expeditamente las acciones del narcotráfico y las actividades terroristas”. El equipo tiene las siguientes características: a) es capaz de interceptar llamadas y conferencias de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon y Iusacell, incluyendo mensajes SMS; b) puede interceptar el flujo de datos a través de internet (llamadas por VIP, correo electrónico, chat, etcétera), c) su capacidad de almacenamiento llega hasta las 25 horas de grabaciones; d) puede ubicar y seguir las localizaciones de los celulares señalados como objetivos; e) el sistema no requiere del apoyo de los proveedores de los servicios de telecomunicaciones para operar, y f) puede monitorear hasta 60 objetivos simultáneos en tiempo real.
Tercero. Cuatro años después, la “experiencia” y “confiabilidad” de la AFI invocada por el gobierno estadunidense para la aprobación del donativo de referencia se han desdibujado, a tal grado que con las reformas a la Ley Orgánica de la PGR del 29 de mayo de 2009 esa práctica ha desaparecido formalmente. ¿Qué ha pasado con el personal de la AFI que fue entrenado en intercepción de comunicaciones? ¿Qué ha ocurrido con el equipo de intercepción donado? La Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005 tuvo como finalidad sujetar los servicios de inteligencia (Cisen), Sedena, PGR, etcétera) a un control parlamentario. Para ello se creó una Comisión Bicamaral en el Congreso a fin de velar que los servicios de inteligencia observen “los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación”, según reza el artículo 4 de la citada ley. Esta prescripción se ha quedado sólo en el ámbito de las aspiraciones. La Comisión Bicamaral representa únicamente una buena intención, porque no puede cumplir los fines que animaron su creación. La ley dispone que “los informes y documentos distintos a los que se entreguen periódicamente sólo podrán revelar datos en casos específicos, una vez que los mismos se encuentren concluidos. En todo caso, omitirán cualquier información cuya revelación indebida afecte la seguridad nacional, el desempeño de las funciones del Centro o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”.
Cuarto. ¿Quién puede reservar la información? La propia PGR o el Cisen. ¿Alguien cree que la PGR, la Sedena o el Cisen van a ofrecer información al Congreso de la Unión que pueda generar un proceso de responsabilidad legal para sus funcionarios? ¿Cómo saber a ciencia cierta que los servicios de inteligencia del Estado cumplen los principios de legalidad y no están al servicio del grupo en el poder o de los cárteles de la droga y/o del crimen organizado? Peor todavía, si el diseño institucional no puede regular la parte más evidente y regulable, menos lo va a hacer con los centros de espionaje e intercepción que, como los detectados en Cancún, operan al servicio de quien quiera y pueda en perjuicio del estado de derecho. El que ha aventado la primera piedra es Gabino Cué, candidato opositor al gobierno de Oaxaca, quien ha hecho pública su declaración patrimonial, sus calificaciones y registros escolares y ha convocado a sus oponentes a someterse al detector de mentiras de cara a los debates públicos. La excepción confirma la regla, ¿o no?
Astillero
God bless México. Anexión licenciosa. Propaganda fugaz
Chaparro, enigma
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Entrando por la puerta delantera, sin tretas militares para instalarle de sorpresa en la tribuna, ajeno a griterío, interpelaciones y ofensas, amo y señor del escenario, Felipe Calderón rindió ayer un sentido informe de gobierno ante legisladores que le recibieron con varios minutos de aplausos y luego le repitieron en notables ocasiones esas reconfortantes dosis de apoyo sonoro, coronadas algunas con significativas puestas de pie que impactaron sobre todo a cierto segmento de periodistas mexicanos que no alcanzaban a dejar de mostrarse, ante cámaras y micrófonos, vivamente impresionados por las insólitas muestras de aprecio y respaldo que una parte de los congresistas daba al así engrandecido visitante.
Calderón pudo entrar al fin a una sesión formal de un congreso, pero no al de su patria, sino al de la vecina nación donde se le dio recepción y trato excepcionalmente buenos pero absolutamente ninguna ganancia política o diplomática, a no ser las antes citadas ovaciones similares a las que un agradecido consejo de administración podría tributar a un gerente bien portado, cuyas acciones y comportamiento merecieran palmadas en la espalda para que la empresa siguiera teniendo ganancias y privilegios por medio de su nativa plantilla de empleados (la ruta de las cesiones y concesiones calderónicas parece bien marcada por el agradecimiento compensatorio que le han expresado, tanto en la España volcada en la reconquista de México, esta vez por la vía económica, como en el imperial Washington, donde ayer quedaron claramente expresados los ánimos felipistas de anexar sin grandes objeciones a México al proyecto de desarrollo subcontinental norteamericano que Estados Unidos ha diseñado).
Emocionado visitante mexicano que pintó a los estadunidenses tal maravilla de recuperación y desarrollo económicos en el patio trasero, que pudo haber provocado una tragedia si quienes le escuchaban hubieran decidido cambiar de residencia inmediatamente al paraíso vecino. Jefe del caos y el hundimiento que sin embargo decía ayer en el Capitolio: Así como estamos promoviendo el progreso económico, también estamos mejorando la calidad de vida de todos los mexicanos, bajo el principio de igualdad de oportunidades para todos. De tan explicable manera, que hay quienes ni salir del país quieren, innecesario ya el recurso de la espalda mojada: Al mejorar las oportunidades para todos, le estamos dando a la gente una razón menos para abandonar México. Y enseguida asentó la tesis de que todo lo que de mejoría él está haciendo en el pueblo mexicano para bien de los gringos es: Como pueden ver, México es un país en transformación. Esto nos está haciendo un socio estratégico para la prosperidad futura de los estadunidenses (aplausos, ovaciones, legisladores puestos de pie: ¡Brravou!).
Así fue como Calderón tuvo, al fin, un día personalmente bienaventurado (al final de su alocución se despidió de mano de cuantos pudo y se mostró tan feliz como pocas veces o nunca se le ve en el terruño que le toca administrar: ¡God bless America! ¡Viva México!, cerró, en lo que posiblemente sea un adelanto de agregados en inglés a la letanía tradicional del 15 de septiembre). Pero nada consiguió, más que un engaño clamoroso, un dulce escenográfico en la boca normalmente amarga a cuenta de los golpes dados y por venir. Obama, el publirrelacionista especializado en montar espectáculos amables mientras los operadores de la política real cumplen crudamente sus libretos (recuérdese el caso Honduras, sólo por dar un ejemplo), le dijo claramente al emocionado Felipe que le faltan 60 votos en el Senado para sacar adelante una reforma migratoria, y los líderes republicanos del poder legislativo estadunidense escucharon al vehemente Calderón y le permitieron sus minutos de gloria pero están absolutamente en contra de restringir la venta de armas en su país (pues creen que es tramposo el pretender atribuir a ese tráfico de instrumentos bélicos la descomposición mexicana) y en favor de la ley Arizona, contra la cual le fue permitido al compareciente mexicano desahogar sus necesidades propagandísticas de mostrarse severamente opuesto a esa reglamentación discriminatoria.
De vuelta a la realidad nacional, el jefe Lipe deberá atender en detalle el caso del contrincante desaparecido. Ayer quedó mostrado provisionalmente que no son ánimos de promoción electoral los que predominan en el extraño caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, pues fueron retirados, a unas horas de haberse montado en Querétaro, anuncios espectaculares que parecían arranque de campaña presidencial del desaparecido. Ya se verá si, entonces, más que promover una carta blanquiazul alterna, lo que provocará la desaparición del peleonero abogado es también su inhibición futurista.
Salvados ya los compromisos internacionales a los que habría afeado cualquier desenlace adverso del caso DFC, es de suponerse que ahora se entrará a una fase más activa de indagación y resolución. Por lo pronto, el ambiente ha sido enrarecido por la agresión con arma de fuego que recibió el emblemático héroe de la guerra sucia, el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien durante seis años se mantuvo en prisión no por los muchos crímenes cometidos en los años 60 contra guerrilleros y familiares de estos, sobre todo en el estado de Guerrero, sino por la presunta protección que habría dado al cártel de Juárez, específicamente a Amado Carrillo Fuentes, personaje éste a cuya muerte se conocieron detalles como la representación legal que Fernández de Cevallos y su bufete divino ejercían en ciertos rubros: la clínica en que Carrillo fue funestamente sometido a una operación de cirugía estética, la casa funeraria donde se veló al capo aéreo, y en negocios del Grupo Financiero Anáhuac.
Y, mientras se oficializa la tesis del colchón asesino y se propone la beatificación de Bazbaz y Peña Peña, ¡Feliz fin de semana!
God bless México. Anexión licenciosa. Propaganda fugaz
Chaparro, enigma
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Entrando por la puerta delantera, sin tretas militares para instalarle de sorpresa en la tribuna, ajeno a griterío, interpelaciones y ofensas, amo y señor del escenario, Felipe Calderón rindió ayer un sentido informe de gobierno ante legisladores que le recibieron con varios minutos de aplausos y luego le repitieron en notables ocasiones esas reconfortantes dosis de apoyo sonoro, coronadas algunas con significativas puestas de pie que impactaron sobre todo a cierto segmento de periodistas mexicanos que no alcanzaban a dejar de mostrarse, ante cámaras y micrófonos, vivamente impresionados por las insólitas muestras de aprecio y respaldo que una parte de los congresistas daba al así engrandecido visitante.
Calderón pudo entrar al fin a una sesión formal de un congreso, pero no al de su patria, sino al de la vecina nación donde se le dio recepción y trato excepcionalmente buenos pero absolutamente ninguna ganancia política o diplomática, a no ser las antes citadas ovaciones similares a las que un agradecido consejo de administración podría tributar a un gerente bien portado, cuyas acciones y comportamiento merecieran palmadas en la espalda para que la empresa siguiera teniendo ganancias y privilegios por medio de su nativa plantilla de empleados (la ruta de las cesiones y concesiones calderónicas parece bien marcada por el agradecimiento compensatorio que le han expresado, tanto en la España volcada en la reconquista de México, esta vez por la vía económica, como en el imperial Washington, donde ayer quedaron claramente expresados los ánimos felipistas de anexar sin grandes objeciones a México al proyecto de desarrollo subcontinental norteamericano que Estados Unidos ha diseñado).
Emocionado visitante mexicano que pintó a los estadunidenses tal maravilla de recuperación y desarrollo económicos en el patio trasero, que pudo haber provocado una tragedia si quienes le escuchaban hubieran decidido cambiar de residencia inmediatamente al paraíso vecino. Jefe del caos y el hundimiento que sin embargo decía ayer en el Capitolio: Así como estamos promoviendo el progreso económico, también estamos mejorando la calidad de vida de todos los mexicanos, bajo el principio de igualdad de oportunidades para todos. De tan explicable manera, que hay quienes ni salir del país quieren, innecesario ya el recurso de la espalda mojada: Al mejorar las oportunidades para todos, le estamos dando a la gente una razón menos para abandonar México. Y enseguida asentó la tesis de que todo lo que de mejoría él está haciendo en el pueblo mexicano para bien de los gringos es: Como pueden ver, México es un país en transformación. Esto nos está haciendo un socio estratégico para la prosperidad futura de los estadunidenses (aplausos, ovaciones, legisladores puestos de pie: ¡Brravou!).
Así fue como Calderón tuvo, al fin, un día personalmente bienaventurado (al final de su alocución se despidió de mano de cuantos pudo y se mostró tan feliz como pocas veces o nunca se le ve en el terruño que le toca administrar: ¡God bless America! ¡Viva México!, cerró, en lo que posiblemente sea un adelanto de agregados en inglés a la letanía tradicional del 15 de septiembre). Pero nada consiguió, más que un engaño clamoroso, un dulce escenográfico en la boca normalmente amarga a cuenta de los golpes dados y por venir. Obama, el publirrelacionista especializado en montar espectáculos amables mientras los operadores de la política real cumplen crudamente sus libretos (recuérdese el caso Honduras, sólo por dar un ejemplo), le dijo claramente al emocionado Felipe que le faltan 60 votos en el Senado para sacar adelante una reforma migratoria, y los líderes republicanos del poder legislativo estadunidense escucharon al vehemente Calderón y le permitieron sus minutos de gloria pero están absolutamente en contra de restringir la venta de armas en su país (pues creen que es tramposo el pretender atribuir a ese tráfico de instrumentos bélicos la descomposición mexicana) y en favor de la ley Arizona, contra la cual le fue permitido al compareciente mexicano desahogar sus necesidades propagandísticas de mostrarse severamente opuesto a esa reglamentación discriminatoria.
De vuelta a la realidad nacional, el jefe Lipe deberá atender en detalle el caso del contrincante desaparecido. Ayer quedó mostrado provisionalmente que no son ánimos de promoción electoral los que predominan en el extraño caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, pues fueron retirados, a unas horas de haberse montado en Querétaro, anuncios espectaculares que parecían arranque de campaña presidencial del desaparecido. Ya se verá si, entonces, más que promover una carta blanquiazul alterna, lo que provocará la desaparición del peleonero abogado es también su inhibición futurista.
Salvados ya los compromisos internacionales a los que habría afeado cualquier desenlace adverso del caso DFC, es de suponerse que ahora se entrará a una fase más activa de indagación y resolución. Por lo pronto, el ambiente ha sido enrarecido por la agresión con arma de fuego que recibió el emblemático héroe de la guerra sucia, el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien durante seis años se mantuvo en prisión no por los muchos crímenes cometidos en los años 60 contra guerrilleros y familiares de estos, sobre todo en el estado de Guerrero, sino por la presunta protección que habría dado al cártel de Juárez, específicamente a Amado Carrillo Fuentes, personaje éste a cuya muerte se conocieron detalles como la representación legal que Fernández de Cevallos y su bufete divino ejercían en ciertos rubros: la clínica en que Carrillo fue funestamente sometido a una operación de cirugía estética, la casa funeraria donde se veló al capo aéreo, y en negocios del Grupo Financiero Anáhuac.
Y, mientras se oficializa la tesis del colchón asesino y se propone la beatificación de Bazbaz y Peña Peña, ¡Feliz fin de semana!
