LA INFAMIA DE LA FUERZA
27 may 2010
Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles
Amnistia Internacional
Ejecuciones, desaparición forzada y tortura, entre los delitos denunciados
En México sigue muy arraigada la impunidad, revela en su informe anual
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 2
En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y municipales, sostiene Amnistía Internacional (AI), en su informe 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo.
La organización documenta en ese informe, el cual se presentará este jueves a la opinión pública mundial, la situación en 2009 de los derechos humanos en 159 países, y subraya que en México continúa muy arraigada la impunidad en los casos de violaciones graves a las garantías individuales cometidas en el pasado, y las pesquisas de centenares de casos perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y 80 siguen paralizadas.
AI mencionó que familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares por violaciones en la materia fueron amenazadas y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos.
Las agresiones contra mujeres en su comunidad y el hogar siguieron siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados, afirma Amnistía, y ejemplifica: continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro.
Refiere que en una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, los congresos de 17 de las otras 31 entidades modificaron sus constituciones con el fin de garantizar el derecho a la vida desde la concepción.
Por otra parte, AI precisa que bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Asimismo, 12 periodistas fueron asesinados y activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos.
Reseña casos de comunidades indígenas marginadas en cuyas tierras se deseaba realizar proyectos de desarrollo económico y que corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o se les negó el derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.
Asevera que las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por casos confirmados de violaciones graves a las garantías crecieron más de ciento por ciento el año anterior, al pasar de 14 en 2008 a 30.
La justicia militar, afirma AI, sigue investigando y juzgando casos de violaciones en la materia cometidas por el Ejército. Cita el caso de los cuatro civiles desarmados a los que efectivos castrenses mataron a tiros en Santiago de Caballeros, en el estado de Sinaloa, en marzo de 2008, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sus familiares no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.
En marzo de 2009, apunta, miembros del Ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cuerpos ni el informe de la autopsia.
La Sedena reconoció en mayo del año pasado que se había detenido a 12 militares, pero no se proporcionó información sobre los cargos ni sobre el juicio.
De igual manera, enfatiza que en marzo de 2009, tras detenerlos, el Ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados, en una base militar. Después de ser acusados formalmente, se les trasladó a un penal en Tepic, Nayarit. No se tienen noticias de que se haya investigado la tortura.
Señala que la ley de la Policía Federal promulgada en junio pasado establece un único cuerpo policiaco dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y realizar investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.
Acusa que en febrero del año pasado, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey, Nuevo León. Pese a que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos”.
En marzo de 2009, la Policía Federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio, en la capital de Chihuahua. Fue golpeado y amenazado de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Lo pusieron en libertad sin cargos, presentó denuncia y al cierre del informe no se sabía si las investigaciones avanzaban.
AI resalta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que declaró a México “responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva indagatoria de carácter civil, reparaciones para los familiares y la reforma al Código de Justicia Militar que impida a la justicia militar realizar pesquisas y juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Se terminó la hora de la retórica, se requieren acciones, por lo que pide cumplir con ese fallo que vence en diciembre y el cual sigue pendiente.
Ordena el IFAI a la PGR abrir expediente de Luis Echeverría y la matanza del 68
Daniel Lizárraga
MÉXICO, DF, 26 de mayo (apro).- A siete años de su creación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) emitió una de sus resoluciones de mayor trascendencia, al ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir la investigación por la que determinó que el expresidente Luis Echeverría era culpable de genocidio y privación ilegal de la libertad durante el movimiento estudiantil de 1968.
El exmandatario fue detenido por estos hechos, sin embargo, logró evadir las acusaciones en su contra mediante amparos y sentencias de jueces federales, quienes consideraron que la PGR no pudo acreditar el delito de genocidio, así como el de secuestro.
Con esta resolución quedarán abiertos los tomos de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002, relativa a la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y, con ello, podrá valorarse por parte de especialistas en derecho en qué y cómo fue que el gobierno erró el camino cuando trató de poner tras las rejas a uno de los exmandatarios más controvertido del régimen priista.
En su primera respuesta a una solicitud de acceso a la información, la PGR calificó la investigación de “reservada”, fundamentando su negativa en las recientes reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, que impiden conocer las pesquisas aun cuando éstas ya estén concluidas.
Pero en esta ocasión la PGR no pudo sostenerse de esa enmienda.
La comisionada Sigrid Arzt Colunga revocó la reserva con el argumento de que las investigaciones por violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad son públicas por definición una vez que estén cerradas.
En el expediente, Artz puntualizó que el Estado mexicano reconoció el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el 2005, instrumento aprobado como norma jurídica por el propio Senado de la República.
La comisionada destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado en tesis que en caso de que funcionarios públicos estén relacionados con la violación de derechos humanos, lo que impera es la publicidad de las investigaciones.
Amnistia Internacional
Ejecuciones, desaparición forzada y tortura, entre los delitos denunciados
En México sigue muy arraigada la impunidad, revela en su informe anual
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 2
En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y municipales, sostiene Amnistía Internacional (AI), en su informe 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo.
La organización documenta en ese informe, el cual se presentará este jueves a la opinión pública mundial, la situación en 2009 de los derechos humanos en 159 países, y subraya que en México continúa muy arraigada la impunidad en los casos de violaciones graves a las garantías individuales cometidas en el pasado, y las pesquisas de centenares de casos perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y 80 siguen paralizadas.
AI mencionó que familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares por violaciones en la materia fueron amenazadas y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos.
Las agresiones contra mujeres en su comunidad y el hogar siguieron siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados, afirma Amnistía, y ejemplifica: continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro.
Refiere que en una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, los congresos de 17 de las otras 31 entidades modificaron sus constituciones con el fin de garantizar el derecho a la vida desde la concepción.
Por otra parte, AI precisa que bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Asimismo, 12 periodistas fueron asesinados y activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos.
Reseña casos de comunidades indígenas marginadas en cuyas tierras se deseaba realizar proyectos de desarrollo económico y que corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o se les negó el derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.
Asevera que las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por casos confirmados de violaciones graves a las garantías crecieron más de ciento por ciento el año anterior, al pasar de 14 en 2008 a 30.
La justicia militar, afirma AI, sigue investigando y juzgando casos de violaciones en la materia cometidas por el Ejército. Cita el caso de los cuatro civiles desarmados a los que efectivos castrenses mataron a tiros en Santiago de Caballeros, en el estado de Sinaloa, en marzo de 2008, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sus familiares no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.
En marzo de 2009, apunta, miembros del Ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cuerpos ni el informe de la autopsia.
La Sedena reconoció en mayo del año pasado que se había detenido a 12 militares, pero no se proporcionó información sobre los cargos ni sobre el juicio.
De igual manera, enfatiza que en marzo de 2009, tras detenerlos, el Ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados, en una base militar. Después de ser acusados formalmente, se les trasladó a un penal en Tepic, Nayarit. No se tienen noticias de que se haya investigado la tortura.
Señala que la ley de la Policía Federal promulgada en junio pasado establece un único cuerpo policiaco dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y realizar investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.
Acusa que en febrero del año pasado, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey, Nuevo León. Pese a que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos”.
En marzo de 2009, la Policía Federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio, en la capital de Chihuahua. Fue golpeado y amenazado de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Lo pusieron en libertad sin cargos, presentó denuncia y al cierre del informe no se sabía si las investigaciones avanzaban.
AI resalta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que declaró a México “responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva indagatoria de carácter civil, reparaciones para los familiares y la reforma al Código de Justicia Militar que impida a la justicia militar realizar pesquisas y juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Se terminó la hora de la retórica, se requieren acciones, por lo que pide cumplir con ese fallo que vence en diciembre y el cual sigue pendiente.
Ordena el IFAI a la PGR abrir expediente de Luis Echeverría y la matanza del 68
Daniel Lizárraga
MÉXICO, DF, 26 de mayo (apro).- A siete años de su creación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) emitió una de sus resoluciones de mayor trascendencia, al ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir la investigación por la que determinó que el expresidente Luis Echeverría era culpable de genocidio y privación ilegal de la libertad durante el movimiento estudiantil de 1968.
El exmandatario fue detenido por estos hechos, sin embargo, logró evadir las acusaciones en su contra mediante amparos y sentencias de jueces federales, quienes consideraron que la PGR no pudo acreditar el delito de genocidio, así como el de secuestro.
Con esta resolución quedarán abiertos los tomos de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002, relativa a la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y, con ello, podrá valorarse por parte de especialistas en derecho en qué y cómo fue que el gobierno erró el camino cuando trató de poner tras las rejas a uno de los exmandatarios más controvertido del régimen priista.
En su primera respuesta a una solicitud de acceso a la información, la PGR calificó la investigación de “reservada”, fundamentando su negativa en las recientes reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, que impiden conocer las pesquisas aun cuando éstas ya estén concluidas.
Pero en esta ocasión la PGR no pudo sostenerse de esa enmienda.
La comisionada Sigrid Arzt Colunga revocó la reserva con el argumento de que las investigaciones por violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad son públicas por definición una vez que estén cerradas.
En el expediente, Artz puntualizó que el Estado mexicano reconoció el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el 2005, instrumento aprobado como norma jurídica por el propio Senado de la República.
La comisionada destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado en tesis que en caso de que funcionarios públicos estén relacionados con la violación de derechos humanos, lo que impera es la publicidad de las investigaciones.
PGR, perversa, acusa Ortega
CIRO PÉREZ SILVA
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 7
La detención de Gregorio Sánchez Martínez no es más que una actuación perversa de la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar que el ex alcalde de Cancún participe en el proceso electoral para renovar el gobierno de Quintana Roo, afirmó ayer la dirigencia nacional perredista.
“Sí, vamos a actuar para defender a Greg de esta injusticia, desde luego. No pedimos otra cosa más que se haga una investigación, si quieren hacerlo apegado a la normatividad y a la legalidad; todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí es ‘detén para que investigues’ y no investigar para detener, como lo están haciendo”, acusó el presidente del PRD, Jesús Ortega.
En conferencia de prensa, Ortega desmintió que la PGR haya avisado de esta detención y subrayó que Gregorio Sánchez fue citado ante la institución para declarar como testigo. Incluso él preguntó si necesitaba abogado y la procuraduría le dijo que no.
Destacó que no es la primera ocasión en que la procuraduría ejerce acción penal en contra de militantes del PRD, basada en la declaración de testigos protegidos. Recordó que en casos como el de Michoacán, todos los señalados por esos testigos pagados fueron liberados por falta de pruebas. Mencionó también que la procuraduría no pudo conseguir una orden de aprehensión en una primera instancia, ya que el juez consideró que no aportaba pruebas suficientes para ello, por lo que recurrió a un juez a modo para que con elementos insuficientes se liberara la orden de aprehensión.
Ortega aseguró que se trata de una persecución que se inició en 2008, cuando Gregorio Sánchez fue candidato a la presidencia municipal de Cancún, saliendo victorioso. Sin embargo, recordó, nos quisieron robar la elección con diversas marrullerías y tuvimos que hacer movilizaciones de rechazo al fraude electoral que pretendía el gobernador del estado.
Dijo que al surgir su nombre como posible candidato se inició una maniobra legislativa para bloquearlo, hasta que el 12 de enero de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad que el PRD presentó para echar abajo una reforma a la Constitución local en la que se establecía la necesaria residencia de 20 años en Quintana Roo para poder contender por la gubernatura.
Ortega destacó que el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, dijo que el 15 de enero de 2010, tres días después de la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, se inicia, ¡qué casualidad!, la averiguación previa.
Grupo armado secuestra a profesora y a sus cuatro hijas menores de edad
La redacción
CIUDAD VICTORIA, Tamps., 26 de mayo (apro).- Una profesora y sus cuatro hijas menores de edad fueron “secuestradas” por un grupo de desconocidos en pleno centro de ciudad Miguel Alemán, denunciaron hoy testigos oculares por medio de mensajes en difundidos redes sociales.
Como ya está siendo costumbre en esta entidad de utilizar las redes sociales, como facebook y twitter, para denunciar arbitrariedades o difundir mensajes de interés público, este miércoles, habitantes de Miguel Alemán solicitaron la ayuda de los cibernautas para encontrar a las víctimas, de quienes sólo se difundió el nombre de la profesora: Antonia.
Según los mensajes, Antonia que fue secuestrada en esa población fronteriza, entre las 7:00 y las 8:30 de la mañana, cuando llevaba a sus hijas a la escuela. Las niñas son unas gemelas de 18 meses, una de 10 años de edad y otra de 13.
“Pedimos por favor su ayuda, aún no tenemos razón de Toñita y sus hijas, son dos gemelitas de año y medio, y una de 10 y otra de 13; les agradeceríamos su cooperación. Es una camioneta GMC color verde aqua, 1993, cabina y media”, decía uno de los muchos mensajes que se divulgaron este día.
De acuerdo con la información divulgada por testigos de este hecho, unos sujetos no identificados se llevaron a la mujer y a las niñas porque necesitaban la camioneta para huir, aparentemente porque uno de ellos iba herido.
“Ayúdenos a encontrar a una señora con sus cuatro hijas que se llevaron en la mañana de aquí en Miguel Alemán sólo para robarle la camioneta, pero se las llevaron a ellas también…”, decía otro de los textos.
Hasta la noche de este miércoles no se tenían aún noticias de la mujer y sus cuatro hijas.
En otro lado de la frontera tamaulipeca, en Reynosa, un estudiante de secundaria resultó gravemente herido durante una balacera registrada en la avenida Acapulco. Mientras tanto, en el municipio de Valle Hermoso, fue localizado el cuerpo de un hombre ejecutado, el cual tenía los ojos vendados, manos esposadas y huellas de haber sido torturado.
El Servicio de Información Oportuna del gobierno de Tamaulipas no reportó ninguno de los hechos ocurridos en Miguel Alemán, Reynosa y Valle Hermoso.
Violaciones sexuales e impunidad militar en Guerrero
ABEL BARRERA HERNÁNDEZ*
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Me’ Phaa, fue torturada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano mientras lavaba su ropa en un arroyo cercano a Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en pleno corazón de la Montaña de Guerrero. En ese tiempo Valentina contaba con 17 años y tenía dos años de casada con Fidel Bernardino, con quien procreó a su hija Yenis.
El día de la agresión sexual, Valentina salió de su casa como a las dos de la tarde. Mientras lavaba, la abordaron ocho soldados del Ejército Mexicano, que traían a un civil amarrado de las manos. Entre amenazas e insultos la empezaron a interrogar: ¿Dónde están los encapuchados? Al tiempo que le mostraban la fotografía de una persona le exigían que dijera cómo se llamaba. Un militar le apuntó con su arma y le dijo: ¿Por qué no hablas? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco?
En seguida le mostraron una hoja de papel donde estaban escritos varios nombres que le fueron leyendo. Apareció su esposo Fidel y el de Ezequiel Sierra, quien en ese entonces era autoridad municipal de Barranca Bejuco e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT). Para los militares las 11 personas que leyeron eran de Barranca Bejuco y andaban con los encapuchados.
El silencio de Valentina irritó a los militares y de manera cobarde uno de ellos la golpeó con su arma en el estómago. Valentina cayó sobre las piedras y perdió el conocimiento por unos instantes. En ese momento el mismo militar la agarró de los cabellos y la siguió increpando: ¿Por qué dices que no sabes nada? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco? Postrada sobre las piedras mojadas, el militar le amenazó con matarla si no decía quiénes eran los encapuchados. La golpeó nuevamente en la cara y la sometieron para que un militar la violara. Esto mismo hizo otro militar, mientras los otros seis se apostaron alrededor de ella, para hacer más cruento su sufrimiento.
Valentina después de esta atrocidad corrió semidesnuda hacia el pueblo, y entre sollozos pudo llegar a la casa de sus suegros para refugiarse en los brazos de su cuñada, y esperar la llegada de Fidel.
Desde aquella fecha Valentina ha luchado contra el Ejército y el aparato de justicia a riesgo de su propia vida. Pidió el apoyo de la autoridad comunitaria, quien se lo negó por temor a sufrir alguna represalia. Acudió con la OPIT para interponer la queja ante las comisiones de derechos humanos y la denuncia ante el Ministerio Público de Ayutla de los Libres. Desde el día que se interpuso la denuncia, el Ministerio Público declinó su competencia para turnarla al fuero militar, que en los hechos ha sido sinónimo de impunidad.
Otro caso de violación sexual sucedió el 22 de marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Se trata de Inés Fernández Ortega, una indígena del pueblo Me’Phaa, que fue violada en el interior de su casa por un militar. El testimonio que Inés presentó al Ministerio Público narra que como a las tres de la tarde del día 22 de marzo, 11 militares se metieron sin permiso al patio de su casa. Ella recuerda que se encontraba en su cocina preparando agua fresca para sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, cuando vio que ocho de los militares empezaron a recoger la carne de res que su esposo había tendido sobre unas cuerdas en su patio. En lugar de gritar a los militares para que no se robaran la carne, prefirió esconderse en su cocina. Hasta ahí llegaron tres militares que la encañonaron y la increparon: ¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a decirnos adónde fue o no vas a hablar? ¿Ustedes son narcotraficantes? Inés no pudo contestar nada porque no habla español.
Uno de los militares la agarró de las manos y la obligó a tirarse al suelo. Inés fue inmediatamente sometida, por la fuerza del militar y por las armas que la encañonaban. Sin que les importara la presencia de sus pequeños hijos (que lloraban al ver a su madre tirada en el piso), un guacho se abalanzó sobre ella para violarla. Los otros dos militares se encargaron de proteger al violador y de correr a los niños.
Noemí, la hija mayor de Inés, testificó que el militar que abusó de su mamá portaba en su uniforme una insignia del 41 batallón de infantería. Ella corrió a la casa de su abuelo para refugiarse con sus hermanos. Ante el temor de perder la vida, el abuelo optó por cerrar su casa, mientras Inés era ultrajada por los militares.
Ante este hecho deleznable Fortunato Prisciliano, esposo de Inés, pidió el auxilio del comisario municipal para interponer la denuncia. Acudieron también a la oficina de la OPIT para presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia en el Ministerio Público el 24 de marzo de 2002. De nueva cuenta la historia de la impunidad se repitió: el Ministerio Público dejó en manos de la justicia militar la investigación del caso.
Tanto Inés como Valentina fueron violadas por elementos del Ejército en un contexto de guerra de contrainsurgencia. Desde la masacre de El Charco, acaecida el 9 de junio de 1998, donde el Ejército asesinó a 11 indígenas, no ha cesado la persecución contra los miembros de la OPIT ni de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Las mujeres se han transformado en el blanco de ataque para causar terror y destruir la organización comunitaria.
Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en nuestro país, Inés y Valentina acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir los dos casos ante la Corte Interamericana. El caso de Inés Fernández fue abordado en la audiencia del 15 de abril realizada en Lima, Perú, mientras que en el caso de Valentina, la corte tiene programada una audiencia para este 27 de mayo en San José, Costa Rica.
Son las mujeres indígenas las que están dando la batalla a riesgo de su seguridad y de su vida para romper el muro de la impunidad causada por el fuero militar.
CIRO PÉREZ SILVA
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 7
La detención de Gregorio Sánchez Martínez no es más que una actuación perversa de la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar que el ex alcalde de Cancún participe en el proceso electoral para renovar el gobierno de Quintana Roo, afirmó ayer la dirigencia nacional perredista.
“Sí, vamos a actuar para defender a Greg de esta injusticia, desde luego. No pedimos otra cosa más que se haga una investigación, si quieren hacerlo apegado a la normatividad y a la legalidad; todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí es ‘detén para que investigues’ y no investigar para detener, como lo están haciendo”, acusó el presidente del PRD, Jesús Ortega.
En conferencia de prensa, Ortega desmintió que la PGR haya avisado de esta detención y subrayó que Gregorio Sánchez fue citado ante la institución para declarar como testigo. Incluso él preguntó si necesitaba abogado y la procuraduría le dijo que no.
Destacó que no es la primera ocasión en que la procuraduría ejerce acción penal en contra de militantes del PRD, basada en la declaración de testigos protegidos. Recordó que en casos como el de Michoacán, todos los señalados por esos testigos pagados fueron liberados por falta de pruebas. Mencionó también que la procuraduría no pudo conseguir una orden de aprehensión en una primera instancia, ya que el juez consideró que no aportaba pruebas suficientes para ello, por lo que recurrió a un juez a modo para que con elementos insuficientes se liberara la orden de aprehensión.
Ortega aseguró que se trata de una persecución que se inició en 2008, cuando Gregorio Sánchez fue candidato a la presidencia municipal de Cancún, saliendo victorioso. Sin embargo, recordó, nos quisieron robar la elección con diversas marrullerías y tuvimos que hacer movilizaciones de rechazo al fraude electoral que pretendía el gobernador del estado.
Dijo que al surgir su nombre como posible candidato se inició una maniobra legislativa para bloquearlo, hasta que el 12 de enero de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad que el PRD presentó para echar abajo una reforma a la Constitución local en la que se establecía la necesaria residencia de 20 años en Quintana Roo para poder contender por la gubernatura.
Ortega destacó que el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, dijo que el 15 de enero de 2010, tres días después de la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, se inicia, ¡qué casualidad!, la averiguación previa.
Grupo armado secuestra a profesora y a sus cuatro hijas menores de edad
La redacción
CIUDAD VICTORIA, Tamps., 26 de mayo (apro).- Una profesora y sus cuatro hijas menores de edad fueron “secuestradas” por un grupo de desconocidos en pleno centro de ciudad Miguel Alemán, denunciaron hoy testigos oculares por medio de mensajes en difundidos redes sociales.
Como ya está siendo costumbre en esta entidad de utilizar las redes sociales, como facebook y twitter, para denunciar arbitrariedades o difundir mensajes de interés público, este miércoles, habitantes de Miguel Alemán solicitaron la ayuda de los cibernautas para encontrar a las víctimas, de quienes sólo se difundió el nombre de la profesora: Antonia.
Según los mensajes, Antonia que fue secuestrada en esa población fronteriza, entre las 7:00 y las 8:30 de la mañana, cuando llevaba a sus hijas a la escuela. Las niñas son unas gemelas de 18 meses, una de 10 años de edad y otra de 13.
“Pedimos por favor su ayuda, aún no tenemos razón de Toñita y sus hijas, son dos gemelitas de año y medio, y una de 10 y otra de 13; les agradeceríamos su cooperación. Es una camioneta GMC color verde aqua, 1993, cabina y media”, decía uno de los muchos mensajes que se divulgaron este día.
De acuerdo con la información divulgada por testigos de este hecho, unos sujetos no identificados se llevaron a la mujer y a las niñas porque necesitaban la camioneta para huir, aparentemente porque uno de ellos iba herido.
“Ayúdenos a encontrar a una señora con sus cuatro hijas que se llevaron en la mañana de aquí en Miguel Alemán sólo para robarle la camioneta, pero se las llevaron a ellas también…”, decía otro de los textos.
Hasta la noche de este miércoles no se tenían aún noticias de la mujer y sus cuatro hijas.
En otro lado de la frontera tamaulipeca, en Reynosa, un estudiante de secundaria resultó gravemente herido durante una balacera registrada en la avenida Acapulco. Mientras tanto, en el municipio de Valle Hermoso, fue localizado el cuerpo de un hombre ejecutado, el cual tenía los ojos vendados, manos esposadas y huellas de haber sido torturado.
El Servicio de Información Oportuna del gobierno de Tamaulipas no reportó ninguno de los hechos ocurridos en Miguel Alemán, Reynosa y Valle Hermoso.
Violaciones sexuales e impunidad militar en Guerrero
ABEL BARRERA HERNÁNDEZ*
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Me’ Phaa, fue torturada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano mientras lavaba su ropa en un arroyo cercano a Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en pleno corazón de la Montaña de Guerrero. En ese tiempo Valentina contaba con 17 años y tenía dos años de casada con Fidel Bernardino, con quien procreó a su hija Yenis.
El día de la agresión sexual, Valentina salió de su casa como a las dos de la tarde. Mientras lavaba, la abordaron ocho soldados del Ejército Mexicano, que traían a un civil amarrado de las manos. Entre amenazas e insultos la empezaron a interrogar: ¿Dónde están los encapuchados? Al tiempo que le mostraban la fotografía de una persona le exigían que dijera cómo se llamaba. Un militar le apuntó con su arma y le dijo: ¿Por qué no hablas? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco?
En seguida le mostraron una hoja de papel donde estaban escritos varios nombres que le fueron leyendo. Apareció su esposo Fidel y el de Ezequiel Sierra, quien en ese entonces era autoridad municipal de Barranca Bejuco e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT). Para los militares las 11 personas que leyeron eran de Barranca Bejuco y andaban con los encapuchados.
El silencio de Valentina irritó a los militares y de manera cobarde uno de ellos la golpeó con su arma en el estómago. Valentina cayó sobre las piedras y perdió el conocimiento por unos instantes. En ese momento el mismo militar la agarró de los cabellos y la siguió increpando: ¿Por qué dices que no sabes nada? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco? Postrada sobre las piedras mojadas, el militar le amenazó con matarla si no decía quiénes eran los encapuchados. La golpeó nuevamente en la cara y la sometieron para que un militar la violara. Esto mismo hizo otro militar, mientras los otros seis se apostaron alrededor de ella, para hacer más cruento su sufrimiento.
Valentina después de esta atrocidad corrió semidesnuda hacia el pueblo, y entre sollozos pudo llegar a la casa de sus suegros para refugiarse en los brazos de su cuñada, y esperar la llegada de Fidel.
Desde aquella fecha Valentina ha luchado contra el Ejército y el aparato de justicia a riesgo de su propia vida. Pidió el apoyo de la autoridad comunitaria, quien se lo negó por temor a sufrir alguna represalia. Acudió con la OPIT para interponer la queja ante las comisiones de derechos humanos y la denuncia ante el Ministerio Público de Ayutla de los Libres. Desde el día que se interpuso la denuncia, el Ministerio Público declinó su competencia para turnarla al fuero militar, que en los hechos ha sido sinónimo de impunidad.
Otro caso de violación sexual sucedió el 22 de marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Se trata de Inés Fernández Ortega, una indígena del pueblo Me’Phaa, que fue violada en el interior de su casa por un militar. El testimonio que Inés presentó al Ministerio Público narra que como a las tres de la tarde del día 22 de marzo, 11 militares se metieron sin permiso al patio de su casa. Ella recuerda que se encontraba en su cocina preparando agua fresca para sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, cuando vio que ocho de los militares empezaron a recoger la carne de res que su esposo había tendido sobre unas cuerdas en su patio. En lugar de gritar a los militares para que no se robaran la carne, prefirió esconderse en su cocina. Hasta ahí llegaron tres militares que la encañonaron y la increparon: ¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a decirnos adónde fue o no vas a hablar? ¿Ustedes son narcotraficantes? Inés no pudo contestar nada porque no habla español.
Uno de los militares la agarró de las manos y la obligó a tirarse al suelo. Inés fue inmediatamente sometida, por la fuerza del militar y por las armas que la encañonaban. Sin que les importara la presencia de sus pequeños hijos (que lloraban al ver a su madre tirada en el piso), un guacho se abalanzó sobre ella para violarla. Los otros dos militares se encargaron de proteger al violador y de correr a los niños.
Noemí, la hija mayor de Inés, testificó que el militar que abusó de su mamá portaba en su uniforme una insignia del 41 batallón de infantería. Ella corrió a la casa de su abuelo para refugiarse con sus hermanos. Ante el temor de perder la vida, el abuelo optó por cerrar su casa, mientras Inés era ultrajada por los militares.
Ante este hecho deleznable Fortunato Prisciliano, esposo de Inés, pidió el auxilio del comisario municipal para interponer la denuncia. Acudieron también a la oficina de la OPIT para presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia en el Ministerio Público el 24 de marzo de 2002. De nueva cuenta la historia de la impunidad se repitió: el Ministerio Público dejó en manos de la justicia militar la investigación del caso.
Tanto Inés como Valentina fueron violadas por elementos del Ejército en un contexto de guerra de contrainsurgencia. Desde la masacre de El Charco, acaecida el 9 de junio de 1998, donde el Ejército asesinó a 11 indígenas, no ha cesado la persecución contra los miembros de la OPIT ni de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Las mujeres se han transformado en el blanco de ataque para causar terror y destruir la organización comunitaria.
Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en nuestro país, Inés y Valentina acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir los dos casos ante la Corte Interamericana. El caso de Inés Fernández fue abordado en la audiencia del 15 de abril realizada en Lima, Perú, mientras que en el caso de Valentina, la corte tiene programada una audiencia para este 27 de mayo en San José, Costa Rica.
Son las mujeres indígenas las que están dando la batalla a riesgo de su seguridad y de su vida para romper el muro de la impunidad causada por el fuero militar.
