LA FACTURA DE LA MILICIA

Fuero de guerra
JORGE CAMIL
En el delicado tema del fuero de guerra, el Ejército está atrapado en una encrucijada. Por una parte está la costumbre inveterada, que viene desde tiempos de la Colonia y del texto de la Constitución de 1824, y por la otra los compromisos internacionales y la apertura del sistema político. En la actualidad, la reclamación de facto del fuero de guerra se basa en una interpretación equivocada de la Constitución y del Código de Justicia Militar, la estrecha relación con el Ejecutivo, y la privilegiada posición del Ejército en el sistema político. Tampoco debemos olvidar la doble función del secretario de la Defensa como suprema autoridad administrativa y judicial del instituto armado.
Hasta el sexenio actual el Ejército le respondía en forma inmediata al secretario del ramo, y en una instancia más remota al comandante supremo, el Presidente de la República. Hoy, a partir de la declaración de guerra al crimen organizado, el Ejército se fundió en una relación simbiótica con el Ejecutivo; una relación que ha afectado la imagen del instituto armado, incrementado las denuncias de violaciones a los derechos humanos y puesto en la mesa del debate nacional el tema de la definición y alcances del fuero de guerra.
La Constitución no define el fuero de guerra. Sólo determina que nadie puede ser juzgado por tribunales o leyes especiales, pero que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. El claro sentido del artículo 13 constitucional era limitar finalmente el fuero de guerra, que durante la Colonia se extendió a familiares de los militares, para convertirlo en un tema de simple jurisdicción. La realidad ha sido otra.
El Código de Justicia Militar, que interpreta la Constitución de 1917, determina que los delitos típicos contra la disciplina militar sujetos al fuero de guerra son, entre otros, los obvios: traición a la patria, sedición, espionaje, deserción, y los del orden común cometidos por militares en servicio, o con motivo de actos del mismo.
La pregunta lacerante que continúan formulando las organizaciones de derechos humanos, particularmente Human Rights Watch (HRW), es si las violaciones sexuales, la tortura, las desapariciones forzadas y la ejecución ilegal de civiles indefensos, como las ocurridas en los retenes y en los enfrentamientos con el narco, son delitos o faltas contra la disciplina militar. Para el tema de los derechos humanos era más claro el artículo 13 de la Constitución de 1857, que aplicaba el fuero militar solamente para delitos y faltas que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar.
La cuestión es determinar si la participación en la guerra contra el crimen es parte del servicio militar. En este tema existe una clara jurisprudencia de la Suprema Corte que definió en 2005 el término en servicio como la realización de funciones propias e inherentes al cargo que se desempeña. Con este criterio, jamás se considerarían sujetas al fuero de guerra las más de 4 mil quejas de violaciones militares a los derechos humanos presentadas en el sexenio actual. (Lo increíble es que en algunos de estos casos el Ejército, con el fin de no litigar, y de preservar intacta la ficción del fuero de guerra, paga compensaciones a las víctimas, pero según HRW no castiga a los culpables: la ropa sucia se lava en casa.)
Mucho se ha dicho sobre la facultad del Ejecutivo para involucrar al Ejército en la guerra contra el crimen organizado. El argumento del gobierno es el artículo 89 constitucional, que le permite al presidente disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente... para la seguridad interior. El problema es que el Ejército mismo no compra hoy un argumento con el que los presidentes utilizaban al Ejército para romper huelgas y controlar movimientos sociales. Así surgió Tlatelolco, un movimiento en el que nadie se hubiera atrevido a cuestionar entonces a Gustavo Díaz Ordaz, y posteriormente acusarlo de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes asesinados.
Lo que el gobierno no quiere reconocer, pero algunos altos mandos han comenzado a vislumbrar, es que la guerra contra el crimen organizado, más que un tema de seguridad interior, se convirtió en un asunto de subsistencia del Estado: una guerra civil que ha exacerbado la violencia, fomentado la inseguridad y puesto en peligro la supervivencia misma de la nación. El general secretario reconoció en una declaración que posteriormente pretendió aclarar, que algunos generales se rehusaban a intervenir hasta que tuvieran un marco legal que los protegiera contra posibles comisiones de la verdad o fiscalías para delitos del pasado.
No obstante, en las críticas del Ejército a la minuta del Senado sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se asoma la verdadera manzana de la discordia: el fuero de guerra. Para el Ejército es un tema de costumbre inveterada, de honor y de conveniencia. Tal vez ahora los militares estén comprendiendo finalmente que el fuero de guerra será el verdadero costo de su participación en la guerra contra el crimen organizado.

Mujeres vs mujeres
Sara Lovera
MÉXICO, D.F., 13 de mayo (apro).- Este domingo 16 arranca la definición de autoridades en procesos electorales que abarcan a casi la mitad del país. La primera elección será en Yucatán, donde se renueva el Congreso local, con 25 diputaciones, así como autoridades de 106 municipios.
Yucatán es el primer laboratorio donde se pondrá a prueba la temida vuelta del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hasta el momento de escribir esta columna, la situación era tensa y las acusaciones incluían la preparación de un fraude.
En el centro del escenario, como seguro sucederá en otros espacios electorales de 2010, están varias mujeres: la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco; dos candidatas para el gobierno de Mérida: Angélica Araujo Aragón, por el PRI, y Beatriz Zavala Peniche, por el PAN, además de la presidenta estatal de Acción Nacional, Magaly Cruz Nucamendi.
En Mérida, capital del estado de Yucatán, el análisis político habla de “pugna encarnizada”. Van y vienen las acusaciones de la probable manipulación de los votantes. A 40 grados de temperatura, se habla de un gobierno estatal lleno de descaro, cinismo, impunidad, frivolidad y terror. Preside una mujer gobernadora, la primera que, a pesar de todas las demandas y tradiciones, promovió el cambio constitucional para dar capacidad jurídica al feto.
En Yucatán, dicen los analistas, se juega el futuro del país. Y fue en esa entidad donde anidó el avance histórico de las mujeres, donde se legalizó el aborto por razones económicas en 1923, donde floreció el proyecto del partido Socialista del Sureste, donde las mujeres se reunían todos los lunes para aprender cómo controlar sus cuerpos y sus vidas, donde hubo la primera diputada local del país –Elvia Carrillo Puerto– y, en esa península mexicana, Alma Reed llevó a las mujeres el libro de Margaret Langer, relativo a los métodos anticonceptivos.
Ivonne Ortega Pacheco, sobrina de un cacique político, está al frente para garantizar lo que la dirigencia del PRI considera “ganar de todas”, como declaró el 10 de mayo la dirigente priista Beatriz Paredes Rangel.
Estas mujeres, en estos escenarios de la realpolitik, son la viva prueba de la degradación de la política en México, de cómo hombres y mujeres se vuelven, por el poder, espejos y reflejos del deterioro que vive México.
Las mujeres políticas, algunas promotoras de diversas iniciativas, que hablan de las mujeres como víctimas, que retratan su ternura y su “debilidad”, quieren estar en el centro del “chiquero político”; otras inocentes, acompañadas de las primeras, creen que en esta terrible crisis aún vale la pena luchar, ellas luchan por la paridad, es decir, porque en los procesos políticos se considere a mujeres en la misma medida que a los hombres, han comenzado una campaña por el 50%.
En Yucatán se verá hasta dónde las mujeres, arrastradas por el deseo de poder, pueden llegar a acciones y ofensas, a respuestas políticas tan antidemocráticas como lo hacen los hombres. Las mujeres en el poder son capaces de admitir todos los tamices, adoptar acciones contra todas las otras mujeres, como el caso de la gobernadora de Yucatán. Pero lo más grave es que las mujeres, en un sistema político de fraude y trampa, se enlodan como cualquier otra persona.
Lo más terrible es que en Yucatán, para las elecciones del domingo, se usará el hambre, la tristeza, la desgracia nacional de los migrantes para engordar las listas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que los utilizaría para generar más votos a su favor. La “estrategia” fue cambiar sus domicilios en las credenciales de elector, y se les llevará el próximo fin de semana para que voten, luego volverán a los campos de cultivo o a los peligros de los desiertos, a arriesgar sus vidas en Estados Unidos.
Esta pérdida total de valores no sé donde la aprendió Ivonne, tal vez, dicen, de su tío el cacique de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco.
Recuerdo que Ivonne fue entrenada por algunas de las políticas que quieren regresar al escenario, cuando Rosario Robles y otras mujeres crearon una empresa llamada El Sostén; lo que es claro es que Ivonne no fue capaz de aprehender la tradición de su propio partido, de su tierra liberal, de sus ancestros socialistas.
En Mérida, Josefina Vázquez Mota, diputada federal y exsecretaria de Educación, dijo que el 16 de mayo “se juega no sólo esa ciudad, el municipio de Mérida, sino el destino de muchos territorios del país”.
En Mérida, dos señoras, de las que eran de antes, con honorabilidad y no sólo pragmatismo, Dulce María Sauri Riancho, otrora gobernadora y también dirigente nacional del PRI, y Ana Rosa Payán, dos veces alcaldesa de la capital yucateca, lograron diálogo plural y respetaron las elecciones. Ahora la alumna de El Sostén, doña Ivonne, está dispuesta a violar todas las leyes para que el PRI regrese al poder, a pesar de que no gobierna Mérida hace 20 años.
Así las cosas y las mujeres, confundidas entre las feministas, quieren entrar a este juego y arrastrar a inocentes y a interesadas. La transformación hoy es más clara que nunca, no viene a través de los procesos políticos tradicionales en México, mientras no haya democracia y reforma del Estado o una nueva Constituyente.