LOS NARCOBANCOS
7 jun 2010
Narcodólares y bancos, la simbiosis
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 4 de junio (apro).- Estados Unidos concluyó recientemente que, debido al consumo de droga de sus habitantes, ese ilícito les reditúa a los cárteles mexicanos unos 29 mil millones de dólares y, de ese total, al menos la mitad se lava en el sistema nacional bancario.
Sin especificar cuáles bancos, el llamado Estudio Binacional de Bienes Ilícitos considera que unos 14 mil 500 millones de dólares circulan anualmente en las 40 instituciones de crédito que hay en el país.
Si la investigación la llevaron a cabo autoridades estadunidenses y mexicanas, se esperaría que el gobierno de México ya revisara con lupa las transacciones bancarias que se realizan sobre todo en instituciones tan grandes como Banamex, Bancomer y HSBC, por cierto todos ellas filiales de casas matrices en Estados Unidos, Inglaterra y Hong Kong.
El día que se dio a conocer el estudio, el miércoles anterior, el secretario adjunto para Investigación de Migración y Aduanas, John T. Morton, dijo que “cierta información obtenida indica que más de la mitad del dinero llega a entidades financieras por conducto de las organizaciones criminales, y otra información apunta a que sólo es un cuarto del numerario”.
A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual comentó que entre 70 y 80% de las ganancias obtenidas por la venta de droga al menudeo en la nación vecina ingresan a México.
Las aseveraciones de los funcionarios estadunidenses obligaron al presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, a admitir que, efectivamente, cientos de millones de dólares ingresan al sistema financiero mexicano pero, acotó, lo hacen “de manera lícita”.
Aclaró que ello es así “porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas, de manera legal, lo pueden depositar en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.
Sin embargo, el dirigente de los banqueros debería también reconocer que precisamente detrás de esas prácticas lícitas es como se consuma el “lavado de dinero”.
Es cierto que los funcionarios bancarios no son autoridad judicial para detectar “dólares sucios”, pero por su experiencia y conocimiento del proceso de lavado de dinero, debieran dar aviso a las autoridades cuando existen sospechas sobre determinados movimientos financieros.
Lo que sucede es que difícilmente los bancos harán tales denuncias, ya que hacerlo implicaría su ruina. Y es que gran parte del capital que circula en la economía nacional proviene justamente de actividades ilícitas que arriban a los bancos después de un proceso de blanqueo.
Un dato que podría ejemplificar la omisión en que incurren los bancos es lo ocurrido en la llamada Operación Casablanca, revelada en 1998.
Como se recordará, durante tres años la oficina antidrogas estadunidense (DEA) llevó a cabo una investigación a diverso bancos mexicanos por lavado de dinero.
El resultado culminó con la detención de 22 funcionarios de 12 bancos mexicanos, el decomiso de 157 millones de dólares y la acusación formal contra tres instituciones financieras: Bancomer (BBVA), Banca Serfín (Santander) y Confía (Citybank).
En las conclusiones de la investigación se destaca que “Bancomer, Serfín y Confía alentaron el lavado de dinero sucio, aparte que funcionaros de alto nivel utilizaron sistemáticamente varias sucursales en Estados Unidos, México e Islas Caimán para actividades ilícitas”.
El entonces presidente de la ABM, Carlos Gómez y Gómez, dijo que los banqueros desconocían los hechos pero que estarían dispuestos a cooperar con las autoridades estadunidense.
José Ángel Gurría, a la sazón secretario de Hacienda, declaró por su parte que el gobierno mexicano cooperaría en la investigación e iría “hasta las últimas consecuencias”.
Nada de ello ocurrió, pero no sólo eso, en el juicio que se realizaba en Los Ángeles, California, contra esos tres bancos (Bancomer, Santander y Citibank), éstos llegaron a “un acuerdo” en donde cada uno aceptó pagar una multa de 500 mil dólares; además, el primero aceptó la confiscación de 16 millones de dólares de sus depósitos; Serfín, el decomiso de 9.6 millones y Confía, 12 millones de dólares.
El objetivo último de los bancos fue evitar que el resultado del juicio fuera el perder sus licencias para operar en Estados Unidos.
La nación vecina aceptó el arregló aun cuando pudo haberse negado y, con las pruebas que tenía en su poder, suspender las licencias. Claro que lo anterior implicaría que también el sistema bancario estadunidense dejara de recibir los millonarios recursos del crimen organizado.
Si eso ocurrió cuando estaba en marcha un nuevo proceso de privatización bancaria, ¿qué será ahora cuando casi la totalidad de esas instituciones se encuentran en manos de extranjeros y sometidas a los esquemas de globalización financiera?
Por todo ello es difícil pensar que ambas naciones, México y Estados Unidos, a pesar de saber cuánto dinero se lava en los bancos, busquen en verdad acabar con esa práctica ilegal. Hacerlo implicaría derrumbar su propio sistema bancario.
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 4 de junio (apro).- Estados Unidos concluyó recientemente que, debido al consumo de droga de sus habitantes, ese ilícito les reditúa a los cárteles mexicanos unos 29 mil millones de dólares y, de ese total, al menos la mitad se lava en el sistema nacional bancario.
Sin especificar cuáles bancos, el llamado Estudio Binacional de Bienes Ilícitos considera que unos 14 mil 500 millones de dólares circulan anualmente en las 40 instituciones de crédito que hay en el país.
Si la investigación la llevaron a cabo autoridades estadunidenses y mexicanas, se esperaría que el gobierno de México ya revisara con lupa las transacciones bancarias que se realizan sobre todo en instituciones tan grandes como Banamex, Bancomer y HSBC, por cierto todos ellas filiales de casas matrices en Estados Unidos, Inglaterra y Hong Kong.
El día que se dio a conocer el estudio, el miércoles anterior, el secretario adjunto para Investigación de Migración y Aduanas, John T. Morton, dijo que “cierta información obtenida indica que más de la mitad del dinero llega a entidades financieras por conducto de las organizaciones criminales, y otra información apunta a que sólo es un cuarto del numerario”.
A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual comentó que entre 70 y 80% de las ganancias obtenidas por la venta de droga al menudeo en la nación vecina ingresan a México.
Las aseveraciones de los funcionarios estadunidenses obligaron al presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, a admitir que, efectivamente, cientos de millones de dólares ingresan al sistema financiero mexicano pero, acotó, lo hacen “de manera lícita”.
Aclaró que ello es así “porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas, de manera legal, lo pueden depositar en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.
Sin embargo, el dirigente de los banqueros debería también reconocer que precisamente detrás de esas prácticas lícitas es como se consuma el “lavado de dinero”.
Es cierto que los funcionarios bancarios no son autoridad judicial para detectar “dólares sucios”, pero por su experiencia y conocimiento del proceso de lavado de dinero, debieran dar aviso a las autoridades cuando existen sospechas sobre determinados movimientos financieros.
Lo que sucede es que difícilmente los bancos harán tales denuncias, ya que hacerlo implicaría su ruina. Y es que gran parte del capital que circula en la economía nacional proviene justamente de actividades ilícitas que arriban a los bancos después de un proceso de blanqueo.
Un dato que podría ejemplificar la omisión en que incurren los bancos es lo ocurrido en la llamada Operación Casablanca, revelada en 1998.
Como se recordará, durante tres años la oficina antidrogas estadunidense (DEA) llevó a cabo una investigación a diverso bancos mexicanos por lavado de dinero.
El resultado culminó con la detención de 22 funcionarios de 12 bancos mexicanos, el decomiso de 157 millones de dólares y la acusación formal contra tres instituciones financieras: Bancomer (BBVA), Banca Serfín (Santander) y Confía (Citybank).
En las conclusiones de la investigación se destaca que “Bancomer, Serfín y Confía alentaron el lavado de dinero sucio, aparte que funcionaros de alto nivel utilizaron sistemáticamente varias sucursales en Estados Unidos, México e Islas Caimán para actividades ilícitas”.
El entonces presidente de la ABM, Carlos Gómez y Gómez, dijo que los banqueros desconocían los hechos pero que estarían dispuestos a cooperar con las autoridades estadunidense.
José Ángel Gurría, a la sazón secretario de Hacienda, declaró por su parte que el gobierno mexicano cooperaría en la investigación e iría “hasta las últimas consecuencias”.
Nada de ello ocurrió, pero no sólo eso, en el juicio que se realizaba en Los Ángeles, California, contra esos tres bancos (Bancomer, Santander y Citibank), éstos llegaron a “un acuerdo” en donde cada uno aceptó pagar una multa de 500 mil dólares; además, el primero aceptó la confiscación de 16 millones de dólares de sus depósitos; Serfín, el decomiso de 9.6 millones y Confía, 12 millones de dólares.
El objetivo último de los bancos fue evitar que el resultado del juicio fuera el perder sus licencias para operar en Estados Unidos.
La nación vecina aceptó el arregló aun cuando pudo haberse negado y, con las pruebas que tenía en su poder, suspender las licencias. Claro que lo anterior implicaría que también el sistema bancario estadunidense dejara de recibir los millonarios recursos del crimen organizado.
Si eso ocurrió cuando estaba en marcha un nuevo proceso de privatización bancaria, ¿qué será ahora cuando casi la totalidad de esas instituciones se encuentran en manos de extranjeros y sometidas a los esquemas de globalización financiera?
Por todo ello es difícil pensar que ambas naciones, México y Estados Unidos, a pesar de saber cuánto dinero se lava en los bancos, busquen en verdad acabar con esa práctica ilegal. Hacerlo implicaría derrumbar su propio sistema bancario.
Molinar, la culpa
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 4 de junio (apro).- Juan Francisco Molinar Horcasitas, hombre de confianzas de Felipe Calderón, pasa el peor momento de su carrera política, pero con el aval de su amigo y jefe está decidido a doblarle la mano a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos, a una mayoría suficiente de seis ministros para que el máximo tribunal lo exonere de la mas grave acusación que puede pesar sobre cualquier persona y más para un funcionario publico: el homicidio de 49 niños de entre 10 meses y cuatro años de edad por el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
En la que ha sido la peor tragedia infantil en el país, ocurrida hace justo un año, 104 niños más resultaron heridos con afectaciones pulmonares, algunas de ellas irreversibles.
Molinar fue promotor de la candidatura presidencial de su amigo, quien al ocupar Los Pinos lo designó director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo en el que estuvo hasta marzo del año pasado, tres meses antes de la tragedia. Calderón lo designó entonces titular de la estratégica Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde donde Televisa y Telefónica, de España, le disputan a Carlos Slim el futuro de las telecomunicaciones en México.
Molinar, además, es ahora el encargado de repartir las concesiones para la infraestructura vital del país.
Mucho poder y beneficio para dejarlos ir. En cuanto el ministro Arturo Zaldívar dio a conocer el dictamen que resultó de la investigación de la Corte sobre la tragedia, Molinar inicio su defensa mediática para alegar su inocencia, utilizando los recursos de la SCT. Para defenderse, Molinar comenzó a repartir culpas. A la propia Corte la acusa de haber violado sus derechos, según él, por no entrevistarlo para dar su versión de la tragedia.
Extraña el argumento del exdirector del IMSS, pues una vez que tuvo el informe preliminar de la investigación, la Corte lo entregó a las autoridades y servidores públicos para hacer observaciones y presentar la documentación o elementos que les sirvieran de descargo. Molinar se deslinda culpando al exgobernador Eduardo Bours. Dice que como director del Seguro Social le era humanamente imposible evitar los factores que provocaron el incendio de la estancia infantil, autorizada por el IMSS para operar junto a una bodega llena de papel y deficiente sistema eléctrico de la Secretaria de Hacienda de Sonora.
El exdirector del IMSS quiere ocultar una verdad incontestable: como encargado de la institución no hizo nada para evitar el "desorden generalizado" del sistema de guarderías subrogadas que propició la tragedia.
El informe de la investigación hecha por dos magistrados por mandato de la Corte, dado a conocer el 1 de marzo es contundente: sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas, de las casi mil 500 al momento de la desgracia, cumplían con todos los requisitos para su funcionamiento. De ahí que la Corte hable de "desorden generalizado". El fondo del dictamen es sobre la responsabilidad de los que gobiernan, de los alcances de sus actos y omisiones.
En una sociedad donde la impunidad es histórica, no es extraño que el exdirector del IMSS no se haya hecho a un lado mientras el Poder Judicial lo investigaba junto a otros exfuncionarios del Seguro Social, el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo. Al contrario, desde la fuerza del Ejecutivo Federal, hará cuanto pueda para que una mayoría de ministros lo exculpen.
Calderón lo apoya, pues sabe que no sólo es Molinar y el actual director del IMSS, Daniel Karam, en lo personal, los que están señalados. Es su gestión como gobernante la que está en entredicho. A decir de la manera en que la Corte ha resuelto los casos de graves violaciones a los derechos humanos en Puebla y Oaxaca, no seria raro que Molinar quedara libre de culpa. Aunque así fuera, la sociedad mexicana hace mucho que lo culpó.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 4 de junio (apro).- Juan Francisco Molinar Horcasitas, hombre de confianzas de Felipe Calderón, pasa el peor momento de su carrera política, pero con el aval de su amigo y jefe está decidido a doblarle la mano a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos, a una mayoría suficiente de seis ministros para que el máximo tribunal lo exonere de la mas grave acusación que puede pesar sobre cualquier persona y más para un funcionario publico: el homicidio de 49 niños de entre 10 meses y cuatro años de edad por el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
En la que ha sido la peor tragedia infantil en el país, ocurrida hace justo un año, 104 niños más resultaron heridos con afectaciones pulmonares, algunas de ellas irreversibles.
Molinar fue promotor de la candidatura presidencial de su amigo, quien al ocupar Los Pinos lo designó director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cargo en el que estuvo hasta marzo del año pasado, tres meses antes de la tragedia. Calderón lo designó entonces titular de la estratégica Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde donde Televisa y Telefónica, de España, le disputan a Carlos Slim el futuro de las telecomunicaciones en México.
Molinar, además, es ahora el encargado de repartir las concesiones para la infraestructura vital del país.
Mucho poder y beneficio para dejarlos ir. En cuanto el ministro Arturo Zaldívar dio a conocer el dictamen que resultó de la investigación de la Corte sobre la tragedia, Molinar inicio su defensa mediática para alegar su inocencia, utilizando los recursos de la SCT. Para defenderse, Molinar comenzó a repartir culpas. A la propia Corte la acusa de haber violado sus derechos, según él, por no entrevistarlo para dar su versión de la tragedia.
Extraña el argumento del exdirector del IMSS, pues una vez que tuvo el informe preliminar de la investigación, la Corte lo entregó a las autoridades y servidores públicos para hacer observaciones y presentar la documentación o elementos que les sirvieran de descargo. Molinar se deslinda culpando al exgobernador Eduardo Bours. Dice que como director del Seguro Social le era humanamente imposible evitar los factores que provocaron el incendio de la estancia infantil, autorizada por el IMSS para operar junto a una bodega llena de papel y deficiente sistema eléctrico de la Secretaria de Hacienda de Sonora.
El exdirector del IMSS quiere ocultar una verdad incontestable: como encargado de la institución no hizo nada para evitar el "desorden generalizado" del sistema de guarderías subrogadas que propició la tragedia.
El informe de la investigación hecha por dos magistrados por mandato de la Corte, dado a conocer el 1 de marzo es contundente: sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas, de las casi mil 500 al momento de la desgracia, cumplían con todos los requisitos para su funcionamiento. De ahí que la Corte hable de "desorden generalizado". El fondo del dictamen es sobre la responsabilidad de los que gobiernan, de los alcances de sus actos y omisiones.
En una sociedad donde la impunidad es histórica, no es extraño que el exdirector del IMSS no se haya hecho a un lado mientras el Poder Judicial lo investigaba junto a otros exfuncionarios del Seguro Social, el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo. Al contrario, desde la fuerza del Ejecutivo Federal, hará cuanto pueda para que una mayoría de ministros lo exculpen.
Calderón lo apoya, pues sabe que no sólo es Molinar y el actual director del IMSS, Daniel Karam, en lo personal, los que están señalados. Es su gestión como gobernante la que está en entredicho. A decir de la manera en que la Corte ha resuelto los casos de graves violaciones a los derechos humanos en Puebla y Oaxaca, no seria raro que Molinar quedara libre de culpa. Aunque así fuera, la sociedad mexicana hace mucho que lo culpó.
¿Derechos humanos en México? ¡El desastre!
VÍCTOR FLORES OLEA
La cuestión de los derechos humanos en México es zona de desastre. Es cierto: jamás hemos tenido en este campo ni pequeñas ni grandes tradiciones, ya no hablemos del mátalos en caliente del porfirismo ni de los mil y un atropellos de la etapa revolucionaria: en guerra pasan a último término, que hoy se llaman pérdidas marginales.
Como sabemos, en México ha habido un diluvio de recientes denuncias revelando la violación flagrante de derechos humanos por el Ejército en su guerra contra el crimen organizado, pero también por nuevas y viejas bandas paramilitares que hacen el trabajo sucio del Ejército y de las policías y que están blindadas por un escandaloso sistema de impunidad y corrupción. Esas violaciones (del Ejército, de las policías, de las bandas irregulares, de parte del sistema judicial) han sido severamente denunciadas por Amnistía Internacional, por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y por multitud de organismos civiles y sociales del país. Sin embargo, todo queda en el aire y sin atención, ya que hay otras prioridades y urgencias encabezadas por la guerra antinarcóticos.
Se habla en muchos foros del avance o no de la democracia, de la vigencia del orden del derecho, de la guerra contra el crimen organizado, del sistema de impunidad y corrupción, pero se silencia y disimula la cuestión de los derechos humanos, como si no fuera fundamental en el avance o no de nuestro sistema político y jurídico.
Pero esto no se le ha ocurrido a Felipe Calderón, quien prefiere desenterrar huesos de héroes históricos a fin de desacralizarlos (después de todo los principales fueron excomulgados en su momento) antes que poner en el centro de un gran esfuerzo nacional la valoración y reivindicación de los derechos humanos, que por cierto fueron criatura en su momento de la Ilustración, de la que son hijos nuestros héroes patrios, de la primera, segunda y tercera generación (Independencia, Reforma y Revolución).
Por fortuna, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, puso hace unos días el dedo en la llaga de la tragedia de la guardería ABC, situándola como violación flagrante de los derechos humanos. Pero hace apenas un mes, una caravana integrada por organismos civiles, observadores internacionales y periodistas que se dirigía a San Juan Copala a llevar alimentos fue agredida por un grupo armado (paramilitar) del gobierno de Oaxaca, al menos con el resultado de dos asesinados: la mexicana Beatriz Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jaakola, sin ningún resultado en las pretendidas averiguaciones.
Sería interminable enlistar los hechos que ha denunciado la prensa en los últimos tiempos, sobre violaciones a los derechos humanos que quedan en la impunidad, sin excluir la última agresión, hace unos días, a Lydia Cacho en la guardería o asilo de niños discapacitados que tiene en Cancún.
La situación es que el activismo en México a favor de los derechos humanos se ha convertido en una de las ocupaciones más peligrosas del país.
Decíamos: en situación de guerra los derechos humanos pasan a tercero o cuarto lugar de las prioridades. Y así serán recordados el piadoso Felipe Calderón como un presidente que abrió las compuertas a la violación impune de los derechos individuales y sociales (también el SME), y el seráfico secretario de Gobernación Felipe Gómez Mont, a quien se le llena la boca hablando del respeto al orden jurídico cuando en sus narices se violentan brutalmente los derechos humanos sin decir esta boca es mía. ¿Perciben ahora por qué de la más extrema desconfianza y el mayor desprecio de muchos mexicanos hacia las instituciones?
Asignatura pendiente, como dicen. Y mejor, asignatura olvidada y maltratada. Es verdad, en el Legislativo queda por revisarse en la Cámara de Diputados una iniciativa ya aprobada por el Senado. Pero, sobre todo, la iniciativa que presentó la semana pasada el diputado Porfirio Muñoz Ledo, sin duda la más comprensiva y profunda.
En la iniciativa de Muñoz Ledo hay reformas constitucionales y el compromiso de que no prescribirán el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las garantías individuales en los tratados internacionales, además de que se abre el reconocimiento de los derechos sociales y políticos como derechos humanos, y se garantiza la protección constitucional de las organizaciones no gubernamentales en la materia.
Muñoz Ledo sostiene que su iniciativa es una vía privilegiada para luchar contra el autoritarismo gubernamental y la más idónea para arribar a una democracia genuina. Anunció que en ésta se enmarca la propuesta de reforma del Estado que hace 10 años fue elaborada por un grupo numeroso de expertos y legisladores y que aún se encuentra congelada en el Congreso federal. Este proyecto de reforma también otorga el reconocimiento a los derechos humanos que pueden ejercerse a título individual y colectivo y eleva a la categoría constitucional la protección del ejercicio pleno de las garantías de mexicanos en el extranjero, más allá de su condición migratoria, definiendo además el derecho de asilo. Esta iniciativa contempla prohibir la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
La iniciativa de Muñoz Lado, que debiera ser estudiada con la mayor seriedad y rapidez, supondría un avance decisivo del país en materia de derechos humanos.
VÍCTOR FLORES OLEA
La cuestión de los derechos humanos en México es zona de desastre. Es cierto: jamás hemos tenido en este campo ni pequeñas ni grandes tradiciones, ya no hablemos del mátalos en caliente del porfirismo ni de los mil y un atropellos de la etapa revolucionaria: en guerra pasan a último término, que hoy se llaman pérdidas marginales.
Como sabemos, en México ha habido un diluvio de recientes denuncias revelando la violación flagrante de derechos humanos por el Ejército en su guerra contra el crimen organizado, pero también por nuevas y viejas bandas paramilitares que hacen el trabajo sucio del Ejército y de las policías y que están blindadas por un escandaloso sistema de impunidad y corrupción. Esas violaciones (del Ejército, de las policías, de las bandas irregulares, de parte del sistema judicial) han sido severamente denunciadas por Amnistía Internacional, por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y por multitud de organismos civiles y sociales del país. Sin embargo, todo queda en el aire y sin atención, ya que hay otras prioridades y urgencias encabezadas por la guerra antinarcóticos.
Se habla en muchos foros del avance o no de la democracia, de la vigencia del orden del derecho, de la guerra contra el crimen organizado, del sistema de impunidad y corrupción, pero se silencia y disimula la cuestión de los derechos humanos, como si no fuera fundamental en el avance o no de nuestro sistema político y jurídico.
Pero esto no se le ha ocurrido a Felipe Calderón, quien prefiere desenterrar huesos de héroes históricos a fin de desacralizarlos (después de todo los principales fueron excomulgados en su momento) antes que poner en el centro de un gran esfuerzo nacional la valoración y reivindicación de los derechos humanos, que por cierto fueron criatura en su momento de la Ilustración, de la que son hijos nuestros héroes patrios, de la primera, segunda y tercera generación (Independencia, Reforma y Revolución).
Por fortuna, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, puso hace unos días el dedo en la llaga de la tragedia de la guardería ABC, situándola como violación flagrante de los derechos humanos. Pero hace apenas un mes, una caravana integrada por organismos civiles, observadores internacionales y periodistas que se dirigía a San Juan Copala a llevar alimentos fue agredida por un grupo armado (paramilitar) del gobierno de Oaxaca, al menos con el resultado de dos asesinados: la mexicana Beatriz Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jaakola, sin ningún resultado en las pretendidas averiguaciones.
Sería interminable enlistar los hechos que ha denunciado la prensa en los últimos tiempos, sobre violaciones a los derechos humanos que quedan en la impunidad, sin excluir la última agresión, hace unos días, a Lydia Cacho en la guardería o asilo de niños discapacitados que tiene en Cancún.
La situación es que el activismo en México a favor de los derechos humanos se ha convertido en una de las ocupaciones más peligrosas del país.
Decíamos: en situación de guerra los derechos humanos pasan a tercero o cuarto lugar de las prioridades. Y así serán recordados el piadoso Felipe Calderón como un presidente que abrió las compuertas a la violación impune de los derechos individuales y sociales (también el SME), y el seráfico secretario de Gobernación Felipe Gómez Mont, a quien se le llena la boca hablando del respeto al orden jurídico cuando en sus narices se violentan brutalmente los derechos humanos sin decir esta boca es mía. ¿Perciben ahora por qué de la más extrema desconfianza y el mayor desprecio de muchos mexicanos hacia las instituciones?
Asignatura pendiente, como dicen. Y mejor, asignatura olvidada y maltratada. Es verdad, en el Legislativo queda por revisarse en la Cámara de Diputados una iniciativa ya aprobada por el Senado. Pero, sobre todo, la iniciativa que presentó la semana pasada el diputado Porfirio Muñoz Ledo, sin duda la más comprensiva y profunda.
En la iniciativa de Muñoz Ledo hay reformas constitucionales y el compromiso de que no prescribirán el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las garantías individuales en los tratados internacionales, además de que se abre el reconocimiento de los derechos sociales y políticos como derechos humanos, y se garantiza la protección constitucional de las organizaciones no gubernamentales en la materia.
Muñoz Ledo sostiene que su iniciativa es una vía privilegiada para luchar contra el autoritarismo gubernamental y la más idónea para arribar a una democracia genuina. Anunció que en ésta se enmarca la propuesta de reforma del Estado que hace 10 años fue elaborada por un grupo numeroso de expertos y legisladores y que aún se encuentra congelada en el Congreso federal. Este proyecto de reforma también otorga el reconocimiento a los derechos humanos que pueden ejercerse a título individual y colectivo y eleva a la categoría constitucional la protección del ejercicio pleno de las garantías de mexicanos en el extranjero, más allá de su condición migratoria, definiendo además el derecho de asilo. Esta iniciativa contempla prohibir la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
La iniciativa de Muñoz Lado, que debiera ser estudiada con la mayor seriedad y rapidez, supondría un avance decisivo del país en materia de derechos humanos.
