EL GOBIERNO ESTATAL, RESPONSABLE

Copala: la violencia viene de otro lado
MAGDALENA GÓMEZ

La violencia estructural característica del gobierno ulisista entró de nuevo en escena el pasado 27 de abril con la emboscada a la caravana de paz que intentaba romper el cerco en que se tiene al municipio autónomo de San Juan Copala. El asesinato de la destacada activista Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y del internacionalista Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, forma parte de la cadena de impunidad en la entidad y particularmente en la región triqui. Lamentablemente, detrás de ellos están muchas otras víctimas cuyos crímenes no han sido esclarecidos ni sus responsables sancionados.
La condena nacional e internacional a los homicidios más recientes no ha logrado hasta ahora una respuesta congruente de los gobiernos estatal y federal.
El gobierno del estado de Oaxaca es directamente responsable por acción u omisión, pues está obligado a garantizar el respeto a los derechos humanos individuales de todas y todos, así como a los colectivos de los pueblos indígenas, que resultan por desgracia tan ajenos a sus prácticas propias de los señores de horca y cuchillo. Bien sabemos que el blindaje político que a escala nacional ha recibido el ulisismo le ha permitido sostenerse no obstante la fuerza social opositora desplegada particularmente en 2006. Del calderonismo ni sus luces: se limitó a que la PGR atrajera la investigación sobre los ominosos hechos del pasado 27 de abril.
Es de señalar que en las diversas acciones de solidaridad y protesta, San Juan Copala aparece generalmente como el lugar de destino de la caravana agredida y en algunos casos se refiere la situación grave que viven las familias sin agua, luz eléctrica, servicios educativos, alimentos.
Sin embargo, el abrumador impacto del atentado contra defensoras y defensores de derechos humanos, las víctimas individuales, no debe hacernos pasar por alto, así sea de manera involuntaria, que estamos ante un eslabón más del hostigamiento persistente contra un esfuerzo colectivo por ejercer el derecho a la autonomía por parte de un sector del pueblo indígena triqui.
Asunto sumamente complejo, pues se da en el marco de un pueblo dividido, con añejos conflictos y enfrentamientos internos a los cuales el Estado no ha sido ajeno. No estamos, entonces, ante un pueblo unido que como tal demanda al Estado sus derechos colectivos. Una parte del mismo decidió hace tres años optar por la construcción autonómica del municipio de San Juan Copala, asumiendo válidamente que el núcleo esencial de la creación jurídico política de un municipio reside en la decisión mayoritaria de los habitantes del territorio correspondiente, y que tienen respaldo en los derechos como pueblos indígenas reconocidos en el plano internacional. Es necesario destacar que no están usurpando la representación de todo el pueblo triqui; han concentrado su fuerza en un municipio. Por ello, junto a la intervención de relatores de la ONU sobre derechos humanos individuales debería hacerlo el relativo a pueblos indígenas.
El accionar paramilitar de una de las fracciones triquis en pugna, la priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), es ejemplo de los instrumentos del Estado para mantener el conflicto con la apariencia de que lo es sólo en el plano intracomunitario, estrategia que se ha empleado en otras entidades con resultados dramáticos. En este caso dicha organización ha sido señalada como la responsable del atentado contra la caravana civil de paz.
La violencia viene de fuera. Así le comentó un anciano triqui a Blanche Petrich (La Jornada, 22/4/08). En efecto, sin la añeja intervención estatal posiblemente los triquis dirimirían sus diferencias de manera pacífica. Es importante recordar cómo les fue arrebatado el carácter de municipio en 1948 por una hegemonía política en el estado que desde entonces ha criminalizado la lucha social. Los triquis se han rebelado una y otra vez ante la injusticia; por ello, como documenta ampliamente Francisco López Bárcenas, han sido estigmatizados de manera racista y me temo que esta construcción histórica ha permeado en el resto de pueblos indígenas en Oaxaca, que de una u otra manera hacen sentir que los triquis son algo aparte. Quizá por ello, dentro del cúmulo de protestas y reacciones a la agresión sufrida por la caravana solidaria con el municipio autónomo, no destacan las organizaciones indígenas de la entidad.
Ante una situación así, desde Serapaz se vienen realizando esfuerzos por mediar entre el MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui) y el MULTI (ahora municipio autónomo). Se requiere la convicción de ambas partes sobre la necesidad de construir un acuerdo de coexistencia en lógica de paz, amerita un claro deslinde frente al accionar paramilitar de UBISORT y contra la impunidad. De otra manera el Estado seguirá capitalizando sus diferencias.
Estado de excepción
PEDRO MIGUEL
Son idénticos a sí mismos: cuando llevan décadas de estar destruyendo, a contrapelo de la ley la industria petrolera nacional, mandan una iniciativa de reformas legales para descuartizarla conforme a derecho; proponen una reforma laboral una vez que los jefes de la Secretaría del Trabajo reconocen de manera pública e impúdica que esa dependencia incumple una de sus tareas primordiales: hacer valer la legislación laboral vigente. Ahora nos enteramos de que los del gabinete de seguridad nacional, basados en un estudio de la Sedena sobre los cárteles, sus brazos armados y la penetración social que han logrado, piensan en decretar el estado de excepción en 23 de los municipios más violentos del país. (La Jornada, 10/05/2010).
Una vez más, se trata de formalizar una situación de hecho, porque en las localidades propuestas –entre ellas, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tampico y Acapulco– y en buena parte del territorio nacional hace tiempo que se vive la suspensión de las garantías individuales. Por ejemplo: en el desgobierno actual no hay certeza de salir con vida del tránsito por una calle cualquiera, de gozar de la inviolabilidad del domicilio, de transitar libremente, de dedicarse a la actividad lícita que se desee, de escribir y publicar lo que se quiera, de asociarse y reunirse pacíficamente, de no ser privado de la libertad y de las posesiones en forma extrajudicial, de ser presentado ante un juez tras la detención por una autoridad facultada, de tener comunicaciones privadas inviolables, de que se respete el plazo constitucional de 72 horas de detención ante autoridad judicial.
La suspensión de facto de los derechos económicos, políticos, laborales, judiciales y educativos, entre otros, es, primordialmente, fruto de un largo y sostenido esfuerzo realizado por los sucesivos gobiernos a lo largo de tres décadas: sería injusto negarles el mérito.
¿Están prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie? Enteren de ello a Ulises Ruiz ¿La Constitución condena toda incomunicación, intimidación o tortura? A ver si García Luna llega a saberlo. ¿Que toda persona tiene derecho a decidir en forma libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos? Explíquenselo a los ayatolas legislativos que criminalizaron el aborto en las constituciones de varios estados. ¿Que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia? Mándenle un email con ése y otros pasajes constitucionales a Lozano Alarcón y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Que los ministros de culto no podrán oponerse a las leyes del país? Cuéntenselo a Gómez Mont ¿Que está prohibida la discriminación por origen étnico o por género? Expónganselo a los jueces Eduardo López y Rodolfo Pedraza, autor y ratificador de una sentencia de 21 años de cárcel contra tres mujeres indígenas por el secuestro de seis policías federales.
Ciertamente, los tres poderes de la Unión y los distintos niveles de gobierno no han estado del todo solos en la tarea de destruir el orden legal. Hace años que los grupos paramilitares vinculados con el tráfico de drogas, el secuestro y otras especialidades derogaron por su cuenta el estado de derecho en quién sabe cuántos cientos de miles de kilómetros cuadrados. Ahora viene el gobierno federal con la idea de dar cobertura, mediante un reconocimiento formal, a esa decisión administrativa de la delincuencia.
No está mal. Sólo que, por básica congruencia, en la aplicación del estado de excepción no habría que empezar por algunos municipios sino por un ámbito institucional más a la mano: el propio gabinete legal, que es en donde más fuerte se ha sentido esa penetración social del narco, a juzgar por el dato (Reforma, 10/05/2010) de que el cártel de Sinaloa recibe o recibía información puntual de las investigaciones y movimientos de la Siedo, de la Secretaría de Marina y hasta de la DEA, y que tiene o tenía el catálogo de datos personales, teléfonos y claves de los principales mandos policiales del país.
La modesta propuesta resultante sería, entonces, que si los honorables integrantes del gabinete de seguridad nacional andan con tantas ganas de suprimir derechos ciudadanos, que comiencen por suprimir los suyos propios, y que dejen en paz a la gente de Ciudad Juárez, de Acapulco, de Matamoros y de otras localidades afectadas por la violencia: ya suficientes problemas tienen esos municipios con la presencia del narco como para que el gobierno se empeñe en amargarles más la vida.

La noche de la derecha y la restauración
MARCO RASCÓN

Quizás para los gobiernos el impacto de la guerra contra la actividad económica nocturna sea considerado un daño colateral. Lo cierto es que la causa contra el crimen organizado ha dado gran impulso a políticas conservadoras y ha marcado la filosofía de los gobiernos en la idea de tutelar el comportamiento de los ciudadanos mediante el aumento de regulaciones, reglamentos, prohibiciones, restricciones que siempre fueron causa estructural para la corrupción, con base en generar incumplimiento.
Curiosamente, la estructura del narcotráfico, la delincuencia organizada y los gobiernos coinciden en actuar contra actividades legales, particularmente la restaurantera y del esparcimiento.
Desde el punto de vista funcional, hoy la actividad económica formal es atacada por medidas y políticas fiscales; ocurrencias sanitarias, como las medidas contra la influenza A/H1N1 hace un año; leyes contra el consumo de tabaco, que pretende acabar con coerción lo que no ha hecho con educación y prevención; restricción de horarios; retenes de revisión y registro de celulares, muchos de los cuales resultaron falsos, como en el caso Martí, y registros que, pese a la advertencia ciudadana, hoy se venden en Tepito como base de datos.
En un país donde los automóviles adquieren más derechos y donde las ciudades se transforman gastando energía irracionalmente y contaminando, el discurso de la salud pública, la seguridad y la ecología es un discurso hueco que sirve para exaltar la intolerancia y el autoritarismo. Con ello han generado una vida nocturna deformada y criminalizada, donde los servicios son costosos y deficientes, a veces con bebidas adulteradas, extorsión y sobornos, donde un ciudadano en la noche huye tanto de las policías como de los delincuentes para llegar en paz a casa.
Cambios como los que ha vivido la sociedad mexicana en todos los niveles económicos y sociales desde hace 22 años deberían haber previsto que serían acompañados por un nuevo comportamiento en las formas de consumir, del esparcimiento y usos del espacio público, con libertad y seguridad. Estos cambios no fueron enfrentados desde los gobiernos en transición, con medidas educativas de tolerancia e inclusión, progresivas y de atención, sino con una visión policial contra la noche.
Hay que recordar que la base de la corrupción en el régimen priísta, que muchos jóvenes de hoy no vieron ni conocieron. Se sustentó en la reglamentación que impone, pero no ordena, donde la única forma de funcionar era mediante la corrupción: multas altas, mordidas seguras. Si la reglamentación es absurda al grado de que equipara lo que es importante con lo que no, incentiva la corrupción, genera intolerancia, mutila derechos y obstruye la actividad económica. A estas campañas importadas de la derecha yanqui de cero tolerancia se ha sumado la jerarquía de la Iglesia católica, pues tiene la misma base que el clero tiene frente al aborto, criminalizando el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Entre los toques de queda del narcotráfico vía Internet en Chihuahua, Nuevo León o Morelos, y los de las autoridades que generan la ilegalización de la actividad nocturna, no hay mucha diferencia. Unos con un motivo y los de los gobiernos con otro, han creado un clima de terror que impacta en la economía y genera recesión.
En el fondo, los gobiernos envidian la capacidad del crimen organizado, que con un solo mensaje mete a todos a sus casas y deja ciudades desiertas como muestra de su poder. Los gobiernos han descubierto que los temas de seguridad y de salud pública son básicos para instaurar una política autoritaria y gracias a ello justificar que todos los gobernados son delincuentes en potencia o fuentes de contagio, y que, para la seguridad de todos, hay que restringir los derechos a todos.
Un ciudadano, para vivir seguro y no ser blanco del fuego cruzado en amplias zonas de territorio nacional no debe salir de casa. Si lo hace, deberá aceptar ser considerado sospechoso. ¿Qué hace un joven a las dos de la mañana? Diría hoy un jefe policiaco bajo inspiración diazordacista que en 1968 preguntaba por la radio: ¿Sabe dónde están sus hijos?
Una transición democrática y progresista debe luchar por la noche completa y segura. Sus espacios deben ser regulados para el funcionamiento y la calidad, no bajo la idea de la prohibición y la criminalización de la diversión y el esparcimiento. Decenas de servicios públicos deberían tener horario nocturno, como la distribución de mercancías, recolección de basura, bancos, tiendas de autoservicio.
La neurosis es alta porque bailamos poco. Bailar acota el consumo de alcohol y de tabaco, relaja y no es prostitución, como pensaba Uruchurtu. Un pueblo que baila, canta y platica en los espacios públicos es una comunidad sana que sanciona a los que vulneran el derecho y la convivencia de todos. Lo contrario es el anuncio de la restauración priísta, que supo construir, con la regulación, la cultura de la corrupción.