El VERDADERO MAL.
2 jun 2010
Ignorancia y miseria, el mayor problema social, dicen rectores
No podemos perder a un joven más, señalan representantes de 23 instituciones latinoamericanas LAURA POY SOLANO
Enviada
Periódico La Jornada
Guadalajara, Jal., 1º de junio. Las universidades de Iberoamérica tienen entre sus principales desafíos no sólo la generación de conocimiento, sino también la búsqueda de equidad y justicia social. Más de mil rectores reconocieron que el problema fundamental de las sociedades modernas no es la inseguridad, sino la miseria y la ignorancia, la pobreza y el dolor de las personas.
Al concluir el segundo Encuentro Internacional de Rectores Universia, representantes de instituciones de educación superior de 23 países latinoamericanos coincidieron en que no podemos perder a uno más de nuestros jóvenes. Si queremos ganar un futuro debemos comenzar por extender a todos la posibilidad de ingresar a una formación universitaria.
Federico Gutiérrez-Solana, rector de la Universidad de Cantabria y presidente del comité académico del encuentro, afirmó que es necesario construir una universidad que se involucre más con la sociedad, lo que implica tener un claro compromiso con la cohesión y la justicia social.
En tanto, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que debe adoptarse como política de Estado el apoyo a la enseñanza superior, la ciencia y la cultura, pues consideró inaceptable que en muchas naciones de la región, la mayoría de los jóvenes en edad de cursar sus estudios no puedan hacerlo.
Indicó que la educación superior es fundamental para que las naciones de la zona no se rezaguen más respecto de los países que basan su desarrollo en el conocimiento y sus aplicaciones. Reiteró su convicción de que nuestro marco de partida debería ser la aceptación de que el mejor Estado no es necesariamente aquel que únicamente genera riqueza. En todo caso, es aquel que mejor la distribuye y que consigue el mayor desarrollo humano posible.
Entre las principales conclusiones del encuentro, al que asistieron rectores y representantes de toda Iberoamérica, destaca la demanda a los gobiernos de la región de que incrementen la inversión destinada a la enseñanza superior, la ciencia y la tecnología, pero también a que favorezcan las condiciones para una mayor participación del sector privado, que debe asumir que la educación también le compete como tarea estratégica para el desarrollo.
Una universidad abierta, científica y crítica –advirtieron los rectores– requiere financiación adecuada, gestión profesionalizada y transparente, y la actualización constante de los nuevos desarrollos tecnológicos, desde la afirmación de la autonomía y la diversidad universitarias.
Tras reconocer el papel estratégico de dichas instituciones de enseñanza superior en la consolidación de una sociedad del conocimiento, los rectores acordaron, como parte de la llamada agenda de Guadalajara, impulsar el desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que tiene como uno de sus ejes centrales establecer un programa de movilidad estudiantil y de profesores, cuya meta es que para 2015, 2.5 por ciento de la comunidad estudiantil de la región, estimada en 13 millones de alumnos, participe en algún tipo de intercambio.
El rector de la Universidad Estadual Paulista, Herman Jacobus Cornelis, integrante de la red de universidades de Brasil, destacó que a los retos de financiamiento y calidad de la educación superior se suma la necesidad de incrementar la cobertura, pues en su país hemos avanzado porque hay una decisión de Estado y se invirtió mucho más en años recientes.
Joao Carlos Alexandre Neto, rector de la Universidad Federal Pública de Rio Grande do Sul, Brasil, afirmó que las instituciones de nivel superior deben mantener directa la mirada sobre las necesidades de la población.
En tanto, Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, afirmó que entre los retos insoslayables para las instituciones iberoamericanas está remontar las bajísimas tasas de cobertura, porque si no tenemos ese piso mínimo de equidad, miles de nuestros jóvenes seguirán en las calles, ante el riesgo de seguir el camino de la delincuencia.
En la clausura del encuentro, Angel Gabilondo, ministro de Educación de España, señaló que en un mundo en crisis la universidad iberoamericana también enfrenta un doble reto: ligar el conocimiento con la creación de una sociedad más justa.
Caso ABC, "un año de dolor y lucha"
Santiago Igartúa
MÉXICO, DF, 1 de junio (apro).- El quinto día de junio de 2009 fue el último en la vida de Emilia Fraijo Navarro. Tenía 3 años, dos meses y 14 días, recuerda su padre Abraham Fraijo.
Junto a ella murieron 48 pequeños más y 70 resultaron lesionados en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
Ya pasaron casi doce meses de la tragedia, lapso del que Abraham hace un recuento:
“Han sido meses de dolor y de lucha, los he ido sorteando. A diciembre todavía llegué con fuerzas, e hicimos una huelga de hambre para que nos recibiera el presidente Felipe Calderón (lo que no sucedió). La Navidad fue devastadora”.
Enero y febrero, cuenta, fueron tiempos de gran esfuerzo. Entonces, marzo. “Llega y simplemente no lo soporto. Porque en marzo estábamos organizando un juicio ciudadano en contra de los propietarios de la guardería ABC, cuando yo debería estar organizando una piñata de cumpleaños. Simplemente me derrumbé”.
Hoy, a días de cumplirse un año de aquel espanto, Abraham se encuentra en la Ciudad de México para alzar la voz y presentar un libro que recopila testimonios de aquel día de junio.
Él forma parte del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, integrado por las familias de 28 de las víctimas, mismas que fueron excluidas de la invitación que hizo Calderón para reunirse en Los Pinos, el pasado 30 de abril, Día del Niño, por ser “los más aguerridos, los más propositivos”, considera Fraijo.
A la segunda visita que el Ejecutivo federal armó para el día de mañana, miércoles, sí fueron convocados. Ningún miembro de ese Movimiento asistirá.
“Ninguno de los integrantes del Movimiento 5 de Junio va a asistir a la reunión con Calderón. Él tiene que asistir a Hermosillo y atender a todos los padres, de manera pública, no a puerta cerrada”.
Sólo acudirán las agrupaciones de padres Manos Unidas, y Salud y Justicia.
El caso ABC, dice, es el “absurdo” de la corrupción, que derivó en la muerte de los menores.
“A estas alturas ya es difícil esperar algo de ellos. Una petición tan simple como que el presidente se presente en Hermosillo no se pudo concretar. Qué más podemos esperar… A mi chiquita no me la van a regresar. Lo que espero es que logremos un cambio que no permita que ningún otro mexicano pase por lo que pasamos. Que ningún chaparrito sea separado de su familia de esta manera”.
Asistir a la reunión, dice el padre de la pequeña Emilia, sería prestarse a un juego, un montaje.
“Lo que a mí realmente me molesta es la manera en que Calderón está utilizando esta circunstancia para tratar de limpiar su imagen. ¿Por qué no lo hizo cuando estuvimos en huelga de hambre? La única demanda que teníamos era que se presentara con nosotros en Hermosillo. Como respuesta tuvimos el silencio.
“Hemos solicitado por diferentes medios, incluso por el gobernador del estado (Guillermo Padrés), la solicitud de que se presente: nada. Ahora, a unos días de cumplirse un año, cuando todos están enfocando al caso de la guardería ABC, entonces ahora sí hay interés. ¡No! No se vale”, lamenta con enojo.
La posibilidad de que Calderón decrete el día de luto nacional en esa jornada, cuenta Abraham, es algo que han impulsando desde hace tiempo:
“Es evidente que se esperó hasta esta fecha para dar la nota. Pero para mí esto es algo que debió hacerse hace mucho. A veces pienso que es hasta tonto. Incluso por conveniencia política debió decir algo. O hacer como que estaba haciendo algo. A mí me indigna. Es una muestra más de la insensibilidad de este personaje. Ni modo. Tenemos que lidiar con él”.
En un caso de lastimosa impunidad, más allá de los tormentos que lo agobian, Abraham --“como muchos padres”-- ha tenido que lidiar con la humillación del gobierno federal. “Siento como si bailaran sobre la tumba de mi hija”.
¿Y la SCJN?
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido una resolución sobre el caso, aunque ya ha publicado un informe preliminar determinando “ilegalidad” en los contratos de subrogación de las cerca de mil 330 guarderías adjudicadas (subrogadas) por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En ese mismo informe se determinó la responsabilidad de funcionarios como Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes y en ese entonces director del IMSS; el exgobernador Eduardo Bours, y el aún procurador estatal, Abel Murrieta.
“Bours está involucrado como culpable. Sería demasiado estúpido dar la espalda a lo que la SCJN está diciendo. Por supuesto que esperamos que a Bours se le haga juicio político, que Murrieta sea destituido y juzgado, también Molinar Horcasitas… Y todos los que estuvieron involucrados por corrupción o por omisión. Todos los que firmaron papeles sin saber, que todos los que vengan piensen dos veces que están jugando con vidas, y cuando se tocan vidas de niños, disculpen, pero ya estamos bien jodidos”.
Si bien la resolución final de la SCJN, aún pendiente, no tiene implicaciones legales, los familiares de las víctimas pretenden que marque una pauta:
“No me imagino a un juez oponiéndose o contradiciendo a lo que la Suprema Corte está dictaminando. Pero al nivel de corrupción en el que vivimos no me sorprendería que lo hicieran. Y más que nada el dictamen de la Corte va a servir para que los medios lo distribuyan y la gente se entere de cómo la instancia suprema de justicia del país ve el caso”, dice Abraham Fraijo.
En principio, espera que se elimine el proceso de subrogación de las guarderías y se demuela el inmueble donde funcionaba el ABC, y en su lugar se erija un memorial.
“No en un museo, no un parque. Un memorial en el que la gente pueda enterarse de qué sucedió ahí”, aclara.
Para Abraham, entre muchos, lo que sucedió el 5 de junio pasado fue un parteaguas en la historia de México. “Es el tope de la corrupción, tocar fondo. Eso tiene que generar cambios. El sistema te pisotea. Tenemos que crear conciencia de que el gobierno asesina niños por dinero. Y sigue sin pasar nada. Estamos pidiendo que se elimine la subrogación.
“El gobierno todo lo corrompe y lo maneja como negocio. La manera en que se obtuvo el contrato de esa guardería fue de manera ilegal. Tener una guardería subrogada del IMSS tiene que ser un logro sindical. El patrón y el sindicato obtienen guarderías para los trabajadores. Yo no trabajaba para ninguno de los dueños, ni los conocía. Y ellos contaban con cinco guarderías en Hermosillo”.
Sin embargo, la resolución preliminar de la SCJN tuvo un vacío. Explica Abraham Fraijo:
“Falta que toquen el tema de negligencias médicas. Hubo más de veinte”. A este padre, el día que perdió a su niña, le ocultaron el cadáver.
“Desde el principio sabían que niños habían fallecido. Yo fui a todos los hospitales con la foto de mi niña y me la ocultaron, cuando ya sabían que estaba muerta. A otros niños no los quisieron llevar a curar a Estados Unidos”, acusa.
Los padres de los niños fallecidos están dispuestos, en caso de no obtener justicia, en llevar el tema a instancias internacionales. “Pero esperamos de corazón, por el bien del país, que se solucione en México”.
Diego Enrique Osorno, autor del libro Nosotros somos los culpables, que recopila los testimonios referentes al caso ABC, define su publicación como una protesta, ya que no hay un solo responsable en la cárcel, aun cuando “había oficios acusando las anomalías en la guardería, mismas que a la postre propiciaron el incendio e informes de inspectores que hablaban de la falta de seguridad”.
Osorno es contundente en su juicio: “El Estado mexicano falló y sigue sin responder. Es una red de corrupción enorme. Están implicados familiares de la señora Margarita Zavala y el exsecretario de Finanzas del PRI en la región como propietarios, y todo se traba”.
Al procurador Abel Murrieta, por el contrario, lo ratificaron. “Lo hace el gobernador panista Guillermo Padrés, que en gran medida llega al poder como castigo al PRI por el caso ABC. Y lo primero que hace es ratificar al procurador, porque tenía el respaldo de Genaro García Luna”, actual secretario de Seguridad Pública federal.
El Movimiento Ciudadano 5 de Junio ha realizado dos “juicios ciudadanos” y tiene programado un tercero para el 5 de agosto próximo, que se va a celebrar en contra del “Estado mexicano”, según explica el activista Daniel Gershenson.
“El primero fue en contra de los propietarios; el segundo fue en contra del municipio y el estado de Sonora, y el tercero en contra de las instituciones del Estado mexicano. Hay una ausencia de autoridad. El gobierno se repliega. Les deja negocios bastante redituables a sus familiares y amigos.
“El gran hoyo negro en casos como éste, es que todos tienen cola que les pisen. El manejo tan desaseado de las guarderías no es exclusivo de Sonora. Son asignaciones directas, que no se licitan. De estos temas depende el futuro del país que exigimos tener. Ojalá la sociedad civil despierte de su letargo”.
El próximo viernes se hará una vigilia de las siete de la mañana a la 7:00 del siguiente día, coordinada por Abraham Fraijo, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
Por último, hace un llamado a participar en nombre de los familiares: “Seguimos unidos, tratando de ser fuertes A ratos estás bien. A ratos mal. A ratos simplemente no quieres estar”.
Cuando habla, otra vez se imagina a su hija en el momento que a ambos se les consumió la vida.
“Sólo imaginarla gritando por sus papás me vuelve loco. Yo cambiaría una eternidad quemándome porque ella no hubiera vivido eso”, deplora.
Niega el Seguro Social atención debida a sobrevivientes de incendio en guardería
Padres de los menores buscan llevarlos a Cuba; el gobierno federal no nos ha dado ni un peso, dicen
Tienen sangrados de nariz y fiebre; en el instituto afirman que es normal, señala mamá de Juan Carlos
ULISES GUTIÉRREZ RUELAS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 2 de junio de 2010, p. 41
Hermosillo, Son., 1º de junio. Familiares de niños que resultaron con secuelas por la inhalación de humo tóxico y exposición a altas temperaturas durante el incendio de la guardería ABC –el 5 de junio de 2009– analizan llevar a sus hijos al Hospital Pediátrico Universitario William Soler, de La Habana, Cuba, pues siguen sin recibir atención médica debida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Beatriz Soto Quiñonez, madre de Juan Carlos Lozano, de casi cuatro años, dijo: “no hemos recibido ni un peso del IMSS ni del gobierno federal; por eso, como anunciamos ayer, estamos aquí solicitando el apoyo de la comunidad para reunir los recursos necesarios para viajar a La Habana, Cuba.
Hemos estado investigando y varios de nosotros pensamos que es el mejor lugar al que podríamos llevar a nuestros hijos; claro que tendríamos que recurrir a una solicitud especial a las autoridades del hospital; por eso, con este dinero queremos viajar allá, comentó.
Desde el pasado 5 de junio, cuando fue rescatado de la guardería en llamas, Juan Carlos presenta sangrados de la nariz y dificultad para respirar, así como constantes fiebres.
Reunidos hoy en la plaza Ignacio Zaragoza, en el centro de Hermosillo, otros padres consideraron ir a intituciones de Estados Unidos para que sus niños reciban un diagnóstico y, de ser posible, un tratamiento adecuado, ya que ambas cosas –dijeron– les han sido negadas reiteradamente en las clínicas del IMSS.
Aquí los han visto, pero no con una atención digna. Les toman la temperatura y nos dicen que no tienen nada, que todos los menores tienen fiebre normalmente, pero nuestros hijos están más allá de una fiebre normal, inhalaron humo tóxico, respiraron un aire que ardía, sus órganos internos están dañados, eso lo notamos todos, añadió Soto Quiñonez.
El incendio de la guardería, ocurrido el 5 de junio del 2009 luego de que el fuego inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado dejó un saldo de 49 niños muertos.
Ante la Corte Interamericana: "Fueron los soldados los que me violaron..."
Gloria Leticia Díaz
Después de enfrentar sin éxito las instancias de justicia municipales, estatales y federales, la indígena Valentina Rosendo logró llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su denuncia por la violación que padeció a manos de militares en una comunidad guerrerense. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón es reveladora: en vez de cumplir las medidas precautorias dictadas a favor de la víctima, envió ante la Corte una delegación que no defendió el buen nombre del Ejército Mexicano, sino la impunidad de un grupo de soldados transgresores.
SAN JOSÉ, 1 de junio (Proceso).- Sin titubeos y firme la voz, desde el estrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú se dirigió a los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón presentes en la sesión señalándolos con el índice de su mano derecha:
“Lo que quiero, aquí que está el gobierno, que escuche, que reconozca lo que a mí me pasó: que fueron militares los que me violaron. Y que deje de mandar gente para que me vigile, porque yo no he hecho nada (…). Ellos (los agresores) están bien en su trabajo y viven con tranquilidad. ¿Y yo qué? También tengo derecho a vivir con tranquilidad, con mi hija.”
Así dejó pasmados a los aproximadamente 30 integrantes de la delegación mexicana, que encabezó Armando Vivanco Castellanos, director adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la cual forman parte funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, además de la Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno de Guerrero.
La representación gubernamental decidió no interrogar a la joven indígena me‘phaa que, desde la agresión del 16 de febrero de 2002, se ha enfrentado al aparato de Estado en su búsqueda de justicia.
Apenas el 15 de abril último, la Corte Interamericana llevó a cabo la audiencia del caso de Inés Fernández Ortega, otra indígena de la misma etnia que fue violada sexualmente por militares, en marzo de 2002, en una comunidad de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El asunto de Valentina Rosendo llegó a la Corte Interamericana el 2 de agosto de 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado mexicano porque no atendió sus recomendaciones: reparar los daños, garantizar que no se repitieran los abusos y emprender una investigación imparcial fuera del ámbito castrense.
La CIDH pidió al tribunal interamericano declarar culpable al Estado mexicano por la violación y tortura de Valentina Rosendo; por la falta de diligencia en la investigación y sanción a los responsables de esos hechos; por los daños causados a ella y a su hija Yenis Bernandino Rosendo; por la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y también por las dificultades que enfrentó la indígena guerrerense para tener acceso a los servicios de justicia y salud.
La denuncia fue respaldada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representantes de Valentina Rosendo y de su hija.
A la audiencia en la ciudad de San José acudió el primer visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos guerrerense (Coddehum), Hipólito Lugo Cortés. Ante los jueces de la Corte Interamericana rindió su testimonio sobre las diligencias que como servidor público realizó en 2002 al recibir la queja por la violación, para que Valentina recibiera atención médica y se formalizara, el 8 de marzo de ese año, una denuncia penal en el Ministerio Público de Ayutla contra los militares señalados.
Expuso que el caso de Valentina fue turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no formuló recomendación, y dio cuenta del incremento de las violaciones a derechos humanos cometidos por militares en Guerrero:
“De 2002 a 2007 –dijo Lugo Cortés– la Coddehum recibió entre tres y ocho quejas en contra de miembros del Ejército Mexicano cada año; en 2008 fueron 35 quejas; en 2009, 155, y en lo que va de este año llevamos un registro de 35”. Los respectivos expedientes se turnaron a la CNDH por tratarse de una denuncia contra autoridades federales.
En calidad de perito se presentó Roxana Arroyo Vargas, consultora permanente del Programa Mujer, Justicia y Género de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), quien señaló que la violación sexual cometida por agentes del Estado, en este caso del Ejército, se consideraba como “tortura”, y que la regla general es que las mujeres, sobre todo las indígenas pobres, no denuncien los atropellos por temor, ya que implica “enfrentar un escenario desventajoso; el ambiente del Ejército es de total impunidad”.
La representación del Estado mexicano pidió a los jueces que desestimen las acusaciones por violación y tortura atribuidos a los soldados y entregó el expediente del caso que se lleva en la Procuraduría de Justicia Militar. Sin embargo, aceptó la responsabilidad del Estado en lo que atañe al retraso en las investigaciones y la falta de atención médica oportuna y de acceso a la justicia a una menor de edad, como era Valentina cuando fue agredida.
Al término de su exposición, compartida entre Armando Vivanco y Luis Manuel Jardón Piña, jefe del Departamento de Litigios de la Consultoría Jurídica de la cancillería, la juez jamaiquina Margarette May Macaulay cuestionó cómo podían negar la participación de miembros del Ejército cuando reconocían deficiencias en la investigación, retrasos y dilaciones, y cuando todavía está abierto el caso.
Las contradicciones en que cayeron los enviados del Estado mexicano tuvieron un efecto insólito: provocaron risas en los asistentes, sobre todo de estudiantes de derecho que acudieron a la audiencia pública.
El gobierno pide impunidad
Sostener su denuncia durante todos estos años le costó a Valentina Rosendo el repudio de su comunidad, ubicada en el municipio de Acatepec, Guerrero, así como el abandono de su marido, Fidel Bernardino Sierra. Peor aún, ha padecido persecución, hostigamiento y amenazas de muerte contra su familia, ella y su hija Yenis, de ocho años. Por eso la Corte Interamericana dictó medidas provisionales a favor de ella, de su familia y sus defensores desde el 2 de febrero pasado.
Menuda, vestida de blusa blanca y falda negra, Valentina Rosendo compareció en una sesión privada ante la Corte, presidida por el juez de origen peruano Diego García-Sayán. Ahí expuso que el 16 de febrero de 2002 terminó de lavar ropa en un arroyo cercano a su domicilio, a las afueras de la comunidad Barranca Bejuco, cuando la rodearon ocho soldados, que le preguntaron agresivamente por unos “encapuchados” mientras le mostraban una fotografía y una lista de 11 personas.
Valentina tenía 17 años y sintió miedo. Entendía español pero no lo hablaba bien, por lo que no respondió el interrogatorio. Un soldado la golpeó con la culata de su fusil en el estómago, le pegó en la cara y le jaló el cabello. Luego la violó. Después otro soldado le hizo lo mismo mientras los seis restantes “se burlaban”.
La denunciante dio pormenores de los obstáculos que enfrentó para que el sistema de salud del estado de Guerrero le diera atención médica, que al final fue deficiente. Detalló las trabas para formalizar su queja en el municipio de Ayutla, que logró interponer el 8 de marzo de 2002 por mediación de la Coddehum, y el acoso permanente de los militares, que rodearon su casa y le gritaron que saliera a identificar a quienes la violaron entre los soldados que le apuntaban con sus armas. Ante tales amenazas, se vio obligada a firmar un documento que no leyó.
En otra ocasión, relató, la interceptó en un camino un grupo de soldados a bordo de tres vehículos militares. Le gritaron que “cuánto dinero quería para dejar la denuncia”. Pero algo tiene claro: “Yo no busco dinero, yo quiero que castiguen a quienes abusaron de mí”.
Continuó su declaración: ella y sus padres sufren discriminación en su propia comunidad. Ahora es “la mujer violada”, “la mujer de los militares”, “la mujer que ya no vale”. Su gente la abandonó en su búsqueda de justicia ante la advertencia que les hizo el entonces presidente municipal priista de Acatepec, Gerónimo Godoy, a los pobladores de Barranca Bejuco: no les entregaría apoyos gubernamentales mientras Valentina sostuviera su queja contra los militares.
A pregunta del juez argentino Leonardo Franco, la indígena describió la experiencia de los pueblos indígenas con la presencia de los soldados: “Hay muchas mujeres que han sido violadas por militares, pero no denuncian por no saber hablar en español, por el miedo de que le pase algo a sus familias y porque nadie nos cree”.
Valentina narró la zozobra en que vive desde que se atrevió a denunciar. Dice que, conforme su queja avanzó en el sistema interamericano de justicia, se ha sentido más amenazada, sobre todo después de que –por recomendación de la CIDH– en 2007 su expediente fue llevado del fuero militar al fuero común, aunque los defensores de la agraviada exigían que la PGR investigara el caso.
En noviembre de 2009, ella identificó a sus agresores en un álbum fotográfico del Ejército. Coincidió plenamente con su primera descripción, del 8 de marzo de 2002. Con ese pretexto, el caso fue retomado por el fuero castrense.
En la sala de la Corte Interamericana sostuvo que recibió de la procuraduría guerrerense la promesa de que “agarrarían a los militares que me hicieron daño y los iban a meter a la cárcel; pero fue al revés: me seguían, me sacaban fotos, me buscaban en mi trabajo, me decían que me dejara de denunciar. (…) Se quisieron llevar a mi hija al salir de la escuela y no tuve más remedio que huir de donde ya estaba construyendo mi vida, donde mi hija ya tenía escuela”.
El juez Eduardo Vio Grossi, de Chile, le preguntó sobre su ocupación y Valentina dijo que era empleada en una tienda, e insistió en su exigencia de justicia después de ocho años de “sufrimiento y de dolor, de cambiar de casa a donde nadie sepa lo que me pasó”. Sin que se le quebrara la voz en toda la audiencia, exigió a los representantes del gobierno calderonista que se castigue a los responsables y que la dejen vivir tranquila. Puntualizó:
“Yo no debería estar aquí (en la Corte Interamericana) si tan sólo el gobierno escuchara, y me dice mujer mentirosa (…). Yo no tengo por qué mentir (…). Tuve que dejar a mi hija de ocho años para poder venir aquí a buscar justicia (…). Este día tenía que firmar su boleta de calificaciones en la escuela, pero vine hasta acá para buscar justicia.”
Durante la audiencia, fue evidente la parcialidad de Alejandro Carlos Espinosa, juez ad hoc solicitado por el gobierno mexicano para ser integrado en la Corte Interamericana cuando se trataran los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.
Ese juez le pidió a Valentina que describiera las insignias que llevaban los militares que la interceptaron para ofrecerle dinero a cambio de que dejara la denuncia, así como detalles de esa “plática”, cuando la víctima había dejado claro que cuando esto ocurrió ella estaba “llena de miedo”.
La misma actitud tendenciosa se observó cuando Espinosa interrogó al testigo Hipólito Lugo y a la representación de la CIDH, y en cambio fue condescendiente con la delegación mexicana, a la que pidió detalles sobre la capacitación en derechos humanos que reciben los miembros del Ejército.
El nombramiento de Alejandro Carlos Espinosa –profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1993 en las materias de derecho penal y militar, además de criminología– fue impugnado antes de la audiencia por los abogados del CDHM Tlachinollan porque su perfil académico y profesional es evidentemente favorable al Ejército.
Alejando Carlos Espinosa es autor de los libros Derecho militar mexicano y Derecho procesal penal militar, el primero prologado por el general Mario Guillermo Fromow García y el segundo por el general de brigada y maestro Juan José Castilla Ramos. Además, es colaborador de la revista Defensa Penal y Análisis Jurídico, cuyo presidente honorario del consejo editorial es el exprocurador y general Rafael Macedo de la Concha; fue funcionario de la PGR en el sexenio de Vicente Fox, y visitador adjunto en la CNDH durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar.
El próximo 28 de junio, las partes deberán entregar sus alegatos finales a la Corte Interamericana.
Al término de la sesión Valentina Rosendo seguía firme. No pareció afectarle que de nuevo los representantes del Estado mexicano pusieran en duda su palabra. Salió con esperanza. Ya no quiere volver a cambiarse de casa. Ya perdió la cuenta de las ocasiones que lo ha hecho en estos ocho años, huyendo del acoso.
No significa que haya perdido el miedo, pero confía en que va a encontrar la justicia porque tiene razones: “Yo no miento, no tengo por qué hacerlo. Yo no debería estar aquí, yo era una mujer feliz, pero cuando los militares abusaron de mí todo cambió, todo lo perdí”.
Dice a Proceso: “Estuve contando los días hasta que llegara éste; es muy importante, pero todavía falta. Tengo mucho miedo por mi hija, que le vaya a pasar algo. Ella es la que me ha dado fuerzas para vivir, yo creo que sin ella estaría bajo tierra”.
No podemos perder a un joven más, señalan representantes de 23 instituciones latinoamericanas LAURA POY SOLANO
Enviada
Periódico La Jornada
Guadalajara, Jal., 1º de junio. Las universidades de Iberoamérica tienen entre sus principales desafíos no sólo la generación de conocimiento, sino también la búsqueda de equidad y justicia social. Más de mil rectores reconocieron que el problema fundamental de las sociedades modernas no es la inseguridad, sino la miseria y la ignorancia, la pobreza y el dolor de las personas.
Al concluir el segundo Encuentro Internacional de Rectores Universia, representantes de instituciones de educación superior de 23 países latinoamericanos coincidieron en que no podemos perder a uno más de nuestros jóvenes. Si queremos ganar un futuro debemos comenzar por extender a todos la posibilidad de ingresar a una formación universitaria.
Federico Gutiérrez-Solana, rector de la Universidad de Cantabria y presidente del comité académico del encuentro, afirmó que es necesario construir una universidad que se involucre más con la sociedad, lo que implica tener un claro compromiso con la cohesión y la justicia social.
En tanto, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que debe adoptarse como política de Estado el apoyo a la enseñanza superior, la ciencia y la cultura, pues consideró inaceptable que en muchas naciones de la región, la mayoría de los jóvenes en edad de cursar sus estudios no puedan hacerlo.
Indicó que la educación superior es fundamental para que las naciones de la zona no se rezaguen más respecto de los países que basan su desarrollo en el conocimiento y sus aplicaciones. Reiteró su convicción de que nuestro marco de partida debería ser la aceptación de que el mejor Estado no es necesariamente aquel que únicamente genera riqueza. En todo caso, es aquel que mejor la distribuye y que consigue el mayor desarrollo humano posible.
Entre las principales conclusiones del encuentro, al que asistieron rectores y representantes de toda Iberoamérica, destaca la demanda a los gobiernos de la región de que incrementen la inversión destinada a la enseñanza superior, la ciencia y la tecnología, pero también a que favorezcan las condiciones para una mayor participación del sector privado, que debe asumir que la educación también le compete como tarea estratégica para el desarrollo.
Una universidad abierta, científica y crítica –advirtieron los rectores– requiere financiación adecuada, gestión profesionalizada y transparente, y la actualización constante de los nuevos desarrollos tecnológicos, desde la afirmación de la autonomía y la diversidad universitarias.
Tras reconocer el papel estratégico de dichas instituciones de enseñanza superior en la consolidación de una sociedad del conocimiento, los rectores acordaron, como parte de la llamada agenda de Guadalajara, impulsar el desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que tiene como uno de sus ejes centrales establecer un programa de movilidad estudiantil y de profesores, cuya meta es que para 2015, 2.5 por ciento de la comunidad estudiantil de la región, estimada en 13 millones de alumnos, participe en algún tipo de intercambio.
El rector de la Universidad Estadual Paulista, Herman Jacobus Cornelis, integrante de la red de universidades de Brasil, destacó que a los retos de financiamiento y calidad de la educación superior se suma la necesidad de incrementar la cobertura, pues en su país hemos avanzado porque hay una decisión de Estado y se invirtió mucho más en años recientes.
Joao Carlos Alexandre Neto, rector de la Universidad Federal Pública de Rio Grande do Sul, Brasil, afirmó que las instituciones de nivel superior deben mantener directa la mirada sobre las necesidades de la población.
En tanto, Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, afirmó que entre los retos insoslayables para las instituciones iberoamericanas está remontar las bajísimas tasas de cobertura, porque si no tenemos ese piso mínimo de equidad, miles de nuestros jóvenes seguirán en las calles, ante el riesgo de seguir el camino de la delincuencia.
En la clausura del encuentro, Angel Gabilondo, ministro de Educación de España, señaló que en un mundo en crisis la universidad iberoamericana también enfrenta un doble reto: ligar el conocimiento con la creación de una sociedad más justa.
Caso ABC, "un año de dolor y lucha"
Santiago Igartúa
MÉXICO, DF, 1 de junio (apro).- El quinto día de junio de 2009 fue el último en la vida de Emilia Fraijo Navarro. Tenía 3 años, dos meses y 14 días, recuerda su padre Abraham Fraijo.
Junto a ella murieron 48 pequeños más y 70 resultaron lesionados en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
Ya pasaron casi doce meses de la tragedia, lapso del que Abraham hace un recuento:
“Han sido meses de dolor y de lucha, los he ido sorteando. A diciembre todavía llegué con fuerzas, e hicimos una huelga de hambre para que nos recibiera el presidente Felipe Calderón (lo que no sucedió). La Navidad fue devastadora”.
Enero y febrero, cuenta, fueron tiempos de gran esfuerzo. Entonces, marzo. “Llega y simplemente no lo soporto. Porque en marzo estábamos organizando un juicio ciudadano en contra de los propietarios de la guardería ABC, cuando yo debería estar organizando una piñata de cumpleaños. Simplemente me derrumbé”.
Hoy, a días de cumplirse un año de aquel espanto, Abraham se encuentra en la Ciudad de México para alzar la voz y presentar un libro que recopila testimonios de aquel día de junio.
Él forma parte del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, integrado por las familias de 28 de las víctimas, mismas que fueron excluidas de la invitación que hizo Calderón para reunirse en Los Pinos, el pasado 30 de abril, Día del Niño, por ser “los más aguerridos, los más propositivos”, considera Fraijo.
A la segunda visita que el Ejecutivo federal armó para el día de mañana, miércoles, sí fueron convocados. Ningún miembro de ese Movimiento asistirá.
“Ninguno de los integrantes del Movimiento 5 de Junio va a asistir a la reunión con Calderón. Él tiene que asistir a Hermosillo y atender a todos los padres, de manera pública, no a puerta cerrada”.
Sólo acudirán las agrupaciones de padres Manos Unidas, y Salud y Justicia.
El caso ABC, dice, es el “absurdo” de la corrupción, que derivó en la muerte de los menores.
“A estas alturas ya es difícil esperar algo de ellos. Una petición tan simple como que el presidente se presente en Hermosillo no se pudo concretar. Qué más podemos esperar… A mi chiquita no me la van a regresar. Lo que espero es que logremos un cambio que no permita que ningún otro mexicano pase por lo que pasamos. Que ningún chaparrito sea separado de su familia de esta manera”.
Asistir a la reunión, dice el padre de la pequeña Emilia, sería prestarse a un juego, un montaje.
“Lo que a mí realmente me molesta es la manera en que Calderón está utilizando esta circunstancia para tratar de limpiar su imagen. ¿Por qué no lo hizo cuando estuvimos en huelga de hambre? La única demanda que teníamos era que se presentara con nosotros en Hermosillo. Como respuesta tuvimos el silencio.
“Hemos solicitado por diferentes medios, incluso por el gobernador del estado (Guillermo Padrés), la solicitud de que se presente: nada. Ahora, a unos días de cumplirse un año, cuando todos están enfocando al caso de la guardería ABC, entonces ahora sí hay interés. ¡No! No se vale”, lamenta con enojo.
La posibilidad de que Calderón decrete el día de luto nacional en esa jornada, cuenta Abraham, es algo que han impulsando desde hace tiempo:
“Es evidente que se esperó hasta esta fecha para dar la nota. Pero para mí esto es algo que debió hacerse hace mucho. A veces pienso que es hasta tonto. Incluso por conveniencia política debió decir algo. O hacer como que estaba haciendo algo. A mí me indigna. Es una muestra más de la insensibilidad de este personaje. Ni modo. Tenemos que lidiar con él”.
En un caso de lastimosa impunidad, más allá de los tormentos que lo agobian, Abraham --“como muchos padres”-- ha tenido que lidiar con la humillación del gobierno federal. “Siento como si bailaran sobre la tumba de mi hija”.
¿Y la SCJN?
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido una resolución sobre el caso, aunque ya ha publicado un informe preliminar determinando “ilegalidad” en los contratos de subrogación de las cerca de mil 330 guarderías adjudicadas (subrogadas) por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En ese mismo informe se determinó la responsabilidad de funcionarios como Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes y en ese entonces director del IMSS; el exgobernador Eduardo Bours, y el aún procurador estatal, Abel Murrieta.
“Bours está involucrado como culpable. Sería demasiado estúpido dar la espalda a lo que la SCJN está diciendo. Por supuesto que esperamos que a Bours se le haga juicio político, que Murrieta sea destituido y juzgado, también Molinar Horcasitas… Y todos los que estuvieron involucrados por corrupción o por omisión. Todos los que firmaron papeles sin saber, que todos los que vengan piensen dos veces que están jugando con vidas, y cuando se tocan vidas de niños, disculpen, pero ya estamos bien jodidos”.
Si bien la resolución final de la SCJN, aún pendiente, no tiene implicaciones legales, los familiares de las víctimas pretenden que marque una pauta:
“No me imagino a un juez oponiéndose o contradiciendo a lo que la Suprema Corte está dictaminando. Pero al nivel de corrupción en el que vivimos no me sorprendería que lo hicieran. Y más que nada el dictamen de la Corte va a servir para que los medios lo distribuyan y la gente se entere de cómo la instancia suprema de justicia del país ve el caso”, dice Abraham Fraijo.
En principio, espera que se elimine el proceso de subrogación de las guarderías y se demuela el inmueble donde funcionaba el ABC, y en su lugar se erija un memorial.
“No en un museo, no un parque. Un memorial en el que la gente pueda enterarse de qué sucedió ahí”, aclara.
Para Abraham, entre muchos, lo que sucedió el 5 de junio pasado fue un parteaguas en la historia de México. “Es el tope de la corrupción, tocar fondo. Eso tiene que generar cambios. El sistema te pisotea. Tenemos que crear conciencia de que el gobierno asesina niños por dinero. Y sigue sin pasar nada. Estamos pidiendo que se elimine la subrogación.
“El gobierno todo lo corrompe y lo maneja como negocio. La manera en que se obtuvo el contrato de esa guardería fue de manera ilegal. Tener una guardería subrogada del IMSS tiene que ser un logro sindical. El patrón y el sindicato obtienen guarderías para los trabajadores. Yo no trabajaba para ninguno de los dueños, ni los conocía. Y ellos contaban con cinco guarderías en Hermosillo”.
Sin embargo, la resolución preliminar de la SCJN tuvo un vacío. Explica Abraham Fraijo:
“Falta que toquen el tema de negligencias médicas. Hubo más de veinte”. A este padre, el día que perdió a su niña, le ocultaron el cadáver.
“Desde el principio sabían que niños habían fallecido. Yo fui a todos los hospitales con la foto de mi niña y me la ocultaron, cuando ya sabían que estaba muerta. A otros niños no los quisieron llevar a curar a Estados Unidos”, acusa.
Los padres de los niños fallecidos están dispuestos, en caso de no obtener justicia, en llevar el tema a instancias internacionales. “Pero esperamos de corazón, por el bien del país, que se solucione en México”.
Diego Enrique Osorno, autor del libro Nosotros somos los culpables, que recopila los testimonios referentes al caso ABC, define su publicación como una protesta, ya que no hay un solo responsable en la cárcel, aun cuando “había oficios acusando las anomalías en la guardería, mismas que a la postre propiciaron el incendio e informes de inspectores que hablaban de la falta de seguridad”.
Osorno es contundente en su juicio: “El Estado mexicano falló y sigue sin responder. Es una red de corrupción enorme. Están implicados familiares de la señora Margarita Zavala y el exsecretario de Finanzas del PRI en la región como propietarios, y todo se traba”.
Al procurador Abel Murrieta, por el contrario, lo ratificaron. “Lo hace el gobernador panista Guillermo Padrés, que en gran medida llega al poder como castigo al PRI por el caso ABC. Y lo primero que hace es ratificar al procurador, porque tenía el respaldo de Genaro García Luna”, actual secretario de Seguridad Pública federal.
El Movimiento Ciudadano 5 de Junio ha realizado dos “juicios ciudadanos” y tiene programado un tercero para el 5 de agosto próximo, que se va a celebrar en contra del “Estado mexicano”, según explica el activista Daniel Gershenson.
“El primero fue en contra de los propietarios; el segundo fue en contra del municipio y el estado de Sonora, y el tercero en contra de las instituciones del Estado mexicano. Hay una ausencia de autoridad. El gobierno se repliega. Les deja negocios bastante redituables a sus familiares y amigos.
“El gran hoyo negro en casos como éste, es que todos tienen cola que les pisen. El manejo tan desaseado de las guarderías no es exclusivo de Sonora. Son asignaciones directas, que no se licitan. De estos temas depende el futuro del país que exigimos tener. Ojalá la sociedad civil despierte de su letargo”.
El próximo viernes se hará una vigilia de las siete de la mañana a la 7:00 del siguiente día, coordinada por Abraham Fraijo, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
Por último, hace un llamado a participar en nombre de los familiares: “Seguimos unidos, tratando de ser fuertes A ratos estás bien. A ratos mal. A ratos simplemente no quieres estar”.
Cuando habla, otra vez se imagina a su hija en el momento que a ambos se les consumió la vida.
“Sólo imaginarla gritando por sus papás me vuelve loco. Yo cambiaría una eternidad quemándome porque ella no hubiera vivido eso”, deplora.
Niega el Seguro Social atención debida a sobrevivientes de incendio en guardería
Padres de los menores buscan llevarlos a Cuba; el gobierno federal no nos ha dado ni un peso, dicen
Tienen sangrados de nariz y fiebre; en el instituto afirman que es normal, señala mamá de Juan Carlos
ULISES GUTIÉRREZ RUELAS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 2 de junio de 2010, p. 41
Hermosillo, Son., 1º de junio. Familiares de niños que resultaron con secuelas por la inhalación de humo tóxico y exposición a altas temperaturas durante el incendio de la guardería ABC –el 5 de junio de 2009– analizan llevar a sus hijos al Hospital Pediátrico Universitario William Soler, de La Habana, Cuba, pues siguen sin recibir atención médica debida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Beatriz Soto Quiñonez, madre de Juan Carlos Lozano, de casi cuatro años, dijo: “no hemos recibido ni un peso del IMSS ni del gobierno federal; por eso, como anunciamos ayer, estamos aquí solicitando el apoyo de la comunidad para reunir los recursos necesarios para viajar a La Habana, Cuba.
Hemos estado investigando y varios de nosotros pensamos que es el mejor lugar al que podríamos llevar a nuestros hijos; claro que tendríamos que recurrir a una solicitud especial a las autoridades del hospital; por eso, con este dinero queremos viajar allá, comentó.
Desde el pasado 5 de junio, cuando fue rescatado de la guardería en llamas, Juan Carlos presenta sangrados de la nariz y dificultad para respirar, así como constantes fiebres.
Reunidos hoy en la plaza Ignacio Zaragoza, en el centro de Hermosillo, otros padres consideraron ir a intituciones de Estados Unidos para que sus niños reciban un diagnóstico y, de ser posible, un tratamiento adecuado, ya que ambas cosas –dijeron– les han sido negadas reiteradamente en las clínicas del IMSS.
Aquí los han visto, pero no con una atención digna. Les toman la temperatura y nos dicen que no tienen nada, que todos los menores tienen fiebre normalmente, pero nuestros hijos están más allá de una fiebre normal, inhalaron humo tóxico, respiraron un aire que ardía, sus órganos internos están dañados, eso lo notamos todos, añadió Soto Quiñonez.
El incendio de la guardería, ocurrido el 5 de junio del 2009 luego de que el fuego inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado dejó un saldo de 49 niños muertos.
Ante la Corte Interamericana: "Fueron los soldados los que me violaron..."
Gloria Leticia Díaz
Después de enfrentar sin éxito las instancias de justicia municipales, estatales y federales, la indígena Valentina Rosendo logró llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su denuncia por la violación que padeció a manos de militares en una comunidad guerrerense. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón es reveladora: en vez de cumplir las medidas precautorias dictadas a favor de la víctima, envió ante la Corte una delegación que no defendió el buen nombre del Ejército Mexicano, sino la impunidad de un grupo de soldados transgresores.
SAN JOSÉ, 1 de junio (Proceso).- Sin titubeos y firme la voz, desde el estrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú se dirigió a los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón presentes en la sesión señalándolos con el índice de su mano derecha:
“Lo que quiero, aquí que está el gobierno, que escuche, que reconozca lo que a mí me pasó: que fueron militares los que me violaron. Y que deje de mandar gente para que me vigile, porque yo no he hecho nada (…). Ellos (los agresores) están bien en su trabajo y viven con tranquilidad. ¿Y yo qué? También tengo derecho a vivir con tranquilidad, con mi hija.”
Así dejó pasmados a los aproximadamente 30 integrantes de la delegación mexicana, que encabezó Armando Vivanco Castellanos, director adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la cual forman parte funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, además de la Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno de Guerrero.
La representación gubernamental decidió no interrogar a la joven indígena me‘phaa que, desde la agresión del 16 de febrero de 2002, se ha enfrentado al aparato de Estado en su búsqueda de justicia.
Apenas el 15 de abril último, la Corte Interamericana llevó a cabo la audiencia del caso de Inés Fernández Ortega, otra indígena de la misma etnia que fue violada sexualmente por militares, en marzo de 2002, en una comunidad de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El asunto de Valentina Rosendo llegó a la Corte Interamericana el 2 de agosto de 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado mexicano porque no atendió sus recomendaciones: reparar los daños, garantizar que no se repitieran los abusos y emprender una investigación imparcial fuera del ámbito castrense.
La CIDH pidió al tribunal interamericano declarar culpable al Estado mexicano por la violación y tortura de Valentina Rosendo; por la falta de diligencia en la investigación y sanción a los responsables de esos hechos; por los daños causados a ella y a su hija Yenis Bernandino Rosendo; por la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y también por las dificultades que enfrentó la indígena guerrerense para tener acceso a los servicios de justicia y salud.
La denuncia fue respaldada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representantes de Valentina Rosendo y de su hija.
A la audiencia en la ciudad de San José acudió el primer visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos guerrerense (Coddehum), Hipólito Lugo Cortés. Ante los jueces de la Corte Interamericana rindió su testimonio sobre las diligencias que como servidor público realizó en 2002 al recibir la queja por la violación, para que Valentina recibiera atención médica y se formalizara, el 8 de marzo de ese año, una denuncia penal en el Ministerio Público de Ayutla contra los militares señalados.
Expuso que el caso de Valentina fue turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no formuló recomendación, y dio cuenta del incremento de las violaciones a derechos humanos cometidos por militares en Guerrero:
“De 2002 a 2007 –dijo Lugo Cortés– la Coddehum recibió entre tres y ocho quejas en contra de miembros del Ejército Mexicano cada año; en 2008 fueron 35 quejas; en 2009, 155, y en lo que va de este año llevamos un registro de 35”. Los respectivos expedientes se turnaron a la CNDH por tratarse de una denuncia contra autoridades federales.
En calidad de perito se presentó Roxana Arroyo Vargas, consultora permanente del Programa Mujer, Justicia y Género de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), quien señaló que la violación sexual cometida por agentes del Estado, en este caso del Ejército, se consideraba como “tortura”, y que la regla general es que las mujeres, sobre todo las indígenas pobres, no denuncien los atropellos por temor, ya que implica “enfrentar un escenario desventajoso; el ambiente del Ejército es de total impunidad”.
La representación del Estado mexicano pidió a los jueces que desestimen las acusaciones por violación y tortura atribuidos a los soldados y entregó el expediente del caso que se lleva en la Procuraduría de Justicia Militar. Sin embargo, aceptó la responsabilidad del Estado en lo que atañe al retraso en las investigaciones y la falta de atención médica oportuna y de acceso a la justicia a una menor de edad, como era Valentina cuando fue agredida.
Al término de su exposición, compartida entre Armando Vivanco y Luis Manuel Jardón Piña, jefe del Departamento de Litigios de la Consultoría Jurídica de la cancillería, la juez jamaiquina Margarette May Macaulay cuestionó cómo podían negar la participación de miembros del Ejército cuando reconocían deficiencias en la investigación, retrasos y dilaciones, y cuando todavía está abierto el caso.
Las contradicciones en que cayeron los enviados del Estado mexicano tuvieron un efecto insólito: provocaron risas en los asistentes, sobre todo de estudiantes de derecho que acudieron a la audiencia pública.
El gobierno pide impunidad
Sostener su denuncia durante todos estos años le costó a Valentina Rosendo el repudio de su comunidad, ubicada en el municipio de Acatepec, Guerrero, así como el abandono de su marido, Fidel Bernardino Sierra. Peor aún, ha padecido persecución, hostigamiento y amenazas de muerte contra su familia, ella y su hija Yenis, de ocho años. Por eso la Corte Interamericana dictó medidas provisionales a favor de ella, de su familia y sus defensores desde el 2 de febrero pasado.
Menuda, vestida de blusa blanca y falda negra, Valentina Rosendo compareció en una sesión privada ante la Corte, presidida por el juez de origen peruano Diego García-Sayán. Ahí expuso que el 16 de febrero de 2002 terminó de lavar ropa en un arroyo cercano a su domicilio, a las afueras de la comunidad Barranca Bejuco, cuando la rodearon ocho soldados, que le preguntaron agresivamente por unos “encapuchados” mientras le mostraban una fotografía y una lista de 11 personas.
Valentina tenía 17 años y sintió miedo. Entendía español pero no lo hablaba bien, por lo que no respondió el interrogatorio. Un soldado la golpeó con la culata de su fusil en el estómago, le pegó en la cara y le jaló el cabello. Luego la violó. Después otro soldado le hizo lo mismo mientras los seis restantes “se burlaban”.
La denunciante dio pormenores de los obstáculos que enfrentó para que el sistema de salud del estado de Guerrero le diera atención médica, que al final fue deficiente. Detalló las trabas para formalizar su queja en el municipio de Ayutla, que logró interponer el 8 de marzo de 2002 por mediación de la Coddehum, y el acoso permanente de los militares, que rodearon su casa y le gritaron que saliera a identificar a quienes la violaron entre los soldados que le apuntaban con sus armas. Ante tales amenazas, se vio obligada a firmar un documento que no leyó.
En otra ocasión, relató, la interceptó en un camino un grupo de soldados a bordo de tres vehículos militares. Le gritaron que “cuánto dinero quería para dejar la denuncia”. Pero algo tiene claro: “Yo no busco dinero, yo quiero que castiguen a quienes abusaron de mí”.
Continuó su declaración: ella y sus padres sufren discriminación en su propia comunidad. Ahora es “la mujer violada”, “la mujer de los militares”, “la mujer que ya no vale”. Su gente la abandonó en su búsqueda de justicia ante la advertencia que les hizo el entonces presidente municipal priista de Acatepec, Gerónimo Godoy, a los pobladores de Barranca Bejuco: no les entregaría apoyos gubernamentales mientras Valentina sostuviera su queja contra los militares.
A pregunta del juez argentino Leonardo Franco, la indígena describió la experiencia de los pueblos indígenas con la presencia de los soldados: “Hay muchas mujeres que han sido violadas por militares, pero no denuncian por no saber hablar en español, por el miedo de que le pase algo a sus familias y porque nadie nos cree”.
Valentina narró la zozobra en que vive desde que se atrevió a denunciar. Dice que, conforme su queja avanzó en el sistema interamericano de justicia, se ha sentido más amenazada, sobre todo después de que –por recomendación de la CIDH– en 2007 su expediente fue llevado del fuero militar al fuero común, aunque los defensores de la agraviada exigían que la PGR investigara el caso.
En noviembre de 2009, ella identificó a sus agresores en un álbum fotográfico del Ejército. Coincidió plenamente con su primera descripción, del 8 de marzo de 2002. Con ese pretexto, el caso fue retomado por el fuero castrense.
En la sala de la Corte Interamericana sostuvo que recibió de la procuraduría guerrerense la promesa de que “agarrarían a los militares que me hicieron daño y los iban a meter a la cárcel; pero fue al revés: me seguían, me sacaban fotos, me buscaban en mi trabajo, me decían que me dejara de denunciar. (…) Se quisieron llevar a mi hija al salir de la escuela y no tuve más remedio que huir de donde ya estaba construyendo mi vida, donde mi hija ya tenía escuela”.
El juez Eduardo Vio Grossi, de Chile, le preguntó sobre su ocupación y Valentina dijo que era empleada en una tienda, e insistió en su exigencia de justicia después de ocho años de “sufrimiento y de dolor, de cambiar de casa a donde nadie sepa lo que me pasó”. Sin que se le quebrara la voz en toda la audiencia, exigió a los representantes del gobierno calderonista que se castigue a los responsables y que la dejen vivir tranquila. Puntualizó:
“Yo no debería estar aquí (en la Corte Interamericana) si tan sólo el gobierno escuchara, y me dice mujer mentirosa (…). Yo no tengo por qué mentir (…). Tuve que dejar a mi hija de ocho años para poder venir aquí a buscar justicia (…). Este día tenía que firmar su boleta de calificaciones en la escuela, pero vine hasta acá para buscar justicia.”
Durante la audiencia, fue evidente la parcialidad de Alejandro Carlos Espinosa, juez ad hoc solicitado por el gobierno mexicano para ser integrado en la Corte Interamericana cuando se trataran los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.
Ese juez le pidió a Valentina que describiera las insignias que llevaban los militares que la interceptaron para ofrecerle dinero a cambio de que dejara la denuncia, así como detalles de esa “plática”, cuando la víctima había dejado claro que cuando esto ocurrió ella estaba “llena de miedo”.
La misma actitud tendenciosa se observó cuando Espinosa interrogó al testigo Hipólito Lugo y a la representación de la CIDH, y en cambio fue condescendiente con la delegación mexicana, a la que pidió detalles sobre la capacitación en derechos humanos que reciben los miembros del Ejército.
El nombramiento de Alejandro Carlos Espinosa –profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1993 en las materias de derecho penal y militar, además de criminología– fue impugnado antes de la audiencia por los abogados del CDHM Tlachinollan porque su perfil académico y profesional es evidentemente favorable al Ejército.
Alejando Carlos Espinosa es autor de los libros Derecho militar mexicano y Derecho procesal penal militar, el primero prologado por el general Mario Guillermo Fromow García y el segundo por el general de brigada y maestro Juan José Castilla Ramos. Además, es colaborador de la revista Defensa Penal y Análisis Jurídico, cuyo presidente honorario del consejo editorial es el exprocurador y general Rafael Macedo de la Concha; fue funcionario de la PGR en el sexenio de Vicente Fox, y visitador adjunto en la CNDH durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar.
El próximo 28 de junio, las partes deberán entregar sus alegatos finales a la Corte Interamericana.
Al término de la sesión Valentina Rosendo seguía firme. No pareció afectarle que de nuevo los representantes del Estado mexicano pusieran en duda su palabra. Salió con esperanza. Ya no quiere volver a cambiarse de casa. Ya perdió la cuenta de las ocasiones que lo ha hecho en estos ocho años, huyendo del acoso.
No significa que haya perdido el miedo, pero confía en que va a encontrar la justicia porque tiene razones: “Yo no miento, no tengo por qué hacerlo. Yo no debería estar aquí, yo era una mujer feliz, pero cuando los militares abusaron de mí todo cambió, todo lo perdí”.
Dice a Proceso: “Estuve contando los días hasta que llegara éste; es muy importante, pero todavía falta. Tengo mucho miedo por mi hija, que le vaya a pasar algo. Ella es la que me ha dado fuerzas para vivir, yo creo que sin ella estaría bajo tierra”.
