GUERRA NO DECLARADA CONTRA TRABAJADORES
7 may 2010
La guerra
LUIS JAVIER GARRIDO
La verdadera guerra que se libra en México no es del gobierno calderonista contra los cárteles del narco, sino contra la clase trabajadora y, por lo mismo, contra los sectores mayoritarios del pueblo.
1. La política en materia laboral del gobierno de Felipe Calderón se ha evidenciado en los hechos con su política de empleo y de precios, al lanzarse de manera desaforada contra los mineros y electricistas y ahora con su intentona de modificar las leyes laborales de la República para terminar con las conquistas obreras del siglo XX, por lo que se puede sintetizar como una verdadera guerra contra la clase trabajadora y contra el pueblo.
2. La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PAN y El Yunque en la Cámara de Diputados el 18 de marzo, que pretende terminar con los sindicatos como organizaciones de defensa de los trabajadores, hacer nulo el derecho de huelga, establecer en México como regla la práctica de una subcontratación –o outsourcing– al margen de cualquier norma legal, y terminar con todos esos cambios con el derecho colectivo del trabajo, el salario mínimo, la jornada máxima y los contratos colectivos, así como con el derecho de los trabajadores a la salud y a la seguridad social, ha sido repudiada por organismos y organizaciones internacionales, por los principales sindicatos y organizaciones democráticas del país y de manera casi unánime por los especialistas en derecho laboral, y a pesar de ello existe el riesgo de que algunos de sus aberrantes principios sean incorporados al marco legal de México.
3. Esta iniciativa, obra personalísima de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo, y del propio Felipe Calderón y sus asesores, no es otra cosa, por consiguiente, que una interpretación criolla abusiva de las tesis del capitalismo neoliberal en materia laboral, que se han conocido como el paquete estratégico, y que los panistas-yunquistas buscan a toda costa hacer aprobar pues desde los centros de poder financiero mundial se reclama de manera cada vez más airada a Calderón y a los panistas que no hayan logrado imponerlo, pues culminaría el diseño trasnacional para México: un país que no ha de ser dueño de sus recursos estratégicos, ni tener capacidad soberana para tomar decisiones, quedando convertido en un vasto campo de saqueo de sus recursos y de explotación de la fuerza de sus trabajadores: el modelo Calderón.
4. Javier Lozano se ha encargado en estos tres años de violar cínicamente las leyes laborales del país y de pisotear la Constitución para servir a consorcios privados: lo mismo Repsol YPF en el sector eléctrico que el Grupo México de Larrea y Salinas en la minería, olvidándose de que al buscar aplastar de manera tan obvia a los electricistas y mineros, cuyos derechos ha violado cínicamente, ha enardecido a amplios sectores de mexicanos que ya no dudan del carácter fascistoide de la administración de facto de Calderón.
5. En la hipótesis de que estas disposiciones aberrantes, o algunas de ellas, fuesen aprobadas por el Congreso de la Unión, lejos de conducir al objetivo buscado por el capital financiero de lograr hacer de México un paraíso para las trasnacionales, en el que los trabajadores no pudiesen esgrimir derechos (la desregulación) y se estableciese un marco seudojurídico que fortaleciese la vía a una mano de obra casi regalada que compitiese con la de China y otros países asiáticos (la globalización laboral), como lo han pretendido desde el inicio del sexenio Calderón y Lozano, lo que se lograría sería algo muy distinto, pues se hundiría al país en la más absoluta ilegalidad, dándose al traste con cualquier pretensión de seguridad jurídica.
6. La aprobación del engendro seudojurídico de Lozano ahondaría esa especie de esquizofrenia jurídica a la que están llevando al país los neoliberales del PRI y ahora los fanáticos panistas: a) por un lado estarían la Constitución con su artículo 123 y los tratados internacionales suscritos por México en materias laboral y de derechos individuales y sociales (ninguno de los cuales ha sido denunciado por los últimos gobiernos), es decir la legislación vigente, así como la cultura política forjada en el último siglo que ha asumido que las reformas alcanzadas por la clase trabajadora son intocables, y b) por el otro, se hallarían una serie de leyes secundarias (que contravendrían a la Constitución) y las prácticas y usos de las corporaciones trasnacionales, a las que se han acostumbrado en los países asiáticos.
7. Los señuelos que este nuevo marco seudojurídico entraña para las dirigencias corruptas de muchos sindicatos son múltiples, pero uno llama la atención: el de definir a los sindicatos como asociaciones de interés público, misma noción que se estableció en 1977 y se amplió en 1989 en el 41 constitucional para caracterizar a los partidos políticos, que entonces dejaron de ser entidades privadas para convertirse en públicas, pues tienen no sólo derechos y obligaciones sino también prerrogativas: es decir, un financiamiento público, que no debe olvidarse es por encima y por debajo de la mesa. De esta manera se legalizaría el que no sólo los dirigentes corruptos de algunos sindicatos y centrales, como Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), Carlos Romero Deschamps (petroleros) o Víctor Flores (ferrocarrileros), recibieran fondos públicos, sino que se intentaría comprar y someter a todos los dirigentes sindicales a fin de que respalden el nuevo marco seudojurídico, presuntamente neoliberal.
8. Baste recordar que durante el gobierno de Marta y Vicente Fox se creó un marco seudojurídico similar para las organizaciones no gubernamentales u ONG que se reconvirtieron en 2004 en organizaciones de la sociedad civil u OSC tras la expedición de la Ley Federal de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles (Diario Oficial de la Federación, 9/02/04), que las estimó entidades de interés público susceptibles de un cuantioso financiamiento público, por lo que dejaron de estar financiadas por recursos europeos, como había establecido la UNESCO, para entrarle con singular fruición al dinero del Estado, que en México ya se sabe es del gobierno, y transformarse en auxiliares de éste en sus políticas asistenciales y en la compra del voto, especialmente las vinculadas al clero católico. Desde entonces las grandes corporaciones trasnacionales lanzaron en México y en América Central (donde se establecieron marcos seudolegales similares) vastos programas de apoyo a la sociedad civil, es decir a las OSC.
9. El nuevo orden neoliberal mundial supone de tal suerte a partidos, OSC y sindicatos de trabajadores sometidos al poder de decisión de las multinacionales, para configurar un totalitarismo no conocido en la historia moderna. No hay, por lo mismo, en las políticas ni en la iniciativa de contrarreforma laboral de Calderón y Lozano, un simple intento visceral y enfermo para coartarles sus derechos individuales y sociales a los trabajadores, destruir a los sindicatos como organizaciones de defensa de la clase trabajadora y abrogar en México el derecho colectivo del trabajo, sino una intentona de dos fanáticos corruptos de la derecha trasnacional ansiosos de servir a intereses corporativos para destruir el orden republicano en México y hacer de este país un protectorado de Washington en el que los trabajadores no sean más que la más barata y prescindible de las mercancías.
10. Los electricistas en huelga de hambre, los mineros de Cananea resistiendo por años, el pueblo empobrecido, los miles de manifestantes del primero de mayo saben empero que la razón está de su lado y que tarde o temprano van a triunfar.
LUIS JAVIER GARRIDO
La verdadera guerra que se libra en México no es del gobierno calderonista contra los cárteles del narco, sino contra la clase trabajadora y, por lo mismo, contra los sectores mayoritarios del pueblo.
1. La política en materia laboral del gobierno de Felipe Calderón se ha evidenciado en los hechos con su política de empleo y de precios, al lanzarse de manera desaforada contra los mineros y electricistas y ahora con su intentona de modificar las leyes laborales de la República para terminar con las conquistas obreras del siglo XX, por lo que se puede sintetizar como una verdadera guerra contra la clase trabajadora y contra el pueblo.
2. La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PAN y El Yunque en la Cámara de Diputados el 18 de marzo, que pretende terminar con los sindicatos como organizaciones de defensa de los trabajadores, hacer nulo el derecho de huelga, establecer en México como regla la práctica de una subcontratación –o outsourcing– al margen de cualquier norma legal, y terminar con todos esos cambios con el derecho colectivo del trabajo, el salario mínimo, la jornada máxima y los contratos colectivos, así como con el derecho de los trabajadores a la salud y a la seguridad social, ha sido repudiada por organismos y organizaciones internacionales, por los principales sindicatos y organizaciones democráticas del país y de manera casi unánime por los especialistas en derecho laboral, y a pesar de ello existe el riesgo de que algunos de sus aberrantes principios sean incorporados al marco legal de México.
3. Esta iniciativa, obra personalísima de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo, y del propio Felipe Calderón y sus asesores, no es otra cosa, por consiguiente, que una interpretación criolla abusiva de las tesis del capitalismo neoliberal en materia laboral, que se han conocido como el paquete estratégico, y que los panistas-yunquistas buscan a toda costa hacer aprobar pues desde los centros de poder financiero mundial se reclama de manera cada vez más airada a Calderón y a los panistas que no hayan logrado imponerlo, pues culminaría el diseño trasnacional para México: un país que no ha de ser dueño de sus recursos estratégicos, ni tener capacidad soberana para tomar decisiones, quedando convertido en un vasto campo de saqueo de sus recursos y de explotación de la fuerza de sus trabajadores: el modelo Calderón.
4. Javier Lozano se ha encargado en estos tres años de violar cínicamente las leyes laborales del país y de pisotear la Constitución para servir a consorcios privados: lo mismo Repsol YPF en el sector eléctrico que el Grupo México de Larrea y Salinas en la minería, olvidándose de que al buscar aplastar de manera tan obvia a los electricistas y mineros, cuyos derechos ha violado cínicamente, ha enardecido a amplios sectores de mexicanos que ya no dudan del carácter fascistoide de la administración de facto de Calderón.
5. En la hipótesis de que estas disposiciones aberrantes, o algunas de ellas, fuesen aprobadas por el Congreso de la Unión, lejos de conducir al objetivo buscado por el capital financiero de lograr hacer de México un paraíso para las trasnacionales, en el que los trabajadores no pudiesen esgrimir derechos (la desregulación) y se estableciese un marco seudojurídico que fortaleciese la vía a una mano de obra casi regalada que compitiese con la de China y otros países asiáticos (la globalización laboral), como lo han pretendido desde el inicio del sexenio Calderón y Lozano, lo que se lograría sería algo muy distinto, pues se hundiría al país en la más absoluta ilegalidad, dándose al traste con cualquier pretensión de seguridad jurídica.
6. La aprobación del engendro seudojurídico de Lozano ahondaría esa especie de esquizofrenia jurídica a la que están llevando al país los neoliberales del PRI y ahora los fanáticos panistas: a) por un lado estarían la Constitución con su artículo 123 y los tratados internacionales suscritos por México en materias laboral y de derechos individuales y sociales (ninguno de los cuales ha sido denunciado por los últimos gobiernos), es decir la legislación vigente, así como la cultura política forjada en el último siglo que ha asumido que las reformas alcanzadas por la clase trabajadora son intocables, y b) por el otro, se hallarían una serie de leyes secundarias (que contravendrían a la Constitución) y las prácticas y usos de las corporaciones trasnacionales, a las que se han acostumbrado en los países asiáticos.
7. Los señuelos que este nuevo marco seudojurídico entraña para las dirigencias corruptas de muchos sindicatos son múltiples, pero uno llama la atención: el de definir a los sindicatos como asociaciones de interés público, misma noción que se estableció en 1977 y se amplió en 1989 en el 41 constitucional para caracterizar a los partidos políticos, que entonces dejaron de ser entidades privadas para convertirse en públicas, pues tienen no sólo derechos y obligaciones sino también prerrogativas: es decir, un financiamiento público, que no debe olvidarse es por encima y por debajo de la mesa. De esta manera se legalizaría el que no sólo los dirigentes corruptos de algunos sindicatos y centrales, como Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), Carlos Romero Deschamps (petroleros) o Víctor Flores (ferrocarrileros), recibieran fondos públicos, sino que se intentaría comprar y someter a todos los dirigentes sindicales a fin de que respalden el nuevo marco seudojurídico, presuntamente neoliberal.
8. Baste recordar que durante el gobierno de Marta y Vicente Fox se creó un marco seudojurídico similar para las organizaciones no gubernamentales u ONG que se reconvirtieron en 2004 en organizaciones de la sociedad civil u OSC tras la expedición de la Ley Federal de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles (Diario Oficial de la Federación, 9/02/04), que las estimó entidades de interés público susceptibles de un cuantioso financiamiento público, por lo que dejaron de estar financiadas por recursos europeos, como había establecido la UNESCO, para entrarle con singular fruición al dinero del Estado, que en México ya se sabe es del gobierno, y transformarse en auxiliares de éste en sus políticas asistenciales y en la compra del voto, especialmente las vinculadas al clero católico. Desde entonces las grandes corporaciones trasnacionales lanzaron en México y en América Central (donde se establecieron marcos seudolegales similares) vastos programas de apoyo a la sociedad civil, es decir a las OSC.
9. El nuevo orden neoliberal mundial supone de tal suerte a partidos, OSC y sindicatos de trabajadores sometidos al poder de decisión de las multinacionales, para configurar un totalitarismo no conocido en la historia moderna. No hay, por lo mismo, en las políticas ni en la iniciativa de contrarreforma laboral de Calderón y Lozano, un simple intento visceral y enfermo para coartarles sus derechos individuales y sociales a los trabajadores, destruir a los sindicatos como organizaciones de defensa de la clase trabajadora y abrogar en México el derecho colectivo del trabajo, sino una intentona de dos fanáticos corruptos de la derecha trasnacional ansiosos de servir a intereses corporativos para destruir el orden republicano en México y hacer de este país un protectorado de Washington en el que los trabajadores no sean más que la más barata y prescindible de las mercancías.
10. Los electricistas en huelga de hambre, los mineros de Cananea resistiendo por años, el pueblo empobrecido, los miles de manifestantes del primero de mayo saben empero que la razón está de su lado y que tarde o temprano van a triunfar.
Pederastia vs educación sexual
GABRIELA RODRÍGUEZ
Habrá que celebrar que el secretario de Educación Publica saliera a la defensa de la educación sexual, y sobre todo de la educación laica, en especial después de 10 años de retroceso en las políticas públicas que vienen imponiendo los gobiernos panistas. Esto ocurre luego de las escandalosas declaraciones que hizo Felipe Arizmendi contra los libros de educación sexual de la SEP culpándolos del libertinaje sexual y hasta de las dificultades que experimentan los curas y los padres de familia para respetar a los niños. El obispo de San Cristóbal de las Casas me envió un artículo como reacción a la colaboración anterior de este diario en la que hice una crítica severa a sus declaraciones. El documento reitera su posición inicial y cantinflea con el tema del laicismo, lo defiende y ataca simultáneamente: “ la educación sexual que se cimenta en la moral natural no es dogmatismo religioso y no implica la violación al laicismo, ni a la necesaria separación entre Iglesia y Estado (…) La vivencia de la fe cristiana, que no compete a la escuela oficial, ayuda a dar a la sexualidad el lugar sublime que Dios le dio, como expresión de amor total”.
Pero en la defensa de la laicidad del Estado, Alonso Lujambio fue contundente: Estos libros hablan, específicamente, de manera responsable, de la muy particular naturaleza de la sexualidad humana, precisamente para generar las condiciones que propicien que los niños y las niñas asuman responsable y cabalmente las consecuencias de sus actos. También sugirió que la educación sexual fuera integral, que se agregue un componente moral. Sin embargo no es responsabilidad del sistema de educación pública proveer de valores morales a los estudiantes, sino de información práctica. Ni la Iglesia ni la SEP son quienes para decidir los valores sexuales que se deben inculcar a los niños. Lo mejor que pueden hacer los profesores es informar sobre los riesgos y ventajas de las diversas prácticas sexuales y responder de manera neutral y libre de valores religiosos ante las diferentes inquietudes de los estudiantes; lo que decida hacer cada quien con esa información es algo que ni el gobierno ni la Iglesia pueden ni deben controlar.
Pero, ¿qué está haciendo la SEP ante el abuso sexual contra menores? El grave problema con los funcionarios mexicanos es que nunca van más allá de las declaraciones políticamente correctas, y en muchas ocasiones actúan traicionándolas en lugar de ejecutarlas: no parece interesarles la seguridad de los menores, no se comprometen, no hay voluntad política para cambiar las cosas ni para invertir en la instrumentación de programas ni en la creación de estrategias efectivas ni en la profesionalización de los servidores públicos ni en acciones que de veras mejoren la calidad de la educación, y de la educación sexual, en particular. Recientemente José Bonilla, abogado de menores que fueron víctimas de abuso sexual y presidente de la Fundación de la Mano con la Justicia, dio a conocer que la Legión de Cristo lo ha estado amenazando e intimidando y lamentó que al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, no le interesen esos casos: Él tiene toda la información, hay un proceso (de su caso) en la dependencia y no hemos recibido ninguna comunicación. Además, hace días el secretario dijo que esos casos iban más allá de su competencia. Ese comentario es lamentable.
Porque está claro que las decisiones de alta política pueden jugar un papel trascendente cuando se miran horizontes amplios y se asume la responsabilidad de Estado. Tal es el caso de Alemania ante la pederastia sacerdotal. Luego de que 300 ex estudiantes católicos hicieran denuncias de abuso sexual y físico, la canciller Angela Merkel dijo que el escándalo de abusos sexuales por sacerdotes que sacude la tierra del papa Benedicto XVI es un gran reto para la sociedad alemana y advirtió que la única forma de lidiar con ello es averiguar la verdad sobre todo lo que ha sucedido (...) El daño sufrido por las víctimas nunca podrá ser reparado totalmente. Y en una reunión de arranque de mesas de trabajo gubernamentales para atender el problema, la ministra de Familia dijo que lo importante es analizar los sucesos y formular medidas para hacer el abuso sexual contra niños prácticamente imposible. La ministra de Justicia manifestó que se estudiarán las formas de reconocer legalmente el sufrimiento que se causó a las víctimas. Schavan, ministra de Educación, señaló a su vez que la meta principal es hacer justicia a los afectados y mejorar en forma considerable la prevención contra el abuso sexual infantil en escuelas e instalaciones eclesiásticas.
La diferencia en la respuesta del Estado es abismal, porque en México la ética de Estado hace mucho que brilla por su ausencia.
GABRIELA RODRÍGUEZ
Habrá que celebrar que el secretario de Educación Publica saliera a la defensa de la educación sexual, y sobre todo de la educación laica, en especial después de 10 años de retroceso en las políticas públicas que vienen imponiendo los gobiernos panistas. Esto ocurre luego de las escandalosas declaraciones que hizo Felipe Arizmendi contra los libros de educación sexual de la SEP culpándolos del libertinaje sexual y hasta de las dificultades que experimentan los curas y los padres de familia para respetar a los niños. El obispo de San Cristóbal de las Casas me envió un artículo como reacción a la colaboración anterior de este diario en la que hice una crítica severa a sus declaraciones. El documento reitera su posición inicial y cantinflea con el tema del laicismo, lo defiende y ataca simultáneamente: “ la educación sexual que se cimenta en la moral natural no es dogmatismo religioso y no implica la violación al laicismo, ni a la necesaria separación entre Iglesia y Estado (…) La vivencia de la fe cristiana, que no compete a la escuela oficial, ayuda a dar a la sexualidad el lugar sublime que Dios le dio, como expresión de amor total”.
Pero en la defensa de la laicidad del Estado, Alonso Lujambio fue contundente: Estos libros hablan, específicamente, de manera responsable, de la muy particular naturaleza de la sexualidad humana, precisamente para generar las condiciones que propicien que los niños y las niñas asuman responsable y cabalmente las consecuencias de sus actos. También sugirió que la educación sexual fuera integral, que se agregue un componente moral. Sin embargo no es responsabilidad del sistema de educación pública proveer de valores morales a los estudiantes, sino de información práctica. Ni la Iglesia ni la SEP son quienes para decidir los valores sexuales que se deben inculcar a los niños. Lo mejor que pueden hacer los profesores es informar sobre los riesgos y ventajas de las diversas prácticas sexuales y responder de manera neutral y libre de valores religiosos ante las diferentes inquietudes de los estudiantes; lo que decida hacer cada quien con esa información es algo que ni el gobierno ni la Iglesia pueden ni deben controlar.
Pero, ¿qué está haciendo la SEP ante el abuso sexual contra menores? El grave problema con los funcionarios mexicanos es que nunca van más allá de las declaraciones políticamente correctas, y en muchas ocasiones actúan traicionándolas en lugar de ejecutarlas: no parece interesarles la seguridad de los menores, no se comprometen, no hay voluntad política para cambiar las cosas ni para invertir en la instrumentación de programas ni en la creación de estrategias efectivas ni en la profesionalización de los servidores públicos ni en acciones que de veras mejoren la calidad de la educación, y de la educación sexual, en particular. Recientemente José Bonilla, abogado de menores que fueron víctimas de abuso sexual y presidente de la Fundación de la Mano con la Justicia, dio a conocer que la Legión de Cristo lo ha estado amenazando e intimidando y lamentó que al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, no le interesen esos casos: Él tiene toda la información, hay un proceso (de su caso) en la dependencia y no hemos recibido ninguna comunicación. Además, hace días el secretario dijo que esos casos iban más allá de su competencia. Ese comentario es lamentable.
Porque está claro que las decisiones de alta política pueden jugar un papel trascendente cuando se miran horizontes amplios y se asume la responsabilidad de Estado. Tal es el caso de Alemania ante la pederastia sacerdotal. Luego de que 300 ex estudiantes católicos hicieran denuncias de abuso sexual y físico, la canciller Angela Merkel dijo que el escándalo de abusos sexuales por sacerdotes que sacude la tierra del papa Benedicto XVI es un gran reto para la sociedad alemana y advirtió que la única forma de lidiar con ello es averiguar la verdad sobre todo lo que ha sucedido (...) El daño sufrido por las víctimas nunca podrá ser reparado totalmente. Y en una reunión de arranque de mesas de trabajo gubernamentales para atender el problema, la ministra de Familia dijo que lo importante es analizar los sucesos y formular medidas para hacer el abuso sexual contra niños prácticamente imposible. La ministra de Justicia manifestó que se estudiarán las formas de reconocer legalmente el sufrimiento que se causó a las víctimas. Schavan, ministra de Educación, señaló a su vez que la meta principal es hacer justicia a los afectados y mejorar en forma considerable la prevención contra el abuso sexual infantil en escuelas e instalaciones eclesiásticas.
La diferencia en la respuesta del Estado es abismal, porque en México la ética de Estado hace mucho que brilla por su ausencia.
En México, "holocausto" centroamericano
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.
Los firmantes exponen su frustración:
“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”
Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.
Súplicas a “Los Zetas”
La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.
El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.
“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.
Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.
En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.
“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.
Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.
“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”
Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.
Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.
Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.
Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.
Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.
A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.
Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.
Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.
Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.
“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.
Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.
Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.
El poder de una empresa
La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.
En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.
De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.
Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.
De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.
Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.
“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.
La ruta del acoso
Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:
“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.
Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.
El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.
El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.
El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.
Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.
“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.
Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.
En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a un “holocausto migratorio”.
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema, lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia; Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han sido objeto de agresiones y amenazas.
Los firmantes exponen su frustración:
“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”
Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.
Súplicas a “Los Zetas”
La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los migrantes.
El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más violento de los grupos agresores.
“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en septiembre del mismo año.
Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata laboral y sexual de personas.
En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5 millones de dólares.
“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono, pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice Pantoja.
Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de “infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los miembros de ese grupo”.
“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata laboral.”
Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.
Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no sirven, “desaparecen”.
Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en “verdugos” migratorios.
Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas se han topado sólo con evasivas.
Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades cercenadas.
A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos, Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí están autorizados, por ser de carácter reservado.
Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.
Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.
Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.
“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones Consulares”, dice.
Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM, sostiene el organismo, jamás la ha dado.
Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.
El poder de una empresa
La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y privada.
En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha convertido en referente de extorsión a migrantes.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén, Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados y arrojados del tren en marcha.
De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes, lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los guardias de Disepco.
Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.
De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que, en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la denuncia correspondiente.
Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.
“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”, sostiene Pantoja.
La ruta del acoso
Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:
“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan alcanzar la franja fronteriza”.
Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que ingresan a la ciudad en busca de comida.
El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.
El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales, por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.
El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.
Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video, presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó dentro de la patrulla.
“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las lesiones que presentaba.
Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada doméstica, el 30 de octubre.
En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.
