VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS

Marina, como el Ejército
Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 30 de mayo (apro).- Era inevitable. La activa participación de la Marina Armada de México en la "guerra al narcotráfico" del gobierno de Felipe Calderón está derivando en violaciones a los derechos humanos y en una mayor exposición hacia los cárteles de la droga.
Los marinos están siguiendo los mismos pasos que los uniformados de verde, aunque de ello Calderón no quiera saber nada y en cambio los llene de elogios como este 1 de junio, Día de la Marina.
Orgullosos de diferenciarse del Ejército respecto a las acusaciones de corrupción y violencia contra la sociedad, los marinos son mencionados cada vez más en violaciones contra la dignidad humana al amparo del combate al narcotráfico.
En el puerto de Veracruz, por ejemplo, está el caso de cuatro personas recién detenidas y desaparecidas por presuntos efectivos de la Marina.
Sólo se ha logrado saber de una de ellas, el mecánico Jesús Daniel Vargas, quien el pasado martes, después de una semana de que fue detenido por supuestos elementos de la Armada, apareció torturado.
En las operaciones de la Marina no sólo hay casos de presunción. La ejecución de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y la exhibición como trofeo de su cadáver vejado, en diciembre pasado, colocó a la Marina del lado de aquellos militares que en sus delirios de odio se han encargado de dejar testimonio gráfico de sus enemigos torturados, mutilados o decapitados.
Así pasó en la guerra de los Balcanes en los años noventa y se repitió en la invasión de Estados Unidos a Irak. Lo mismo ocurrió en la guerra del Cáucaso. Guardadas las proporciones, la ejecución de Beltrán Leyva por parte de infantes de la Armada mexicana generó dudas y sospechas sobre el operativo.
Ahora son los efectivos del Ejército quienes dicen que ellos no se han regodeado públicamente con sus víctimas. El operativo de la Armada, del que fue marginado el Ejército por su alegada protección a Beltrán Leyva, dejó además dos víctimas civiles ajenas a los hechos -una mujer y un hombre- cuya muerte quedó para el recuento de Calderón respecto a "los menos".
Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y de protección al narcotráfico se han enderezado, con razón, hacia el Ejército. No se ha mirado hacia la Armada.
Los marinos dicen que en eso no se parecen al Ejército. Hasta ahora ninguno de sus altos mandos ha sido procesado por narcotráfico como ha ocurrido con generales del Ejército.
Pero ¿los almirantes tendrán algo distinto a sus hermanos generales para no relacionarse en el narcotráfico. Si algún jefe de la Armada ha trabajado para alguno de los cárteles no lo sabemos, pues a diferencia del Ejército la Marina Armada de México ha estado lejos del escrutinio público.
El jefe Diego, el misterio y la faida
CARLOS FAZIO
Desde hace un cuarto de siglo, tras la imposición de las políticas neoliberales, la corrupción, producto histórico estructural del capitalismo familiarista y amoral de México, generó una balcanización acelerada de la administración gubernamental. Ante la ausencia de sólidas instituciones políticas y de mercado, y la irrupción de una nueva clase política facciosa más preocupada por los intereses particulares que por los públicos, en colusión con una clase empresarial con un pie en la economía legal y otro en la ilegalidad, el crimen se convirtió en un elemento orgánico del sistema monopólico de control político y social.
Con la entronización fraudulenta del clan Salinas en 1988, y tras los crímenes de Estado de 1993 y 1994 (los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas y los priístas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu), fue tomando fuerza un gobierno privado extralegal de tipo cleptocrático y mafioso, que de manera acelerada derivó en un estado generalizado de contra-institucionalización. La protección extorsiva de los comportamientos ilegales por grupos gansteriles en el seno del viejo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI), dio paso a una violencia reguladora de nuevo tipo que, cada vez más, recurrió al asesinato y a las purgas como norma.
Cabe anotar que la gestión de los mercados ilegales es siempre la gestión del desorden y de la faida, principio que en el viejo derecho germánico sancionaba el derecho a la venganza. Así, desde los cimientos del caos se normalizaron o naturalizaron el gobierno del crimen y la eliminación física recíproca como mecanismo de la protección criminal a la criminalidad por medio de una supracriminalidad, y de la ilegalidad por medio de la suprailegalidad.
Como señala Giulio Sapelli, es la escasez de legalidad la que produce la contra-institucionalización del gobierno criminal: éste crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema. Visto así, desde comienzos de los años noventa del siglo pasado asistimos a una refeudalización política del Estado, que abortó de manera temprana las expectativas de cambio y transición a la democracia de amplios sectores de la ciudadanía consciente.
Desde entonces, como un continuum, de la mano de la corrupción político-económica y la circulación de enormes masas de capital derivadas de múltiples actividades ilícitas (entre las que destaca el narcotráfico), el elemento de la violencia fue decisivo para imponer una paz de mercado, donde la competencia es eliminada. Se trata de una violencia reguladora (disuasiva, represiva, aniquiladora) que busca establecer el monopolio de la economía criminal, eliminando a los otros jugadores, y que ha venido operando como una especie de mano visible que, en última instancia, regula la resolución de los conflictos y la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.
Una ilegalidad y una violencia física desembozada, en apariencia anárquica, que entraron en una fase de descontrol y se profundización durante los dos gobiernos facciosos y derechistas del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, y que llega hasta nuestros días con la desaparición forzosa del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el atentado contra el general Arturo Acosta Chaparro, prototipos, ambos, con sus especificidades y campos de actividad respectivos, de la colusión entre individuos y empresas en el marco de gobiernos amorales de tipo delincuencial, basados en un sistema de economía plutocrática-mafiosa.
El amasiato de los poderes Ejecutivo y Legislativo visibles con el poder invisible de los lobbys empresariales, legales y criminales, dio paso, para usar la figura de Bobbio, al actual neopatrimonialismo extralegal mexicano, que opera al margen de toda regla institucional. Como en Italia, Colombia o Rusia, corrupción personal y corrupción institucional –o sea en nombre del partido y en violación de las leyes que regulan su funcionamiento– involucran hoy en México de manera transversal a los principales clanes políticos, llegando hasta los más altos vértices del Estado.
En ese contexto, en el caso del jefe Diego, moderno señor feudal y personaje polémico que logró amasar una escandalosa fortuna desde los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Punta Diamante, Banco Anáhuac, etcétera), señalado por sus relaciones inconfesables y tráfico de influencias (Martí Batres aseguró que el panista es abogado del narco y empleado de la mafia), podríamos estar ante el rompimiento de los consensos y pactos entre grupos competidores violentos que interactúan en los mercados de la ilegalidad, y que se mueven en los espacios de confluencia de empresas poderosas, clanes partidarios y mafias enquistadas en una administración pública balcanizada y penetrada por una gran corrupción.
En medio del caos y la violencia imperantes (México se colombianiza, Calderón dixit), Diego Fernández de Cevallos pudo haber sido alcanzado por la faida o el derecho a la venganza de alguno de los grupos invisibles rivales que gobiernan desde la ilegalidad. O, como se ha señalado de manera más clara, el jefe Diego pudo ser el objetivo elegido para dirimir ajustes de cuentas dentro de las mafias del poder; sin descartar, claro, en ese mismo escenario, que se trate de un secuestro o crimen de un sector del Estado, dirigido a provocar reacomodos en el seno de una cúpula colusiva signada por la relación empresa-clase política.
Más allá del silencio oficial y los galimatías informativos, Diego es el mensaje y nadie está a salvo.
El candidato y el juez
Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 31 de mayo.- Seguramente ya se encontraron estas dos personas cuyos nombres resuenan en la escena nacional desde hace media semana. Claro que se habla más de Gregorio Sánchez Martínez y menos, casi nada, de Carlos Alberto Elorza Amores. Este último es el causante formal de la detención del primero. Él es juez segundo penal de la Federación en Nayarit, y su oficina está adosada a la cárcel de mediana seguridad de San José del Rincón, cerca de Tepic. Se le solicitó una orden de aprehensión contra Sánchez Martínez, y aunque probablemente el pedido no estaba bien fundado, no tuvo empacho en ordenar la detención del alcalde de Cancún con licencia, candidato de tres partidos (PRD, PT y Convergencia) a la gubernatura de Quintana Roo.
Chiapaneco, Elorza Amores estudió derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, y al graduarse de abogado volvió a su entidad natal, donde ingresó a la administración local de justicia. Luego, allí mismo, pasó a la judicatura federal. Aunque las instituciones donde obtuvo la maestría y el doctorado no resistirían una prueba de rigor académico, alcanzó esos grados, lo que muestra su gana de ascender. De modo que lo consiguió poco a poco hasta llegar a juez de distrito. No sé si por azar, o porque ya había dado muestras de que era una persona dúctil a indicaciones ajenas a la naturaleza de su trabajo, se le encomendó una titánica y delicada labor: recibió hace un año justamente a 27 personas, alcaldes y funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, a los que se detuvo en una redada insolente y peligrosa.
Elorza Amores los arraigó por 40 días y luego les inició proceso penal por nexos con el narcotráfico, misma conducta que se le achaca a Sánchez Martínez. Pero sus órdenes de aprehensión eran frágiles, y poco a poco sus víctimas –es decir, los destinatarios de tales mandamientos, solicitados por la Procuraduría General de la República igualmente de modo desaprensivo—obtuvieron amparo en tribunales de garantías y paulatinamente salieron en libertad, por la sencilla razón de que no cometieron los delitos que se les imputaron. Apenas este 21 de mayo quedó libre el procesado en falso número 19. Quedan todavía ocho personas detenidas, que se augura dejarán de estarlo en breve porque les asiste la misma razón que al resto de los encarcelados el 26 de mayo de 2009.
Como si una mente perversa, o sumamente torpe, quisiera señalar esa efeméride, ese día, un año después, Sánchez Martínez fue llevado a Tepic a esperar que se le inicie proceso luego de que casi al término de la jornada anterior se ejerció orden de aprehensión en su contra. La Procuraduría lo pensó dos veces antes de acudir de nuevo a Elorza Amores, que le merece confianza, aunque sus decisiones no resistieron a la justicia de amparo. Por eso la PGR hizo un ensayo previo. Acudió el 7 de mayo a otro juzgado de distrito, el Sexto Penal, con sede en Toluca. El juez Roberto Hoyos encontró llena de agujeros la petición de la Procuraduría y no obsequió la orden de aprehensión solicitada. Faltó a la PGR un estudio lógico-jurídico que permitiera “comprobar el grado de participación de Sánchez en el delito de lavado de dinero, por lo que al analizar en su conjunto y de manera individual los argumentos para detenerlo, no se podía comprobar ese ilícito”. (Reforma, 27 de mayo.)
Claro que entre el 7 y el 26 de mayo mediaron 19 días que acaso fueron aprovechados por la Procuraduría federal para subsanar las deficiencias establecidas por el juez Hoyos. Pero en vez de volver ante este juzgador con un pedido más sólido, atendible, la PGR resolvió ir sobre seguro y presentó su nueva petición en Nayarit, ante el menos exigente juez Elorza Amores, que no defraudó al ministerio público. Esta vez importa menos que hace un año si la Federación pierde el proceso que pretende iniciar contra Greg, el popular candidato que con sus dotes personales se hizo de una fortuna en pocos años y es exitoso predicador religioso y más exitoso todavía intérprete de música de la misma índole. Porque con toda claridad de lo que se trata es de eliminarlo de la contienda electoral quintanarroense. Si Sánchez Martínez no obtiene suspensión provisional contra la orden de aprehensión, o son inútiles otros mecanismos de defensa que despliegue junto con el PRD (como el juicio de protección de garantías político-electorales ante el tribunal federal de esa materia), ese partido y sus aliados se quedarán sin candidato, porque habrá ya transcurrido el plazo para reemplazarlo (con lo que también se evitaría que políticamente lo sustituya su esposa, la señora Niurka Sáliva, que no puede ser candidata por su oriundez cubana, y a pesar de su discurso elocuente aunque no convincente).
Hay una controversia política entre el PRD y la PGR respecto del albazo que significó la detención del candidato opositor, que lo iba a ser también del PAN, partido que oportunamente se distanció de la coalición alegando que no avalaría la postulación de Greg Sánchez. Asegura la Procuraduría General de la República que hace varios meses dio aviso al PRD sobre el curso de sus investigaciones, que podrían desembocar en la aprehensión del candidato, a fin de que tomaran sus providencias electorales. Jesús Ortega, el dirigente perredista, niega haber recibido tal alerta. Por la naturaleza del asunto es seguro que, de haberse dado tal comunicación, ésta habría sido verbal y que no consta por escrito, de donde resulta que se oponen palabra contra palabra. Y ninguna de las partes de esa diferencia suscita confianza al grado de aceptar como bueno su dicho.
Si Sánchez Martínez es mantenido preso y el PRD se queda sin candidato, no sólo éste, sino el partido mismo resentirá un grave problema, que en la fragilidad partidista actual será de consecuencias funestas. Y dentro del PRD la ya debilitada Nueva Izquierda padecerá en mayor medida las consecuencias de confiar en alguien que tal vez no merecía, en estos tiempos y en un lugar como Quintana Roo –regido hasta hace poco más de una década por quien es ahora el primer gobernador extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico–, tanta confianza, resultante por añadidura del cálculo convenenciero.