POR LA UNIDAD DE LOS DESPOSEIDOS.
3 may 2010
Luchar por otro mundo empieza por evitar divisiones entre pobres: González Casanova
Es ingenuo pensar que el capitalismo solucionará los problemas del mundo, sostiene
ENRIQUE MÉNDEZ Y ALMA MUÑOZ
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2010, p. 17
Pablo González Casanova afirmó que la construcción de un mundo diferente no será posible sin antes definir dos ejes: que el capitalismo no solucionará los problemas del planeta y que las organizaciones y luchadores deben incluir a todos los pobres de la tierra y a los que están con ellos, aún los que han sido diabolizados por la izquierda institucional.
De otra manera, alertó, nos pasaremos hablando la vida de otro mundo posible, hasta que el imperialismo de varias cabezas acabe con el mundo en que vivimos y la tierra que habitamos.
El doctor González Casanova intervino ayer en el panel inaugural del foro social mundial temático Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles, en el Zócalo capitalino. Ahí invitó a asumir con urgencia la necesidad de definir un proyecto común de quienes luchan por otro mundo.
Manifestar nuestros puntos de unión, formular proyectos de acción conjunta e inmediata en torno a ellos, el respeto cabal, el respeto total a la autonomía de los participantes, individuales y colectivo. Debemos definir acciones concretas con fuerzas concretas, que están luchando por la paz, la justicia y la libertad. Definiendo a esas fuerzas nos definiremos nosotros, delineó en el panel denominado En defensa de la humanidad.
El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador de La Jornada expuso que se trata de un reto urgente y vital, porque no se puede esperar a que el capitalismo modifique sus prácticas. Hagamos todo lo posible para concretarla. Empecemos a pensar en la intimidad de nuestra conciencia de cómo actuar, qué hacer y hacerlo, convocó.
González Casanova presentó una lista de lo que no se puede esperar del capital: “Es ingenuo pensar que el capitalismo resolverá los problemas de la tierra, de los pobres y empobrecidos; que ayudará al desarrollo de los países del mundo; que controlará la crisis financiera y del desempleo; que el Estado social y el desarrollista se van a imponer como nuevas formas de política social y económica del capitalismo occidental.
Es ingenuo pensar que el capitalismo respetará la democracia y la soberanía de los países más o menos subdesarrollados y las democracias; que acabará con el analfabetismo y la miseria, las pandemias y las epidemias, las hambrunas y los pueblos hambrientos, los enfermos sin médicos y sin medicinas, los jóvenes sin empleos y sin escuelas, las familias sin techos, sin servicios y sin basura.
En el panel Justicia contra la impunidad, la indígena Susana Cruz lamentó que en México el gobierno finalmente acostumbró a los pobres a sólo estirar la mano y no trabajar. Nos engañan con un dulce para callarnos la boca y no pidamos trabajo, progreso ni estudios.
Pero también, dijo, los hombres y las mujeres tienen miedo de cuestionar las políticas gubernamentales.
Relató: En mi pueblo de San Ildefonso, Hidalgo, me preguntan que cómo puedo ir en contra del gobierno. Porque muchos prefieren la bolsa de despensa con un arroz más quebradizo que la arena, o recibir mil pesos el día de las elecciones. Pero el gobierno nos está tanteando, facilitándonos las cosas, haciéndonos irresponsables.
Por eso ella se dedica a organizar rifas, vender cosas y en un caso extremo a pedir a sus familiares que la ayuden con diez o 20 pesos para trasladarse a Pachuca o la ciudad de México y participar en foros donde expresarse y escuchar.
Alejandra López, del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, y Soledad Ortiz, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, llamaron en el panel de derechos humanos a que el foro social se pronuncie por el esclarecimiento del asesinato de Alberta Cariño, en San Juan Copala, Oaxaca.
Soledad Ortiz atribuyó el ataque a la caravana de paz a una política de terror del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, para sembrar el miedo, para que la gente no salga a decidir su voto en la elección para gobernador.
El foro social resultó además una oportunidad para el despliegue del ingenio en formas alternativas de generación de energía, como el aprovechamiento del sol para cocinar y calentar agua, del aprovechamiento de residuos, la producción de alimentos y reducir la contaminación.
Es ingenuo pensar que el capitalismo solucionará los problemas del mundo, sostiene
ENRIQUE MÉNDEZ Y ALMA MUÑOZ
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2010, p. 17
Pablo González Casanova afirmó que la construcción de un mundo diferente no será posible sin antes definir dos ejes: que el capitalismo no solucionará los problemas del planeta y que las organizaciones y luchadores deben incluir a todos los pobres de la tierra y a los que están con ellos, aún los que han sido diabolizados por la izquierda institucional.
De otra manera, alertó, nos pasaremos hablando la vida de otro mundo posible, hasta que el imperialismo de varias cabezas acabe con el mundo en que vivimos y la tierra que habitamos.
El doctor González Casanova intervino ayer en el panel inaugural del foro social mundial temático Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles, en el Zócalo capitalino. Ahí invitó a asumir con urgencia la necesidad de definir un proyecto común de quienes luchan por otro mundo.
Manifestar nuestros puntos de unión, formular proyectos de acción conjunta e inmediata en torno a ellos, el respeto cabal, el respeto total a la autonomía de los participantes, individuales y colectivo. Debemos definir acciones concretas con fuerzas concretas, que están luchando por la paz, la justicia y la libertad. Definiendo a esas fuerzas nos definiremos nosotros, delineó en el panel denominado En defensa de la humanidad.
El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador de La Jornada expuso que se trata de un reto urgente y vital, porque no se puede esperar a que el capitalismo modifique sus prácticas. Hagamos todo lo posible para concretarla. Empecemos a pensar en la intimidad de nuestra conciencia de cómo actuar, qué hacer y hacerlo, convocó.
González Casanova presentó una lista de lo que no se puede esperar del capital: “Es ingenuo pensar que el capitalismo resolverá los problemas de la tierra, de los pobres y empobrecidos; que ayudará al desarrollo de los países del mundo; que controlará la crisis financiera y del desempleo; que el Estado social y el desarrollista se van a imponer como nuevas formas de política social y económica del capitalismo occidental.
Es ingenuo pensar que el capitalismo respetará la democracia y la soberanía de los países más o menos subdesarrollados y las democracias; que acabará con el analfabetismo y la miseria, las pandemias y las epidemias, las hambrunas y los pueblos hambrientos, los enfermos sin médicos y sin medicinas, los jóvenes sin empleos y sin escuelas, las familias sin techos, sin servicios y sin basura.
En el panel Justicia contra la impunidad, la indígena Susana Cruz lamentó que en México el gobierno finalmente acostumbró a los pobres a sólo estirar la mano y no trabajar. Nos engañan con un dulce para callarnos la boca y no pidamos trabajo, progreso ni estudios.
Pero también, dijo, los hombres y las mujeres tienen miedo de cuestionar las políticas gubernamentales.
Relató: En mi pueblo de San Ildefonso, Hidalgo, me preguntan que cómo puedo ir en contra del gobierno. Porque muchos prefieren la bolsa de despensa con un arroz más quebradizo que la arena, o recibir mil pesos el día de las elecciones. Pero el gobierno nos está tanteando, facilitándonos las cosas, haciéndonos irresponsables.
Por eso ella se dedica a organizar rifas, vender cosas y en un caso extremo a pedir a sus familiares que la ayuden con diez o 20 pesos para trasladarse a Pachuca o la ciudad de México y participar en foros donde expresarse y escuchar.
Alejandra López, del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, y Soledad Ortiz, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, llamaron en el panel de derechos humanos a que el foro social se pronuncie por el esclarecimiento del asesinato de Alberta Cariño, en San Juan Copala, Oaxaca.
Soledad Ortiz atribuyó el ataque a la caravana de paz a una política de terror del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, para sembrar el miedo, para que la gente no salga a decidir su voto en la elección para gobernador.
El foro social resultó además una oportunidad para el despliegue del ingenio en formas alternativas de generación de energía, como el aprovechamiento del sol para cocinar y calentar agua, del aprovechamiento de residuos, la producción de alimentos y reducir la contaminación.
La Parota, uno de los 300 programas de presas mal elaborados en AL, dice ONG
Destrucción de ecosistemas y el desplazamiento de comunidades, otros de los graves efectos
ANGÉLICA ENCISO L.
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2010, p. 42
En América Latina hay alrededor de 300 proyectos de construcción de presas, que en su mayoría carecen de evaluaciones ambientales, se impulsan sin respeto a los derechos humanos de las poblaciones, las cuales son forzadas a abandonar sus pueblos, y además se destruyen ecosistemas estratégicos, señala la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
En México el caso que se analiza es el de La Parota, el cual fue incluido como evidencia de las fallas en los procesos de consulta pública a comunidades indígenas y campesinas afectadas (unas 25 mil personas), así como graves carencias en el estudio de impacto ambiental que, entre otros, ignoran los posibles riesgos sísmicos que el proyecto podría causar.
Agrega que el proyecto fue suspendido por el gobierno; sin embargo, la semana pasada el comisariado ejidal de bienes comunales de Cacahuatepec convocó a una segunda asamblea –luego de que la primera careció de quórum– para autorizar la expropiación de los terrenos en favor de la Comisión Federal de Electricidad.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota anunció que interpondrá recursos legales, ya que la asamblea no fue convocada con la anticipación legal, no participaron los comuneros y además debió acudir 75 por ciento de los 7 mil, lo cual, aseguran, no ocurrió. Anunciaron que presentarán un recurso ante el comité de derechos humanos y culturales de la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de AIDA, presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, indica que entre los impactos más importantes que provocan las construcciones de las represas están la destrucción de ecosistemas estratégicos, el desplazamiento forzado de comunidades, típicamente en situación de vulnerabilidad como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las mujeres y los niños; la pérdida de fuentes de alimentación y sustento; y la falta de participación pública y acceso a la información.
Asevera que la forma en que se establecieron los proyectos podría aumentar los costos sociales de los mismos, agravar situaciones de pobreza y además los impactos negativos de estos proyectos pueden también encarecerlos, pudiendo incluso comprometer su viabilidad económica.
Además de La Parota en Guerrero, se analizan el proyecto multipropósito Baha, en Ecuador; el complejo hidroeléctrico del Río Madeira, entre Bolivia y Brasil; el binacional Yacyreta, Argentina y Paraguay, y la Chan-75, en Panamá.
La evidencia actual en el desarrollo de grandes represas en América Latina demuestra una tendencia hacia el desconocimiento de las normas y estándares internacionales que buscan la protección de los derechos humanos de las personas afectadas y la conservación del ambiente.
Agrega que esto no es una consecuencia inevitable de este tipo de proyectos, porque si los Estados, empresas, agencias financieras y demás actores involucrados acatan y cumplen adecuadamente con la normatividad internacional ambiental y de los derechos humanos existente, estas situaciones podrían evitarse.
Precisa que hay más opciones para atender la demanda de energía, pero ello depende de la voluntad política de los estados. Algunas de esas alternativas incluyen abandonar la creencia generalizada y errónea de que es esencial aumentar el consumo de energía para lograr el crecimiento económico.
Destrucción de ecosistemas y el desplazamiento de comunidades, otros de los graves efectos
ANGÉLICA ENCISO L.
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2010, p. 42
En América Latina hay alrededor de 300 proyectos de construcción de presas, que en su mayoría carecen de evaluaciones ambientales, se impulsan sin respeto a los derechos humanos de las poblaciones, las cuales son forzadas a abandonar sus pueblos, y además se destruyen ecosistemas estratégicos, señala la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
En México el caso que se analiza es el de La Parota, el cual fue incluido como evidencia de las fallas en los procesos de consulta pública a comunidades indígenas y campesinas afectadas (unas 25 mil personas), así como graves carencias en el estudio de impacto ambiental que, entre otros, ignoran los posibles riesgos sísmicos que el proyecto podría causar.
Agrega que el proyecto fue suspendido por el gobierno; sin embargo, la semana pasada el comisariado ejidal de bienes comunales de Cacahuatepec convocó a una segunda asamblea –luego de que la primera careció de quórum– para autorizar la expropiación de los terrenos en favor de la Comisión Federal de Electricidad.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota anunció que interpondrá recursos legales, ya que la asamblea no fue convocada con la anticipación legal, no participaron los comuneros y además debió acudir 75 por ciento de los 7 mil, lo cual, aseguran, no ocurrió. Anunciaron que presentarán un recurso ante el comité de derechos humanos y culturales de la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de AIDA, presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, indica que entre los impactos más importantes que provocan las construcciones de las represas están la destrucción de ecosistemas estratégicos, el desplazamiento forzado de comunidades, típicamente en situación de vulnerabilidad como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las mujeres y los niños; la pérdida de fuentes de alimentación y sustento; y la falta de participación pública y acceso a la información.
Asevera que la forma en que se establecieron los proyectos podría aumentar los costos sociales de los mismos, agravar situaciones de pobreza y además los impactos negativos de estos proyectos pueden también encarecerlos, pudiendo incluso comprometer su viabilidad económica.
Además de La Parota en Guerrero, se analizan el proyecto multipropósito Baha, en Ecuador; el complejo hidroeléctrico del Río Madeira, entre Bolivia y Brasil; el binacional Yacyreta, Argentina y Paraguay, y la Chan-75, en Panamá.
La evidencia actual en el desarrollo de grandes represas en América Latina demuestra una tendencia hacia el desconocimiento de las normas y estándares internacionales que buscan la protección de los derechos humanos de las personas afectadas y la conservación del ambiente.
Agrega que esto no es una consecuencia inevitable de este tipo de proyectos, porque si los Estados, empresas, agencias financieras y demás actores involucrados acatan y cumplen adecuadamente con la normatividad internacional ambiental y de los derechos humanos existente, estas situaciones podrían evitarse.
Precisa que hay más opciones para atender la demanda de energía, pero ello depende de la voluntad política de los estados. Algunas de esas alternativas incluyen abandonar la creencia generalizada y errónea de que es esencial aumentar el consumo de energía para lograr el crecimiento económico.
Los graneros electorales de Peña Nieto
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 1 de mayo (Proceso).- Irrefrenable en su afán de conquistar la Presidencia de la República en 2012, el gobernador Enrique Peña Nieto avanza ya en un proyecto más que coyuntural, pues desde 2007 impulsa el proyecto Ciudades Bicentenario, mediante el cual pretende construir medio millón de viviendas en urbes de seis municipios mexiquenses de aquí a 2020. Ese millonario programa, por medio del cual beneficia a varios de sus familiares y amigos, tiene un propósito definido: “sembrar” los futuros graneros electorales.
“Aquí, antes se sembraba maíz. Ahora prefieren sembrar casas”, afirma don Gervasio Lugo, habitante de una de las 87 mil 700 viviendas de interés social que se han construido en menos de tres años en el municipio de Tecámac, emblema del proyecto de Ciudades Bicentenario que anunció el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el 31 de julio de 2007.
Como don Gervasio, muchos habitantes de las unidades de Héroes de Tecámac se quejan por los malos materiales de las viviendas, la falta de transporte, agua, energía eléctrica, pero sobre todo de la creciente inseguridad en estas nuevas “ciudades dormitorio”.
Junto con Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez, Tecámac es uno de los seis municipios de la entidad elegidos para ser las Ciudades Bicentenario. Un dato: entre Tecámac y Zumpango se concentra el 49% de las 28 mil 597 hectáreas que el gobierno mexiquense pretende urbanizar de aquí al 2020. En ese lapso la pretensión es construir medio millón de viviendas en estas ciudades, de las cuales 155 mil 300 quedarán en Tecámac y 111 mil en Zumpango.
El propósito de Peña Nieto es “conjuntar la planeación gubernamental con el espíritu empresarial de los mexiquenses para construir ciudades modelos, autosuficientes, ambientalmente viables, económicamente competitivas y socialmente justas”.
“De aquí al 2020, la entidad contará potencialmente con 28 mil hectáreas destinadas a usos urbanos con vocación industrial, comercial, de servicios, habitacional y recreativa, al tiempo que se privilegiará el uso del suelo y el crecimiento vertical, lo que permitirá que sus habitantes puedan vivir cerca de sus centros de trabajo”, declaró el mandatario el 19 de mayo de 2008, al firmar el acuerdo de los lineamientos generales para las Ciudades Bicentenario.
A casi dos años de distancia la situación es muy diferente. Las nuevas zonas habitacionales distan mucho de ser “ciudades modelo” y están más cerca de la condición de Mac Ciudades, es decir, concentraciones urbanas construidas para apilar casas, población migrante, centros comerciales, aun con deficiencias de servicios, y sobre todo para que sean los nuevos graneros electorales que garanticen el control del PRI en el Estado de México y la posible candidatura de Peña Nieto a la presidencia en 2012.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 1 de mayo (Proceso).- Irrefrenable en su afán de conquistar la Presidencia de la República en 2012, el gobernador Enrique Peña Nieto avanza ya en un proyecto más que coyuntural, pues desde 2007 impulsa el proyecto Ciudades Bicentenario, mediante el cual pretende construir medio millón de viviendas en urbes de seis municipios mexiquenses de aquí a 2020. Ese millonario programa, por medio del cual beneficia a varios de sus familiares y amigos, tiene un propósito definido: “sembrar” los futuros graneros electorales.
“Aquí, antes se sembraba maíz. Ahora prefieren sembrar casas”, afirma don Gervasio Lugo, habitante de una de las 87 mil 700 viviendas de interés social que se han construido en menos de tres años en el municipio de Tecámac, emblema del proyecto de Ciudades Bicentenario que anunció el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el 31 de julio de 2007.
Como don Gervasio, muchos habitantes de las unidades de Héroes de Tecámac se quejan por los malos materiales de las viviendas, la falta de transporte, agua, energía eléctrica, pero sobre todo de la creciente inseguridad en estas nuevas “ciudades dormitorio”.
Junto con Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez, Tecámac es uno de los seis municipios de la entidad elegidos para ser las Ciudades Bicentenario. Un dato: entre Tecámac y Zumpango se concentra el 49% de las 28 mil 597 hectáreas que el gobierno mexiquense pretende urbanizar de aquí al 2020. En ese lapso la pretensión es construir medio millón de viviendas en estas ciudades, de las cuales 155 mil 300 quedarán en Tecámac y 111 mil en Zumpango.
El propósito de Peña Nieto es “conjuntar la planeación gubernamental con el espíritu empresarial de los mexiquenses para construir ciudades modelos, autosuficientes, ambientalmente viables, económicamente competitivas y socialmente justas”.
“De aquí al 2020, la entidad contará potencialmente con 28 mil hectáreas destinadas a usos urbanos con vocación industrial, comercial, de servicios, habitacional y recreativa, al tiempo que se privilegiará el uso del suelo y el crecimiento vertical, lo que permitirá que sus habitantes puedan vivir cerca de sus centros de trabajo”, declaró el mandatario el 19 de mayo de 2008, al firmar el acuerdo de los lineamientos generales para las Ciudades Bicentenario.
A casi dos años de distancia la situación es muy diferente. Las nuevas zonas habitacionales distan mucho de ser “ciudades modelo” y están más cerca de la condición de Mac Ciudades, es decir, concentraciones urbanas construidas para apilar casas, población migrante, centros comerciales, aun con deficiencias de servicios, y sobre todo para que sean los nuevos graneros electorales que garanticen el control del PRI en el Estado de México y la posible candidatura de Peña Nieto a la presidencia en 2012.
Hidalgo: Los Zetas en el poder
Ricardo Ravelo
MÉXICO, D.F., 1 de mayo (Proceso).- Declaraciones de testigos protegidos contenidas en por lo menos dos averiguaciones previas detallan los presuntos vínculos de la clase política de Hidalgo con la estructura criminal de Los Zetas, que se avinieron en esa entidad desde 2001, cuando Manuel Ángel Núñez Soto estaba al frente del gobierno. De entonces a la fecha la llamada “compañía” se expandió por los 84 municipios hidalguenses y formó un entorno que prácticamente incluye a los principales jefes policiacos, al procurador estatal, al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y a Francisco Olvera, quien se perfila como su sucesor…
Fue en 2001, durante los primeros meses de la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, cuando Los Zetas llegaron a Hidalgo, donde establecieron su centro de operaciones. Desde ahí, al amparo de policías, militares y autoridades estatales y municipales, ampliaron sus actividades para el trasiego de droga en las entidades circundantes, alternadas con secuestros, extorsiones, asesinatos y levantones, que se han agudizado incluso durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.
Con amplias conexiones hacia Puebla, Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal, los integrantes de esa organización crearon en Hidalgo una megaestructura criminal. Hoy incluso disponen de células en cada uno de los 84 municipios y tejieron una red de espionaje a través de los llamados Halcones.
Los Zetas manejan una nómina de más de 150 personas distribuidas a lo largo del territorio hidalguense, y hasta cuentan con cementerios privados y lugares secretos en los que sepultan a sus víctimas; pero, sobre todo, se desenvuelven con soltura entre las autoridades para que éstas “no investiguen sus crímenes”, según se desprende de un amplio expediente obtenido por Proceso.
De acuerdo con las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/150/2009 y PGR/SIEDO/UEIS/099/2009, varios testigos protegidos y no protegidos (en su mayoría policías estatales y municipales acusados de servir al narco) detallan la forma en que Los Zetas arribaron a Hidalgo y cómo iniciaron su expansión de “la compañía” en la zona.
Rufino, uno de los testigos que fue miembro del cártel del Golfo, asegura que el proyecto de Los Zetas para apropiarse de la plaza de Hidalgo data de 2001, cuando el gobierno de la entidad era encabezado por Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005).
En esa época, Osiel Cárdenas Guillén, líder de dicha organización criminal, ordenó al jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, establecerse en tierras hidalguenses como avanzada para posicionarse en otras entidades de la República, sobre todo Puebla y el Estado de México, sostiene Rufino.
En el año 2001 Osiel Cárdenas Guillén le ordenó a Heriberto Lazcano que tomara la plaza de Pachuca, Hidalgo, en donde tuvimos dos casas de seguridad, una que habitaba Osiel Cárdenas y otra que habitaba el grupo Los Zetas, o sea, la escolta personal de Osiel, ya que de ese estado (Hidalgo) es originario Heriberto Lazcano, pues él junto con su familia tienen su domicilio cerca del Campo Militar de la ciudad de Pachuca… Así fue como Lazcano fue tomando el control de dicha ciudad y del estado y (por ello) señalo al gobernador actual (Miguel Ángel Osorio Chong) por su negligencia y omisión, y lo señalo porque no hacer nada por el bienestar de su estado es colaborar con el cártel de Los Zetas, el cual es comandado por Heriberto Lazcano, afirmó el testigo en su declaración del 26 de junio de 2009.
Ricardo Ravelo
MÉXICO, D.F., 1 de mayo (Proceso).- Declaraciones de testigos protegidos contenidas en por lo menos dos averiguaciones previas detallan los presuntos vínculos de la clase política de Hidalgo con la estructura criminal de Los Zetas, que se avinieron en esa entidad desde 2001, cuando Manuel Ángel Núñez Soto estaba al frente del gobierno. De entonces a la fecha la llamada “compañía” se expandió por los 84 municipios hidalguenses y formó un entorno que prácticamente incluye a los principales jefes policiacos, al procurador estatal, al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y a Francisco Olvera, quien se perfila como su sucesor…
Fue en 2001, durante los primeros meses de la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, cuando Los Zetas llegaron a Hidalgo, donde establecieron su centro de operaciones. Desde ahí, al amparo de policías, militares y autoridades estatales y municipales, ampliaron sus actividades para el trasiego de droga en las entidades circundantes, alternadas con secuestros, extorsiones, asesinatos y levantones, que se han agudizado incluso durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.
Con amplias conexiones hacia Puebla, Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal, los integrantes de esa organización crearon en Hidalgo una megaestructura criminal. Hoy incluso disponen de células en cada uno de los 84 municipios y tejieron una red de espionaje a través de los llamados Halcones.
Los Zetas manejan una nómina de más de 150 personas distribuidas a lo largo del territorio hidalguense, y hasta cuentan con cementerios privados y lugares secretos en los que sepultan a sus víctimas; pero, sobre todo, se desenvuelven con soltura entre las autoridades para que éstas “no investiguen sus crímenes”, según se desprende de un amplio expediente obtenido por Proceso.
De acuerdo con las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/150/2009 y PGR/SIEDO/UEIS/099/2009, varios testigos protegidos y no protegidos (en su mayoría policías estatales y municipales acusados de servir al narco) detallan la forma en que Los Zetas arribaron a Hidalgo y cómo iniciaron su expansión de “la compañía” en la zona.
Rufino, uno de los testigos que fue miembro del cártel del Golfo, asegura que el proyecto de Los Zetas para apropiarse de la plaza de Hidalgo data de 2001, cuando el gobierno de la entidad era encabezado por Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005).
En esa época, Osiel Cárdenas Guillén, líder de dicha organización criminal, ordenó al jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, establecerse en tierras hidalguenses como avanzada para posicionarse en otras entidades de la República, sobre todo Puebla y el Estado de México, sostiene Rufino.
En el año 2001 Osiel Cárdenas Guillén le ordenó a Heriberto Lazcano que tomara la plaza de Pachuca, Hidalgo, en donde tuvimos dos casas de seguridad, una que habitaba Osiel Cárdenas y otra que habitaba el grupo Los Zetas, o sea, la escolta personal de Osiel, ya que de ese estado (Hidalgo) es originario Heriberto Lazcano, pues él junto con su familia tienen su domicilio cerca del Campo Militar de la ciudad de Pachuca… Así fue como Lazcano fue tomando el control de dicha ciudad y del estado y (por ello) señalo al gobernador actual (Miguel Ángel Osorio Chong) por su negligencia y omisión, y lo señalo porque no hacer nada por el bienestar de su estado es colaborar con el cártel de Los Zetas, el cual es comandado por Heriberto Lazcano, afirmó el testigo en su declaración del 26 de junio de 2009.
