SOBRE COPALA

-Emboscada en Copala: "Una lluvia de balas nos envolvió".
-Las raíces del conflicto en Copala.
-La siembra de Beatriz Alberta Cariño.
-Paramilitarismo.

Emboscada en Copala: "Una lluvia de balas nos envolvió"
Gloria Leticia Díaz
SANTIAGO JUXTLAHUACA, Oax., 3 de mayo (Proceso).- Sobrevivientes del ataque a una caravana de activistas por los derechos humanos narran a Proceso los pormenores de la emboscada en que murieron Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola. Todos los testimonios apuntan a que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz, tenía conocimiento de la visita de los internacionalistas pero no hizo nada para ayudarlos después de la matanza.
“Vimos que había piedras obstaculizando el camino, por lo que decidimos regresar. Entonces una lluvia de balas nos envolvió. Eran unos 30 hombres con los rostros cubiertos y con armas de grueso calibre los que disparaban desde una ladera del cerro; la balacera duró unos 20 minutos”, cuentan los sobrevivientes de la emboscada a la caravana humanitaria en el municipio autónomo de San Juan Copala, en esta entidad el pasado 27 de abril. Ahí cayeron dos de los integrantes de la misión humanitaria: el activista finlandés Jyri Jaakkola y a la mexicana Alberta Beatriz Cariño.
Pablo González González, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Mónica Santiago, Esther Cruz Ortiz, David Venegas y Noé Bautista, integrantes de la caravana, aseguran a Proceso que se aproximaban ya a la comunidad La Sabana, controlada por la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuando vieron el bloqueo en el camino y tomaron la decisión de dar marcha atrás.
Todos coinciden en que ese fue el momento en el que se inició el ataque contra ellos. Uno de los brigadistas alcanzó a ver a los paramilitares que los emboscaron poco antes de que iniciaran el ataque y les tomó varias fotos. Cuenta incluso que hubo un momento de sosiego debido a que los agresores recargaron sus armas y luego reanudaron el ataque.
Ese momento, relata uno de los entrevistados, fue aprovechado por los brigadistas, ocho de los cuales lograron internarse en el bosque y huyeron hacia Juxtlahuaca. Uno de los seis observadores humanitarios del grupo compuesto por 22 activistas logró sacar la memoria de la cámara y posteriormente difundió la fotografía del ataque que sufrieron él y sus compañeros.
De diciembre pasado a la fecha han caído 19 personas en la zona donde los paramilitares asesinaron a los dos activistas humanitarios el 27 de abril.
Mónica Santiago, quien viajaba en la primera de las camionetas, junto con otras 15 personas, asegura que vio cuando una bala se impactó en la cabeza de Beatriz Cariño; después caería el internacionalista finlandés: “Vi cuando Jyri, en un acto desesperado, tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la cabeza a él. Después de que Bety cayó, sentí cómo la sangre me escurría por la espalda”, relata.
Pablo y Esther cuentan que se quedaron atrapados en el último vehículo de la caravana, una camioneta que abría sus puertas por la parte externa. Ambos, junto con Trinidad Sampablo, fueron encañonados y obligados a salir del vehículo. A los tres los interrogó el jefe del grupo paramilitar, a quien todos llamaban “sargento”. “Entre los paramilitares se hablaban en triqui”, precisa Esther.
En el interrogatorio, el “sargento” les preguntó por el paradero de Omar Esparza Zárate, dirigente de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), quien está amenazado de muerte por el grupo paramilitar.
Pablo y Esther comentan que los agresores vestían uniformes militares de camuflaje. Llevaban el rostro cubierto. “Por lo que he visto en la televisión, las armas que traían eran cuernos de chivo”, cuenta Pablo.
Ulises sabía.
Anunciada con al menos dos semanas de anticipación al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por conducto de Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el grupo humanitario tenía la misión de llevar víveres a unas 700 familias atrapadas desde hace cuatro meses en un cerco impuesto por la Ubisort, organización vinculada con el PRI, señala Jorge Albino Ortiz, miembro del cabildo de San Juan Copala, autonombrado municipio autónomo desde 2007.
“El secretario general de Gobierno de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez –apunta Albino–, siempre supo de la visita, por lo que el gobierno de Ulises Ruiz miente cuando, para deslindarse de los hechos, dice que no tenía conocimiento de que la caravana se llevaría a cabo.
Albino Ortiz resalta que detrás de la “amnesia” del gobierno de Ulises Ruiz está el apoyo que presta a grupos como la “Ubisort, que desde que nació, en los noventa, se ha caracterizado por ser el brazo armado del PRI en la región; es un grupo paramilitar que tiene como líder a Rufino Juárez Hernández, quien fue alumno de Evencio Martínez en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en la escuela de derecho”.
El ataque a los activistas provocó reacciones de preocupación en el cuerpo diplomático acreditado en México, por la falta de garantías que tienen los defensores de los derechos humanos para desarrollar su trabajo.
La exigencia de justicia fue compartida por la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la finlandesa Heidi Hautala, quien sugirió la formación de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes del 27 de abril.
Dos días después, al referirse al ataque, Hautala publicó en su blog que “las autoridades mexicanas deben investigar exhaustivamente los hechos y llevarlos a la justicia”.
Tras expresar su pésame a las familias de Jaakkola y de Cariño, la eurodiputada asentó: “Espero recibir un informe completo de lo que llevó a esta tragedia y pido que las autoridades mexicanas tomen medidas para evitar que esto se repita. Como presidenta del Subcomité del Parlamento Europeo, seguiré de cerca el desarrollo del caso. También apoyo la iniciativa para tratar de resolver el conflicto y formar una comisión de la verdad en Oaxaca para investigar los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos”.
La reacción tardía del gobierno de Ulises Ruiz para rescatar a las víctimas movió el interés de la Unión Europea y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); ambas solicitaron por separado a la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, “un informe detallado de los hechos” ocurridos en la región triqui de Oaxaca, donde quedaron atrapados dos de sus compañeros que cubrían la información de la caravana, así como dos defensores.
La preocupación del cuerpo diplomático acreditado en México se hizo evidente el día 29, cuando representantes de las legaciones de Estados Unidos, España, República Checa, Alemania, Francia, Finlandia y Portugal, así como personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Cruz Roja Internacional se reunieron con organizaciones de derechos humanos y familiares de los defensores y periodistas agredidos para conocer detalles de lo ocurrido en San Juan Copala, a donde asistieron seis observadores de derechos humanos extranjeros.
Las organizaciones que participaban en la caravana denunciaron, el 28 de abril, la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para entrar a la zona del ataque.
Los cuerpos de Cariño y Jaakkola fueron recuperados casi 24 horas después de la emboscada, en tanto que para rescatar con vida a los enviados de la revista Contralínea, desaparecidos después de la emboscada –la reportera Éricka Ramírez y el fotógrafo David Cilia, quien tenía tres impactos de bala–, tuvieron que pasar más de 48 horas. Sólo entonces el gobierno estatal puso un helicóptero a disposición de David Cilia Olmos, padre del fotógrafo, y de Miguel Badillo, director de la publicación, para que fueran ellos quienes buscaran a los periodistas.
En tanto, los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Alternativas (Vocal), David Venegas y Noé Bautista, cada uno con varias heridas de bala, lograron salir del cerco tras caminar siete horas por la sierra triqui, evadiendo a hombres armados y encapuchados que iban detrás de ellos.
Otras organizaciones que se sumaron a la condena son Front Line, Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Por la agresión, la Procuraduría estatal abrió la investigación 114 (SJ) 2010.
Amenazas y viejas rencillas.
Existe otro grupo, también señalado como paramilitar, que opera en la región triqui, encabezado por Heriberto Pasos Ortiz: el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), creado en los ochenta y al que se le atribuyen los asesinatos de las locutoras de radio comunitaria Felícitas Martínez y Teresa Bautista, en abril de 2008.
En 2006, de las disidencias de la Ubisort y del MULT surgió el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2007 promovió la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, cuya máxima autoridad es Jesús Martínez Flores.
Albino Ortiz, integrante del ayuntamiento autónomo, acusa a Rufino Juárez Hernández de estar detrás del ataque a la caravana, cuyos integrantes intentaban documentar el cerco al que está sometido ese municipio autónomo desde hace cuatro meses, cuando la Ubisort tomó la presidencia de esa localidad. Desde entonces no hay servicios básicos ni se permite el ingreso de alimentos.
“El lunes (26 de abril) Rufino Juárez dijo en una entrevista de radio que él no se hacía responsable de la seguridad de la gente que iba en la caravana, por eso él es responsable de los hechos”, destaca Albino Ortiz.
Ante la amenaza lanzada por Juárez, dice Albino, los organizadores de la caravana determinaron que, de haber personas u obstáculos impidiendo el paso hacia Copala, “nos retiraríamos. Sólo queríamos que defensores, observadores internacionales y medios constataran la existencia del cerco”.
Organizada por Beatriz Cariño, dirigente regional de la AMAP, la movilización estuvo integrada por miembros de la Red de Radios Comunitarias del Sureste Mexicano y de la organización Vocal.
Aunque al partir la caravana contaba con un contingente de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las versiones de los sobreviventes entrevistados por Proceso confirman que antes de llegar al camino que conduce a San Juan Copala, el vehículo en el que viajaban se despegó y no lo volvieron a ver.
La emboscada del día 27 contra una misión humanitaria no es la primera que ocurre en San Juan Copala. En 1982, recuerda Carlos Beas, dirigente de la AMAP, “una caravana encabezada por Rosario Ibarra de Piedra, en la que había 30 periodistas y decenas de activistas, fue atacada a balazos”.
Sobreviviente de ese ataque, Beas recuerda que “se trató de un acto de intimidación ante la intención de doña Rosario, y de quienes la acompañábamos, de denunciar la violencia que imperaba desde entonces en la región triqui, causada por los caciques locales, quienes en esa época, se decía, tenían el apoyo del cuartel militar que estaba entonces en San Juan Copala”.
El activista, presidente también de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y conocedor de la zona triqui, asegura que detrás de la Ubisort y de otros “grupos paramilitares” en la región está el exsecretario de Gobierno de Oaxaca y actual diputado federal Jorge Franco.
“Se trata de una violencia de Estado dirigida contra quienes impulsan gobiernos autónomos no sólo en la región, sino en todo el estado de Oaxaca. En la zona triqui la lucha es por el poder político y la posesión de los recursos minerales locales, donde está el yacimiento de hierro más importante del país y que pretende entregarse a empresas extranjeras”, acusa.
Para la recuperación de las zonas autónomas, apunta, “Ulises Ruiz respalda a grupos paramilitares como el encabezado por Rufino Juárez, a quien le han dado tal poder que hoy ninguna autoridad policiaca ni militar ingresa a San Juan Copala; lo peor es que el gobierno estatal tuvo que negociar con la Ubisort para sacar de la zona los cuerpos de Bety y del compañero finlandés”.
El 29 de abril, en el momento en que aterrizó el helicóptero Bell 407, matrícula XAXAO, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los oficiales del cuerpo de Fuerzas Especiales, dirigidos por el comandante Guillermo Luna Gálvez, se encontraron con Rufino Juárez en la pista de aterrizaje para después trasladar al director de Contralínea, Miguel Badillo, y a David Cilia a la zona de conflicto.
“La emboscada a nuestros compañeros sólo confirma la existencia de grupos paramilitares en la región triqui, reconocidos por el gobierno del estado por su negativa a actuar. Pero lo peor es que nunca se había visto, ni en Irak ni en Colombia, que una misión internacional humanitaria fuera atacada. Eso sólo pasa en gobiernos como los de Ulises Ruiz y de Felipe Calderón”, comentó Rufino Juárez.

Las raíces del conflicto en Copala
María Dolores París Pombo* Proceso.
MÉXICO, D.F., 3 de mayo.- El brutal ataque, el martes 27 de abril, de un grupo paramilitar priista contra la caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, tiene sus orígenes en una historia de injusticia, corrupción e impunidad que caracteriza a esta y a otras regiones de Oaxaca. Desde inicios de este año, los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo se encuentran sitiados por miembros armados de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización fundada por el PRI a mediados de los noventa. Les han cortado la luz, el agua y todos los servicios básicos; el médico del centro de salud ha tenido que irse; los niños no asisten a la escuela, y la escasez de víveres se está volviendo extrema.
La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras zonas de México y a Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.
Como en muchas zonas del país, en la triqui han reinado la total impunidad, la ausencia del estado de derecho y el abandono por parte de las instituciones estatales y federales. La falta de justicia en casi todos los asesinatos y los permanentes hechos de violencia han transformado la región en un territorio sin ley, donde los derechos humanos se violan cotidianamente y existe un verdadero clima de terror.
A pesar de la notable ausencia de las instituciones federales y estatales que deberían brindar los servicios básicos, la región Triqui Baja no carece de recursos públicos. Al contrario, durante los últimos años se ha visto inundada por millones de pesos canalizados a través del MULT y de la Ubisort. Estas agrupaciones gobiernan cada una a varios barrios de Copala con la connivencia y el respaldo político del gobierno del estado, con las armas y el control total del presupuesto que llega a “sus” comunidades, ya sea a través de las agencias municipales o bien directamente a los líderes.
En septiembre de 2003, en una entrevista que realicé en el barrio de Rastrojo a Rufino Merino, dirigente del MULT, éste me presumió que el gobernador acababa de entregarle más de 15 millones de pesos para la pavimentación de la carretera de Putla a Juxtlahuaca, que cruza toda la región y que actualmente es intransitable. Por otro lado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese mismo año recibió también del Programa Oportunidades casi 18 millones de pesos, más que cualquier otra organización en el estado de Oaxaca, incluyendo las oficiales. Cabe señalar que, a diferencia de otras regiones rurales donde el programa opera con la entrega de becas a las madres de familia, en la región triqui las agencias municipales “recogen” la totalidad de los apoyos monetarios y hacen uso de ellos de acuerdo con sus propias prioridades.
El apoyo del gobierno del estado a los grupos paramilitares se hizo evidente en 2003, cuando el MULT fundó el Partido de Unidad Popular. El PUP, presentado por sus dirigentes como el primer partido político indígena del país, es sobre todo una experiencia más de las prácticas de manipulación y división del voto opositor y de la cooptación de los movimientos sociales por parte de las élites priistas en Oaxaca. En efecto, uno de los artífices principales del nuevo partido estatal fue el hoy exgobernador José Murat. Por otro lado, la posición privilegiada que adquirió Unidad Popular como interlocutor de los triquis con el gobierno estatal no hizo más que agravar la situación de violencia en el área. Algunos dirigentes del MULT-PUP marginaron o expulsaron de la dirección política del movimiento a líderes reconocidos como “dirigentes naturales” de sus comunidades y armaron a grupos paramilitares para reprimir el ascenso de jóvenes líderes.
El aislamiento del conflicto en la región triqui y la retirada de las instituciones sociales han permitido la imposición de una verdadera dictadura del MULT-PUP y de la Ubisort-PRI. En las comunidades controladas por cada una de estas organizaciones armadas, todos los habitantes son considerados como “bases” de apoyo y obligados –bajo amenazas de multas, golpes o asesinatos– a participar en las movilizaciones e incluso en los choques armados. Además de disponer de recursos millonarios, las agrupaciones de la zona triqui están poderosamente armadas, y regularmente son surtidas de municiones y nuevo armamento. Apenas en febrero de este año, habitantes de San Juan Copala que habían huido hacia Juxtlahuaca burlando el cerco de la Ubisort denunciaban que los líderes de esta organización acababan de recibir un fuerte cargamento de armas AK-47 y R-15 y cientos de cartuchos, procedentes de Santiago Juxtlahuaca.
Las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, así como la cobertura que hacen muchos medios de comunicación sobre los asesinatos y masacres en las regiones indígenas, enfocan siempre el supuesto “carácter ancestral” de los conflictos y las llamadas “luchas intercomunitarias”. El Estado parece librarse así de cualquier responsabilidad en lo que debiera ser su función primordial: garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, igual que en el caso de la llamada “guerra contra el narco”, lo que priva es la culpabilización de las víctimas: se matan entre ellos; lo han hecho por siglos; este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte de su naturaleza…
Sin embargo, el pueblo triqui se ha caracterizado, antes que nada, por su trayectoria histórica de movilización por la defensa de sus derechos y de su identidad, de resistencia contra el dominio racista y la explotación. Como lo muestra Francisco López Bárcenas en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo, el mito del triqui violento por naturaleza ha sido alimentado por una de las raíces más profundas del conflicto: el racismo, continuamente expresado en los discursos de los políticos, administradores, servidores públicos y, sobre todo, de los medios de comunicación. Las élites regionales han construido un discurso de desvalorización, de desprecio del triqui, que ha logrado incluso convertirse en sentido común entre los mestizos y en buena parte de la población mexicana.
Estos discursos racistas han permitido minimizar la violencia endémica y silenciar la connivencia de las autoridades gubernamentales en los crímenes que se cometen en el área. A principios de febrero, causó noticia el asesinato de 10 personas en un poblado triqui, San Miguel Copala, enmedio de una disputa entre el MULT y la Ubisort por el control de la agencia municipal. La mayoría de las víctimas eran habitantes del poblado, entre ellas el agente municipal, pero también murió un ingeniero que realizaba trabajos en la zona para la Comisión Nacional del Agua. En esas fechas, se intensificó el acoso contra el municipio autónomo por parte de un grupo armado dirigido por Rufino Juárez. El 20 de abril, algunos medios dieron cuenta del asesinato de Celestino Hernández (del municipio autónomo), cometido por un miembro de la Ubisort plenamente identificado por la comunidad.
Hoy las víctimas son defensores de derechos humanos, activistas sociales con amplio reconocimiento a nivel nacional y observadores internacionales. Por primera vez en meses, el sitio paramilitar de San Juan Copala se convierte en noticia internacional y ocupa las portadas de los periódicos nacionales. Cuando se sabía del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola –originario de Finlandia–, y mientras que varias personas –entre ellas un belga y un italiano– seguían desaparecidas, el 28 de abril Ulises Ruiz declaraba con una frialdad impresionante a los medios de comunicación que nada tenían que hacer los “extranjeros” en esta región, y expresaba su determinación de investigar, eso sí, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la calidad migratoria con la que esas personas se encontraban en México.
El total cinismo del gobernador equivale sólo al de Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, quien tras haber amenazado con la afirmación de que detendría a toda costa la caravana, indica ahora que los culpables son las autoridades del sitiado municipio autónomo.
Pero ese cinismo ha sido alimentado por la impunidad. En efecto, la criminalización de la protesta social, la represión armada y el asesinato han sido la marca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Este gobernador, uno de los más sangrientos de México, está a punto de concluir su gestión sin que pese sobre él ningún proceso penal. Sin embargo, la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos documentó en un informe 62 asesinatos por cuestiones políticas en Oaxaca entre junio de 2006 y abril de 2008, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó al gobernante por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Sin la presión de la sociedad civil nacional e internacional, de los organismos internacionales y de gobiernos de otros países, privará sin duda una vez más la impunidad.
*Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.

La siembra de Beatriz Alberta Cariño
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Diminutas, consternadas, fuertes, atavadiadas con sus hupiles rojinegros, las mujeres triquis que cargaron por tramos el ataúd café de Beatriz Cariño Trujillo hasta su última morada en el camposanto de su natal Chila de las Flores, Puebla, escucharon las palabras que a los dolientes les dedicó su hermana Carmen, entre consignas, rezos y llantos.
“Mi hermana –dijo Carmen el pasado 30 de abril– luchó por ustedes y por los derechos de los pueblos y mixtecos, por lo que nos sentimos orgullosos de tener una mujer como ella, de haber compartido cada momento. Despidámosla con todo el amor, cariño, coraje y terquedad que la caracterizaba, ya que mi hermana siempre fue una mujer fuerte, por eso nosotros hay que luchar también”.
Al entierro de Beatriz asistió una multitud similar a la que participa en las fiestas patronales del pueblo. Camaradas y amigos suyos de varios estados de la República se trasladaron cientos y hasta miles de kilómetros para asistir a las exequias. Más de 100 triquis de San Juan Copala viajaron durante horas para acompañar los restos de su compañera. En su casa fue colocada una ofrenda floral que decía: Recuerdo Sitio Nu Savi, junto a una corona de flores con la frase: San Juan Diquiyu está contigo, Bety
En el panteón, uno de los dolientes le gritó a Omar Esparza, su viudo y padre de su hijo de ocho años y su hija de cinco: Que te quede claro, a Alberta no la vas a enterrar. La vamos a sembrar, porque es de las flores más bellas, y su ejemplo dará fruto.
Beatriz Cariño Trujillo perdió la vida el martes 27 de abril, cuando integrantes de la organización paramilitar priísta la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tendieron una emboscada en el paraje Los Pinos, de La Sabana Copala, a la Caravana de observación por la paz, que llevaba ayuda humanitaria a San Juan Copala. Allí falleció también el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrante de la Unión Uusi Tunli ry (Nuevo viento).
Al ser asesinada, Beatriz tenía 37 años y una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos y en favor de la libre determinación de los pueblos indios. Nació en el seno de una familia de campesinos, indígenas, mixtecos. Estudió primaria y secundaria en Chila de las Flores, bachillerato en la Preparatoria 3 de la UABJO, en Huajuapan de León, y la carrera de educación primaria en la Normal del Divino Pastor, en Tehuacán, Puebla.
Dotada de gran inteligencia, enorme sensibilidad y capacidad de comunicación, Beatriz comenzó su trabajo de promoción social desde muy joven, de la mano del sacerdote Gerardo Mora Paz, vinculado a la Teología de la Liberación. Se formó en la idea de que la pobreza y la injusticia existen no porque Dios así lo quiera. Con el paso de los años, sin romper con esta corriente de pensamiento, se comprometió con expresiones de lucha político-social laicas, como la otra campaña, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos.
Este origen religioso quedó de manifiesto en la misa de cuerpo presente que el coordinador de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, ofició a la difunta, en la iglesia de Santa María de la Asunción. “Ahora contamos –dijo– con una interventora delante de Dios, alguien que conoce de la pobreza y tristeza de los pueblos (...) la lucha sigue, porque la vida no se detiene, ni el sepulcro la detiene. La muerte de Bety es el inicio de un camino, sólo pasa a otra vida, desde donde seguramente estará interviniendo por todos nosotros como lo hizo en la tierra”.
Beatriz trabajó activamente en las comunidades del valle de Tehuacán, afectadas por la contaminación de sus aguas por parte de las granjas industriales avícolas y las fábricas de mezclilla, y en los pueblos pobres de la sierra Negra. Organizó a mujeres vendedoras de tortillas, promovió la formación de cajas de ahorro, desarrolló proyectos de economía solidaria, fundó centros de apoyo a migrantes e impartió programas de salud reproductiva.
En 2000 se trasladó a su región de origen. Tiempo después de vinculó a la lucha contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad; la destitución del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; la resistencia a la construcción de grandes presas; la autodeterminación de los pueblos; la promoción de radios comunitarias indígenas, y el apoyo al municipio autónomo de San Juan Copala.
Beatriz fundó, junto a su esposo Omar Esparza, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), asociación civil que trabaja en proyectos de educación popular alternativos, derechos indígenas y derechos de la mujer. En 2008 comenzó a operar la radiodifusora independiente La Rabiosa, con el objetivo de difundir los derechos humanos entre los habitantes de la mixteca. Sin embargo, el 29 de agosto de ese año policías federales les decomisaron su equipo de transmisión, porque no contaban con el permiso correspondiente. Colaboró activamente con la radio triqui La voz que rompe el silencio y promovió la formación de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.
Activista incansable, solidaria con las luchas contra la devastación ambiental, días antes de su muerte acababa de regresar de un encuentro en apoyo a la lucha contra la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. El 3 de diciembre de 2009, participó en las protestas frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México, contra el asesinato de Mariano Abarca, luchador social opuesto a la acción depredadora de las mineras a cielo abierto en Chicomuselo, Chiapas. Su participación en esa movilización quedó consignada en www.mixx.com/videos/13509982/youtube_discurso_de_bety_cari_o_embajada_de_canad_3_de_diciembre_de_2010.
Beatriz Cariño formó parte de una generación de activistas sociales que promueven, desde abajo, otra política; una camada de militantes que ha logrado sobrevivir a la descomposición ética que atraviesa amplias franjas de los afiliados a la izquierda partidaria; un grupo de luchadores sociales amenazado por gobernadores como Ulises Ruiz y políticos tradicionales de todas las siglas. Sus compañeros la sembraron el pasado 30 de abril.

Paramilitarismo
MARCO RASCÓN
El paramilitarismo se encuentra en proceso de articulación nacional. El paramilitarismo surgido de la guerra al crimen organizado lanzada por el gobierno federal no sólo ha creado la espiral de la violencia y la represión ilegal, que ha sido madre de las guerras sucias, sino que empieza su proceso de autonomía y articulación nacional, como ha sucedido en los lugares donde ha surgido como decisión oficial contrainsurgente.
La actual reforma en el Senado sobre las funciones del Ejército, en vez de cerrar, abrió la puerta y justificación al paramilitarismo, como vínculo oscuro entre la acción policial y las fuerzas de origen militar, con misiones ilegales para la limpieza de pandillas, sicarios y narcomenudistas, y que ha arrojado más de 22 mil muertos en los últimos años.
Aplicando la violencia fuera del ámbito constitucional –como hizo el Estado mexicano contra la subversión en las décadas de 1950, 1960 y 1970, que ocasionó cientos de desaparecidos y asesinados por los organismos del Estado y que permanecen impunes–, el gobierno de Felipe Calderón ha desatado una fiera difícil de meter nuevamente en la jaula: el paramilitarismo.
A los brotes de paramilitarismo regional ya existentes bajo el mando de cacicazgos o políticas contrainsurgentes con objetivos locales y precisos, como en Chiapas, la sierra Triqui y Guerrero –por citar tres ejemplos–, la “guerra contra el narco” une las formas de paramilitarismo local con lo nacional y, por esencia, inicia su proceso de autonomía en mandos, financiamiento, armamento y procedimiento, pues lo une el haber surgido de la impunidad y los códigos de protección mutua, incluso contra el poder oficial que le dio origen. Así sucedió en Colombia.
La acción paramilitar en Oaxaca cercana a San Juan Copala contra activistas protectores de derechos humanos y periodistas, tiene raíces muy antiguas ahí, aplicada en contra de los movimientos indígenas contra los cacicazgos priístas. Esta fuerza había permanecido latente, de alguna forma aislada o contenida, pero ahora es respaldada y motivada por el paramilitarismo que se asoma tras las ejecuciones masivas en los estados de la frontera norte, el Golfo, Michoacán, Baja California y Sinaloa. Lo que eran prácticas acotadas a conflictos y regiones, ahora es un proceso nacional en marcha, y ahora tienen un mensaje fuerte y claro: está prohibido asomarse a la realidad.
La violencia paramilitar por eso es invisible y oculta la mano. Actúa organizada y efectiva, para dejar, mediante la violencia ciega y sin rostro, lo que el poder necesita y por la vía legal no puede. Amparados en la impunidad, se trata de paralizar con el terror toda acción y denuncia, pues las víctimas de antemano están catalogadas como delincuentes y criminales. Frente a ello, ni los organismos de derechos humanos se interesan o actúan, y hasta estudiantes y niños son, en primera instancia, catalogados como sicarios o narcotraficantes.
Explicada mayoritariamente como lucha entre bandas criminales (más de 90 por ciento, según Felipe Calderón), el paramilitarismo se desboca y produce una espiral de violencia sin lógica y toma a todo el país bajo el fuego cruzado. Conforme a esta definición, la versión oficial de la violencia tiene una falla lógica, pues defiende los resultados como parte de su ofensiva y, ante los reclamos civiles, se niega a cualquier retirada, con lo cual acepta que los 22 mil muertos son el resultado de su estrategia.
Asomarse a la realidad es peligroso, como lo sucedido a Alberta Cariño, al activista finlandés y a los integrantes de la caravana que iba hacia San Juan Copala, Oaxaca. La tendencia es reprimir por todos los medios, que nadie se acerque a la realidad y se acepten las versiones oficiales como únicas. Eso significa que el lado oscuro del poder paramilitar está creciendo y que la represión se ajustó a las nuevas formas de la democracia.
¿Cuál es el origen de esto? En 1988, Luis H. Álvarez, Diego Fernández de Cevallos y Abel Vicencio Tovar justificaron su reconocimiento al gobierno de Carlos Salinas, con el argumento falaz de que los gobiernos se legitiman con hechos, para proteger al gobierno del calificativo de usurpador. Bajo esta idea, desde el poder se reformó la Constitución contra el ejido, se abrió la puerta a la acción política de la Iglesia, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se concretó la gran privatización de empresas del Estado.
Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, llegó a la Presidencia y, más allá de la acusación, lo más sorprendente es que actúa como un gobierno usurpador y golpista; él es el primero en no creer en su legitimidad, pues el centro de su discurso promueve salidas autoritarias, imprecisión, justificación del terror paramilitar y descomposición de las instituciones. Su guerra se extiende contra toda la sociedad y la justifica como una medida de orden.
Calderón y sus opositores perdieron la brújula de la transición y han creado como única alternativa la restauración del viejo régimen.