ENTRETANTO MÁS ASESINATOS

Preguntas elementales, respuestas ominosas
ABRAHAM NUNCIO
Marzo, mes aciago, superó la marca funeraria de la violencia en México: mil 300 víctimas. En ese mes tuvo lugar el asesinato colateral de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Un mes y medio y muchas más víctimas después, a la PGR le falló el cácaro, la explicación y todo lo demás en la mesa redonda convocada para dar una explicación de los avances en la investigación de esa tragedia a la que se ha prestado una atención tan privilegiada como estéril.
Al día siguiente se procedió a la reconstrucción de los hechos mediante un espectacular despliegue de funcionarios de la PGR y el Ejército Mexicano. El 28 de abril, Felipe Calderón refrendaba en Monterrey su compromiso para el esclarecimiento de lo ocurrido en la puerta del Tecnológico de Monterrey, y también sobre el asesinato de un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México que participaba en un programa de intercambio en la universidad pública de Nuevo León.
Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, viajó también el 14 de mayo a Monterrey para anunciar, carente de toda evidencia ministerial, que los sicarios fueron los autores de la muerte de los estudiantes del Tec. La afirmación del rector Rafael Rangel Sostmann no requiere comentario sobre lo declarado por Gómez Mont: “Sentimos que es muy triste y lamentable que no den una respuesta a la situación… Si piensan que dándole largas se nos va a olvidar, pues están equivocados” (El Norte, 15 de mayo). Parecen ser tres los motivos por los cuales las autoridades civiles no han podido dar una respuesta mínimamente satisfactoria: a) las autoridades militares no les han proporcionado la información correspondiente; b) ya la entregaron y las primeras la mantienen oculta, y c) entre unas y otras hay complicidad.
¿La reconstrucción de los hechos y el resto de la publicitada indagación arrojarán las respuestas que el sentido común esperaría?: a) el parte militar para saber quién dio las órdenes de perseguir a los presuntos delincuentes a balazos en una zona de numeroso tránsito peatonal y las de ingresar al Tec, neutralizar la presencia de los guardias particulares de la institución e incautar las cámaras que grabaron –durante tres horas– la acción; b) el informe de los guardias del Tec a la autoridad correspondiente; c) el parte de la policía estatal a sus superiores entre cuyas acciones, según se dice, estuvieron la de recoger los cuerpos de las víctimas y cubrir la fuga de los hampones; d) el dictamen forense completo sobre los impactos de bala –su trayectoria y los órganos que destruyeron– y los golpes –de qué posible instrumento–, que les causaron la muerte; e) el croquis balístico y características de los proyectiles en el perímetro donde tuvo lugar el enfrentamiento donde cayeron los estudiantes; f) saber el lugar donde fueron acribillados (si fue dentro del ITESM, como parece ser por la sangre que las mangueras a presión accionadas por su personal enjugaron, ¿dónde estaban los militares y dónde los gángsteres?); g) el o los nombres de quienes ordenaron sembrar armas a sus cuerpos sin vida y por qué; h) el contenido del material videograbado por las cámaras de la institución; i) saber quiénes recogieron las pertenencias que llevaban encima los estudiantes y cuáles fueron éstas, empezando por sus credenciales.
Hay sin duda otras preguntas. También hay respuestas en el clima de guerra sucia que vive el país, pero son todas ominosas.
En la ceremonia de La patada del éxito (que se da cariñosamente en las nalgas a una chica), el propio rector Rangel Sostmann exhortó a los estudiantes del Tec: “Deben sentir que tienen un compromiso, sentir que deben hacer algo; no volverse ciegos ni apáticos ante lo que sucede en nuestro país y participar… Lo importante es no quedarse callados”. Tiene razón el rector del Tec. Cuando los universitarios callan, algo se pudre. Hacer algo equivale a romper el silencio. Y creo que las autoridades, los maestros y los estudiantes del Tec podrían hacer mucho si, por ejemplo, ante el silencio de las autoridades gubernamentales, procedieran a realizar su propia investigación. Muchos fueron testigos, en un aspecto u otro, de la balacera en que cayeron muertos Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. La sociedad civil también tiene que confiar en sí misma y en su capacidad de conocer la verdad por sus propios medios.
No quedarse callados. Las autoridades federales y estatales suelen derrochar espots llamando a la población a no quedarse callada, a denunciar. Pero denunciar, según sabemos, puede acarrearnos males. Ejemplo reciente: en Monterrey se ha organizado un grupo de ciudadanos en defensa del parque La Pastora donde la internacional Heineken, a través de la nacional Femsa, pretende construir un enorme estadio que causará, sin duda, daños ecológicos a esa zona reconocida como un gran pulmón del Monterrey metropolitano. Este grupo, que ha logrado tener eco en Holanda (el Partido de los Animales ya realiza una intensa actividad sobre el tema) ha recibido amenazas anónimas. Un tal Alex Treviño (alextrevino7@hotmail.com) les deja saber que “ya es momento de que le paren a su pedo. […] Su biologuito joto, defensor de las mariposas y los pajaritos lo tenemos bien checado, es el primero que deben parar, lo tenemos bien checado y si antes no le bajo a sus mamadas con la calentada, ahora sobre aviso no hay engaño. […] El biologuito y la periodista [Antonio Hernández y Ximena Peredo] dejan sus chingaderas y se van a chingar su madre; el estadio se hace, pendejos. Ustedes saben, su biologuito sabe que no nos andamos con mamadas; va el aviso y si no le paran actuamos. Esto es a la de ya entiendes”.
Otro grupo, en este caso de periodistas, se ha solidarizado con los amenazados y ha pedido a las autoridades del estado que investiguen, aclaren, se pronuncien e informen al respecto.
Astillero
Primer nocaut
Ganan PRI y Peña Nieto
Presunto secuestro
Pugnas internas
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Tal como largamente se había previsto, el PRI comenzó la tanda electoral del presente año dando una tunda al panismo en una de sus plazas emblemáticas, la de Yucatán, donde ayer arrebató la presidencia municipal de la fundamental Mérida a un alicaído conservadurismo blanquiazul que cedió la plaza luego de 19 años de una continuidad muy accidentada en lo ético y lo administrativo.
La reconquista yucateca (que va más allá de la capital del estado, que por sí misma tiene la más alta valoración) es una victoria muy significativa de la maquinaria de defraudación electoral y de aplicado uso de recursos públicos que a lo largo del país y sobre todo a partir del año pasado han puesto en marcha gobernadores alineados con Enrique Peña Nieto (entre ellos, la hoy beneficiada con ese método de ayuda mutualista, Ivonne Ortega), que mediante la fusión de recursos y mañas van creando la base territorial, económica y electoral para la postulación del hoy mandatario del estado de México y su presunta instalación sindicada en el poder federal.
Para Calderón y el panismo, los resultados en la emblemática entidad donde nació el mentor original del ahora ocupante de Los Pinos, Carlos Castillo Peraza, es una señal clara de los difíciles tiempos en materia de urnas que le esperan al supuesto partido federalmente en el poder a lo largo del presente año, no sólo compitiendo a título individualizado, como lo hizo en Yucatán en esta ocasión, sino incluso mediante las controvertidas alianzas perreánicas que no están ofreciendo la potenciación de fuerza que los estrategas de elite habían previsto. Aun cuando han tenido gran peso en la peninsular recuperación priísta sus afinados factores de manipulación y abuso, que llevan a los panistas a hablar de una elección de Estado, los resultados conocidos ayer también demuestran el agotamiento del estilo panista de gobernar, hipócritamente dedicado al saqueo del erario, claramente alejado de lo social y entregado a lo empresarial, tanto en los planos estatal y municipales de Yucatán como en el escenario nacional donde ya el factor Calderón opera justamente en contra de los intereses comiciales del panismo y donde se producen diarias provisiones de desencanto y enojo sociales que no están encontrando cauce de desahogo partidista más que en el secuestrador del pasado que ahora ofrece mejores tratos y por necesidades de mercadología se dice deseoso de corregir sus históricos errores.
En el limbo que vaticanamente ya no existe quedaba ayer el delicado asunto del supuesto secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Se dice que es supuesto porque oficialmente sólo es una desaparición de persona, aunque en términos políticos, mediáticos, policiacos y militares se maneja como una especie de secuestro VIP, con una concentración y demostración de interés gubernamental que contrasta con la desatención que se da a la inmensa mayoría de los casos similares en que se ven involucradas personas sin la relevancia política y oficialista del ex candidato presidencial panista. Secuestro, y no desaparición, fue además el término que usó ayer el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, es de suponerse que a partir de las pláticas privadas que habría tenido con FCH durante su encuentro en aquellas latitudes adonde el ocupante de Los Pinos concurrió a recibir un premio a título de logros y éxitos cuyo elogio internacional resulta dolorosamente irónico si se ve que las prendas tomadas en cuenta para el festejo del Felipe mexicano son exactamente las que hoy más falta hacen en este país sin liderazgo ni remotamente carismático, sin cohesión social ni bonanza económica.
La nebulosa situación del caso DFC alienta especulaciones en razón de los tumbos e incongruencias que en su manejo ha mostrado el Muy Frecuente Viajero cuyas instancias declarativas habían anunciado primero con toda formalidad la desaparición del llamado Jefe y luego han dejado el tema en tal imprecisión que genera turbiedades especulativas, entre otras la que se pregunta si la difusión del incidente y su automática instalación en altares políticos, mencionándolo como pieza clave en una transición mexicana que evidentemente no se ha dado sino que ha quedado en traumática alternancia simple de siglas partidistas, pudiera tener la intención de fabricar un personaje magnificado para que defendiera más delante los colores e intereses de un partido que hoy no tiene ni la tercera parte de un precandidato importante a la sucesión del felipismo.
A contrapelo de esas interpretaciones que le dan un papel de primera importancia a DFC en un tortuoso proceso de recomposición panista, hay quienes creen ver lo contrario, es decir, que justamente ha sido separado del escenario político el jefe de una corriente política que en la recomposición del Consejo Político del PAN, en puerta, trataría de quitarle dominio al calderonismo crecientemente criticado en los entretelones de ese partido pero ahora difícilmente confrontado por alguien si se tiene a la vista lo que le ha pasado al poderoso opositor barbado.
Otro caído en la batalla mediática de este expediente es Manuel Espino, quien cometió la imprudencia de renviar a su público tuitero el mensaje recibido por alguien presuntamente de su confianza que aseguraba que el controvertido Diego estaría muerto y bajo resguardo militar. Esa escaramuza cibernética ha sido usada por el calderonismo para achacar a Espino intenciones difamatorias fúnebres y con ello inhabilitarlo en la batalla que ha sostenido contra los excesos de alguien a quien sin reparos llamó en días pasados Fecal en el propio Twitter, arguyendo que así era conocido por mucha gente el mismo correligionario a quien, en campaña electoral, había descrito como un chaparrito, pelón y de lentes que, por lo visto, sabe servirse el platillo frío de la venganza.
Y, mientras continúan las versiones encontradas respecto al enigmático Ignacio Coronel, jefe de operaciones del cártel de Sinaloa en la zona de Guadalajara, ¡hasta mañana, con el duranguense Aispuro y las insinuaciones de su emparentamiento enchapado!

Narcopolíticos, la hipocresía
Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF, 14 de mayo (apro).- Ahora resulta que los políticos mexicanos se llaman a sorpresa por la presencia del narcotráfico en la vida política del país.
El asesinato, el pasado jueves, de José Mario Guajardo Varela, candidato del PAN a la presidencia municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, desató “la preocupación” de la clase política mexicana por la intromisión del narcotráfico en el proceso electoral de este año.
Antes que hacer condenas de saliva, los presidentes del PAN, César Nava, y del PRD, Jesús Ortega, tendrían que hacer una revisión de lo que han hecho no pocos de sus militantes para facilitar el desarrollo del narcotráfico en el país.
Diputados, senadores, presidentes municipales y aun gobernadores de ambos partidos han sido, por lo menos, señalados como protectores o de plano piezas del narcotráfico. Si algo ha caracterizado la alternancia del poder político en México ha sido precisamente la consolidación del narcotráfico en la vida política del país.
En 1997, en la Ciudad de México, y en el 2000, a escala nacional, el PRI abandonó el poder en total descrédito, entre otras causas, por los crecientes escándalos de sus funcionarios con la delincuencia organizada. La llegada del PRD al gobierno de la Ciudad de México y del PAN al gobierno federal no cambió en nada esa relación. Al contrario, se diversificó y se consolidó.
Si con el PRI los narcotraficantes tenían que negociar con una autoridad centralizada, con el PAN y el PRD como protagonistas políticos, los grupos de delincuencia organizada aprendieron a negociar con un poder fragmentado.
Por eso es mayor la inestabilidad de los arreglos con el poder político. Los acuerdos varían según cambian las autoridades estatales o locales. En consecuencia, los cuerpos policiales en todo el país, que se han convertido en fuerza del Estado al servicio de la delincuencia, tienen que responder a distintos “jefes” según los tiempos políticos.
El gobernador de Tamaulipas, el priista Eugenio Hernández, cuya lógica maniquea ante este problema es que “le va mal al que se porta mal”, salió al paso con una banal declaración. Dijo que hechos como el asesinato a tiros del candidato –en el que también fueron abatidos su hijo y uno de sus empleados– “manchan a Tamaulipas (y) manchan también el proceso electoral”.
Eugenio Hernández sabe bien que la entidad, de la que es el primer responsable político, hace mucho que se convirtió en ejemplo de ingobernabilidad resultado del poder del narco. Como mínimo, lo que hizo fue hundir la cabeza para no ver la tortuosa condición que ha padecido su estado.
Asiento de uno de los grupos de narcotraficantes más violentos del país –el cartel del Golfo, que hasta fines del 2008 contó con el apoyo de los desertores del Ejército organizados bajo la identidad de Los Zetas–, Tamaulipas se convirtió bajo el gobierno de Hernández en una irrefutable muestra del descontrol territorial por parte del Estado mexicano.
El asesinato del candidato panista da para la retórica, como en su momento lo fue el del candidato del PT a la presidencia municipal de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, en noviembre del 2007.
Guajardo Anzaldúa, por cierto, había señalado a su entonces opositor, el perredista Miguel Ángel Almaraz Maldonado, como responsable del robo de gasolina a los ductos de Pemex, una de las actividades controladas por el cártel del Golfo y Los Zetas. En abril del 2009, Almaraz fue detenido por ese delito.
En la lógica represiva del gobierno de Felipe Calderón, el asesinato de su correligionario sería otro de los éxitos de su estrategia: “Reaccionan de esa manera porque los estamos golpeando”.
La “ridícula minoría” con la que pretendió descalificar a los narcotraficantes hace mucho que se enquistó en el poder político. Desde ahí, gobierna.