LA LETRA MUERTA
25 jun 2010
ABC: la letra de la ley
JORGE CAMIL
Hubo responsabilidad, pero no hubo responsables, dijo el editorial de La Jornada, reconociendo que nos hemos convertido en una nación de irresponsables; un pueblo que descansando en esotéricos argumentos jurídicos (¡como si fuésemos un verdadero estado de derecho), atrincherado en posiciones políticas y protegido por tribunales que abdican de sus responsabilidades sociales, esconde bajo el tapete sus grandes tragedias nacionales. (Por eso, entre bromas y veras, nos describimos como el país donde nunca pasa nada.) La medalla de oro se la lleva el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, que resolvió Tlatelolco de un certero plumazo: hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables, exonerando con ello a Luis Echeverría.
Y con la misma delicadeza con la que hoy actúa la mayoría de los ministros de la Corte, el melindroso Luna Altamirano se refugió en la teoría pura del derecho aclarando, para que nadie dudara de su profesionalismo, que su resolución se encontraba completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentales, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas: ¡fue obra de un robot jurídico! Hoy se repite la historia. ¿Para qué sirve un sistema jurídico esterilizado, que opera conforme a la letra de la ley pero al margen de la sociedad?
Mientras los padres de los 49 inocentes muertos (y aquellos de los 104 menores enfermos o marcados de por vida) esperan justicia, ministros melindrosos y algunos analistas políticos sin conocimientos jurídicos hacen piruetas alrededor del artículo 97 constitucional y disquisiciones filosóficas sobre su aplicabilidad en la tragedia de la guardería. Los legos están en cierto modo justificados, porque por motivos políticos los propios ministros han denigrado esa valiosa disposición legal, considerándola un artículo anacrónico y redactado con los pies (Mariano Azuela), o un numeral que no sirve para nada (Salvador Aguirre Anguiano).
Frente a la arrogancia de Azuela y la displicencia de Aguirre, es un placer leer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Donde otros, por motivos políticos o tecnicismos legales, se quedan atrapados en la letra de la ley, él va más allá: considera, con visión de jurista moderno, que la disposición constitucional es una valiosa herramienta que puede contribuir a la democratización de México. Adoptando el concepto de una Constitución viva, que va adaptándose a las realidades sociales, Zaldívar afirmó, en un proyecto rechazado por la mayoría, que el artículo 97 no debe considerarse una invasión en el ejercicio del poder público sino “una facultad que se inserta en el juego democrático y (…) coadyuva a la operatividad (…) del sistema”.
Con argumentos jurídicos objetivos y bien fundados, el proyecto Zaldívar apuntaba graves violaciones a los derechos humanos y señalaba responsables: Molinar Horcasitas, Karam, Bours y el ex alcalde de Hermosillo. Una a una, el proyecto desmenuzó las obligaciones legales de esos funcionarios, y su responsabilidad personal en la cadena de mando. Mostró cómo y dónde incumplieron. (Vale la pena que Fernando Gómez Mont, destacado abogado postulante, lea personalmente esa parte del proyecto, para que no repita que un servidor público sólo debe responder por el tramo de control que le corresponde: ¿cuál es ese tramo, señor secretario, y hasta dónde alcanza? El ministro Zaldívar se lo aclara.)
Arturo Zaldívar relata, con lujo de detalles y maestría de lenguaje, el infierno en la tierra que fue el incendio: 14 maestras en servicio (en vez de 41) intentando salvar a 200 niños; la guardería compartiendo el inmueble con una bodega de la Secretaría de Hacienda, que almacenaba cinco toneladas de papeles que prendieron como hojarasca; el techo de poliuretano despidiendo nubes de gases tóxicos, y deshaciéndose en una infernal lluvia de fuego… ¿Quién les negaría a esos padres la justicia arguyendo que el artículo 97 es anacrónico, o que no sirve para nada?
El proyecto Zaldívar concluyó, tras un minucioso análisis de 300 páginas, que a Molinar Horcasitas le era atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propició las condiciones para la tragedia. No obstante, el dictamen de la mayoría exoneró a los principales funcionarios involucrados.
Felipe Calderón no podría haber escogido mejor abogado para defender a los suyos que Gómez Mont. Conocedor de la ley y político sagaz, el secretario reconoció varias visitas a la Corte antes del fallo, pero afirmó que no hizo nada indebido: no fui a defender a nadie ni a litigar en contra de los padres. ¿A qué fue entonces? A asegurarse, mediante indebidos alegatos de oreja que violan la separación de poderes, que ministros obsecuentes interpretaran correctamente la letra del artículo 97.
Como la Corte tampoco pudo entrar allí dónde autoridades e instituciones fallaron (cito el proyecto Zaldívar), hoy sólo quedan abiertas las instancias internacionales, para que el régimen siga acumulando fallos judiciales contra México.
JORGE CAMIL
Hubo responsabilidad, pero no hubo responsables, dijo el editorial de La Jornada, reconociendo que nos hemos convertido en una nación de irresponsables; un pueblo que descansando en esotéricos argumentos jurídicos (¡como si fuésemos un verdadero estado de derecho), atrincherado en posiciones políticas y protegido por tribunales que abdican de sus responsabilidades sociales, esconde bajo el tapete sus grandes tragedias nacionales. (Por eso, entre bromas y veras, nos describimos como el país donde nunca pasa nada.) La medalla de oro se la lleva el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, que resolvió Tlatelolco de un certero plumazo: hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables, exonerando con ello a Luis Echeverría.
Y con la misma delicadeza con la que hoy actúa la mayoría de los ministros de la Corte, el melindroso Luna Altamirano se refugió en la teoría pura del derecho aclarando, para que nadie dudara de su profesionalismo, que su resolución se encontraba completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentales, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas: ¡fue obra de un robot jurídico! Hoy se repite la historia. ¿Para qué sirve un sistema jurídico esterilizado, que opera conforme a la letra de la ley pero al margen de la sociedad?
Mientras los padres de los 49 inocentes muertos (y aquellos de los 104 menores enfermos o marcados de por vida) esperan justicia, ministros melindrosos y algunos analistas políticos sin conocimientos jurídicos hacen piruetas alrededor del artículo 97 constitucional y disquisiciones filosóficas sobre su aplicabilidad en la tragedia de la guardería. Los legos están en cierto modo justificados, porque por motivos políticos los propios ministros han denigrado esa valiosa disposición legal, considerándola un artículo anacrónico y redactado con los pies (Mariano Azuela), o un numeral que no sirve para nada (Salvador Aguirre Anguiano).
Frente a la arrogancia de Azuela y la displicencia de Aguirre, es un placer leer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Donde otros, por motivos políticos o tecnicismos legales, se quedan atrapados en la letra de la ley, él va más allá: considera, con visión de jurista moderno, que la disposición constitucional es una valiosa herramienta que puede contribuir a la democratización de México. Adoptando el concepto de una Constitución viva, que va adaptándose a las realidades sociales, Zaldívar afirmó, en un proyecto rechazado por la mayoría, que el artículo 97 no debe considerarse una invasión en el ejercicio del poder público sino “una facultad que se inserta en el juego democrático y (…) coadyuva a la operatividad (…) del sistema”.
Con argumentos jurídicos objetivos y bien fundados, el proyecto Zaldívar apuntaba graves violaciones a los derechos humanos y señalaba responsables: Molinar Horcasitas, Karam, Bours y el ex alcalde de Hermosillo. Una a una, el proyecto desmenuzó las obligaciones legales de esos funcionarios, y su responsabilidad personal en la cadena de mando. Mostró cómo y dónde incumplieron. (Vale la pena que Fernando Gómez Mont, destacado abogado postulante, lea personalmente esa parte del proyecto, para que no repita que un servidor público sólo debe responder por el tramo de control que le corresponde: ¿cuál es ese tramo, señor secretario, y hasta dónde alcanza? El ministro Zaldívar se lo aclara.)
Arturo Zaldívar relata, con lujo de detalles y maestría de lenguaje, el infierno en la tierra que fue el incendio: 14 maestras en servicio (en vez de 41) intentando salvar a 200 niños; la guardería compartiendo el inmueble con una bodega de la Secretaría de Hacienda, que almacenaba cinco toneladas de papeles que prendieron como hojarasca; el techo de poliuretano despidiendo nubes de gases tóxicos, y deshaciéndose en una infernal lluvia de fuego… ¿Quién les negaría a esos padres la justicia arguyendo que el artículo 97 es anacrónico, o que no sirve para nada?
El proyecto Zaldívar concluyó, tras un minucioso análisis de 300 páginas, que a Molinar Horcasitas le era atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propició las condiciones para la tragedia. No obstante, el dictamen de la mayoría exoneró a los principales funcionarios involucrados.
Felipe Calderón no podría haber escogido mejor abogado para defender a los suyos que Gómez Mont. Conocedor de la ley y político sagaz, el secretario reconoció varias visitas a la Corte antes del fallo, pero afirmó que no hizo nada indebido: no fui a defender a nadie ni a litigar en contra de los padres. ¿A qué fue entonces? A asegurarse, mediante indebidos alegatos de oreja que violan la separación de poderes, que ministros obsecuentes interpretaran correctamente la letra del artículo 97.
Como la Corte tampoco pudo entrar allí dónde autoridades e instituciones fallaron (cito el proyecto Zaldívar), hoy sólo quedan abiertas las instancias internacionales, para que el régimen siga acumulando fallos judiciales contra México.
Una victoria cuya memoria sirve para la lucha actual
Gerardo Peláez Ramos
Rebelión
Cuando trabajadores electricistas recurren al recurso extremo de realizar una huelga de hambre, quizá tenga alguna utilidad publicar un artículo acerca de una de las grandes huelgas de la clase obrera mexicana: la del SME en julio de 1936, huelga victoriosa que condujo a la firma de un buen contrato colectivo de trabajo.
En 1936 estallaron importantes y numerosas huelgas en México: la de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, en mayo; el paro nacional de la Confederación de Trabajadores de México en contra del fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declaró inexistente el movimiento del sindicato ferrocarrilero, en junio; la del Sindicato Mexicano de Electricistas, en julio, y la de los obreros agrícolas de La Laguna, en agosto. Debido a estos y otros movimientos huelguísticos, 1936 fue el año del mayor número de huelgas durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, en las que participaron obreros y empleados de industrias y servicios fundamentales. [1]
En la revisión contractual de 1936, el SME perseguía dos objetivos centrales: 1) Ordenar, reglamentar y hacer más claras y precisas las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, y 2) Eliminar estipulaciones que establecían injustas diferencias entre los trabajadores y elevar ciertos derechos, prerrogativas y beneficios económicos de los miembros de la organización. [2] Como la vigencia del CCT con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y subsidiarias terminaba el 30 de abril, el sindicato solicitó su revisión el 20 de febrero. Cuatro días después las empresas respondieron con un proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo que intentaba disminuir los derechos del sindicato.
En su proyecto de contrato, el SME incluía demandas de mucha trascendencia: derechos del sindicato, reparto de utilidades, limitación del número de empleados de confianza, prohibición de la patronal para despedir a trabajadores por cambios tecnológicos, limitación al contratismo, semana laboral de 42 horas, aumento del número de representantes sindicales, incremento de primas de antigüedad, vacaciones y servicio médico, y 3.5 por ciento de los ingresos totales obtenidos por las compañías durante 1935 para satisfacer las demandas económicas. [3]
Con el antecedente del laudo en contra del sindicato ferrocarrilero y ante la intransigencia de las empresas, el Comité Central y la Comisión Legislativa de Contratación iniciaron medidas prudentes y cautelosas. Se buscó plantear la situación al Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, quien el 9 de julio por la noche concedió una entrevista a Francisco Breña Alvírez, secretario general del sindicato, y a Mario Pavón Flores, asesor legal del SME y miembro de la dirección del Partido Comunista. Los representantes obreros expresaron sus temores de que se produjera un fallo similar al de los ferrocarrileros, pero el presidente los tranquilizó indicándoles que se trataba de dos casos diferentes.
Tras negociar durante varios días con los representantes patronales, concientizar a la base de los trabajadores, informar a la dirección de la CTM, realizar varias prórrogas y preparar a la organización para una lucha difícil, se colocaron las banderas rojinegras el 16 de julio de 1936. La solidaridad del movimiento obrero y popular fue muy amplia y la entonces combativa CTM explicó las razones de la huelga y llevó a efecto una gran manifestación el día 19 de ese mes. [4] Reunidas bajo los auspicios del Comité Nacional, las organizaciones de la CTM en el Distrito Federal ofrecieron su franco respaldo al SME. Entre tanto, las compañías pedían que la huelga fuera declarada inexistente.
Diversos funcionarios públicos propusieron el arbitraje, sin embargo los líderes electricistas rechazaron dicha propuesta. En un texto de historia del SME, se precisa: “El 21 en la noche el Comité Nacional de la CTM propone a Manuel Paulín que acepte que algunas cláusulas sean resueltas por arbitraje, pero Paulín comentó que eran aquellas en las que el sindicato tendría autonomía para distribuir las prestaciones económicas y por tanto el SME no dejaría un solo punto al arbitraje. Tal asunto también fue ratificado en una reunión posterior entre Velasco (de la CTM) y el secretario general del SME, Breña Alvírez”. [5]
Si a pesar de las dificultades que atraía la falta de luz eléctrica en la capital federal y otros lugares, los obreros y el pueblo se solidarizaban con los huelguistas, no ocurría lo mismo con algunos elementos conservadores de la administración cardenista. Así, Emilio Portes Gil se dirigió el 24 de julio al Presidente de la República para exponerle que la huelga electricista era el conflicto “más serio de los surgidos durante su gestión presidencial”, y le sugería: “juzgo toda sinceridad opinión pública recibiría con más agrado una mala solución del conflicto que la prolongación de éste por unas cuantas horas”. [6]
El 25 de julio concluyó la huelga, y el SME anunció a la CTM, al PCM, al Frente Popular Mexicano y a las organizaciones y particulares que lo apoyaron: “Salvo unos cuantos puntos del Contrato Colectivo de Trabajo que quedaron pendientes, los cuales deberán ser resueltos por acuerdo directo entre las partes en un plazo que vencerá el día último del corriente mes, el sindicato obtuvo la aceptación íntegra de su Pliego de Peticiones, incluyendo el 3.5% de los ingresos de las compañías, plena libertad del sindicato para repartirlo en la forma que juzgue conveniente, mejoramiento del tabulador de salarios, pago de salarios caídos y pago de los gastos de huelga hechos por el sindicato a partir del primero del presente mes”. [7]
De esta manera se firmó el Contrato Colectivo de Trabajo más avanzado del movimiento obrero mexicano. La unidad en el seno del SME, la solidaridad obrera y popular, la actitud consecuente del gobierno cardenista y el aislamiento de la Mexican Light and Power permitieron dicho desenlace. A más de 70 años de haberse desarrollado estos hechos es justo recordarlos.
Gerardo Peláez Ramos
Rebelión
Cuando trabajadores electricistas recurren al recurso extremo de realizar una huelga de hambre, quizá tenga alguna utilidad publicar un artículo acerca de una de las grandes huelgas de la clase obrera mexicana: la del SME en julio de 1936, huelga victoriosa que condujo a la firma de un buen contrato colectivo de trabajo.
En 1936 estallaron importantes y numerosas huelgas en México: la de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, en mayo; el paro nacional de la Confederación de Trabajadores de México en contra del fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declaró inexistente el movimiento del sindicato ferrocarrilero, en junio; la del Sindicato Mexicano de Electricistas, en julio, y la de los obreros agrícolas de La Laguna, en agosto. Debido a estos y otros movimientos huelguísticos, 1936 fue el año del mayor número de huelgas durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, en las que participaron obreros y empleados de industrias y servicios fundamentales. [1]
En la revisión contractual de 1936, el SME perseguía dos objetivos centrales: 1) Ordenar, reglamentar y hacer más claras y precisas las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, y 2) Eliminar estipulaciones que establecían injustas diferencias entre los trabajadores y elevar ciertos derechos, prerrogativas y beneficios económicos de los miembros de la organización. [2] Como la vigencia del CCT con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y subsidiarias terminaba el 30 de abril, el sindicato solicitó su revisión el 20 de febrero. Cuatro días después las empresas respondieron con un proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo que intentaba disminuir los derechos del sindicato.
En su proyecto de contrato, el SME incluía demandas de mucha trascendencia: derechos del sindicato, reparto de utilidades, limitación del número de empleados de confianza, prohibición de la patronal para despedir a trabajadores por cambios tecnológicos, limitación al contratismo, semana laboral de 42 horas, aumento del número de representantes sindicales, incremento de primas de antigüedad, vacaciones y servicio médico, y 3.5 por ciento de los ingresos totales obtenidos por las compañías durante 1935 para satisfacer las demandas económicas. [3]
Con el antecedente del laudo en contra del sindicato ferrocarrilero y ante la intransigencia de las empresas, el Comité Central y la Comisión Legislativa de Contratación iniciaron medidas prudentes y cautelosas. Se buscó plantear la situación al Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, quien el 9 de julio por la noche concedió una entrevista a Francisco Breña Alvírez, secretario general del sindicato, y a Mario Pavón Flores, asesor legal del SME y miembro de la dirección del Partido Comunista. Los representantes obreros expresaron sus temores de que se produjera un fallo similar al de los ferrocarrileros, pero el presidente los tranquilizó indicándoles que se trataba de dos casos diferentes.
Tras negociar durante varios días con los representantes patronales, concientizar a la base de los trabajadores, informar a la dirección de la CTM, realizar varias prórrogas y preparar a la organización para una lucha difícil, se colocaron las banderas rojinegras el 16 de julio de 1936. La solidaridad del movimiento obrero y popular fue muy amplia y la entonces combativa CTM explicó las razones de la huelga y llevó a efecto una gran manifestación el día 19 de ese mes. [4] Reunidas bajo los auspicios del Comité Nacional, las organizaciones de la CTM en el Distrito Federal ofrecieron su franco respaldo al SME. Entre tanto, las compañías pedían que la huelga fuera declarada inexistente.
Diversos funcionarios públicos propusieron el arbitraje, sin embargo los líderes electricistas rechazaron dicha propuesta. En un texto de historia del SME, se precisa: “El 21 en la noche el Comité Nacional de la CTM propone a Manuel Paulín que acepte que algunas cláusulas sean resueltas por arbitraje, pero Paulín comentó que eran aquellas en las que el sindicato tendría autonomía para distribuir las prestaciones económicas y por tanto el SME no dejaría un solo punto al arbitraje. Tal asunto también fue ratificado en una reunión posterior entre Velasco (de la CTM) y el secretario general del SME, Breña Alvírez”. [5]
Si a pesar de las dificultades que atraía la falta de luz eléctrica en la capital federal y otros lugares, los obreros y el pueblo se solidarizaban con los huelguistas, no ocurría lo mismo con algunos elementos conservadores de la administración cardenista. Así, Emilio Portes Gil se dirigió el 24 de julio al Presidente de la República para exponerle que la huelga electricista era el conflicto “más serio de los surgidos durante su gestión presidencial”, y le sugería: “juzgo toda sinceridad opinión pública recibiría con más agrado una mala solución del conflicto que la prolongación de éste por unas cuantas horas”. [6]
El 25 de julio concluyó la huelga, y el SME anunció a la CTM, al PCM, al Frente Popular Mexicano y a las organizaciones y particulares que lo apoyaron: “Salvo unos cuantos puntos del Contrato Colectivo de Trabajo que quedaron pendientes, los cuales deberán ser resueltos por acuerdo directo entre las partes en un plazo que vencerá el día último del corriente mes, el sindicato obtuvo la aceptación íntegra de su Pliego de Peticiones, incluyendo el 3.5% de los ingresos de las compañías, plena libertad del sindicato para repartirlo en la forma que juzgue conveniente, mejoramiento del tabulador de salarios, pago de salarios caídos y pago de los gastos de huelga hechos por el sindicato a partir del primero del presente mes”. [7]
De esta manera se firmó el Contrato Colectivo de Trabajo más avanzado del movimiento obrero mexicano. La unidad en el seno del SME, la solidaridad obrera y popular, la actitud consecuente del gobierno cardenista y el aislamiento de la Mexican Light and Power permitieron dicho desenlace. A más de 70 años de haberse desarrollado estos hechos es justo recordarlos.
