EL TAMAÑO DE LA INEQUIDAD
15 jun 2010
BID: seis centímetros, diferencia entre niños ricos y pobres de México y CA
La estatura se asocia también a un mayor nivel escolar y cognitivo, afirma Luis Alberto Moreno
CLAUDIA HERRERA BELTRÁN
Periódico La Jornada
Martes 15 de junio de 2010, p. 36
En Centroamérica y México la inequidad mide seis centímetros: ésa es la diferencia en el promedio de estatura entre niños de cinco años de edad que provienen de familias pobres y ricas, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para contrarrestar esta desigualdad en la región, Carlos Slim y Bill Gates, dos de los hombres más ricos del mundo, anunciaron que junto con el gobierno de España aportarán en total 150 millones de dólares a la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015.
Reunidos en el Museo Nacional de Antropología con el presidente Felipe Calderón, los multimillonarios explicaron ayer que se asociaron por primera vez para financiar durante cinco años programas para disminuir la mortalidad materno-infantil, la desnutrición, la falta de vacunación, así como combatir la malaria y el dengue.
Con los fondos donados por el Instituto Carlos Slim y la fundación Bill y Melinda Gates (50 millones de dólares cada uno), la meta es atender a 20 por ciento de la población más pobre que vive en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, así como los estados del sur-sureste de México, explicó Calderón.
Todos forman parte del Proyecto Mesoamérica, rebautizado por el gobierno de Felipe Calderón para dar un giro a la iniciativa que promovió su antecesor Vicente Fox con el nombre de Plan Puebla-Panamá.
Para ejemplificar la inequidad en la región, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, expuso en la ceremonia que la diferencia entre niños ricos y pobres es de seis centímetros de talla en la región. A la edad de cinco años cada centímetro adicional se asocia además a un mayor nivel cognitivo y escolar, y eventualmente a la posibilidad de conseguir un buen trabajo o de lograr mejores ingresos.
En el transcurso de una vida esos seis centímetros se pueden convertir en un abismo, afirmó al atribuir estas brechas sociales a desnutrición, ausencia de servicios básicos de salud materno-infantil, y de medicinas que eliminan parásitos y protegen contra enfermedades que impiden el crecimiento normal.
El dueño de Teléfonos de México explicó que en Mesoamérica viven más de 70 millones de habitantes, y de ellos un número muy alto, sobre todo mujeres y niños indígenas marginados, no reciben atención prenatal ni médica en el parto. Más de 20 por ciento de los infantes carecen de la vacunación básica, padecen anemia, falta de vitamina A, y nacen con bajo peso por la desnutrición materna.
Fracasa postura de Zaldívar en caso ABC; proponía castigos a Molinar, Karam y Bours
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF, 14 de junio (apro).- El ministro Arturo Zaldívar fracasó en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera “responsabilidad ética y política” de los funcionarios implicados en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.
En el primer día de sesiones para analizar el dictamen que implica a 14 funcionarios federales, estatales y municipales en la tragedia, la mayoría de ministros rechazó la propuesta de Zaldívar para hacer una interpretación más amplia de la facultad investigadora que otorga el artículo 97 de la Constitución.
El propósito del nuevo ministro, quien se sumó al pleno en diciembre pasado, era establecer responsabilidad política y ética de los funcionarios que tuvieron que ver en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104, el 5 de junio del año pasado.
Como principales implicados, mencionó al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours.
Una primera mayoría de ministros, encabezada por el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se perfiló por aceptar que sí hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que se tienen que establecer responsabilidades jurídicas de los implicados.
“No creo que seamos el ombudsman supremo con superioridad política y moral”, ya que nuestra autoridad sólo es jurisdiccional, dijo el responsable del Poder Judicial.
"Estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nos dimos para determinar el alcance de esta atribución, en tanto no haya ley reglamentaria” de la facultad establecida en el 97 constitucional, agregó.
Aseguró, en todo caso, que sí hubo violación grave de derechos fundamentales.
Sin embargo, hubo quienes adelantaron que sería difícil individualizarlas. Fue el caso del ministro Sergio Valls Hernández, quien fue subdirector y director jurídico del IMSS entre 1993 y 1999.
La facultad de la Corte, señaló, “no debe pensarse como un medio de encontrar culpables y de ahí castigos…, sino como un instrumento constitucional cuya finalidad es investigar y señalar violaciones graves a las garantías individuales que como tales no deben volver a repetirse”.
Consideró que “ni siquiera será posible individualizar a quienes hubieran tenido relación directa con tales sucesos, sino que podría tratarse de una conjunción de diversos elementos que dieron lugar a las mismas y en los que deberá esta Corte así señalarlo para que el Estado, a través de las instituciones correspondientes, tome las medidas para que no sucedan nunca más”.
Ante la contundencia que utilizó para decir que será difícil el establecimiento de responsabilidades, aclaró que en la tragedia sí hubo violaciones graves y hay autoridades involucradas.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano, uno de los principales opositores a esa facultad constitucional asignada a la Corte, tampoco pudo evitar referirse a la existencia de responsabilidades. Sin embargo, acotó: “Todo apunta a responsabilidades imprudenciales”.
El primer día de discusión, que abarcó sesiones extraordinarias en la mañana y en la tarde, se dedicó a analizar el alcance del párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución, que le da a la Corte la facultad de investigar graves violaciones a las garantías fundamentales.
Zaldívar se quedó casi solo en su intento de buscar “un nuevo parámetro” en la interpretación de esa facultad. La mayoría de ministros reivindicó las reglas que se autoimpusieron en 2007 para la investigación de los hechos ocurridos en Oaxaca a mediados de 2006, durante la represión al movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Aguirre consideró “reprobable” que la Corte haga “censuras morales y (establezca) responsabilidades morales y éticas… A mí me parece fundamentalismo puro”.
La crítica la compartió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien no sólo pidió la incorporación del tercer peritaje hecho público la semana pasada, en el que se concluye que el incendio fue provocado, sino que se hizo eco de la queja de Molinar Horcasitas, en el sentido de que su punto de vista no fue incluido por Zaldívar en su dictamen.
Los únicos apoyos totales que tuvo el autor del dictamen fue el del ministro Juan Silva Meza y de la ministra Olga Sánchez Cordero, para quienes la tragedia de la guardería implica una “falta de ética de las responsabilidades públicas”, por lo que es necesario “incluir el control de los particulares que ejercen funciones de Estado”.
Silva Meza dijo que la facultad de investigación de la Corte “es una atribución por la cual es posible efectuar el control de la actuación política irregular de los servidores públicos, que redunda en una violación grave a los derechos fundamentales… ante la extrema debilidad de la rendición de cuentas y la consecuente impunidad de dichos actos”.
Según el ministro, en ejercicio de su facultad de investigación, la Corte le puede pedir al presidente de la República que separe de su cargo a los funcionarios involucrados en la grave violación a las garantías individuales, reconociendo que es facultad del Ejecutivo federal hacerlo o no. Esta última posición no fue leída por el ministro en el pleno, pero sí está en el texto que preparó para su intervención.
En ese texto, Silva Meza también destacaba: “El titular del Ejecutivo está obligado a colaborar con la Suprema Corte en la recuperación de la regularidad constitucional” a través de la procuración de justicia.
Contrario a lo que opinó la mayoría de ministros, entre ellos Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Luis María Aguilar, Silva Meza dijo que si bien una resolución de la Corte en este caso “no es ejecutable, sí es vinculante por ser un mecanismo de protección de derechos fundamentales”.
Lo mismo consideró el ministro José Ramón Cossío quien, sin embargo, aclaró: “Si las autoridades nos hacen más o menos caso (en los resolutivos de las investigaciones) es otro tema”. Lo importante, advirtió, es que la Corte emite “un pronunciamiento con base en elementos jurídicos y no a partir de conjeturas morales”.
"Falso y perverso", involucrarnos en el secuestro de Diego: EPR
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 14 de junio (apro).- A un mes del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) calificó de “falsas” y “perversas” las versiones que lo involucran con esa acción.
Censuró en particular al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez, quien en días pasados afirmó que fue el grupo guerrillero el que secuestró al panista, con el propósito de intercambiarlo por a sus compañeros desaparecidos desde 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En un comunicado, el EPR rechazó categóricamente las afirmaciones de Antonio Ortega, quien se ha distinguido por sus posiciones ultraconservadoras frente al aborto, las uniones entre personas del mismo sexo y las adopciones de parejas gay.
En conferencia de prensa, el pasado viernes 4, Ortega dijo que el secuestro del excandidato presidencial era similar al del empresario Alfredo Harp Helú, ocurrido en 1994, y aseguró que en ambos el responsable fue el EPR.
Ese mismo día confirmó que el general Mario Arturo Acosta Chaparro, herido cuatro días después del secuestro del llamado Jefe Diego, estaba investigando el caso.
En respuesta, este lunes el EPR afirma:
“Desde los pasillos del poder y las diferentes oficinas de inteligencia policiaca y militar siguen filtrando la mentira de que nuestro partido y ejército es quien se llevó al señor Diego Fernández de Cevallos, en supuesta venganza por la desaparición de nuestros compañeros.
“Nada más falso y perverso entrañan estas filtraciones, que pretenden deslegitimar nuestra lucha y eludir la responsabilidad del gobierno y sus instituciones sobre el crimen de lesa humanidad que constituye la desaparición forzada por motivos políticos”.
Y agrega que de manera “temeraria y tendenciosa” Ortega afirma que ellos (el EPR) secuestraron al panista para recuperar a sus dos compañeros, aunque estén muertos, además de que supuestamente exigen una indemnización millonaria.
En el texto, el grupo armado advierte que filtraciones como las de Ortega sólo tienen el propósito de generar condiciones mediáticas para justificar una represión contra los sectores inconformes de la sociedad y, al mismo tiempo, deslegitimar las causas y razones de la lucha revolucionaria.
“Si en dado caso la ‘retención’ del Señor Diego Fernández lo hubiese hecho un grupo o una organización revolucionaria, en las demandas y exigencias prevalecería más el aspecto político que el económico; pensamos que dentro de esas demandas estarían la libertad sin excepción de todos los presos políticos y la presentación con vida de todos los detenidos desparecidos por motivos políticos”.
Además, indica que su deslinde es porque para su lucha la parte económica no es importante, dado que el dinero no es su fin. Y señala que por experiencia propia y de otros grupos en el mundo, se ha visto que cuando el objetivo económico desplaza los propósitos revolucionarios, se presenta un proceso de descomposición.
De acuerdo con los eperristas, el gobierno de Felipe Calderón está empeñado en sofocar “a sangre y fuego” cualquier manifestación y para ello es asesorado por el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, “en un intento por contrarrestar la insurgencia revolucionaria en nuestro país”.
Antes de concluir, insiste en la presentación con vida de sus dos compañeros desaparecidos desde mayo de 2007 porque, añade, “la presentación oficiosa de que nuestros compañeros están muertos es inaceptable”.
Jóvenes, las principales víctimas de la violencia en América Latina: OEA
La delincuencia desplazó al desempleo como el principal problema de la región, advierte
AFP
Periódico La Jornada
Martes 15 de junio de 2010, p. 37
San Salvador, 14 de junio. Los jóvenes son las principales víctimas de la delincuencia en Latinoamérica, donde se registran altos índices de violencia y donde el número de efectivos de la seguridad privada supera a los de la policía, según un informe de la OEA presentado este lunes en San Salvador.
Los países de la región presentan hoy algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, y los jóvenes es el grupo más afectado como víctimas y victimarios, según el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El documento fue presentado por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Pinheiro, y la representante para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Carmen Villa.
Por primera vez en décadas, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población de los países de América Latina, donde las autoridades respectivas no han desarrollado un trabajo eficaz, indica el documento.
Los autores del informe advierten que las instituciones del Estado no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia.
La falta de atención a las víctimas de la violencia y el delito, la privatización de los servicios de seguridad, la falta de profesionalismo y modernización de las fuerzas policiales, así como la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, son las mayores debilidades institucionales, según la CIDH.
Elevada tasa de homicidios
En América, la tasa de homicidios alcanzó en los años recientes 25.6 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Europa la tasa es de 8.9 homicidios, en el Pacífico Occidental 3.4, y en Asia Sur y Oriental 5.8.
No obstante, si el análisis se enfoca sólo en los sectores de ingresos medios y bajos de la poblacion, la tasa promedio de homicidios en la región se eleva a 27.5 por cada 100 mil habitantes, enfatiza la CIDH.
La lista la encabeza la región del Caribe, con 30 homicidios, seguida por Sudamérica con 26 y América Central con 22 casos por cada 100 mil habitantes.
Además de la pérdida de vidas humanas, la violencia le cuesta a estos países entre 2 y 15 por ciento del producto interno bruto, subraya el estudio.
Y lo que es peor: la CIDH observa serias dificultades de los Estados miembros para dar soluciones eficaces a los problemas de seguridad con enfoques desvinculados a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El informe también critica la privatización de la seguridad ciudadana, que crece a mayor ritmo que la economía y alerta de que sus efectivos superan con creces las plazas que los Estados asignan a sus fuerzas policiales..
La falta de un registro legal de los agentes privados, según la Comisión, favorece la inexistencia de control estatal de las actividades de las empresas privadas de seguridad, en ocasiones delictivas, al tiempo que facilita la comisión de abusos.
La estatura se asocia también a un mayor nivel escolar y cognitivo, afirma Luis Alberto Moreno
CLAUDIA HERRERA BELTRÁN
Periódico La Jornada
Martes 15 de junio de 2010, p. 36
En Centroamérica y México la inequidad mide seis centímetros: ésa es la diferencia en el promedio de estatura entre niños de cinco años de edad que provienen de familias pobres y ricas, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para contrarrestar esta desigualdad en la región, Carlos Slim y Bill Gates, dos de los hombres más ricos del mundo, anunciaron que junto con el gobierno de España aportarán en total 150 millones de dólares a la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015.
Reunidos en el Museo Nacional de Antropología con el presidente Felipe Calderón, los multimillonarios explicaron ayer que se asociaron por primera vez para financiar durante cinco años programas para disminuir la mortalidad materno-infantil, la desnutrición, la falta de vacunación, así como combatir la malaria y el dengue.
Con los fondos donados por el Instituto Carlos Slim y la fundación Bill y Melinda Gates (50 millones de dólares cada uno), la meta es atender a 20 por ciento de la población más pobre que vive en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, así como los estados del sur-sureste de México, explicó Calderón.
Todos forman parte del Proyecto Mesoamérica, rebautizado por el gobierno de Felipe Calderón para dar un giro a la iniciativa que promovió su antecesor Vicente Fox con el nombre de Plan Puebla-Panamá.
Para ejemplificar la inequidad en la región, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, expuso en la ceremonia que la diferencia entre niños ricos y pobres es de seis centímetros de talla en la región. A la edad de cinco años cada centímetro adicional se asocia además a un mayor nivel cognitivo y escolar, y eventualmente a la posibilidad de conseguir un buen trabajo o de lograr mejores ingresos.
En el transcurso de una vida esos seis centímetros se pueden convertir en un abismo, afirmó al atribuir estas brechas sociales a desnutrición, ausencia de servicios básicos de salud materno-infantil, y de medicinas que eliminan parásitos y protegen contra enfermedades que impiden el crecimiento normal.
El dueño de Teléfonos de México explicó que en Mesoamérica viven más de 70 millones de habitantes, y de ellos un número muy alto, sobre todo mujeres y niños indígenas marginados, no reciben atención prenatal ni médica en el parto. Más de 20 por ciento de los infantes carecen de la vacunación básica, padecen anemia, falta de vitamina A, y nacen con bajo peso por la desnutrición materna.
Fracasa postura de Zaldívar en caso ABC; proponía castigos a Molinar, Karam y Bours
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF, 14 de junio (apro).- El ministro Arturo Zaldívar fracasó en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera “responsabilidad ética y política” de los funcionarios implicados en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.
En el primer día de sesiones para analizar el dictamen que implica a 14 funcionarios federales, estatales y municipales en la tragedia, la mayoría de ministros rechazó la propuesta de Zaldívar para hacer una interpretación más amplia de la facultad investigadora que otorga el artículo 97 de la Constitución.
El propósito del nuevo ministro, quien se sumó al pleno en diciembre pasado, era establecer responsabilidad política y ética de los funcionarios que tuvieron que ver en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104, el 5 de junio del año pasado.
Como principales implicados, mencionó al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours.
Una primera mayoría de ministros, encabezada por el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se perfiló por aceptar que sí hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que se tienen que establecer responsabilidades jurídicas de los implicados.
“No creo que seamos el ombudsman supremo con superioridad política y moral”, ya que nuestra autoridad sólo es jurisdiccional, dijo el responsable del Poder Judicial.
"Estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nos dimos para determinar el alcance de esta atribución, en tanto no haya ley reglamentaria” de la facultad establecida en el 97 constitucional, agregó.
Aseguró, en todo caso, que sí hubo violación grave de derechos fundamentales.
Sin embargo, hubo quienes adelantaron que sería difícil individualizarlas. Fue el caso del ministro Sergio Valls Hernández, quien fue subdirector y director jurídico del IMSS entre 1993 y 1999.
La facultad de la Corte, señaló, “no debe pensarse como un medio de encontrar culpables y de ahí castigos…, sino como un instrumento constitucional cuya finalidad es investigar y señalar violaciones graves a las garantías individuales que como tales no deben volver a repetirse”.
Consideró que “ni siquiera será posible individualizar a quienes hubieran tenido relación directa con tales sucesos, sino que podría tratarse de una conjunción de diversos elementos que dieron lugar a las mismas y en los que deberá esta Corte así señalarlo para que el Estado, a través de las instituciones correspondientes, tome las medidas para que no sucedan nunca más”.
Ante la contundencia que utilizó para decir que será difícil el establecimiento de responsabilidades, aclaró que en la tragedia sí hubo violaciones graves y hay autoridades involucradas.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano, uno de los principales opositores a esa facultad constitucional asignada a la Corte, tampoco pudo evitar referirse a la existencia de responsabilidades. Sin embargo, acotó: “Todo apunta a responsabilidades imprudenciales”.
El primer día de discusión, que abarcó sesiones extraordinarias en la mañana y en la tarde, se dedicó a analizar el alcance del párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución, que le da a la Corte la facultad de investigar graves violaciones a las garantías fundamentales.
Zaldívar se quedó casi solo en su intento de buscar “un nuevo parámetro” en la interpretación de esa facultad. La mayoría de ministros reivindicó las reglas que se autoimpusieron en 2007 para la investigación de los hechos ocurridos en Oaxaca a mediados de 2006, durante la represión al movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Aguirre consideró “reprobable” que la Corte haga “censuras morales y (establezca) responsabilidades morales y éticas… A mí me parece fundamentalismo puro”.
La crítica la compartió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien no sólo pidió la incorporación del tercer peritaje hecho público la semana pasada, en el que se concluye que el incendio fue provocado, sino que se hizo eco de la queja de Molinar Horcasitas, en el sentido de que su punto de vista no fue incluido por Zaldívar en su dictamen.
Los únicos apoyos totales que tuvo el autor del dictamen fue el del ministro Juan Silva Meza y de la ministra Olga Sánchez Cordero, para quienes la tragedia de la guardería implica una “falta de ética de las responsabilidades públicas”, por lo que es necesario “incluir el control de los particulares que ejercen funciones de Estado”.
Silva Meza dijo que la facultad de investigación de la Corte “es una atribución por la cual es posible efectuar el control de la actuación política irregular de los servidores públicos, que redunda en una violación grave a los derechos fundamentales… ante la extrema debilidad de la rendición de cuentas y la consecuente impunidad de dichos actos”.
Según el ministro, en ejercicio de su facultad de investigación, la Corte le puede pedir al presidente de la República que separe de su cargo a los funcionarios involucrados en la grave violación a las garantías individuales, reconociendo que es facultad del Ejecutivo federal hacerlo o no. Esta última posición no fue leída por el ministro en el pleno, pero sí está en el texto que preparó para su intervención.
En ese texto, Silva Meza también destacaba: “El titular del Ejecutivo está obligado a colaborar con la Suprema Corte en la recuperación de la regularidad constitucional” a través de la procuración de justicia.
Contrario a lo que opinó la mayoría de ministros, entre ellos Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Luis María Aguilar, Silva Meza dijo que si bien una resolución de la Corte en este caso “no es ejecutable, sí es vinculante por ser un mecanismo de protección de derechos fundamentales”.
Lo mismo consideró el ministro José Ramón Cossío quien, sin embargo, aclaró: “Si las autoridades nos hacen más o menos caso (en los resolutivos de las investigaciones) es otro tema”. Lo importante, advirtió, es que la Corte emite “un pronunciamiento con base en elementos jurídicos y no a partir de conjeturas morales”.
"Falso y perverso", involucrarnos en el secuestro de Diego: EPR
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 14 de junio (apro).- A un mes del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) calificó de “falsas” y “perversas” las versiones que lo involucran con esa acción.
Censuró en particular al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez, quien en días pasados afirmó que fue el grupo guerrillero el que secuestró al panista, con el propósito de intercambiarlo por a sus compañeros desaparecidos desde 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En un comunicado, el EPR rechazó categóricamente las afirmaciones de Antonio Ortega, quien se ha distinguido por sus posiciones ultraconservadoras frente al aborto, las uniones entre personas del mismo sexo y las adopciones de parejas gay.
En conferencia de prensa, el pasado viernes 4, Ortega dijo que el secuestro del excandidato presidencial era similar al del empresario Alfredo Harp Helú, ocurrido en 1994, y aseguró que en ambos el responsable fue el EPR.
Ese mismo día confirmó que el general Mario Arturo Acosta Chaparro, herido cuatro días después del secuestro del llamado Jefe Diego, estaba investigando el caso.
En respuesta, este lunes el EPR afirma:
“Desde los pasillos del poder y las diferentes oficinas de inteligencia policiaca y militar siguen filtrando la mentira de que nuestro partido y ejército es quien se llevó al señor Diego Fernández de Cevallos, en supuesta venganza por la desaparición de nuestros compañeros.
“Nada más falso y perverso entrañan estas filtraciones, que pretenden deslegitimar nuestra lucha y eludir la responsabilidad del gobierno y sus instituciones sobre el crimen de lesa humanidad que constituye la desaparición forzada por motivos políticos”.
Y agrega que de manera “temeraria y tendenciosa” Ortega afirma que ellos (el EPR) secuestraron al panista para recuperar a sus dos compañeros, aunque estén muertos, además de que supuestamente exigen una indemnización millonaria.
En el texto, el grupo armado advierte que filtraciones como las de Ortega sólo tienen el propósito de generar condiciones mediáticas para justificar una represión contra los sectores inconformes de la sociedad y, al mismo tiempo, deslegitimar las causas y razones de la lucha revolucionaria.
“Si en dado caso la ‘retención’ del Señor Diego Fernández lo hubiese hecho un grupo o una organización revolucionaria, en las demandas y exigencias prevalecería más el aspecto político que el económico; pensamos que dentro de esas demandas estarían la libertad sin excepción de todos los presos políticos y la presentación con vida de todos los detenidos desparecidos por motivos políticos”.
Además, indica que su deslinde es porque para su lucha la parte económica no es importante, dado que el dinero no es su fin. Y señala que por experiencia propia y de otros grupos en el mundo, se ha visto que cuando el objetivo económico desplaza los propósitos revolucionarios, se presenta un proceso de descomposición.
De acuerdo con los eperristas, el gobierno de Felipe Calderón está empeñado en sofocar “a sangre y fuego” cualquier manifestación y para ello es asesorado por el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, “en un intento por contrarrestar la insurgencia revolucionaria en nuestro país”.
Antes de concluir, insiste en la presentación con vida de sus dos compañeros desaparecidos desde mayo de 2007 porque, añade, “la presentación oficiosa de que nuestros compañeros están muertos es inaceptable”.
Jóvenes, las principales víctimas de la violencia en América Latina: OEA
La delincuencia desplazó al desempleo como el principal problema de la región, advierte
AFP
Periódico La Jornada
Martes 15 de junio de 2010, p. 37
San Salvador, 14 de junio. Los jóvenes son las principales víctimas de la delincuencia en Latinoamérica, donde se registran altos índices de violencia y donde el número de efectivos de la seguridad privada supera a los de la policía, según un informe de la OEA presentado este lunes en San Salvador.
Los países de la región presentan hoy algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, y los jóvenes es el grupo más afectado como víctimas y victimarios, según el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El documento fue presentado por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Pinheiro, y la representante para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Carmen Villa.
Por primera vez en décadas, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población de los países de América Latina, donde las autoridades respectivas no han desarrollado un trabajo eficaz, indica el documento.
Los autores del informe advierten que las instituciones del Estado no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia.
La falta de atención a las víctimas de la violencia y el delito, la privatización de los servicios de seguridad, la falta de profesionalismo y modernización de las fuerzas policiales, así como la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, son las mayores debilidades institucionales, según la CIDH.
Elevada tasa de homicidios
En América, la tasa de homicidios alcanzó en los años recientes 25.6 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Europa la tasa es de 8.9 homicidios, en el Pacífico Occidental 3.4, y en Asia Sur y Oriental 5.8.
No obstante, si el análisis se enfoca sólo en los sectores de ingresos medios y bajos de la poblacion, la tasa promedio de homicidios en la región se eleva a 27.5 por cada 100 mil habitantes, enfatiza la CIDH.
La lista la encabeza la región del Caribe, con 30 homicidios, seguida por Sudamérica con 26 y América Central con 22 casos por cada 100 mil habitantes.
Además de la pérdida de vidas humanas, la violencia le cuesta a estos países entre 2 y 15 por ciento del producto interno bruto, subraya el estudio.
Y lo que es peor: la CIDH observa serias dificultades de los Estados miembros para dar soluciones eficaces a los problemas de seguridad con enfoques desvinculados a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El informe también critica la privatización de la seguridad ciudadana, que crece a mayor ritmo que la economía y alerta de que sus efectivos superan con creces las plazas que los Estados asignan a sus fuerzas policiales..
La falta de un registro legal de los agentes privados, según la Comisión, favorece la inexistencia de control estatal de las actividades de las empresas privadas de seguridad, en ocasiones delictivas, al tiempo que facilita la comisión de abusos.
