¿HASTA CUÁNDO LOS ASESINATOS IMPUNES?

Asesinan a profesor de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca.

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 5 de abril (apro).- El excandidato a la presidencia municipal de San Agustín Chayuco y supervisor de educación indígena, Luis Quiroz Quiroz, fue asesinado hoy a balazos en la costa oaxaqueña, confirmó la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Con el homicidio de Quiroz suman seis los profesores que han sido asesinados desde mayo del 2008, cuando tomó el control de la Sección 22 el Comité Ejecutivo Seccional, que encabeza Azael Santiago Chepi.

La Sección 22 precisó que el cuerpo del profesor fue localizado hoy alrededor de las 9:00 horas en el paraje denominado Dos caminos, en la carretera de terracería que conduce a la comunidad de San Agustín Chayuco, perteneciente al distrito de Jamiltepec, en la región de la Costa.

De acuerdo con el magisterio oaxaqueño, el profesor se desempeñaba como supervisor de la zona escolar número 24 del Sector 2, del nivel de Educación Indígena y fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Agustín Chayuco.

Aunque se desconoce el móvil del asesinato, el magisterio recordó que Luis Quiroz participó, el 28 de agosto de 2009, en la marcha y recuperación de la escuela primaria bilingüe “Libertad”, en la comunidad de San Pedro Jicayan.

La Sección 22 mencionó que en esa ocasión fue asesinado el profesor Artemio Norberto Camacho Sarabio, fue resultaron heridos el agente municipal Luis Castro Reyes y la maestra Leonides Celio Mejía.

Finalmente, el magisterio exigió castigo a los responsables materiales e intelectuales por el asesinato del profesor y resultados en las investigaciones de los asesinatos a luchadores sociales.

Flavio Sosa demanda la destitución del comisionado de la Policía en Oaxaca

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 5 de abril (apro).- El diputado local del Partido del Trabajo, Flavio Sosa Villavicencio, pidió al gobernador Gabino Cué la remoción del comisionado de la Policía Estatal, Roberto César Alfaro Cruz, a quien acusó de violar la Constitución y los derechos humanos de varios consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el conflicto socio político del 2006.

De igual forma, demandó a los poderes Judicial y Legislativo revisar su estructura para que servidores y ex servidores públicos acusados de abusos, como los jueces de consigna o la titular de la Auditoría Superior del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, no puedan ocupar cargos relevantes.

El pasado 31 de marzo, Apro publicó documentos que revelan que Alfaro Cruz, como agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado, puso a disposición del juez a los consejeros de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, durante el conflicto de 2006.

“Yo creo que Gabino (Cué) tiene que revisar para que gente responsable de violación a los derechos humanos y a la Constitución no esté en cargos tan relevantes”, insistió Sosa Villavicencio.

Por lo pronto, adelantó que está esperando el resultado del diálogo entre afectados y el gobierno de Gabino Cué para actuar legalmente contra los que atentaron contra su integridad y sus derechos humanos.

“Podría demandar a todos quienes nos lastimaron porque no solamente son los jueces de consigna los que nos metieron a la cárcel y violaron la ley, y que ahí están en el Poder Judicial, sino que también me sorprende que hoy encontremos en el Ejecutivo gente con responsabilidad directa; hay que investigar, no vaya a ser que tengamos la justicia en manos de torturadores”, señaló.

Mientras tanto, dijo que unos 90 agraviados durante el conflicto del 2006 han dialogado con funcionarios del gobierno del estado y sólo se está a la espera de la respuesta del gobernador.

La exigencia de los afectados es la remoción del cargo, reparación integral del dañó, la atención a los familiares de las víctimas y huérfanos.

Además, dijo, se hizo un planteamiento general como la Creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social y la Comisión de la Verdad; pero si no hay respuesta, advirtió que actuarán jurídicamente.

“El Ejecutivo está obligado de cumplir con su responsabilidad histórica, que es hacer justicia y castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, trátese de quien se trate; esté dentro o fuera de la estructura gubernamental; esté en Oaxaca o esté fuera, como el caso monstruoso de Lino Celaya Luría o de Lizbeth Caña Cadeza, quienes deben ir a la cárcel”.

Por el momento, dijo, “le concedo el beneficio de la duda de que están integrando debidamente las averiguaciones, de que están investigando perfectamente para que no haya resquicios legales, de que es un gobierno que apenas inició, pero en el corto plazo si Gabino y el Poder Judicial no asumen su responsabilidad, desde luego que vamos a exigir justicia y exhibirlos”.

Sin embargo, calificó como una “buena señal” el hecho de que el gobernador haya acudido a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haya asumido la responsabilidad de casos que tienen que ver con gobiernos pasados; “esa es una actitud congruente y espero que así actúe en el caso del 2006”, puntualizó.

Antes de que el gobernador Gabino Cué nombrara comisionado de la Policía Estatal a Alfaro Cruz, éste formó parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, donde se desempeñó, desde 1999, como subdirector de averiguaciones previas, agente del Ministerio Público en la Subprocuraduría Regional de la Costa y subdirector de servicios periciales.

Durante el conflicto de 2006, la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza, lo nombró agente del Ministerio Público adscrito a la mesa nueve del sector central, dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones.

Un documento oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado fechado el 5 de diciembre de 2006 y firmado por el Ministerio Público, Roberto César Alfaro Cruz, confirma el papel que desempeñó durante el conflicto sociopolítico.

URO, autor de la desaparición de eperristas

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

Oaxaca, Oax.- "El ex gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, tiene mucha responsabilidad en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, registrada en la ciudad de Oaxaca el 24 de mayo del 2007, por ello tiene que ser llamado a declarar en torno a los hechos", aseveró en tono categórico la hija de uno de los presuntos eperristas, Nadín Reyes Maldonado.

En entrevista, expresó que además en la administración de Ulises Ruiz Ortiz no solamente se cometió la desaparición de sus familiares, sino se cometieron otros muchos asesinatos y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto social en el año 2006, "que las autoridades actuales tienen que resolver".

Así mismo, la hija de Edmundo Reyes Amaya calificó de "positiva" la aceptación del gobierno de Oaxaca de la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto a la desaparición de los presuntos integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

"Nosotros creemos que es un buen paso, pero lo más importantes es que esto no se quede nada más en una pose discursiva, sino que la recomendación se cumpla y se dé con el paradero de nuestros familiares que es lo que realmente nos importa", señaló la hija del presunto eperrista.

Dijo que es importante el hecho de que se acepte la recomendación, porque fue en Oaxaca donde ocurrieron los hechos, "la misma recomendación da muchas pautas para establecer quiénes fueron los responsables de la detención, entre ellos el Ejército aunque no lo diga explícitamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como policías estatales y federales, quienes los entregaron a los militares".

Señaló más adelante que estas autoridades tienen que responder por esos hechos, pues todavía en Oaxaca hay personas que han sido señaladas y tienen que ser sancionadas.

El gobierno de Ruiz Ortiz cometió otros asesinatos y violaciones a derechos humanos durante el conflicto del 2006

Es positiva la aceptación del gobierno estatal a la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Nadín Reyes Maldonado agregó que "Ahí está la respuesta que debe dar el gobierno de verdad, de no tener privilegios con nadie y sancionar a todos los involucrados en la detención y desaparición de nuestros familiares".

Reyes Maldonado comentó que les sorprendió mucho que los primeros meses de esta nueva administración gubernamental hubiera mucho silencio en torno al caso, porque los hechos sucedieron en Oaxaca y si bien no correspondía al gobernador Gabino Cué resolverlo directamente, porque no sucedió en su gobierno sino en el de Ulises Ruiz Ortiz, no esperábamos que se diera la aceptación porque el gobernador priísta no la aceptó, cuando él tiene mucha responsabilidad en los hechos y debe ser llamado a declarar".

ACEPTACIÓN DE GOBERNACIÓN, CONSTITUYE UNA BURLA

Nadín Reyes Maldonado, hija del presunto eperrista desaparecido Edmundo Reyes Amaya, calificó de "burla" la decisión de la Secretaría de Gobernación de dar por concluida la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en torno a los hechos.

Subrayó que la decisión de la Segob es absurda porque el primer punto de la recomendación es dar con el paradero de sus familiares o se presenten por vida y eso no se ha dado, "entonces solicitamos a CNDH que no acepte la decisión".

En pie, dimisión de funcionarios: S-22

Sayra Cruz

[02:21] A la Sección 22 del SNTE no se le ha olvidado la dimisión de tres funcionarios del gabinete de Gabino Cué por ser responsables de los hechos funestos del 15 de febrero, dice el secretario de Organización Gabriel López Chiñas. Esta demanda no se le dispensará al Gobernador porque simple y llanamente no es negociable, expresó.

Por otro lado, la dirigencia magisterial condenó ayer el homicidio del profesor Luis Quiroz Quiroz ocurrido en San Agustín Chayuco, en la Costa oaxaqueña. El mentor asesinado era supervisor de la Zona 24 de Educación Indígena con sede en Santiago Jamiltepec

López Chiñas precisó que la remoción de la secretaria general de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla y del director del IEEPO, Bernardo Vásquez se determinó en el IV Pre Pleno y por eso está vigente.

“La exigencia de renuncia de los funcionarios del gabinete de Cué no fue tema de discusión en la pasada Asamblea Estatal del 2 de abril, pero se quedó en la agenda y se dio prioridad a la demanda de la aparición con vida de nuestro compañero Carlos René Román Salazar”.

Y es que ese hecho ocurrió hace 21 días y no hay hasta el momento avances en las investigaciones ni en la presentación con vida del mentor que pertenecía al nivel de Formadores de Docentes de la Sección 22.

En cuanto a la postura del gobernador Gabino Cué por defender a sus funcionarios, señaló que ese tema también se analizará cuando se toque el punto, puesto que el pliego petitorio acapara la atención de la dirigencia.

“Yo no soy quien decide si el tema se analiza o no; depende de los delegados que la pongan en la agenda de la discusión y se determine lo que proceda”, abundó el segundo a bordo de la dirigencia estatal.

Mientras tanto, reconoció que en diversas pláticas han estado dos de los funcionarios de quienes piden su remoción; tal es el caso de Bernardo Vásquez, director del IEEPO, con quien están tratando el tema del pliego y demás demandas.

En el caso de Marco Tulio, sostienen pláticas con él sobre el tema del profesor desaparecido.

“Tal pareciera que se olvidó esa exigencia, pero sigue vigente”, dijo el integrante de la dirigencia y considerado como uno de los “duros”.

Mientras tanto, informó que si Carlos René Román Salazar no es presentado en los próximos días, su jornada de denuncia continuará, incluso, en vacaciones. Recordó que del 4 al 15 de abril habrá un plantón masivo impulsado por profesores del Valle Central, pero el 16, al iniciar las vacaciones, este será solamente representativo.

López Chiñas aseguró que utilizarán sus días de asueto en Semana Santa para sostener el plantón, ya que se trata de una vida humana.

Tierra de nadie, reserva ecológica de San Felipe

Misael Sánchez

[02:21] La reserva ecológica de San Felipe del Agua está convertido en “tierra de nadie” por la falta de respeto a la ley y un decreto bien cartografiado que impida la construcción de residencias en una zona prohibida por los 3 niveles de gobierno, dijo ayer Elsa Martínez Iturribarría, regidora de Medio Ambiente y Ecología del municipio de Oaxaca de Juárez.

Asimismo señaló que es urgente que se apruebe un plan de reordenamiento ecológico para delimitar la zona y quitar las viviendas que ya se construyeron.

“Ahora el reto del municipio y de las autoridades estatales y federales es poner todo en el papel porque mientras son peras o manzanas cada día aparecen más casas en el Libramiento Norte”, dijo.

Entrevistada antes de que iniciara la sesión de Cabildo, la concejal señaló que en la zona, conocida también como Libramiento Norte, es necesario avanzar en la parte legal, porque el polígono del territorio ecológico fue definido por la anterior administración municipal y ahora debe hacerse el Programa de Reordenamiento Ecológico.

Dijo que el comité fue reactivado a partir de ayer y que se reunirá la próxima semana con instancias estatales y federales para avanzar en su constitución.

Añadió que en el Libramiento Norte existen varias zonas de reserva que corresponden a los 3 niveles de gobierno y por ello se hará un programa de reordenamiento para poner en el papel cuáles son las obligaciones y los derechos de los dueños.

Tras señalar que el Parque Ecológico Benito Juárez fue decretado por el gobierno federal, dijo que el municipio capitalino delimitará los temas para ejercer sus facultades.

“Urge hacerlo pero no hay dinero y mientras no se tengan recursos para el reordenamiento los ciudadanos se seguirán metiendo al Libramiento. Es necesario contar con un programa de reordenamiento porque la falta de claridad en esta materia ha provocado que todo mundo se aproveche de esta situación”, señaló.

Luego de indicar que también participará Agenda Veintiuno en el tema, señaló que el polígono “de lo que queda” de la reserva ecológica ya fue definido por la anterior administración capitalina y que sólo se solventaron algunas inconsistencias pero sigue vigente.

Admitió que el asunto no es fácil porque inciden las 3 instancias de gobierno y hasta ahora no se le ha dado carácter de más importante a la que corresponde al municipio de Oaxaca de Juárez.

Ante esta situación dijo que se va a hacer un reordenamiento ecológico y que para ello se buscará que instituciones como el CIIDIR o el SUNEO se hagan cargo del proyecto. Lo anterior para beneficiar a los especialistas oaxaqueños en lugar de contratar a instituciones de otros estados.

Por último, reconoció la importancia de la definición del polígono que hizo el gobierno municipal anterior y señaló que fue un trabajo profesional, con instrumentos de precisión y GPS que definieron hasta dónde está prohibido construir o autorizar cualquier tipo de obras.